Introducción

Según Bolaños (2017) el actual Estado Social de Derecho costarricense tiene su fundamento en la Doctrina Social de la Iglesia desde 1943 cuando la administración Calderón Guardia incrusta en la Constitución Política del momento el artículo 51, descomponiéndose en lo que hoy son los artículos 50 y 51 de la actual Carta Magna. No obstante, aquel ensayo adoleció de un abordaje analítico más amplio que considerara en cuáles otras facetas gubernativas ha permeado la ideología socialcristiana, lo que se trata de solventar en este ensayo, sin que esto signifique incurrir en valoraciones político-partidistas o biográfico-caudillistas sobre quienes han abrazado dicha ideología, sino más bien, sobre los momentos en que ésta generó programas tendientes a fortalecer las condiciones económicas del país a través de los agentes privados, como un medio generador de riqueza que sería, a su vez, distribuida en el ámbito nacional en apego al principio de solidaridad social.

Metodología

El tema de investigación será abordado principalmente mediante la técnica de investigación análisis de contenido – a través del análisis documental–, aplicando igualmente la entrevista semiestructurada –por medios electrónicos– a los sujetos de información que se consideraron pertinentes conforme el muestreo por conveniencia.

La ideología en el escenario gubernativo nacional

La Doctrina Social de la Iglesia Católica¹ se constituye en una armazón ético-ideológica que presenta ramificaciones. Una se refiere al condicionamiento al que se ve sujeta cada persona para lograr su normal y pacífica convivencia en sociedad; otra se refiere a la manera en que el aparato estatal se modela y conduce en razón del bien común², la justicia y el desarrollo social. Bajo esa línea, el socialcristianismo se ubica, dentro del parangón ideológico, como una más de las corrientes que se enfilan hacia la determinación de lo que debe ser el modelo social en el que se desenvuelve. Su particularidad se haya en el afán por aglutinar a los diferentes actores de aquél modelo en un orden ascendente: individuo-sociedad-Estado. Por su parte, Montenegro(1970, p.88-89) aclara sobre sus conceptos fundamentales que son una amalgama de: a) la inspiración espiritualista del cristianismo, fundada en la responsabilidad final del hombre ante Dios, b) los métodos políticos de la democracia y c) el acento del socialismo sobre la solución de los problemas de orden económico que afligen a las grandes mayorías. A similares términos arriba Salazar al presentar la siguiente triada, misma que define de mejor forma lo que constituiría dicha ideología, y que permitirá incluso contrastarlacon lo planteado y verdaderamente ejecutado en los periodos presidenciales sub examine:

Empero, varias han sido las figuras que relucen por contribuir a lograr aquella amalgama, como lo fueron Bernardo Augusto Thiel, Jorge Volio Jiménez, Víctor Manuel Sanabria Martínez³ y Rafael Ángel Calderón Guardia. De hecho, el primero fue determinante para ello, cuando en 1891 se funda el partido político⁴ Unión Católica (Blanco, 1983; Sánchez, 2009; Solano, 2011), participando en elecciones municipales y legislativas, pero aprovechando también para combatir al movimiento masónico de manera férrea (Salazar y Salazar, 2010, p. 29-32). Esto es interesante por la cantidad de diputados y gobernantes que profesaron esa doctrina (Martínez, 2008; Guzmán-Stein, 2009), por lo que entendemos que la lucha se daba en varios frentes, tal y como el político-administrativo y el confesional.⁵ Posteriormente, en enero de 1923, nace el Partido Reformista jefeado por Jorge Volio Jiménez, y si bien la formación católica y social que éste recibiera en la Universidad de Lovaina fueron los derroteros de ese grupo político (Volio, 1978, p. 130), la Doctrina Social no aparece ni en el Manifiesto del líder del Partido Reformista, ni en los Propósitos de dicha agrupación.

