La Segunda Guerra Mundial y su papel geopolítico en el Caribe (contexto histórico)

El primero de septiembre de 1939, fuerzas alemanas invadieron territorio polaco con el fin de ocuparlo militarmente. Este suceso bélico ha sido identificado como el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la cual se extendió por seis años y dejó un saldo de más de 50 millones de personas muertas. La política expansionista del Tercer Estado Alemán, liderado por Adolfo Hitler, poco a poco fueron amenazando intereses políticos y económicos de diferentes potencias europeas y americanas, poniendo fin a un corto periodo de neutralidad firmado con Gran Bretaña y la Unión Soviética. Por otra parte, Estados Unidos apoyó las políticas de neutralidad de Inglaterra, pero la invasión alemana a Francia puso en tela de juicio la capacidad de Gran Bretaña para defender por si solo el avance alemán. Debido a esto, Estados Unidos se replanteó la estrategia militar del país tanto a nivel continental como a nivel hemisférico ante un Tercer Estado en expansión y amenazante. No obstante, la administración del presidente incumbente Franklin D. Roosevelt, intentó evitar entrar de lleno al conflicto que se expandía por Europa ante una posible reelección en las elecciones del 1940. A pesar de la agenda proselitista, no evitó que Roosevelt comenzara a estudiar el estatus del ejército que él mismo comandaba. Por esa razón, para finales del 1938, el presidente ordenó a sus asesores y ayudantes a investigar sobre el estatus de la producción de la industria militar aeronáutica en el estado de California en los Estados Unidos. Según el historiador puertorriqueño Jorge Rodríguez Beruff (Rodríguez Beruff y Bolivar Fresneda, 2012), uno de los objetivos era revisar los planes de defensa y analizar la necesidad de establecer nuevas bases militares, sobre todo en el territorio no continental estadounidense tanto en el océano Pacífico como en el océano Atlántico (p.13). De las diferentes investigaciones realizadas, se desprendió la fragilidad y vulnerabilidad del sistema defensivo militar en las Fuerzas Armadas y la Marina de Guerra de Estados Unidos. Los hallazgos revelaron que no se contaba con la infraestructura ni con el número de soldados para defender un ataque marítimo o aéreo en la zona. Dentro de las publicaciones que se llevaron a cabo, la gran mayoría concurrió en que la defensa del Caribe insular resultaba prioritaria. Por tal razón las Antillas fue una zona de importancia dentro de la geopolítica planificada y diseñada por los nuevos planes de la milicia estadounidense. Estados Unidos ejerció control político, terrestre, marítimo y aéreo desde el Canal de la Mona (zona marítima entre República Dominicana y Puerto Rico) hasta el Pasaje de Abnegada (zona marítima entre Puerto Rico y las Islas Vírgenes Británicas) otorgándole un papel protagónico a Puerto Rico e Islas Vírgenes en la defensa del Caribe. La Ley Jones convirtió en ciudadanos estadounidenses a los puertorriqueños y a los ciudadanos de St. Thomas. St. John y St. Croix desde 1917. Esto además de permitir el control exclusivo aduanero de estos territorios no incorporados (término político para denominar las posesiones políticas en altamar de EE. UU., tales como Puerto Rico e Islas Vírgenes Estadounidenses en el océano Atlántico y Guam, Samoa americana e Islas Marianas del Norte en el océano Pacífico), también permitió el ingreso de soldados isleños a las Fuerzas Armadas de dicho país.Por otra parte, la posesión del Canal de Panamá, adquirido desde 1903, le otorgó el control marítimo del itsmo y por ende la conexión del océano Atlántico con el océano Pacifico. Por otro lado, EE. UU. ya contaba con una base naval en Guantánamo, Cuba, la cual le permitía acceso al mar Caribe, a la península de Yucatán y a la entrada del Golfo de México. A su vez, la invasión militar de Haití y República Dominicana a partir 1915, y que se extendió alrededor de una década, le garantizó aliados políticos a Washington D.C. y su nueva visión panamericana. Muchas de estas medidas de alianza y reconciliación con Latinoamérica y el Caribe, se dieron dentro de un marco de política exterior donde el presidente F. D. Roosevelt promovió lo que se le conoció como la Política del “Buen Vecino”, la cual buscaba, luego de varias décadas de intervención militar en la cuenca del Caribe, fumar la pipa de la paz y a través de la diplomacia establecer acuerdos de colaboración en diferentes renglones.

Estos arreglos políticos, militares y económicos se extendieron por un periodo de casi 30 años y auspiciaron a gobernantes en las Antillas Mayores que luego se convirtieron en dictadores tales como Rafael L. Trujillo en República Dominica y Fulgencio Batista en Cuba (García y Vega, 2002). Gracias a esta política de “buena voluntad” hacia el Gran Caribe, muchos de los planes militares creados para la defensa de la zona durante la Segunda Guerra Mundial se pudieron ejecutar sin mayores inconvenientes en gran parte de las islas. Así mismo, gracias a los acuerdos firmados con Gran Bretaña, se construyeron instalaciones aéreas y navales con fines militares en siete de las Antillas británicas, siendo la principal la Base de Chaguaramas, en la isla de Trinidad (García Muñiz, 2014).

A pesar de que, en la práctica, la expansión militar de las Fuerzas Armadas y la Marina de Guerra de Estados Unidos hacia el Caribe se intensificó a finales de la década del 1930 y gran parte de la década de 1940, en teoría, la logística para su conquista con fines de defensa se planteó a mediados del siglo XIX. El almirante estadounidense Alfred T. Mahan sugirió en sus obras sobre historia militar, la importancia de reforzar las fuerzas militares, en especial las flotas marinas, para proteger las fronteras terrestres y adquirir nuevos territorios con esos fines. La geopolítica de Mahan fue la que sirvió como fuente primaria para los diferentes informes redactados para los planes de seguridad, logística, estrategias y control táctico para la defensa nacional ante una posible invasión del enemigo al territorio durante la Segunda Guerra Mundial (Rodríguez Beruff y Bolívar Fresneda, 2012).

