Introducción

La seguridad ha sido y será una cuestión medular en el campo de las Relaciones Internacionales. Durante muchos años, los estudiosos la relacionaron con las amenazas militares provenientes del exterior, debido al carácter estatocentrista y westfaliano que ha caracterizado a la disciplina desde sus inicios. Sin embargo, desde finales del siglo XX y, particularmente, tras el fin de la Guerra Fría, los/as académicos/as comenzaron a enfocarse en otros problemas que también podían afectar la estabilidad o supervivencia del Estado-nación.

De esta manera, fenómenos como el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado y la migración comenzaron a tener mayor importancia dentro de los análisis. El hecho de ver tales cuestiones como potenciales amenazas a la seguridad implica la adopción de medidas cada vez más drásticas para hacerles frente. Como parte de estas discusiones, los académicos de la Escuela de Copenhague¹ se enfocaron en el carácter subjetivo de la seguridad, al relacionarla con los actos del habla y las teorías del lenguaje. Para estos teóricos, a través del discurso, un determinado problema puede ser elevado al rango de seguridad, lo que permite la adopción de medidas excepcionales para enfrentarlo (Buzan, Weaver y De Wilde, 1998).

La migración, por su parte, no puede considerarse un fenómeno nuevo. Desde épocas remotas, el ser humano ha migrado por factores políticos, económicos, sociales y ambientales, entre muchas otras causas. Aunque en la actualidad, el desarrollo de las tecnologías y las comunicaciones haría suponer la paulatina desaparición de las fronteras en un mundo cada vez más interconectado, la realidad suele ser, a veces, muy diferente.

Los gobiernos han comenzado a destinar buena parte de sus recursos humanos y tecnológicos para dotar a sus zonas fronterizas con personal capacitado, radares, cámaras infrarrojas, de movimiento y mallas anti-trepa. De esta forma se acentúa el carácter dual de las fronteras, al facilitar, por un lado, el libre comercio y el tránsito de mercancías y capitales en un mundo globalizado; y, por el otro, al convertirse en reductoras de la movilidad, al ser lugares de paso cada vez más inexpugnables para las personas, debido al incremento de los controles y al endurecimiento de las políticas de entrada y estancia.

Los más afectados son aquellos que carecen de recursos o no cumplen con los requisitos necesarios para poder hacer el cruce de una manera legal y tienen que apelar a la irregularidad² para adentrarse a un territorio que no es el suyo. Y es que el concepto de soberanía nacional³ le da un margen de discrecionalidad mayor al Estado para reservarse el derecho de expulsar a un extranjero de su territorio (Perelló, 2018, p. 269).

Aunque el vínculo entre seguridad y migración se acentuó y legitimó tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 (11/9) en Estados Unidos, lo cierto es que ya, desde la década de 1970, había comenzado a cambiar el modo en que los Estados receptores del norte comenzaron a concebir los flujos migratorios. A mediados de la década siguiente, por ejemplo, en el marco de la Comunidad Europea, las migraciones pasaron a ser tema de gran interés para el Grupo de Trevi⁴, junto al narcotráfico y al crimen internacional. Asimismo, el Nuevo Orden Internacional que emergió tras la caída del campo socialista y el desmantelamiento de la URSS, reforzó la concepción de la migración como una de las nuevas hipótesis del conflicto.

Este fenómeno ha recibido el nombre de “securitización de la migración” y “se estructura a partir del supuesto de que los inmigrantes constituyen un riesgo para la seguridad del país, lo que genera la aparición de sentimientos hostiles hacia los extranjeros, exacerbados mediante el discurso y los medios de comunicación, fundamentalmente” (García, 2016, p. 31).

En el caso de América Latina se señalan varias estrategias que se han convertido, con el paso del tiempo, en iniciativas de control y seguridad; entre ellas, el Plan Colombia, el Plan Puebla-Panamá, el proyecto Mesoamérica y la Iniciativa Regional para la Seguridad en Centroamérica. Mientras en el cono sur destaca el trabajo de Andrés Pereira (2019) sobre los nexos entre seguridad, migración y derechos humanos en Argentina. Sin embargo, a pesar de lo anterior, los estudios sobre la securitización en la región se han centrado, en su mayoría, en el caso de México, por ser origen, tránsito, retorno y destino de migración, además de su cercanía geográfica con Estados Unidos, factores que, a lo largo de los años, han condicionado la política migratoria de ese país (Treviño, 2016; Isacson, Meyer y Smith, 2015; Morales y Sanromán, 2016; entre otros).

A partir de los presupuestos desarrollados por los principales académicos pertenecientes a la Escuela de Copenhague (Buzan et al., 1998), el presente artículo tuvo como objetivo analizar cómo un país de Centroamérica, en este caso Nicaragua, también securitizó su discurso, desde finales de noviembre de 2015 y hasta febrero de 2016, para hacerle frente al flujo migratorio cubano que transitaba por la región de manera irregular. Esta investigación se deriva de la tesis realizada por la autora para optar por el grado de Maestra en Ciencia Política⁵.

