Introducción

Las políticas desarrollistas implementadas desde la década de 1950 generaron una economía proteccionista, con fuerte intervención estatal y poco diversificada en los productos y los mercados de exportaciones. Tras la crisis de finales de la década de 1970 e inicios de la década de 1980, se dieron varias transformaciones. Costa Rica puso en práctica un modelo económico heterodoxo, el cual diversificó la agricultura, promovió las exportaciones e incentivó la inversión extranjera directa, al evolucionar de una economía agroexportadora hacia una economía cada vez más especializada en la venta de servicios (Hidalgo, 2003, p.135; Garnier y Blanco, 2010, p.250).

Diversos incentivos externos, como los de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC) y las políticas internas de fomento de las exportaciones para el establecimiento del Régimen de Zona Franca, fueron decisivos para el fomento de las exportaciones no tradicionales. Los principales propósitos fueron la reducción de la dependencia de los productos primarios tradicionales (café, banano, azúcar y carne de res) y el aumento y la diversificación de las exportaciones a través de nuevos productos con mayor valor agregado y la búsqueda de mercados alternos al centroamericano, principalmente Estados Unidos (Hidalgo, 2003, p.113; León, Arroyo y Montero, 2016, pp.424-425; León y Peters, 2019, p.342).

El país emprendió una serie de reformas estructurales que buscaban incrementar la eficiencia económica. La implementación de los programas de ajuste estructural (PAE) a partir de 1985, redujo sustancialmente la producción de granos básicos (principalmente frijol y maíz) y liberalizó su importación. La eliminación de los subsidios en favor de la agricultura no tradicional reorientó los créditos, desestimuló la siembra de ciertos cultivos y promovió otros (León, 2012, p.303, 311 y 405).

Los niveles de desempleo se mantuvieron bajos mediante la generación de empleo formal suficiente y la creación de puestos que requerían mano de obra calificada, pero las desigualdades de ingreso se incrementaron entre quienes estaban mejor calificados y los menos calificados. Hasta mediados de la década de 1990, se dio una reducción sistemática de la pobreza, pero luego tendió al estancamiento (entre 20 y 23 % de la población). En el sector agrícola, la pobreza se redujo debido a los ingresos generados por las actividades de agro-exportación no tradicionales realizadas por trabajadores rurales (con salarios más altos), quienes previamente se desempeñaban en actividades de baja productividad (como los granos y la ganadería) o se habían quedado sin trabajo.

De acuerdo con León (2014):

El objetivo de este artículo es analizar la trayectoria de las desigualdades regionales para explicar las disparidades económicas y sociales de las personas pobres en cuanto a su participación en los mercados laborales en Costa Rica entre 2010 y 2017. La fuente que se utiliza es cada Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), elaborada anualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Las estadísticas se encuentran en la página del INEC en formato Excel, así como varios documentos estadísticos y metodológicos elaborados por esta institución durante estos años acerca de la pobreza en las regiones de Costa Rica, utilizando el índice de Pobreza Multidimensional (IPM) y la metodología de la línea de pobreza.

Una región “constituye el resultado de una forma específica de desarrollo económico, social y político, basado en diversas relaciones y procesos históricos llevados a cabo por grupos sociales sobre un territorio determinado” (IFAM, 2003, p.7).

En cada ENAHO, el IPM incluyó cinco dimensiones: educación, salud, vivienda y uso de internet, trabajo y protección social. Además, las encuestas de hogares empezaron a indagar sobre el cumplimiento de las garantías laborales. Se seleccionó la “Dimensión trabajo”, que desde 2010 contabiliza los hogares pobres con privación en los indicadores del IPM en cada una de las regiones de planificación y a nivel nacional (INEC, 2010). Se consideraron los siguientes indicadores en los hogares con personas pobres: desempleo de larga duración y personas desalentadas, incumplimiento de otros derechos laborales (el incumplimiento del pago del salario mínimo se contabilizó aparte en las fuentes) y el empleo independiente informal. Posteriormente, se calcularon los respectivos porcentajes para cada región para determinar las especificidades por clase, género y tipo de empleo de la población en estado de pobreza.

En la ENAHO anual, las personas y los hogares pobres se clasificaron entre pobres no extremos y pobres extremos a partir de la metodología de la línea de pobreza. Se consideraron las “características de los hogares” y las “características de las personas” desglosadas por el INEC, considerando la cantidad de personas no pobres y pobres y el promedio de ingreso por hogar según el nivel de pobreza. En el rubro “características de las personas” se tomó en cuenta el promedio de horas semanales trabajadas en la ocupación principal por nivel de pobreza y región de planificación (INEC, 2010).

Al utilizar cada uno de los informes anuales del Programa Estado de la Nación (PEN), se establecen las disparidades a nivel de las personas y las familias pobres, ya que entre los pobres hubo importantes diferencias en cuanto al ingreso. Para cada una de las metodologías se presentan indicadores distintos, ya que el nivel de pobreza clasificó entre pobreza extrema y no extrema, mientras que el IPM lo hizo por regiones de planificación, al centrarse en pobres y no pobres por región de planificación y zona urbana y rural. En este trabajo se considera la primera para ver las particularidades regionales, ya que la clasificación urbana/rural fue a nivel nacional.

En 2010 se pasó de un enfoque unidimensional a uno multidimensional en la medición de la pobreza en las encuestas elaboradas para los hogares, aunque la metodología de la línea de pobreza continuó siendo utilizada en las ENAHO. En este artículo, se utilizará el IPM y la línea de pobreza con el objetivo de analizar la dimensión trabajo entre 2010 y 2017, debido a su información sobre los mercados laborales, salvo 2015 debido a que el INEC no brinda la información de la línea de pobreza en su página web sobre este año. Asimismo, se toma en cuenta el primer quintil de ingresos de los hogares, que abarca el 20 % de los hogares con menores ingresos, principalmente aquellos con personas empleadas en la agricultura y los servicios (INEC, 2016).

En el siguiente apartado se hace un análisis sobre la calidad del empleo en cada una de las regiones de planificación de Costa Rica. Posteriormente, se abordan los ingresos y la condición de pobreza. Luego se estudian las transformaciones en el trabajo, la mano de obra y los ingresos. La última sección se enfoca en los cambios y continuidades entre la “vieja” y la “nueva economía”.

Calidad del empleo en las regiones de planificación

En 1963, Costa Rica se unió al Mercado Común Centroamericano y rápidamente se expandió el sector fabril (hasta entonces poco desarrollado), bajo un decisivo apoyo estatal enmarcado en la sustitución de importaciones y un fuerte peso del capital extranjero. El empleo industrial absorbió un importante contingente de población (principalmente en la ciudad de San José) y se dio un gran crecimiento urbano (alimentado por las migraciones hacia las ciudades y el aumento demográfico). La pobreza se redujo notablemente (de 51 % a 39 % entre 1961 y 1971) y las clases medias se expandieron gracias a las políticas sociales distributivas y a los salarios crecientes. Fuera de la capital y de las principales ciudades, predominó la agricultura comercial (en detrimento de los pequeños productores de granos y víveres), una mayor concentración de la tierra en pocas manos y una mayor proporción de la población empleada en agricultura, ganadería y otras actividades (Molina, 2005, p.90-93; León et al., 2016, p.198-203; Molina y Palmer, 2017, pp.119-128).

