d) Considerarán las opiniones e inquietudes de las víctimas cuando se vean afectados sus intereses personales y asegurarán que se informe a las víctimas de sus derechos con arreglo a la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder".

"18. De conformidad con la legislación nacional, los fiscales considerarán debidamente la posibilidad de renunciar al enjuiciamiento, interrumpirlo condicional o inconcionalmente o procurar que el caso penal no sea considerado por el sistema judicial, respetando plenamente los derechos del sospechoso y de la víctima."⁹⁹

El empleado judicial como víctima

Debemos tener claro, que generalmente las instituciones tienden a reproducir en sus relaciones laborales la finalidad para las que han sido creadas, en el caso del Poder Judicial no escapa a esta situación, de manera tal que siendo su finalidad la de impartir justicia, el clima laboral es marcadamente inflexible.

Por otra parte la falta de capacitación de las jefaturas repercute en el manejo inadecuado del personal que muchas veces raya en la arbitrariedad e intolerancia, con un ambiente laboral adversarial y persecutorio, agravado actualmente con la Ley de Control Interno, debido al sistema vertical que presentan las líneas de mando favorece que los mandos medios descarguen responsabilidad en los subalternos.

Así el Órgano Judicial se convierte en el caldo de cultivo de todo tipo de padecimientos laborales, sociales, psicológicos y físicos que afectan al empleado judicial sin que exista una verdadera política institucional que motive al empleado, que le favorezca la superación , sin que el trabajo s e convierta en un tormento.

La situación para el empleado judicial se agrava, ya que este debe soportar un nivel de exigencia mayor que el ciudadano común y en este clima laboral surgen fuertes conflictos que no solo carecen de una adecuada solución, sino que además posibilitan el deterioro de la relación funcionario o funcionaria, hacia la institución, creando resentimientos y desmotivación que se refleja de muy diversas formas, desde el aspecto psicológico hasta el físico.

En el mismo orden de ideas debe indicarse que los altos volúmenes de trabajo que debe manejar el empleado judicial; sencillamente incontrolables, constituye uno de las causas estresoras mas comunes, agravado actualmente como dijimos con la ley de Control Interno que viene agregar un tópico mas a la ya menoscabada salud física y mental del funcionario y a reafirmar la línea de mando vertical existente en nuestra institución.

Lo anterior aunado a jornadas extenuantes de trabajo, profesionales y policías sometidos a operativos nocturnos, a contacto directo con sospechosos y con víctimas gravemente lesionadas física y emocionalmente así como con crímenes violentos que involucran imágenes crudas y crueles, que a veces nos marcan o bien provocan la tan criticada desensibilización.

Finalmente de lo anterior se puede colegir que, elementos como las largas jornadas laborales, el volumen inmanejable de asuntos, la presión vertical de las jefaturas aunado a los controles legales, imposibilitan el crecimiento profesional y la superación personal (posibilidades de estudio) generando evidentemente frustración e insatisfacción entre los funcionarios.

Dentro de este marcado clima estresante en que se desenvuelven policías, fiscales, jueces, peritos, defensores , auxiliares judiciales, no se cuenta en el Poder Judicial con un programa preventivo para el manejo adecuado del estrés, para la solución pacífica de conflictos laborales, ni entrenamiento para las jefaturas de manera que estas no constituyan un elemento más de acoso sino que por el contrario se constituyan en un canal de solución tanto para los asuntos propios del trabajo, como para fomentar el clima pacífico dentro de los despachos .

Consecuente con lo anterior, se ha de indicar que las dos únicas oficinas existentes dentro del Poder Judicial , cuyo fin es la atención del servidor judicial, pero que prácticamente no desempeñan una labor preventiva, no porque no lo puedan hacer, sino porque falta una cultura del empleado para utilizar esos recursos y, por supuesto porque ha faltado una verdadera divulgación a lo interno de la institución , no solo de los servicios que pueden prestar, sino incluso de su existencia , son la Unidad de Atención Psicosocial y la Unidad de Apoyo Psicológico Operacional, a las cuales nos referiremos más adelante

Capitulo III. Revictimización

1. Nocion

La revictimización o victimización secundaria como se le conoce actualmente, ha sido ampliamente analizada, no solo desde una perspectiva psicológica, sino desde una sociológica y jurídica, sin embargo no es nuestra intención abarcar todos los campos en los que el tema ha sido analizado, sino circunscribimos a su aspecto jurídico, y más específicamente a la revictimización institucional de la víctima de un ilícito penal, dentro del Poder Judicial .

Como bien refiere José Manuel Maza Martín, "Pues hay un término, repetido por los autores que, desde la Criminología y con la preocupación puesta en la situación de las víctimas, han venido acuñando en relación con la posición de ésta ante el proceso penal, que resulta definitivamente explicito. Ese termino no es otro que el de ‘victimización (o victimación) secundaria.’

Se ha definido este ‘fenómeno’ como aquellos ‘sufrimientos que a las víctimas, a los testigos y mayormente a los sujetos pasivos de un delito, les infieren las instituciones mas o menos directamente encargadas de hacer justicia: policías, jueces, peritos, criminólogos, funcionarios de instituciones penitenciarias, etc."¹⁰⁰

En este sentido debemos tener claro que existen dos fases bien identificadas, en las cuales la persona víctima de un delito sufre las consecuencias del mismo ; la primera de ellas se da precisamente cuando es sometida por el victimario a padecer la comisión de un delito en su contra, sea directa o indirectamente, y la segunda a partir del momento que la víctima pone en conocimiento de las autoridades el hecho delictivo en su perjuicio debido a la inoperancia del sistema penal.

