Introducción

El fenómeno de la venta de drogas en los barrios empobrecidos de América Latina ha sido ampliamente analizado (Saborío, 2019)(8). Esto se debe principalmente a que, si se consideran los homici-dios declarados, América Latina es la región que, a nivel mundial, cuenta con la mayor cantidad de registros (Córdova, 2017)(3); y los protagonistas de la violencia son grupos criminales que se dedican a la venta de drogas (Ordóñez Valverde, 2017)(6).

Sin embargo, al momento de analizar las consecuencias nega-tivas de la existencia de estos grupos, es un error enfocarse única-mente en la violencia que producen. No sólo porque generan im-pactos negativos en la convivencia comunitaria y la participación social y política en las localidades donde están situados (Arias, 2017)(1), sino también porque estos grupos necesitan ser percibidos como entidades legitimas por parte de las poblaciones con las que se relacionan y, para hacerlo, no pueden limitarse al uso de la vio-lencia (Berg & Carranza, 2018)(2). De hecho, como se mostrará en el artículo, para obtener el apoyo de las comunidades locales tienen que equilibrar la imposición de la fuerza con el convencimiento mediante la oferta de beneficios de diferente naturaleza. En otras palabras, tienen que ser legítimos y no sólo potentes. En este caso, por poder entendemos la capacidad de''imponer la propia volun-tad'' (Cortés Vargas et al., 2012)(4), mientras que la legitimidad se basa en que las personas obedezcan a las autoridades no única-mente por el temor de incurrir en castigos, sino porque consideran justo hacerlo (Tyler & Fagan, 2006)(10).

Nivette (2014)(5) explica que la legitimidad del Estado se ve mer-mada cuando sus instituciones son injustas, ineficaces o del todo ausentes, lo que hace que la ciudadanía no se beneficie de su exis-tencia. En consecuencia, la autora afirma que el Estado debe''cul-tivar'' continuamente su legitimidad y no considerar la soberanía como una derivación ontológica de su poder. Es por estas razones que los grupos que se dedican a la venta de drogas en América Latina tienen mayores posibilidades de resultar legítimos ante las poblaciones socialmente excluidas, las cuales no ven sus necesida-des básicas satisfechas gracias a la acción estatal (Raffo López & Gómez Calderón, 2017)(7). Dicha situación abre el camino para que grupos criminales rellenen los vacíos dejados por las autoridades legalmente instituidas y compitan con éstas por la legitimidad ante la ciudadanía (Nivette, 2014)(5); lo que las puede llevar a ser autori-dades''cuasi políticas'' (Berg & Carranza, 2018)(2).

En el presente artículo el autor analiza el contexto de Rincón Grande de Pavas, conjunto de barrios de la capital costarricen-se, los cuales están caracterizados por tener altos niveles de ex-clusión social y de violencia relacionada con conflictos armados entre bandas que se dedican a la venta de drogas al menudeo. En lo específico, se muestra que, para la mayoría de las personas en-trevistadas, la autoridad de dichos grupos no es legítima. Es decir, no consideran que sea justo obedecer las normas de conducta que de éstos emanan. Además, se explicará cuáles consecuencias tie-ne dicha falta de legitimidad con respecto a quienes se dedican al narcomenudeo.

Aquí vale la pena mencionar que, como el autor explica en detalle en otra publicación precedente (Saborío, n.d.)(9)¹, las personas entrevistadas indicaron que en sus comunidades sí existe un códi-go de conducta establecido por los grupos criminales. Sin embar-go, éste se limita a pocos aspectos.² En primer lugar, a que residen-tes soporten pasivamente la venta de drogas y las consecuencias negativas de la presencia de grupos criminales, como la violencia derivada de los conflictos armados entre bandas. Y, en segundo lugar, que los miembros de las comunidades no obstaculicen dicha venta; en particular en lo que concierne a las denuncias de esta actividad ante las fuerzas de policía. Respecto a las personas que consumen droga, la regla más importante es que paguen el pro-ducto que se les brinda.

