Introducción

La motivación de este trabajo surge del adverso panorama que enfrentan las personas habitantes de la Zona Norte Norte de Costa Rica (ZNN). La cooptación del sector agrícola bajo un modelo industrial, para este caso piñero y naranjero, forma parte de los factores que inciden en la degradación sistemática de las condiciones laborales, económicas, sociales y ecológicas de la región.

Este trabajo tiene como objetivo analizar la evolución del aparato productivo y el expansionismo piñero y naranjero por medio de la identificación de los actores empresariales (elites) y las condiciones de las personas locales (empobrecidos) en la ZNN, a fin de comprender los comportamientos antagónicos a lo largo de la historia entre el modelo extractivista de los monocultivos y las condiciones ecosociales de las comunidades locales.

El sistema agrícola convencional/productivista, también conocido como modelo agrícola industrial, se caracteriza por preferir los monocultivos y la producción a gran escala, utilizar prácticas de producción intensivas recurriendo fuertemente al uso de capital, tecnología e insumos petroquímicos externos, y orientarse al mercado nacional y cada vez más al global gracias a la liberalización del comercio agrícola y las políticas de seguridad alimentaria basadas en el comercio internacional (Monsalve Suárez y Emanuelli, s.f., 5).

A manera de estructura, se aborda la catástrofe ecosocial que está enfrentando la humanidad, lo cual intensifica la privatización y la guerra por lo último que queda. Los siguientes apartados están dedicados a la forma en la que se configura ese saqueo y esa explotación, por medio de los monocultivos tanto piñeros y naranjeros, que genera millonarios ingresos económicos, pero a veces con incumplimientos laborales, salariales y ambientales. A manera de conclusión, se plantean líneas de investigación que pueden enriquecer la discusión de la compleja temática.

Aspectos metodológicos ¹

Se entiende por ZNN los cantones de Los Chiles, Guatuso y Upala, excepto San Carlos debido a que, tanto su conformación histórica como su configuración socioeconómica presentan importantes divergencias con respecto a los cantones supracitados. San Carlos fue fundado por Ley n.°17, emitida el 25 de setiembre de 1911, mientras que los cantones de la ZNN no surgieron hasta 1970.² Por lo tanto, en algunos casos se utilizará la delimitación de Región Huetar Norte (RHN) (que incluye San Carlos), en razón de que gran parte de las fuentes así lo muestran.

Se aplica la metodología relacional o ‘‘impura’’ de los derechos humanos que propone Joaquín Herrera Flores, ya que plantea establecer los derechos humanos como punto de partida; esto es, colocar los derechos humanos en el espacio donde nos movemos (acción), en la pluralidad (corporalidad) y en el tiempo (historia), lo que permite plantear métodos multi y transdisciplinarios, puesto que las distintas áreas de conocimiento siempre están ‘‘contaminadas’’ del contexto e hibridizadas entre sí (Herrera Flores 2008).

Además, se utiliza la metodología de prosopografía, que investiga las características de un grupo de individuos para hacer un estudio de sus vidas en colectivo y su influencia en las redes de poder (Ferrari, 2010). En este caso, el estudio se halla enfocado en la producción piñera y naranjera de la ZNN, y sus vínculos con instituciones estatales, casos de corrupción y ligámenes con otras compañías. También se llevó a cabo revisión de fuentes primarias y secundarias (tanto cualitativas como cuantitativas) acerca de la producción piñera y naranjera, muchas de ellas oficiales, con visitas de campo y trabajo de acción social en la comunidad de Caño Negro (El Sitio y Las Flores). Se realizaron unas 24 giras de campo entre el 2015 y el 2017.

La periodización abarca desde 1974, cuando León Araya (2015) afirma que la RHN comenzó a ser reconocida como tal, hasta el 2015, fecha a la que llegan muchos de los datos estudiados. Algunos datos a nivel nacional como el caso de la naranja se conocen desde 1961; por eso, han sido también incluidos. Mientras que los de la piña han sido tomados desde la década de los ochenta, cuando la actividad comenzó a ser más significativa.

Despojo y colapso

Al igual que con el ‘‘grano de oro’,’ que fue parte del mito fundacional de ‘‘igualiticos’’, el impulso a los nuevos ‘‘frutos de oro’’ ha llevado también al enriquecimiento de unos pocos, en ocasiones por causa del plustrabajo,³ esclavitud y extrema pobreza de otros, porque según Herrera Flores (2008), el desarrollo neoliberal es antagónico a los derechos humanos, en tanto que su evolución depende de una estructura relacional de acumulación y despojo.

El culto triunfante de la mercancía alienta todos los egoísmos y justifica todas las mezquindades, y exalta el desprecio suicida de la vida y la renuncia a toda dignidad, al despecho de todas las gesticulaciones “ecológicas” y “éticas” del comercio (...) (Black, 2013, p. 53).

Es notorio el desplome socioeconómico desencadenado en parte por el contexto de la implementación de los Programas de Ajuste Estructural (Pae), como medida de algunos países latinoamericanos para recibir préstamos del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que facilitaron librarse de la crisis de los setenta y también como medida de Estados Unidos para expandir su área de influencia ante su crisis de sobreoferta (ajustes espacio-temporales), que ha devenido en la instalación de corporaciones en los países ahora colonizados por dicha nación, generando lo que Harvey denomina acumulación por desposesión (Petras y Veltmeyer, 2002; Harvey, 2003; 2005).