Como técnicas de investigación se usó el análisis de contenido cualitativo y la minería de textos para estudiar los comunicados emitidos por el gobierno nicaragüense, lo que contribuyó a ver cómo las declaraciones en torno al tema de la migración estuvieron permeadas por la retórica de la seguridad. En este sentido, se tomó la definición brindada por Piñuel, según la cual el análisis de contenido es “el conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) que proceden de procesos singulares de comunicación previamente registrados” (2002, p. 2). El uso de esta técnica de investigación nos permitió analizar las ideas expresadas en los documentos estudiados, otorgándole especial importancia a las palabras, temas y frases que se encuentran en los mismos: “tanto los datos expresados (lo que el autor dice) como los latentes (lo que dice sin pretenderlo) cobran sentido y pueden ser captados dentro de un contexto […]. Texto y contexto son dos aspectos fundamentales en el análisis de contenido” (Abela, 2003, p. 2).

En cuanto a la minería de textos, coincidimos con Hearst (1999) y Montes y Gómez (2011) cuando indican que este proceso, al relacionar el contenido de varios textos, permite dar cuenta de patrones o conocimientos que no existían explícitamente en ninguno de ellos por separado: “su objetivo es descubrir cosas tales como tendencias, desviaciones y asociaciones entre gran cantidad de información textual” (Montes y Gómez, 2011, p. 1). Para tal propósito nos apoyamos en el software estadístico R, donde introdujimos nuestra unidad de análisis compuesta por 15 discursos y declaraciones gubernamentales, publicadas en El 19 Digital⁶ durante el período de la crisis. El diario seleccionado constituye una muestra por conveniencia, pues al ser un medio oficial del gobierno reproduce la mayor parte de los comunicados de manera íntegra.

Para una mejor comprensión del tema de estudio, en la primera parte del artículo analizamos cómo surgió y cuáles fueron los principales supuestos de la teoría de la securitización planteados por la Escuela de Copenhague. Posteriormente, citamos los documentos que respaldan la política migratoria nicaragüense, e indicamos en qué consistió la crisis de migrantes cubanos de finales de 2015. En el último acápite presentamos los resultados obtenidos a través de la minería de textos y el análisis de contenido.

De la seguridad… a la securitización

Debido al carácter estatocentrista y westfaliano de las Relacionales Internacionales, la defensa del Estado frente a las amenazas militares provenientes del exterior ha sido el eje central y una de las principales preocupaciones de la disciplina desde sus orígenes. Sin embargo, en la década de 1980 y, principalmente, tras el fin de la Guerra Fría y el desmantelamiento de la Unión Soviética, la mirada de los expertos se trasladó hacia otros actores que también podían afectar la seguridad. De esta manera se dejó de concebir al Estado como el único ente capaz de generar amenazas, ampliando el espectro tanto a nivel macro (sistema internacional) como micro (individuos). Battaglino (2008) señala que esta nueva mirada al concepto de seguridad supone un mejor entendimiento del fenómeno, pues permite ver al Estado como una amenaza para la vida de las personas que lo habitan y comprende que los desafíos pueden tener origen en cualquier ubicación geográfica.

Incluir un tema en la agenda de seguridad significa trasladarlo al centro de la discusión política, lo que permitirá la puesta en marcha de acciones o medidas extraordinarias para hacerle frente. Por consiguiente, “cuestiones como el medio ambiente o las migraciones pueden recibir una respuesta militar en lugar de otro tipo de medidas, económicas o sociales, que serían más adecuadas dada la naturaleza de estos fenómenos” (Battaglino, 2008, p. 27).

Los principales referentes de la teoría de la securitización son Ole Waever, Barry Buzan y Jaap De Wilde (1998), quienes se centraron en entender cómo un asunto político determinado se convertía en una amenaza a la seguridad. Para estos autores era esencial comprender el proceso a través del cual ciertos actores mostraban a la audiencia la existencia de supuestas amenazas como medio para adoptar medidas extraordinarias, así como los resultados finales de dicho proceso. En el caso específico de la migración, estudiaron cómo, en ciertas naciones, los flujos migratorios regulares e irregulares pasaron de ser un tema político común a una cuestión de seguridad medular que legitimaba la puesta en marcha de políticas más restrictivas para enfrentarlos.

Los ataques del 11/9 en Nueva York reforzaron los vínculos existentes entre migración y seguridad. A partir de ese momento, en países como Estados Unidos se comenzó a evidenciar en el discurso una mayor asociación entre los flujos migratorios y la trata de personas, el tráfico de drogas y armas, y los grupos del crimen organizado que también se desplazan por la región utilizando, en muchas ocasiones, las mismas rutas de los indocumentados.

