Resumen

La no ratificación, por parte de Costa Rica, del Acuerdo de Escazú adoptado en Costa Rica en el 2018 plantea una serie de interrogantes. Al dañoque ocasiona esta ausencia a la imagen internacional de Costa Rica como un país garante de los derechos humanos y con avanzada normativa en materia ambiental, se le suma una serie de pretendidos ''argumentos'' presentados por el sector corporativo costarricense, que desnuda, por completo, la realidad económica de los 15 Estados que ya han ratificado este novedoso instrumento regional. Adicionalmente, el Poder Judicial costarricense ha procedido a interpretaciones antojadizas para complicar innecesariamente el trámite de aprobación del Acuerdo de Escazú, en particular, las expresadas por una magistrada de la Sala Constitucional. Extrañamente sus argumentos coinciden con los de algunas cámaras empresariales costarricenses. Ante esta no ratificación, el tradicional liderazgo internacional, en materia ambiental, de Costa Rica se ve gravemente carcomido, mientras que, después de Argentina y México (2021), Chile (2022), Belice y Granada (2023), se aprestan a ratificar próximamente el Acuerdo de Escazú Colombia y Brasil.

Palabras clave: Acuerdo de Escazú; ambiente; Costa Rica; no ratificación; Poder Judicial; sector corporativo