La crisis económica se dio a finales de la década de 1970 e inicios de la década de 1980. Como consecuencia, las políticas de desarrollo de Costa Rica se modificaron sustancialmente. Durante la década de 1980, el Estado afrontó una gran presión por parte de quienes se vieron afectados con el desmantelamiento de las instituciones dedicadas al agro, la eliminación de diversos mecanismos de subsidios hacia la producción agrícola, el incremento del desempleo y de las movilizaciones populares por el deterioro en las condiciones de vida, el aumento de los precios de algunos los servicios básicos y la oposición hacia algunas medidas de ajuste estructural. También hubo una importante disminución de la cobertura en educación secundaria, fruto de la crisis y que se prolongó más allá de esta década (Alvarenga, 2005; Edelman, 2005; Molina, 2016, p.449).

Luego de la llegada de la empresa INTEL (1997), la industria de la maquila entró en una nueva etapa. El sector de alta tecnología, compuesto por productos informáticos y electrónicos, ganó peso con una demanda de personal más calificado (con preparación profesional y técnica) y con exportaciones con un mayor componente tecnológico y con un incremento del valor agregado.

Los resultados fueron dispares entre las regiones de planificación de Costa Rica, dado el predominio del sector industrial y de servicios en la Región Central (mayoritariamente urbana), el cual se incrementó. En las demás regiones, el peso del sector agrícola disminuyó, en favor de los servicios. Los indicadores según la región del país (mapa 1) permiten un acercamiento a las especificidades entre la Región Central (mayoritariamente urbana) y las demás regiones. En estas, hubo un fuerte peso del empleo agrícola y menores remuneraciones, a la vez que coexistieron las desigualdades sociales, geográficas y económicas.

El predominio del empleo rural en la mayor parte de las regiones tuvo importantes cambios. Como efecto de la crisis de la década de 1980, la tasa bruta de participación aumentó. A finales de la década de 1990, fue más del 40 % y se incrementaron las oportunidades de empleo y la participación femenina en el mercado laboral. A partir de 1987 creció la tasa de ocupación y se dio una reducción del subempleo, pero este aumentó luego de 1995, lo cual evidenció la precariedad del empleo creado, aunado a un incremento en las migraciones de nicaragüenses en este período (Hidalgo, 2003, pp.284-285).

Las empresas transnacionales que prestaban servicios y no manufacturaban bienes directamente también crecieron, igual que la producción de instrumentos médicos y dentales y los servicios profesionales y financieros. En la Región Central, se ubicaron la mayor parte de las industrias y los servicios más sofisticados, como los parques industriales y las zonas francas. La concentración de gran parte de las actividades económicas se dio en la Gran Área Metropolitana (GAM), aunque no comprendió los denominados cantones periféricos.

Las demás regiones se vieron menos favorecidas. El mercado laboral tuvo como problema la creación de insuficientes puestos de trabajo de calidad, los cuales no cubrieron el aumento de la fuerza de trabajo, incrementando el desempleo, el subempleo y la informalidad. La institucionalidad destinada al mercado interno no se modernizó y las políticas educativas y de empleo no fueron acordes con las nuevas tendencias. Esto generó una brecha creciente entre una economía dinámica y de alta productividad (pero con un peso minoritario en la demanda laboral) y los sectores de productividad y crecimiento limitados que empleaban a la mayor parte de la población (Garnier y Blanco, 2010, p.250; León, Arroyo y Montero, 2016, pp.300-301, 403-404;PEN, 2019, p.52, 69; PEN, 2020, p.262).

El Índice de Calidad del Empleo (INCE) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) estableció cinco niveles de calidad del empleo, con base en los puntajes: excelente (125 a 150 puntos), muy bueno (100 menos 125 puntos), bueno (90 menos 100 puntos), deficiente (50 menos 90 puntos) y precario (menos de 50 puntos). El INCE contempló una serie de variables, las cuales asignaban puntos a varias categorías: ingreso, protección social (seguro de salud y seguro jubilatorio), derechos laborales (aguinaldo, días de pago por enfermedad, vacaciones pagas, seguro de riesgos de trabajo y reconocimiento de horas extras) y otras variables.

Entre 2010 y 2014, los niveles excelente y muy bueno comprendieron sectores de la población que no eran pobres; los trabajos buenos abarcaron la población pobre y no pobre y los trabajos deficientes se dieron entre las personas pobres. El empleo precario fue sinónimo de pobreza extrema, aunque este casi no apareció en la información del MTSS. En el período 2015-2019, quienes vivían en pobreza extrema siguieron siendo los menos favorecidos por la calidad del empleo, teniendo empleos precarios, y quienes vivían en pobreza no extrema tenían empleo deficiente. La diferencia fue que, en este quinquenio, el empleo calificado como bueno no abarcó a la población pobre (MTSS, 2015, p.35; MTSS, 2020, p.19).

Por región de planificación entre 2010 y 2014, los mejores puntajes del INCE fueron para la Región Central y la zona urbana, con empleo muy bueno (100 a menos de 125 puntos). La Región Huetar Norte (RHN), la Región Chorotega, la Región Pacífico Central y la Región Huetar Caribe (RHC) tuvieron empleos buenos, aunque los de esta última en 2014 fueron deficientes. La Región Brunca obtuvo los puntajes más bajos, con empleo deficiente.

Un balance efectuado posteriormente por el MTSS desde 2015 hasta 2019, determinó que la Región Central seguía teniendo la mejor calidad del empleo. La Región Brunca mantuvo el INCE más bajo, a lo que se sumaron las diversas regiones (seguidas por la RHN), por lo que se incrementó la disparidad entre la Región Central y las demás regiones.

Entre 2010 y 2019, el MTSS no desagregó por regiones la clasificación por sexo, grupos de edad y nivel de educación formal. A nivel nacional, aunque las diferencias por sexo no fueron significativas, los hombres tuvieron empleos de mejor calidad que las mujeres, las cuales históricamente tuvieron una baja participación en el mercado laboral. Por grupos de edad, el INCE fue deficiente en las edades extremas: entre 15 y 19 años (por inexperiencia) y quienes tenían 65 y más años (discriminación por edad). Por nivel educativo, los empleos deficientes comprendieron a quienes tenían secundaria incompleta o menos, mientras que la educación secundaria completa permitía tener empleos muy buenos. La educación superior fue una vía para tener empleos excelentes. Según la posición en el empleo, los trabajadores por cuenta propia tenían empleos deficientes y los no remunerados tenían empleos precarios, o sea, menos de 50 puntos (MTSS, 2015, pp.24-26; MTSS, 2020, p.10).

El sector primario tuvo empleos deficientes en la década de 2010. El sector secundario fue diverso entre 2010 y 2014, con la presencia de empleos buenos y muy buenos, comprendiendo sectores pobres y no pobres. Entre 2015 y 2019, el INCE bajó, ya que predominó el empleo deficiente en el sector secundario y únicamente el sector terciario tuvo empleo calificado como bueno. Por ramas de actividad, entre 2010 y 2014, los empleos deficientes comprendieron agricultura y pesca, hogares empleadores, actividades artísticas y otros servicios, así como comercio y reparación (MTSS, 2015, p.23-32).

