Introducción

El presente artículo señala la importancia de brindar herramientas fundamentales a las personas menores de edad para que se sientan seguras de participar y expresar su opinión en cualquier situación que se presente dentro de su entorno directo o indirecto, para contribuir a la consolidación de sociedades más democráticas que busquen soluciones sobre la base del diálogo y al respeto de las posturas, opiniones o ideologías que difieren a las del resto de la población.

El respeto a la participación de las personas menores de edad debe ser un valor primordial para convivir en una comunidad pacífica, por lo cual el Estado tiene una gran responsabilidad y un gran compromiso con la ciudadanía, ya que debe impulsar, en el proceso de formación de los niños y niñas del país, la necesidad de opinar, participar y debatir en diversos temas.

Sobre las razones por las cuales los Estados deben promover la participación infantil y adolescente, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente (INN) señalan que:

El ejercicio constante de la participación de las personas menores de edad es la mejor forma de reconocerles como personas sujetas de derechos, convirtiéndoles en agentes activos en la promoción y exigencia de sus derechos, de los cuales no se les puede discriminar por razón de edad, sino por el contrario, son merecedoras por su condición de ser humano.

Como derecho humano, la participación es uno que el hombre y la mujer tienen y que ejercen en su ámbito social y político; al igual que las personas adultas, las personas menores de edad tienen derecho a expresar su opinión y a participar en diversas esferas de su contexto familiar, escolar y comunal.

Sobre el derecho a la participación, la OEA y el INN indican que:

El reconocimiento de los derechos humanos de las personas menores de edad es un aspecto fundamental para su participación efectiva en cualquier ámbito y, como titulares de esos derechos, deben aprender a ejercer procesos de participación infantil basados en la confiabilidad y respeto.

Para ello, es necesario contemplar diferentes maneras de promover dicha participación, tanto en función de la edad, como en la confianza y la experiencia de cada niño, niña y adolescente para manifestar su opinión e influir en los procesos de toma de decisiones. De ahí la importancia de abordar la participación infantil como un proceso de inclusión progresiva, como lo cita la OEA y el INN: «entendemos a la participación como un proceso de aprendizaje, que debe promoverse desde las instituciones básicas de inclusión de niños, niñas y adolescentes, como son la familia, la escuela y la comunidad. Participar es todo lo que los niños hacen cotidianamente»³.

Sin embargo, no se puede dejar de lado la contraparte de esta situación, la cual comprende la voluntad de las personas adultas de escuchar y comprender las opiniones expresadas por las personas menores de edad, ya que según sea este abordaje, puede invisibilizar o reforzar la participación, opinión y decisiones del niño, niña y adolescente.

Por lo tanto, la toma de decisiones y la participación en los diferentes contextos de las personas menores de edad, requiere del interés y la atención de quienes viven y trabajan con esta población, con el objetivo de capacitarles y motivarles a participar libremente, cada vez en mayor medida y con las habilidades necesarias para luchar por una democracia igual para todas las personas.

Niño, niña y adolescente

Para iniciar con el abordaje del tema planteado, es oportuno definir el término que hace referencia al niño, niña y adolescente para así tener un panorama sobre cómo se identifica esta población ante la sociedad.

En la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989⁴, se cita una definición de la infancia basada en los derechos humanos. Este tratado internacional de derechos humanos es un instrumento que reúne una serie de normas universales relativas a la niñez, considerando los derechos de estos como un cumplimiento obligatorio.

Por lo tanto, la CDN, en su artículo 1, señala que: «Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad»⁵.

Para ampliar este concepto, también se contempla el Código de la Niñez y la Adolescencia⁶, el cual presenta el marco jurídico para la protección integral de los derechos de las personas menores de edad en Costa Rica; en su artículo 2, menciona además el concepto de niño o niña, así como el de adolescencia: «se considerará niño o niña a toda persona desde su concepción hasta los doce años de edad cumplidos, y adolescente a toda persona mayor de doce años y menor de dieciocho. Ante la duda, prevalecerá la condición de adolescente frente a la de adulto y la de niño frente a la de adolescente»⁷.

Puede decirse que la infancia debe ser la oportunidad y el espacio que tienen los niños y niñas de sentirse seguros, felices, amados y plenos en la familia, la escuela y la comunidad; al crecer bajo este contexto social, serán personas seguras de sí mismas y, al sentirse parte de la sociedad en la que viven, serán capaces de opinar y defender sus puntos de vista o creencias. Esta es una responsabilidad que tienen las personas adultas con esta población menor de edad; valdría la pena hacerse la interrogante de cuáles han sido los resultados de ese trabajo realizado hasta este momento.

Por otro lado, respecto al concepto de adolescente, el Estado Mundial de la Infancia de 2011⁸ plantea que definir el concepto de adolescencia se puede volver complejo debido a distintas razones:

La transición de la infancia a la adolescencia indiscutiblemente es una etapa de vulnerabilidad, pero también puede ser una época llena de oportunidades para los niños y las niñas, aunque requiere del compromiso de las personas adultas para construir en ellos y ellas una adecuada formación integral durante la primera etapa de sus vidas, la cual les permita enfrentar con éxito esas vulnerabilidades y oportunidades, con el alcance de todo su potencial.