El proceso de securitización no es exclusivo de un solo actor, en la conformación de un tema como amenaza intervienen múltiples entes con capacidad performativa, quienes una vez que logran su cometido pueden “diseñar y disponer justificadamente de acciones, leyes, reglas ad hoc, instituciones, presupuestos y mecanismos de emergencia para acabar, evitar, detener, contener o controlar a dicho peligro, incluso si estas disposiciones violan la Ley, la Constitución y las normas internacionales” (Treviño, 2016, pp. 260-261). Con lo anterior como base y al considerar el centro de nuestra investigación analizar la securitización como un acto del lenguaje, nos centraremos en lo expuesto por la Escuela de Copenhague para explicar cómo se produce dicho proceso a través del uso del discurso.

Seguridad como acto del lenguaje

Para los teóricos de la Escuela de Copenhague y específicamente para Waever y Buzan, quienes acuñaron el término “securitización”, la configuración de una amenaza es una construcción social que se produce dentro de un marco contextual determinado, derivado de nuestro conocimiento de la realidad y de los discursos que la representan como tal. De esta manera, “se insiste pues en su carácter político y crítico, se resaltan los intereses, identidades y valores en juego, en los que diversos actores delimitan las agendas políticas” (Verdes-Montenegro, 2015, p. 112).

Señalar un asunto como una amenaza potencial para la seguridad supone la adopción de medidas que en situaciones normales no se tomarían para hacerle frente. De esta manera, se anula todo el engranaje democrático y el debate que debe caracterizar una toma de decisión y, apelando al miedo y a la supervivencia, se entra en una esfera en la que todo está permitido más allá de lo establecido legal o constitucionalmente.

Para la comunidad académica especializada, la securitización de cualquier tema se da a través del discurso, pues el lenguaje no es neutral, sino performativo, así: “al hablar de seguridad e identificar una amenaza no solo enunciamos un mensaje (acto locutivo), sino que también existe una intencionalidad concreta (acto ilocutivo) y se produce una serie de consecuencias en el receptor del mensaje (acto perlocutivo)” (Verdes-Montenegro, 2015, p. 117). Estos “actos del habla” son los que crean la situación de crisis.

Según Verdes-Montenegro (2015), identificar un determinado asunto como un peligro para la seguridad implica cargarlo de un poder simbólico negativo. De esta forma queda configurado el binomio enemigo/amigo, en el que el primero es la “amenaza” y el segundo es la sociedad o individuo(s) que se trata de preservar. A través de la teoría de la securitización, los estudiosos de la Escuela de Copenhague trataban de entender quién securitizaba, qué, para quién, por qué y bajo qué condiciones.

En este sentido, Van Muster (2014) añade que un discurso de securitización necesita contar con una estructura retórica específica, que cumpla con tres criterios esenciales: primero, debe ser un proceso discursivo mediante el cual un actor afirma que un objeto referente está siendo existencialmente amenazado; segundo, el actor exige el derecho de tomar medidas extraordinarias para hacerle frente a la amenaza; y, tercero, convence a la audiencia que gobierna sobre la legitimidad de las acciones cometidas para contrarrestar el peligro. Y es que “el lenguaje no es neutro, sino que tiene carácter performativo, un aspecto que se acentúa con el proceso de securitización, a través del empleo de metáforas bélicas, como ‘asalto’, ‘invasión’ y ‘avalancha’; o criminalizadoras como ‘ilegalidad’” (Perelló, 2018, p. 280).

Para desarrollar este cuerpo teórico, los/as investigadores/as se han apoyado en la metodología cualitativa y en el análisis de discurso como técnica por excelencia. Uno de los ejemplos más representativos es el de Bourbeau (2011), quien estudió a través del discurso y los documentos oficiales, el proceso de securitización de la política migratoria en Francia y Canadá entre 1985 y 2005.

La Teoría de la Securitización no ha estado exenta de críticas. Demurtas (2019) señala que los representantes de la Escuela de Copenhague no incluyeron en sus planteamientos el análisis de los medios de comunicación, quienes, por su alcance, juegan un papel esencial en la construcción y consolidación de la amenaza como un peligro real. Asimismo, varios autores (Williams, 2003; Balzacq, 2005; Stritzel, 2016, McDonald, 2008 y Buzan y Hansen, 2009) mencionan, además, entre los puntos débiles de esta teoría: su excesivo grado de formalismo; la validez que puede tener su estudio en contextos no democráticos donde la relación política es unilateral; el hecho de que no aborda los procesos justificativos que las autoridades ponen en práctica para convencer a la audiencia y su énfasis en los discursos de las élites dominantes, excluyendo a las minorías y a los discursos de contra securitización hechos por los actores considerados como amenazas, entre ellos, los migrantes. Sin embargo, a pesar de los vacíos y las debilidades que presenta, la Teoría de la Securitización constituye una referencia indiscutible en el campo de los estudios de seguridad, al centrar su atención en los “actos del habla” y en la manera en la que los gobiernos, a través de ellos, convierten un tema ordinario de la política en una amenaza a la seguridad, lo cual evidencia la influencia que tienen los discursos en la gestión migratoria.

Nicaragua y la migración

Por su posición geográfica en Centroamérica, Nicaragua es un país origen de migración, fundamentalmente hacia Costa Rica⁷; tránsito y, en menor medida, destino de los migrantes que recorren el continente de sur a norte, con el objetivo de establecerse en México o Estados Unidos.