Ahora que, al no perdurar aquellos movimientos políticos, debió esperarse hasta el periodo de 1940-1944 cuando tomara forma la amalgama arriba indicada, dándole el Estado, ahora en toda su magnitud, un tinte de solidaridad, pero esta vez por un movimiento seglar, conforme lo aclarara Calderón Guardia en su mensaje al Congreso Constitucional del 16 de mayo de 1942 sobre su proyecto de Garantías Sociales y explicitando:

Se inaugura⁶ en ese momento el periodo en que parecían convivir el mensaje cristiano, principalmente el católico, y las fuerzas políticas que anhelaban o dominaban el aparato estatal en cuanto a sus recursos humanos, técnicos y económicos. La muestra más palpable de esa nueva visión estatal termina por materializarse a través del entonces artículo 51 constitucional, que en la actualidad se descompone en los artículos 50 y 51 vigentes, y que también han sido fundamento para la conformación de un Sistema Nacional de Planificación instituido por la Ley 5525, tal y como se evidencia en las Tablas 1 y 2 siguientes.

Sin embargo, la Ley 5525 de 1974 tuvo como antecesora la Ley de Planificación 3087 de 1963, ambas promulgadas en periodos de gobierno del Partido Liberación Nacional (PLN), de tendencia socialdemócrata según explicita Araya (1968). La última era parte de los compromisos de Costa Rica como contraparte de los beneficios que recibía de la Administración para el Desarrollo, la cual se distinguía, entre otras cosas, por impulsar el arraigo de la Planificación en los países americanos, y en todos aquellos campos que se determinen imprescindibles para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, así como en la racionalización administrativa a través de la eficiencia y eficacia de los procesos que realizaban las instituciones públicas.

Durante la década de 1960, se vislumbraba la sintonía de la comunidad internacional hacia la planificación, ahora igualmente desde la Doctrina Social de la Iglesia, mediante la Encíclica Populorum Progressio (1967) del entonces Pontífice Pablo VI. Ésta –basada a su vez en otros documentos pontificios como Mater et Magistra (1961) y Gaudium et Spes (1965)–, incluye un apartado sobre Programas y planificación, indicando entre otros aspectos que: “Toca a los poderes públicos escoger y ver el modo de imponer los objetivos que proponerse, las metas que hay que fijar, los medios para llegar a ella, estimulando al mismo tiempo todas las fuerzas agrupadas en esta acción común” (1967, p. 8).

No obstante, aquella Encíclica concuerda, según Santa Ana (1991, p. 33), con el informe de la Conferencia Mundial de Iglesia y Sociedad, organizada por el Consejo Mundial de Iglesias en Ginebra en 1966 y con la Primera Década del Desarrollo de las Naciones Unidas. De esta manera, se demuestra la tendencia mundial y laica al respecto, aunque posteriormente la Comisión para la participación de las Iglesias en el Desarrollo (CPID) y la Comisión de Ayuda Intereclesiástica, Servicio Mundial y Refugiados (CAISMIR) tomaron una posición más crítica al respecto, buscando desenmascarar aparentes propósitos de dominación imperialista bajo el lema de cooperación para el desarrollo, de aquellos que sí propendían un desarrollo liberador genuino (Departamento Ecuménico de Investigaciones, 1981).

Por otro lado, la concatenación mostrada en las dos Tablas anteriores, no solo se mantiene vigente, sino que continúa delineando y determinando las relaciones gubernativas, permitiéndole al Poder Ejecutivo dirigir el conjunto de instituciones y recursos públicos para dedicarlos a los grupos poblacionales que lo requieran, tal y como aclaró la Sala Constitucional del Poder Judicial en su Sentencia 03089-1998 al prescribir:

Los periodos gubernativos afines al socialcristianismo

Una vez sobrepasado el periodo cúspide de las relaciones Estado-Iglesia Católica (1940-1944), se rastrean otros momentos en que puede ubicarse el influjo del socialcristianismo en las relaciones gubernativas del país, extrayendo de cada periodo presidencial, que no sea de extracción liberacionista, las pruebas de ello, y que Pérez Brignoli (1999, p. 34) delimita entre 1978 y 1998, pero que en este caso se ha alargado un periodo más.