El autor Rodríguez Beruff ha señalado que, como parte de los planes estratégicos de defensa, la Marina de Guerra comenzó una revisión de sus instalaciones para conocer sobre sus necesidades. Con ese fin se creó la Junta Hepburn que se encargó de redactar un informe sobre dichos aspectos. El mismo fue presentado a principios de diciembre 1938 por parte de la junta al almirante William D. Leahy, Jefe de Operaciones Navales y uno de los principales asesores del presidente Roosevelt (Rodríguez Beruff y Bolívar Fresneda, 2012). Dicha junta recomendó la construcción de una base aérea y naval en Puerto Rico y otras instalaciones bélicas en las Islas Vírgenes Estadounidenses. Estas operaciones fueron parte de un plan defensivo mucho más abarcador el cual llevó como nombre “Arcoíris”. El mismo poseía varios puntos que incluyeron proteger intereses comerciales y posesiones territoriales de Estados Unidos, tanto en el Atlántico como el en el Pacífico. Poco tiempo después, como parte de las maniobras militares ordenadas por el informe, se llevó a cabo en el Caribe las pericias de la flota Fleet Problem XX, en la cual estuvo presente el propio presidente Roosevelt mientras se llevaron a cabo entre Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses (Rodríguez Beruff y Bolívar Fresneda, 2012).

Estas prácticas militares revelaron la vulnerabilidad de la estructura de defensa de los Estados Unidos tanto en Puerto Rico como en el canal de Anegada. De esta forma, se adquirieron diferentes terrenos (en su mayoría sembradíos de caña de azúcar) para la construcción de diferentes bases en la parte oriental de la Isla tales como Roosevelt Roads en el municipio de Ceiba, ubicado en la parte noreste de la Isla, la base de la Isla de Vieques para prácticas de tiro y polvorines y una base para submarinos en St. Thomas (Marín Román, 2014). Por tal razón, la importancia geopolítica de las Antillas regresaba nuevamente al debate público de la política exterior de Estados Unidos.

Las medidas tomadas por Estados Unidos desde finales del 1938, para militarizar el hemisferio occidental no se dieron en el vacío. De acuerdo con informes de inteligencia estadounidense, existieron amenazas reales sobres posibles ataques por parte del Eje. Estos ataques se iban a realizar de manera combinada entre aéreo, marítimo y terrestre e incluirían las fuerzas tanto alemanas, italianas, francesas y japonesas (Rodríguez Beruff y Bolívar Fresneda, 2012). El objetivo iba a estar dirigido tanto a instalaciones militares como comerciales, por ejemplo, a refinerías petroleras y a proyectos de extracción de minerales. Las fuerzas alemanas conocían que América había sido una fuente de materia prima durante la Primera Guerra Mundial para la industria militar europea, sobre todo la británica. Trinidad y Tobago suplieron gran parte del combustible de las flotas británicas y en las Guayanas se extrajo bauxita, mineral utilizado en elaboración del aluminio, muy necesario en la fabricación de aviones (García Muñiz, 2014). Estas condiciones no cambiaron mucho a finales de la década de 1930 y principios de 1940 en la región. Tras la extracción de estos minerales, se le sumó posteriormente el cromo refractario enviado desde Cuba a los Estados Unidos en conjunto con el cobre, el níquel y el tungsteno; además del oro, el cobre y la plata exportado desde otras islas de Caribe (Domenech, 2012). De modo similar, el algodón de hebra larga fue otro recurso natural de interés para estadounidenses y británicos, debido a que se utilizaba en la confección de paracaídas y globos de barrera. Es por eso por lo que las actividades de submarinos alemanes se concentraron en atacar barcos de la marina mercante con el objetivo de bloquear el suministro de estos recursos naturales a los aliados.

Con esa meta en mente, el almirante alemán Karl Döenitz dirigió las operaciones de los U-boats en el Caribe. Durante el verano del 1941, se estima que 78 barcos fueron hundidos solamente en las costas del Golfo de México, cerca del estado de Luisiana, perdiendo 376.219 de toneladas de carga en dichas aguas (García Muñiz, 2014).Unos meses más tarde, en diciembre de 1941, inteligencias británicas detectaron la presencia de 5 submarinos del Tercer Reich en el océano Atlántico, cerca de la costa este de los Estados Unidos como parte de una estrategia secreta militar llamada “Operación Paukenschlag” en donde su objetivo era atacar blancos en dicha costa. Este aviso fue uno de los primeros signos del inicio de un continuo asecho de submarinos alemanes en la región que puso tanto autoridades estadounidenses como británicas en un verdadero jaque mate.

El 16 de febrero de 1942, ocurrió el primer ataque submarino en el Caribe y tuvo como objetivo la refinería de la Standard Oil Co. en la isla de Aruba. La Operación Neuland tuvo como resultado una victoria parcial, debido a que por descuido de un militar se detonó uno de los cañones ocasionando serios daños al submarino que terminó sumergido. No obstante, dicha operación tuvo una duración de 28 días destruyendo a 41 barcos, siendo 18 de ellos barcos tanqueros de combustible con total de 222,651 toneladas de mercancía perdida en el mar Caribe (Domenech, 2012).

El éxito de esta operación se repitió en otras zonas del Gran Caribe, mayormente cerca del Canal de Panamá, alrededor de las Antillas holandesas y de los territorios británicos cerca del golfo de Venezuela. Otros puntos de ataque se concentraron en el Golfo de México y en el pasaje de Barlovento. Todas las zonas de ataques eran las rutas comerciales más comunes en la región hacia Estados Unidos. El mar Caribe, además del mar Mediterráneo y el mar Negro en Europa, se posicionó entre uno de los primeros lugares con mayores ataques de submarinos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. El historiador Bolívar Fresneda destacó que sobre 1,768 embarcaciones fueron hundidas mermando significativamente el flujo marítimo mercante en la zona (Rodríguez Beruff y Bolívar Fresneda, 2012). De modo que, se desarrolló una escasez en ciertos productos de la cotidianidad social antillana entre 1942 y 1943. Uno de los productos que más escaseó en la región fue el petróleo. El consumo de electricidad generada por Diesel fue uno de los más afectados. Le siguió la exportación de alimentos esenciales dentro de la canasta básica caribeña tales como azúcar, carnes y granos. Por ejemplo, en Puerto Rico se utilizó un sistema de cupones para racionar el consumo de arroz. Mientras que, en Islas Vírgenes Estadounidenses se utilizaron libretas de racionamiento para la distribución de harina de trigo y harina de maíz (Domenech, 2012).

Por otra parte, los alemanes lograron infiltrarse en Mesoamérica y Suramérica. En la ciudad de México establecieron un puesto de mando y desde allí se coordinó el flujo de petróleo hacia Alemania a pesar del bloqueo británico (Marín Román, 2014). Tras la llegada al poder de Arnulfo Arias, como presidente de la república panameña, comenzaron los roces sobre la creación de más bases militares estadounidenses fuera del canal, debido a que él se oponía al aumento de la presencia de dichas fuerzas armadas. Esto creó cierta desconfianza en el espionaje de Estados Unidos, debido a que reconocían que Arias previo a ser presidente, había estado designado como embajador de Panamá en Italia, donde había conocido a Benito Mussolini y Adolfo Hitler en 1937 (Maingot, 2005). La actitud del presidente Arias fue rechazada por las autoridades estadounidenses, tanto militares como políticas, las cuales resolvieron el asunto a través de la supresión de su término presidencial, con la ayuda de autoridades panameñas. La importancia de Panamá para Estados Unidos no solamente estribaba por la defensa del Canal, la cual era la piedra angular del sistema defensivo transoceánico de dicho país, sino también servía de espejo ante Latinoamérica de las políticas de “Buen Vecino” implementadas por la administración de F.D. Roosevelt (Maingot, 2005).