En 1993, el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) puso en vigor la Ley No. 153 - Ley de Migración y la Ley No.154 - Ley de Extranjería, según las cuales la entrada de un extranjero al territorio se consideraría “ilegal” si el mismo hubiese ingresado al país por un “lugar no habilitado para tales efectos o eludiere el control migratorio de entrada” (Ley No. 154 - Ley de Extranjería, 1993).

Con la llegada al poder de Daniel Ortega por segunda ocasión en el 2007, se aprobó, el 31 de marzo de 2011, la Ley General de Migración y Extranjería Ley No. 761. La legislación vigente reconoce que, de acuerdo con la Constitución Política, en el territorio nacional toda persona cuenta con la protección del Estado y el reconocimiento de los derechos contemplados en las diversas declaraciones regionales e internacionales relativas a ese tema y signadas por el gobierno nicaragüense.

En cuanto a la migración que transita de manera indocumentada, la Ley indica que “la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) al determinar la permanencia irregular en el país de una persona extranjera, podrá conceder a ésta un plazo perentorio de hasta treinta días, para que regularice su permanencia o abandone el país” (Ley de Migración y Extranjería Ley No. 761, 2011). En dicho caso, la DGME podrá requerir al ciudadano para que legalice su situación migratoria; retenerlo y obligarlo a abandonar el territorio en un plazo determinado u ordenar su deportación, previa documentación.

Es válido señalar cómo entre ambas leyes hay un cambio a la hora de percibir al migrante. En la primera se le califica como “ilegal”, término que está asociado a algo que acontece al margen de la ley y que tiene una connotación negativa; mientras en la segunda, esa carga disminuye al ser sustituido por el término “irregular”, el cual se encuentra más asociado a una falta administrativa. Siguiendo con esta línea, en materia migratoria el 28 de enero de 2015, se aprobó la Ley contra la Trata de Personas o Ley No. 896, la cual tiene como propósito prevenir, perseguir, investigar y sancionar dicho delito, y proporcionar atención a las víctimas. Esta manera de entender la migración, teniendo como base el respeto a los derechos humanos de los migrantes independientemente de su situación en el país, también había sido trasladada, antes de la crisis analizada, del papel al discurso del Ejecutivo, como se verá más adelante.

El detonante: la crisis de migrantes cubanos

La migración cubana a Estados Unidos, su principal receptor a lo largo de varias décadas, no constituye un fenómeno posterior al 1º de enero de 1959; ya desde finales del siglo XIX se tienen reportes de la presencia de una gran comunidad de isleños en esa nación. Sin embargo, la llegada de Fidel Castro (1959-2008)⁸ al poder sí hizo que la misma tomara características distintivas que la diferenciaron del resto de los flujos que ocurrían en el continente y que estuvieron vinculadas a la política emigratoria de Cuba, la inmigratoria estadounidense y los factores internos por los que atravesó la Isla a lo largo de los años, junto a los períodos de confrontación-entendimiento entre los dos Estados (Moreno, 2019). La conjunción de los elementos anteriormente mencionados provocó varios éxodos de cubanos hacia Estados Unidos en los primeros años de la Revolución: entre ellos, Boca de Camarioca, en 1965; el Mariel, en 1980; y la crisis de los balseros en 1994. Estas oleadas migratorias tuvieron como común denominador la utilización del mar para llegar a la nación de destino.

Tras el anuncio del restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana, el 17 de diciembre de 2014⁹, comenzó a evidenciarse un aumento en el número de migrantes cubanos que abandonaban el territorio utilizando un tercer país, para de ahí continuar el recorrido hacia el norte, esta vez, vía terrestre. La ruta más usada, aunque no la única, era un viaje en avión hasta Ecuador, país al que podían ingresar sin visado ni carta de invitación, debido al principio de Ciudadanía Universal¹⁰ introducido en la Constitución de ese país desde el 2008. Una vez en territorio ecuatoriano, los cubanos continuaban hasta Colombia donde obtenían una visa por 300 dólares o sobornaban a los policías con la utilización de coyotes, para continuar hacia Puerto Obaldía. De este lugar salían hacia Ciudad de Panamá en lanchas o avionetas. El trayecto hacia Costa Rica se hacía a bordo de autobuses (L. Y. Lamorú, comunicación personal, 4 de marzo de 2017). En este último país y debido a la ausencia de convenios con Cuba en esa área, las autoridades migratorias enviaban a los cubanos a su próximo destino, a través de un mecanismo denominado “deportación”, el cual era conocido por el gobierno sandinista. Según la Directora General de Migración y Extranjería costarricense, Kathya Rodríguez: “lo único que Nicaragua pedía era el pase de una manera legal y entonces nosotros lo hacíamos bajo la figura de deportación” (citada por Bravo, 2015, párr. 19).