El uso de tecnología avanzada, la implementación de un régimen regulatorio relacionado con el capital extractivo y la canalización de algunas rentas procedentes de los recursos hacia el bienestar social (reducción de la pobreza) no han cambiado la naturaleza inherentemente depredadora del capitalismo extractivo. Todo lo que este progreso y estos desarrollos han asegurado es un mayor nivel de explotación con su acompañante impacto destructivo sobre la sociedad y el medioambiente (Veltmeyer y Petras, 2015, p. 29).

Este capitalismo depredador también ha provocado la destrucción y el saqueo extremo de los recursos, algunos de los cuales son vitales para satisfacer el descontrolado consumismo y la acumulación capitalista. Según Saxe Fernández (2005), tal situación ha tomado dimensiones de colapso social (asesinatos, egoísmo, traición, suicidios, medios de des/información, esclavitud, pobreza, hambrunas…), y de colapso ecológico (sequías, inundaciones, colapso climático, sed, contaminación, destrucción y agotamiento de recursos...), que han sido parte del proceso destructivo-acumulativo a lo largo de la historia de la humanidad (Leakey y Lewin, 1998).

Definitivamente, en las zonas rurales y alejadas el sistema (capitalista e imperialista) logra con más facilidad tener acceso a los recursos y someter a las poblaciones, debido a que estas cuentan con información mínima o nula sobre las formas oficiales de defenderse, además de que han sido zonas históricamente marginadas, y con personas de por vida engañadas por la supuesta llegada del ‘‘desarrollo’’ gracias a fuentes de empleo que les permita por fin salir de las condiciones que las mismas corporaciones han creado.

Breve repaso de la constitución histórica de la Región Huetar Norte y su inclusión al proyecto nacional costarricense

León Araya (2015) aborda la poca intervención del Estado en esta zona desordenadamente colonizada, con un incipiente desarrollo ganadero, cañero y cafetalero, pero con casi nula educación y poca intervención estatal. Esta última poco a poco se fue incrementado en cuanto también aumentó el interés colonizador, el cual tuvo poco éxito antes de la década de 1960 (Valverde, 2011).

Según Solórzano (2004), migrar hacia nuevos frentes de colonización donde la tierra era abundante y barata, pudo ser percibido no solo como un mecanismo de movilidad social, sino también como la posibilidad de convertirse en propietarios de fincas de mayor tamaño, sobre todo si se toma en cuenta que los precios de las tierras iban en aumento en las zonas de origen de estos migrantes.

Con respecto a los factores de atracción, uno de los principales fue la importancia geopolítica de ejercer la soberanía a lo largo del territorio nacional. La maximización de utilidades que conllevó el modelo agroexportador adoptó legislación agraria que promovió y facilitó la formalización de la posesión de tierras baldías, siempre que se demostrara su aprovechamiento adecuado (León Araya 2015).

Si bien es cierto que durante el siglo XX hubo acontecimientos que mejoraron la conexión y el acceso entre la Zona Norte y el Valle Central -fundación de cantones, llegada de instituciones públicas, construcción de caminos, etc.-, es importante destacar que la dinámica transfronteriza es una constante que ha perdurado y que marca a la región en diversos aspectos tales como: la constitución -o la no constitución- de una identidad regional y nacional, las condiciones laborales, el planteamiento estatal y las prácticas culturales, por ejemplo.

Lo anterior ha sido evidente sobre todo durante la dinastía de los Somoza y la revolución Sandinista y la Contra desde Costa Rica, apoyada por Estados Unidos (Fonseca, 2013; Almeida, 2016). Dicho conflicto impulsó el desplazamiento de nicaragüenses de poblados principalmente del departamento de río San Juan hacia el norte costarricense; muchos de ellos tuvieron que llegar a realizar trabajos subordinados a los terratenientes ya establecidos en la zona (Cortés Ramos, 2003), o en los incipientes desarrollos monocultivistas que estaban empezando a gestarse (Fallas Baldí, 1994).

Extractivismo y ajustes estructurales en la Región Huetar Norte

Con la implementación del modelo neoliberal a partir de la década de los ochenta, la reducción del tamaño del Estado y la desnacionalización de algunos recursos, numerosas compañías multinacionales y multimillonarias se instalaron en el país con las facilidades y los beneficios que el Estado les ha brindado hasta la actualidad (Llaguno Thomas, Cerdas Vega y Aguilar Sánchez, 2014; Veltmeyer y Petras, 2015; Silvetti y Cáceres, 2015).

Tal es el caso de los Certificados de Abono Tributario (Cat), que fueron incentivos dados a productores para que exportaran sus productos en los setenta (LaRepública, 1976); no obstante, dichos beneficios se dirigieron entre 1993 y 1996 a compañías como la piñera Pineapple Development Company (Pindeco), que fue la que más recibió incentivos (unos ¢3 243 millones). Asimismo, la liberación de impuestos de las empresas exportadoras piñeras ocurrió en el marco la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), que las liberó de toda responsabilidad tributaria por consumir productos e insumos que se encuentran en zona franca (Aravena Bergen, 2005).

Entre 1987 y 1997 se promovió una economía muy diversificada e intensiva de actividades tradicionales y no tradicionales en la RHN, con mercados internos (leche, tubérculos, caña de azúcar, granos básicos, etc.), y mercados externos (cítricos, palmito, ornamentales, jengibre, madera, naranjas, raíces y tubérculos). El modelo de apertura comercial, si bien aportó a la expansión de la productividad, como lo menciona Zevallos (2013), ha afectado negativamente a las pequeñas economías.