Del mismo modo, el Caribe insular no estuvo ajeno de afiliaciones ciudadanas y políticas con el Tercer Reich y con el resto de los países que eran miembros de la Quinta Columna. Para combatir la amenaza el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica firmó tratados bilaterales relacionados a lo militar y económico, tanto con la Republica Dominicana como con Haití y Cuba. Uno de los objetivos era estandarizar las fuerzas armadas del hemisferio occidental bajo la supervisión y educación de las fuerzas armadas estadounidenses (García y Vega, 2002). En Cuba, la llegada al poder de Fulgencio Batista en 1940 permitió extender pistas de aterrizaje en diferentes partes de la isla, así como proporcionar el suministro de agua a la Base Naval de Guantánamo. Al mismo tiempo, la inteligencia cubana se destacó por perseguir a personas pro-falanges, prohibieron las afiliaciones políticas al partido Nazi alemán, encarcelaron a italianos y alemanes, llegando a ejecutar a uno de sus agentes en el Caribe (Maingot, 2005). En República Dominicana fueron menos radicales que el gobierno cubano. Incluso, el gobierno dominicano liderado por Rafael Leónidas Trujillo llegó a coquetear en diferentes ocasiones con establecer lazos diplomáticos permanentes con el Tercer Reich. Como evidencia de esto, envió a su propia hija como embajada quisqueyana a Berlín en 1936 y le exigió que el gobierno alemán elevara a nivel de “ministro” al embajador Nazi en dominicana (Vega, 2015). Por si fuera poco, el generalísimo Trujillo, permitió la visita de varios buques de guerra a la bahía de Samaná, entre ellos el Karlsruhe en el 1934, el Emden en 1936 y el Schleslem en 1938. Sin embargo, el punto culminante fue cuando Trujillo permitió el establecimiento del Instituto Científico Dominicano Alemán (ICDA), el cual comenzó a recibir científicos alemanes a partir de 1937 y 1938. Las investigaciones se llevaron a cabo en el valle de Constanza, en la bahía de Samaná, el lago Enriquillo y la región del Cibao, y tenían como fin investigar aspectos geofísicos, oceanográficos, geológicos y geográficos (Vega, 2015).

Ante tanta simpatía entre ambas naciones, los estadounidenses respondieron enviando un buque militar y revelando información de espionaje al gobierno dominicano. Las autoridades norteamericanas confirmaron que el ICDA era un centro de espionaje nazi y presionó al gobierno para que los expulsara. En 1939, el dictador Trujillo realizó una serie de viaje oficiales a nivel internacional. Su primera escala fue en Washigton D.C. donde se reunió a puerta cerrada con el presidente F.D. Roosevelt.Luego de la visita relámpago a los Estados Unidos de Norteamérica, visitó el continente europeo donde la declaración de guerra de Alemania a Francia e Inglaterra hicieron adelantar el viaje de regreso a América. De vuelta, hizo escala nuevamente en la capital estadounidense donde se reunió con altos oficiales y todo parece indicar que comenzaron las negociaciones para eliminar la recaudación de aranceles de repago de la deuda externa con el fin de mantener a los dominicanos como aliados (Vega, 2015). Poco tiempo después, Trujillo expulsó a los científicos alemanes y permitió el patrullaje de barcos militares estadounidenses en sus aguas. No obstante, a pesar de estos acuerdos político-militares entre dichos países, la ayuda militar que recibieron por parte de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial fue mínima en comparación con Puerto Rico. Esto se debió a varios factores, los esfuerzos y las estrategias giraban en torno a la Isla y a la defensa del Canal de Panamá. La condición del estatus político con relación a Estados Unidos y su posición geográfica favoreció la implementación de estas medidas armamentísticas. Por esa razón, a comienzos del 1938 y 1939, comenzaron los preparativos para el rearme del archipiélago basados en el informe Hepburn. El plan consistió en proteger a los Estados Unidos y algunas de sus posesiones y las porciones del hemisferio occidental donde hubiera intereses importantes ante una posible invasión Nazi y la Quinta Columna al océano Atlántico a través de Brasil (Rodríguez Beruff y Bolívar Fresneda, 2012). La posición defensiva principal sería el territorio continental cuya costa estaría defendida por una Fuerza de Protección Inicial. Esta fuerza estaba delimitada por una línea de puestos avanzados y establecidos en el Pacífico y en el Atlántico (Canal de Panamá y Puerto Rico) (Marín Román, 2014). El plan Hepburn tenía como uno de sus objetivos ampliar las instituciones militares e identificar nuevos lugares para el desarrollo de bases tanto aéreas como navales. Eso en Puerto Rico no fue ningún problema, debido a que, desde mayo de 1938, la legislatura local aprobó una resolución en la cual se invitaba al gobierno de Estados Unidos a establecer bases en la Isla (Piñero Cádiz, 2012).

Es importante señalar que, durante la década de 1930, se establecieron una serie de reformas políticas a nivel insular que sentaron las bases para la acelerada transformación de una sociedad agrícola a una sociedad industrial, que se extendió hasta después de la posguerra. La Gran Depresión y los huracanes San Felipe en 1928 y San Ciprián en 1932, ocasionaron pérdidas millonarias a la economía y como consecuencia agudizó el desempleo, la pobreza y la falta de techo a cientos de familias puertorriqueñas (Schwartz, 2018). Las medidas del Nuevo Trato implementadas en Puerto Rico a raíz de la presidencia de Franklin Delano Roosevelt implementaron nuevos proyectos económicos, sociales y ecológicos que complementaron y aumentaron las ayudas para la reconstrucción de la Isla. Paralelo a estos hechos, con el objetivo de reorganizar y reformar la industria del azúcar tanto en los Estados Unidos como en sus territorios, a partir de 1934, se estableció La Ley Azucarera de 1934. Según los historiadores Cesar J. Ayala y Rafael Bernabe uno de sus objetivos fue imponer diferentes cuotas a las diversas regiones productores de azúcar. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos dirigido por Henry A. Wallace y Rexford Tugwell esta ley ayudaría a regular el mercado al limitar la producción de las grandes corporaciones. El Estado se comprometió a su vez en pagarle a los productores por la reducción de su producción. El financiamiento de estos pagos saldría de impuestos a las grandes centrales y a las refinerías (Ayala y Bernabe, 2011).

