Introducción

“La desaparición de una persona es una tragedia no sólo para la persona que desaparece, sino también para sus familiares, que quedan en una situación de incertidumbre (…)” (Unión Interparlamentaria 2009, 13) y transforma la cotidianidad de los hogares, de forma repentina, desde diversos planos: psíquicos, económicos y relacionales. Lo cual, impacta psicosocialmente en el desarrollo humano de las personas integrantes de dichas familias.

En el caso particular de América Latina, la incidencia de desapariciones es elevada y vinculada, entre otros aspectos, con la inestabilidad política de sus países, presencia de grupos paramilitares, crimen organizado, violencia de género, corrupción estatal y conflictos socioambientales.

Al respecto, Santacecilia (2021), alerta que cerca de noventa mil personas desaparecieron en países latinoamericanos entre 1966 y 1986, según estimaciones realizadas por organizaciones a favor de los derechos humanos. Mientras que, Ariet (2023) destaca lo siguiente:

Por su parte, la Comisión Nacional de Búsqueda de México (2023) reporta un registro histórico de 113.666 personas desaparecidas y no localizadas¹ en el país norteamericano; mientras que, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en Colombia (2023), destaca que, en sus datos oficiales, 103.839 personas² se encuentran en la misma condición en el país suramericano.

Lo anterior, resulta relevante si se considera que, según Molina (1996), en la región latinoamericana se registran desapariciones de personas desde 1932, ya sea, por parte de civiles, o bien, por los propios Estados nacionales. Al respecto, la autora afirma que, en países como El Salvador, Nicaragua, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Honduras, Bolivia, Haití y México, se tienen documentadas desapariciones humanas en el marco de controles políticos gubernamentales, que han quedado ampliamente impunes.

Por su parte, Juan Pablo Albán Alencastro, miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, manifestó que, si bien, anteriormente se asociaba la desaparición humana principalmente con el ejercicio del poder político de los Estados dictatoriales, también “se trata de desapariciones cometidas por bandas de la delincuencia organizada para garantizar la actividad ilícita que llevan a cabo, en la cual también están involucrados agentes del Estado, que apoyan la actividad de estas bandas” (Ariet, 2023), u otros entes emergentes que replican la desaparición humana como mecanismo de violencia naturalizada.

Tal como se señaló previamente, la desaparición humana es angustiante para las familias que la experimentan, debido a la incertidumbre provocada a partir del evento. Al respecto, Zorio (2023) plantea que los hogares divagan en un estado de ambivalencia entre la vida y la muerte, ya que, la persona desaparecida queda insepulta y expuesta constantemente al recuerdo de posibles torturas cometidas en su contra, lo cual resulta mortificante para las personas dolientes.

Cabe destacar que, este fenómeno está mediado por el escenario social donde ocurren los hechos. Por lo tanto, seguidamente, se abordarán algunas determinaciones contextuales que particularizan la ocurrencia de la desaparición de personas en América Latina. Posteriormente, se presentarán algunas consideraciones en cuanto a las esferas de la vida cotidiana, que son alteradas en las familias de personas desaparecidas y al final, se proponen algunas conclusiones.

América Latina como escenario de desaparición de personas

América Latina constituye una región periférica al desarrollo del capital, que ha configurado condiciones sociales, en tanto, históricas, económicas, políticas y culturales que facilitan la ocurrencia de la desaparición de personas, ya sea, a manos de civiles o por los Estados nacionales. Por lo cual, las aproximaciones a estos hechos son complejas, debido a que resultan multifactoriales e involucran a diversidad de actores.

Amnistía Internacional (2023) define la desaparición forzada cuando median agentes estatales o entes civiles con el respaldo de los primeros, en la desaparición de seres humanos y los Estados niegan los hechos, los subestiman, los subregistran u ocultan información a sus familiares sobre la integridad de las personas que fueron desaparecidas³.

Por su parte, el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia (2016, 37) , plantea que la desaparición humana no ha sido ejercicio exclusivo de los Estados dictatoriales, en procesos de control político y social; sino que, forman parte de “los repertorios de violencia de grupos armados ilegales, como las guerrillas y los grupos paramilitares (…)”, que, entre otros actores; han asumido estas prácticas para la reproducción de sus actividades⁴.