Entre 2015 y 2019, el empleo deficiente comprendió más ramas: agricultura y pesca, otros servicios, construcción, hogares como empleadores, alojamiento y comidas y en comercio y reparación de vehículos. Los empleos que fueron calificados como buenos incluyeron el empleo administrativo y apoyo, transporte, almacenamiento y comunicación, así como industria manufacturera y minas (MTSS, 2020, p.17).

Entre 2010 y 2014, por grupo ocupacional el INCE estableció que los empleos deficientes comprendieron “agricultor y calificado agropecuario, ocupación elemental, servicio, comercio y mercado y oficial, operario y artesano”. El empleo bueno comprendió la instalación y el ensamblaje de máquinas (MTSS, 2015, pp.23-32). Entre 2015 y 2019, algunas de las categorías variaron. El INCE fue deficiente en las ocupaciones elementales, operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores, oficios operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios, agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros y trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados. Esto significó una mayor variedad de trabajo deficiente y menos trabajo bueno, el cual no incluyó ningún grupo ocupacional (MTSS, 2020, p.18).

La Escala de Calidad del Empleo (ESCAE) de 2014 clasificó las participaciones más altas de acuerdo con su propia categoría y por variable de análisis. El empleo precario comprendió principalmente a mujeres de 15 a 19 años, personas residentes en la Región Brunca, sin educación formal, residentes en zonas rurales y con empleo no remunerado en el hogar y trabajadores de establecimientos de uno a cinco empleados. Por rama de actividad, abarcó agricultura y pesca, y por grupo ocupacional, agricultores y calificados agropecuarios. Este sector se encontraba en pobreza extrema.

Según la ESCAE, en 2014, en el empleo deficiente predominaban las mujeres, las personas de 15 a 19 años, la educación primaria incompleta, la residencia en la RHC y en las zonas rurales. El empleo por cuenta propia y por rama de actividad, los hogares empleadores y los trabajadores de establecimientos de uno a cinco empleados también fueron mayoritarios. La mayoría eran ocupaciones elementales y esta población era pobre no extrema.

Finalmente, en el empleo bueno predominaron los hombres, las personas de 20 a 24 años con educación secundaria incompleta, residentes en la RHC y en las zonas rurales, los asalariados de empresas, quienes trabajaban en establecimientos de 20 a 29 empleados, quienes realizaban servicios administrativos y los instaladores y ensambladores. Este grupo estaba en pobreza no extrema (MTSS, 2015, p.35).

Ingresos y condición de probreza

La Región Central tendió a concentrar “una mejor condición” (INEC, 2012b, p.3). Los ingresos fueron superiores y crecieron en mayor medida con respecto a las demás regiones. Ahí residía la mayor parte de la población urbana y concentraba las actividades más dinámicas en cuanto a los ingresos. El promedio de educación formal fue mayor que en el resto de las regiones. Esto incidió en que ahí se concentraran los trabajos que requerían un mayor nivel de calificación y la población con los salarios más altos, por lo que los porcentajes de pobreza fueron notablemente mayores en las demás regiones (tabla 1).

Entre 2010 y 2017, los sectores más afectados por la pobreza extrema fueron las personas desempleadas, los menores de 18 años (niños, niñas y adolescentes) y quienes tenían la educación primaria incompleta o menos (PEN 2019, pp.55-56). Tradicionalmente, se habían dado ingresos diferenciados entre la Región Central y las regiones con mayor predominio de población rural. En algunos casos las diferencias no fueron significativas: por un lado, entre los pobres extremos (excepto en las regiones Chorotega y RHN) y por otro, entre los pobres no extremos cuyos ingresos aumentaron más (Región Central, Región Pacífico Central y RHN).

Entre 2010 y 2016, se dio una reducción de la pobreza en 1,3 puntos porcentuales, siendo la más baja en este año. Empero, la cantidad de pobres se incrementó en casi 20000 personas. En 2016, la pobreza extrema asolaba al 7 % de la población de Costa Rica, pero era más severa fuera de la Región Central, ya que el 11,8 % de los hogares vivía en esta condición. Robalino, Trejos y Paredes (2016) sostienen que la población que vivía en pobreza extrema se encontraba sobrerrepresentada en el empleo independiente y el auxiliar no remunerado asociado a este. El primero pasó del 32 % al 36 % entre los pobres ocupados entre 2010 y 2016, si bien ambos no eran mayoritarios (pp.72-77).

Esto también se relaciona con el nivel educativo de la población, donde, en términos generales, hubo una brecha importante entre la GAM y las “regiones periféricas”. Entre menor fuera el nivel educativo, la presencia de carencias fue mayor:

El 69 % de la población rural de Costa Rica se ubicaba en las regiones Brunca, Chorotega, Pacífico Central, RHN y RHC en 2017. La mayor parte había logrado estudiar hasta el sexto grado de primaria. Las principales actividades en que se ocuparon estaban ubicadas en el sector primario, el trabajo doméstico, la construcción y las ventas al por mayor y al por menor en algún establecimiento. Rivera y Porras (2018) señalan una importante característica del mercado laboral rural entre 2010 y 2017:

La tabla 2 detalla los promedios de ingreso de las personas en los hogares por nivel de pobreza y región de planificación a partir de la metodología de la línea de pobreza. Se puede, dentro de la población pobre, los pobres extremos reforzaron su situación desfavorable, ya que sus ingresos fueron los que menos crecieron en los años analizados, excepto en la RHC y la Región Pacífico Central. Las brechas entre los pobres extremos y no extremos fueron amplias en todas las regiones, pero se ensancharon en aquellas donde los ingresos de los primeros crecieron poco o en algunos casos disminuyeron (INEC, 2010; INEC, 2016).

El modelo económico y político seguido por Costa Rica en las últimas décadas explica la existencia de una trayectoria de las desigualdades en cinco segmentos o quintiles. Según Sojo (2010), “si se opta por concentración oligopólica de las inversiones, escasamente diversificadas, centradas en la explotación de bienes primarios y con limitada intervención redistributiva por parte del Estado, se tienen resultados de pobre desarrollo social” (p.95).

En el primer quintil hubo importantes brechas en el país: el ingreso de una familia en la región Central fue 31,7 % mayor que el ingreso de una familia en la Región Brunca. Si se añaden las diferencias por género (a partir de los datos por sexo recogidas en la fuente), las mujeres del primer quintil recibieron 2/3 del salario de los hombres, aunque los salarios de ambos decrecieron de forma similar (Robalino et al., 2016).

El Programa Estado de la Nación (PEN) señala que hubo un incremento en el promedio neto de los ingresos de los hogares en un 19 %. Si bien benefició a todos los quintiles, en el quintil 1 fue un 8 %, como consecuencia del aumento en la ocupación y una disminución del desempleo. Luego de 2012, se dio una reactivación de las inversiones turísticas e inmobiliarias y un aumento en la infraestructura pública, lo que generó mayores oportunidades de empleo y negocios. Pese a esto, según la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INEC, no se dieron avances en la generación de nuevos puestos de trabajo. Así, en 2014 y hasta mediados de 2016, hubo una contracción en el número de ocupados, inclusive en el sector terciario (PEN 2013, p.115; PEN 2014, p.305; PEN 2015, p.96; PEN 2016, pp.100-105).