Es esta segunda fase la que nos interesa, en la cual intervienen la Policía Judicial, El Ministerio Público, y los Jueces como órganos relacionados directamente con la víctima, pero también el Poder Judicial como institución.

2. Revictimización durante el proceso penal

"En efecto, los victimólogos, desde que empezaron a estudiar en profundidad los perjuicios de todo tipo que la acción criminal reporta para la víctima, consideran que los padecimientos aflictivos de esta no se agotan con su vivencia de la acción criminal como sujeto pasivo, sino que se prologan en incrementan incluso a lo largo de su participación en los mecanismos dispuestos para la averiguación de los hechos y la sanción de su autor."¹⁰¹

Aunque no es la finalidad de este trabajo hacer un listado taxativo de las circunstancias que concurren a la segunda víctimización de las personas en un proceso penal, consideramos necesario, a efecto de concretar la discusión, señalar algunas formas, tal vez las más usuales, que suelen presentarse.

En efecto, no solo la policía, sino también el Ministerio Público, los jueces, y otros intervinientes en el proceso pueden ser agentes victimizadores que concurren de distinta forma a la materialización del problema. Como refiere Jorge Antonio Albarrán Oliveira, "Sentimiento este de angustia, que se revive y reactiva durante el proceso de denuncia ante la policía, declaración en el juicio oral, o al tener contacto con la justicia, dando lugar a la segunda victimización.

El aumento o disminución del estado de ansiedad o angustia disminuye o aumenta según el sexo, edad, condición social o estado civil de la víctima.

Este estado postraumático de la víctima es lo que se puede definir la dimensión psicológica de la victimización ; y sobre este terreno ha de actuar, tanto la primera victimización como la segunda, la ayuda del profesional para rebajar el nerviosismo, ansiedad, angustia y depresión de aquélla, según su estado emocional que puede ser transitorio (terrores nocturnos, inseguridad, estados de exitación), o mas duraderos (fobias, evitación de determinados lugares relacionados con el delito, o procurar no salir de la casa o de noche)."¹⁰²

Dentro de esta perspectiva debemos partir de la conciencia de que tenemos un problema institucional que no ha sabido, o no ha querido abordar de una manera seria el problema de las víctimas, pese a que en nuestro medio ya son cotidianas las quejas de las personas ofendidas, en el sentido que al interactuar con el sistema judicial, lejos de encontrar una respuesta rápida y eficaz a su problema, o por lo menos que satisfaga sus inquietudes, se le agrava, llegando a extremos de perder la tranquilidad.

La mayor contradicción que se presenta a lo interno de un Estado de Derecho es tener por un lado como finalidad reducir el número de víctimas mediante políticas adecuadas de prevención y por otro compensar al máximo posible los daños sufridos por aquellas personas que se consideren agraviadas, y que el sistema pueda ofrecerles el medio adecuado para lograr un apoyo moral y material con lo cual se logra en ellos credibilidad en el sistema y de manera general una legitimación de parte de la ciudadanía hacia la institucionalidad judicial.

No obstante a lo anterior, la experiencia nos demuestra que la víctima luego de interponer la denuncia se enfrenta con una serie de inconvenientes, atrasos, malos tratos, desinformación, que riñe con el espíritu del actual Código Procesal Penal y con la doctrina de la victimología actual. En este punto queremos señalar que al referirnos a víctima, no estamos haciendo referencia a aquella específica de algún delito, sino de manera genérica. Por eso las siguientes son algunas formas usuales, en que la persona ofendida-victima sufre las consecuencias de un sistema inoperante en manos de personas normalmente desinformadas e insensibles:

1. La ausencia dentro de los edificios judiciales de una "Oficina de Información" o de "Atención al Público" que oriente a las personas acerca de la ubicación de la oficina que atiende su caso, esto a diferencia de la mayoría de empresas privadas y resto de instituciones públicas que cuentan con dicho servicio.

2. En los despachos policiales , Unidades del Ministerio Público o Juzgados, el personal auxiliar, con contadas excepciones, no han sido capacitado en atención al público, esto genera largas esperas, malos tratos, malas caras y consultas sin evacuar por ignorancia, entre otras.-

3. En cuanto a los derechos que les asisten las personas en su mayoría los desconocen ya que a pesar que le "son puestos en conocimiento" al momento de interponer la denuncia, sin embargo lo cierto es, que estos no les son leídos ni mucho menos explicados, por lo que no están en capacidad de hacerlos valer, salvo en contadas excepciones de víctimas que con recursos económicos cuentan con asesores privados.

4. La génesis de lo expuesto en el punto anterior, deviene no solo del volumen de trabajo que manejan los despachos judiciales en materia penal, sino también de la falta de sensibilización y capacitación en punto al tema, lo cual tiene raíces más profundas , desde las aulas de las facultades de derecho, cursos policiales y otros, donde se echa de menos una materia como la victimologolía, en contrapeso al énfasis otorgado a los derechos del imputado .

