1. Introducción

Las pandemias, los eventos climáticos, las crisis económicas y las violencias impactan las condiciones de vida y de salud y recrudecen las de sectores en alta vulnerabilidad social. Al respecto, la emergencia de la COVID-19 mostró el efecto diferenciado entre las poblaciones y el empeoramiento de la pobreza y la pobreza extrema sobre todo en países en vías de desarrollo (Acevedo et al., 2020; Organización Mundial de la Salud, 2021), así como entre las mujeres pertenecientes a grupos originarios y migrantes, quienes trabajan en empleos precarios e informales (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020). Entre estos grupos sociales alrededor del mundo, el sector jornalero agrícola vive dentro de condiciones de pobreza extrema y exclusión de servicios sociales y de salud (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2020), lo que se prevé se agudice ante la pandemia, incluida su precarización sociolaboral.

Dicho flagelo subrayó la importancia de los trabajos esenciales para el abastecimiento y el consumo de alimentos, necesidad básica para la vida y el bienestar humano. En ese sentido, la fuerza de trabajo en los campos agrícolas de México no paró a pesar de las deficientes condiciones de trabajo y los riesgos para la salud (Albertí et al., 2020; Castillero, 2020; Gónzalez et al., 2020; Haley et al., 2020; Handal et al., 2020; Lusk y Chandra, 2021; Pedreño, 2020). La población jornalera e indígena es el eslabón más débil en toda la cadena productiva y está expuesta a múltiples violaciones de sus derechos humanos y laborales.

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2020, tal grupo en México se calcula en 3 107 910, además, de acuerdo con la ENOE 2018 (Nemesio, 2020), si se suman sus familiares, la estimación asciende a 8.5 millones de personas. Su situación laboral y de vida es sumamente vulnerable y rezagada, de tal modo, un 93.4 % carece de contrato, un 90.9 % no dispone de servicios de salud por parte de sus empleadores y un 85.3 % no cuenta con prestaciones laborales (Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, 2020); a ello se añade la discriminación y el racismo hacia este sector, compuesto en muchos casos por indígenas (Hernández López, 2014). Al respecto, en el octavo informe epidemiológico de la COVID-19 del gobierno de México, se reconoce que las comunidades indígenas sufren un alto nivel de marginación socioeconómica y que están expuestas a riesgos mayores durante emergencias de salud pública debido a «falta de acceso a sistemas eficaces de vigilancia y alerta temprana y a servicios sanitarios y sociales adecuados» (Secretaría de Salud, 2021, p. 17).

En particular, en Sonora se han registrado 125 mil personas jornaleras distribuidas principalmente en zonas agrícolas de San Luis Río Colorado, Caborca, Costa de Hermosillo, Pesqueira, Valle Empalme-Guaymas, en donde se producen alimentos de exportación, como uva de mesa y hortalizas. Al constituir frontera con Estados Unidos, se ha propiciado el desarrollo de la agroindustria, pese a ser un estado semidesértico y con altas temperaturas (Navarro-Estupiñan et al., 2018), acompañada de una tecnología agrícola con gran inversión financiera, humana y de recursos naturales. Este estudio se llevó a cabo en Poblado Miguel Alemán (PMA), ubicado en la Costa de Hermosillo, y en Estación Pesqueira (EP) con 39 474 y 9442 habitantes, respectivamente (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2020). Aunque estas localidades pertenecen a uno de los estados con mayor índice de desarrollo del país, una parte de su ciudadanía está privada de servicios básicos, como agua entubada, drenaje, electricidad y atención en salud (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2021; Diario Oficial de la Federación, 2020). Ambas, PMA y EP, se han constituido gracias a los flujos migratorios provenientes de las zonas rurales y empobrecidas del sur de México, tanto personas mestizas como indígenas de diferentes grupos étnicos (mixtecos, triqui, náhuatl, zapotecos).