Por ello, la adolescencia puede entenderse como el resultado de un proceso social, el cual puede repercutir de diversas maneras en la formación de cada individuo, ya sea de forma positiva o negativa, como cualquiera de las etapas del desarrollo, según haya sido la experiencia durante ese proceso, ya que es un periodo clave porque ahí se establece el encuentro y la interacción con sí mismo y con la sociedad.

Concepto de participación y participación infantil

Luego de valorar el concepto de niño, niña y adolescente, y cómo se visualiza esta población en la sociedad, también es importante entender la participación infantil como un proceso que promueve la construcción y el aprendizaje de las personas menores de edad, contribuyendo al desarrollo de sociedades más participativas, equitativas y democráticas.

En el Informe Anual de la UNICEF de 2019 (Para cada niño, reimaginemos un mundo mejor¹⁰) hace referencia al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se consagra la participación como un derecho humano fundamental y se refiere al concepto de la siguiente manera: «participar significa que la persona está informada, interviene y es escuchada en lo que se refiere a las decisiones y cuestiones que le conciernen, tanto en la esfera privada como en la pública»¹¹.

Asimismo, el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes, organismo especializado de la OEA, en una de sus publicaciones sobre la participación de las personas menores de edad en las Américas, menciona que: «La participación es algo inherente al ser humano como animal social y cultural, pese a lo cual, la Humanidad tardó muchos siglos en reconocerla como un derecho de todos sin exclusión alguna»¹².

Asimismo, en el documento se destaca la importancia de la participación, al visualizarla como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal:

Con base en lo anterior, resulta necesario dedicar tiempo al intercambio de ideas, la generación de conocimiento y trabajar en crear conciencia grupal; participar activamente en la construcción de una sociedad verdaderamente democrática demanda tiempo, responsabilidad y coordinación entre todas las partes involucradas en el proceso.

En términos generales, se puede mencionar que la participación permite a las personas estar involucradas en sus diferentes contextos (personal, social y comunal), sentirse parte de un proceso, ya sea donde se comparta las mismas ideas o no, pero que reconoce las opiniones de cada quien y le permite expresar lo que siente por medio de la escucha, el respeto y la comunicación. Siendo así, es importante detallar lo que implica la participación de las personas menores de edad y cómo esta se visualiza por parte de las diferentes instancias internacionales.

Como se ha mencionado a lo largo de este ensayo, la participación de las personas menores de edad es un derecho y se contempla como uno de los cuatro principios fundamentales de laConvención sobre los Derechos del Niño ¹⁴, junto con los de no discriminación, interés superior del niño y el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo.

La UNICEF señala que la participación infantil

Con base en la terminología anterior, es necesario plantearse la pregunta ¿Cómo ayudar a que las personas menores de edad sean protagonistas en la defensa del derecho a participar en aquello que les concierne? Es urgente realizar una introspección crítica y reflexiva del rol como sociedad con respecto al ejercicio y promoción sobre la participación infantil que permita identificar si existe incidencia de dicha participación en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve esta población, tal vez esto ayude a una puesta en práctica más real y oportuna. Ya que en el IX Informe del Estado de los Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica 2019, se observa un panorama limitado sobre dicha participación:

Por lo tanto, la participación es necesaria en todos los ámbitos de la vida familiar, social, política y religiosa, entre otros, y, como seres humanos sujetos de derechos, las personas menores de edad también necesitan participar en estos espacios, donde puedan desarrollar conocimientos y criterios propios.

Pero, no deben olvidarse aspectos importantes relacionados con la participación de las personas menores de edad para que esta sea auténtica y razonable, ante lo cual no se les debe presionar, reprimir ni influenciar con opiniones adultas, recordando que la capacidad del niño, niña y adolescente para tomar decisiones se desarrolla con el tiempo, lo que significa que deben tener un contexto propicio para que puedan expresar sus puntos de vista con total libertad.

Para ello se debe propiciar un desarrollo integral en los diferentes ámbitos de interacción y con una opinión informada por parte de las personas menores de edad, ya que para opinar se requiere de confianza, conocimiento y experiencia, lo cual se genera de manera gradual y facilita que dicha participación sea genuina.

Legislación en torno a la participación como derecho de las personas menores de edad

Para continuar con el tema planteado en este ensayo, es necesario conocer los instrumentos jurídicos existentes en el nivel nacional e internacional sobre el derecho a la participación y la participación de las personas menores de edad, así como el insumo legal para velar por su cumplimiento y ejecución.

El derecho a la participación está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 19 se cita: «Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión» (sic.)¹⁷.

Así mismo, la participación infantil es un derecho y uno de los cuatro principios fundamentales de la Convención sobre los derechos del Niño, la cual está conformada por 54 artículos donde reconoce que todas las personas menores de edad son individuos con derecho al desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones. En su artículo 12 señala que: «los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño»¹⁸.