5. Esta falta de sensibilización y capacitación se traduce, también a nivel de fiscales y jueces, en la falta de apoyo y orientación que requiere la víctima, y en el desconocimiento de que existe una Oficina de Atención a la Víctima de Delito que puede brindar apoyo legal, psicológico y de trabajo social, consecuencia de ello muchas personas son privadas de una atención integral, aún necesitándola.

6. No existe una cultura, que vea a la víctima como una persona que ha sufrido un quebranto material o moral, sea en su salud, en su patrimonio en su cuerpo, sino que es considerada como una fuente de prueba.

7. No se les informa el avance de la investigación o bien, que está haciendo el sistema por ellas, esto tiene una repercusión negativa, sobre todo en aquellos supuestos donde la resolución final no les favorece.

8. Tampoco se les informa correctamente las posibilidades procesales de soluciones alternas, lo cual conlleva a que al momento de la Audiencia Preliminar desconozcan los alcances de cada una de ellas y en qué los puede beneficiar (costo, tiempo, beneficio).

9. No se cuenta con espacios físicos adecuados para la espera en diligencias como reconocimientos físicos, salas de espera para comparecer en juicio (en las cuales todos los testigos de las partes están juntos), en muchas ocasiones tienen que esperar de pie durante horas. La declaración en juicio a veces también está precedida de una larga espera y como ya dijimos, junto a personas, familiares y amigos del acusado, que le culpan de todos los males de este.

10. Desconocen además estas víctimas, que tanto ellos como sus testigos cuando son de lugares alejados, tienen derecho a cobrar sus respectivos viáticos, para los gastos de transporte y alimento.

11. Además en los asuntos donde hay acción civil resarcitoria, en muy pocos casos se incluye el daño moral; máxime si se trata de delitos contra la propiedad y similares, en los cuales se considera que no existen secuelas psíquicas y por eso jamás se pensaría en hacer intervenir a perito forense respectivo.

12. No podemos dejar de lado la cantidad de audiencias preliminares y juicios que se suspenden una, otra y otra vez, ocasionando múltiples inconvenientes a las víctimas, así como gastos económicos generados por el mismo proceso y que no recupera en caso de una salida alterna.

13. Por otra parte en caso de menores de edad abusados sexualmente; como es harto conocido, sufren un grave problema de victimización secundaria que se inicia en etapas pre procesales (escuela, familia, Clínicas, vecindad, etc) y se agrava durante las diversas etapas de la investigación y juicio, sobre lo cual se ha escrito mucho y se han propuesto una serie de soluciones sin que la institución haya podido solventarlo del todo.

14. El problema que surge cuando la víctima de un delito, no habla el idioma español; sin pensar en el idioma inglés que es común y de dominio más popular, sino en esos quejosos que solo hablan su lengua natal (alemán, japonés, francés, holandés, etc), a quienes no se les nombra un traductor oficial; como si se hace con los imputados.

15. Aunado a todo lo anterior, los medios de comunicación masiva hoy en día juegan un papel muy importante en cuanto a este tema de segunda victimización, ya que muchas veces publican informaciones deformadas que perjudican la imagen de la víctima o simplemente el impacto psicológico que representa el hacer público la ofensa sufrida que muchas veces tiene que ver con la libertad sexual.

16. También existe un problema socio – laboral. Social, entre los cuales podemos mencionar a manera de ejemplo, la madre; que con hijos menores, debe asistir continuamente a diligencias judiciales dentro del proceso, y por tanto tiene que dejar al cuidado y tutela de una tercera persona a estos menores, el mismo caso se presenta cuando la víctima de una causa esta convaleciente de las lesiones sufridas. Asimismo en cuanto a lo laboral podemos mencionar, el riesgo de perder sus trabajos por los constantes permisos y ausencias que deben justificar para apersonarse a los tribunales a audiencias o juicios del la causa donde son víctimas.

17.- Finalmente, hemos de referir la revictimización que sufre aquella víctima de delitos no convencionales (trafico de drogas, secuestros, homicidios por sicariato, etc) al ser sometida a amenazas de muerte, persecuciones y acoso.-

3.-Formas de evitar la revictimización

No obstante el avance que ha tenido las ciencias en general (medicina, psicología y psiquiatría forense, por ejemplo), y de las ciencias forenses (criminalística en partícular) es indudable, que la prueba testimonial, constituida por le dicho del ofendido o sus testigos, sigue siendo en la actualidad; junto con aquellos, el instrumento mas enriquecedor de los que se encuentran a disposición del tribunal y las partes para saber, conocer y poder reconstruir lo acontecido en el hecho delictivo.

Dada la importancia que el testimonio reviste dentro del proceso, debemos darle contenido material en la práctica a los derechos que la víctima tiene, para consolidar y fortalecer su posición dentro del proceso no solo como tal, sino como fuente fundamental de prueba.

Con base a lo anterior es que damos una serie de sugerencias practicas para el trato de la víctima y así evitar la segunda victimización:

1. Que desde las facultades de derecho se incluya dentro de los programas de educación, una materia de victimología para lograr la sensibilización y capacitación de los profesionales en derecho.

2.- En cuanto a la policía y auxiliares judiciales (sin descartar fiscales y jueces con cursos de actualización) que la Escuela Judicial se encargue de capacitarlos ampliamente en el trato, atención al usuario y derechos de las víctimas.