Al considerarse que, en América Latina desaparecen personas por diversos motivos, de distintos grupos etarios, género, clase social, etnia y otras características sociodemográficas, donde median múltiples actores. En el presente documento solamente se utilizará el término de persona desaparecida. Ya que, el análisis no se centra en los aspectos jurídicos de la comisión del delito, sino en los impactos psicosociales de la desaparición en las familias que afrontan estas situaciones, independientemente del estatus legal del ente perpetuador de la desaparición. Lo anterior, resulta relevante al considerar que, la desaparición forzada implica la participación de entes estatales en la comisión del delito; mientras que, en otras formas de desaparición humana, ejecutadas por civiles, el tratamiento legal es diferenciado⁵.

Como se mencionó anteriormente, la desaparición de personas no es exclusividad de los Estados nacionales, sino que, ha acontecido sostenidamente en la complejidad del subcontinente latinoamericano; por diversos actores y ha estado mediada por la desigualdad social, la pobreza, las dictaduras, el narcotráfico, las guerrillas, los conflictos socioambientales, la trata y tráfico de personas, los flujos migratorios, los femicidios, la corrupción y las dinámicas de los sistemas judiciales de los distintos países en cuestión.

Por lo tanto, es posible problematizar cómo el Estado a través de sus instituciones, facilita o complejiza el acceso a la justicia y sistemas de protección que aminoren los riesgos de desaparecer de forma definitiva en América Latina. En el tanto, los Estados nacionales se han implicado en procesos de desaparición de personas, ya sea, como ejecutores de las mismas, como cómplices por la inacción en la investigación, judicialización y penalización de las personas involucradas en este tipo de actos, en la corrupción en el manejo de estas situaciones; o bien, al desligarse de la protección ciudadana.

A partir lo señalado, se observa cómo existen diversos factores que concurren en la desaparición de personas en América Latina e imprimen un carácter multicausal y no lineal al análisis del fenómeno; donde destacan las particularidades de cada país y territorio. Por lo cual, es pertinente analizar la universalidad desde Latinoamérica, sin perder de vista las singularidades locales.

Además, Flores (2020) plantea que, los análisis en la materia deberían considerar mediaciones de género, en el tanto, refiere que las mujeres y niñas se enfrentan con sistemas culturales patriarcales que, acrecientan los riesgos de desaparición y generan barreras para el acceso a la protección estatal y la ubicación de sus cuerpos vivos o muertos en la región. Asimismo, destaca cómo la violencia estructural se agudiza en estas poblaciones y las vulnera como cuerpos de dominación o aleccionadores para el ejercicio de poder territorial o simbólico.

Lo anterior, es apoyado por Sevilla (2013), quien indica cómo el mercado de personas para la explotación sexual comercial y el trabajo forzoso, de grupos de crimen organizado, encuentran condiciones sociales en América Latina que facilitan la producción y reproducción de la trata y tráfico de personas en el subcontinente. Lo cual, puede incrementar la desaparición humana en la región y agravarla si se considera que se vincula con el mercado del narcotráfico y el trasiego de armas.

Por lo tanto, se destaca que en la región latinoamericana existe multiplicidad de actores implicados en las desapariciones humanas, que pueden estar vinculados con el Estado, grupos de crimen organizado o sujetos individuales que han interiorizado la desaparición como ejercicio de violencia en las sociedades y los fines de las mismas pueden variar según intereses políticos, económicos o patrones culturales que median en las dinámicas latinoamericanas.

Algunos aspectos cualitativos para la discusión sobre los impactos psicosociales del fenómeno, en las dinámicas de los hogares que experimentan la desaparición de personas

En el presente apartado, se analizarán algunos impactos psicosociales que permiten acercarse a la realidad de los hogares de personas desaparecidas. Para ello, se comprenderá como impactos psicosociales, aquellos cambios experimentados por familiares de personas desaparecidas, a partir del evento de la desaparición, en ámbitos psíquicos, económicos y relacionales.

