Introducción¹

Centroamérica, golpeada por cruentas guerras civiles durante la segunda mitad del siglo XX, sufre actualmente una violencia sin precedentes provocada por grupos del crimen organizado, como los carteles de la droga, las pandillas, los traficantes de personas y otras estructuras al margen de la ley. Sin embargo, es la sangrienta guerra contra el narcotráfico en México la que genera titulares en todo el mundo y centra la atención de organismos internacionales.

Tras los conflictos bélicos que dejaron unos 200 000 muertos en Guatemala, más de 75 000 en El Salvador y de 50 000 en Nicaragua, el istmo emprendió en la década de 1990 un proceso de pacificación. No obstante, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) (9-17) advierte que hoy Centroamérica, con 45 millones de habitantes, es la zona sin conflicto bélico más violenta del mundo, superando el número de fallecidos anuales de la época de guerras civiles.

La cobertura de la violencia criminal ha llegado entonces a ocupar un lugar privilegiado en la agenda informativa de los medios de comunicación. Y a medida que la delincuencia organizada aumenta su penetración en Centroamérica, se ha convertido en una amenaza directa para el ejercicio de algunas libertades ciudadanas −incluida la de expresión−, en una zona que arrastra un legado de violencia política y violaciones de derechos humanos.

Asociaciones profesionales, entidades gubernamentales y no gubernamentales, locales e internacionales, han dado a conocer en los últimos años pruebas preocupantes de un incremento de los ataques de grupos criminales en varios países el mundo, y recientemente en México, contra la seguridad de los trabajadores de los medios de comunicación; por razón de su oficio. Muchas veces esas bandas están vinculadas con actores del Estado.

La Unesco (4) alerta sobre el problema mundial en el documento “Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad”, al señalar que aunque los crímenes perpetrados contra los periodistas siguen siendo responsabilidad de los Estados, los actos de violencia e intimidación resultan cada vez más frecuentes en el contexto del auge del crimen organizado, como sucede con la ciudadanía en general.

Todo ello merece un examen, cuidadoso y que tenga en cuenta el contexto, de las distintas necesidades de los periodistas, tanto en las zonas en situación de conflicto como en otras, así como de los diferentes instrumentos jurídicos de que se dispone para asegurar esa protección. También es necesaria una investigación de la manera en que pueden abordarse los peligros a que se enfrentan los periodistas en situaciones que no se consideran conflictos en el sentido más estricto de la palabra (como, por ejemplo, un enfrentamiento continuado entre grupos delictivos organizados) (Unesco 4).

La investigación en la cual se basó este artículo respondió a la inquietud de conocer qué está sucediendo con los periodistas en Centroamérica a la luz de la experiencia de países como México y Colombia, donde los grupos criminales han silenciado a los reporteros, víctimas de asesinatos, desapariciones, amenazas, despidos, censura, autocensura o chantaje. Un estudio realizado para la Unesco por el médico canadiense Anthony Feinstein determinó que los periodistas mexicanos encargados de cubrir la violencia del narcotráfico tienen efectos traumáticos similares o más profundos a los sufridos por los corresponsales de guerra.

En Centroamérica, algunas organizaciones gremiales han abordado el problema principalmente desde la denuncia, sin profundizar en el impacto que tiene el informar en un contexto de violencia desbordada por la acción de estructuras como el narcotráfico, las pandillas o los grupos paramilitares y otras mafias presentes en la zona. El estudio previo a este artículo buscó ir más allá: dimensionar la amenaza que representa el crimen organizado para el ejercicio del periodismo, conocer cuáles factores hacen vulnerables a los reporteros frente a la acción de esos grupos, constatar la existencia o ausencia de mecanismos de protección e identificar nuevos retos que la violencia impone al quehacer periodístico.