Sin embargo, en el caso de los territorios, este plan permitió además que las gananciasde dicho impuesto se reutilizaran en programas de reformas sociales. Por tal razón, el ala reformista de la política puertorriqueña de ese entonces, liderada por el senador Luis Muñoz Marín, aprovechó la coyuntura para comenzar a entretejer sus intereses populistas con las nuevas reformas impulsadas por el gobierno federal bajo el Nuevo Trato y la presidencia de Roosevelt. Siguiendo esta línea de planificación, Muñoz Marín con la ayuda de Carlos Chardón, notorio científico puertorriqueño, organizaron el Plan Muñoz Marín, en el cual, inspirado en el espíritu regulador y fiscalizador federal, propuso que el gobierno de Puerto Rico adquiriera los terrenos de la United Porto Rico Sugar Company con el propósito de regular la producción azucarera y redistribuir la tierra (Bernabe y Ayala, 2011). Dicho plan fue editado y el mismo se implementó bajo el nombre del Plan Chardón a partir de ese mismo año. Una de las disposiciones consistió en adquirir centrales azucareras que tuviesen la capacidad de producir una cuarta parte de la producción total insular y también, la adquisición de tierras con fines de redistribución en parcelas para hogares de familias con escasos recursos económicos. Para lograrlo, establecieron un pleito legal para hacer valer una vieja ley establecida a principios del siglo XX conocida como la Ley de 500 acres. Esta ley prohibió que las grandes centrales azucareras sobrepasaran sus terrenos por más de 500 acres. Sin embargo, las grandes corporaciones burlaron por todos los medios su legalidad por más de treinta años extendiendo sus sembradíos a lo largo y ancho de la Isla. Pero a partir de 1935, la legislatura puertorriqueña estableció medios legales para hacerla valer y lograr la expropiación del excedente de tierras. Después de un largo litigio y de fuertes oposiciones de diferentes sectores azucareros, se logró la implementación de esta en 1940, con el respaldo de la rama ejecutiva y judicial federal (Ayala y Bernabé, 2011). El Partido Popular Democrático, fundado en 1939 y liderado por Luis Muñoz Marín, fungió como apologista de dicha ley y su victoria electoral en la rama legislativa en noviembre de, 1940 le permitió un fácil acceso a su implementación. Para su ejecución, se creó la Ley# 26 que dio paso a la creación de la Autoridad de Tierras en 1941, agencia gubernamental encargada de la repartición de las tierras expropiadas en parcelas a las personas de escasos recursos económicos que carecieran de títulos de propiedad o de terrenos para viviendas. Pero además de repartir tierras a los pobres, se aprovechó la coyuntura para otorgarle tierras a la Marina de Guerra de los Estados Unidos que fueron expropiadas tanto a los grandes intereses azucareros como a los medianos y pequeños agricultores de diferentes pueblos, con la excusa de la seguridad nacional ante una posible amenaza Nazi en el Atlántico a partir del surgimiento de la Segunda Guerra Mundial (Piñero Cádiz, 2009). De esta forma, las reformas sociales populistas impulsadas por el Partido Popular Democrático a partir del 1939 en sus políticas públicas pudieron encajar perfectamente con los planes de defensa militar de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para el Caribe y sus territorios entre 1939 y 1945, facilitando de esta forma el proceso de transformación del paisaje con fines militares.

Puerto Rico se transforma para la Segunda Guerra

A comienzos del 1939, comenzaron los ejercicios navales de las fuerzas armadas y en algunos casos, contó con la supervisión de su Comandante en Jefe, el propio Presidente F.D. Roosevelt. En dichas maniobras, se evidenció la necesidad de reforzar la seguridad entre el pasaje de la Mona (frontera marítima entre Puerto Rico y la República Dominicana) y el pasaje de Anegada (frontera marítima en las Islas Vírgenes británicas) así como la insuficiencia de infraestructura militar en la zona. Para llevar cabo dicha encomienda, se designó al Almirante William D. Leahy, el cual arribó a San Juan en noviembre de 1939 bajo el cargo de gobernador. Para facilitarle el cumplimiento de los objetivos presidenciales, se le otorgaron una serie de poderes sobre diferentes programas federales en la Isla tales como la Puerto Rico Reconstruction Administration (PRRA) y la Work Progress Administration (WPA), ambas con un gran número de mano de obra a su disposición (Marín Román, 2014). También, se le otorgó la presidencia de la Junta de Directores de la Puerto Rican Cement Corporation. Bajo su mandato de un año, se desarrolló la mayor construcción de bases para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Puerto Rico, tales como la base aeronaval de Isla Grande en San Juan, capital de Puerto Rico; Punta Borinquen Field en el municipio de Aguadilla, al extremo oeste de la Isla y la base naval de Roosevelt Roads en el extremo opuesto (parte noreste de Puerto Rico) en el municipio de Ceiba (Ver Figura 1). Además, se establecieron los polvorines en la Isla de Vieques como una extensión de la base naval de Ceiba. La mayoría de estas instalaciones se edificaron en un lapso de 5 años y rondaron cerca del billón de dólares su construcción para el 1945 (Rodríguez Beruff y Bolívar Fresneda, 2012).

La ingeniería militar planificada para muchos de estos proyectos desarrolló grandes estructuras de concreto y también produjo grandes movimientos de tierra como nunca en la historia contemporánea puertorriqueña. Después del cemento, la tierra en función de relleno fue fundamental para cubrir toda el área de mangle que se utilizó en los bosques del litoral para sus construcciones que incluyeron almacenes, baterías, pistas de despegue, viviendas y otros. Por ejemplo, la base aeronaval de Isla Grande se construyó sobre la bahía de Miraflores en donde se ubicaban una serie de pequeños islotes que formaban parte de la bahía. Los mismos fueron talados y rellenados con material sacado de un dragado a la misma bahía para crear una gran superficie terrestre. No obstante, se requería más de millón de yardas cúbicas de relleno para cubrir el setenta por ciento de área que sería reclamada a la bahía con tales fines (Marín Román, 2014). Por tal razón, tanto las autoridades locales como federales permitieron extraer el material de la Cantera de las Monjas, una de las canteras más grande de la ciudad capital de San Juan, para tales fines. El terreno de aluvión se transportó desde lo que se le conoció como las Colinas del Martín Peña ubicados también en la capital, mientras que la arena y la gravilla se trasladó desde una de las canteras del gobierno insular que operaba cerca del río Grande de Loíza (Marín Román, 2014).