Según Procomer (2016), 10.8% de las exportaciones totales del país proviene de la RHN. El monto exportado en el 2016 fue de US$1 068 millones, de los cuales 65.1% fue piña y 12.1% jugos y concentrados de fruta. Igualmente, las tres principales empresas exportadoras de la región son: 1) Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte S.A., 2) Ticofrut S.A., 3) Diversificados de Costa Rica (Dicori), y también se encuentran Upala Agrícola y Exportaciones Norteñas, en las posiciones 5 y 7, respectivamente (Procomer 2016). Ambas empresas serán abordadas posteriormente en este trabajo.

Varias fuentes sobre las condiciones productivas de la RHN (Quijandría, Berrocal y Pratt, 1997; Barrientos y Chaves, 2008; Guevara, Arce y Guevara, 2017, entre otras) sostienen que las actividades se han ido diversificando hacia el turismo, el desarrollo hidroeléctrico y la expansión piñera como actividad más llamativa, llegando a ser una de las zonas más productivas del país (Estado de la Nación, 2016). Sin embargo, estos estudios se quedan cortos en el reconocimiento de las -verdaderas- condiciones sociales de la región. Por otro lado, los estudios -por cierto abundantes- que critican estos modelos de desarrollo (como Humbert y Braßel, 2016; Carazo, 2016), aunque revelan datos fundamentales, no van mucho más allá de la problematización de la situación y la búsqueda de mejoras laborales.

En los últimos años, la situación piñera en Costa Rica, y en algunos casos la naranjera, ha tomado tanta relevancia que decenas de organizaciones públicas y privadas han hecho críticas contra las catástrofes socioambientales y contra el uso intensivo de agrotóxicos. El fenómeno es un común denominador en la región latinoamericana, infestada de conflictos socioambientales ante los invasores y depredadores proyectos de ‘‘desarrollo’’ (ver el Environmental Justice Atlas), convirtiendo a América Latina en la región con la distribución más desigual de la tierra en el mundo (Guereña, 2016).

La consolidación del cultivo de piña

La piña es un cultivo que ha tomado relevancia en el nivel de exportaciones reportadas en la balanza de pagos de Costa Rica. Esta fruta se ha producido en el país desde el tiempo de la colonia, principalmente para el consumo interno. Antes de la década de los setenta del siglo XX, las exportaciones de piña no tenían gran relevancia para el país. Empero, existen antecedentes de que particulares hacían pruebas de exportaciones con grandes ganancias. Para mediados del siglo XX, el cultivo de piña para el mercado interno ya formaba parte de la actividad económica de algunos productores.

Un anuncio publicado en el Diario de Costa Rica en 1935 demuestra que:

El consumo interno de la piña ha aumentado y también el externo, ya que comienzan los particulares a exportar pequeñas partidas. Pero el país tiene muchas tierras donde sembrar piñales. En la región de Puntarenas se han hecho ensayos con muy buenos resultados. Un solo finquero sembró varias hectáreas y está en condiciones de suministrar veinte mil piñas, pero no tiene comprador (Diario de Costa Rica, 1935).

Su desarrollo agroindustrial tiene precedentes en el siglo XX, específicamente a finales de la década de los setenta cuando la transnacional Pindeco inició operaciones en la Zona Sur del país (Quijandría, Berrocal y Pratt, 1997). Pindeco, con sus condiciones comerciales de “satellite farming”, impulsó el monocultivo extensivo, en el que los productores ponían la tierra y la mano de obra, mientras que la transnacional aportaba la tecnología y garantizaba la compra del producto (Quijandría, Berrocal y Pratt, 1997).

Adicionalmente, la creación de organismos como el Programa Nacional de la Piña, la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), el Centro para la Promoción de las Exportaciones y las Inversiones (Cenpro), exenciones como el Contrato de Exportación y el de Zona Franca, los Cat y el beneficio de Zona Franca (sin requerimientos ambientales) han sido los factores de la expansión piñera descontrolada en el país (Quijandría, Berrocal y Pratt, 1997).

Elaboración propia con datos de Procomer, Quijandría, Berrocal y Pratt (1997 ), y Mora Alfaro (1994 ).

El crecimiento exponencial de las exportaciones de piña se evidencia en el gráfico 1. Las cifras alcanzan casi US$900 millones para el 2014. Según la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep), las exportaciones al 2015 tienen destino hacia: 53% América del Norte, 44% Unión Europea, 2% resto de Europa y 1% a otros destinos. Estos datos deben analizarse con cuidado, debido a la nula supervisión estatal. Para comprender mejor los crecimientos respectivos por periodo, se utiliza la Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (TCAC), la cual arroja los siguientes resultados (tabla 1):

Desde 1980 hasta el 2015, el crecimiento en exportaciones de piña ha sido superior a 26% anual, lo cual es mucho más de lo que ha crecido el Producto Interno Bruto real (PIB) de Costa Rica en ese periodo (4.0%) (Secmca, 2017). El desarrollo acelerado de la piña no es casualidad. Por ejemplo, el sistema bancario costarricense ha impulsado la actividad mediante sus políticas de crédito. El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) otorgó créditos en 1982 por US$34 906, y para 1984 un monto de US$212 273 a la actividad piñera, lo que significó un aumento de más de 500% en tan solo dos años para un solo sector (Quijandría, Berrocal y Pratt, 1997).

Elaboración propia con datos de Sasa (2017 ).

Los recientes datos proporcionados por el Monitoreo de Cambio de Uso de Paisajes Productivos (Mocupp) (Sasa, 2017), revelan una cantidad muy superior (58 607 hectáreas) que la reportada por Canapep (43 000 hectáreas) en el país (Guevara, Arce y Guevara, 2017). La Canapep ha asegurado que se debe a que no todos los productores están afiliados a la cámara; sin embargo, fuentes como Guevara, Arce y Guevara (2017), siguen usando los datos de Canapep como totales a nivel nacional. El valioso aporte de Sasa (2017) no solo demuestra la expansión ilegal de la producción de piña, sino también la inoperancia de las instituciones que ni siquiera conocen cuántas hectáreas de piña hay en el país, con una subestimación de 15 607 hectáreas.

