Introducción

El estudio de los movimientos sociales, en particular los indígenas, ha sido un tema poco frecuentado en la historiografía centroamericana, a pesar de que, desde hace siete décadas, varias voces han señalado la importancia de su estudio, para comprender cabalmente los acontecimientos que desembocaron en la Declaración de Independencia, en septiembre de 1821. Destacan las llamadas de Daniel Contreras y Guillermo Mayes, Alejandro Marroquín, Severo Martínez Peláez, Héctor H. Samayoa Guevara, Francisco Peccorini y Julio Pinto Soria. El ambiente intelectual en que se formaron todos ellos y, posteriormente, la influencia de la teoría marxista en las ciencias sociales, contribuyeron a que destacaran en sus estudios la participación de los indígenas y de las denominadas castas en la vida política de las primeras dos décadas del siglo XIX. Con sus estudios se abrió la puerta a trabajos más enfocados sobre estos sectores e influidos por otras corrientes historiográficas, como la del marxismo británico, la nueva historia política y los estudios subalternos¹. Serían los casos de Xiomara Avendaño (1997), Gutiérrez y Godoy (1999) y Elizet Payne (1999), y a los pocos que, recientemente, han retomado el estudio de los movimientos indígenas, como Aaron Pollack, Arturo Taracena y Mario Ruz, Eugenia López Mejía Velásquez, Xiomara Avendaño junto con Norma Hernández, y, de nuevo, Elizet Payne².

Los precursores

Daniel Contreras y Guillermo Mayes se distinguen no solo por iniciar una historiografía que llamó la atención sobre los movimientos sociales y populares, sino por integrar el grupo de los primeros historiadores profesionales en Centroamérica. Ambos egresaron de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, creada en 1945, en el ambiente cultural de la primavera democrática, una década en que se intentó transformar el país, según la modernidad capitalista de entonces. Esta primera generación de historiadores profesionales se formó en un entorno académico entusiasta y al mismo tiempo riguroso, bajo la guía de José Joaquín Pardo Gallardo, primer director del Departamento de Historia y profesor del curso Historia de Centroamérica, quien además se inclinaba por el estudio de la independencia (Luján Muñoz, 2002). No fue casualidad entonces que Contreras, Mayes, Martínez Peláez y otros de sus compañeros se interesaran por historiar esa época.

Según Contreras, nuestra emancipación ha sido juzgada como exclusiva 'revolución de criollos', (pero se necesitó de) un trasfondo popular de prolongado descontento (… en donde) hallaremos al artesano (…), a la clase parda y mestiza (…) y, desde luego, a los conglomerados indígenas (…) (Contreras, 2016, p. 25)³. El historiador debía valorar esas muestras de descontento, sostuvo, y no se les podía negar (…) el mismo espíritu libertario que movía a otras rebeliones contra el imperio español, como las de El Salvador y Nicaragua en 1811. En el contexto hispano-americano, agregó (…) todas las rebeliones contra el gobierno español, y no sólo las dirigidas por criollos, tienen el mismo significado. Por lo tanto, las rebeliones indígenas deben ser interpretadas como parte de un todo complejo: el proceso histórico que culminó con la proclamación de independencia (Contreras, 2016, pp. 94 y 96).

Así, Contreras fue el primero en llamar la atención hacia la participación de otros sectores sociales, más allá de que su estudio se produjera en el contexto de los renovados intentos de fundación nacional de esos años. El levantamiento indígena de Totonicapán en 1820, señaló, fue el epílogo de una serie de sublevaciones que habían tenido lugar en los pueblos de los altos, desde 1811, cuando se suprimieron los tributos. Fue posible gracias al liderazgo regional de los indios de San Miguel Totonicapán y en particular de Atanasio Tzul y Lucas Aguilar, en un contexto de rebeldía e inquietud generalizada entre los indígenas de todo el reino (Contreras, 2016, pp. 47-49). Habría de transcurrir más de medio siglo, como se verá más abajo, para que dicho levantamiento fuera colocado como el más importante del período colonial en lo que actualmente es la República de Guatemala, se subrayará su carácter regional y su lucha por la autonomía, situándolo en el entramado de relaciones de poder que iban desde la esfera imperial hasta el gobierno local (Pollack, 2008).

Mayes no dedicó su obra específicamente a las rebeliones sociales, pero incluyó un capítulo de Antecedentes, en donde se refirió a los movimientos de San Salvador, León y Granada, en 1811, así como a la Conjuración de Belén (1813); además, escribió varios párrafos sobre la rebelión de Totonicapán en 1820. Asimismo, en uno de los capítulos dedicados a Honduras, incluyó una parte sobre la sublevación del 1 de enero de 1812 en Tegucigalpa y a los (…) centenares de intelectuales, artesanos, agricultores, indios, mulatos y negros, (… que) fueron acusados y procesados por infidencia, especialmente entre los años 1811 a 1819 (Mayes, 1956, p. 34).