En cada ENAHO, el mayor porcentaje de familias con jefatura femenina correspondió a los pobres, aunque predominaban quienes vivían en pobreza extrema, principalmente en la RHC y en la Región Chorotega. En 2010, el 37,70 % de los hogares pobres tenía una jefatura femenina en la RHC. Dentro de estos, el 50,7 % eran hogares con personas en pobreza extrema y el 33,2 % eran hogares de personas pobres no extremas. En la Región Chorotega, el 46, 30 % de los hogares tuvo jefaturas femeninas. El 48,30 % estaban en pobreza no extrema y el 41,80 % en pobreza extrema (INEC, 2010).

Si se analiza la evolución de los hogares con jefatura femenina en 2017, la RHC tuvo una mayor proporción de hogares en pobreza extrema. Esta aumentó, pasando al 53,3 %, seguida por la Región Pacífico Central, con 52,5 %. En cuanto a la pobreza no extrema, también se incrementaron los hogares caribeños con jefaturas a cargo de una mujer, comprendiendo el 53,5 %. El segundo lugar fue ocupado por la región Chorotega, la cual concentró el 47,8 % de los hogares pobres no extremos a cargo de una mujer (INEC, 2017).

Transformaciones en el trabajo, la mano de obra y los ingresos

A partir de la década de 1980, se dieron importantes cambios en las actividades productivas. En algunas zonas, el sector primario perdió peso (en favor del sector servicios) o sufrió transformaciones, aunque coexistieron las actividades modernas y altamente productivas con las de baja productividad (Garnier y Blanco, 2010, pp.289-290). La proporción de las exportaciones tradicionales de origen agropecuario pasó de más del 60 % al 14 % del total de las exportaciones entre 1980 y 2003. Según León y Peters (2019):

En la década de 1980, los cambios en la producción se reflejaron en los cambios en el empleo. Este creció en el “sector moderno” (formado por productos exportados tradicionales y no tradicionales) y disminuyó en los sectores tradicionales, concretamente en el cultivo de granos básicos. Quienes trabajaban en este último sufrieron con mayor severidad, en términos de ingreso y de mayor grado de pobreza. Debido al crecimiento de la población, la cantidad de hogares pobres se duplicó entre 1990 y 2013, llegando a ser casi 300000 en este último año (PEN, 2013, pp.106, 108; PEN, 2014, pp.105, 298).

El peso de los productos tradicionales en las exportaciones empezó a disminuir a partir de la década de 1980, al igual que bajó la participación de las industrias. Entre 2000 y 2010:

Con la crisis mundial en 2008 y 2009, los sectores más afectados fueron las mujeres, los obreros, quienes trabajaban en el sector informal y quienes presentaban los menores niveles educativos y recibían los ingresos inferiores. Las personas en informalidad carecían de cobertura de protección social, garantías laborales y salario mínimo. Según el INEC, la informalidad abarcó a “aquellas personas asalariadas que no son aseguradas directas por el empleador, además los trabajadores independientes cuyas empresas no están constituidas en sociedad (no inscritas en el Registro Nacional de la Propiedad) ni como cuasi sociedad (llevan contabilidad)” (INEC, 2016, p.13).

La “vieja economía”, comprendió las actividades agrícolas e industriales destinadas al mercado interno y la producción de exportación tradicional, o sea, aquellas desarrolladas desde antes de la década de 1980. En la oferta y a la demanda de insumos, estaba poco articulada con la denominada “nueva economía” (“exportaciones no tradicionales”, las zonas francas y los nuevos servicios (empresariales y back office). Esto también impactó negativamente a los trabajadores menores de 18 y mayores de 59 años (PEN, 2014, pp.138-139).

La crisis financiera y económica de 2008 y 2009 (ocasionada por la caída bursátil en Estados Unidos) impactó profundamente en América Latina a través de la reducción de las exportaciones, de los flujos de inversión extranjera directa, las remesas y el turismo internacional. Estados Unidos experimentó una desaceleración en su crecimiento económico. También hubo una caída fuerte en la producción y un incremento del desempleo. Luego de la recuperación de 2010, en 2012 se dio una rápida desaceleración del comercio mundial y del crecimiento económico, una persistencia del desempleo y de la vulnerabilidad (Marichal, 2010, pp.312-320; CEPAL, 2012, pp.5-43).

De los empleos que se perdieron entre 2008 y 2009, el 62 % correspondió a la construcción y la agricultura. En 2010, la situación no fue positiva para los obreros agrícolas, ya que se redujeron casi 10000 plazas, la mayoría dentro de la vieja economía (sector cuyo ingreso principal disminuyó un 2,3 %). Esta última comprendió el 77 % del sector agrícola en ese año (PEN, 2010, pp.138-139, 162).

El mercado laboral de la construcción (en el marco del “boom” inmobiliario en las playas de la Región Chorotega) se vio drásticamente afectado por la crisis financiera que explotó en Estados Unidos en 2007, por lo que no se llevaron a cabo gran cantidad de proyectos constructivos. Para inicios de la década de 2010, bajó la participación de la mano de obra nicaragüense en la construcción, debido a la merma en la demanda y porque la misma mano de obra costarricense tuvo que “bajar sus costos” (Voorend y Robles, 2011, pp.31-46).

La participación relativa de los ocupados en la vieja economía disminuyó de 27,1 % en 2001 a 19,4 % en 2015, debido a la mayor generación de empleo en otros sectores. La industria de zonas francas y el sector agroexportador no tradicional no constituyeron fuentes de empleo masivo. La producción para el mercado interno tampoco recibió un impulso en cuanto a la generación y el fortalecimiento de sus capacidades. El aparato institucional vinculado con la producción para el mercado interno tampoco se modernizó, sino que se debilitó (PEN, 2012, p.158; PEN 2016, pp.149, 151, 162).

Desde las últimas décadas del siglo XX, la RHN tuvo un desarrollo dinámico del sector agroexportador, mediante el cultivo de diversas frutas tropicales, los cítricos, las raíces y los tubérculos, así como el sector servicios mediante el turismo. Esto no devengó en una reducción sostenida de la pobreza, quedando la mayoría de su población excluida de estos réditos económicos durante las décadas siguientes (León, 2015, pp.88-89).

Tales sectores fueron bastante volátiles en cuanto a la generación de empleo y contratación de la mano de obra. Esta presentaba una alta movilidad, dado que era fácilmente sustituible y padeció un alto incumplimiento de derechos y garantías laborales (como se ampliará más adelante). En 2013, en conjunto perdieron 25000 puestos, principalmente por la reducción del crédito al sector de la construcción, el impacto de la roya del café y la caída de sus exportaciones (PEN 2014, p.137).

Esta mano de obra había quedado excluida de la “nueva economía”, caracterizada por ofrecer mayores remuneraciones debido a su nivel de calificación y a su mayor versatilidad por haber ido acorde con el tipo de desarrollo implementado desde la década de 1980. Su diversificación y su vínculo con la economía global: “facilita la movilidad laboral entre actividades, hacia negocios propios o hacia modalidades contractuales más flexibles” (PEN, 2010, p.142).

Según el PEN (2019):

Las zonas francas demandaron mano de obra con un mayor nivel de calificación, que se plasmó en el crecimiento de los salarios. Casi todas se localizaron en la GAM, principalmente por la relativa cercanía del Aeropuerto Juan Santamaría. La desconcentración, promovida por el Estado, hacia comunidades semiurbanas y rurales, generó que se movilizara el empleo agrícola hacia estos nuevos centros de empleo. Como consecuencia, se dio un faltante de mano de obra, el cual fue solventado por nicaragüenses e indígenas (León et al., 2016, pp.420-434).