3.- Que se le de una amplia cobertura y difusión a la oficina de Atención a la Víctima, así como a las funciones que esta desempeña en cuanto a la atención integral que da a estos usuarios y del personal con que cuenta para esos efectos. Que se creen además otras dependencias de esta oficina, en las cabeceras de provincia para el uso de las víctimas de estas regiones, ya que en la actualidad estas zonas no cuentan con tan importante recurso.

4.- Idear un sistema de coordinación con Instituciones Pública como Caja Costarricense del Seguro Social, INAMU e IMAS, para que se le de seguimiento a los casos de aquellas víctimas que requieran atención médica y psicológica, o bien como un soporte o ayuda en el caso de las víctimas que han perdido todos sus bienes producto de un robo, incendio criminal, homicidio de la persona que era el sostén de la familia, etc.

5.- Asimismo estimamos necesaria la creación de oficinas de "información o atención al usuario" en todas las provincias del país (a menos en los edificios principales o cabeceras de provincia) a fin de que el público goce de información mas precisa cuando realiza sus gestiones judiciales.

6.- Sobre el tema de sensibilización y capacitación de los distintos funcionarios que intervienen en el proceso, cabe agregar que con ello se lograría que la víctima se asegure una buena atención; expedita en lo posible, y con ello el pleno conocimiento de los derechos que le asisten (entre estos las salidas alternativas y sus alcances).-

7.- Nombrar traductor a las víctimas en los casos que éstas lo requieran.

8.- Acondicionamiento de áreas o espacios físicos apropiados para que la víctima pueda esperar dignamente a ser atendida (especialmente en los casos de reconocimientos que no debe quedar expuesta a la vista del sospecho)-

9.-Protección de víctimas y testigos en delitos no convencionales, para lo cual se ha sugerido lo siguiente¹⁰³:

a) Anonimato procesal, asignándole ya sea un código numérico o alfabético a la víctima durante todo el proceso, o fijando para efecto de notificaciones la sede de la policía y del Ministerio Público, así también evitando exponerlo a la vista de cualquier persona durante la practica de las diligencias judiciales, y por último facilitando o autorizando el secuestro de cualquier material fotográfico o de video que se le haya tomado a la víctima o testigo.

b) Protección física sin ocultamiento de identidad durante el proceso, se trata de custodia personal de la víctima cuando las circunstancias así lo ameriten para lo cual actualmente se ha firmado una convenio entre la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y Ministerio de Seguridad Pública, mediante el cual este último se compromete a suministrar el recurso humano necesario para la protección de funcionarios, de testigos o víctimas en casos de extrema necesidad, sea que la vida o la integridad física de estos corra peligro.

c) Protección física con cambio de identidad subsecuente. En este caso la persona no oculta su identidad pero su persona, bienes y familia están protegidos durante el juicio, y al finalizar este, el Estado le dota de una nueva identidad y de recursos necesarios para que cambie de domicilio y de trabajo ( por la extensión de nuestro territorio nacional y por la escasez de recursos económicos, este sistema no es de fácil aplicación en nuestro medio)

5.-Casos especiales:

5.a Revictimización del Menor de Edad

Aunque no es la idea de este trabajo enfocarnos hacia un sector determinado de víctimas, sino dar una idea general sobre el problema sobre la segunda victimización, resulta imposible por la importancia que reviste dejar de referirnos a un sector tan vulnerable de nuestra sociedad como son nuestros niños, muchos de ellos víctimas de delitos en su mayoría sexuales, agresiones físicas, trafico de menores, explotación sexual, y otros. Por lo que no podemos dejar pasar la oportunidad de plasmar los últimos lineamientos emitidos por la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia reducir la victimización de los menores de edad que a la letra dice:

"DIRECTRICES

I- Prontitud del proceso e Interés Superior del Niño.

Los procesos en los que figure como victima un niño, niña o adolescente deben ser atendidos sin postergación alguna, implementando los recursos que se requieren para su realización. A su vez se debe tener tomo prioridad evitar daños en la víctima, en atención al principio del Interés Superior del Niño.

II- Privacidad de la diligencia judicial y auxilio pericial.

En cualquier diligencia judicial en la que se requiera la presencia de uno persona menor de edad víctima, independientemente de la etapa en la que se encuentre el proceso, esta deberá llevarse a cabo en forma privada y con el auxilio de peritos especializados, en los casos en que sea necesario. Deberán estar el padre y la madre o una persona de confianza durante la declaración, salvo cuando ello constituya un elemento negativo que pueda entorpecer el desarrollo de la diligencia.

El niño, niña o adolescente víctima deberá indicar "quién es la persona de confianza". Su criterio prevalecerá.

III.- Derecho de información.

Con su lenguaje sencillo y coloquial, el niño, niña o adolescente, deberá ser debidamente informado desde el inicio del proceso y por parte de todas las autoridades correspondientes, de la naturaleza de su participación en todas las diligencias en que sea requerido, también deberán explicarle, de manera clara y sencilla, la función del juzgador, del defensor, del imputado y de las derechos que este posee, así como el objetivo y el resultado de la intervención de cada uno. Durante el debate el Juez deberá hacer efectivo este derecho.