Paralelo a esta construcción, se edificó la base aérea de Punta Borinquen en el municipio de Aguadilla. Para facilitar el transporte de herramientas y materiales, se le exigió al gobierno insular, la reparación y ampliación de la carretera número 2. Gran parte de esta carretera está ubicada en la costa norte y oeste de Puerto Rico, atraviesa unos 26 municipios y cuenta con unos 230 kilómetros de extensión, lo cual lo convierte en una de las vías más larga de la Isla y de mayor tránsito. La misma fue indispensable para el flujo de todo tipo de equipo militar entre Fort Buchanan, base del Ejército de los Estados Unidos, ubicada cerca de San Juan y la Base Aérea de Punta Borinquen, en el extremo oeste de la Isla. El historiador militar Héctor Marín Román afirmó que, para la primavera de 1940 se había terminado gran parte de las obras planificadas para la base de Aguadilla, que incluían 4,000 pies (1219.2 metros) de pista de despegue, almacenes para bombas, plantas de purificación de agua y casetas para 1,600 hombres. Parte del área de las pistas tuvo que nivelarse para poder extender vías de rodaje con el terreno por lo accidentado del mismo. Los islotes de Desecheo y Monito, ubicados a unas 15 millas náuticas al oeste del municipio de Aguadilla en el pasaje de la Mona, pasaron a manos de las fuerzas armadas para ser utilizados como campos de práctica de bombardeos aéreos (Marín Román, 2014) (Ver Figura 2).

En el Fort Buchanan se ampliaron las facilidades para recibir tanto soldados como municiones. Varios humedales aledaños fueron secados para poder construir infraestructura militar requerida. Se construyeron almacenes para municiones tipo iglú, los cuales fueron cubiertos con terreno y luego le sembraron árboles de rápido crecimiento para que sirviera de camuflaje (Marín Román, 2014). Un detalle interesante es que, en esta zona se encuentran una serie de mogotes, de suelo cársico, los cuales sirvieron como camuflaje natural ante un posible ataque aéreo. La misma dinámica se llevó a cabo en la parte oriental de la Isla para la construcción de Roosevelt Roads y los polvorines en la Isla de Vieques. Sin embargo, por la extensión de la base naval de Roosevelt Roads en el municipio de Ceiba, la expropiación de terrenos fue la orden del día. Alrededor de 28,000 cuerdas de terrenos (11,000 hectáreas aprox. o 27,000 acres) fueron expropiadas entre los pueblos de Vieques y Ceiba, lo que la convirtió en la base de la Marina de Guerra estadounidense más grande en el océano Atlántico fuera del territorio continental (Ayala y Bolívar, 2011) (Ver Figura 3 y Figura 4).

Al igual que en Isla Grande en la capital San Juan, en la base naval de Roosevelt Roads, las áreas de mangle fueron taladas y rellenadas con fango, tierra y piedras. La construcción del dique en Ceiba comenzó en 1941 y contaba con la longitud de 1,100 pies (304.08 metros) por 155 pies de ancho (44.196 metros) y una profundidad de 45 pies (13.716 metros) (Piñero Cádiz, 2009). En medio de estas construcciones militares en el océano Atlántico, los japoneses atacaron la Base Naval de Pearl Harbor en Hawái, el 7 de diciembre de 1941. Este ataque hizo que el gobierno de los Estados Unidos rompiera oficialmente su política de neutralidad adoptada desde principios de la administración de Franklin Delano Roosevelt y que también rompiera con su ideal aislacionista adoptado desde la Primera Guerra Mundial. Sin duda, este acto militar provocó que las fuerzas armadas se metieran de lleno en la guerra con el apoyo de las tres ramas del gobierno norteamericanas y con el apoyo de la sociedad civil. Los planes de defensa y ofensiva militar continuaban a todo vapor en el Atlántico tanto por parte de los Aliados, como por parte del tercer Reich. Un mes después del ataque japonés a Pearl Harbor en el Pacífico, los alemanes lanzaron su mayor ofensiva submarina en el Atlántico bajo la operación denominada Golpe de Tambor, en la cual 6 submarinos alemanes atacaron la costa noreste de los Estados Unidos hundiendo 39 barcos en un periodo de 3 semanas y luego con la Operación Neuland atacando las refinerías petroleras en las Antillas holandesas (Piñero Cádiz, 2012). Para defender los barcos de marina mercante británica, la marina real tuvo que realizar convoyes para proteger a sus embarcaciones. Los alemanes habían podido establecer los submarinos cisternas para abastecer de combustible, tripulación y municiones las operaciones de sus U-boats. Sin embargo, ya para finales de 1942, después de que la inteligencia británica decodificara las señales de los submarinos gracias al operativo de criptoanálisis llamado Ultra y la guerra se contuviera en Europa y Asia, la presencia de submarinos se redujo significativamente en el Caribe y en el océano Atlántico (Domenech, 2012). Por tal razón, las construcciones de estas obras militares comenzaron a mermar a partir del 1943. Las inyecciones millonarias para obras de defensa comenzaron a disminuir y a transformarse, debido a que la emergencia de guerra en el Caribe se había reducido. Algunas de estas instalaciones van a ocupar un papel secundario durante los primeros años de la posguerra en el Caribe, pero más adelante recobrarían importancia. Después de 1959, con la Revolución Cubana y después de 1965 con la guerra de Vietnam, los intereses geopolíticos de Estados Unidos se retomaron y con ellos un nuevo ciclo de investigaciones científico-bélicas para la cuenca del Caribe en plena Guerra Fría. Dichos aspectos se encuentran en investigación para una futura publicación.

La historiografía puertorriqueña durante la Segunda Guerra Mundial.