Contreras y Mayes incluyeron apéndices documentales en sus obras, que, junto a sus propias referencias, señalaron varios temas por seguir, como los movimientos de San Salvador y Nicaragua (León y Granada), a fines de 1811 y el de Belén, 1813, en Guatemala; la historia de los condenados de Granada, quiénes eran, cómo pensaban y los tormentos a los que fueron sometidos durante más de un lustro. En ese mismo sentido, lo que significaba ser acusado de infidente, en esa época. También aportaron datos acerca de la composición de los movimientos y sus causas. Contreras ratificó que una de las causas más importantes en los pueblos de indios tuvo que ver con el cobro del tributo, en el contexto de la crisis de la monarquía. Igualmente, mostraron que en casi todos los movimientos se expresó un sentimiento anti-españolista.

La vocación positivista, liberal y nacionalista predominante en esos años no fue óbice para que se produjeran los primeros debates y algunos ensayaran sus propias interpretaciones. Estas tendencias se extendieron a las siguientes décadas, en el contexto de amplias movilizaciones sociales, que dieron un fuerte impulso a las Ciencias Sociales en Centroamérica. A los primeros historiadores vinieron a sumarse otros, que igualmente llamaron la atención sobre aquellos que habitaban los sótanos de la sociedad colonial.

Durante las décadas de 1960, 1970 y 1980, las perspectivas marxistas fueron las más influyentes. Los enfoques económicos y sociales impregnaron la investigación académica en América Latina. Centroamérica no fue la excepción. Alejandro Marroquín, Severo Martínez Peláez y Julio Pinto Soria, son algunos de los autores más significativos⁴. Los tres partieron de establecer cuál era la estructura socio-económica de la época, lo que dio lugar a develar a otros actores que no habían sido tomados en cuenta por la historiografía anterior. El estudio de Marroquín se distingue por haber subrayado la dimensión étnica y por haber señalado que, si bien San Salvador fue el centro de la rebeldía, el 5 de noviembre de 1811 no se produjo un solo levantamiento, sino una serie de movilizaciones que a lo largo de dos meses abarcaron una buena parte de la provincia (Avendaño Rojas, 2007).

Para Marroquín, las clases sociales durante la Colonia se presentan ocultas bajo formas de categorías étnicas: españoles, criollos, mestizos, mulatos e indios, cada uno con diferentes motivaciones e intereses. En esto último va a coincidir con Martínez Peláez y Pinto Soria. Otras coincidencias importantes se dan en la descripción de las cargas que pesaban sobre indígenas, mestizos y mulatos, así como en el papel neutralizador o pacificador de los criollos⁵. Igualmente, todos ellos concuerdan en la existencia de una facción republicana en San Salvador, León, Granada, Tegucigalpa y Ciudad de Guatemala, que Marroquín asocia con los mestizos, Martínez Peláez y Pinto Soria con las capas medias, aunque para este último la mayor parte de los republicanos progresistas provenían de los sectores dominantes⁶.

La contribución de Martínez Peláez al estudio de los movimientos indígenas proviene principalmente de su obra inconclusa Motines de indios. La violencia colonial en Centroamérica y Chiapas⁷, de las preguntas que planteó y de los casos de estudio que incluía su proyecto. Todos ellos extraídos de procesos judiciales a los rebeldes, depositados en el Archivo General de Centroamérica; varios correspondientes a las dos primeras décadas del siglo XIX y a Totonicapán en 1820, en donde las circunstancias del imperio y las particularidades del lugar hicieron que el motín se convirtiera en rebelión (Martínez Peláez, 1985, p. 30; McCreery, 1989, pp. 39-58). Este y otros casos contemplados en el plan de su obra quedaron sin reconstruirse. Sin embargo, en la parte publicada empezó a responder las preguntas centrales de su investigación, señalando las causas y las características de la violencia de indios, así como las de la represión⁸. Las causas principales de los motines, señaló, estuvieron asociadas al cobro de los tributos y al repartimiento forzado de mercancías y de algodón para hilar.

En el libro de Pinto Soria se retoma la cuestión de los tributos, para afirmar que, durante la primera mitad del siglo XIX, se produjo una lucha antifiscal de los indígenas y otros grupos populares. Este autor propone observar los movimientos populares en dos etapas: 1811-1821, 1823 y 1823-1840 (Pinto Soria, 1986, p. 88). A partir de 1811, afirma, se produce un desbordamiento anticolonial y las masas populares irrumpen, con reivindicaciones económico-sociales y nuevos motivos de conflicto; destacadamente la lucha por el poder local, en el marco del sistema electoral inaugurado con la Constitución de Cádiz (1986, pp. 89-90). El cabildo, dice Pinto Soria, será la institución del momento de la transición (p. 93)⁹.