Específicamente, dentro del ámbito de lo psíquico, se considerarán aspectos rituales, emocionales, comportamentales y cognitivos; mientras que, en el ámbito económico, se tendrán en cuenta aspectos de vulnerabilidades socioeconómicas y finanzas familiares. Finalmente, en el ámbito relacional, se contemplarán las interrelaciones familiares, las relaciones comunitarias y las relaciones con el Estado, desde un plano burocrático, en torno a procesos administrativo-legales.

Ámbito psíquico

Como se indicó anteriormente, América Latina presenta prácticas socioculturales identitarias en sus diferentes regiones y sobresalen los rituales en torno al duelo, la muerte y el abordaje individual y social de la misma. Por lo tanto, en el siguiente apartado, se analizarán algunos ritos funerarios y retos simbólicos presentes ante la desaparición humana, así como su influencia sobre las emociones, comportamientos e ideas de las víctimas secundarias: sus familiares.

Torres (2006) plantea que, la muerte como un hecho natural ha interpelado a los seres humanos históricamente. Por lo cual, se han desarrollado estrategias para su afrontamiento en distintas culturas, a través de ritos funerarios que promueven la colectividad, el acompañamiento y la aceptación de la misma. Sin embargo, aclara que, según la cultura que se estudie, cambian las concepciones sobre esta y expone que, usualmente en sociedades orientales la vida y muerte se comprenden como una unidad continua; mientras que, en sociedades occidentales, se tiende a separar con mayor rigor este binomio.

Por lo tanto, es posible comprender que las prácticas socioculturales que circunscriben a la muerte, contienen una serie de códigos simbólicos particulares en cada cultura, sociedad y grupo humano. Las mismas, son el reflejo de las formas en que socializan las personas en determinado territorio y expresan sus arraigos, apegos y concepciones en torno a la vida, la muerte, la familia y la comunidad.

Particularmente, Fernández (2016) expone que, en América Latina se sincretizan diversas tradiciones, principalmente con herencias indígenas y judeocristianas, que están atravesadas por condición de clase social, espiritualidad y etnia. Dentro de las cuales, destacan los velorios, las misas funerarias o reuniones religiosas, los entierros o cremaciones de los cuerpos, los novenarios y las comunicaciones del pésame a las personas dolientes. Al respecto, manifiesta lo siguiente:

Cabe destacar que, los procesos de globalización han favorecido cambios culturales tanto en Latinoamérica como en Norteamérica, por lo cual, resulta impreciso homogenizar estas sociedades como colectivistas o individualistas; ya que, como se indicó previamente, se presentan matices según las regiones, las etnias, las clases sociales y demás variables sociodemográficas presentes. Sin embargo, tendencialmente en Latinoamérica, el luto y el duelo por muerte suelen ser eventos sociales y como tales, convocan a la convivencia, la reunión y a la socialización, como formas de afrontamiento de la pérdida de una vida humana.

Al respecto, Panizo (2010) plantea que los ritos funerarios en Latinoamérica representan un espacio para la cohesión de las familias, personas allegadas y las comunidades, que promueven un cierre simbólico con la vida de la persona fallecida y la aceptación de la muerte. Lo cual, facilita la translaboración del duelo de las personas dolientes, como una situación finita. Por lo tanto, el duelo y el luto se tornan sociales y psicológicos a la vez⁶.

No obstante, a las personas que vivencian la desaparición de un pariente en América Latina, usualmente se les priva de los rituales que permiten comprender y aceptar que una persona no va a estar más, físicamente, en sus vidas. Por lo tanto, se mantendrán en la ambivalencia que implica el desconocimiento de la existencia de su ser querido.

Al respecto, la autora (2010, 24), expone desde el contexto de las personas desaparecidas durante la dictadura argentina, lo siguiente:

A partir de lo citado, se observa la relevancia del cuerpo fallecido para el desarrollo de los ritos funerarios, procesos intersubjetivos de duelo y luto y el reconocimiento social de la muerte. Además, Panizo (2010) expone cómo la ausencia física, mantiene la esperanza de que la persona regrese al mundo de los vivos, aunque nunca se haya retirado simbólicamente al de los muertos, porque en el imaginario colectivo se mantiene como persona desaparecida.