La promoción de la seguridad de los comunicadores -así como la de otros grupos vulnerables de la sociedad- no debe limitarse a adoptar medidas después de que hayan ocurrido los hechos; se requieren mecanismos de prevención, para lo cual es necesario conocer las circunstancias en las cuales ejercen su labor. No obstante, para el periodista, blanco del crimen organizado según informes de organizaciones internacionales, los mecanismos adecuados de protección son aún incipientes. En Centroamérica, prácticamente inexistentes.

El crimen organizado es un fenómeno transnacional. Sus bandas operan en Centroamérica, obviando las fronteras físicas. De ahí la necesidad de haber explorado este problema desde una óptica regional, aunque en unos países la situación sea más grave que en otros. La búsqueda de mecanismos de protección para los periodistas centroamericanos que trabajan con temas de violencia criminal, puede plantear un desafío por asumir colectivamente, lo cual supera las visiones locales en el tratamiento de muchos problemas que, como este, tienen en común los países del istmo.

¿Qué hace vulnerable al periodista centroamericano?

Ningún punto marca el fin de las guerras civiles en Centroamérica y el comienzo de la nueva guerra del crimen organizado, ni siquiera se trata de fenómenos independientes o ajenos entre sí. La violencia, por razones sociales y político-ideológicas, mutó a una incontrolable violencia criminal, la cual ha puesto en evidencia peligrosos retrocesos en los ámbitos político, socioeconómico y de derechos civiles, tras algunos avances logrados con el fin de los enfrentamientos ideológicos armados.

La exclusión social, el abandono estatal, la debilidad de las instituciones democráticas, la corrupción, la impunidad y la permanencia de estructuras tradicionales del poder económico, militar y político forman un caldo de cultivo para el fortalecimiento del crimen organizado y su accionar violento (Zinecker 5). El quehacer periodístico en Centroamérica está inmerso en esta realidad.

En medio del auge de la violencia del crimen organizado que afecta cada vez más a los periodistas en diversos países del mundo, el relator especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Frank La Rue, pidió en el 2010 ampliar la noción “zona de conflicto” (hasta entonces limitada al caso de conflictos bélicos declarados), para que fuera incluida la violencia del crimen organizado (Hervieu 8). Al ejercer presiones directas e indirectas contra los comunicadores y los medios de comunicación para acallar o ajustar la labor informativa a sus intereses, las bandas criminales representan no solo una amenaza para el libre ejercicio del periodismo, sino también para el derecho de la sociedad a estar informada, dado el carácter dual de la libertad de expresión consagrada en los instrumentos internacionales. “Las agresiones cometidas en contra de los periodistas tienen precisamente el objetivo de silenciarlos, por lo que constituyen igualmente violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder libremente a la información” (CIDH párr. 15).

Calificándolos como los “nuevos predadores del periodismo”, que en algunos países suplantaron a los regímenes dictatoriales como el principal peligro físico para los comunicadores, Hervieu (2) atribuye al crimen organizado la responsabilidad de la muerte durante el decenio del 2000, de 141 periodistas y otros colaboradores de prensa en todo el mundo.

Por su parte, en la década del 2010 la situación ha empeorado. Reporteros sin Fronteras y el Comité para la Protección del Periodista (CPJ), así como otros organismos internacionales y locales de prensa y de derechos humanos, han advertido que las estructuras criminales, que en algunos países o regiones tienen nexos con policías, militares, empresarios y funcionarios civiles corruptos, convirtieron a Centroamérica en uno de los territorios más peligrosos para los comunicadores.

En su evaluación −de mejor a peor− sobre la libertad de prensa en 180 países, Reporteros Sin Fronteras (2015a 1) ubicó a Honduras en el lugar 132 y a Guatemala en el 124, ambos no muy lejos de México, que se posiciona en el puesto 149, y de Colombia, en el 128. Esa organización los considera como los más “mortíferos” de América Latina para los periodistas.