Para Pinto Soria las masas populares constituyeron el nervio central de todos los acontecimientos políticos que se dieron entre 1811 hasta 1823 (1986, p. 137). Sin embargo, su carácter espontáneo y su propio radicalismo evitaron que llegaran a ser una amenaza para el régimen, que tomó las medidas necesarias para contenerlas. (La …) efervescencia revolucionaria (…) sembró pavor entre los miembros de la elite (1986, pp. 122-123); se temía que cundiera el radicalismo de las revoluciones mexicana y haitiana, sostiene este autor. A las protestas indígenas se refiere como rebeldías menores (1986, pp. 106 y 123) y concluye que la importancia del movimiento popular sólo pudo reflejarse como factor de presión (1986, p. 139).

Al acercase el sesquicentenario de la declaración de independencia, en 1971, se produjo una oleada de publicaciones sobre el tema. Entre ellas los Ensayos de Héctor H. Samayoa Guevara, uno de los cuales, trata del proceso que se siguió al indígena Manuel Paz, por sospecha de infidencia, en enero de 1812 (Samayoa Guevara, 1972, pp. 223-236; 1963, pp. 111-132; 1962). Ricardo Falla (1971) escribió Actitud de los indígenas de Guatemala en la época de la independencia 1800-1850. Para él la Independencia (… no tuvo) efectos en el interior indígena; no significó ninguna solución, por ejemplo, para los antiguos problemas de linderos que los del pueblo de San Antonio Ilotenango tenían con los de Santa María Chiquimula, en cambio los conflictos entre ellos cortaron la posibilidad de alianza, como la que sí se produjo entre los pueblos circunvecinos de Totonicapán -incluidos los chiquimultecos- (Falla, 1971, pp. 702, 714 y 717).

La obra de Francisco Peccorini parece ser parte de esa oleada historiográfica (Peccorini, 1972). El autor sigue, amplía y documenta la idea de Marroquín: en el otoño de 1811, hubo en el actual Salvador una serie de movimientos que abarcaron a distintos grupos sociales y cuya agitación se mantuvo durante varios meses. El centro de la protesta fue San Salvador, cuyo ejemplo y agentes llevaron la rebelión a toda la provincia. Dos pueblos de indios destacaron en estos movimientos, Santa Ana y Metapán, en el primero la mayor parte de los alzados fueron mulatos y en el segundo sí destacó la participación indígena, cuya ira se sumó temporalmente a la de los ladinos. El autor sostiene que, en estos casos, no hubo motivación antimonárquica, ni antirreligiosa, sino un odio inveterado contra los peninsulares y un desasosiego (…) profundo, debido a una tributación excesiva (p. 31).

A principios de 1814, dice Peccorini, se produjo una insurrección cuyas causas y fuerzas ideológicas fueron las mismas del movimiento de 1811, con la diferencia de que para entonces ya se había jurado la Constitución de 1812; la lucha política fue abierta y, mediante elecciones populares, los del partido independentista ocuparon los puestos claves del ayuntamiento sansalvadoreño. Así pues, concluye, desde 1811 existió un proyecto de independencia en San Salvador, en él participaron dos fuerzas: los próceres y el pueblo, pero este siempre manifestó su autonomía y su vocación regalista, en 1811, e igualista (seguidores del Plan de Iguala), en 1821 (1972, p. 129)¹⁰.

Robert Carmack y Michel Bertrand también se ocuparon de los movimientos sociales, como parte de estudios más amplios. Al estudiar la zona de las Verapaces, Bertrand sostuvo que: (l)a derogación del tributo y la de repartimientos de trabajo fueron algunas de las promesas hechas a los indígenas para que mantuvieran la neutralidad en la lucha de independencia (Bertrand, 1987, p. 198). En su etnohistoria de los k'iche', Carmack (2001, pp. 239-263) dedicó un capítulo a los motines en la época de la independencia, que luego ampliaría en Rebeldes de los Altos (Carmack, 1995). Para él los indígenas de México y Centroamérica se politizaron al participar en las luchas independentistas dirigidas por los criollos y mestizos, sus movimientos en Momostenango lograron suprimir el tributo, además de constituir uno de liberación respecto del control y la explotación que ejercían los criollos y ladinos.