En la primera parte de este ensayo se buscó redactar una breve síntesis sobre las estrategias político-militares que Estados Unidos estableció en la zona ante la amenaza de invasiones militares de la Quinta Columna en América. En esa exposición se explicó las diferentes transformaciones que se dieron bajo el ambiente de guerra. Sin embargo, todo parece indicar que ese espíritu de cambio provocado por la guerra también tuvo efectos en otras áreas tales como la academia puertorriqueña. Según la historiadora María de los Ángeles Castro Arroyo, a partir de 1941, se llevaron a cabo varias reformas en la Universidad de Puerto Rico, siguiendo los modelos de las universidades estadounidenses (Castro Arroyo, 1988). En esa reforma, la disciplina de la historia sufrió varios cambios. Primero, la enseñanza de esta a nivel universitario se separó de la facultad de las Ciencias Sociales y se trasladó a la facultad de Humanidades. Segundo, se buscó profesionalizar la enseñanza y el estudio de la Historia bajo una metodología particular (Castro Arroyo, 1988). Este cambio se realizó transformando el programa de Historia de la Universidad del Estado. La responsabilidad de diseñar un nuevo programa estuvo a cargo de Arturo Morales Carrión, historiador graduado de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York y uno de los defensores de las políticas del gobierno local de la década de 1940 y 1950. Esta enorme tarea de profesionalización de la historia en Puerto Rico se desarrolló dentro de un marco de resistencia cultural ante el proceso de americanización estadounidense hacia todos los aspectos de la sociedad puertorriqueña durante las primeras tres décadas de su colonización. Por tal razón, esta generación recurrió como defensa al realce de los valores hispanos ante lo norteamericano. Cabe mencionar que, durante esa década, ocurrió una ola de inmigrantes españoles a la Isla a raíz de la Guerra Civil española y de la persecución política como resultado de esta. Algunos fueron reclutados en la academia, específicamente por la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Sin duda, su presencia, su aportación literaria y también artística influenció la cultura académica de la facultad. Figuras como Juan Ramón Jiménez en la literatura y Carlos Marichal en el arte, enriquecieron el campo intelectual y se alinearon a las ideas populistas de la época. La historiografía que surgió de la Universidad de Puerto Rico a raíz de la década de 1940 en el recinto de Rio Piedras se caracterizó por ser una muy documentada y científica, aún muy apegadas a la metodología historicista y positivista de finales del XIX y principios del XX (Castro Arroyo, 1988). Al igual que las generaciones de las décadas de 1920 y 1930, hicieron énfasis en los estudios del siglo XIX. No obstante, extienden el periodo de estudio hasta la década del 1940. Esta historiografía resaltó el individuo, la figura masculina, adinerada, autonomista, ilustrada, lo liberto versus lo colectivo, lo pobre, lo esclavo, lo femenino, lo separatista y/o lo analfabeto. Todos estos temas se dieron en una narrativa ensayista ordenada cronológicamente, donde la descripción citaba textualmente el documento, casi a manera de cortar y pegar en un documento en un procesador de palabras (Castro Arroyo, 1988). Gran parte de estos documentos citados y recitados eran fuentes primarias producidas por entidades gubernamentales y algunos de ellos identificados y rescatados de archivos peninsulares. Por consiguiente, se convirtieron en los pioneros en validar y normalizar la importancia de consultar archivos tanto locales como extranjeros como única fuente inagotable de materia prima para la producción historiográfica. La consulta religiosa a los archivos para buscar el documento nuevo de cada día permitió que sus monografías mostraran mayor amplitud y expusieran una mayor noción del acervo documental (Scarrano, 1983). Sus mayores exponentes cumplieron con muchas de estas características que definieron a la primera escuela historiográfica puertorriqueña. Arturo Morales Carrión, uno de los principales arquitectos del discurso historiográfico de mediados del siglo XX en Puerto Rico, recogió parte de estos rasgos en su historiografía y sentó las bases de una “nueva”. A pesar de que muchos de los exponentes de la generación del 40’ enfatizaron sus estudios en temas políticos del siglo XIX, hubo otros como Morales Carrión que, incursionaron en debates más contemporáneos. Por ejemplo, para él, dicha generación venía a rescatar la historiografía puertorriqueña del limbo en que se encontraba después de la muerte de Salvador Brau, patriarca de la historiografía puertorriqueña de finales del siglo XIX y principios del XX. De igual manera, pensaba que, era su deber reemplazar la imagen del puertorriqueño dócil. Para demostrar este punto, abogaba por una historia más conciliadora y equilibrada con los cambios históricos y sus permanencias, las cuales, según él, son ambas inevitables. Morales Carrión buscó en siglos anteriores la base para justificar el presente, compuesto por un Puerto Rico en plena transformación económica, política y social liderado por el Partido Popular Democrático (Scarrano, 1983). De esta forma, invitó a sus colegas a hacer lo mismo, la generación de historiadores científicos que surgieron a mediados del siglo XIX, donde alcanzaron ese equilibrio (conciliador y equilibrado) para explicar el contexto social en el que vivían en pleno romanticismo. Todo esto iba a ser expuesto desde un tono pacificador y no de confrontación ni mucho menos de crítica (Castro Arroyo, 1988). El llamado era a jugar para el equipo tal y como les había correspondido a generaciones anteriores, en situaciones históricas de carácter político, económico y social similares. No obstante, esta homogeneidad intelectual va a sufrir cambios a partir de la década del 1960, donde diferentes eventos internacionales y locales van a provocar una transformación en el paradigma de la historiografía puertorriqueña. La Revolución Cubana, el surgimiento de la guerra de Vietnam, la caída de la hegemonía del Partido Popular Democrático en la Isla, iniciado desde 1940’, la lucha por los derechos civiles, la liberación femenina y los movimientos ambientalistas, asomaron aires de cambio y de renovación para la sociedad puertorriqueña. Ligado a estos eventos políticos, el modelo económico capitalista keynesiano defendido por Estados Unidos, comenzaba a dar señales de crisis a nivel internacional mientras el marxismo soviético se transformaba y rejuvenecía (García Muñiz, 2014). El llamado era a examinar la historiografía criolla a raíz de las diferentes crisis surgidas después de la Segunda Guerra Mundial y en medio del surgimiento de una Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Con ese objetivo, un puñado de profesores de diferentes disciplinas del primer centro docente del país, lanzaron una propuesta alternativa con un tono revisionista y crítico sobre las generaciones historiográficas predecesoras. La importación de nuevas metodologías y teorías revisionistas creó roces con las tradicionales impartidas en las aulas puertorriqueñas. Esta nueva implementación sistemática del estudio y análisis de la historia se dio gracias a que muchos de este grupo de intelectuales se habían educado en universidades de élites tanto de Europa como de Norteamérica, donde se estaban desarrollando e impulsando diferentes escuelas historiográficas. Esto fomentó una convergencia de estudio interdisciplinario con diferentes raíces metodológicas y animó debates intelectuales que sacudieron la academia. La pasión que levantaron estas críticas motivó publicaciones y centros de estudios independientes al departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. La primera publicación salió a la luz para el año 1965-1966 y tuvo por nombre La Escalera (Castro Arroyo, 1988). En la misma se discutieron temas tales como la guerra de Vietnam y el papel de los puertorriqueños en la misma y también se comenzó el cuestionamiento acerca de los procesos históricos anteriores reseñados por sus pasados homólogos Algunos de sus autores fueron Gervasio García, Richard Levins, Georg Fromm, Arcadio Diaz Quiñonez, Ángel G. Quintero y Marcia Rivera. Luego hubo una segunda generación compuesta por Fernando Picó, Francisco Scarrano y Guillermo Baralt (Castro Arroyo, 1988). Como la lista de miembros comenzó a crecer al igual que los debates académicos, se formó el Centro de Estudios de la Realidad Puertorriqueña mejor conocido como el CEREP a principios de la década de1970. Este grupo interdisciplinario estuvo compuesto igualmente por profesores del recinto de Rio Piedras y