Las exportaciones de bienes y servicios (incluyendo el turismo y el sector financiero), no significaron una recaudación fiscal progresiva, o sea, proporcional con las posibilidades en cuanto a los ingresos y a las riquezas. Más bien, quedaron exonerados a través de diversos incentivos fiscales, por lo que la política tributaria no contribuyó con una mejor distribución del ingreso ni con una reducción de la pobreza (Trejos, 2012, p.13).

El valor exportado de la piña superó el del café desde 2004. Algunas de las zonas y regiones que experimentaron la mayor expansión del cultivo de la piña estaban dentro de las más pobres del país, principalmente la RHC, el Pacífico Sur y algunos cantones de la RHN. En esta agroindustria, había mano de obra principalmente nicaragüense, con una concentración masculina en la siembra y cosecha, mientras que las mujeres predominaban en el empaque frutero. Además de las múltiples violaciones a la legislación laboral y ambiental, en algunas piñeras hubo incumplimiento del salario mínimo y se dio la evasión del pago de responsabilidades sociales (León, 2012, p.317; OXFAM, 2016, pp.40-48; Arroyo y León, 2017, p.99).

Quienes pertenecieron a la “nueva economía” tenían salarios superiores en un 34 % con respecto a quienes laboraban en este tipo de empresas en la “vieja economía”. Estos últimos, al tener los menores niveles de escolaridad e ingreso (por realizar trabajo no calificado), no revirtieron su situación al darse una recuperación de la crisis en 2010 y 2011, situación muy vinculada con los mayores niveles de pobreza (con respecto a la “nueva economía”) y el aumento de la desigualdad (PEN 2012, p.159; PEN 2013, p.100; PEN 2014, p.139; Ballestero, 2021, p.32, 44).

Desde la década de 1990, se dio un proceso de reconversión productiva. Incluyó la reducción del cultivo de granos en la Región Chorotega y en la ocupación agrícola y un incremento en las actividades del sector terciario. Sin embargo, la agricultura permaneció como la principal empleadora, específicamente en torno a la cuenca del río Tempisque. La mayor parte correspondió a empresas agroindustriales, dedicadas a la ganadería y al cultivo de caña de azúcar y frutas. En esta región, con un significativo desarrollo turístico, se emprendieron actividades rentables y competitivas, pero con altos costos ambientales y escasos efectos redistributivos (Blanco, 2016, p.15, 26).

El comercio fue la principal actividad económica en las RHC y RHN. La agricultura de monocultivos de exportación ocupaba el segundo lugar, principalmente piña y banano. En la RHC imperaron las labores agropecuarias. Al predominio histórico del cultivo bananero se añadió la piña desde la década de 1990, también bajo la modalidad de monocultivo. En la RHC, la presencia de pequeñas y medianas empresas (mipymes) era muy débil en todos los sectores.

La RHC tenía bajos índices de desarrollo, pese a ser la principal vía de comercio internacional del país y producir el 13,5 % de las exportaciones del país, sumado a los impactos ambientales negativos: contaminación de ríos por el uso de agroquímicos, la tala de bosques, pérdida de fertilidad de los suelos, entre otros. El desarrollo del turismo era de los más reducidos del país y carecía de articulación con el resto de la economía. En 2017, la escolaridad promedio era de 7,7 años y de 9,3 años entre las personas jóvenes de 18 a 24 años. Únicamente el 35 % de la población entre 25 y 39 años tenía la educación secundaria completa (Montero y Viales, 2013, p.501; PEN, 2018, pp.72-75; Blanco, 2019, pp.137-140).

Las regiones Chorotega y Pacífico Central se encontraban más vinculadas con el turismo (el alojamiento y los restaurantes) y diversas actividades agrícolas. El auge del sector turístico y comercial también modificó las ocupaciones de la población en muchas zonas costeras (principalmente en la Región Chorotega y en la Región Pacífico Central), pero esto no devengó en una reducción sistemática de la pobreza. Entre 2010 y 2017, los cantones donde hubo altos porcentajes de hogares con NBI y altos porcentajes de pobreza, tuvieron porcentajes altos de fincas destinadas al uso agrícola, principalmente de 100 hectáreas o más dedicadas a monocultivos (caña de azúcar, palma aceitera y banano).

Luego de 1950, la estructura productiva cañera tendió a realizarse en fincas medianas y grandes y se concentró en las regiones Chorotega y Pacífico Central. La palma requería una menor cantidad de trabajo por hectárea y la producción bananera se concentró en la RHC desde la década de 1980, tras la salida de la Compañía Bananera de Costa Rica del Pacífico sur en 1984. Esto agravó la pobreza en la Región Brunca en las décadas siguientes (Hernández, 2005; León, 2012, pp.293, 302; Arias et al., 2016, p.49; Morales y Segura, 2017, pp.223-225).

Garnier y Blanco (2010) señalan:

Los hogares más pobres y aquellos formados por obreros (principalmente agrícolas) y por los “otros trabajadores” (mayoritariamente servicio doméstico y vendedores en las calles) dependieron ampliamente de los ingresos no laborales a través de las transferencias sociales y las ayudas estatales (debido a las debilidades de los mercados laborales), así como de sus ingresos laborales. El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF, creado en 1974) financió la mayor parte de los programas de la política social selectiva, que cubrieron a aproximadamente un millón de beneficiarios y redujeron el impacto negativo de los choques económicos. Sus recursos se orientaron principalmente hacia programas de salud, educación y vivienda dirigidos a población pobre y a grupos vulnerables (Abarca, Robalino, Hall y Pérez, 2018, pp.13, 20; León, 2014, p.329).

La focalización del gasto social benefició a grupos específicos de la población a través de varios programas. Desde 2007, un rubro que había crecido fue el de “otros ingresos”, principalmente a través del Régimen de Pensiones No Contributivas (RNC) y de los programas “Avancemos” y el Fondo Nacional de Becas (FONABE). El RNC y “Avancemos” estaban destinados a que los estudiantes de educación primaria y secundaria permanecieran en sus estudios (PEN, 2011, p.93; PEN, 2012, p.115; León, 2016, pp.379-398).

Las pensiones del RNC se destinaron a la población pobre y/o sin acceso a los regímenes contributivos y de grupos heterogéneos: adultos mayores, personas inválidas en situación de indigencia y menores de edad en situación de riesgo. Desde 2006, se duplicó el monto mensual de este rubro, si bien enfrentaba el desafío de la universalización de las pensiones para las Personas Adultas Mayores (PAM). Entre 2010 y 2012, se dio un considerable aumento en el número de pensionados, aunque casi no se modificó el monto de las pensiones. Otro programa fue “Bienestar Familiar”, que transfirió efectivo a familias en pobreza, con el propósito de que pudieran cubrir algunas necesidades y reducir la pobreza extrema (PEN, 2013, p.89; Sauma y Trejos, 2014, p.26-27, 84; Delgado, 2017, p.6, 10)

Entre 2013 y 2017, la incidencia de la pobreza se redujo, debido a que aumentó el impacto de las ayudas estatales en los ingresos de las personas y las familias. En 2016 y 2017, la pobreza extrema descendió sustancialmente: de 6,3 % a 5,7 %. Esto significó que 8341 hogares y 36847 personas dejaron de ser pobres extremos, debido a que se beneficiaron con las transferencias sociales, principalmente en la RHN y en la Región Chorotega. No obstante, en la pobreza total no hubo cambios estadísticamente significativos (PEN, 2018, p.56, 59; PEN, 2020, p.278).