El objetivo de este trabajo es analizar la relación de las condiciones sociolaborales con el cuidado de la salud en la población jornalera agrícola frente a la COVID-19 en Sonora, México. Este documento deviene de una investigación más amplia sobre las prácticas de cuidado y prevención ante la COVID-19 en población jornalera agrícola, la cual abordó las condicionantes sociales y de género en este problema de salud pública.

2. Metodología

Partimos de un enfoque metodológico cualitativo para indagar sobre las prácticas de cuidado, este permite conocer desde la voz de los actores sus experiencias respecto a un tema específico; es un estudio de tipo descriptivo-analítico. La población en estudio se dedica a las actividades agrícolas remuneradas denominadas jornaleras. En tanto técnicas de recopilación de información, realizamos entrevistas semiestructuradas, observaciones en campo y mantuvimos algunas conversaciones informales en las localidades elegidas. Elaboramos guías temáticas en relación con las condicionantes sociales de la salud en el trabajo, especialmente sobre las disposiciones de las empresas para prevenir y contener la COVID 19, así como los servicios de salud brindados y la misma experiencia de las personas trabajadoras (Flick, 2007). Los requisitos de selección fueron tener empleo agrícola, ser mayor de edad y, si fuera el caso, ser hablante bilingüe (alguna de las variantes de una lengua originaria como triqui, mixteco y zapoteco, principalmente). Debido a las restricciones de contacto social durante la pandemia y sobre todo a la tendencia de las jefaturas a evitar visitas externas a los campos agrícolas, las entrevistas se realizaron en comunidades aledañas a estos.

El procedimiento de análisis consistió en la elaboración de un libro de códigos ⁽³⁾ orientados a los temas sobre las disposiciones sanitarias, los protocolos de actuación y las condiciones de trabajo ⁽⁴⁾, para después categorizar las entrevistas mediante el programa Nvivo 12. Aunque partimos de un acercamiento inicial deductivo, abrimos la posibilidad de encontrar nuevas categorías de manera inductiva.

Las localidades fueron las siguientes: 1) Poblado Miguel Alemán, en donde se realizaron 16 entrevistas de manera presencial y 2 vía telefónica, y 2) Estación Pesqueira, con 2 entrevistas en persona y 2 vía telefónica. En total fueron 22 entrevistas en las localidades y una dentro de un campo agrícola, donde además se efectuaron observaciones. Ambas actividades también se hicieron de forma personal en un ejido, con el objetivo de conocer lo que está ocurriendo en localidades pequeñas con población jornalera asentada.

El consentimiento informado se dio de manera oral y fue audiograbado para evitar el acercamiento y el intercambio de bolígrafos. Los protocolos para las entrevistas cara a cara implicaron aplicarlas en lugares abiertos, guardando una distancia de 1.5 a 2 metros entre los participantes, así como el uso del cubrebocas por parte del equipo de entrevistas y gel antibacteriano durante la estancia de campo. En las tablas 1 y 2 se describe información sobre los participantes, utilizando pseudónimos para proteger su identidad.

3. Resultados y discusión

Nuestra hipótesis plantea que las condiciones estructurales, como la paulatina precarización laboral derivada del mercado de trabajo agrícola orientado por una flexibilización salvaje, supuso desatender las medidas preventivas en el lugar de trabajo. Dichos rasgos pasan por alto los procesos de salud-enfermedad-atención y cuidado porque el principal objetivo en los campos agrícolas es generar valor por medio de los distintos productos. Es decir, ocurre una paradoja: al ser considerado un trabajado esencial, se labora en condiciones desventajosas (Alarcón y Ramírez-García, 2022).

Los resultados se presentan considerando espacios del trabajo agrícola como el surco, el traslado y los momentos de pago dentro y fuera de los campos⁽⁵⁾. Se advierte la participación de distintos actores y procesos que reproducen las condiciones de precariedad sociolaboral de la población jornalera y que, en última instancia, afectan su salud y calidad de vida en el contexto actual de crisis sanitaria por COVID-19.