Periodo gubernativo 1966-1970

Inicia el análisis de este periodo según lo apuntado en el Programa de Gobierno del Partido Unificación Nacional, que era encabezado por el siguiente Principio General:

El hecho de que se enuncie como derrotero uno de los escritos que conforman la Doctrina Social de la Iglesia, demuestra la existencia de un vínculo programático-ideológico⁷ que debía traducirse en acciones gubernativas concretas. A partir de ahí, se incluyen 32 puntos/apartados distribuidos en ejes como:

Todos los 32 apartados programáticos se enfilaban a mejorar las condiciones poblacionales, pero sobresale el interés por lograr una regeneración económica en la cual el Gobierno fuese un facilitador para ella, tal y como se muestra a continuación en la tabla 3:

Tratando de seguir una línea analítica, surge la aparente contradicción entre el afán por ceñirse a los principios de la Doctrina Social y el empuje o apertura para con la empresa privada, máxime cuando se retoma lo prescrito por Salazar (2002) en cuanto a que el intervencionismo estatal es consustancial del socialcristianismo, aunque esto más bien riñe con lo indicado por Held (2005). Y es que esa misma prescripción ostenta una particularidad no exenta de posibles ambigüedades: lograr el intervencionismo gubernativo al tiempo que se propenden las libertades económicas totales. Y, para abonar a la aparente contradicción, considérese a Opazo (1987, p. 163) al enunciar los contenidos propuestos por el socialcristianismo, como corriente filosófica, para la transformación de la sociedad:

Consideramos que la ambigüedad aumentaría, al comparar dicha doctrina con la socialdemocracia⁸, que sí promulga abiertamente un papel más acentuado del Estado en la vida económica nacional y en diferentes escenarios: desarrollo agropecuario, asignación del crédito bancario, dinamización económica por medio del empleo público directo e indirecto (por ejemplo, mediante la concreción de obra pública), prestación de servicios médicos, principalmente a través de funcionariado público, entre otros.

Empero, al mirar hacia atrás, no es posible ubicar, por ejemplo en las Encíclicas Papales, alguna mención de que socialcristianismo es sinónimo de intervención estatal hegemónica o al menos en todo lo posible, como tampoco un llamamiento –por correlato– al liberalismo del laissez faire, laissez passer. Por otro lado, los gobernantes que se han identificado socialcristianos no parecen contradecirse al profesar una religión basada en la solidaridad y el bien común y, paralelamente, disponer la maquinaria estatal para el apoyo y sostenimiento de los negociosparticulares. En esa línea, valórense las siguientes manifestaciones:

Periodo gubernativo 1978-1982

Las Bases del Programa de Gobierno del Partido Unidad son claras en plasmar que el eje cardinal de sus futuras acciones gubernativas sería el socialcristianismo, dejando claro que el desarrollo del individuo en sociedad debía ser armonioso, respetando a la empresa que cumple una función social impulsando el progreso económico, al tiempo que dignifica el trabajo de “(…) quienes participan con su esfuerzo laboral a crear riqueza y bienestar” (s/f, p. 9); todo esto, siempre bajo el halo del bien del común y la solidaridad.

La función del Estado como ente con diversas extremidades administrativas y su relación con el entorno económico doméstico se concibió de la siguiente forma:

Posteriormente, el documento se descompone en una serie de apartados, rescatando que, en comparación con el periodo anterior, éste contiene mayor cantidad de acciones programáticas de estímulo a la iniciativa económica privada, por lo que en la siguiente Tabla 4 se incluyen aquellas que lo indiquen explícitamente, aclarando, previamente, que la propuesta ideológico-programática de este lapso tampoco incluía un liberalismo económico a ultranza, tendiente al cercenamiento o achicamiento de la plataforma administrativa estatal, aunque Esquivel, asentado en otros autores, acota que es precisamente durante este segmento gubernativo cuando “(…) se inicia la expresión –aunque insípida– del neoliberalismo en Costa Rica” (2007, p. 162)

Periodo gubernativo 1990-1994

Primeramente, valga aclarar que desde inicios de la década de 1980, toma mayor auge, nacional e internacionalmente, un neoliberalismo que propendía la cada vez mayor necesidad de achicar el aparato estatal y recortar los programas asistenciales de corte paternalista, buscando dejar libre el paso para la figura del Estado Regulador. Para ello confluyeron dos condiciones que potenciarán la aparente necesidad de transformación de los aparatos estatales a nivel casi mundial:

Y la fusión de todo lo anterior dará como resultado la denominada Nueva Gerencia Pública (NGP), que esencialmente trataba de extraer el espíritu gerencialista y las prácticas ágiles de la administración privada, e implantarlos en todo el esquema público.