La apertura de los mercados piñeros en China durante la administración Solís Rivera (2014-2018) no solo va dirigida hacia el incremento de la producción piñera, sino que también ha generado grandes debates en Costa Rica sobre el rumbo que esta actividad debe tomar, la cual, sin muchos requerimientos ambientales, ha logrado extenderse ilegalmente 5 568 hectáreas, incluso talando bosques (3 192 en la RHN) (Sasa, 2017).⁴ Mientras que al sur del país, ha llegado muy cerca del sitio arqueológico de las esferas de piedra en Sierpe-Osa, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad. La invasión ocurre contra la naturaleza y también contra las personas, y es recurrente en otros monocultivos, como se detallará con el caso de la naranja.

Las élites piñeras de la Región Huetar Norte

La agroindustria de la piña, a diferencia de la Zona Sur, está distribuida en varias empresas. Para este caso, se analizan tres empresas agroexportadoras, que representan aproximadamente 40% del total de hectáreas cultivadas en la RHN.

Quizás convenga comenzar con Finca Once, también conocida como Natura Farms LWO. Es una empresa ubicada en Los Chiles y está representada por Oscar Arias Moreira. Tiene una extensión de 1 064 hectáreas, de las cuales 35% corresponde a zonas de protección de quebradas, y cuenta con 314 trabajadores, de quienes 99% pertenece a la Asociación Solidarista Asefio (Chavarría Hernández, 2012b).

Un artículo del Semanario Universidad (Chavarría Hernández 2012b) revela los vínculos de Arias Moreira, exprofesor de la Universidad de Costa Rica (UCR), con la petrolera Mallon Oil, la cual desde el 2000 ha intentado obtener permisos para la exploración y explotación petrolera, precisamente en los terrenos protegidos de Finca Once. Oscar Arias Moreira es esposo de Elizabeth Rosabal Oller, prima de Pedro Oller Taylor, representante de Mallon Oil en Costa Rica.

Se tiene poca información sobre esta finca. Entre lo que se conoce, está que Arias Moreira posee muchas de las empresas piñeras y de naranjas de la región, entre ellas Cítricos de Guanacaste, Finca Once, Hacienda R y R, Del Oro, Bana Internacional Aéreo, y Persona de Costa Rica, ubicadas en Upala, Los Chiles, San Carlos, Guatuso (Alajuela), y en La Cruz (Guanacaste) (Chavarría Hernández, 2012b).

Otra empresa es Exportaciones Norteñas, propiedad de Rodrigo García Brenes y Michael Boasson, también conocida como Santa Fe y ubicada en Los Chiles. Según fuentes de la prensa, cuenta con una extensión de 3 500 hectáreas (Socialismo Hoy, 2016). Noticias periodísticas muestran prácticamente solo denuncias contra esta compañía: explotación laboral, bajos salarios y contaminación (Socialismo Hoy, 2017a; 2017b). Sin embargo, las versiones de las compañías pocas veces son mostradas, lo cual dificulta generar un mejor mapeo de actores.

Asimismo, García Brenes es propietario de Piña de Exportación Mundial S.A., la cual cuenta con una extensión de 634 hectáreas de cultivo. Este proyecto recibió la aprobación de viabilidad ambiental por parte de Setena en setiembre del 2016, lo cual evidencia la continua expansión piñera y las relativas facilidades para obtener aprobación (Setena, 2016).

Un artículo promocional publicado en La República (2016), sostiene que Upala Agrícola cuenta con más de 2 400 hectáreas de este cultivo. Es presidida por Alfredo Volio Pérez, actual vicepresidente de Canapep y exministro de Agricultura en la segunda administración de Óscar Arias Sánchez (2006-2010), quien renunció en el 2007 para asumir la campaña del Sí al TLC (Rojas, 2007). Fue presidente de la Junta Directiva del BNCR durante la administración de José María Figueres Olsen (1994-1998) y en el 2010 fue elegido nuevamente para ocupar ese cargo (Delgado Montoya 2010). Además, esta empresa ha sido señalada por la prensa por adeudar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) más de ¢73 millones (Chavarría Hernández 2012a).

El padre de Volio Pérez, Alfredo Volio Escalante, fue exdirectivo del BNCR entre 1970 y 1978, y recientemente estuvo involucrado en las estrategias de evasión y elusión de impuestos de los Panama Papers (Madrigal, 2016; Rojas, 2016). La familia Volio aparece involucrada prácticamente en todos los periodos de la historia de Costa Rica, caracterizada por pertenecer a las elites político-económicas del país.

El sector piñero también está ligado con la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (Cadexco), por ejemplo, por medio de Geovanni Villalobos Venegas quien es subtesorero de esta y tesorero de Canapep (Cadexco, 2017; Canapep, 2017a). Además, el Incae, la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) y Bac San José se han centrado en legitimar la actividad piñera en el país, gracias a estudios de impacto, lobby político y asesorías en el tipo de cambio (Corrales Brenes, 2017; Chávez Trigueros, 2017; Canapep, 2017b).

Es decir, la pequeña elite que la producción piñera conforma en la región está estrechamente ligada a las principales potencias agroindustriales y económicas, y a su vez, a cargos públicos en el país. Para el caso de la naranja, que se abordará en otro apartado, también están presentes las relaciones de poder y la influencia en los aparatos estatales.