Metodología

La presente investigación se desarrolló, principalmente, me-diante técnicas cualitativas, las cuales permiten analizar la pers-pectiva de las personas directamente impactadas por la violencia y la criminalidad (Aranda, 2017)(11). Además, la investigación cualita-tiva permite''ilustrar las conexiones entre la violencia estructural, política y simbólica en la producción de una violencia cotidiana, capaz de reforzar las relaciones desiguales de poder'' (Bourgois, 2005, p. 30)(12).³

Entre marzo de 2019 y marzo de 2020 el autor llevó a cabo un total de 67 entrevistas en profundidad que fueron transcritas y, sucesivamente, analizadas. También se llevaron a cabo tres entre-vistas que no fueron grabadas por no tener la autorización de las personas participantes, una de éstas fue a una residente de Rincón Grande de Pavas y dos a privados de libertad.

La selección de las personas entrevistadas se dio, en un primer momento, contactando a líderes y lideresas comunitarias, forma-les e informales, de Rincón Grande de Pavas que aparecían en la lista de contactos del Staff de Gestión de Vivienda y Asentamien-tos Humanos de la Municipalidad de San José. Esto permitió su-perar la dificultad inicial que encontró el investigador al momento de buscar informantes dado que, al inicio del trabajo de campo, no tenía contacto directo con personas de la zona analizada. Su-cesivamente, mediante la técnica de''bola de nieve'', las personas entrevistadas accedieron a facilitar el contacto de otras personas que pertenecían a sus círculos de confianza.

Las entrevistas se realizaron principalmente con residentes de Rincón Grande de Pavas y la mayoría de quienes accedieron fue-ron líderes y lideresas comunitarias. En las demás entrevistas par-ticiparon privados de libertad que, precedentemente, pertenecían a bandas criminales de Rincón Grande de Pavas, representantes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de la Policía Peni-tenciaria, de la Fuerza Pública y de la Policía de la Municipalidad de San José, líderes políticos y responsables de centros de culto, dueñas y dueños de pequeños comercios locales y trabajadores y trabajadoras de instituciones públicas que llevan a cabo sus labo-res en el área en estudio. Para hacer las entrevistas el investigador realizó un total de 43 visitas a Rincón Grande de Pavas y 5 visi-tas a centros penitenciarios (UAI Reinaldo Villalobos y Centro de Atención Integral Jorge Arturo Montero Castro).

Durante el trabajo de campo en Rincón Grande de Pavas se siguieron los consejos de Goldstein (2014)(15), el cual advierte que, al momento de desarrollar investigaciones en comunidades ur-bano-marginalizadas y conflictivas, es necesario tomar también precauciones prácticas para garantizar la seguridad del investiga-dor y de las personas que decidan colaborar con la investigación. Por ejemplo, se planificaron las visitas tomando en consideración cuáles eran las localidades y momentos más riesgosos. Además, la Municipalidad de San José brindó un chofer y transporte insti-tucional al investigador, el cual para cada visita contactó siempre una alguna persona residente de manera que, durante el trabajo de campo, estuviera permanentemente acompañado. Al momento de realizar las entrevistas, se tomaron en consideración las pecu-liaridades que comporta el hecho de dialogar con dichas perso-nas sobre temas relacionados al fenómeno analizado. De hecho, es probable que las personas entrevistadas desconfiaran de las mo-tivaciones y objetivos del investigador. Por estas razones, antes y durante las entrevistas fue necesario poner en práctica una estra-tegia ética de acercamiento y diálogo con los miembros de la zona en estudio (Pérez Galán, 2011)(14). Eso quiere decir que fue necesario encontrar lugares aptos, en espacios públicos o privados, para ha-cer las entrevistas, donde las personas no tuvieran temor a hablar; así como explicar que se les iba a garantiza el anonimato, pedir su autorización para grabar la entrevista y explicar que en cualquier momento podían pedir que ésta se interrumpiera.