Estos autores prepararon el campo para los primeros estudios más enfocados en los movimientos sociales y en los pueblos indígenas, como los de Elizeth Payne (1999), Xiomara Avendaño (1997) y Gutiérrez y Godoy (1999), así como a los pocos que, más recientemente, se ocupan de la participación indígena, como Aaron Pollack (2008, 2009), Elizet Payne (2007, 2013, 2017), Arturo Taracena y Mario Ruz (2010), Xiomara Avendaño y Norma Hernández (2014), y Eugenia López Mejía Velásquez (2017). En seguida se examinan estas obras y otras relacionadas, para establecer los conocimientos y puntos de partida que aportan al estudio de los pueblos indígenas en los procesos sociales y políticos que condujeron a la llamada independencia.

¿Nueva historia política o historia social de las localidades y regiones?

En 1997, Xiomara Avendaño planteó tres de los cambios más significativos para la comprensión de los movimientos indígenas, en el período que se abre en 1812 hasta fines del siglo XIX: la reforma del sistema de recaudación fiscal y de la tenencia de la tierra, iniciados por la corona desde la segunda mitad del XVIII, y las nuevas relaciones políticas, que iniciaría el constitucionalismo. La Constitución de 1812 proporcionó el marco para la representación política; el ayuntamiento pasó a convertirse en actor principal, las disputas alrededor de él enfrentaron a ciudades y pueblos, así como la organización interna del gobierno en las localidades. En algunos lugares se aceptaron los municipios mixtos (ladinos-indígenas), pero en muchos otros se luchó por el derecho a conservar su propia organización municipal y aun se pidió la salida de los ladinos del pueblo. La autora concluye que, durante buena parte de aquel siglo, las nuevas prácticas políticas se mezclaron con las antiguas. La introducción de la (…) población india en el nuevo sistema político se hizo a través del antiguo cabildo colonial (Avendaño, 1997, pp. 109 y 119).

El trabajo de Gutiérrez y Godoy, sobre las protestas indígenas en la Provincia de Guatemala, sigue los casos que Martínez Peláez había esbozado en Motines de indios. El espacio principal de estos movimientos fue el altiplano central y occidental, especialmente la Alcaldía Mayor de Totonicapán-Huehuetenango; se produjeron al menos en dos oleadas (1811-1815 y 1818-1821), motivados la mayor parte de ellos por el descontento por el pago de tributos y en el contexto de los cambios que conllevó la crisis de la monarquía española. Para los autores: la acción colectiva de los indios empezó a cambiar de carácter y alcance, en tanto que ya no solo se reivindicaba la supresión del tributo sino su condición de ciudadanía, según la Constitución de Cádiz. Los pueblos buscaban hacer su propio gobierno (… una) independencia local (que …) hoy (…) llamaríamos autonomía (Gutiérrez y Godoy, 1999, pp. 36-37).

En ese mismo año, Payne retomó el estudio de los movimientos sociales en El Salvador. Como Marroquín y Peccorini, Payne contradijo la idea de que el movimiento de 1811 en esa provincia tuvo como único centro a la capital y que sus directores solamente fueron criollos, mostrando que varias localidades, algunas de ellas indígenas, participaron en las protestas. Además, la autora subrayó que, en los casos más significativos -Santa Ana y Metapán- la composición fue multiétnica, con una abundante cantidad de mulatos y mestizos; también propuso caracterizar la protesta como comunal, teniendo a la vista las ideas de otros historiadores que han estudiado los movimientos de antiguo régimen. Respecto a los movimientos de 1814, Payne mostró la participación de los barrios de los alrededores de San Salvador. Si bien, las protestas populares del otoño de 1811 tuvieron una motivación económica, que en algunos casos desembocó en una motivación política, tres años más tarde, con nuevo orden constitucional vigente, las disputas políticas alrededor del gobierno local se pusieron en primer plano (Payne, 1999, pp. 141, 154 y 175)¹¹.

Para Avendaño (1997), Gutiérrez y Godoy (1999) y Payne (1999), la crisis de la monarquía y los cambios políticos e institucionales que implicó explican mucho de los movimientos sociales de la segunda década del siglo XIX, pero no son los únicos factores explicativos, ya que el descontento entre los grupos populares -incluidos los indígenas- estuvo relacionado con las cargas que pesaban sobre ellos, así como con la costumbre. Entendida esta como la manera aceptada por la comunidad o el grupo para relacionarse con las autoridades, vinculada tanto a formas de pensamiento, organización y acción propias, como a otras impuestas desde el poder¹².