El jugoso negocio naranjero

Existe bastante menos información para la naranja con respecto a la piña. Las fuentes sobre la naranja se basan en el ámbito productivo y colocan la producción naranjera como un cultivo apropiado por tener hábito de árbol, aunque sin tratar las problemáticas en torno al uso de agrotóxicos y las situaciones laborales (Quirós Arias, 2001; IICA, 2004). La situación de las personas trabajadoras en las plantaciones naranjeras comenzó a hacerse más visible a partir las denuncias que fueron divulgadas por algunos medios de comunicación (sobre todo, por Socialismo Hoy).

El desarrollo de los cítricos se enmarcó a partir de los años sesenta del siglo XX, con financiamiento del proyecto denominado Corena 032, que pretendía darle cobertura al suelo con especies frutales. Pero el éxito de este proyecto no se reflejó hasta 1985, cuando los precios del café cayeron, se desestimuló la producción en América Central, y se dio el advenimiento de la Comunidad Económica Europea (Cee). Al mismo tiempo, se desarrollaban plantas agroindustriales procesadoras de jugo concentrado (JCC) de naranja en la Zona Norte, que estaba teniendo éxito económico a nivel internacional (Quirós Arias, 2001).

Elaboración propia con datos de Fao (2017 ).

A partir de 1985, las políticas neoliberales y sus ajustes estructurales promovieron la expansión monocultivista, por medio de programas especializados para las principales actividades agropecuarias del país. Esto llevó a la creación de un programa nacional de naranja y cítricos, dirigido a todas aquellas regiones con potencial agroecológico. Desde entonces, los cítricos se han impulsado en las regiones: Central Sur, Central Occidental, Central Oriental, Brunca y Norte (Jiménez Acuña, 2012).

Como se detalla en el gráfico 4, hubo un crecimiento de la producción de naranja a partir de los ochenta. Se debió a que por esos años estaba en aumento el consumo de jugo del cítrico por la divulgación de sus propiedades beneficiosas para la salud (Quirós Arias, 2001; Jiménez Acuña, 2012).

En aquel marco de demanda, llegaron compañías como la fabricadora de jugo Del Oro (de capital inglés) y Ticofrut, esta última fundada en 1988 para producir jugos cítricos; tales empresas han acaparado cerca de 70% de la producción nacional (IICA, 2004; González, 2014), además de pequeños y medianos productores motivados en esos años a sustituir sus cultivos tradicionales por la siembra de cítricos, al tiempo que desplazaron producciones de subsistencia o comercio local (Faure y Samper, 2004; Baltodano y Rojas, 2005).

Elaboración propia con datos de Fao (2017).

La sustitución conllevó al drenaje de humedales, la tala y la contaminación de ríos (Gutiérrez y Siles, 2009). Con los terrenos listos para la siembra y cosecha expansiva de naranja en monocultivo, se construyó la planta procesadora de Ticofrut en la comunidad de La Palmera de Aguas Zarcas (no estudiado en este trabajo), provocando problemas de contaminación (Baltodano, 2002; Baltodano y Rojas, 2005).

Elaboración propia con datos de Fao (2017).

Más allá de la oscilación, es un mercado dominado por Ticofrut (a pesar de problemas con plagas). La ZNN, en su tendencia monocultivista, aumentó las exportaciones a mediados de los 90, después de implementar el cultivo naranjero a mediados de los 80 (Ver gráfico 5).

También del gráfico 5 se desprende que la empresa ha logrado abarcar 93% de la producción de naranja del país, siendo su destino la comercialización como fruta fresca y el procesamiento de jugo congelado para la exportación a países industrializados como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Holanda, entre otros (Earth, 2004).

La élite naranjera en la Región Huetar Norte

En primer lugar, para la conformación de la elite naranjera, comenzaremos con Antonio Lacayo Oyanguren (1947-2015), quien fue un nicaragüense que ocupó el cargo de ejecutivo del Grupo Pellas (2000-2015) y fue gerente de Ticofrut en el 2014. Fue también ministro de la Presidencia nicaragüense durante la administración de su suegra, Violeta Chamorro Barrios (1990-1997). Se caracterizó por ser uno de los impulsores de las privatizaciones de los bienes estatales en Nicaragua y los ajustes al modelo del FMI. Además, en 1992, estuvo involucrado en el Caso Lacayo (corrupción por desvío de fondos).

En el 2015, Lacayo Oyanguren murió en un accidente aéreo, acompañado de Phillip Wendell Tope,⁵ gerente desde los noventa de Tampa Juice Service, dueña de la marca comercial de Ticofrut. Tampa es una empresa de origen estadounidense (específicamente, Florida) comercializadora de jugos procesados,⁶ que fue fundada a inicios de los noventa del siglo XX (Bloomberg, 2017).

En el accidente también murió James Scott Horrisberger, presidente de compras de Coca Cola Company, principal comprador de naranjas de Ticofrut, y experto en los negocios cítricos. Había estado en la industria durante tres décadas con Peace River Citrus Products (competencia de Tampa) y fue miembro de la Comisión de Cítricos de Florida (Morelli, 2015). El mortal viaje iba rumbo a una reunión con Carlos Pellas Chamorro,⁷ conocido como ‘‘El Rey del Azúcar’’, y presidente del poderoso Grupo Pellas.⁸

Un año antes, el nicaragüense Grupo Pellas, en conjunto con el panameño Grupo Motta, de Stanley Motta, conocido por ser el hombre más rico de Centroamérica y enriquecido especialmente con los ‘‘duty free’’ en los aeropuertos latinoamericanos, habían adquirido 60% de las acciones de Rivara Holding, la sociedad que controlaba Ticofrut (Central America Data, 2014). La adquisición por parte de Pellas y Motta marcó un punto importante, ya que se intensificaron las denuncias sobre injusticias contra las personas trabajadoras.