Al llegar a suelo nicaragüense los cubanos pagaban un oficio de tránsito por 80 dólares y continuaban su periplo por el resto de las naciones de la región hasta el sureste de México, donde entraban, fundamentalmente, por el estado de Chiapas (Moreno, 2019). De acuerdo con la Ley de Migración de México, de 2011, los ciudadanos que ingresaban al territorio en condición irregular y no eran reconocidos en un plazo determinado como cubanos por el consulado de La Habana en el país, recibían un oficio de salida, válido por 20 días, para abandonar el territorio por cualquiera de sus fronteras. El problema, según Ernesto Rodríguez, es que la representación consular de la Isla no respondía a la solicitud o tardaba mucho en hacerlo (comunicación personal, 21 de junio de 2017). De esta manera, el tiempo otorgado les permitía a los isleños llegar a la frontera con Estados Unidos y acogerse a la política de pies secos-pies mojados¹¹, para al año y un día apelar a la Ley de Ajuste Cubano o Ley Pública 89-732¹². El flujo migratorio por Centroamérica fue interrumpido el 15 de noviembre de 2015 cuando el gobierno de Daniel Ortega decidió cerrar la frontera a un total de 1917 cubanos que habían quedado a la deriva, tras haber sido desmantelada en Costa Rica una red de tráfico de personas el día 10 de ese mes. Horas antes de estos hechos, las autoridades sandinistas habían dejado pasar a casi un centenar de isleños por el territorio, sin ponerles impedimento alguno. Con el objetivo de evitar el paso de este segundo grupo, un batallón de infantería del Ejército de Nicaragua y Fuerzas Especiales de la Policía Nacional fue desplazado a la zona fronteriza y utilizaron gases lacrimógenos y balas de gomas para evitar la entrada de los migrantes: “Nicaragua quedó en el ridículo, un papel penoso. ¿Con quién quedó bien Nicaragua? ¿Con Estados Unidos o Cuba? Si algo van a recordar los cubanos es que fue el país donde les echaron los antimotines” (Álvarez, 2015, párr. 10).

El cierre permanente de la frontera nicaragüense a la migración irregular y la continua llegada de cubanos a la nación costarricense y, posteriormente, a la panameña, provocó una crisis humanitaria en la región, la cual fue presentada ante el Sistema de Integración Centroamericana (SICA)¹³, para su solución. Es importante mencionar que estas acciones se dieron en el marco de la resolución en La Haya de un conflicto territorial entre Managua y San José por el dragado del río San Juan y la soberanía de la Isla Calero, el cual falló a favor de Costa Rica unos días después de comenzada la crisis. Asimismo, se ha manejado la hipótesis (Moreno, 2019) de que la amistad entre el gobierno de Ortega y los Castro propició la crisis de migrantes cubanos con el propósito de lograr por parte de Estados Unidos cambios en el área migratoria, aprovechando la implicación regional que la misma alcanzó.

Aunque la situación ocurrida en el mes de noviembre de 2015 constituyó solo el detonante que convirtió el flujo migratorio cubano en crisis humanitaria, esta manera de utilizar el discurso para hacer ver el fenómeno de la migración como un problema para la seguridad nacional, le permitió al gobierno nicaragüense no únicamente militarizar su frontera, sino mantener su posición durante todo el tiempo que duró la crisis. Llama la atención el hecho de que a finales de 2018, las autoridades sandinistas comenzaron a otorgar, de nuevo, visas de tránsito por 150 dólares a los cubanos que ingresaban al territorio de manera irregular, según testimonios de varios migrantes que hicieron el recorrido de esta manera (J. Lahera, comunicación personal, 24 de febrero de 2019; L. Valdés, comunicación personal, 24 de febrero de 2019 y R. González, comunicación personal, 5 de febrero de 2020).

La securitización del discurso migratorio en Nicaragua

El 5 de noviembre de 2015, en un encuentro con diplomáticos de varios países, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, elogió la política de apertura de fronteras implementada por Alemania: “humanismo para que se puedan abrir las fronteras por todos lados; sería lo ideal, y no estar en situaciones donde se cierren fronteras. Más bien que se abran fronteras” (Presidente Daniel recibe cartas credenciales…, 6 de noviembre de 2015, párr. 109). De igual manera, sentenció que todos aquellos que pedían la expulsión y la no entrada de los inmigrantes tenían “un pensamiento totalmente fuera de la historia” (Presidente Daniel recibe cartas credenciales…, 6 de noviembre de 2015, párr. 107); sin embargo, diez días después, su gobierno haría lo que tanto criticó.

La crisis de migrantes cubanos inició a mediados del mes de noviembre de 2015 y culminó en febrero de 2016 con el comienzo de los vuelos, primero hacia algunos países centroamericanos y, posteriormente, hacia la frontera norte mexicana. Durante este período, una búsqueda en el medio de prensa oficialista El 19 Digital reveló un total de 15 declaraciones y comunicados emitidos por autoridades gubernamentales y expertos afines al régimen, en el que ratificaban y excusaban la posición adoptada por el gobierno de militarizar la frontera. Tras ingresar esta muestra en el software estadístico “R” y utilizando la minería de textos pudimos percatarnos que las palabras más utilizadas en los discursos fueron, entre otras: “Nicaragua”, “gobierno”, “Costa (Rica)”, “derecho” y “migrantes”, como se puede apreciar en la Figura 1.