Al dar la vuelta al siglo XXI, empezaron a publicarse las primeras obras que en América Latina y en Centroamérica iniciaron la llamada nueva historia política, que hasta ahora ha predominado en la reciente producción historiográfica sobre la independencia en el istmo. A partir de la idea de una revolución hispánica que abarcó las dos orillas del Atlántico, se ha privilegiado el poder explicativo de la crisis de la monarquía, en general, y del constitucionalismo gaditano, en particular, el papel de las instituciones, los conceptos y las representaciones¹³. Sin embargo, de poco más de una década para acá, inspirada en enfoques relativamente eclécticos, en donde destaca la corriente de los estudios subalternos¹⁴, puede observarse lo que podríamos denominar una vuelta a atender, en distintos grados, el ámbito de lo económico y social, señalado por los precursores (Pollack, 2013, p. 52)¹⁵. Dentro de este campo se inscriben las obras de Aaron Pollack, las de Elizet Payne, Xiomara Avendaño y Norma Hernández, Eugenia López Velásquez y Arturo Taracena y Mario Ruz.

Estas investigaciones proponen que los subalternos no fueron ajenos a las dinámicas políticas de la primera mitad del siglo XIX -incluidas las desatadas por la crisis de la monarquía- y que, en determinados momentos su papel, aunque central, no fue registrado por la historiografía; así ocurrió en las provincias de San Salvador, Nicaragua y la Villa de Tegucigalpa¹⁶ o en la zona de Los Altos de Guatemala, la de mayor densidad indígena en el reino, en donde las acciones de los pueblos ejercieron una fuerte presión sobre el gobierno colonial, que lo obligó a afinar sus mecanismos de control militar, aunque también a buscar neutralizar la movilización social.

Pollack estudia el levantamiento k'iche' en Totonicapán, en 1820: el más grande e importante de la época colonial en el territorio que hoy conforma la República de Guatemala, dice, que incluyó a gran cantidad de actores políticos y económicos que estaban presentes en los pueblos, como los funcionarios civiles y militares españoles, funcionarios indígenas, comerciantes españoles y ladinos, milicias ladinas, parcialidades indígenas, con sus caciques, nobles y maceguales (Pollack, 2008, p. xxiv). Privilegiando la construcción social de los espacios políticos, este autor propone un nuevo enfoque de la participación indígena, en las dos décadas previas a la declaración de la independencia. Una perspectiva que tenga a la vista las dinámicas locales, regionales e imperiales, alrededor de las cuales se tejían las redes de poder en esa época.

Para él, este fue un movimiento popular de los k'iche's por la autonomía regional, similar a otros de la zona, en la coyuntura de crisis del imperio español, pero, a diferencia de ellos, su punto de ruptura con el régimen fue el liderazgo indígena, que tradicionalmente había servido como mediador. El momento para rebelarse y declarar la autonomía fue el restablecimiento de la constitución, en 1820, que actualizaba la prohibición de los tributos y los servicios personales.

La obra propone la idea de lugar para situar la política subalterna; entendido como la interacción que mantiene (ese lugar …) con otros lugares y sus propias dinámicas internas. El lugar que constituía el pueblo de San Miguel Totonicapán, a principios del siglo XIX, llegó a ser lo que era debido, en parte, dice Pollack, a las capas de experiencias y relaciones históricas del lugar, que fueron cambiantes, según las relaciones de Totonicapán con otros pueblos indígenas cercanos, los cambios en la política imperial y los altibajos de la economía colonial, así como las respuestas locales a todo lo anterior. Respuestas que a su vez fueron producidas por las capas de experiencias acumuladas. Estas respuestas, a su vez, delimitaron el poder de otras relaciones, definiendo los resultados políticos (Pollack, 2008, p. xviii).

El colocar los movimientos indígenas en un conjunto de relaciones globales, permitió a Pollack profundizar en la explicación de algunos alzamientos, como el de 1813 en Chichicastenango, que había sido asociado por otros investigadores principalmente a un conflicto por tierras, develando uno de sus fondos: las pugnas entre las elites hispanas en la época de las Cortes de Cádiz. Estas circunstancias estarían también en el fondo de la protesta de Patzicía en 1811 (Pollack, 2018, 2013 y 2009).

Similar a lo ocurrido en las intendencias de San Salvador y León, señala Pollack, las inquietudes sobre los gobernantes y las políticas fiscales¹⁷ motivaron la participación de los macehuales en Patzicía, pero, a diferencia de sus paisanos más al sur, los patzicenses no buscaron vincularse con otros pueblos ni formar juntas provinciales. En Patzicía, ante la ausencia de una organización política o militar activa en la región –como la que existía en otras partes de Hispanoamérica–, la protesta se mantuvo a nivel muy local (Pollack, 2018, p. 168).