IV. Consentimiento de la victima.

Deberá contarse siempre con el consentimiento de la víctima para cualquier examen. Se deberá respetar a las victimas en su integridad, entendiendo que el proceso no es un fin en si mismo.

V.- forma del interrogatorio.

Durante las entrevistas al niño, niña / o adolescente víctima, las prevenciones y preguntas que se le realicen deber er claras, can una estructuro simple. Por ello deberá tomarse en consideración su edad, nivel educativo, grado de madurez, capacidad de discernimiento, así tomo sus condiciones personales y socioculturales, otorgándosele el tiempo necesario para contestar y asegurándose que ha comprendido lo naturaleza de lo prevención o pregunto.

I.- Procedencia de preguntas y entrevistas.

Se debe evitar la reiteración innecesaria o no procedente, tanto de las preguntas como de los entrevistas, promoviéndose la labor interdisciplinaria cuando las circunstancias así lo permitan.

VII- Condiciones de la entrevista.

La entrevista deberá efectuarse en un lugar que resulte cómodo, seguro y privado para el niño, niña y adolescente victima. Es recomendable que, cuando se trate de niños o niñas, el espacio físico esté decorado con motivos ‘infantiles y cuente con algunos juguetes, debiendo hacerse uso de todos los recursos de apoyo disponibles.

El o la fiscal que instruye la causa brindará la atención requerida a las condiciones en que desempeñe la entrevista inicial, que deberá ser realizada por el o la fiscal y el investigador o investigadora a cargo, dentro de lo posible.

VIII.- Asistencia profesional especializada

En todos aquellos momentos en que se requiera, la autoridad correspondiente deberá solicitar, con la prontitud debida, la colaboración de un profesional en trabajo Social y/o Psicología del Poder Judicial o, en su defecto, de otras instituciones. Se deberá poner especial atención en la familiarización del niño, niño o adolescente para enfrentar e! proceso, en especial en etapa de debate o cualquier otra audiencia oral

IX.- Acondicionamiento del espacio físico.

El funcionario o funcionaria judicial encargada deberá evitar el contacto directo de la victima con el acusado o acusada, demandado a demandada. Para tal efecto, deberá destinarse los recursos necesarios para crear o acondicionar los espacios físicos que se requieran, así como recurrir a los medios disponibles como el uso de los biombos, especialmente en la etapa de Juicio, para impedir el contacto directo de la víctima con el ofensor, garantizándose en todo momento el derecho de defensa.

Se evitará señalar citas a la misma hora y lugar para el niño, niña o adolescente ofendido’ y su ofensor u ofensora, con el fin de evitar su careo. Igualmente, se debe prever su ingreso y egreso de los edificios judiciales a diferente hora; o por distintos lugares. Los funcionarios y funcionarias judiciales podrán utilizar una vestimenta más informal, tanto en la sala de juicio como en otros despachos.

X.- Declaración Del niño, niña o adolescente.

Se recomiendo que durante el juicio u otras audiencias orales, la declaración del niño, niña o adolescente victima sea la primera declaración testimonial que se reciba.

XI.- Derecho a la imagen.

La autoridad judicial encargada deberá controlar que la dignidad del niño, niña o adolescente testigo o víctima, no sea lesionada o través de publicaciones o cualquier exposición o reproducción de su imagen, o de cualquier otro dato personal que permita su identificación. Si se lesiona este derecho es obligación del funcionario o funcionaria denunciarlo de conformidad con lo; artículos 27, 188y 190 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

XII.- Derecho a la confidencialidad.

La autoridad judicial encargada deberá velar porque en las carátulas de los legajos en que aparezcan niños, niñas o adolescentes victimas, se registren únicamente sus iniciales y nunca su nombre y apellidos completos, ni el sobrenombre con que se le conoce. Igualmente, los auxiliares judiciales, a la hora de llamarlos a declarar o a cumplir con cualquier diligencia judicial evitarán hacer referencia a lo causa o al delito que se investiga

XIII–Anticipo jurisdiccional de prueba

En forma excepcional, en las causas en que se cuente con personas menores de edad víctimas, y en que exista la recomendación expreso de la Sección de Psiquiatría y Psicología Forense, y/o del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial, se recomienda que quién esté a cargo de la causa, proceda con arreglo del debido proceso, a la utilización del anticipo jurisdiccional de prueba en todos los casos en que conforme a derecho corresponda. Lo anterior en aras de evitar la revictimización del niño, niña o adolescente derivada de su declaración en el debate.

Debe hacerse un uso prudente del anticipo jurisdiccional de prueba, en tanto puede generarse un mayor grado de victimización si el niño, niña o adolescente ofendido es llamado nuevamente a declarar en el juicio.

XIV.-Capacitación del personal

Las autoridades judiciales y personal de apoyo a cargo del proceso, deberán recibir la debida capacitación por parte de la Escuela Judicial, a fin de que en dichas causas se minimice le revictimización del niño, niña o adolescente, para ello deberán diseñarse y programarse los cursos necesarios.

XV- Tiempo de espera.

Los y las operadoras del sistema judicial deberán tomar las previsiones necesarias, para que la persona menor de edad víctima, espere el menor tiempo posible para la realización de cualquier diligencia.