algunos de sus temas giraron en torno al análisis de las renovaciones historiográficas que se discutían a nivel internacional. Por ejemplo, la Revolución Cubana trajo una verdadera “revolución” en la producción intelectual criolla, caribeña y latinoamericana. La mentalidad política descolonizadora que representó, sumado a los productos intelectuales extranjeros mencionados, respaldaron ese furor que vivió el campo intelectual puertorriqueño de ese momento (Lebrón Rivera, 2018). También la nueva historia económica estadounidense y las nuevas escuelas de los anales franceses influenciaron los análisis locales y se aplicaron a viejos eventos y relaciones de poder. Obras caribeñas y latinoamericanas como Los Condenados de la tierra de Franz Fanón (1961) y Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano (1971) abonaron al cambio en el tono historiográfico sumiso y conciliador por uno rebelde, violento y dispuesto a desafiar a las autoridades a través de cualquier medio necesario. Toda esta serie de elementos innovadores alineaban métodos y homogeneizaban procesos de estudio y análisis. De esta forma, se iba quebrando con las tradiciones historiográficas anteriores y planteando nuevas inquietudes. Ese quiebre definitivo se dio para muchos historiadores puertorriqueños en el Primer Seminario Anual de Investigación llevado a cabo en marzo de 1983 y organizado por el CEREP en San Juan, Puerto Rico. De acuerdo con la historiadora Mayra Rosario Urrutia este seminario estuvo dedicado a la “nueva” historiografía puertorriqueña y trató temas como el impacto del marxismo en la historiografía, la renovación de fuentes, la herencia historiográfica y sobre el desplazamiento de los acontecimientos hacia los sucesos de la sociedad (Rosario Urrutia, 2011). Varias de estas ponencias establecieron las bases para líneas deinvestigación futuras en la historiografía puertorriqueña. Dejó por sentado sus contrastes con la historiografía tradicional y trazó varios rumbos a seguir metodológicamente. La historiografía de la nueva historia se empeñó en una revisión crítica de los eventos políticos, sociales y económicos que generaciones anteriores habían clasificado como historia “oficial” de Puerto Rico y pusieron en entredicho las relaciones y dinámicas de poder en los diferentes métodos de producción nacional (Rosario Urrutia, 2011). Atrás había quedado una historia basada en individuos, hombres adinerados, intelectuales y hacendados autonomistas por una historia más colectiva, de gente pobre, de los sin nombres, una historia escrita desde abajo, en palabras de uno de sus exponentes. Esta nueva historia cuestionaba, rompiendo así con el tono conciliador característico de la generación del 40. Dentro de este marco, se lanzaron los primeros proyectiles contra el proyecto populista iniciado en la década de 1940 y tan defendido por la generación de historiadores de esa época. Las críticas hechas al proyecto populista de Luis Muñoz Marín y su equipo de trabajo, abarcaron diferentes aspectos desde económicos, como ideológicos y políticos. Conjuntamente, se cuestionó las relaciones políticas y económicas con la metrópolis estadounidense y sus supuestas ayudas financieras. La bonanza económica producida a raíz de la Segunda Guerra Mundial había llegado a su fin y el Estado Libre Asociado como estatus trajo más preguntas que respuestas sobre la situación colonial. Historiadores como Jorge Rodríguez Beruff y Humberto García Muñiz cuestionaron ese proyecto político, económico y social que se desarrolló a mediados del siglo XX y del cual se había analizado y reflexionado muy poco o casi nada. Para esto lanzaron redes de análisis con diferentes Antillas, las cuales entretejieron datos para conocer de manera panorámica, y no local, el impacto de ese proceso histórico en la región. Reconociendo que otras islas, territorios de potencias europeas en el Caribe, también afrontaban las mismas situaciones, las integraron bajo un discurso caribeñistas que, hasta ese entonces, era uno muy escaso en la historiografía criolla. Textos como Política militar y dominación: Puerto Rico en el contexto latinoamericano por Rodríguez Beruff (1988) y La estrategia militar de los Estados Unidos y la militarización del Caribe (1988) de García Muñiz abrieron nuevos debates sobre la importancia geopolítica de Puerto Rico para la metrópolis antes, durante y posterior a la Segunda Guerra. En este contexto, impulsaron el análisis y estudio sobre el impacto político, social y económico de las estrategias político-militares establecidas en la isla con motivos de la guerra. Sus hallazgos revelaron todo un andamiaje entre Washington y el Gran Caribe a lo largo del siglo XX. No podemos obviar de los escritos de García Muñiz principalmente, su fuerte influencia caribeñista, inspirada en el estudio de la Universidad de West Indies en Trinidad. Fue en esta Universidad donde entró en contacto con el profesor Fitzroy André Baptiste historiador granadino, y según Rodríguez Beruff catalogado como el pionero de los estudios estratégicos sobre la Segunda Guerra en el Caribe (Rodríguez Beruff y Bolívar Fresneda, 2015). Es importante señalar que, gracias a la insistencia del Director Adjunto de Investigaciones de la Comisión del Caribe, el Dr. Eric Williams, al gobernador Luis Muñoz Marín, se fundó el Instituto de Estudios del Caribe a raíz de la década de 1950, ingeniado por Jaime Benítez (Williams, 1951). De esta forma terminó convirtiéndose en uno de los primeros esfuerzos académicos en fomentar la investigación de estudios pancaribeños a nivel antillano, incluyendo el Caribe anglo y el Caribe francófono. El Instituto pasó a ser dirigido por García Muñiz a partir de la década de 1980 desde donde se ampliaron las redes académicas y se desarrollaron diferentes proyectos. Uno de ellos fue la Red Caribeña de Investigadores sobre Geopolítica, Relaciones Internacionales y Seguridad Nacional. La misma tuvo por colaboradores y colaboradoras un grupo variado de investigadores de diferentes partes del continente americano. Este grupo de académicos tenía en común los temas de investigación tales como la paz, la geopolítica, las relaciones internacionales y la seguridad de la región caribeña (García y Vega, 2002). Algunos de los miembros puertorriqueños que fueron parte del colectivo de investigadores sociales fueron Jorge Rodríguez Beruff, Silvia Álvarez Curbelo, Carlos I. Hernández, Humberto García Muñiz, Juan Giusti Cordero, Gerardo Piñero, Josefa Santiago, Enrique Vivoni y Miguel Santiago. Este grupo de trabajo tuvo su énfasis en temas referentes a la Segunda Guerra Mundial. Dentro de este renglón de milicia y seguridad, no se puede olvidar al sociólogo trinitense Anthony P. Maingot y su trabajo sobre Estados Unidos y el Caribe. Los años de estudio sobre las culturas del Caribe y su relación con Estados Unidos cubren temas políticos, sociales y económicos desde el siglo XIX y hasta principios del siglo XXI, que recogen puntos importantes sobre la geopolítica de la zona. Por otro lado, aunque sus aportaciones son unas de las más recientes, se ganó el respeto y la referencia compulsoria sobre el tema militar dentro de los especialistas. Se refiere a los voluminosos trabajos realizados por Héctor R. Marín Román bajo el sello del historiador oficial de Puerto Rico. El fenecido profesor, no solo se destacó como historiador, sino que también fue militar, llegando a ocupar cargos significativos como el de Teniente Coronel. En contraste con sus homólogos historiadores sobre los temas de la Segunda Guerra y demás temas militares, sus rangos le facilitaron el acceso a diferentes archivos de las fuerzas armadas estadounidenses. Muchos de los documentos primarios consultados tenían fecha de recién desclasificados a raíz de los 50 años del suceso. Por tal razón, publicó una serie de seis obras de historia militar. Dichos volúmenes cubren el periodo desde la llegada militar estadounidense en 1898 hasta en final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Otros trabajos de investigadores socioeconómicos que han contribuido al tema son José L. Bolívar Fresneda y César Ayala Casas. Sus estudios socioeconómicos al respecto han abierto una dimensión sobre el costo económico de las políticas militares que se establecieron con ese fin. Sin olvidar los daños sociales, económicos y ambientales que sufrieron diferentes municipios en especial la isla de Vieques. El trabajo de Bolívar y Ayala evidenció cómo la Isla Nena se convirtió en uno de los municipios más afectados por las políticas militares de las fuerzas armadas estadounidenses, a raíz de la expropiación de tierras con fines militares y, por ende, la segregación social.