En la Provincia de El Salvador, entre finales del siglo XVIII y primeras décadas del XIX, se manifestaron diferentes movimientos de carácter antifiscal, en torno a los estancos de tabaco, aguardiente y pólvora, así como en oposición al aumento de la alcabala y al fondo de pardos, estas cargas afectaron a los sectores mayoritarios de la población, compuestos por mestizos, mulatos, negros e indígenas. Elizet Payne sostiene que, entre 1811 y 1814, dichos movimientos se caracterizaron primeramente por ser antifiscales y antiespañolistas; para introducirse luego a motivaciones de tipo político, en el marco de la nueva institucionalidad gaditana (Payne, 2007).

Payne también ha hecho un análisis de los movimientos de Nicaragua entre 1812 y 1814. En Granada, epicentro de la protesta, la revuelta surgió del faccionalismo criollo, a lo que se sumaron las peticiones de los sectores populares, que se expresaron con mayor autonomía, debido no solo a la fragmentación del grupo dirigente, sino al aporte político, ideológico y táctico que habrían recibido de parte de los negros franceses, milicianos, provenientes de Haití. Lo que condujo a que la gente planteara sus demandas económico-sociales y luchara por representación en el cabildo local. Y que, después, defendiera la ciudad ante el ataque de tropa española (Payne, 2013).

En lo que toca a los reclamos indígenas, Payne muestra que en Masaya, Rivas y Nueva Segovia se quejaban por el mal trato de los ladinos y las autoridades locales y por el pago de tributos¹⁸; en otras poblaciones, dice, también se produjeron protestas. El movimiento de Rivas influyó en los que se dieron días después en Nicoya y Cartago; hubo insubordinación de milicias en el Fuerte de San Carlos y en el Partido de Chontales, cuatro eventos que aún no han sido estudiados (Payne, 2013, pp. 152-153). Si bien, la protesta social en la Provincia de Nicaragua fue semejante a la que se dio en otros pueblos del Reino de Guatemala, tuvo como particularidad la lucha contra la esclavitud y el protagonismo de las milicias¹⁹.

Xiomara Avendaño y Norma Hernández también proponen una interpretación de los movimientos de El Salvador y Nicaragua en 1811; consideran que fueron levantamientos donde los sectores populares protestaban por asuntos fiscales, mal trato y por cierto sentimiento antiespañolista. En cambio, las elites, en el momento de la crisis política de la monarquía, se hicieron eco del espíritu juntista y buscaron adoptar el constitucionalismo en su propio beneficio. Dicen que no encontraron evidencia de que fuesen levantamientos independentistas, en cambio observaron una actitud a la negociación y apego a la institucionalidad, pocas veces destacada en la historiografía. Sin embargo, muestran que sí se produjeron protestas y levantamientos de mestizos e indígenas en la Intendencia de Nicaragua, durante todo el siglo XVIII y primera década del XIX, por reparto de mercancías, la intromisión en las elecciones, por el abuso en los bienes de cofradías, por la invasión de tierras, contra el estanco de aguardiente y tabaco y por la liberación de esclavos del cura (Avendaño Rojas y Hernández Sánchez, 2014, pp. 67-69).

Eugenia López Mejía Velásquez también ha hecho una crítica a la visión liberal-criolla de los movimientos de 1811 en El Salvador y de la distorsión que la historiografía elaboró, para construir uno de los mitos fundacionales salvadoreños (López Mejía Velásquez, 2014). Ella concluye que los sectores populares fueron protagónicos en los levantamientos y que pusieron en práctica la acción política que, por tradición, habían ejercido para hacer sus peticiones. En sus alzamientos mezclaron las tradicionales formas de lucha, como el motín, el llamado a cabildo, en combinación con otras nuevas que abrieron las Cortes de Cádiz, como las elecciones constitucionales y la lucha por el poder local. El conocimiento inicial de estos pueblos fue la entrada de la autora a una investigación de mayor alcance, orientada a reconstruir las dinámicas económicas, sociales y políticas de los pueblos de indios, ladinos y mulatos en San Salvador y Sonsonate (López Mejía Velásquez, 2017).

La importancia de este nuevo trabajo de López Mejía Velásquez para la historiografía de los movimientos sociales en la independencia, deriva principalmente de su empeño por estudiar a ras del suelo, al nivel de las localidades, el largo período de reformas y de transiciones que, en lo político y administrativo, económico y social, transcurrió entre 1737 y 1841. Las reformas, orientadas a lograr un mayor control sobre los habitantes y sus recursos, se entrelazaron con otras transformaciones, como el incremento de la población -sobre todo ladina- y los cambios en el gobierno de los pueblos. Estos afrontaron las nuevas cargas y los abusos de las autoridades, alzándose en tumulto, denunciando o apegándose a la ley. Así, se confirma que los excesos asociados al cobro del tributo, al manejo de los fondos de comunidad y cofradías, así como el descontento con las elecciones fueron las causas principales de las protestas, como ocurrió en el Partido de Gotera, en el año 1801.