El análisis de los datos cualitativos se llevó a cabo siguiendo los pasos indicados por Fernández Núñez aunque no siempre de manera lineal, ya que la investigación, en particular la cualitativa, es un proceso circular: 1. obtener la información primaria, en este caso las entrevistas; 2. transcribir y ordenar la información; 3. ca-tegorizar; 4. codificar la información; 5. integrar la información, es decir,''relacionar las categorías obtenidas en el paso anterior, entre sí y con los fundamentos teóricos de la investigación'' (2006, p. 4)(13). Para la autora, la categorización es aquel proceso mediante el cual se elabora una unidad conceptual, o código, que tenga una importancia para la investigación y ésta puede ser realizada antes, durante o después de la recolección de los datos. En cambio, la codificación es la individuación y agrupación de partes de los da-tos dentro de una categoría (código) elaborada precedentemente y que tiene características similares. El momento de la codificación sirve para ordenar la gran cantidad de datos que se producen du-rante el trabajo de campo. A lo largo de la codificación se determi-nó que, dentro de la mole de datos, se reconocieron los patrones entre las diferentes fuentes y se identificaron las relaciones entre los diferentes elementos conceptuales. Antes, durante y después del trabajo de campo se elaboraron códigos y sub-códigos relacio-nados con los temas presentados en este elaborado. El programa de análisis de datos cualitativos NVIVO R1 fue usado durante los procesos de transcripción, categorización y codificación de la in-formación.

Además, con el fin de corroborar la información brindada por parte de las personas entrevistadas, y para proporcionar ulteriores insumos, se analizaron las estadísticas oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica respecto a los homici-dios y robos que criminales llevaron a cabo en Pavas.

Fuentes de legitimidad

La relación de autoridad de los grupos criminales con los miembros de comunidades locales puede ser de cooperación o de abuso, en un rango que puede ir de la simbiosis, donde los prime-ros brindan una gran cantidad de beneficios a los segundos que, a su vez, los apoyan activamente; hasta el nivel de tiranía absolu-ta, donde la acción criminal resulta predatoria y perjudicial a las personas (Magaloni et al., 2020)(21). Según esta lógica, la legitimidad de los grupos criminales depende principalmente del tipo de auto-ridad, es decir de cooperación o de abuso, que éstos ejercen hacia quienes residen en las localidades donde llevan a cabo sus activi-dades ilícitas.

En concreto, en contextos de marginalización y exclusión so-cial, los grupos criminales pueden resultar legítimos por diferen-tes razones. En primer lugar, cuando crean trabajo ilegal para las personas directamente involucradas en la actividad de venta y beneficios económicos a sus allegados, o bien, ofrecen servicios e infraestructuras al resto de la población local (Sandoval, 2017)(23), lo que hace que éstos puedan llegar a desempeñar una función de''asistencia social'' (Cortés Vargas et al., 2012)(4). En segundo lugar, cuando las agencias de seguridad del Estado son ausentes o in-eficientes y los grupos criminales ponen en práctica mecanismos de protección contra agresiones externas, por ejemplo contra la violencia de bandas provenientes de otras localidades (Biderman et al., 2019(18); Cortés Vargas et al., 2012(4)) o contra la micro crimina-lidad local, en particular contra los robos y asaltos, pero también prohibiendo la violencia doméstica y de género (Lessing, 2008)(20). En algunos casos hasta pueden proteger a la población local contra la brutalidad policial (Alves, 2016)(16). En tercer lugar, cuando relle-nan otros vacíos dejados por parte de las instituciones del Estado y crean formas de mediación de conflictos entre vecinos y vecinas o favorecen la acción de agencias del Estado y del sector privado para que suministren diferentes tipos de servicios dentro de las co-munidades, como sucede en las favelas de Río de Janeiro en Brasil (Gay, 2017(19); Lessing, 2008(20); Saborío, 2014)(22). Es debido a este tipo de beneficios que, independientemente de la violencia que los gru-pos criminales generan dentro de los barrios donde se encuentran, sus residentes no sólo pueden llegar a tolerarlos pasivamente, sino también a aceptarlos (Cortés Vargas et al., 2012)(4) e, incluso, a apo-yarlos activamente; por ejemplo, avisando de la presencia policial, escondiendo a criminales en sus casas o guardando armas y drogas (Auyero et al., 2014(17); Cortés Vargas et al., 2012(4); Lessing(20), 2008).