Sin embargo, también en otros países centroamericanos los comunicadores trabajan bajo amenaza. En esa lista de Reporteros Sin Fronteras, El Salvador aparece en el puesto 45, pero tiene comunidades donde los periodistas no entran porque las pandillas las controlan. Panamá (83), Nicaragua (74) e incluso Costa Rica (16) -entre los países con mayor libertad de prensa según dicha organización- tienen zonas en el Caribe, las fronteras y algunos barrios donde las disputas de bandas entre traficantes de droga han impactado la actividad periodística. El crimen organizado es un fenómeno transnacional. En mayor o menor grado, todos los comunicadores que cubren temas relacionados con las mafias y la violencia criminal están expuestos a riesgos y tienen un común denominador: la vulnerabilidad.

Los periodistas son un gremio vulnerable por su labor de denuncia. Al respecto, Hervieu (2) destaca que los grupos del crimen organizado no buscan destruir, sino utilizar, para sus intereses, las estructuras políticas, económicas o mediáticas de las sociedades, ante lo cual la prensa se convierte en víctima y, al mismo tiempo, en actor de ese sistema paralelo.

Rafsky(párr. 4), investigadora asociada del programa de las Américas del CPJ, concluye que las divisiones o polarización de las sociedades y la debilidad institucional, derivadas de la violencia política y los conflictos en la segunda mitad del siglo XX, se sumaron a la llegada de pandilleros deportados por Estados Unidos y a la expansión de los carteles del narcotráfico, sobre todo mexicanos, para conformar el complejo escenario de “nueva guerra”, la cual es reportada por los periodistas centroamericanos sin la preparación ni la protección debidas.

En regiones, pueblos o ciudades de Centroamérica, principalmente en los países del Triángulo Norte, las líneas que dividen a los actores estatales de los grupos del crimen organizado no son claras, lo cual eleva el riesgo para los reporteros. “Agentes corruptos y violentos en todo el mundo entienden no solo cómo la información sirve para formar opinión pública sino también cómo el trabajo de periodistas individuales puede amenazar sus actividades” (Smyth 1).

El crimen organizado y la corrupción, dos fenómenos que se retroalimentan, son temas de cobertura “extremadamente peligrosos”: un 35 por ciento de los periodistas asesinados en todo el mundo desde 1992 cubría estos dos grandes temas (Smyth 33). Así, “quienes investigan temas sobre la inseguridad, las violaciones a los derechos humanos, la corrupción, el crimen organizado y su infiltración en las instituciones públicas corren el riesgo de sufrir represalias” (Reporteros Sin Fronteras, 2015b: párr. 2).

En Guatemala, Honduras y El Salvador, la violencia de la Mara Salvatrucha, Barrio 18 y otras pandillas es tema cotidiano en la agenda de los medios de comunicación, pues esos grupos dominan barrios enteros donde imponen su ley. De este modo, ir tras la noticia a sus feudos implica un riesgo enorme que muchos periodistas preferirían no correr, pero que pocos pueden evitar.

Cuando los reporteros, fotógrafos y camarógrafos van a trabajar a esas comunidades se convierten en el blanco de las pandillas, tanto de la que controla el barrio como de la mara rival. Caso emblemático es el del periodista francés Cristian Poveda, asesinado en septiembre del 2009 por pandilleros cuando filmaba La vida loca, un documental sobre la Barrio 18 y la Mara Salvatrucha.

Un importante factor que agrava las condiciones de riesgo es el problema de la impunidad. Al respecto, para Rafsky (párr. 1) la violencia e inestabilidad del istmo provocada por el crimen y la corrupción permiten que la mayoría de las agresiones contra periodistas queden sin resolver.

En toda la región centroamericana coexisten sectores de poder político y del crimen organizado que, por separado o en comunión, atentan contra los periodistas que desnudan actos de corrupción y denuncian responsabilidades, amparados en la mayoría de los casos por un sistema judicial que no avanza sobre las investigaciones (en todos los países hay una tasa de impunidad superior al 95 por ciento) o que desliga la profesión periodística como móvil de los crímenes ( FIP y FEPALC párr. 3).