Con respecto a la normativa legal en materia de niñez y adolescencia en Costa Rica, esta hace un llamado a la labor del gobierno, de las organizaciones internacionales, de las comunidades y empresas para que dirijan sus acciones al cumplimiento de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, estableciendo responsabilidades y competencias de todos los sectores involucrados.

Siendo así, el Código de la Niñez y la Adolescencia de 1998 y la Política Pública en Niñez y Adolescencia 2009-2021 favorecen la participación social e interinstitucional como uno de sus principios fundamentales, a partir de la coordinación y articulación de programas y proyectos con otros sectores relevantes en la sociedad, para impulsar la conformación de entornos protectores para la niñez y adolescencia.

Por lo tanto, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) adquiere especial relevancia como institución líder en materia de niñez y adolescencia, cumpliendo con unos de sus fines y atribuciones estipulados en el artículo 3, inciso h de su Ley Orgánica, donde destaca el siguiente:

En este apartado, se considera importante mencionar la Política Nacional para la Niñez y Adolescencia Costa Rica (2009-2021)²⁰, la cual se establece como marco político de largo plazo, que procura, por medio del Estado costarricense, la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas menores de edad.

Al hablar de los derechos de las personas menores de edad relacionados con la participación, esta política señala:

Asimismo, la Política Nacional para la Niñez y Adolescencia Costa Rica (2009-2021) establece políticas específicas que se han elaborado en los últimos diez años por grupo etario y que han servido como herramienta para la garantía de derechos de las personas menores de edad; en el capítulo V de Ejes y lineamientos estratégicos, hace referencia a la promoción y garantía de la participación de la niñez y la adolescencia como sujetos activos de derechos:

Con base en la legislación mencionada, la sociedad, la familia y el Estado costarricense se encuentran en la obligación de velar porque las personas menores de edad puedan expresar su opinión, pero no solo que puedan expresarse, sino garantizar que serán escuchados y tomados en cuenta en todos los aspectos que se relacionen con su entorno personal, familiar y comunal, convirtiéndose en una tarea conjunta para contribuir al desarrollo de una sociedad más democrática y participativa, ¿Como sociedad se está cumpliendo esta legislación? Es importante hacer una pausa y deternerse a realizar una introspección de la función, aporte y pendientes con la población menor de edad del país en temas de respeto y construcción de sus derechos primordiales.

Costa Rica, al formar parte de la Convención de los Derechos del Niño, tiene responsabilidades con la niñez y adolescencia que no puede delegar en relación con la garantía de los derechos de las personas menores de edad. Sin embargo, los compromisos del país con respecto a la protección y garantía de los derechos humanos de las personas menores de edad no han obtenido los alcances esperados según el IX Informe del Estado de los Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica 2019, el cual en sus conclusiones destaca:

El país tiene como tarea indispensable el promover la inversión social en niñez y adolescencia para implementar políticas universales que promuevan el cumplimiento y goce efectivo de los derechos de esta población, en la misma medida en que los disfrutan los demás miembros de la sociedad.

Personas menores de edad como sujetos de derechos

Partiendo de la legislación citada anteriormente y de la responsabilidad que existe para generar espacios y oportunidades en los cuales las personas menores de edad puedan ejercer sus derechos como tales. En la Política Nacional para la Niñez y Adolescencia Costa Rica (2009-2021), las personas menores de edad son reconocidas como sujetos sociales de derechos y como parte de las aspiraciones, enfoques y principios de esta política se observa que

Sin embargo, es importante mencionar y entender que la participación de las personas menores de edad se enmarca en sus capacidades cognitivas asociadas a la edad en que se encuentren y en su condición de desarrollo, ya que las personas menores de edad van adquiriendo la capacidad de participar y ejercer sus derechos de manera progresiva. Así como garantes de derechos, son responsables de ellos y esta participación queda sujeta a lo que establece toda la normativa enmarcada en este contexto.

Esta política señala la importancia de establecer mecanismos para que esta población ejerza el derecho de opinar y participar en la toma de decisiones, fortaleciendo así el proceso de aprendizaje y la formación para la vida en democracia:

Por lo tanto, el cumplimiento y garantía del derecho a la participación de los niñas, niñas y adolescentes, debe estar vinculado a su reconocimiento como sujetos de este derecho, verlo como un ejercicio democrático de toda persona ciudadana.

Importancia y respeto del desarrollo a la participación de las personas menores de edad

Como se ha mencionado, el derecho a la participación está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, además la participación de las personas menores de edad está específicamente prevista en la Convención sobre los Derechos del Niño.

En el barómetro de Infancia y Adolescencia de 2019, se hace mención al avance que muestra la sociedad hacia las necesidades de la niñez; sin embargo, evidencia que aún falta reconocerles sus capacidades y su papel como ciudadanos y ciudadanas.

Por mucho tiempo, este derecho les fue limitado, pero luego de su reconocimiento como sujetos de derechos en estos instrumentos internacionales, no se les puede discriminar por razones de edad, por el contrario, hay que entenderles como personas con igualdad de derechos. La legislación correspondiente a los derechos de las personas menores de edad cambió el panorama, al visualizarles como personas que también se expresan y presentan opiniones válidas, las cuales deben ser escuchadas y consideradas para la toma de decisiones a nivel país.