En el caso de Rincón Grande de Pavas, cuando se les preguntó a las personas entrevistadas si las bandas generaban beneficios para el resto de la comunidad, es decir, para todas las personas que no colaboraban con sus actividades ilícitas, las respuestas fueron casi siempre negativas. Solo un privado de libertad relató, hablando del pasado y explicitando que hoy en día esto no sucede, que la ban-da a la que pertenecía le había ayudado a la escuela local a repa-rar el cielo raso y que Colas, ex líder del narcomenudeo en Finca San Juan de Pavas que falleció asesinado en 2010, repartía, entre las personas que más lo necesitaran, parte de la mercancía que su grupo robaba. Es el caso de alimentos como arroz y frijoles proce-dentes de un camión asaltado, así como juguetes para los niños y las niñas durante la época navideña. Sin embargo, la investigación dejó claro que actualmente la criminalidad local no ayuda a las comunidades de Rincón Grande de Pavas de esta u otra manera. De hecho, todas las personas entrevistadas respondieron de la misma forma cuando se les preguntaba respecto a los beneficios que las bandas criminales aportan hoy en día en sus comunidades, como lo muestra el siguiente ejemplo:

Además, vecinas y vecinos se mostraron molestas y molestos ante el consumo de las drogas que las bandas venden y que en mu-chos casos se lleva a cabo en el espacio público. Esto expresó una de las entrevistadas:

Respecto a la seguridad, las bandas de Rincón Grande no sólo no brindan protección ante la violencia de grupos criminales ex-ternos o ante la brutalidad policial, sino que, debido a los conflic-tos armados y las balaceras en la vía pública, éstas aumentan la inseguridad entre las personas (Saborío & Astorga, n.d.)(24). De he-cho, según estadísticas del Organismo de Investigación Judicial ⁴ el distrito de Pavas es uno de los que, en todo el país, ha presentado mayor cantidad de incidencias por homicidios dolosos entre 2010 y 2018. Además, ha sido el distrito con mayor cantidad de homi-cidios del cantón central de San José durante cinco de los últimos nueve años de este periodo. Entre 2010 y 2018 se han presentado un total de 147 homicidios dolosos en Pavas, lo cual representa un 22% del total de homicidios dolosos ocurridos en el cantón de San José y hace que Pavas tenga un 8% más de casos que el de su suce-sor inmediato, el distrito Hospital, con un total de 105 homicidios dolosos en el mismo periodo.

El móvil, es decir, la motivación principal de los homicidios en Pavas es el''ajuste de cuentas o venganza''. Éste móvil es descrito por parte de las autoridades policiales de Costa Rica como aquel en el que preexiste un conflicto entre personas y que motiva a una de ellas a matar a la otra. Con respecto a lo anterior, es importan-te hacer la salvedad de que las autoridades policiales registran los homicidios que se dan por conflictos por territorio para la venta y distribución de droga, impagos de droga por consumo o distri-bución como''ajuste de cuentas/venganza''. De 2010 a 2019, se han presentado 83 casos motivados por''ajustes de cuentas o vengan-zas'' en Pavas, esta cifra representa el 49,11% de los casos totales ocurridos en esta área en el mismo periodo de tiempo. Como pue-de apreciarse en el Gráfico 1, en el año 2010 no se presentó ningún caso por ajuste de cuentas o venganza; sin embargo, con el pasar de los años se dieron constantes aumentos hasta que se convirtió en la modalidad de homicidio más común. En el gráfico estos casos se representan con las barras de color azul.

Gráfico 1
Cantidad de homicidios por móvil y año correspondiente en Pavas (2010-2019).

Es solo a partir del año 2015 que el Organismo de Investiga-ción Judicial lleva a cabo un registro de los homicidios dolosos que pueden ligarse policialmente a la venta de drogas. El porcentaje de este tipo de homicidios en Pavas ha venido en crecimiento en los últimos años. De manera general, entre los años 2015 y 2018 se dieron 80 homicidios en el distrito de Pavas, de los cuales un 46,25% (37 casos) podrían ligarse policialmente a la venta de dro-gas según el OIJ.