Después de la muerte de Lacayo Oyanguren, el puesto gerencial fue asumido por el costarricense Carlos Odio Soto, dueño de 40% de Ticofrut, quien laboró en el Ministerio de Industrias de Costa Rica en 1965 y fue jefe de departamento en 1966. En 1988, fundó Ticofrut y fue su dueño total hasta el 2014, cuando pasó a manos de Pellas y Motta. Esta alianza se forjó desde 1991, cuando Pellas y Motta se involucraron en la distribución de bienes y servicios tecnológicos de International Business Machines (IMB). El grupo Pellas es también el responsable del complejo turístico en Guanacaste, que ha dejado sin agua a cientos de personas de la zona (Rosales y Ávila 2014).

Ticofrut no se escapa del escándalo de los Panama Papers. La empresa aparece mencionada entre las que intentaron evadir impuestos mediante su inversión en paraísos fiscales. Alberto Raven Odio, presidente por tercera vez del Banco de Costa Rica (BCR), secretario de Ticofrut, y uno de los apoderados del equipo de fútbol costarricense Deportivo Saprissa, aparece vinculado por medio del bufete Zürcher, Odio & Raven en al menos 62 sociedades, entre ellas la empresa naranjera vinculada a los paraísos fiscales (Asamblea Legislativa, 2017).

Cabe mencionar que en Zürcher, Odio & Raven se encuentra, entre otros empresarios, Edgar Zürcher Guardián, quien es presidente del Banco Promérica e impulsor de la llegada de los almacenes Pricesmart y de las zapaterías Payless. Raven Odio vinculado a los paraísos fiscales en Bahamas, fue presidente del BNCR (1997-1998) y vicepresidente del Instituto Nacional de Seguros (INS) (2006-2010).

Database asegura que Ticofrut es un engranaje de al menos siete sociedades anónimas domiciliadas en Panamá, que el bufete Zürcher, Odio & Raven, como enlace del bufete panameño Mossack Fonseca (del que se filtraron los Panama Papers), ayudó a registrar a Rivara Holdings, Coberton Holdings, Morumbí, Combuhy, Sedgwick Company, Serena Management y TicoSource (Fernández Morera y Jiménez Rueda, 2016). Por otro lado, el actual apoderado generalísimo de Ticofrut, Carl Edward Odio Trejos, realizó donaciones al Partido Liberación Nacional (PLN) por montos de ¢10 800 000 y ¢7 500 000 para las campañas del 2014 y del 2006, respectivamente (TSE, 2010; 2014).

¿Naranja o piña?

A pesar de ser dos cultivos muy diferentes, presentan muchos aspectos en común, generalmente negativos. La naranja es una especie arbórea, lo cual lleva a que tanto los estudios del Incae como de la Earth la muestren como una buena alternativa agrícola; mientras que la piña sí ha sido mucho más estudiada y criticada. Sin embargo, los estudios del lado desarrollista intentan convencer sobre los beneficios, en tanto los estudios críticos carecen de planteamientos alternativos, y más integrales que las desgastantes -pero fundamentales- denuncias burocráticas.

El primer aspecto común entre ambos cultivos recae en la inminente contaminación y destrucción para intensificar la productividad. Tal es el caso de las contaminaciones con agrotóxicos sobre el humedal Caño Negro, a pesar de estar protegido por el Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro, y que sea declarado sitio Ramsar (Acevedo y Zamora, 2011), el cual recibe toda la sedimentación y demás materia que es arrastrada hacia las lagunas (Samper, 2005; Boeglin, 2015; Montiel Segura, 2015). Estudios relacionados con temáticas biológicas no profundizan sobre la problemática socioambiental de los monocultivos y los agrotóxicos (Acevedo y Zamora, 2011).

Las prácticas de aplicación de agrotóxicos en los monocultivos son una de las causas que generan problemas ecosistémicos graves, como la muerte de peces o la contaminación de esos sitios (véase los hallazgos de Estado de la Nación, 2016). Cabe recordar que algunas personas locales en la ZNN poseen hábitos alimentarios en los cuales es frecuente el consumo pescado, lo cual genera una cadena tóxica que termina siendo mortal o al menos de malestar y sufrimiento.

El segundo aspecto común es la precarización de la población. La ZNN es una de las más empobrecidas y con más desigualdad económica en el país, por lo que alcanza los últimos lugares en el Índice de Desarrollo Humano Cantonal (IDHc).

A pesar de alcanzar las mayores exportaciones en los últimos años, tanto Upala, Los Chiles y Guatuso han estado ocupando los últimos lugares (de los 82 cantones) en el IDHc. Los ingresos económicos de los peones agrícolas, ganaderos, campesinos sin tierra y pequeños agricultores se han venido deteriorando en los últimos años principalmente por las condiciones de producción y comercialización predominantes. Otra situación que impide el mejoramiento de las condiciones de vida de los agricultores de la zona ocurre justamente por las piñeras, que muchas veces les niegan a los pequeños productores la compra de las cosechas, lo que hace que ellos las pierdan.

Artículos como el de Chávez Trigueros (2016) muestran datos del IDH como un aspecto positivo: asegura que algunos años el IDH ha mejorado, lo cual tiende a la confusión en tanto solo se muestran datos deL 2004 y del 2014, sin considerar la oscilación entre esos años. Además, el aumento en el IDH ha sido mínimo, y en comparación con los demás cantones no ha significado mejoras, ya que los de la ZNN se encuentran en los últimos lugares del IDHc, como ya se menciónó. Si bien no puede atribuirse totalmente el rezago socioeconómico a este modelo económico -aunque sí en gran medida, mucho menos puede considerarse el modelo agroexportador piñero y naranjero como exitoso para las poblaciones locales, como lo asegura el artículo de Chávez Trigueros (2016).