Ruz y Taracena proponen estudiar a los pueblos mayas (México, Guatemala, Belice y Honduras), advirtiendo la complejidad que supone, tanto por la amplitud del territorio como por su diversidad étnica (Ruz y Taracena, 2010). Parten de considerar que las consecuencias de la invasión de Napoleón a la península, de la instalación y disposiciones de las Cortes de Cádiz y de los primeros brotes insurgentes fueron potenciadas por: los efectos de la crisis que produjo la caída irreversible de la producción y exportación en las economías locales; las plagas de langosta e inundaciones, así como una crisis política relacionada con las pretensiones crecientes de las élites provinciales y con las pugnas entre sus diversos integrantes, que en el corto o mediano plazo fomentarían afanes de autonomía regional²⁰.

Las distintas reformas que emprendieron las autoridades, principalmente para subvenir a las deficitarias finanzas españolas, afectaron a las comunidades indígenas, que vieron echar mano de los fondos de sus cofradías, padecieron el aumento del tributo y abusos de las autoridades locales, así como repetidas campañas de contribuciones. Todo ello provocó descontento en los pueblos. El principal motivo de reclamo indígena estuvo relacionado con el cobro de los tributos.

Para Ruz y Taracena, aunque las Cortes de Cádiz y la propia constitución declararon la igualdad ciudadana y la extinción del tributo, también dieron a los indígenas la posibilidad de vender sus tierras. Esta medida se convirtió en una argucia para transferir los terrenos de las comunidades a manos de propietarios individuales (Ruz y Taracena, 2010, p. 394). A propósito del Bicentenario de la Independencia y la Revolución mexicana, Ruz y Taracena terminan diciendo que el fin del colonialismo externo de la monarquía española no significó un cambio sustancialmente benéfico para (los pueblos mayas) (Ruz y Taracena, 2010, p. 399).

Trayectorias de investigación y caminos por recorrer

Hace una década las historias sobre la independencia en Centroamérica eran, en su mayoría, historias políticas y de las elites. Esto ha empezado a cambiar. Tanto porque ahora sabemos que hubo una amplia participación popular, como porque se asoma una tendencia a revisitar la historia económica y social. Las nuevas investigaciones han mostrado que, al iniciar el siglo XIX, existía un ambiente de inquietud en los pueblos, que con la crisis de la monarquía se generalizó a lo largo del istmo. Los movimientos más estudiados siguen siendo los de San Salvador, León, Granada y Totonicapán, con la novedad de que se observa lo que ocurría en las localidades de sus áreas de influencia. Queda por conocer la actuación de los pueblos de mayor densidad indígena, al norte del Reino de Guatemala, de los cuales todavía se sabe poco²¹. Los casos de Nicoya, Cartago, el Fuerte de San Carlos y el Partido de Chontales no se han estudiado. Tampoco sabemos mucho de la movilización popular en lo que hoy son los territorios de Honduras y Costa Rica. En una situación semejante parece encontrarse el tema para el estado mexicano de Chiapas.

Los estudios de las últimas dos décadas, analizados aquí, confirman el carácter anti-fiscal y anti-español de estos movimientos; su reivindicación de la autonomía regional o local y su composición, multiétnica en San Salvador y Nicaragua, y predominantemente indígena en los altos de Guatemala. Igualmente, se ratifica que el cabildo fue la institución del momento de la transición y las elecciones materia contenciosa, antes y después de la Constitución de Cádiz. Asimismo, las investigaciones muestran que hubo alianzas de los indígenas, ladinos y mulatos, entre ellos y con los criollos. Estos acuerdos están pendientes de estudiarse.

Los trabajos más recientes, presentados aquí, forman parte de una nueva ola de interés en las actuaciones de los sectores populares en Hispanoamérica y sus enfoques llevan a discutir los énfasis de la nueva historia política²². En primer lugar, a matizar la preponderancia de la crisis de la monarquía y en particular del constitucionalismo gaditano para explicar la movilización social en esta época, ya que muchas de las problemáticas que salieron a flote en esos años venían del siglo anterior; estaban relacionadas tanto con las reformas administrativas, del régimen fiscal y de tenencia de la tierra emprendidas por la propia corona, como con las nuevas relaciones políticas que propiciaba la normatividad constitucional.