La impuesta base militar de la Marina de Guerra de Estados Unidos le arrebató tres cuartas partes de la isla con la ayuda del gobierno popular de Luis Muñoz Marín con la justificación de que la defensa nacional era la defensa de la democracia. Sin embargo, las obras más completas sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial son una serie de dos volúmenes publicadas en el 2012 y en el 2015, ambas bajo el sello editorial de Ediciones Callejón y editadas por Jorge Rodríguez Beruff y José L Bolívar Fresneda. Estos textos lograron reunir a gran parte de los investigadores e investigadoras que han estudiado el tema por espacio de 30 años. En total se reunieron 37 ensayos redactados por 34 autores. Algunas de las historiadoras veteranas como Silvia Álvarez Curbelo, Mayra Rosario Urrutia y Josefa Santiago fueron parte de ese grupo de investigadores que llevan estudiando y debatiendo sobre el tema por más de dos décadas. Sus aportaciones tanto políticas como sociales sobre contexto histórico de la hegemonía del Partido Popular en la Isla, fueron sintetizados de manera magistral para demostrar el lado oculto de la era muñocista.

No obstante, gracias al surgimiento de una historiografía ambiental en la cual se discute y analiza el impacto de la industria y políticas militares en diferentes contextos y países a partir del estudio sobre el antropoceno, podemos darle una nueva mirada a esta bibliografía puertorriqueña sobre la Segunda Guerra Mundial. Solo por mencionar algunas se puede señalar las publicaciones realizadas por investigadores tales como John R. Mcneill (Mcneill, 2001; Mcneill y Engelke, 2014) y John Lidnsay Poland (Lindsay, 2003). Estos autores han presentado a través de sus obras claros ejemplos de cómo las políticas y las industrias militares tanto de la Segunda Guerra Mundial como de la Guerra Fría, tanto del lado Democrático-Capitalista como del lado Comunista-Socialista, provocaron investigaciones científicas y tecnológicas que causaron una gran aceleración de la degradación al medioambiente y al paisaje, en muchos casos a perpetuidad, solo con el fin de obtener la ventaja militar de un lado sobre el otro y la seguridad nacional como pretexto. Una obra más reciente editada por Simmo Lakkonen, Richard Tucker y Timo Vuorisalo presentan otros ejemplos, en este caso en particular, de cómo los conflictos colaterales que se suscitaron durante la Segunda Guerra Mundial en diferentes escenarios a nivel global provocaron transformaciones al paisaje y al ambiente, que tuvieron serias consecuencias políticas, económicas y sociales (Laakkonen, Tucker y Vuorisalo, 2017). Sin embargo, es importante señalar que, en este desarrollo historiográfico, el Caribe no ha estado ajeno. Así lo demuestra la última obra publicada por el historiador cubano Reinaldo Funes Monzote y la cual fue premiada por Casa de las Américas en la Habana en el año 2019. En “Nuestro viaje a la luna” el historiador cubano presenta como la mayor de las Antillas produjo su propia concepción de la transformación del paisaje y del ambiente dentro del marco de la Guerra Fría, en la cual, Cuba jugó un papel protagónico en diferentes etapas, tanto a nivel regional como a nivel internacional. Hasta el momento, se conocía dentro de la historiografía contemporánea cubana los avances en materia de economía, de política, de educación y de salud. Sin embargo, se desconocía los avances tecnológicos y científicos impulsados desde la Habana en materia de planificación urbana, manejo de los recursos naturales y el desarrollo de una geoingeniería que tuvo como protagonista y líder la figura del geógrafo Antonio Núñez Jiménez (Funes Monzote, 2019).

Textos como estos nos invitan a examinar los temas militares en la historiografía puertorriqueña desde la óptica de la Guerra Fría, en la cual, la lucha ideológica llevó a una competencia tanto política, económica y científica que produjo serias consecuencias ambientales para el planeta. La gran aceleración de la industria armamentística con fines militares se dio dentro de ambos polos y tuvo unos efectos colaterales, dentro de los cuáles uno de los grandes perdedores resultó ser la naturaleza. El archipiélago de Puerto Rico, por su condición colonial, su alto valor geopolítico y su diversidad ecológica, fue uno de los escenarios perfectos al igual que otros países, para ser utilizado como laboratorio experimental y su historia merece ser conocida y estudiada.

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