Migraciones y mercados laborales

Desde la década de 1980, la exclusión social en Centroamérica se ha caracterizado por una inserción laboral basada en el autoempleo de subsistencia, las carencias educativas y la desprotección del Estado, debido a que la seguridad social no estaba universalizada. Una consecuencia de esta exclusión fueron las migraciones, que adquirieron un carácter estructural y estructurante (Sandoval, 2015, p.11).

En 2016, la población nicaragüense representó el 10,1 % de la PEA. Predominaron las personas jóvenes y con un bajo nivel educativo: el 55 % tenía primaria o menos. Esto se relacionó con su inserción en puestos y actividades con baja productividad y remuneración, donde había una menor participación de costarricenses y de otras nacionalidades. Aproximadamente la mitad realizaba oficios elementales, por lo que trabajaban como peón agrícola o en el sector construcción (PEN, 2018, p.62).

La mayor parte del trabajo doméstico remunerado fue realizado por mujeres nicaragüenses, quienes muchas veces enfrentaban situaciones de explotación laboral, diversas formas de violencia y discriminación por parte de sus patrones de clase media y alta. Las bajas remuneraciones y las largas jornadas de trabajo se sumaron a la condición migratoria irregular de algunas y a su escaso margen de acción para que sus vínculos laborales tuvieran como base los derechos laborales y la justicia social (Hidalgo, 2016, p.135). La explicación de que no hubiera diferencias significativas en el nivel de desempleo de los nicaragüenses con respecto a los costarricenses estribó en que los primeros

La mayoría de los migrantes nicaragüenses llegó para trabajar en las plantaciones cafetaleras (80,65 %), seguido por las plantaciones de caña de azúcar (10,41 %), melón (4,42 %), naranja (3,01 %) y banano (1,50 %) en 2013 y 2014. La totalidad de los trabajadores era de Nicaragua en los cultivos de la caña de azúcar (Región Chorotega), el melón (Región Chorotega) y la naranja (RHN).

La RHN destacó por la fuerte concentración de mano de obra fluctuante y de baja calificación de Nicaragua, aunque con actividades masculinizadas, debido a la carga física en labores agrícolas en gran escala. De acuerdo con Voorend, Robles y Venegas (2013)

El cultivo de café tendió a desplazarse cada vez más lejos de la Región Central, debido a su mayor urbanización. Predominaba la mano de obra panameña (69,5 %, con un importante peso de la etnia Ngobë Buglé), seguido por los nicaragüenses (30 %) y salvadoreños (0,5 %). Esto fue una ventaja económica para los productores (Voorend y Robles, 2011, p.86; León, 2012, pp.280, 317-318; PEN, 2016, p.93; Gudmundson, 2018, pp.145, 159; Kordick, 2019).

Con respecto al trabajo agrícola

En 2015, el 39,4 % de los nicaragüenses estaba inserto “en el servicio doméstico (39,4 % de las mujeres), el sector agropecuario (23,1 % de los hombres), comercio y reparación de vehículos (15,6 %), construcción (23,8 % de los hombres), industria manufacturera (10,2 %) y alojamiento y servicios de comidas (14,3 % de las mujeres)” (PEN 2016, p.93-94).

Aunque el desempleo no tuvo un sesgo decisivo en contra de la población migrante, esta tuvo una alta vulnerabilidad en comparación con quienes habían nacido en Costa Rica: “baja escolaridad, menor aseguramiento, problemas de empleo (subempleo, bajos ingresos, incumplimiento de garantías laborales y del salario mínimo)” (PEN, 2016, p.92). También tuvieron una alta proporción de problemas de vivienda (Gindling y Trejos, 2010).

La inestabilidad del empleo, las condiciones precarias del trabajo y los incumplimientos en el pago del salario mínimo fueron características de los trabajos desempeñados principalmente por personas con bajos niveles de calificación y también se vincularon con el alto porcentaje de migrantes sin documentación y de trabajadores no autorizados (Morales, 2015, pp.34-35).

Problemas del empleo

Subempleo y desempleo

La relación de dependencia económica era “la relación entre los menores de 15 años y la población inactiva con respecto a la fuerza de trabajo” (INEC, 2010) y se vinculó con la pobreza. En los hogares pobres la principal fuente de los ingresos provino del trabajo, pero sus ingresos fueron muy bajos. Hubo menos personas ocupadas, principalmente en los hogares con pobreza extrema. Por ejemplo, en 2010, el promedio de ocupados por hogar no pobre fue de 1,61; mientras que tal cifra a nivel nacional fue de 1,47. Estas fueron superiores a las de los pobres en 2017, las cuales más bien no tuvieron mejoras. Esto se relacionó ampliamente con el desempleo y el subempleo (INEC, 2017).

Las diferencias regionales fueron acordes con lo señalado sobre la alta proporción de trabajos en el sector primario. Esto incidió en que la pobreza se mantuviera, ya que repercutió en la subsistencia de las familias pobres, ya que los trabajadores no tuvieron una jornada laboral completa. Los pobres extremos se vieron doblemente afectados, ya que la cantidad de horas disminuyó drásticamente en los años de estudio, pero, a la vez, siempre se mantuvo menor a la jornada completa.

Probablemente también se relacionó con el carácter estacional de ciertas labores agrícolas. La tabla 3 muestra el promedio de horas semanales trabajadas en la ocupación principal por parte de las personas según el nivel de pobreza. La situación fue poco alentadora para el conjunto de la población pobre, ya que la norma fue la reducción en la cantidad de horas (jornada laboral incompleta) (INEC, 2010; INEC, 2013).

Una de las principales aristas del desempleo fue la juventud. Sauma y Trejos (2014) señalan que

Entre 2010 y 2017, la tendencia fue un repunte del desempleo en Costa Rica, con porcentajes cercanos al 10 %. Los desempleados residían principalmente en las zonas urbanas (74 %), por ser donde vivía casi toda la población. Si se considera el desempleo a nivel regional, también hubo diferencias abismales, como lo demuestra la tabla 4. Las mayores disparidades de la población pobre también se presentaron en el desempleo, si se comparan los porcentajes de personas con desempleo de larga duración y personas desalentadas por cada una de las regiones. Hubo importantes oscilaciones en todas las regiones, aunque la Región Central tuvo mayores porcentajes en casi todos los años; en las RHC y RHN aumentaron más los porcentajes de personas desempleadas y en casi todas las regiones el desempleo se disparó en 2014 (INEC, 2014; PEN, 2015, p.81; Robalino et al., 2016, pp.33, 128; INEC, 2017; Rivera y Porras, 2018, p.66).

La incidencia de la pobreza en la región Pacífico Central se ubicó en un punto intermedio con respecto a las demás regiones. Sauma (2013) aduce que “comparativamente con otras regiones del país, el menor nivel de pobreza en la región Pacífico Central se explica en gran medida por esa mayor importancia relativa del empleo formal (incluyendo actividades agropecuarias modernas)” (p.21).