Además de lo anterior, existe la posibilidad de que, sobre todo en 2015 (que es cuando se empiezan a registrar estos casos), pero también en los años posteriores, se hayan presentado homicidios que estaban relacionados con actividades ligadas a la venta de drogas y que, por equivocación o falta de costumbre por parte de la policía de categorizarlos de esta manera, estos hayan sido ca-talogados como simples riñas. Esto explicaría el hecho de que en 2015 (primer año en el que el OIJ usó dicha categoría) la cifra de muertes vinculadas con la venta de drogas sea la más baja entre los años analizados. En el año 2015, según las autoridades poli-ciales, los homicidios ligados a la venta de drogas representaron el 22%. Sin embargo, este porcentaje ha crecido constantemente durante los siguientes años; específicamente, los porcentajes respectivos correspondieron a: 33% (2016), 67% (2017) y 82% (2018) con respecto al año 2019 (Ver Gráfico 2). Es importante, entonces, evidenciar que el porcentaje de estos homicidios va en constante aumento y que, en consecuencia, resulta evidente que las bandas criminales no consiguen mantener bajo control dicho crimen.

Gráfico 2
Cantidad de homicidios totales y ligados al narcomenudeo en Pavas (2015-2018).

En relación con los robos y asaltos, varios de las personas resi-dentes de Rincón Grande y de los privados de libertad que fueron entrevistados coincidieron en que, en años anteriores, líderes de las bandas prohibían los robos y asaltos, principalmente para evi-tar la presencia de cuerpos policiales en las comunidades; mien-tras que, en cambio, hoy en día es una práctica poco común.

Las estadísticas oficiales nos muestran que, a nivel de distrito, en la última década ha habido un aumento en el número de asaltos a personas. Entre 2008 y 2018 la cantidad se duplicó, pues pasó de tener 207 incidentes en el primer año, a 436 en 2018. En otras palabras, las cifras aumentaron en un 111% durante el periodo analizado. Al igual que con los asaltos a personas, los hurtos en Pavas también muestran una tendencia al aumento. En el periodo 2008-2018 el número de casos correspondientes a este fenómeno incrementó en un 75%. El marcado aumento en el número de ca-sos que ocurrió a partir del lapso entre 2013 y 2015 permite com-prender que se pasó de 78 a 212 incidentes, de ahí se mantiene este comportamiento hasta llegar a la cifra más elevada de hurtos en 2016, es decir, 221 casos. Tras la revisión de los datos se identificó que Pavas es el segundo distrito del cantón central de San José con mayor cantidad de robos registrados entre 2008 y 2010, precedido únicamente por el distrito Catedral. Durante estos años se presen-tó un total de 1.106 robos en Pavas, lo que representa el 14% del total de incidentes registrados a nivel cantonal y demuestra que, en la actualidad, los grupos criminales de la zona no tienen interés o no consiguen mantener este tipo de delitos bajo control. Respecto a la relación entre los robos, asaltos y la venta de droga, algunos de los residentes mencionaron que estos delitos son cometidos, en muchos casos, por consumidores de drogas cuyo objetivo es poder pagar las deudas que tienen con narcomenudeantes. Otras perso-nas indicaron que quienes roban en Rincón Grande de Pavas son los miembros de las bandas dedicadas al narcomenudeo, como las personas que se dedican a la venta, o personas cercanas a éstas que, en casos, andan armadas para robar las pertenencias de las víctimas.

Lo anterior permite comprender las razones que llevan a las personas entrevistadas a afirmar que las bandas del narcomenu-deo cuentan con un bajo apoyo por parte de residentes en Rincón Grande de Pavas. Esto se traduce en que solamente algunas per-sonas, por tener lazos familiares o de amistad con los miembros de las bandas del narcomenudeo, les informan sobre la actividad policial o la presencia de grupos rivales o, por otro lado, esconden armas o drogas para los grupos criminales sin recibir ningún tipo de remuneración a cambio. No obstante, se obtuvieron diferentes opiniones con respecto a las características de la población que les brinda apoyo. Por ejemplo, en algunas entrevistas se afirmó que se trata de los familiares y amistades de los miembros de las bandas, mientras que otras personas dicen que las bandas reciben apoyo sobre todo de parte de niños y jóvenes. Entre las entrevis-tas realizadas destacó el hecho de que los grupos criminales reclu-tan nuevos miembros desde muy tempranas edades. Por ejemplo, residentes indicaron que en estos grupos se incorporan niños y adolescentes (a partir de los 8 y 12 años), algunos de los cuales se encargan de vender drogas en los centros educativos, como lo evidencia el siguiente fragmento:

Siempre según los residentes, además de la venta, algunos de estos jóvenes trabajan como''campanas'' e incluso pueden andar armados. Su edad les permite incurrir en menos riesgos, debido a que, muchas veces, pasan más desapercibidos ante la policía y, en caso de ser detenidos, rápidamente pueden quedar libres por ser menores de edad o, del todo, no son el blanco de los controles policiales. El siguiente fragmento da cuenta de ello:

Oficiales de Fuerza Pública indicaron que existen personas, a las que llaman''prestados'' que, aunque no están directamente in-volucradas con las bandas (ya que no venden droga), sí facilitan a éstas sus viviendas para que sus miembros puedan resguardarse cuando son perseguidos por oficiales de policía. En ese sentido, quien delinque tiene la posibilidad de ingresar a la vivienda y pos-teriormente escabullirse a través de los techos. Además, durante las entrevistas se mencionaron otras formas de apoyo por parte de vecinas y vecinos, como disponer de las viviendas para guardar armas o drogas y también facilitar información, principalmente cuando se aproxima la policía. Entre los motivos que pueden lle-var a los residentes a brindar apoyo a los grupos criminales, se mencionó el parentesco, la amistad, el temor a sufrir represalias y también la posibilidad de obtener beneficios personales, como por ejemplo mejoras a las viviendas:

Ausencia de legitimidad y reacción de las comunidades locales

Los grupos criminales representan un peligro para las comu-nidades donde se sitúan. No sólo por vulnerar a las personas du-rante los conflictos armados, sino también porque, en algunos ca-sos, como sucede con las maras en los países del triángulo norte centroamericano, éstos grupos pueden llegar a''robar, extorsionar, matar y en general amenazar'' (Bruneau, 2014, p. 165)(25) a miembros de la población local, lo que significa que, respecto a ésta, ejercen un tipo de autoridad abusiva que obstaculiza su legitimidad.

En Rincón Grande de Pavas, como se dijo, los grupos que se dedican a la venta de drogas no aportan beneficios significativos a las comunidades. Aunado a esto, parte de los resultados de la pre-sente investigación (Saborío & Astorga, n.d.)(24) aclaran que, según las personas residentes, la autoridad de los grupos criminales para con la población local tiene rasgos autoritarios que la victimiza directamente. Por ejemplo, cuando se han dado casos de violencia sexual por parte de hombres de dichos grupos contra mujeres jó-venes de las comunidades, cuando se castigan a usuarios de droga o a sus familiares cuando éstos no consiguen saldar sus deudas o, como se verá a continuación, cuando las personas no respetan el código de conducta impuesto por parte de las bandas y deciden denunciar sus actividades ilícitas ante la policía. Sin embargo, lo que más genera descontento entre las personas es la victimización indirecta debida a los conflictos armados entre bandas y al temor de ser alcanzadas por una bala perdida. Además, la percepción que madres y padres de familia tienen de estos grupos es preva-lentemente negativa. Esto se debe a la mala influencia que ellas y ellos consideran que los miembros de las bandas y el producto que venden tienen sobre sus hijas e hijos. Otro aspecto que lleva a las personas de las comunidades a no considerar como positiva la presencia de estos grupos es que, en algunos casos, representan un obstáculo para que las instituciones públicas, nacionales y locales, brinden servicios básicos a la población. Por ejemplo, esto se da cuando impiden el acceso a ambulancias o bomberos, o cuando irrumpen en la clínica local obligando al personal a que detenga sus labores para dar prioridad a algún miembro de alguna banda cuando resulta herido como consecuencia de un conflicto armado (Saborío & Astorga, n.d.)(24).

Todo lo anterior permite comprender las razones por las cuales los grupos de narcomenudeo gozan de una legitimidad muy limi-tada en las comunidades de Rincón Grande de Pavas, lo que los lleva a imponer su autoridad a través de la violencia para que las personas respeten las reglas que imponen, incrementando así la aversión de las comunidades hacia su presencia.