Al respecto, Regueiro (2010), quien también estudió el contexto de la dictadura argentina, plantea que la desaparición humana impacta grupal e individualmente a las familias sobrevivientes y se experimentan cambios identitarios a partir del evento. Por lo tanto, se reconoce que la desaparición de un ser humano genera implicaciones de diversa índole a los integrantes de su grupo familiar, que no solo impactan a una generación, sino que el hecho es trasmitido a la memoria familiar y se generan procesos intersubjetivos que modifican los relacionamientos, la concepción de la vida, los eventos significativos familiares, las interrelaciones del hogar, con la comunidad y el Estado.

De forma coincidente, Linares y Álvarez (2022), en su estudio con madres sobrevivientes de desaparición humana, identificaron que, posterior al evento traumático prevalecen sentimientos de miedo, incertidumbre, depresión, angustia, irritabilidad, enojo, frustración, incomprensión y hostilidad contra las personas perpetradoras de los hechos. Además, la autora y el autor (2022, 26) expresan que, las entrevistadas refirieron experimentar pensamientos intrusivos con escenarios catastróficos, donde sus seres queridos estaban en constante peligro o sufrimiento y concluyen que las “personas confrontadas con pérdidas violentas (…) experimentan una angustia emocional más grave y síntomas de duelo prolongado y trastornos de estrés postraumático”.

Lo descrito previamente, es consistente con los planteamientos de Moscoso (2012), quien señala que, las personas sobrevivientes de desaparición, refieren “(…) confusión, miedo, desesperanza, vulnerabilidad, pérdida de confianza, dolor psíquico e ideas angustiantes en torno a la figura del desaparecido y su destino (…) síntomas clínicos que pueden interferir en la actividad y funcionamiento, así como manifestaciones somáticas”.

Por lo tanto, la desaparición de una persona se expresa en los cambios actitudinales, cognitivos y emocionales de sus parientes, de forma particularizada, según los impactos que la pérdida implicó en sus vidas y las adaptaciones que esta situación provocó en su desarrollo personal.

Lo anterior, es ejemplificado por Martínez (2023), en el contexto de una audiencia virtual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual, se busca determinar si el Estado mexicano ejecutó la desaparición de Antonio González Méndez, el día 18 de enero de 1999; posterior a que este se reuniera con personal de un grupo paramilitar en Chiapas. Su familiar, manifestó lo siguiente: “me siento enferma, preocupada, por mis hijos, cómo los voy a sostener, a alimentar. Estoy cansada, ya no quiero trabajar, me duele la cabeza, mi corazón y mi cuerpo, siento que no tengo fuerza”.

Con base en lo expresado por la persona entrevistada, se visualiza su agotamiento emocional y presión económica a la cual fue expuesta de forma involuntaria a partir de la desaparición de su pariente. Pero también, se observa cómo reaviva veinticuatro años después, pensamientos, emociones e ideas que posiblemente hayan sido recurrentes durante estos años.

Por su parte, Hernández, Quiñones y Limas (2021) refieren que, desde la clínica tradicional se ha diagnosticado y tratado de manera individualizada a las víctimas secundarias de la desaparición humana: sus familiares, a través de la Clasificación Internacional de Enfermedades, sin considerar realmente el contexto que genera sus afecciones emocionales. Por lo cual, los autores cuestionan las contradicciones que esta situación encierra, al tratarse de un fenómeno altamente social y político, que no responde a las categorías prestablecidas para abordar las laceraciones en la salud mental. Ante lo cual, plantean la necesidad de brindar abordajes críticos, donde se reconozca las responsabilidades del Estado o la sociedad civil y se brinden acompañamientos emocionales y socioeconómicos que permitan aminorar los impactos del evento traumático.