XVI – Referencia técnico en casos de abuso sexual

En los casos de abuso sexual el niño, niño o adolescente ofendido, el juez o la autoridad judicial que corresponda deberá remitirlo, con la mayor brevedad posible al programa de Atención a la Violencia Sexual Infanto-Juvenil del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial o, en su defecto, considerar la posibilidad que la persona menor de edad sea atendida por profesionales del Patronato Nacional de la Infancia y/o de la Caja Costarricense de Seguro Social.

En todos aquellas casos donde el o la perito forense recomiende tratamiento psicológico para la víctima de abuso sexual niños, niñas o adolescentes, el o la Fiscal al rendir sus conclusiones en la etapa de juicio, deberá solicitar al tribunal que en sentencia se ordene el Patronato Nacional de la Infancia brindar ese tratamiento. El juez podrá también dictarlo de oficio.

Para tales efectos, el Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial hará un estudio y se levantará un listado de las oficinas del PANI y CCSS del país, así como de organizaciones no gubernamentales, para tener alternativas de atención a los niños, niñas o adolescentes.

XVII.- Personas menores de edad testigos en delitos.

En delitos en los que se cuente con testigos niños, niños o adolescentes, estos contaran con todas los garantías establecidas para el caso de personas víctimas menores de edad.

XVIII.- Valoraciones corporales en delitos sexuales.

Las Autoridades Judiciales que envíen solicitudes de valoración corporal de niños, niñas o adolescentes victimas de abuso sexual, deberán asegurarse que las mismas sean necesarias para la averiguación de la verdad real de los hechos, de tal manera que bajo ninguna circunstancia se les expongo a un examen genital, cuando los hechos denunciados no lo ameriten.

XIX.- Acompañamiento en pericias corporales.

Tratándose de valoraciones corporales deberá contarse con la presencia de un familiar o de su acompañante, en la medida que la persona menor de edad víctima lo acepte. En ausencia de éstos, se podrá solicitar un acompañante de confianza, que deberá ir acorde al género de la victima.

XX.- Preguntas y trascripción de la valoración pericial

En el caso de las valoraciones periciales, deberán hacerse y transcribirse únicamente las preguntas necesarias para esclarecer la verdad de los hechos.

XXI- Participación en el peritaje.

Durante el peritaje, el fiscal, el querellante y el defensor del encartado podrán disponer de esta diligencia para realizar las preguntas que consideren oportunas, en el momento en que se le indique. Estas preguntas se realizarán a través de los peritos respectivos, evitándose en todo caso la revictimización del niño, niño o adolescente.

XXII.- Condiciones del debate.

En los debates y/o audiencias, la autoridad judicial a cargo deberá tramitarla con el menor ritualismo posible, intentando crear un ambiente tranquilo y acogedor para el niño, niña o adolescente. Es recomendable que las partes, salvo el demandado, se apersonen de previo al juicio con el objetivo de presentarse ante el niño, niña o adolescente.

XXIII – Identificación de Expedientes.

Identificar en lo carátula del expediente con una boleta, que se refiere a un caso de niño, niña o adolescente ofendido, para darle la prioridad correspondiente en cada despacho. Se indicará en letras grandes: "NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE OFENDIDO".

XXIV – Aplicación de directrices en los procedimientos policiales.

La policía judicial procurará que la atención de los casos se ajuste o lo dispuesto en los puntos comprendidos en este documento. Además, debe proveerse de la capacitación necesaria y suficiente al personal policial, para que se aborden los casos de manera adecuada y profesional en aras de cumplir con los objetivos propuestos para minimizar la revictimización."¹⁰⁴

5.b Revictimización del Empleado Judicial

Como bien lo decía el estimable jurista Henry Issa El Khoury, "El universo jurídico todo es una creación de la razón. Y en este universo, si se aplican los parámetros aceptados, todo vale, incluso la sustitución de la víctima de carne y hueso por la víctima concebida por el ordenamiento jurídico."¹⁰⁵

Al derecho, representado por un sistema judicial, le interesa muy poco lo concerniente a la condición del operador judicial, dentro del plano interno del proceso penal. El concepto que siempre se ha manejado de víctima es con relación al sujeto pasivo del delito, por lo que este tipo de víctima a la que ya nos referimos, no entra en esta concepción, sino precisamente el empleado judicial como víctima del entorno laboral en el que se desempeña, precisamente por las distintas características que presenta el trabajo judicial respecto de otros en otras instituciones.

Definitivamente en el Poder Judicial existe una evidente revictimización que se refleja de diversas formas, una de ellas lo representa el acoso laboral, a lo cual se le deben agregar formas inapropiadas de resolver conflictos interpersonales, jefaturas inadecuadas, regímenes disciplinarios que no presentan ningún tipo de solución local o alterna sino solamente el uso excesivo de sanciones donde se hace evidente la carencia de humanización por parte de las oficinas encargadas llámese Asuntos Internos, Inspección Judicial e Inspección Fiscal.

En el Poder Judicial existen muy pocas Oficinas destinadas para la atención del empleado Judicial, y prácticamente las que hay se dedican únicamente a la atención cuando ya el problema existe , se trata del abodarje de las situaciones en crisis o bien que ya requieren algún tipo de tratamiento .

Entre estas podemos mencionar la UAPO Unidad de Apoyo Psicológico Operacional que pertenece al OIJ, y la Unidad de Atención Psicosocial UAP:

La Unidad de Atención Psicosocial por sus siglas UAP.