Estudios cuantitativos en Colombia (Cortés Vargas et al., 2012)(4) han demostrado que residentes que deciden no denunciar la acti-vidad de narcomenudeo lo hacen por miedo de sufrir retaliacio-nes por parte de los grupos criminales contra ellas y ellos mismos, sus familiares y sus bienes materiales. Lo mismo pasa en Rincón Grande de Pavas, donde las personas entrevistadas, en particular las madres, afirman que casi nadie denuncia, principalmente por temor que le pase algo a sus seres queridos:

El miedo de las personas residentes no es infundado, de sus relatos se desprende que los miembros de los grupos armados han llegado a amenazar de muerte a las personas que realizan denun-cias o a obligar a familias enteras a marcharse de sus casas. Fuera de las grabaciones, otras personas afirmaron que las bandas han asesinado a quienes les han denunciado ante la policía. Esto gene-ra un clima de silencio, donde la mayoría de las personas asevera que no denuncian porque''si uno no se mete con ellos, ellos no se meten con uno'' (Saborío, n.d.).(9) Sin embargo, algunos vecinos y vecinas, sobre todo de forma anónima, sí se atreven a denunciar a responsables de los delitos relacionados con la venta de drogas, como fue narrado por parte de Orlando Corrales, jefe de la uni-dad de análisis criminal del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica:

Kilanski y Auyero (2015)(27) sostienen que las personas que viven en contextos caracterizados por altos índices de violencia desarro-llan estrategias para hacer frente a los peligros que cotidianamen-te pueden encontrar y que, en el caso de Rincón Grande, se ven exacerbados por la autoridad abusiva e ilegítima de las bandas de narcomenudeo. Para estos autores, es posible dividir las estrategias en cuatro tipos: a) las individuales y no violentas, b) las individua-les y violentas, c) las colectivas y no violentas y d) las colectivas y violentas. Entre las estrategias individuales y no violentas está la reclusión en el ámbito doméstico, la protección constante de fami-liares, el reforzamiento de los sistemas de seguridad de las casas, las arriba mencionadas denuncias de los hechos delictivos a las autoridades competentes y el cambio de lugar de residencia.

Dada la condición de conflicto permanente que viven muchas comunidades vulnerables de América Latina, no sorprende que la última sea una de las estrategias más comunes para evitar los peli-gros y las angustias que las personas viven debido a la existencia de los grupos que se dedican a la venta de drogas. En casos más drás-ticos, como el de algunas localidades de El Salvador, Guatemala y Honduras, que han sido tomadas por parte de grupos criminales, es posible hablar de''desastre humanitario'' (Cantor, 2016)(26) cuando se trata de desplazamientos a los cuales se ve forzado un número elevado de personas para huir de amenazas y de la violencia puesta en acto por parte de dichos grupos. Por ejemplo, en una muestra de 20 municipalidades hondureñas, el 4% de la población afirmó haber sido desplazada de sus barrios de origen por causa de la violencia de las bandas (Cantor, 2016)(26). En Costa Rica la situación todavía no ha llegado a ser tan alarmante como la de los países cer-canos del triángulo norte centroamericano. Sin embargo, muchas de las personas han mencionado querer irse de Pavas por causa de la violencia, mientras que otras ya lo hicieron, como lo muestra el siguiente fragmento:

En otros casos, los mismos grupos de narcomenudeo obligan a algunas personas, con las cuales han entrado en conflicto, a mar-charse de sus casas. Sin embargo, la gran mayoría de las perso-nas de Rincón Grande permanece en sus barrios. Las personas entrevistadas afirmaron que muchas quisieran marcharse de sus comunidades para ir a vivir en otras zonas más seguras, pero no lo hacen porque no tienen los medios económicos necesarios.