Ámbito económico

Aunado a lo anterior, la desaparición humana genera impactos económicos en las familias, las cuales, deben adaptarse al cambio para procurar su sostenibilidad financiera y material, lo cual, no necesariamente logran alcanzar, o de forma autónoma. En torno a lo anterior, Romero y Cuellar (2022) exponen cómo los hogares de personas desaparecidas atraviesan cambios repentinos en los proyectos de vida de sus integrantes, quienes usualmente experimentan la reasignación de roles familiares que cumplía la persona desaparecida, por ejemplo, el rol proveedor para la satisfacción de necesidades del hogar.

Esto, implica para algunas personas, truncar sus aspiraciones de estudio o proyectos personales a futuro, con el fin de solventar necesidades inmediatas del grupo familiar. Al respecto, Robledo y Querales (2020, 3) analizan los vínculos de la desaparición humana con las vulnerabilidades socioeconómicas de las familias y destacan lo siguiente:

Lo anterior, resulta central en el análisis y abordaje de estas familias, en el tanto, previamente pertenecían a una clase social, usualmente con condiciones socioeconómicas vulneradas, que suelen resultar agudizadas con la desaparición de sus parientes. Por lo tanto, las personas víctimas secundarias no solo experimentan el duelo de la desaparición de su familiar, sino que, incrementan sus preocupaciones en cuanto a sus propias condiciones materiales de existencia como lo son la sostenibilidad financiera del hogar, el pago de deudas o gastos por honorarios de profesiones jurídicos o de salud mental, el acceso a bienes de consumo para sus grupos familiares, entre otras situaciones emergentes.

Lo anterior, fricciona las interrelaciones del hogar ante la reducción de recursos económicos y el agotamiento emocional propio de la desaparición. Adicionalmente, las familias se enfrentan con políticas sociales restrictivas que dificultan el acceso a la asistencia estatal en Latinoamérica, como medio para suplir la satisfacción de necesidades básicas.

Ámbito relacional

Según lo indicado anteriormente, a partir del evento de la desaparición humana, se modifican roles, tareas y actividades en los integrantes del grupo familiar, en torno al cuido de personas, la generación de recursos económicos, la toma de decisiones, el acceso y permanencia en la educación formal de las personas del hogar, las condiciones de empleabilidad, las nuevas reglas de convivencia, los seguimientos judiciales y el resto de reconfiguraciones en cuanto a las interacciones familiares.

Por lo tanto, es posible problematizar cómo la desaparición de un ser humano implica, además de los impactos emocionales para cada integrante de la familia; cambios en torno a la organización de la misma, en función de continuar con sus actividades diarias y las nuevas tareas del escenario modificado.

Cabe resaltar que, la persona desaparecida desempeñaba distintos roles dentro de su grupo familiar, por lo cual, no es el mismo impacto que experimenta un hijo adolescente, una esposa adulta mayor o una hija durante su primera infancia, ante la ausencia del integrante desaparecido. En este proceso, median aspectos variados como: el tipo de relación que cada integrante mantenía con la persona ausente, la etapa del desarrollo de ambas personas, los proyectos compartidos a futuro, las historias vividas, el manejo de las emociones que realiza el resto integrantes del hogar o los conflictos no resueltos con anterioridad.

Aunado a las complejidades internas de la convivencia familiar posterior a la desaparición, las personas sobrevivientes se enfrentan al establecimiento de relaciones comunitarias y con el Estado, que incorporan tensiones adicionales. En primer lugar, las familias sobrevivientes de desaparición, se enfrentan a la burocracia estatal de sus respectivos países, donde deben consignar el estatus jurídico de la persona desaparecida, en medio de sus procesos de crisis y de duelo, para acceder a la administración de la justicia, la seguridad y asistencia social.

Por lo tanto, el reconocimiento del estatus jurídico de las personas desaparecidas, por parte de sus familias y el Estado es un proceso complejo que incrementa el desgaste emocional de las personas sobrevivientes al evento traumático. Al respecto, Moscoso (2012) refiere que las familias quedan supeditadas a elementos externos cuando buscan definir la condición jurídica de la persona desaparecida.