3.1 Disposiciones sanitarias en los campos agrícolas

Algunos estudios elaborados en el mundo han mostrado similitudes en cuanto a las condiciones de trabajo y los riesgos de contagio de COVID-19, por ejemplo, en España (Pedreño Cánovas, 2020), Estados Unidos (Alarcón y Ramírez-García, 2022) y México (Andrade Rubio, 2022) se ha constatado lo dicho. Así, la práctica de las medidas preventivas por parte de las empresas agrícolas varía en función de si los productos son para exportación o para el mercado nacional, ya que, según las entrevistas, a las empresas se les exige desinfectar las unidades de transporte, aplicar gel antibacteriano, tomar la temperatura al personal, entre otras. Al respecto, nuestra informante Estonia mencionó:

El relato de Estonia revela que en última instancia los protocolos de cuidado se establecen para el ingreso al campo, mientras tanto, la salud no se asume como responsabilidad patronal, se prohíbe la entrada a quienes presenten algún síntoma, ante lo cual, como se dice en el testimonio, eran dejados a su suerte. Esto muestra la nula relación laboral formal y la ausencia de servicios de salud, así como la falta de mecanismos para la canalización de las personas con sintomatología. Estas situaciones manifiestan los vacíos de información que dificultan el implementar las estrategias de protección ante la COVID-19.

A propósito, un estudio en Mercia, España, el cual es válido extrapolar a otras zonas agrícolas, señaló la sistemática tendencia a desafiliar de los sistemas de salud a los trabajadores, si acaso alguna vez lo estuvieron (Pedreño, 2020). Tal hecho produjo mayores impactos en la salud frente a la pandemia; de hecho, en los enclaves de las cadenas globales agroalimentarias, por lo general, esto sucede de igual modo.

Pareciera que la rigidez con que se aplicaron los protocolos de contención del virus tenía la finalidad de proteger al equipo humano, pero esto fue solo aparente. En primer lugar, porque lo menos deseado por los productores era arriesgar su cosecha y, en segundo, para evitar absorber gastos médicos adicionales. Esto también lo relató Santiago sobre su experiencia de trabajo durante la pandemia:

Santiago describió la estrategia preventiva en los campos agrícolas por parte de los dueños, pero comprobamos que no definieron un protocolo para posibles casos de contagio y, sobre todo, en algunos campos agrícolas el acudir por atención médica se dejó a la decisión individual. Así, la medida se centra en evitar una infección masiva dentro de los campos, además de sanciones derivadas del incumplimiento de protocolos, como refirió Aleida:

Este trabajo tiene un enfoque cuantitativo y es de tipo descriptivo y explicativo. Los datos se obtuvieron de cuatro encuestas provenientes del Estudio Nacional sobre Envejecimiento y Salud en México (ENASEM) para los años 2001 (año basal), 2003, 2012 y 2015. Este es el único estudio de tipo longitudinal de corte prospectivo con representatividad a nivel nacional, rural y urbano, en personas de 50 años y más en el país. Actualmente, hay cinco rondas de ENASEM, pero al momento de realizar este trabajo no estaba disponible la información de la quinta ronda (año 2018).

Conforme a lo anterior, se constata que nuestra informante estaba consciente de que las acciones implementadas en los campos «a lo mejor no lo (hacen) por nosotros, pero a ellos los sancionan también». Si bien, se trata de un procedimiento adecuado, quedan vacíos en torno a la canalización, la detección y el seguimiento de los casos; encima, se da la pérdida del pago del salario por el día no laborado. Sin embargo, de acuerdo con otros testimonios, en algunos campos sí se abordó tanto la prevención como la atención de las personas trabajadoras en casos de eventos de salud, tal como declaró Antonia:

En este reporte sobresale la conjunción de otras condicionantes ambientales, específicamente, las altas temperaturas y estas acrecientan el posible efecto en la salud. Recordemos que las condiciones climáticas de la región son extremas, como se ha documentado con antelación (Calvario y Díaz, 2017). Ahora bien, dentro de los campos, las medidas sanitarias, como ya se comentó, incluyen el lavado constante de manos, el uso de gel antibacteriano y, también, el uso de vaso personal o desechable para el consumo de agua; Emilio indicó:

Así mismo, las pautas de higiene en los espacios comunes varían de campo a campo, por ejemplo, la limpieza de los baños, algo poco común sobre todo en aras de optimizar las ganancias y minimizar las inversiones aparentemente improductivas. Por esta razón Telma se llevó una sorpresa, dijo:

Los procesos salud-enfermedad-atención y cuidado -estructurales en todas las sociedades, como nos recuerda Menéndez (2020)- son poco reconocidos y promovidos (en especial el componente preventivo desde lo humano) en ciertos actores sociales orientados por la lógica racional-capitalista de maximización de ganancia y minimización de costos. Estos testimonios desvelan discursos que transitan desde priorizar a la persona y su cuidado a posicionar la lógica del trabajo agrícola y la producción como eje central.

De tal modo y según indican los datos empíricos, existen medidas sanitarias heterogéneas entre las agroempresas y, a la vez, no hay un protocolo homogéneo que establezca las acciones a seguir frente al surgimiento de síntomas de la enfermedad. Es más, el trabajador o la trabajadora soluciona propiamente sus necesidades de atención médica. Esto resulta de la informalidad del trabajo agrícola, la cual excluye a gran parte de la población de gozar de seguridad social y de salud. Lo mismo fue documentado por Andrade Rubio para la comarca citrícola de Tamaulipas (2022).

Aunque se implementaron acciones preventivas dentro de los campos agrícolas para proteger a las personas sin síntomas al momento de ingresar al lugar de trabajo, otros espacios y momentos, como el traslado, resultan de alto riesgo. Algunos centros cumplieron con requisitos, entre ellos la toma de temperatura, pero no así con la llamada sana distancia. Otro elemento fundamental es la ausencia de un enfoque intercultural, pues, por ejemplo, no se tradujeron los materiales gráficos instalados en algunos lugares y tampoco se cuenta con traductores para brindar la debida información a poblaciones indígenas (ver tabla 3).

3.2 El traslado como espacio de riesgo ante la COVID-19

Existen numerosas formas de intermediación en el mercado agrícola nacional e interregional (Saldaña Ramírez, Adriana, 2014; Zlolniski, 2016). Por las características de nuestros informantes, residentes de las localidades Miguel Alemán y Estación Pesqueira, Sonora, México⁽⁶⁾, identificamos a quienes fungen como taxistas, es decir, una red de operadores/choferes que movilizan día a día a miles de personas hacia los campos agrícolas (Calvario Parra, 2014).

Por medio de recorridos y entrevistas, se verificó que los protocolos sanitarios no incluyen la supervisión de las condiciones de traslado hacia los campos agrícolas y tampoco se implementaron las medidas de distanciamiento. En la tabla 3, se puede apreciar que prácticamente ninguno de los campos referidos promovió la sana distancia en el trabajo. Conforme a los testimonios recogidos, durante los viajes a los lugares de trabajo no hubo cambios, como comentó Santiago «ahorita andan trabajando igual, pero va lleno el taxi» (Santiago, 43, PMA) ⁽⁷⁾. De este modo, el espacio-momento de alto riesgo para la población jornalera lo representa el desplazamiento hacia los campos agrícolas.