Sin embargo, el ejercicio de los derechos de las personas menores de edad requiere una gran transformación de las sociedades: reconocer que esos derechos, y su legislación, son reales e indispensables para su desarrollo óptimo y que debe ser potencializado en las relaciones que se establecen en el diario vivir con esta población.

Es así como el organismo especializado de la OEA en materia de niñez y adolescencia, el Instituto Interamericano del niño, niña y adolescente, establece: «El fundamento del derecho de los NNA a la participación son sus derechos a ser oídos y a que sus opiniones se tengan debidamente en cuenta en los procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas»²⁷.

La importancia de la participación se ha convertido en un derecho esencial de la persona y, como seres humanos, este derecho también es intrínseco a todas las personas menores de edad.

El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes señala los beneficios de la participación tanto para niños, niñas y adolescentes, así como para las sociedades:

Con este tipo de participación, entendida como un derecho y una obligación, las sociedades obtendrían un beneficio, ya que, desde pequeñas, las personas menores de edad estarían inmersas en todo tipo de conocimientos, los cuales les generan competencias para participar como adultos responsables en el futuro, para la toma de decisiones responsables que beneficien la vida propia y la vida de las demás personas.

Con respecto a la importancia de la participación de las personas menores de edad, en el IX Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad de Costa Rica (UCR), se establece lo siguiente:

La participación de los NNA como ciudadanos en la esfera política, no solo constituye un espacio para el aprendizaje, sino que posibilita una acción afirmativa desde el proceso de participación democrática para la incorporación de los NNA en tanto ciudadanos… La participación de los NNA en la toma de decisiones sobre sí mismos, tanto a nivel del hogar, como en los centros educativos y en la comunidad, es algo que no se debería desatender. Sin embargo, se espera que los NNA tengan «madurez» para defender sus propios intereses. Esa tal «madurez» no es algo que esté garantizado en una persona adulta, simplemente es una apelación a la descalificación de los NNA, por su juventud, por el poder que ejercen los adultos en una cultura adulto céntrica.²⁹

Con esto se enfatiza una vez más, que las personas menores de edad son sujetos de derecho, que a pesar de estar inmersas en una sociedad adulto céntrica, tienen un rol importante en todos los temas que de una u otra forma les afecten. Es así como la sociedad en general, tiene el deber de incorporar la voz de las personas menores de edad, con el objetivo de tomar mejores decisiones, más aún si se trata de las que respalden o protejan sus derechos.

Lo anterior, conlleva también el respeto a las opiniones de las personas menores de edad, tomarlas en cuenta con receptividad, respeto y seriedad, otorgándoles la importancia que merecen. Tal como lo señala la UNICEF, haciendo referencia a lo que implica el respeto: «es la valoración que hacemos de los demás, la consideración que les prestamos y nuestra visión de su dignidad. No puede existir participación real sin respeto hacia otras personas, hacia nosotros mismos y hacia el propio proceso participativo»³⁰.

El ejercicio del derecho a la participación de las personas menores de edad, sin duda alguna, involucra también la intervención de los adultos, quienes son los responsables de formar a niños, niñas y adolescentes y construir un pensamiento crítico que los impulse a la búsqueda del conocimiento y consolidación de seres humamos capaces de razonar y cuestionar por medio de su derecho a la participación.

Son necesarios programas de capacitación y movilización para impulsar un cambio de actitud en las personas adultas, quienes deben reaprender, escuchar y comprender los puntos de vista de las personas menores de edad, entendiendo que la participación es un derecho y no un deber, por lo que deben tener la opción y la libertad de participar si así lo desean; nunca debe ser obligadas o manipuladas a expresar sus puntos de vista, sino que deben ser motivadas e impulsadas con responsabilidad.

Sin embargo, no es un proceso fácil, expedito ni ha sido concientizado en la sociedad, la puesta en práctica de esta participación infantil, bien lo señala el IX Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la UCR:

Por lo tanto, es necesario implementar estrategias para poner en práctica el derecho a participar, ejecutándolo desde los diferentes ámbitos de la vida cotidiana para que adquiera valor y sentido; ya que este derecho se puede fortalecer y se puede transformar al momento de abrirles la oportunidad a todos por igual de ejercerla, la participación es una herramienta imprescindible para desarrollar criticidad, empoderamiento y conocimiento en la población.

La práctica constante del derecho a la participación transforma la vida de las personas menores de edad en la sociedad, ya que se convierten en seres humanos activos en la toma de decisiones de sus propios intereses, necesidades y aspiraciones de acorde a su edad.

La participación permite preparar a las personas menores de edad para una vida responsable en una sociedad libre, donde además de tener libertad de expresión, tengan libertad de pensamiento, así como libertad para buscar, recibir y emitir información; para ello, la familia, la escuela y la comunidad deben ser los espacios de referencia primordiales para este proceso de formación, así, que por medio de la participación, aprendan, experimenten y reproduzcan el conocimiento adquirido, permitiéndoles expresar sus ideas de manera orgánica y con sentido democrático.