Esta se encuentra adscrita al Servicio Médico de Empleados, y está constituida por Psicologos , Trabajadores Sociales y un Psiquiatra. Ellos atienden los y las funcionarias que así lo requieran , ya sea en situación de crisis debido a algún evento detonante o bien porque requiera atención y seguimiento. También abordan las problemáticas grupales, de despachos completos, cuando existe un clima laboral hostil ya sea entre los mismos compañeros o bien generado por los estilo de jefatura, muchas veces inadecuadas, acosadoras y agresoras.

Es así como en promedio mensual en el Área de Trabajo Social se atienden siete u ocho casos a nivel individual, pero a nivel grupal atienden aproximadamente ciento cincuenta personas a través de talleres, sesiones de trabajo u otras actividades .

En cuanto a la atención individual, la persona puede estar enfrentando una situación de dolor, un sufrimiento, una angustia, que le causa problemas de autoestima, seguridad, salud, y puede presentarse espontáneamente a pedir la cita o bien referida por otra persona. La atención que se le brinda es de apoyo inmediato, terapia, si así lo requiere, incluso familiar si lo amerita, contención, y asesoría correspondiente.

Por ejemplo en los casos de alcoholismo se establece una serie de sesiones acorde con la magnitud del problema y se asignan cumplimiento de tareas. En el caso d e oficinas se establece según las necesidades identificadas por ellos mismos más el criterio d el profesional a cargo .

A parte de los problemas personales que presentan los pacientes, existe una fuente de estrés claramente identificada por trabajo social y psicología de esta unidad, y que está referido específicamente a las jefaturas inadecuadas, agresoras y violentas, que aumentan gravemente los problemas de estrés y generan una baja autoestima en los sub alternos, lo cual ya ha sido denunciado por este equipo de profesionales, sin que tengan respuesta ni haya voluntad política de parte de la jerarquía del Poder Judicial para ponerle coto a este mal.

En cuanto a Prevención, podríamos decir que lo más cercano a ellos es lo que actualmente están implementando, un programa llamado "Diagnóstico de Necesidades" a nivel nacional aplicado al cincuenta por ciento de la población, y a partir de los resultados atienden a los circuitos en temas afines a las oficinas que se detectan con alguna problemática en particular.

Unidad de Apoyo Psicológico Operacional por sus siglas UAPO.

Como se dijo la UAPO Unidad de Apoyo Psicológico Operacional que pertenece al OIJ, cuenta con un grupo de profesionales en psicología que se dan a la tarea de procurar el bienestar mental y la disminución de las posibilidades de deterioro de los oficiales de este cuerpo policial.

Esta Unidad nace de la necesidad de darle apoyo psicológico al personal sometido constantemente al contacto directo o indirecto con diversas formas del dolor humano, con comportamientos delictivos y antisociales, muchas veces distanciados de su grupo familiar, sometidos a un régimen disciplinario estricto, con un alto volumen de trabajo, aunado al peligro que representa el uso constante con armas de fuego y finamente sometidos a estilos de mando inadecuados y rígidos.

Esta dependencia está constituida por tres profesionales en Psicología; la finalidad principal de esta oficina es dar apoyo operacional a los investigadores del OIJ, mediante tres ejes de contención que son prevención, investigación y tratamiento. La competencia de esta oficina es a nivel de todo el país, es decir a todo el personal de delegaciones y subdelegaciones, y en promedio atienden unas treinta personas por mes cada psicólogo.

La atención puede ser voluntaria, porque la persona se acercó y pidió ayuda, o bien puede haber sido referida por la jefatura inmediata, pero siempre se requiere la voluntariedad de recibir la asistencia psicológica. Aunado a lo anterior debe agregarse, que esta oficina da atención no solo al empleado, sino también a la pareja, filial y familiar. De igual manera ofrecen un modelo de mediación con base en le RAC (Resolución Alternativa de Conflictos) cuando al empleado le aqueja algún conflicto personal o laboral. En el primer caso es de interés personal para el paciente y la información que se origina está protegida por el secreto profesional. La segunda es de particular interés para la institución y por o general responde a una valoración sobre la idoneidad mental para el uso de la portación del arma, en esta solo se emite información pertinente y relevante al tema de la idoneidad y posibles riesgos que se derivan, tal como lo hemos indicado de la portación del arma.

Así también la UAPO realiza otras funciones como lo es la atención clínica, investigación y desarrollo, visitas a centros de trabajo, intervenciones grupales, capacitaciones, conciliaciones. Ofrece psicoterapia en todas sus modalidades, es decir intervención en crisis, individual, de pareja, y se ofrece también servicio de mediación por el sistema alternativo RAC, en este sentido la misión de esta oficina es minimizar las posibilidades de deterioro psicosocial que afectan al personal del OIJ a través de acciones de capacitación, atención e investigación.

El poco recurso humano con que cuenta la Unidad impide el desarrollo de verdaderas políticas de prevención, las cuales en la actualidad se limitan a visitas a diferentes oficinas del OIJ para brindar la asesoría sobre el manejo de conflictos, prevención de acosos psicológico, atención del usuario, entre otros. Se logra inferir de lo anterior, que esta Unidad está bien organizada y es su objetivo primordial dar la mejor atención a la policía judicial, sin embargo los programas de prevención estás limitados debido a la escasez de recursos, no obstante a esto siempre se trabaja con la prevención ya que ha mediano plazo trae mejores dividendos según lo que opinan los mismos personeros de este despacho.