Así, independientemente de las acciones tomadas al interior de los campos agrícolas y los espacios comunitarios, el transporte cotidiano hacia los campos, que en algunos casos rebasa una hora de recorrido, implica una situación riesgosa debido al número de personas usuarias y la falta de distanciamiento social. Sin embargo, otras de las voces recuperadas en el proyecto fueron los transportistas, quienes afirmaron haber sido vigilados por instituciones de transporte en cuanto al cumplimiento de protocolos:

Encontramos una situación diferente entre transportistas registrados en la Secretaría del Transporte y aquellos sin concesión ni permisos, cuyas medidas de prevención fueron más laxas o inexistentes, según los relatos. Esta circunstancia exhibe los vacíos de la puesta en práctica de los protocolos sanitarios y visibiliza la necesidad de incluir las condiciones de transporte como parte de las recomendaciones. Se trata de un espacio de alto riesgo y, a la vez, reviste gran importancia en la cadena laboral, pues posibilita a los campos agrícolas contar con la mano de obra necesaria en las temporadas de cosecha, sobre todo durante la pandemia.

Los sistemas de intermediación, como el reclutamiento desde las localidades aledañas a los centros de trabajo, son reflejo de la dinámica multidimensional que ya no solo se nutre de contratistas nacionales, sino también de locales. Esto sucedió en el Valle de San Quintín en la década de los ochenta (Zlolniski, 2016), los mecanismos de contratación en comunidades lejanas han dado paso a un entramado de personas dedicadas a movilizar a miles diariamente.

En este proceso, el surgimiento de la COVID-19 poco sensibilizó a los actores involucrados; la autoatención como eje estructural de la salud durante la pandemia (Menéndez, 2020) estuvo presente solo en apariencia. Los esfuerzos se circunscribieron a la desinfección de los vehículos sin mediar otras actividades de cuidado de forma integral.

La flexibilidad laboral ya documentada desde la década de los noventa en la regiones agrícolas de Sonora y, con ella, la ausencia de controles gubernamentales para el registro laboral en el Instituto Mexicano del Seguro Social propiciaron un contexto de alta vulnerabilidad estructural.

3.3 Otros espacios y momentos del trabajo agrícola

En la trayectoria espacio-laboral se experimenta hacinamiento en el transporte, así también en el momento del pago del salario en lugares no aptos y sin las medidas precautorias. En este caso de intermediación, la figura del contratista se convierte en un importante actor dentro de la dinámica del mercado laboral agrícola de la región. Aunque este forma parte de grandes redes de reclutamiento de mano de obra, según lo documentó Saldaña (2014), los que operan de manera interregional se dedican a subcontratar personal local.

Derivado de las entrevistas y los recorridos de campo, hallamos que el contratista es generalmente el conductor de vehículos de transporte hacia los campos y el encargado de pagar, ya sea a las afueras de estos, o bien, al llegar a la comunidad. Asimismo, en las comunidades, durante dicho momento, no se observó distancia social ni uso del cubrebocas o pañuelo, como contó Venustiano: «todo igual, cuando cobraban, estábamos juntos ahí» (EP).

Una de las estrategias de pago recientemente empleadas en el trabajo agrícola es mediante tarjetas bancarias y en este contexto de pandemia ha impedido la aglomeración dentro de los campos agrícolas. No obstante, debido a las pocas opciones de instituciones bancarias en las comunidades, se producen largas filas en los cajeros automáticos sin guardar el distanciamiento social. Al respecto, Aleida aportó:

Así, los determinantes sociales de la enfermedad exponen a ciertas poblaciones a riesgos relacionados con las condiciones materiales de vida y de precariedad laboral. En este caso, la intermediación por medio de la figura del contratista interregional y el cambio tecnológico del pago del salario vía tarjeta bancaria propiciaron un aglutinamiento que, en tiempos de la COVID-19, se convierte en factor de riesgo de contagio.