Para ello, los procesos de construcción de las políticas tienen que modificarse y profundizarse, involucrando a todo tipo de organizaciones e instituciones. Estos procesos permiten ampliar el panorama actual y educar a la ciudadanía en la comprensión del sistema de protección integral de las personas menores de edad, por cuanto el cumplimiento y la satisfacción de los derechos de niñas, niños y adolescentes son responsabilidad de todas las instituciones públicas, de la sociedad civil y la cooperación internacional; responsabilidad que se debe desempeñar en manera articulada. Lo que conlleva a que la ejecución de estos derechos, concretamente, es una tarea de todas las personas.

Ámbitos de participación de las personas menores de edad según el contexto actual

Al igual que es importante reconocer el derecho de todas las personas menores de edad a ser escuchadas y tomadas en cuenta, también es importante conocer cuáles son los ámbitos en los que se les permite y pueden desenvolverse.

Existen diversos espacios donde niños, niñas y adolescentes pueden participar; dentro de los centros educativos costarricenses se reflejan distintas formas de participación tales como las elecciones estudiantiles, gobiernos estudiantiles; o bien, en comités cantonales de deportes y en consejos participativos, así como en espacios culturales y recreativos, entre otros.

En el ámbito familiar, se debe reconocer a niños, niñas y adolescentes como seres valiosos y con igual valor que todos sus miembros, se debe estimular para que opinen en todas las decisiones que les conciernen. Es importante enseñarles que hacer preguntas y aclaraciones de diferentes situaciones, es un aporte y que haciendo esto, aprenden; y que preguntar no molesta a las personas adultas, es necesario instruirles en esta práctica si se quiere formar personas que plantean el diálogo como forma de resolver conflictos.

En estos valiosos espacios de participación se está formando a una persona capaz de opinar, de expresar qué siente y de elegir según sus gustos y necesidades; es a partir del núcleo familiar donde la persona menor de edad obtiene seguridad en sí misma, al participar en la toma de decisiones pequeñas o simples, pero que más adelante le llevarán a sentirse plena en todos los ámbitos de la vida, ya que se le tomó en cuenta su parecer, gustos y prioridades.

Por otro lado, referente a la participación comunal, en el VII Estado de los derechos de la Niñez y Adolescencia, como parte de las recomendaciones planteadas, se destaca la siguiente:

El PANI promueve la conformación de los Subsistemas locales de Protección Integral desde el 2009, en el que participa una persona menor de edad mayor de 12 años, como estrategia para articular a niños, niñas y adolescentes como actores sociales; este, «constituye el espacio de participación política más importante en el país, se inició con un plan piloto que inició en 14 cantones y comunidades del país»³³: esto, según se observa en el IX Estado de los derechos de la niñez y adolescencia en Costa Rica.

Por su parte, el Informe Anual de la UNICEF indica que cuatro millones de adolescentes forman parte de iniciativas de implicación cívica respaldadas por UNICEF provenientes de diferentes países del mundo y de diferentes condiciones sociales:

A continuación, se da una breve reseña de los espacios en los que las personas de edad se encuentran activas, lugares donde se pueden sentir plenos y seguros para participar y ejercer su derecho.

Según la UNICEF, en el artículo Niños y niñas ponen primera piedra del Consejo Estatal de Participación³⁵, hace referencia sobre la creación del Consejo Estatal de Participación Infantil y Adolescente en España, el cual es un espacio donde niños y niñas puedan ser consultados y participar en temas de política estatal y que ha sidorecomendado por el Comité sobre los Derechos del Niño.

Para González-Bueno, director de Derechos de Infancia y Adolescencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dicha creación es urgente: «Hubiese sido muy importante contar con uno durante esta crisis, se tiene que contar necesariamente con las voces de la infancia y adolescencia».³⁶

Sin embargo, hablar de participación de niños y niñas en el contexto actual, producto de la pandemia, puede generar ciertas dudas, pero desde la UNICEF España están comprometidos con dicha participación y señalan que debe de continuar, por lo que siguen impulsando los procesos de participación infantil y adolescente, como se observa a continuación:

Con respecto a la participación digital, como producto de la pandemia, la UNICEF España indica que «se mantiene participando en los grupos y/o consejos de participación a pesar del confinamiento, considerando la importancia y beneficios que esto trae a los niños, niñas y adolescentes, indicando que se debe seguir impulsando bajo cualquier circunstancia»³⁸.

A pesar del confinamiento, grupos de participación han seguido trabajando, estableciendo diferentes pautas, tal y como se indica a continuación:

En estos casos, es importante la motivación en las personas menores de edad, se requiere un compromiso real para incentivarles a participar y que sientan que su opinión sí es tomada en cuenta. Estos espacios cumplen la función de que las personas menores de edad vean que su voz es importante y les impulsa a seguir aportando ideas.