Ante ese preámbulo, no es de extrañar que se mantuviera la orientación económica traída hasta el momento en cuanto a libertad y solidaridad –y que también aumentaran las propuestas de mejora–, al titular al nuevo programa político: Una nueva forma de gobernar, y que su primera parte fuera el apartado de: La Nueva Economía, tratando ahora de potenciar un factor contextual para el desarrollo económico mundial: la apertura al intercambio y al comercio internacional, e introduciendo incluso un elemento novedoso como las Garantías Económicas, mismo que será retomado posteriormente.(Ver Tabla 5)

Y es que, no resulta extraño que el PUSC viniese presentando tintes económico-liberales, dada la gravitación en éste de elementos pertenecientes a la Asociación Nacional para el Fomento Económico (ANFE) como Miguel Ángel Rodríguez, Alberto Di Mare, Thelmo Vargas, Jorge Guardia y Jorge Corrales que, según apunta Fernández (1986, p. 17), se definían como un grupo socialcristiano. El caso del primero se verá en párrafos subsiguientes, pero, por ejemplo, el último mantenía la tesis de que el sistema de mercado en ningún momento entraba en conflicto con la Doctrina Social de la Iglesia Católica (Corrales, 1994, p. 68).

Aunque la mayor aclaración al respecto la brinda el expresidente Calderón Fournier al enunciar:

Sentenciando más adelante que:

Este parteaguas, en el cual se pretende aclarar que la visión ideológica del PUSC resulta de una combinación de Liberalismo en sentido amplio y Doctrina Social de la Iglesia, se considera que llega tarde, cuando primero a través del movimiento denominado Partido Republicano Calderonista y, más adelante, por conducto del propio PUSC, se ha transitado por diversas campañas políticas y se ha ejercido el poder gubernativo sin que se manifestara con mayor claridad aquella mixtura. Esto dio paso a que se le cobrase una traición casi directa a lo prescrito desde los documentos católicos (papales o nacionales) que más bien alzaban la voz por las clases menos favorecidas, en fiel apego a los principios de solidaridad y justicia social. Aguilar Bulgarelli apuntaba al respecto que:

También en este periodo se sigue impulsando el paquete de medidascorrespondientes a los Programas de Ajuste Estructural (PAE) con énfasis en el achicamiento estatal y pretendiendo extinguir las figuras de Estado Empresario y Estado Benefactor para dar paso al Estado Regulador (Bolaños, 2016).

Periodo gubernativo 1998-2002

Este periodo en el que el PUSC dirige el Poder Ejecutivo se distinguirá porque el presidente es convencido liberal y así lo ha plasmado a nivel teórico, de asociaciones gremiales y de la función pública (ejecutiva y legislativa), lo que le permitirá dejar su huella en el apartado ideológico que fundamentó su etapa presidencial.

En primer lugar, el adjetivo de liberal se lo asigna muy tempranamente Láscaris, cuando genera una obra ya considerada clásica, pero imposible de obviar para todo aquél que pretenda comprender el entorno científico-filosófico nacional. En esa obra, cuya primera edición data de 1965, el autor lo concibe como “el más sistemático y doctrinalmente polémico de los liberales jóvenes” (1983, p. 221). Esto ocurre cuando únicamente había editado dos libros (Rodríguez, 1984, 1985), y aún no se iniciaba en el campo político ni en la función gubernativa, pero sí eran ya perceptibles tales inclinaciones; las mismas aumentarían en futuras obras hasta perfilarlas y decantarse principalmente por:

a) el principio de subsidiariedad, b) la Economía Social de Mercado y, c) las Garantías Económicas, los cuales se repasan, según el pensamiento del autor.

No obstante, las medidas llevadas a cabo para así poner en práctica las propuestas del Presidente de la República conforme a su bagaje socialcristiano-liberal, se pueden considerar por su celeridad, como terapia de shock, dados los efectos y movimientos sociales que provocaron y que Solís (2002) denomina conmoción social, en razón sobre todo del proyecto del año 2000 sobre apertura y liberalización del sector de la energía y las telecomunicaciones, a partir de un desmembramiento del Instituto Costarricense de Electricidad; cuestionable desde diversos ángulos según ese autor, y que terminará por ser sepultado por la Sala Constitucional del Poder Judicial⁹ dados los errores de procedimiento legislativo que le rodearon durante su aprobación en primer debate. Celeridad que igualmente tiene fundamento en la esencia liberal del expresidente, porque, como él mismo indicara en cuanto a una reforma económica de gran envergadura como lo fueron los Programas de Ajuste Estructural (PAE):