De los términos anteriores, los más usados fueron “Nicaragua”, con 101 alusiones; “gobierno”, con 82; “Costa (Rica)”, con 71; “derechos”, con 38, y “migrantes”, con 37 (ver Figura 2)¹⁴. Es importante aclarar que el término “derecho” fue utilizado, en la mayoría de los casos, para hacer referencia al derecho del gobierno de proteger su soberanía frente a la entrada de los migrantes cubanos, y no para referirse al derecho a la libre movilidad de las personas.

Lo que más destaca de los datos presentados es el nivel de correlación¹⁵ que tienen algunos términos con otros. En una escala comprendida entre 0 y 1, donde el primero significa que no existe ninguna asociación entre las dos palabras y, el segundo, que siempre que se utiliza un término este se encuentra vinculado inextricablemente al otro, tenemos que, por ejemplo, “migrantes” tuvo una correlación de 0.66 a la palabra “agresión”, lo que significa que más de la mitad de las veces que se usó el vocablo “migrantes” fue para referirse a él como una agresión o relacionado con ella. De igual manera, mostró una correlación por encima del 0.50 con términos como “cubanas” (0.63), “rechazamos” (0.63), “terrorismo” (0.63), “ilegalmente” (0.61), “ilegal” (0.60) y “narcotráfico” (0.55).

En el caso de la palabra “seguridad”, esta se encontró vinculada un 0.82 al término “violentas”. Otros vocablos relacionados fueron “región” (0.69), “sufrimiento” (0.66), “compromiso” (0.65), “contener” (0.65), “detención” (0.65), “emigrantes” (0.65), “fronterizas” (0.65) y “legalidad” (0.65). Asimismo, se vinculó a “migración” (0.65), “muerte” (0.65), “peligros” (0.65), “persecución” (0.65), “prioridades” (0.65), “tragedia” (0.65), “vidas” (0.65), “gobierno” (0.61), “riesgos” (0.58), “centroamericana” (0.57), “familias” (0.54) y “paz” (0.52).

Otro de los ejemplos es la palabra “ilegal”, la cual se encuentra correlacionada a “narcotráfico” en un 0.83 y a “migrantes” en un 0.60. Mientras “frontera” aparece vinculada a “ilegalmente” en un 0.59, e “inmigración” en un 0.56.

La correlación existente entre los términos anteriormente mencionados constituye una muestra de cómo se perfiló el discurso de las principales autoridades nicaragüenses durante el período que duró la crisis de migrantes cubanos. El uso de palabras criminalizadoras y metáforas bélicas para referirse a los isleños y al acto de migrar de manera irregular acentuaron el proceso de securitización que llevó a cabo el gobierno sandinista.

El discurso detrás de la militarización

Al profundizar en el contenido de los discursos y declaraciones formulados en esta etapa vemos que, en un comunicado emitido por el presidente nicaragüense a través de su representación diplomática en el SICA se califica a los cubanos como un “anómalo y peligroso flujo migratorio” (Nicaragua demanda a Estados Unidos…, 18 de diciembre de 2015, párr. 9).

En otro de los textos, la vicepresidenta Rosario Murillo aseguró que el gobierno sandinista no toleraba, ni toleraría, acciones que arriesgaran la seguridad soberana, tanto en lo que se refería a la integridad territorial como al respeto inquebrantable al ordenamiento jurídico (Nicaragua denuncia a Costa Rica por violación…, 15 de noviembre de 2015). Asimismo, condenó la violación de la soberanía y las acciones de Costa Rica por “concederse el derecho a determinar el ingreso a nuestro territorio de personas que en situación de ilegalidad y con actitudes violentas pretenden recorrer la Región Centroamericana” (Nicaragua: “La grave crisis creada por el gobierno…, 16 de noviembre de 2015, párr. 3). En declaraciones posteriores aseveró que la posición de Nicaragua se encontraba amparada por la dignidad, el reclamo, la legalidad y la seguridad:

Durante una Reunión Extraordinaria realizada en San Salvador, El Salvador, para analizar la crisis, el vicecanciller Dennis Moncada leyó un documento oficial en el que ratificó la posición de su gobierno ante lo que denominó “invasión de migrantes ilegales cubanos sobre nuestro territorio” (Rosario en Edición Especial de la mañana…, 24 de noviembre de 2015, párr. 5). El texto agregaba que los presupuestos nacionales habían tenido que asumir, junto al escaso apoyo internacional, la lucha contra el narcotráfico y el cuidado de la seguridad de Estados Unidos. Asimismo, culpaba a Costa Rica por la situación creada y la continua llegada de cubanos a la zona fronteriza “en claro chantaje, presión y amenaza de repetir la invasión y violación de nuestro territorio”, pues, a su juicio, la concentración de isleños alentaba nuevas acciones violentas y lesivas contra la soberanía nicaragüense (Rosario en Edición Especial de la mañana…, 24 de noviembre de 2015, párr. 15). Asimismo afirmaba:

Entre tanto, la nota de prensa No. 23/2015 de la Policía Nacional, confirmaba que fuerzas especiales de ese organismo habían ejecutado acciones contra los migrantes cubanos con el propósito de restablecer el orden de la tranquilidad ciudadana (Policía Nacional informa sobre situación de inmigrantes…, 15 de noviembre de 2015). Mientras un comunicado del Ejército¹⁶ señalaba que como parte de los operativos habían detenido y deportado a las “personas ilegales” que intentaron entrar al territorio, “para asegurar la defensa de nuestras fronteras, la inviolabilidad del territorio nacional y hacer cumplir nuestras leyes” (Ejército nicaragüense refuerza frontera sur…, 15 de noviembre de 2015, párr. 4).

Otras personalidades del ámbito político también defendieron la postura del gobierno en relación con la migración indocumentada. La embajadora de Nicaragua en la ONU, María Rubiales, señaló ante ese organismo que las acciones costarricenses habían irrespetado la soberanía de su país, pues violaban “nuestro derecho nacional, nuestro derecho jurídico” (Rubiales: Costa Rica actuó de manera irresponsable…, 16 de noviembre de 2015, párr. 2). De igual manera, el representante de la diplomacia nicaragüense en Ecuador, Siddhartha Marín, denunció al gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018) ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), por la “violación del territorio nacional e ingreso forzoso de miles de inmigrantes irregulares” (Nicaragua denuncia a Costa Rica ante la CELAC…, 16 de noviembre de 2015, párr. 1).

Si tomamos en cuenta lo expuesto por los teóricos pertenecientes a la Escuela de Copenhague sobre los tres puntos necesarios para que pueda decirse que estamos frente a un discurso de securitización tenemos entonces que, en una primera instancia, existen varios actores (el ejecutivo, el Ejército y la Policía Nacional, entre otros) que aseveran que el Estado, reflejado en frases como “la soberanía nicaragüense” y “la integridad territorial”; las leyes, al apelar al “ordenamiento jurídico”; y la sociedad, con “la tranquilidad ciudadana” se encontraban amenazados por “la invasión de migrantes ilegales cubanos” quienes con “actitudes violentas pretenden recorrer la Región Centroamericana”. En un segundo momento, dichos actores, en contradicción a lo expuesto en la Ley Migratoria, apelan al uso de la fuerza como única medida para contrarrestar el peligro que representa el flujo, al dejar claro que el desplazamiento de los batallones especiales hacia la zona fronteriza tiene como objetivo no permitir el ingreso de los cubanos al país bajo ninguna condición. Por último, en los diversos comunicados emitidos se trata de convencer a la audiencia, tanto nacional como extranjera, sobre la legitimidad de las acciones cometidas, al apelar a frases como “el interés supremo de Centroamérica y de las familias nicaragüenses”, “el desorden migratorio incrementa los riesgos de presencia y acciones terroristas en nuestra región” y “garantizando una Nicaragua Segura, que contribuya, como ha venido contribuyendo, a la seguridad de la Región Centroamericana”.

En los textos analizados destaca el uso reiterado de la palabra “ilegal” o en “situación de ilegalidad” para referirse a los migrantes, adjetivo/sustantivo que de por sí lleva implícito una connotación negativa, pues está asociado a situaciones o personas que están cometiendo algún delito prohibido por la ley. Otros vocablos utilizados para describir el flujo de cubanos son “peligroso”, “actitudes violentas”, “invasión” y “amenaza a la Seguridad Nacional”. De esta manera, el discurso utilizado por las autoridades sandinistas configura al otro, en este caso al migrante cubano, como el peligro del que hay que cuidarse, pues atenta no solo contra el Estado, el territorio, la población o el sistema de justicia nicaragüense, sino contra toda Centroamérica (binomio amigo-enemigo). Mientras, por otro lado, el gobierno sandinista se erige, a través de este mismo discurso, como el defensor de los derechos de los “nicaragüenses y los centroamericanos”, de la “seguridad soberana” y “la legalidad” (en contraposición al término utilizado para referirse a los migrantes).

De esta forma, las diversas autoridades nicaragüenses a través del discurso asumieron una actitud frente a la migración irregular de cubanos que les permitió poner en vigor medidas más restrictivas para hacerle frente a la misma. El discurso de seguridad, caracterizado por el temor al otro y la necesidad de defender la soberanía ante los peligros potenciales de la migración irregular, le ha servido no solo a Estados Unidos y México, sino también a países menos desarrollados como Nicaragua, para adoptar políticas represivas contra los indocumentados que transitan por el continente, independientemente de lo que se encuentre vigente en la Ley de Migración de esos países, aunque muchas veces, por las características de la naciones en las que ocurre, dicho fenómeno sea menos visibilizado u ocurra por períodos muy breves de tiempo.