Siguiendo con la clasificación de Kilanski y Auyero (2015)(27), las estrategias individuales y violentas son aquellas que se llevan a cabo a través del uso de la fuerza física, como los padres que gol-pean a los hijos para que se alejen de las drogas o de la actividad de narcomenudeo, o las personas que reaccionan violentamente ante amenazas o agresiones por parte de terceros. El uso de la fuerza física se contempla también en las estrategias colectivas y violen-tas, como pueden ser linchamientos de criminales por parte de la comunidad. Durante las entrevistas nadie mencionó la implemen-tación de estas prácticas.

En cambio, las personas entrevistadas sí mencionaron estrate-gias colectivas y no violentas, que los autores (Kilanski & Auyero, 2015)(27) describen como aquellas que son el resultado de la acción comunal, como manifestaciones públicas contra la violencia. En una de las comunidades de Rincón Grande, alrededor de cinco años atrás, vecinas y vecinos organizaron una''marcha para la paz'' después de un periodo en el que se dieron varios homicidios en poco tiempo. En otra ocasión, instalaron cámaras de seguridad en los lugares identificados como zonas de venta de drogas, sin em-bargo, el resultado se limitó a deslocalizar dicha actividad. En dos de los barrios analizados, las personas decidieron construir muros o cerrar calles para evitar la llegada de delincuentes de otras loca-lidades o para impedir que los conflictos armados de otras áreas se trasladaran hasta las cercanías de sus hogares.

También se han llevado a cabo acciones comunitarias orien-tadas a contrarrestar directamente el narcomenudeo: en un asen-tamiento informal, la asociación de vecinas y vecinos impuso re-glas estrictas que prohíben la venta ilegal de alcohol y drogas en la comunidad. Aunque no ha sido fácil para la organización hacer respetar las reglas, la Municipalidad de San José está llevando a cabo un proceso de erradicación del asentamiento informal y de construcción de vivienda pública para sus residentes. Esto ha per-mitido que los vecinos y las vecinas se adecuen a las reglas por-que temen que podrían quedar fuera del proyecto habitacional. En otro barrio, hace unos años se conformó un grupo de personas que llevaba a cabo''patrullajes comunitarios'' para disuadir la ac-ción delictiva. Sin embargo, esta iniciativa duró poco y no llegó a resultados concretos por la escaza participación de las personas. Un tercer grupo, llamado Coalición Comunitaria de Pavas, realiza eventos culturales, recreativos y deportivos con el objetivo de brin-dar posibilidades a las personas jóvenes para que se mantengan le-jos del consumo de drogas y, de esta manera, reducir las ganancias y el poder de los grupos que se dedican al narcomenudeo.

Estas acciones puntuales, aunque tienen que ser valoradas y apoyadas, lamentablemente parecen tener un impacto muy limi-tado y no consiguen incidir significativamente en la reducción de la venta de drogas.

Conclusiones

La investigación demuestra que la presencia de bandas que se dedican a la venta de drogas genera beneficios sólo para una parte muy reducida de la población, es decir, a aquellas personas que por motivos de parentesco y de amistad son cercanas a sus miembros, o a aquellas que les brindan algún tipo de servicio. Y es principal-mente por esta razón que dichos grupos no gozan de elevados ni-veles de legitimidad entre residentes de Rincón Grande de Pavas.

Sin embargo, es posible afirmar que el nivel de aceptación a las reglas impuestas por las bandas es muy alto, mientras que el nivel de apoyo es muy bajo. Esto significa que casi la totalidad de las personas aceptan pasivamente las imposiciones para no volverse víctimas de la violencia de los grupos de narcomenudeo, mientras que, en cambio, son pocas aquellas que brindan un apoyo activo a estos grupos. En efecto, las personas entrevistadas coincidieron al indicar que son muy pocas las vecinas y los vecinos que apoyan a las bandas de narcomenudeo en sus respectivas comunidades; por ejemplo, escondiéndolos de la policía o guardando armas y drogas.

Es necesario evidenciar también que no todas las personas se demuestran pasivas ante los hechos analizados. Además de las denuncias a las autoridades, algunas comunidades han intentado buscar soluciones concretas, pero de corto alcance. Por ejemplo, a través de la construcción muros y bloqueos de calles para de-limitar la acción delictiva de las bandas. En otros casos, se han generado grupos que tienen el objetivo de mantener bajo control el narcomenudeo y la violencia a éste asociada.

Bibliografía

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