En la mayoría de casos se atribuyen los asesinatos a la delincuencia común o a asuntos pasionales. Hay un intento de desvirtuar la pista profesional como móvil del homicidio. “Algunos Estados se resisten a asumir -a veces por intereses propios y otras por presiones- que se matan o agreden periodistas por el ejercicio de su profesión. En ese espíritu, a mayor impunidad, la violencia termina produciendo autocensura” (FIP 5).

Algunas organizaciones especializadas de prensa señalan que grupos criminales y políticos o empresarios vinculados con estos recurren cada vez más a la intimidación, amenazas y otros tipos de agresiones -incluido el asesinato- de los profesionales comprometidos con la verdad. Es allí, señalan, donde el Estado no solo falla en garantizar la integridad de los comunicadores y la libertad de expresión, sino que en muchos casos también las vulnera.

Ante esto, un análisis crítico de las condiciones que aumentan la vulnerabilidad de los periodistas debe considerar no solo los factores externos (el contexto), sino también los factores internos: los medios de comunicación y el ejercicio periodístico.

Chamorro (2003 4-5) anota la enorme deuda que, tras las guerras civiles, tiene la prensa en el caso del fortalecimiento de las sociedades democráticas en la región y advierte de las limitaciones que enfrentan los periodistas para cumplir con su responsabilidad social, porque priman los intereses económicos y políticos de propietarios de los medios.

Un informe especial sobre las amenazas a la libertad de prensa de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de Periodistas de 2015 señala que los comunicadores son víctimas directas de los grupos del crimen organizado y de sectores del poder unidos a estos, en un contexto agravado por la ausencia, en varios países de la región, de medios plurales e independientes que reproduzcan la realidad sin estar mediada por esos grupos poderosos.

La fuerte concentración y el monopolio de la fuente laboral afectan gravemente las posibilidades del libre ejercicio de la profesión, ya que las empresas fijan sus propias agendas políticas y económicas y poseen una posición privilegiada para determinar los niveles de ingresos y condiciones de contratación de sus trabajadores; a la vez que se ve afectada la libertad de prensa hacia el interior de los medios por la intensidad de la bajada de línea editorial de los sectores empresariales y de otros grupos de poder económico y político (FIP 4).

Al evaluar el papel de los medios de comunicación, Chamorro (2001 párr. 4-5) critica además la ligereza con la que se ha abordado periodísticamente una zona tan compleja como la centroamericana. La rutina de la violencia se ha instalado en los medios de comunicación bajo un criterio de noticia como “mercancía”, lo que “vende”, pero también porque a algunos sectores de poder les interesa poner el tema entre las prioridades de la agenda informativa.

Según el periodista colombiano Álvaro Sierra (39-53), raras veces se encuentran trabajos de investigación periodística sobre las conexiones de los criminales y la esencia global del problema desaparece entre los fogonazos locales que llenan páginas todos los días.

Cuando la violencia arrecia, el cubrimiento se ve a menudo dominado por el síndrome del “body count”, la cuenta interminable de muertos que van quedando en el camino. Pero, más allá de su fachada sangrienta, el narcotráfico es un fenómeno económico, con lógicas y explicaciones de mercado, que plantea a los gobiernos y a la sociedad no solo desafíos de seguridad sin precedentes, sino un enigma de mezclas de economía legal e ilegal y grupos clandestinos y poder político que es indispensable descifrar. En los medios se hace poca investigación sobre sus vínculos con la política y el poder y su capacidad de infiltración en los organismos de seguridad ( Sierra 46-47).