Exposición de casos reales

En el presente punto pretendemos dar una visión real de los hechos vividos por varios funcionarios judiciales con ocasión precisamente del desempeño de sus labores. Debemos de aclarar que por razones personales la identidad de estos empleados judiciales en esta exposición ha sido protegida, indentificándoseles únicamente por sus siglas.

Caso # 1

La Licda. E.D.A. en el año 2002 investigaba una causa por un asalto a una de las sucursales de la Mutual Alajuela , hecho violento ejecutado por un grupo de sujetos mediante el uso de amas de fuego, con las cuales incluso hirieron al guarda de la citada sucursal. Dichos sujetos fueron identificados plenamente, y durante la tramitación de la causa, todas las diligencias las llevó a cabo la Licda. E. D. A con la cual los encausados, quienes la tuvieron a la vista en varias ocasiones, personalizaron el asunto, al punto que, mediante terceras personas , iniciaron seguimientos encubiertos de dicha funcionaria, con el uso de motocicletas, situación que fue puesta en conocimiento de la misma y su jefe, motivando esto la necesidad de que contara con custodia personal , lo cual alteró su sistema de vida y por su puesto su estado anímico y psicológico.

Caso # 2

Las Licdas. S.E.Ch. y A. R. jueza en Penal Juvenil y de Ejecución de la Pena en su orden, ambas de El Salvador, fueron igualmente víctimas del sistema por ser empleadas judiciales. Ambas en diferentes etapas procesales, conocieron sobre procesos donde estaban involucrados los jefes o "cabecillas" de las conocidas "maras". Es así que, cuando interrogaban a un "marero" detenido, este relató a uno de los oficiales de la policía judicial de este país, que ya tenían orden de sus jefes (encarcelados) de empezar a matar personas dentro del poder judicial, como una forma de tomar venganza. El oficial muy sutilmente le preguntó que con cual persona iban a empezar, siendo que éste de manera espontánea le indicó que con la Licda. S.E.CH, jueza penal juvenil, al quien pronto darían muerte, de igual manera da nombres de otros jueces entre los cuales también estaba el nombre de la jueza de Ejecución de la Pena A.R., esto motiva a las autoridades judiciales de este país a dar custodia a las juezas quienes en principio pierden toda privacidad debiendo movilizarse con guardaespaldas, siendo así que al no cesar el peligro que corrían, fueron sacadas del país por el termino de un año; esto con el fin de protegerlas, sin embargo esto generó que dejaran sus familias, sus casas, estabilidad económica, puestos eminentes, y todo lo que significaba bienestar en sus vidas, causando esto un grave problema emocional y psicológico en estas compañeras, lo que no pasa de ser un hecho inadvertido, ya que el sufrimiento que les embarga no está previsto por el sistema.-

Caso #3:

Otro de los casos que no podemos dejar de lado, es el del compañero judicial Rafael Angel Aguilar, oficial del Organismo de Investigación Judicial de la Delegación de Guápiles, quien en compañía de otros oficiales estaban dando seguimiento a unos asaltantes quienes iban en fuga entre la montaña, momentos después de haber cometido el robo, siendo que uno de los sospechosos dispara a Rafael Aguilar y le da muerte. Tan lamentable hecho sucede a finales del año 2002, trayendo no solo la desesperación y tristeza de sus familiares por la perdida de su ser querido, sino también todo lo que les significó a nivel psicológico y económico que éste muriera en función de su deber policial, quedando su muerte únicamente como un número más, dentro de lo que nosotras hemos denominado "víctimas silenciosas". Cabe agregar que Aguilar no solo dejó una viuda, sino también cinco hijos, con los cuales ésta ha tenido que lidiar para salir adelante con su manutención , y debido a que optó por trabajar para darle una mejor calidad de vida a sus cinco hijos, el sistema (llámese Poder Judicial ) no sólo le revocó el pago de la pensión sino que también le está cobrando lo ya recibido.

Esto nos hace sentirnos impotentes y desprotegidos, incluso después de muertos, ya que el cuestionamiento válido es ¿ En donde quedó todo mi esfuerzo, todo lo que aporté pensando en un mejor futuro para mis hijos?

Caso #4.

Este caso refleja la persecución laboral arbitraria de un Fiscal General que procedió sin razón alguna, en el año 2001 a despedir a veintidós Fiscales del Ministerio Público, que ya para esa fecha tenían como mínimo entre cuatro y cinco años de laborar, aduciendo exactamente las mismas razones para todos los casos: "falta de actitud y aptitud " para el desempeño de la función, sin que en la mayoría de ellos existiera siquiera causa disciplinaria alguna en su contra. Esta situación generó el descontento no solo de los afectados sino también de una gran cantidad de personal del Ministerio Público que consideró arbitraria, injusta, y violatoria de los derechos laborales de los afectados, y que evidencia la situación endeble en que se encontraban los funcionarios de dicho órgano judicial, incluyendo los que gozaban de una plaza en propiedad ya que con esa forma de actuar se fomentó el acoso, la persecución, el miedo, el descontento, la intriga, las componendas, la falta d e compañerismo, etc..