Las mujeres tuvieron menos jornadas completas (considerando aquellas remuneradas), probablemente por las labores de cuidado. Tanto las mujeres costarricenses como las migrantes tuvieron largas jornadas domésticas no remuneradas y una mayor presencia en jornadas parciales remuneradas como puntos comunes. Por ello, continuó la tendencia de que trabajaran más, en comparación a los hombres (Voorend et al., 2013, pp.50-51).

Contrariamente a lo sucedido en otros momentos de contracción económica, la tendencia fue el deterioro en el desempleo luego de la crisis de 2008-2009 (PEN, 2015, pp.102, 137; PEN, 2016, p.106). En 2013, el desempleo abierto fue el más alto del período 1980-2014 (8,6 %). Entre 2013 y 2014, hubo pérdidas de más de 35000 puestos para trabajadores no calificados. Para 2015, el panorama continuaba siendo negativo, con un 8,5 % de desempleo, porcentaje muy similar al que hubo a principios de la década de 1980. Robalino et al., (2016) indican que “la incidencia de la pobreza total resulta del 65 % lo que significa que prácticamente dos de cada tres hogares cuyo jefe está desempleado cae bajo los umbrales de la pobreza” (p.105).

La informalidad laboral

La informalidad pasó a ser un rasgo de los procesos de acumulación y se desenvolvió de forma paralela a la evolución del empleo, por lo que ambas se contrajeron y luego crecieron. La mayor parte del empleo creado fue informal. Este fue “una puerta de entrada y de salida del mercado de trabajo” (Delgado, 2013, p.44). Afectó en mayor medida a las personas más jóvenes y a quienes tenían la edad de jubilación.

Pérez y Mora (2007) plantean que los límites entre lo formal y lo informal fueron difusos, debido a dos motivos. La precarización del empleo asalariado llevó a la desregulación de normas laborales, dándose a su vez una difuminación entre trabajo y empleo. A su vez, esto se enmarcó dentro de la crisis del empleo formal (p.51). Esto se acentuó en los años posteriores.

El incremento en la circulación de personas, bienes e información a nivel global y la expansión de los mercados trascendieron las fronteras nacionales y llegaron a dominar prácticamente todos los ámbitos de la sociedad a nivel global. Las personas pobres no quedaron excluidas, sino que participaron como una forma de subsistencia en un contexto donde los mercados laborales tendieron a ser excluyentes. El desempleo y la informalidad adquirieron rasgos estructurales (Lins Ribeiro, 2012, pp.36-62).

Los vendedores de las calles constituyeron una de las representaciones más evidentes de la informalidad, principalmente en la Región Central. Bajo las políticas de desregulación, buscaron también el aprovechamiento y gestión de la interconexión entre diferentes partes del mundo, lo cual devengó en oportunidades y riesgos, principalmente a través de productos hechos en gran escala en China. También fungieron como actores de la “globalización desde abajo” con “entrelazamientos transpacíficos, redes sociales y combinación de prácticas económicas informales y formales” (Braig y Göbel, 2013, p.59).

Entre 2010 y 2017, las personas con bajo nivel educativo y los adultos mayores eran parte de los grupos más vulnerables. Tuvieron dificultades para ser parte de la bancarización nacional (acceso a los servicios financieros formales). Esto no fomentó la generación de nuevas empresas ni “la creación de una nueva riqueza social que favorezca el rejuvenecimiento del tejido productivo del país y el combate a la informalidad económica” (PEN, 2010, p.149; PEN 2016, p.184-186; PEN, 2017).

Lo anterior coincide con lo descrito por Robalino et al., (2016) como “micronegocios”, poco diversificados ocupacionalmente y con una baja dotación de capital físico. A esto se unió el predominio de trabajadores sin calificación, generándose “una baja productividad, una baja remuneración y un alto grado de informalidad” (pp.39-42). Esto imposibilitó la salida de la pobreza. Si se considera la tasa de IPM por quintiles, en el primer quintil osciló entre el 21 % y el 25 % en el período 2010-2016, siendo casi cuatro veces mayor que la del resto de los quintiles. Aquellos sin trabajo en el primer quintil, en su mayoría tenían incompleta la educación secundaria (78 %).

La tabla 5 muestra los porcentajes de las personas de los hogares pobres que presentaban privación en los indicadores del IPM. La evolución del empleo independiente informal tendió a un relativo estancamiento, si bien en algunos años se incrementó, llegando a sus porcentajes mayores en 2015 y 2017. A la par del incremento de la cantidad de personas pobres, también lo hizo el número de personas empleadas en el sector informal. En 2017, prácticamente la mitad de la incidencia de la informalidad se dio en la Región Central, lo cual indica que hubo también un predominio de actividades urbanas entre la población pobre (INEC, 2015; INEC, 2017).

Como lo demuestra Delgado (2013) para el período entre julio de 2010 y marzo de 2013, más del 80 % de las personas subempleadas tuvo un trabajo informal. Esto significó que sus jornadas no fueron completas, pero tuvieron el deseo y la disposición de ampliar su jornada laboral, considerando el número de horas efectivas. En términos generales, los ingresos de los trabajadores informales fueron la mitad de los ingresos de los trabajadores formales (pp.41-42). Los empleos con mayor propensión a la informalidad comprendieron “las ramas de actividad del sector primario (agricultura y ganadería), del sector secundario (industria y construcción) y algunas del sector terciario (comercio y servicio doméstico) (…)” (Delgado, 2013, p.48).

Participación femenina en el mercado laboral

La Encuesta Continua de Empleo de 2015 mostró que hubo una segregación por sexo en las actividades realizadas. Los hombres tendieron a participar en el sector primario (25 %), secundario (23 %) y comercio (16 %), mientras que las mujeres tendieron hacia el sector servicios (84 %). En este último, predominaron el empleo doméstico (32 %) y el comercio (23 %), seguidos por el alojamiento, los servicios de comida, el transporte y el almacenamiento (INEC, 2015b, p.20).

Esta también señaló que

Gran parte del comercio informal en el que se insertó la población femenina migrante (como en la RHN) no devengó en mejores condiciones laborales con respecto a las del mundo agrícola a partir de la década de 1990. Las oportunidades de empleo para las mujeres en las zonas rurales (principalmente en los “nuevos” cultivos para la exportación) se concentraron en la manipulación de bienes o el procesamiento postcosecha de los productos agrícolas, como el empaque de yuca y piña (aunque en las zonas bananeras esto se dio desde la década de 1960) en las RHC y RHN.

Generalmente, esta “feminización” significó el pago de salarios más bajos y el trabajo estacional, ya que los empleos fijos siguieron siendo masculinizados. A ello, se sumaron las labores que recaían tradicionalmente en ellas dentro del ámbito patriarcal (cuido y labores domésticas), las condiciones laborales que debían aceptar y la discriminación que afrontaban en calidad de migrantes. Esta última situación también afectó a los hombres que migraron (Lee, 2007; Montero y Viales, 2013, p.480; Voorend et al., 2013, p.47).