Por un lado, si aceptan que la persona ha muerto, a pesar de que oficialmente el Estado no lo reconozca, es como si se responsabilizaran de ese deceso; mientras que, si se aferran a la esperanza de encontrar a la persona desaparecida, deberán afrontar la frustración de una búsqueda infructífera durante su cotidianidad, durante años. Lo cual, genera desgastes en cuanto a la salud física, mental y los vínculos sociales que establecen entre sí, con su entorno comunitario y el Estado.

Las personas víctimas secundarias de la desaparición, suelen suspenden sus actividades cotidianas para adentrarse en procesos jurídicos extensos de búsqueda de su pariente o de explicaciones sobre la posible muerte y la condena del ente victimario. Esto, sin que necesariamente las familias cuenten con condiciones jurídicas, psicológicas, económicas y relacionales para afrontar tales procesos en los momentos que suceden; a la vez que se generan marcas en la historia familiar e individual de las personas integrantes del hogar.

Además, los procesos judiciales confrontan a las personas sobrevivientes ante un Estado contradictorio que, no logró proteger a su pariente de la desaparición y del cual dependen para procesos relativos a la judicialización de las investigaciones, la atención de su salud mental -en caso de que existan abordajes de la misma-, o el acceso a recursos que permitan su reproducción social, en situaciones donde la persona desaparecida era proveedora del hogar.

A partir de lo anterior, la Fundación desarrollo y paz de Colombia (2021) alerta que, usualmente las familias se vinculan con instituciones gubernamentales u organizaciones civiles para apoyar sus procesos de búsqueda, con escazas posibilidades reales de lograr resultados favorables. Lo cual, desgasta las relaciones familiares y comunitarias, a la vez que se desestructuran vínculos afectivos, principalmente con la persona del hogar que se responsabiliza generalmente de lo sucedido y es quien recibe impactos emocionales mayores.

Ante este escenario, la organización (2021) recomienda propiciar espacios de acompañamiento y apoyo para las personas que experimentan los hechos, así como “construir acciones de memoria y estrategias de afrontamiento teniendo en cuenta que en algunas ocasiones estigmatizan o excluyen a las familias de las personas desaparecidas”. En este sentido, el apoyo profesional para el acompañamiento de las personas que afrontan esta situación, resulta fundamental, ya que, facilita la circulación de información, gestión de recursos públicos o privados y permite brindar soporte emocional al grupo, para la sobrellevar las interrelaciones familiares posteriores a la desaparición.

Finalmente, algunas personas encuentran en el activismo o la incidencia política con grupos de personas que también han enfrentado la desaparición de sus seres queridos, redes de apoyo para sostenerse en sus propios procesos. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia (2016), el país suramericano cuenta con experiencias de este tipo, que han logrado modificaciones legislativas y cambios administrativos en torno a la atención institucional y social de las personas sobrevivientes.

Este tipo de acciones colectivas, les permite a las familias sentir la empatía de otras personas que afrontan situaciones similares y comparten exigencias al Estado y a la sociedad. Con lo cual, se externaliza del ámbito doméstico la desaparición y se coloca en el espacio de lo público, donde el Estado, sociedad civil y familias puedan articular esfuerzos que permitan apoyar la búsqueda de personas desaparecidas y reivindicar derechos para sus familiares.

Conclusiones

El contexto latinoamericano particulariza la desaparición de personas en la región, de acuerdo con las determinaciones sociales que circunscriben al territorio. Por lo tanto, no es preciso homologar este fenómeno en la región, con sus manifestaciones en otras latitudes, donde los contextos sociales son distintos e imprimen sus propias mediaciones.

El escenario de ocurrencia de la desaparición de personas en América Latina es altamente complejo debido a las condiciones políticas, económicas, históricas y culturales del territorio. Lo cual, dificulta definir a las organizaciones a favor de los derechos humanos, cuándo una desaparición se considera forzosa o no, de acuerdo con los instrumentos de derecho internacional, principalmente cuando media la desaparición de mujeres y niñas al margen de la acción estatal. Por lo tanto, se identifica un área de investigación temática desde enfoques de género en la materia.