El periodismo tradicional frente a la cobertura del crimen organizado pareciera, entonces, estar en crisis. Sierra (41-44) señala la falta de profundidad y de una narrativa independiente en el tratamiento periodístico, el cual prácticamente solo aborda el narcotráfico y la violencia, y no la complejidad del fenómeno de las drogas. Apunta, además, limitaciones inherentes a la cobertura del crimen organizado, pues el acceso a las fuentes es escaso y peligroso, razón por la cual predominan las versiones oficiales. Una dinámica nada fácil de cambiar dada la combinación entre las escasas posibilidades para la formación de medios alternativos y la concentración de los medios en manos de estructuras tradicionales del poder que se rigen por criterios comerciales, políticos y económicos.

Por su parte, algunas organizaciones de prensa locales e internacionales han denunciado que en los grandes medios existen trabajadores no registrados y en malas condiciones de empleo. FIP (4) anota que los derechos laborales de los trabajadores de los medios de comunicación son violentados, especialmente al no contar con garantías fundamentales como la seguridad social, la estabilidad en el empleo y la protección ante despidos arbitrarios.

En algunos de los países de la región, segmentos sociales y del poder utilizan la violencia y la extorsión como respuesta a su imposibilidad de convivir con la actividad periodística, generándose situaciones de agresión y represión a periodistas. Así, el asesinato, la amenaza y la agresión en las coberturas, conviven con las altas tasas de desempleo en el campo periodístico y con la precarización del trabajo ( FIP 4).

En los últimos años, las crisis económicas en los medios de comunicación han provocado recortes sustanciales en las redacciones y han dado lugar a más periodistas independientes -por cuenta propia- que cubren las noticias de mayor impacto. Muchas de estas personas son contratadas a destajo por medios importantes, sin darles preparación, equipo ni protección. “En la actualidad, más periodistas que nunca están decidiendo qué notas cubrir y cómo realizar la cobertura. En otras palabras, están trabajando en gran parte por sus propios medios” (Smyth 1).

Mientras tanto, ante el impacto emocional de continuar informando sobre crimen organizado, las organizaciones internacionales de prensa les aconsejan a los periodistas un cambio temporal o permanente de tema; pero, en medio de la pauperización del trabajo, no todos pueden hacerlo.

A una situación más dramática se enfrentan los periodistas que viven fuera de los principales centros urbanos y, en particular, en zonas de fuerte influencia del narcotráfico o barrios controlados por las pandillas: “Los periodistas locales pagan el precio más alto. Casi nueve de diez periodistas caídos en todo el mundo en cumplimiento de su labor informativa informaban sobre problemas en sus propias comunidades” (Smyth 33).

En opinión de Hervieu (2), las mafias del crimen organizado, en particular los carteles del narcotráfico, representan actualmente en todo el mundo la principal amenaza para la libertad de informar.

Smyth (33) advierte que la autocensura en muchos países es habitual debido a la gravedad de los riesgos. Ante esto, los periodistas centroamericanos están adoptando normas que siguen muchos comunicadores en México y Colombia; por ejemplo, no divulgar los nombres de los capos, limitar las investigaciones periodísticas o publicar bajo anonimato. Ante esto, la cobertura de temas de crimen organizado motiva la reflexión sobre cómo están abordando los periodistas un fenómeno tan complejo. Privilegiar siempre la información oficial, aparentemente más accesible, no solo puede comprometer las normas de la profesión en cuanto al balance de fuentes e imparcialidad, sino que también le permite a la narrativa oficial imponerse en la percepción de la sociedad al respecto, un asunto que merece un amplio debate en el gremio, los medios de comunicación y las escuelas de periodismo.

Acallando a la prensa en Centroamérica

La extendida presencia del crimen organizado, la corrupción de funcionarios y agentes estatales de seguridad y la impunidad explican los crecientes ataques contra los periodistas en Centroamérica, en medio de una violencia hasta ahora incontrolable. Or ganismos defensores de la libertad de prensa encendieron las alarmas, pero no han profundizado sobre las condiciones en las que los comunicadores ejercen su labor: ¿Cuán desprotegidos están?, ¿de qué forma les impacta vivir y trabajar en zonas de fuerte presencia de grupos criminales?, ¿de dónde vienen los ataques de los que son víctimas? ¿Disponen de mecanismos de defensa? y ¿qué factores influyen en un aumento del riesgo?