Según la información divulgada en la prensa, los trabajadores no reciben muchas veces ni siquiera el salario mínimo establecido por ley. Cuando lo reciben por contratación formal, no es más que ¢20 mil por encima del mínimo (Guevara, Arce y Guevara 2017). Empero, muchas veces ese monto no es suficiente para cubrir los gastos familiares o de los males sufridos por la esclavitud y el riego de agrotóxicos.

Como tercer aspecto podemos citar las condiciones laborales, las cuales desde los años 80 no han cambiado, a pesar de que existe una serie de leyes que respaldan a los trabajadores (Dubois, Mora, Parrado y Mora, 2016). Debido a la cercanía de la frontera, muchos de los trabajadores son nicaragüenses, algunos nacionalizados; mientras que otros tiene una condición migratorio irregular hace muchos años en Costa Rica y otros viajan diariamente cruzando la frontera. Se calcula que unas 12 502 personas laboran en la industria piñera en la RHN (Humbert y Braßel, 2016), mientras que en la naranjera unas 4 000, y según la prensa, en su mayoría en malas condiciones (Socialismo Hoy, 2015).

Para el caso naranjero, una saca (es decir; 12 sacos convencionales) se paga a ¢3 500. En los últimos años, antes de cada zafra, se han llevado a cabo manifestaciones debido a las pretensiones de Ticofrut de pagar menos de ¢3000. El salario no se cancela en efectivo, sino que se realiza por medio de una ficha que debe ser canjeada en negocios específicos. Si el trabajador desea obtener el dinero en efectivo, se le cobra una comisión de unos ¢300. Además, debe habitar en un tipo de barraca, por las que paga unos ¢3000. ‘‘(...) Solo a los chapulinistas les están pagando seguro ahí en esa naranjera, y a los que cortan no les pagan nada de seguro (social)’’.⁹

El no pago de derechos laborales es denunciado en la prensa como una situación muy común, debido a que estas empresas se aprovechan de las necesidades socioeconómicas de las personas locales, y en algunas ocasiones del estatus migratorio, y la poca educación que poseen (véase el gráfico 6), en razón de las complicaciones para obtener permisos de residencia (de Jaude, 2005). Generalmente, les amenazan asegurando que si denuncian alguna de las injusticias vividas, van a ser despedidas o van a sufrir consecuencias más severas (Carazo 2016).

La población se desempeña principalmente en la agricultura o como jornaleros; otra pequeña parte labora en seguridad o construcción en zonas aledañas. Muchas de estas personas que logran conseguir trabajo deben desplazarse a zonas como Ciudad Quesada, Upala, Guanacaste e incluso Limón para poder traer el sustento a sus hogares, mientras que otras se desplazan para estudiar, ya que en zonas como Caño Negro no hay instituciones educativas de secundaria (Carazo 2016; Humbert y Braßel 2016).

La fuerza laboral en los monocultivos está conformada en su mayoría por hombres entre los 18 y 50 años, la mayoría de los cuales son reclutados en las empresas mediante contratos escritos establecidos por tiempo indefinido y en los cuales no se indica condiciones. Además, en muchos casos aparecen los “contratistas”, que fungen como intermediarios entre la empresa y el trabajador, lo cual les permite a las agroindustrias librarse de las responsabilidades patronales con los asalariados (Carazo, 2016).

Elaboración propia con datos del CCP (2017 ) y los censos de 1963, 1973, 1984, 2000 y 2011.

De 1984 al 2011, el número de individuos no asegurados ha pasado de 22 291 a 23 665. El gráfico 6 permite contrastar que a pesar del crecimiento en exportaciones de las empresas piñeras y naranjeras que convierten a la ZNN en una de las más productivas, no se traduce en una cobertura educativa y de salud total, ya que se evidencia que la población sin seguro social aún sigue estando por encima de las 20 mil personas y el analfabetismo continúa presente, con reducciones mínimas. No solo representa una gran frustración para quienes sufren tal situación, sino que es un tema de exclusión y que podría favorecer aún más el incumplimiento de derechos laborales por parte de las compañías.

Los trabajadores del sector agropecuario se encuentran en una situación de inequidad salarial con respecto a lo establecido por ley, ya que, por ejemplo, en la mayoría de casos los trabajadores no cuentan con oportunidades de organización sindical y el pago a los trabajadores piñeros es semanal; perciben pago únicamente por los días efectivamente laborados, además de la cuestión de la salud (Segura Hernández y Ramírez Mora 2015).

El cuarto aspecto para la conformación de correlaciones entre la producción piñera y naranjera, se encuentra la acumulación de capital en pocas manos. Es evidente que las elites que forman parte de estas compañías no solamente son económicamente poderosas, sino que también ejercen influencias muy significativas dentro de los aparatos estatales de los países. Los ingresos son superiores si se toman en cuenta los oligopolios que se han conformado y sus redes de poder en la región.

Ni naranja ni piña: resistencias desde la organización comunitaria

El escenario productivo de la ZNN presenta serias limitaciones para atender las necesidades de la población del territorio; más bien, en muchas ocasiones deviene en explotación laboral y afectación a la salud tanto humana como animal y ambiental. Ante este panorama, han surgido experiencias de organización comunitaria que aspiran a la construcción de alternativas de subsistencia y desarrollo.