Ya que la pandemia no les permite reunirse en persona, las personas menores de edad están dispuestas a sobrellevar los obstáculos que presenta la cuarentena debido a la crisis sanitaria, así lo hace ver UNICEF:

Seguir reuniéndose desde sus casassupone para ellos un reto, una búsqueda de nuevas estrategias y un continuo aprendizaje. El 28 de abril, chicos y chicas de cuatro grupos actualmente activos pusieron en común dicho aprendizaje en un encuentroonlineen el que hablaron de cómo se están reuniendo, qué estrategias usan para facilitar la participación, qué iniciativas están llevando a cabo desde sus casas y a qué problemas se están enfrentando.⁴⁰

Según las experiencias de algunos de las personas adolescentes participantes de estos grupos, narran cómo ha sido el proceso en etapa de confinamiento y a qué se han enfrentado, tal es el caso de Yaiza de 14 años: «Somos un grupo bastante motivado, nos gusta lo que hacemos, nos organizamos muy bien porque si dos personas se dedican a un proyecto, ellas dos tratan del proyecto fuera de las reuniones»⁴¹.

Es claro que esta nueva modalidad virtual y el cambio drástico de reuniones, viene acompañado de algunos problemas, a los cuales hay que buscarles solución. Para Arnau de 18 años, quien se muestra positivo, indica: «Para nosotros ha sido un reto hacer todo esto vía online, pero como somos jóvenes, la generación de las nuevas tecnologías, yo creo que se ha hecho bastante bien. Hemos tenido pocos retos serios por suerte»⁴².

Sin embargo, Arnau menciona que:

Producto de la crisis sanitaria causada por la COVID-19, las personas menores de edad se encuentran en sus casas, por cuanto la mayoría de centros educativos han cerrado sus puertas a la presencialidad, apostando por un modelo de aprendizaje virtual, pero se debe garantizar el cumplimiento de todos los derechos de esta población. Entre ellos, el de la participación, donde la escuela y colegio son uno de los espacios donde estas personas encuentran oportunidades de participación y aunque muchas de las actividades que se realizaban diariamente, se han tenido que posponer o disminuir, procurando velar por el bienestar de la población, también, los espacios de reuniones virtuales se han incrementado y se han vuelto cruciales para mantener contacto entre familia y amigos, pero también para mantener vivo el trabajo y rutina de los espacios de participación.

Como observa la UNICEF, «esta situación puede ser difícil, pero para niños, niñas y adolescentes es también un aprendizaje»⁴⁴. Porque el grupo asesor de la UNICEF establece algunas recomendaciones para la dinamización de las reuniones virtuales, las cuales destacan:

Es a partir de estos espacios y propuestas donde la persona menor de edad adquiere nuevos conocimientos y seguridad en sí misma; ya que, al tener la oportunidad de participar en la toma de ciertas decisiones, obtendrá un sentimiento de plenitud y satisfacción, porque desde pequeños se les tomó en cuenta su parecer, gustos y prioridades. Esto les permite formarse como personas de bien, empoderadas de sí mismas y capaces de expresar ideas y opiniones, lo que conlleva a un desarrollo pleno como seres humanos.

Tal y como se reconoce en el Barómetro de la Infancia y Adolescencia de la UNICEF de 2019, es importante respetar que la niñez y la adolescencia son etapas de preparación para la vida adulta y que su opinión debe ser escuchada y valorada en cada decisión.

Para llevar a cabo esta transformación social, es necesario repensar y replantear las ideas y conceptos de participación que se han construido desde la infancia y los diferentes roles en los que se entrelazan las relaciones con las personas menores de edad. Se parte de que desde hace mucho tiempo se ubica a las personas adultas como las mayores responsables de lo que sucede al respecto, es necesario reflexionar y analizar el ejercicio como familia, Estado y comunidad sobre cómo se posibilita y promueve o, todo lo contrario, se ha sido opresores de las dinámicas que apunten al desarrollo de dicha participación.

Es importante escuchar la voz de niñas, niños y adolescentes en todos los espacios donde se involucran: familia, centros de salud, centros de recreación y en los centros educativos, donde pasan la mayor parte de su tiempo; acá es importante cuestionar ¿Cómo aseguran los centros educativos que se preste debida atención a las opiniones de cada una de las personas menores de edad en relación con las cuestiones que les afectan? Es urgente que se cuente con un consejo escolar con participación de niños, niñas y adolescentes donde puedan presentar propuestas y recomendaciones ante cualquier procedimiento o decisión que se ha adoptado para esta población.

Al respecto, el VII Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica señala, en su apartado de recomendaciones y conclusiones, que:

Con respecto al involucramiento comunal, pareciera que la participación de niños, niñas y adolescentes está completamente fuera de la toma de decisiones en los asuntos que les conciernen directamente (diseño de espacios de juego, arte, deporte y recreación); las asociaciones de desarrollo, que son responsables de detectar necesidades, posicionarse respecto a un tema o problema de su comunidad y formular una solución al respecto, deben hacer partícipes a niños, niñas y adolescentes en todo el proceso sobre los asuntos comunitarios. Se hace difícil animar a las personas menores de edad para que participen en la comunidad cuando los espacios de participación y toma de decisiones (asociaciones de desarrollo comunal, comités cantonales de deportes y de recreación, consejos de la persona joven, entre otros) obedecen a criterios establecidos basados en el adultocentrismo.