Ese pragmatismo empezó a modelarse desde la generación del Plan Nacional de Desarrollo Humano 1998-2002 Soluciones Siglo XXI, y para una cantidad significativa de áreas como: déficit fiscal, crecimiento del sector agropecuario, integración y apertura comercial, inversión extranjera directa, infraestructura, sector financiero, pensiones, entre otros, y que en cuanto al Sector de las Telecomunicaciones prescribía:

A pesar de los efectos, dicho actuar no resulta incongruente porque, como bien apuntó Arceo: “Tampoco se olvide que las teorías pueden ir más allá de palabras y libros, materializándose en instituciones y gobiernos e influyendo, por consecuencia, en las vidas de quienes no pertenecen a comunidades intelectuales ni a clubes de opinión” (2013, p. 130).

Periodo gubernativo 2002-2006

El Programa de Gobierno Todo por Costa Rica propuesto para ese cuatrienio es encabezado por un mensaje del expresidente Trejos Fernández, resultando una remembranza a cuando todo inició para el socialcristianismo gubernativo nacional, aunque sin referencia alguna a dicha ideología, sus bases teórico-conceptuales o a sus propulsores, lo que implícitamente conlleva a una dilución casi total de los ejes cardinales que han revestido a los periodos gubernativos que, contrarios a Liberación Nacional, buscaron marcar el rumbo económico del país mediante una mezcla de Doctrina Social de la Iglesia y un Liberalismo económico atemperado mediante consignas de aperturismo e impulso a la iniciativa económica privada.

Por el contrario, al extinguirse cualquier alusión al tema católico o al cristianismo en sentido amplio, se entrevé el abrazamiento a un pensamiento propulsor del libre comercio tendiente a: la penetración a nuevos mercados, intensificar las negociaciones comerciales selectivas mediante los Tratados de Libre Comercio (TLC), la adherencia al fallido proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el fortalecimiento de la participación en la Organización Mundial del Comercio (OMC), entre otros.

Por otro lado, el principio de subsidiariedad, que también estuvo presente en otros momentos políticos tratando de rescatar la unión entre catolicismo y el alejamiento de un Estado Paternalista (Asistencialista) que no lograba cumplir con todas las obligaciones sociales ni suplir todas las necesidades poblacionales, aparece tímidamente, evocando solo la necesidad de un Estado “(…) eficaz y eficiente que favorezca el desarrollo del país y el bienestar de su gente” (Partido Unidad SocialCristiana , 2001, p. 81).(Ver Tabla 7)

Conclusiones

Tal y como acota Barahona (citado por Aguilar Bulgarelli) en cuanto a Rafael Ángel Calderón Guardia, “(…) fue menos socialista que Volio, pero más realista al lograr que muchos de sus postulados socialcristianos quedasen incorporados en su programa de gobierno cristalizándolos en leyes e instituciones de gran contenido social (…)” (1993, p. 128). Esto se alinea con lo prescrito por uno de los teólogos cristianos más reconocidos como fue Tomás de Aquino, al enunciar que la solución de las dificultades pasa por lograr el conocimiento de los principios –y no el de los signos, al ser esto lo que produce en el ser humano la ciencia de las conclusiones (1987, p. 48). Principios socialcristianos que, conforme surjan las necesidades sociales y los desafíos que presenta el ambiente nacional e internacional, deberían proponer soluciones asentados en la justicia social, la solidaridad y el bien común.

Empero, debe tenerse cuidado en no incurrir en traslapes que en su defecto propicien distorsiones e invadan campos de acción como la política y la religión, que si bien pueden marchar juntos¹⁰, una jamás debe llevar en los hombros a la otra, sobre todo, cuando en la actualidad la cantidad de grupos sociales, culturales, económicos, etc., aumenta exponencialmente, cada uno con su bagaje, sus creencias y sus propuestas de mejora, lo que obliga a respetar los límites de cada uno. Precisamente, aquel traslape se manifiesta cuando:

Los recelos que puede despertar la convergencia entre Doctrina Social de la Iglesia y la corriente liberal en un periodo gubernativo no es nueva ni exclusiva de Costa Rica, tal y como menciona Brahm (2018) para el caso de Chile, cuando en su momento parecían estar en curso de colisión en cuanto a la solvencia de la cuestión social, un régimen capitalista con intervención moderada y sumamente prudente del estado, y los postulados de la Encíclica de Pío XI Quadragesimo Anno, propiamente en el apartado Restauración del principio rector de la economía, numeral 88. Contándose también el caso en España según Montero (2007), cuando en algunos momentos convivieron –eclécticamente– las posiciones católicas y político-liberales y, en otros, el catolicismo social y el régimen franquista de derecha.