A modo ilustrativo, se menciona el caso del colectivo Cosa, el cual ha estado acompañando desde el 2015 el proceso de organización de El Sitio y Las Flores de Caño Negro. Esta pequeña comunidad de aproximadamente 20 hogares está compuesta por gente que, en su mayoría, trabaja en plantaciones de monocultivos. Entonces, en función de las limitadas condiciones socioeconómicas, se han generado intervenciones desde diversas áreas de conocimiento. Se pretende, pues, alcanzar un nivel de organización que permita la ejecución de alternativas económicas para reducir la dependencia de la agroindustria.

A esta ejecución de alternativas se suman la agroecología, la economía, el arte y la educación. Según Altieri y Toledo (2010), la ‘‘revolución agroecológica’’ está basada en la transformación epistemológica, técnica y social para incidir en las mejoras ambientales, políticas y económicas de las personas, en la que la agricultura campesina¹⁰ desempeña una función sumamente importante.

Se ha trabajado, asimismo, en la conformación de sistemas de economía solidaria, la cual se caracteriza por promover la creación de organizaciones que enlacen la gestión de la actividad económica con el tejido social de donde surgen, desde los enfoques de autogestión, cooperación y solidaridad. Además, prevé respaldar la seguridad de los medios de producción mediante una construcción democrática, inclusiva y participativa en los procesos económicos (Pérez y Etxezarreta, 2015).

Sin embargo, en las propuestas de Altieri y Toledo (2010), y Farah y Vasapollo (2011), por mencionar dos, para cada caso específico deben profundizarse las dificultades enfrentadas por los agricultores que se resisten a transformar sus métodos tradicionales. Se trata del acceso a la información,¹¹ el burocratismo, las afectaciones de plagas, los agrotóxicos, los organismos transgénicos, las sequías, las inundaciones y demás factores que inciden sobre la productividad y muchas veces, motivan el uso de agrotóxicos y al abandono de la tierra.

La puesta en práctica de estas alternativas ha sido un imotor primordial de emancipación de pueblos latinoamericanos que luchan cada vez más fuerte contra el gran aparato estatal y el poder empresarial, sobre todo en zonas rurales. Tales iniciativas favorecen poseer espacios para llevar a cabo prácticas dirigidas hacia la búsqueda de soberanía alimentaria¹² y laboral, como forma de resistencia al sistema que presiona sobre las poblaciones y los recursos.

Conclusiones y aperturas

Una de las premisas centrales del pensamiento neoliberal radica en el repliegue de la injerencia del Estado sobre el mercado. Bajo esta perspectiva, se postula la necesidad de dejar fluir libremente las fuerzas del mercado. Sin embargo, gracias al estudio del aparato productivo de la piña y de la naranja en la ZNN, se ha constatado que tal repliegue del Estado no se presentó como tal, sino que simplemente se modificó la orientación de la intervención estatal, restringida a cumplir labores sumamente delimitadas y accesorias, centradas en la prestación de ciertos servicios básicos y en la aprobación de proyectos.

Esa transformación en el desempeño del Estado ha provocado un cambio en la forma en la que se concibe y practica el desarrollo rural y agrícola: durante la segunda mitad del siglo XX, se pasó de brindar apoyo técnico y financiero a los pequeños y medianos productores, quienes cosechaban tanto para autoconsumo como para el abastecimiento nacional de granos y legumbres, hacia la generación de un “buen clima de negocios” para la consolidación del nuevo modelo agroindustrial signado por los monocultivos.

Es simplista y erróneo achacarle solo a los monocultivos el estancamiento de la ZNN en cuanto al Desarrollo Humano. No obstante, la conexión y el análisis de ambos fenómenos dan cuenta de la poca capacidad que ha tenido el modelo de desarrollo agrícola actual para impulsar procesos económicos que aligeren las adversas condiciones socioeconómicas que caracterizan a la ZNN. A esto se suma el apoyo que la administración Solís le ha brindado a la producción y expansión piñera,¹³ que junto a la inversión extranjera como supuesta forma de erradicación de la pobreza, da cuenta de lo arraigado que se encuentra, dentro del Estado las fuerzas y grupos económicos que apuestan a la agroindustria.

La expansión de los monocultivos -especialmente el piñero- se ha posicionado como una de las principales problemáticas socioambientales que Costa Rica enfrenta actualmente. Como consecuencia, es un tema que requiere ser estudiado con profundidad, por lo cual se opta por cerrar este artículo con una serie de aperturas investigativas. En primer lugar, se considera pertinente analizar, en clave histórica, la evolución de las condiciones socioeconómicas de la ZNN durante la segunda mitad del siglo XX, a fin de estudiar las conexiones entre esta evolución y los distintos modelos de desarrollo rural en la zona.

En segundo lugar, resulta importante atender que uno de los argumentos esgrimidos por quienes defienden los monocultivos, es que estas generan herramientas de desarrollo económico y social a través de numerosos empleos y contribución al fisco costarricense, a través del pago de impuestos. Sin embargo, es importante someter esta aseveración a escrutinio, considerando que las empresas no pagan impuestos de exportación, únicamente impuesto sobre la renta, pero que como ya se evidenció, muchas veces utilizan la banca offshore para mover sus ganancias hacia paraísos fiscales.

En tercer lugar, es importante poner la mirada sobre la operación de los procesos de certificación de calidad en las plantaciones de la ZNN, que son la supuesta garantía de la calidad y cumplimiento de estándares ambientales y laborales. Un estudio de redes de poder entre estas certificadoras puede esclarecer la legitimidad de estas.

Agradecimientos

A la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica por el apoyo y financiamiento para el proyecto que impulsa este trabajo. También al equipo de Cosa por los valiosos aportes.

Bibliografía

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