Esta escucha y participación debe ser de manera formal y deber ser tomada en cuenta para la construcción de una sociedad distinta e innovadora que ofrezca acciones concretas para generar un impacto real que garantice el derecho a la participación de las personas menores de edad, este reto es en el nivel de toda la sociedad, ya que resulta necesario modificar estos espacios y tomar en cuenta su opinión.

En Costa Rica, uno de los casos más recientes de organización y expresión adolescente fue el realizado el 19 de abril del 2021, cuando cientos de estudiantes de distintos colegios de diferentes zonas, se manifestaron en una marcha contra la aplicación de las pruebas FARO (pruebas nacionales para el fortalecimiento de aprendizaje para la renovación de oportunidades) que se realizan para obtener el bachillerato.

En palabras de Cordero, «un grupo de estudiantes de secundaria, llamados Movimiento AntiFARO, marcharán el próximo lunes 19 de abril con el objetivo de que el Ministerio de Educación Pública (MEP) suspenda la aplicación de las pruebas FARO»⁴⁸. Sin embargo, este grupo de adolescentes no ha obtenido una respuesta concreta ante sus manifestaciones; al respecto, un estudiante del Colegio Nocturno de Hatillo detalla: «No nos han atendido. El MEP no nos ha dado la cara a nosotros los estudiantes, quienes estamos perjudicados por FARO»⁴⁹.

Acá es importante abrir un paréntesis y destacar lo que menciona la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos: «La protesta social es un evento esencialmente público y constituye el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y participación política, entre otros»⁵⁰. Por lo tanto, las personas, grupos y movimientos sociales o políticos que participan en manifestaciones y protestas están ejerciendo su derecho a la participación y estas deben ser escuchadas y protegidas ante cualquier acto de violación de sus derechos.

Por ello este grupo realizó la marcha anti FARO, de la cual Cordero señala que: «Luego de una marcha realizada este lunes por la mañana, un movimiento conformado por estudiantes de distintos colegios del país entregó un oficio a las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP), en el que externaron su preocupación ante la próxima aplicación de las pruebas FARO»⁵¹.

Ante lo cual uno de los representantes indicó: «Nos sentimos bien de que nos hayan recibido de manera tan amable. Esto es una lucha que sigue en pie. Que nos reciban no significa que la lucha va a parar. Es un movimiento que sigue»⁵².

La marcha contra la aplicación de las pruebas FARO se llevó a cabo mediante una protesta pacífica, ordenada y con integrantes informados, quienes acuden a su derecho de manifestarse y participar en decisiones que son de su interés, dicha manifestación se planteó frente a instancias involucradas en la defensa y protección de los derechos de las personas menores de edad, como el MEP, el cual indicó que «el documento fue recibido por una delegación, que trasladará sus consultas a las autoridades pertinentes, para su respectivo análisis. La manifestación fue pacífica y respetuosa, y este grupo de jóvenes se retiró tras la recepción de la carta»⁵³.

Por lo tanto, es necesario reconocer que la participación es esencial para lograr la construcción del bienestar de la ciudadanía y del interés colectivo, así como para lograr que las personas participantes se empoderen en la defensa de sus derechos. En cuanto a la perspectiva que se tiene de la participación de las personas menores de edad, es preciso tener un enfoque holístico que promueva la participación de estos, entrelazado con el compromiso de la comunidad, la sociedad civil y las mismas personas menores de edad en el diseño e implementación de las acciones que les afectan, donde puedan acceder a la información relevante y a espacios adecuados para la toma de decisiones.

Se tiene la responsabilidad de recordar el derecho de la niñez y la adolescencia para participar y expresar sus puntos de vista en todos los contextos donde se involucran; las personas menores de edad son un recurso social, cultural y familiar poderoso, por esto es necesario trabajar junto con ellas para que la comunidad asimile la importancia de su participación; por ejemplo, acondicionar, con la colaboración de las personas menores de edad, espacios para el juego, diseñar programaciones culturales y deportivas los fines de semana; fortalecer los procesos de aprendizaje con base en sus opiniones; identificar, mejorar y diseñar espacios más amigables para todos y todas. Pero para ello, antes se debe enseñar y estimular a niños, niñas y adolescentes a expresarse y relacionarse sin temor con otros niños, niñas, jóvenes y personas adultas; la mejor forma es estableciendo programas en donde las artes, el deporte y la recreación, en conjunto con la familia y los centros educativos sean instrumentos para fortalecer la expresividad y las relaciones sociales.

Conclusiones

Luego de conocer algunos conceptos relacionados con este ensayo y la realidad actual de las personas menores de edad con respecto a la participación, es necesario entender la participación como un proceso de aprendizaje conjunto entre las personas adultas y las personas menores de edad, con el fin de ayudar a consolidar sociedades más democráticas.