Conclusiones

La securitización es un modo de concebir el fenómeno migratorio y con base en esa concepción establece ciertas maneras de intervenir, de hacerle frente. Aunque en el continente americano, los casos de Estados Unidos y México han sido los más estudiados, pues han adoptado políticas de mano dura contra los ciudadanos que intentan ingresar a sus territorios de manera indocumentada; otros Estados de la región en vías de desarrollo, también han hecho uso de él para, en momentos determinados, frenar los flujos que utilizan a sus países como tránsito.

En el caso específico de Nicaragua se puede observar, a través del examen de la retórica utilizada, una ruptura clara a partir del 15 de noviembre de 2015. Desde esa fecha, las principales autoridades y expertos nicaragüenses comenzaron a centrarse en la migración como un tema de seguridad no solo para el país, sino para toda Centroamérica. Al escudarse en términos como terrorismo, trata, tráfico y amenaza, entre otros, estaban legitimando las acciones que se estaban cometiendo en la línea fronteriza. La función del Ejército es defender la soberanía de un Estado-nación y los límites visibles de esa nación son sus fronteras. Al ser considerados los migrantes como un peligro para la soberanía nacional, se estaba justificando el desplazamiento militar y el uso de gases lacrimógenos y disparos de balas de goma contra las personas que intentaban ingresar.

Aunque el contenido de la actual legislación migratoria nicaragüense constituyó un avance positivo en relación con su predecesora, como se puede evidenciar, sobre todo, en el cambio de términos clave como “ilegal”/“irregular”, lo cierto es que tras comenzar la crisis de cubanos en Centroamérica, todo lo expuesto hasta el momento respecto a la migración quedó en palabras vacías. Las autoridades gubernamentales y los expertos afines al régimen no dudaron en usar varias veces, por ejemplo, la palabra “ilegal” para referirse a los isleños que intentaron cruzar el territorio. De esta manera, la connotación negativa que posee este término recayó en la migración: de ser considerada una falta administrativa en el papel, pasó a ser en el discurso, una acción al margen de la ley.

A través del uso reiterado de determinados vocablos, el gobierno sandinista perfiló su discurso. El fenómeno migratorio, que hasta el momento formaba parte de la política ordinaria nicaragüense, comenzó a ser recurrente en los comunicados y declaraciones, se le comenzó a ver como un peligro para la seguridad nacional, y como tal se le empezó a tratar, independientemente de lo expuesto en las legislaciones vigentes sobre el tema.

No se puede entender este antes y después, sin tomar en cuenta el contexto. La migración cubana indocumentada por Centroamérica no era un fenómeno nuevo, y los gobiernos de la región, como muchos de ellos reconocieron, tenían conocimiento de su ocurrencia. ¿Qué cambió entonces?

Por un lado, tenemos una disputa añeja entre Managua y San José, llevada para su solución a la Corte Internacional de la Haya, la cual falló a favor de Costa Rica 10 días después de haber comenzado la crisis de migrantes cubanos. Por el otro, una amistad de décadas entre las autoridades de Cuba y Nicaragua. La Isla se encontraba en medio de un proceso de restablecimiento de relaciones con Estados Unidos y la migración había sido un tema central para ambos países. El hecho de que Daniel Ortega, el principal aliado de la mayor de las Antillas en la región, cerrara sus fronteras posibilitó de manera indirecta (Moreno, 2019) que su aliado caribeño se viera beneficiado a corto plazo. Estos dos factores, aunque no fueron los únicos, sí tuvieron un peso considerado para que el gobierno sandinista, que hasta el momento había mantenido una política bastante flexible con respecto a la migración irregular e incluso alabara la política de fronteras abiertas decidiera cambiar, en apenas 10 días, toda su retórica en torno al tema migratorio. De esta manera, la frontera, ese espacio físico, donde diariamente ocurren múltiples procesos sociales, económicos y políticos de diverso tipo, tomó otra cara: la de exclusión, rechazo, cierre y militarización. La postura nicaragüense se mantuvo tiempo después de haber finalizado la crisis de migrantes cubanos; sin embargo, a finales del 2018 comenzó a otorgar de nuevo oficios de tránsito por 150 dólares a los isleños que ingresaron al territorio de manera indocumentada. ¿Qué factores propiciaron este hecho? ¿Este cambio de actitud implicó también un cambio de discurso? Son preguntas que quedan abiertas para futuras investigaciones.

Lo ocurrido en Nicaragua, a pesar de considerarse un fenómeno puntual y durar un período relativamente corto de tiempo, no es un hecho aislado. La creciente influencia que tienen los discursos gubernamentales sobre la gestión migratoria debe ser estudiada a profundidad. No basta solamente con que existan diversas plataformas internacionales y acuerdos multilaterales entre los países de origen, tránsito y destino, si en la práctica a través de estos “actos del habla” en vez de abogar por una migración segura, ordenada y humana, se hace lo contrario: criminalizar y securitizar la migración.

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