Si bien es cierto que la actitud de los indígenas y otros grupos sociales subordinados dentro el régimen colonial se hizo desenfadada e insumisa en los años 1811 a 1814 y más aún después de 1820, está por investigarse cuánto de ella obedecía a la dispersión/acogida de las ideas liberales y cuánto a otras circunstancias propias de la región o localidad. Por ejemplo, las atinentes a la fisiografía y su relación con desastres como las plagas, las inundaciones y las epidemias²³. Precisamente, estas obras llaman la atención hacia las condiciones particulares de los pueblos y sus habitantes. Es necesario tener a la vista su diversidad socioeconómica y étnica; sus trayectorias de resistencia/adaptación frente al régimen colonial y, para este período, como se propone en varios de estos trabajos, considerar que la lógica de la acción colectiva estuvo sobredeterminada por la dimensión hispanoamericana.

Además de lo antedicho, los trabajos analizados todavía marcan varios bulevares de investigación. Antes de mencionarlos, hay que destacar los elementos que las obras analizadas aportan en lo relativo a la periodización. Lo primero es el énfasis en los procesos. Así, el inicio de las problemáticas estudiadas se sitúa al menos en la cuarta década del siglo XVIII y en algunos casos, como el de la lucha anti-fiscal, se extiende, al menos, a toda la primera mitad del siglo XIX. De manera que, para algunos de estos autores y autoras la llamada independencia de los años 1821-1823 no significaría una ruptura (Verbigracia Falla, López Velásquez y Ruz y Taracena). Aun así, valdría no echar en saco roto la propuesta de Pinto: a partir de 1821-1823 cambia la escena política, que será dominada por otra correlación de fuerzas, quien al respecto advierte: Grupos nuevos o anteriormente débiles, adquieren desde entonces poder de decisión (Pinto Soria, 1986, p. 89). Otros periodos, más cortos, emergen en estos trabajos, que llaman, por ejemplo, a distinguir entre las movilizaciones antes y después de 1812, ya que después de este año la lucha política fue abierta y con un nuevo recurso: las elecciones constitucionales.

En cuanto a las rutas de investigación que la obra analizada abre. Si se transita de la problemática más general a las cuestiones particulares, una de las hipótesis que se ha planteado es que la propia crisis de la monarquía fue también una crisis local, lo cual obligaría a seguir la pauta que dan los estudios de las últimas dos décadas, especialmente en lo que toca a establecer los múltiples condicionantes de la dinámica política de cada pueblo en particular.

En estos trabajos se ha empezado a develar la destacada participación de la población afrodescendiente en las protestas de la provincia de San Salvador y Nicaragua. Como el caso de los negros franceses, milicianos, provenientes de Haití, que, menciona Payne, aportaron al movimiento en Granada su experiencia política, ideológica y táctica. Mas allá de saber que estos grupos formaron parte del éxodo que se produjo hacia el continente después de la revolución en Saint Domingue y que la propia monarquía colocó a varios de ellos en Trujillo y Omoa, como milicianos (Houdaille, 1954, citado por Belaubre, 2012, p. 34) se trata de una historia por conocer. El propio tema plantea la cuestión de investigar las influencias provenientes del lado caribeño del istmo, así como las de las revoluciones al sur del continente, fuera del más estudiado influjo de la revolución novohispana²⁴.

La presencia de los negros franceses en dos puntos estratégicos de la costa caribeña, lleva a considerar que los temores de las elites del continente, frente a la irradiación del espíritu revolucionario, que había sacudido a aquella isla, podían estar relativamente justificados. La alarma de los funcionarios de la monarquía se expresó en varias disposiciones legales, una de ellas fue la creación de Tribunal de Fidelidad, el 10 de junio de 1810. Mayes, Peccorini y Payne han mostrado la riqueza de los procesos por infidencia para reconstruir el perfil y las redes de los protagonistas de los movimientos sociales de esta época, pero todavía quedan muchas historias de vida por seguir.

El estudio de los procesos por infidencia permitiría empezar a responder las preguntas que Mayes planteó hace sesenta y cinco años: ¿quiénes eran los sublevados de Granada?, ¿cómo pensaban y por qué fueron tratados tan duramente por el gobierno colonial? Igualmente, aunque de manera más general, retomar otro tema relacionado y pendiente, el de las facciones republicanas, que, a decir de los precursores en el estudio de los movimientos sociales en esta época, actuaban en las ciudades más importantes del reino.

Estas y otras investigaciones pueden contribuir a establecer el carácter de los movimientos sociales en el Reino de Guatemala, a explicar sus diferencias y semejanzas; a ponderar también sus grados de organización y radicalismo; su actitud hacia la negociación y apego a la institucionalidad, así como las circunstancias que los llevaban a la protesta violenta. Otro gran pendiente historiográfico es incorporar al análisis las distintas identidades culturales de los que se movilizaron.

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