Es necesario el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como miembros de la sociedad, con derecho a opinar y bajo un enfoque de autonomía progresiva de estas personas y de su incorporación a los espacios de decisión sobre aspectos que, de manera directa o indirecta, les afecta.

Pero, además, es necesario visualizar a las personas menores de edad como personas sujetas de sus derechos, las cuales son capaces de entender lo que ocurre en su entorno, formar un juicio propio sobre aquello que les afecta y que pueden aportar ideas, permitiéndole colaborar en su entorno inmediato de manera activa, por lo cual la persona adulta debe estar atenta a estas expectativas, observar sus demandas y responder adecuadamente. A la vez, que las personas menores de edad aprendan a responder activamente, a ejercer su responsabilidad en la toma de decisiones y asumir sus consecuencias. Esto contribuirá a su desarrollo y bienestar personal.

La situación del reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho no es un proceso fácil o gratuito, no es suficiente con la declaración del enfoque de derechos, sino que se encuentra supeditado al rompimiento de prácticas y costumbres que, a la fecha, siguen estando bajo el control de personas adultas, quienes toman decisiones sobre la población menor de edad, admiten o no el derecho a ser escuchados de manera legítima o que permiten que se expresen, pero sin considerar sus puntos de vista. Algo similar ocurre en las familias, pues en el sistema adultocéntrico, las personas menores de edad por lo general no opinan y si lo hacen es para estar de acuerdo con las decisiones de la persona «jefe de familia».

Por lo tanto, para impulsar su participación, es necesario revisar las estructuras sociales de poder, las que permitan promover espacios de comunicación y cooperación entre generaciones que estimulen el diálogo y el intercambio con respeto.

Para ello debe existir una transformación permanente en la manera en que las personas menores de edad adquieren nuevos conocimientos, este proceso debe estar transversalizado por el diálogo y la escucha constante, sin imponer, coartar o limitar. Se debe fortalecer la educación temprana, la cual favorezca a la formación de personas capaces de opinar, escuchar y contribuir con ideas para el progreso del país. Puede ser un proceso largo y, para ello, debe haber voluntad desde los padres de familia, el cuerpo docente, la comunidad y el Estado, con el objetivo de lograr una reconstrucción de concepciones, percepciones y prácticas propias que han venido reflejando dicho accionar con el tema de la participación de las personas menores de edad.

Al hacer referencia a la participación infantil en Costa Rica y en los diferentes espacios comunales, según se detalla, en el apartado de sugerencias del IX Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que:

Partiendo de la cita anterior, la idea de que la persona adulta sea quien permita y garantice la participación de las personas menores de edad puede generar confusión sobre el ejercicio de los derechos de las personas menores de edad, ya que establece que sin las personas adultas no habría derechos para la niñez, lo cual ha resultado en que se lleven a cabo diversas acciones no beneficiosas para estas personas, confirmando, de cierto modo, las relaciones de poder allí existentes, que emergen de manera consciente o inconscientemente. Si se mantiene la concepción de infancia que se ha transmitido culturalmente a través del tiempo, como personas desprotegidas, vulnerables y con la necesidad de ser formadas, se continúa legalizando a la persona adulta como figura de control y poder sobre los niños y niñas, sin incluir su voz, lo cual imposibilita ese cambio de paradigma.

Gallego señala la importancia de fortalecer la participación infantil

Dimensionar el ejercicio participativo de las personas menores de edad, desde la forma como conciben lo que quieren, cómo se expresan en espacios comunes como el hogar, la escuela y la comunidad, además de cómo la percepción con respecto a la toma de decisiones y opiniones de las personas menores de edad puede influir en ellas de manera positiva o negativa; invita a reflexionar e impulsar la participación de niños, niñas y adolescentes por medio de buenas prácticas, potenciando así mejores y mayores oportunidades en el ejercicio de dicha participación.

Quizá, en la actualidad, el mayor reto existente en las sociedades es trabajar y avanzar en acuerdos firmes sobre el acceso pleno a la participación ciudadana de la población menor de edad, porque no es suficiente la protección de la infancia ni la prevención de los graves problemas que aquejan a la población juvenil, sino que es indispensable dar un gran paso hacia la promoción y participación ciudadana de las nuevas generaciones.

Por lo tanto, la participación infantil requiere plantearse aún más allá de condiciones como la edad o la madurez de cada persona para participar, decidir u opinar; sino que debería implementarse su ejercicio desde temprana edad, en el que se observe, en primer lugar, cómo participan estos actualmente, día tras día, en sus familias, en sus centros de estudio, en sus comunidades, con sus amistades y con la tecnología como mediadora -muchas veces- de estos espacios, para que se puedan descubrir mayores posibilidades y mejores maneras de promoverlo.

Formato de citación según APA

Ruiz-Jarquín, I. (2022). Derecho a la participación de las personas menores de edad en la actualidad. Revista Espiga, 21(44),.

Formato de citación según Chicago-Deusto

Ruiz-Jarquín, Irene. «Derecho a la participación de las personas menores de edad en la actualidad». Revista Espiga 21, n.º 44 (julio - diciembre, 2022).

REFERENCIAS

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