A pesar de que, en el documento se expone a América Latina como una universalidad, la historia política de cada país genera elementos singulares que particularizan los análisis en torno a la desaparición de personas. Por lo cual, no es casual que se identifique mayor cantidad de información e investigaciones sobre desaparición de personas en Argentina, México y Colombia, que en el resto de países latinoamericanos; debido a los procesos dictatoriales, de crimen organizado o guerrillas, que han generado condiciones específicas para cada país.

En contextos de desaparición forzada donde los Estados nacionales se encuentran involucrados en la ocurrencia de los hechos, las cifras sobre este fenómeno no son confiables, o no captan la totalidad de las situaciones acontecidas. En el tanto, median aspectos políticos que obnubilan la veracidad, registro y procesamiento de datos estadísticos para captar el fenómeno.

Los ritos funerarios en América Latina, como elementos para la vivencia del luto y el manejo del duelo, suelen presentar características comunitarias o colectivas que asumen tradiciones específicas en cada localidad del territorio. Sin embargo, es coincidente que estos rituales facilitan a las personas dolientes la aceptación de la muerte de sus parientes y marcar la finitud de la vida de sus seres queridos. Sin embargo, cognitivamente estos procesos no pueden ser vividos del mismo modo por las familias sobrevivientes de desaparición de sus integrantes, lo cual genera estados de ambigüedad entre la vida y la muerte, que provocan desgaste emocional a sus integrantes.

Los procesos burocráticos relativos a la determinación del status legal de la persona desaparecida, confrontan a las familias con el Estado y las condiciones jurídico-administrativas que este imponga en los procesos de judicialización, asistencia y seguridad social; pero también con procesos intersubjetivos en los cuales, las personas sobrevivientes deben debatir si reconocen que la persona desaparecida posiblemente esté muerta o bien, se mantienen en la búsqueda interminable de esta. Lo cual, resulta complejo porque cada decisión trae consigo pensamientos y sentimientos recriminatorios.

Las investigaciones e intervenciones en el tema son coincidentes en que, las personas sobrevivientes de la desaparición de sus parientes tienden a presentar, entre otros, sentimientos de irritabilidad, desesperanza-esperanza y temor, acompañados por pensamientos intrusivos sobre escenarios catastróficos en los cuales, sus seres amados son violentados o intimidados, durante años. Lo cual, contribuye con el deterioro de la salud mental de sus familiares, quienes pueden desarrollar manifestaciones psicosomáticas y suspender la realización de actividades funcionales a las que estaban acostumbradas previo a la situación traumática y puede llegar a generar inhabilitación permanente de las personas por trastornos emocionales y psiquiátricos.

Además de las afectaciones emocionales, la desaparición de personas incide en los proyectos de vida de sus familiares, quienes deben modificar sus planes a futuro y suspender sus aspiraciones personales para atender temas relativos a procesos judiciales-administrativos, brindar soporte emocional o económico a su grupo familiar. Lo cual, para algunas personas representa truncar sus expectativas y sueños individuales, a la vez, que sacrifican sus posibilidades de mejorar sus condiciones materiales de existencia.

El apoyo de profesionales con sensibilidad, empatía y conocimiento sobre la desaparición de personas, puede favorecer a las familias en la obtención de información respetuosa de su situación, acceder a recursos para la satisfacción de las necesidades humanas que hayan sido afectadas durante y posterior al evento traumático, y habilitar espacios para la gestión de las emociones, pensamientos y conductas que favorezcan la salud mental y física de las personas sobrevivientes.

En contextos nacionales donde la desaparición de personas es usual, existen agrupaciones civiles que se han organizado para brindar acompañamiento a otras personas que afrontan situaciones similares, desde la horizontalidad que implica el reconocimiento del sufrimiento ajeno y realizan incidencia política para acceder a la administración de la justicia y atenciones estatales. Sin embargo, no es una práctica extendida por toda Latinoamérica aunque estas iniciativas pueden coadyuvar a las personas a reorientar sus búsquedas o definir nuevos objetivos frente a la ausencia de la persona desaparecida.

Bibliografía

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