De otra parte, si bien el trabajo esencial de la agricultura no se vio interrumpido durante la pandemia, identificamos en algunos campos a adultos mayores, personas con enfermedades crónicas previas e incluso mujeres, quienes vieron limitadas las posibilidades de laborar, tal como se narra en el siguiente testimonio:

De tal manera, los procesos de desigualdad por género y por edad impactan las condiciones de vida de esta población, cuyo ingreso diario es indispensable para cubrir sus necesidades básicas, como alimentarse, ya que «vivimos del día al día, un día que no trabajes, es un día que te afecta para tu economía de tu familia» (Yureira, 25, EP). Aunque la estrategia de cuidados fue parte de los protocolos en los espacios laborales, la informalidad del trabajo agrícola, caracterizada por la ausencia de contratos laborales, recrudeció la precariedad sociolaboral de los grupos mencionados; Venustiano, indígena triqui, comentó:

Por tanto, los protocolos transitan entre el deber ser de las medidas preventivas y la exclusión de poblaciones con antecedentes de enfermedades, mientras enfrentan el dilema diario de contar con ingresos para vivir en medio de la falta de regulación del trabajo agrícola y de programas sociales de apoyo.

Conocer el contexto de la población jornalera que habita en los campos agrícolas fue difícil dada la imposibilidad de ingresar; sin embargo, uno de los testimonios refirió que ante un brote de COVID-19 las personas fueron regresadas a sus lugares de origen: «los mandaron a su pueblo, les pagaron su pasaje, desde ahí no hicieron nada» (Venustiano, 58, EP). La vulnerabilidad de este sector se relaciona con esa invisibilidad frente al Estado y las instituciones de trabajo y de salud; a pesar de controlar el contagio al interior de los campos como una medida efectiva, se violan los derechos, incluida la atención sanitaria.

4. Conclusiones

La dinámica derivada del mercado agroexportador y, con él, del empleo de la fuerza de trabajo aparentemente no se vio afectada en lo sustancial por la pandemia, ya que la producción continuó. Bajo esa línea, la interacción de actores sociales del mercado de trabajo agrícola resaltó el imperativo categórico de la lógica material capitalista, es decir, la meta de cosechar lo planeado para obtener ganancias, pese a los riesgos de contagio. En dicho sentido, la intermediación por medio de contratistas, taxistas-choferes y demás figuras interregionales poco reconoció en sus procesos operativos la necesidad de prevención y cuidado ante la COVID-19.

A partir del análisis cualitativo, identificamos que la relación entre las condiciones laborales y la prevención de la COVID-19 resultó problemática. En los campos agrícolas las medidas no fueron homogéneas; la compañía de traductores, el distanciamiento social y el uso de cubrebocas estuvieron ausentes en los espacios del pago salarial y transporte. Además, condicionantes sociales como las deficiencias en cuanto a infraestructura de servicios, la disponibilidad de los sistemas de salud y su limitada capacidad, así como el área reducida en las viviendas, constituyen otras barreras al respecto.

De igual forma, los centros de trabajo carecen de protocolos consistentes para contener e identificar casos positivos. Esto se relaciona a su vez con procesos de contratación no formales, los cuales, en general, son efímeros y verbales. En este escenario, se requiere elaborar estrategias que consideren la dinámica misma del trabajo agrícola y su socialización en lenguaje accesible para la población jornalera. El desafío por la pandemia de COVID-19 en el sector agroindustrial significa transitar de un modelo interesado en la producción hacia otro que salvaguarde la salud de su fuerza laboral. A la par, de manera urgente, es necesario que los servicios de salud públicos locales articulen con instancias federales medidas de prevención, atención, contención y mitigación.

Para finalizar, es preciso comentar las limitantes y fortalezas del estudio. En primer lugar, por cuanto las actividades se llevaron a cabo durante el periodo de junio a noviembre de 2020, existía cierto recelo de los agricultores para otorgar permisos de ingreso a sus campos, así que, los entrevistados eran residentes de las localidades de estudio y solo uno vivía en un campo agrícola; en consecuencia, faltó observación directa en los centros de trabajo, pero esto se complementó con las entrevistas. En segundo lugar, la fortaleza consistió en el logro de registrar múltiples testimonios personales de lo sucedido en los primeros meses de la crisis sanitaria mundial referente a uno de los grupos sociales más vulnerables.

5. Referencias

Fechas de Publicación

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