El sesgo en contra de las mujeres se dio en las remuneraciones y también en las labores sin retribución económica en el ámbito privado. Aunque hubo una clara disminución en la fecundidad en las últimas décadas, la carga del hogar no se alivianó para ellas, ya que

Como resultado del aumento del sector servicios a partir de la década de 1980, se incrementó la participación de la mano de obra femenina y joven, principalmente en la informalidad, el desempleo y el subempleo. El trabajo doméstico remunerado (TDR) se caracterizó por su rostro femenino, principalmente a través del empleo doméstico y de forma secundaria como niñeras, particularmente en las zonas urbanas de la Región Central. En las zonas rurales, los hombres se desempeñaron más en el TDR y comprendió cuido de niños, jardinería, enfermería y labores de ayudante (Martínez, Mora y Voorend, 2009, pp.17-26).

Incumplimiento de derechos laborales

La ENAHO clasificó la “dimensión trabajo” en los hogares pobres con privación a partir de varios indicadores, cuyas cantidades fueron especificadas individualmente. El cumplimiento del salario mínimo de los trabajadores fue contabilizado aparte de los otros derechos laborales, debido al menor predominio. La tendencia fue un sistemático incumplimiento de varios de ellos (pago de vacaciones, horas extra y otros), situación que no fue exclusiva de la población pobre.

La ENAHO de 2011 analizó el incumplimiento de los derechos laborales, en relación con el pago de aguinaldo, vacaciones, días por enfermedad, seguro de riesgos de trabajo y horas extra. A nivel nacional, este último derecho fue el más incumplido (46,4 %) entre los ocupados de 15 a 64 años, mientras que el aguinaldo fue el más respetado (80,4 %), seguido por el pago de días de enfermedad (71,3 %) y por las vacaciones (73,6 %) (INEC, 2011).

Estas situaciones generalmente se presentaron en quienes laboraban informalmente, en los sectores de la pesca, la construcción y el trabajo doméstico, las personas menores de 20 y mayores de 55 años. Por lo general, el cumplimiento de tales derechos no rebasó el 50 %, excepto el pago del aguinaldo en el trabajo doméstico (PEN 2012, p.122-123).

En 2013, el 32,3 % de los trabajadores asalariados no devengó el salario mínimo. Esto afectó principalmente a las mujeres y a quienes vivían en la zona rural, RHN, RHC y en la región Brunca, así como a los inmigrantes. Las principales desventajas las presentaban los trabajadores de la zona rural Brunca. Si se excluye el seguro de salud, los demás derechos fueron cumplidos en menos de un 60 %. A la mitad de quienes fueron asalariados y vivieron en pobreza extrema también se les incumplió alguna garantía laboral (PEN 2014, p.93-117).

En 2014, en la RHN, RHC y las regiones Chorotega y Brunca, más del 40 % de los trabajadores no ganó el salario mínimo, tendencia que se dio desde 2010. En 2017, un 41,4 % de las personas asalariadas en Costa Rica gozaba de las seis garantías establecidas y un 17 % no tenía acceso a ninguna (PEN, 2015, p.111).

La tabla 6 muestra los porcentajes de incumplimiento de derechos laborales en las personas de los hogares pobres, exceptuando el incumplimiento del pago del salario mínimo, ya que cada ENAHO contabilizó aparte el “incumplimiento de otros derechos laborales” (INEC, 2010). Comparativamente con otros indicadores de la pobreza, hubo una menor concentración en las zonas “periféricas”, si bien en algunas de ellas se dieron oscilaciones en el período, con una ligera tendencia a la disminución porcentual en el incumplimiento de los derechos laborales y un repunte en la cantidad de hogares con derechos incumplidos, tanto en la región Central, como a escala nacional. Los porcentajes fueron calculados con base en el total de hogares pobres de cada región, para ver cómo se expresaba en cada una, ya que las encuestas no desagregaron estas cifras según el nivel de pobreza (INEC, 2011; INEC, 2013; INEC, 2015; INEC, 2017).

Hubo un estrecho vínculo entre la precariedad laboral, la baja calificación del trabajo y la pobreza extrema, debido a que

Existieron varias similitudes en el mercado laboral de la “nueva” y la “vieja economía”, particularmente en el sector agrícola. La mayor parte de la población que laboraba en los cultivos de café, caña de azúcar, melón y naranja en la Región Brunca, Región Chorotega y RHN era nicaragüense y con un nivel de calificación bajo, y padeció el incumplimiento de derechos laborales.

En términos generales, las personas y los hogares pobres tenían las siguientes características en relación con aquellas no pobres: más miembros por hogar, mayor porcentaje de jefatura femenina, un menor promedio de ocupados por hogar, menos años de educación formal, menor participación laboral y más desempleo. Las condiciones fueron aún más desfavorables en los hogares con pobreza extrema.

Conclusiones

Este artículo, se indagó la trayectoria de los mercados laborales de la población pobre en Costa Rica entre 2010 y 2017. Se buscó determinar las particularidades regionales, principalmente entre la Región Central y las demás regiones, haciendo énfasis entre la población en pobreza y en pobreza extrema. Se demostró que el mercado laboral continuó siendo un reproductor de las desigualdades de ingresos y de la pobreza. Los sectores más dinámicos en la generación de empleo, de las remuneraciones y del empleo de mayor calidad, tendieron a concentrase en la Región Central. La pobreza fue porcentualmente mayor en las demás regiones, con menor predominio de empleo de calidad. La educación universitaria fue decisiva para conseguir un empleo de calidad.

La presencia de monocultivos, la distribución desigual de la tierra y las mayores proporciones de desempleo y subempleo se dieron en los trabajos de menor calificación (con fluctuaciones en la creación de puestos de trabajo), en el marco de la reconversión productiva, el auge del turismo y los cambios del sector industrial. Se dio la coexistencia de los sectores agrícola y servicios fuera de la Región Central (principalmente en las regiones Chorotega y Pacífico Central), generalmente con altos costos ambientales, una importante participación de la población migrante en ciertos cultivos y actividades, pero con un mercado laboral más propenso a las vicisitudes externas y con un importante abismo entre los trabajos urbanos y rurales. A la vez, hubo importantes brechas intrarregionales entre los ingresos de las familias fuera de la Región Central.

Entre 2010 y 2017, disminuyó el porcentaje de población en pobreza, principalmente por los programas sociales redistributivos, aunque los ingresos de los hogares en pobreza extrema se mantuvieron muy por debajo de los de los hogares pobres no extremos y crecieron muy poco. Nuevamente el mercado laboral fue decisivo para esto último, ya que predominaron las personas con educación básica incompleta, hubo más jefaturas femeninas (y los ingresos de las mujeres pobres fueron menores que los de los hombres pobres) y más personas dependientes, así como una participación mayor en actividades de la “vieja economía”.

Hubo un alto predominio de población joven en hogares pobres. El incremento en la desigualdad entre los sectores con menores recursos y los que perciben los mayores ingresos, sumado a las grandes disparidades en detrimento de las zonas rurales, constituyen líneas de investigación para futuros estudios, máxime porque la población joven tiene altos índices de desempleo y menores opciones de ascenso social.

Es importante profundizar en las especificidades regionales y locales para determinar cuáles poblaciones han afrontado mayores niveles de pobreza y cómo esto se ha reflejado en el desarrollo social y económico bajo el modelo implementado a partir de la década de 1980. Esto permitirá revisar las políticas públicas, particularmente aquellas de carácter redistributivo, claves en la disminución de la pobreza.

Referencias

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