En el caso propiamente costarricense, notamos una evolución del socialcristianismo con ansías de ejercer el mando estatal y determinar el rumbo económico, a partir del impulso y fortalecimiento de la iniciativa económica privada, nacional e internacional, como carlanca para lograr mejorar las condiciones socioeconómicas del país, dado el aparente estrangulamiento que éstas sufrieron en otros tiempos, como

producto de una ideología socialestatista –término empleado por Láscaris (1983,p. 241)–, precursora de un Estado Asistencialista. Esto, hasta llegar a tiempos más recientes cuando en el periodo 2002-2006 se termina por abrir una compuerta al comercio internacional, iniciando –y prácticamente dejando listo para su aprobación legislativa, aunque su aprobación fue finalmente por medio de un Referendum– el Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América (CAFTA-DR). De hecho, en ese periodo también se termina por borrar a nivel de programa de gobierno cualquier alusión a la Doctrina Social de la Iglesia, sí bien se mantuvo en los periodos 1966-1970, 1978-1982, 1990-1994 y 1998-2002, al menos referencialmente. Igual suerte corrieron la Economía Social de Mercado y las Garantías Económicas que sí desaparecen del vocabulario del PUSC, a pesar de estar presentes desde la década de 1980.

Es notoria la ausencia de ideólogos fundamentales dentro del PUSC, con la excepción de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, quien inicia su recorrido por los linderos del liberalismo desde la década de 1960, dejándolo saber desde diferentes ángulos, incluido el presidencial, a pesar del poco margen que tuvo de lograr una implantación más ortodoxa al estilo de Ludwing von Mises, Friedrich August von Hayek o Milton Friedman. Sin embargo, no pasa desapercibida su influencia en las propuestas gubernativas de los programas adversos a Liberación Nacional, principalmente en lo tocante a la Economía Social de Mercado, la cual defendió dentro y fuera de la silla presidencial como la verdadera solución costarricense (Rodríguez, 2003, p. 33). Igual ocurrió con el Principio de Subsidiariedad, propuesto como modelo de desarrollo económico por él y por otros actores socialcristianos¹¹, apuntándonos que en ningún momento contradice el Principio rector de la economía y su prescripción de que el recto orden económico no puede dejarse a la libre concurrencia de las fuerzas, por cuanto: “Después de Quadragesimo Annus están al menos, Centesimus Annus, Sollicitudo rei socialis y Caritas in veritate que dejan claro el principio de subsidiariedad que ha sido parte del socialcristianismo desde las exposiciones en la Universidad de Lovaina” (comunicación personal, 5 de diciembre, 2019).

Se notó también la carencia de alusiones al filósofo humanista y ferviente católico Jacques Maritain, quien, dada su ingente producción literaria, bien pudo insuflar en las estructuras políticas que deseaban el poder gubernativo –cubiertas figuradamente bajo el halo del socialcristianismo– mayor consistencia a sus propuestas, lográndose un cuerpo doctrinario firme, posible de defender no solo durante el torneo electoral, sino en todo momento, ya que el mejoramiento del ser humano en todas sus facetas es perenne.

Conforme todo lo anterior, se tiene que el socialcristianismo criollo ha estado aparejado siempre al Liberalismo desde sus inicios, mudando de piel desde lo que podríamos denominar catolicismo liberal, hasta su más reciente estado de liberalismo moderado semi-católico, en el cual las encíclicas papales sobre justicia social que aparentemente constituían sus pilares irremovibles, hoy resultan diluidas, fungiendo únicamente como reminiscencias al pasado. Ambivalencia que por cierto Barahona ilustraba afirmando que: “(…) aquí nunca hemos sido, sensu stricto, ni liberales, ni positivistas, ni católicos, sino gentes que no hemos estado en condiciones todavía de tomar las cosas en serio” (1977, p. 93).

Referencias

Fechas de Publicación

Histórico