Con el fin de encontrar respuestas a estas preguntas, se aplicó un cuestionario a 33 trabajadores de medios de comunicación (reporteros, fotógrafos, editores y camarógrafos) de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, víctimas de agresiones en la cobertura de temas del crimen organizado. Sus nombres fueron sugeridos por organizaciones gremiales y expertos de la zona que dan seguimiento a denuncias y promueven la libertad de expresión.

Los países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) tuvieron mayor presencia en la muestra por ser los más afectados con la violencia criminal: ocho son hondureños, siete guatemaltecos, seis salvadoreños, cinco costarricenses, cuatro panameños y tres nicaragüenses; trabajan en prensa escrita, radio, televisión o medios digitales. Del grupo estudiado, 26 son hombres y 7 son mujeres. Un 85 por ciento se desempeña como reportero, un 51 por ciento trabaja en zonas fuera de la capital (provincia o departamento, municipios o pueblos) y un 49 por ciento en las capitales. Casi las dos terceras partes tienen más de 15 años de ejercer la profesión.

El cuestionario, enviado por correo electrónico y en varios casos aplicado personalmente, incluyó 43 preguntas sobre el perfil profesional, laboral y personal. Los consultados podían escoger más de una opción en las respuestas, por lo que cada dato corresponde al porcentaje de los 33 que mencionó la misma opción. Además, el estudio incluyó entrevistas a algunos de los comunicadores para ilustrar mejor la situación que afrontan.

La investigación abordó la percepción de la violencia, la tipología de agresiones, las secuelas, el impacto en la producción periodística y los factores de vulnerabilidad. Los hallazgos fueron determinantes para definir los mecanismos de protección para los periodistas en Centroamérica.

Percepción de la violencia

Marvin Túnchez era apenas un niño cuando los conflictos recrudecieron en Centroamérica en la década de 1980, pero este periodista guatemalteco dice sentirse hoy trabajando como si estuviera en una guerra. En marzo de 2015, dos colegas suyos fueron asesinados a balazos por sicarios de una estructura del crimen organizado cuando caminaban en la plaza central de Suchitepéquez, en el sur de Guatemala. Él resultó herido. Cuatro días después, mataron a un camarógrafo en la misma región. Al respecto, comenta: “Vivimos los mismos riesgos; el mismo peligro, pero con diferentes actores. Lo peor es que ahora no se sabe de dónde vienen las balas”, aseguró Túnchez ( Comunicación personal, 6 de agosto de 2015).

El 100 por ciento del grupo que participó en el estudio percibe que la violen cia en Centroamérica ha empeorado en los últimos años. Para algunos la producción periodística sobre temas de crimen organizado conlleva riesgos similares e incluso mayores a los que se experimentan en la cobertura de conflictos bélicos, como los sufridos en la región durante la segunda mitad del siglo XX. En esas guerras, los actores (militares, guerrilleros, Gobierno y sociedad civil) y las zonas geográficas afectadas estaban más definidos. En la llamada “guerra del crimen organizado” no hay reglas, ni límites. Los distintos actores ilegales que intervienen y su penetración en las estructuras del Estado y la sociedad hacen más difícil identificar el alcance de sus operaciones.

“Con el crimen organizado, en el caso particular, las pandillas son las que más afectan el clima de seguridad en mi país, nunca sabes quién es quién ni de dónde vendrá el golpe. Eso dificulta más la cobertura”, comentó el salvadoreño Oscar Batres, quien ejercía como periodista durante el conflicto bélico de El Salvador (Comunicación personal, 28 de julio de 2015). Al mismo tiempo, la periodista guatemalteca Alba Paxtor da cuenta de la existencia de nexos entre policías, militares, funcionarios corruptos y grupos criminales, al considerar que “la violencia de las fuerzas del Estado [antes ejercida por motivos político-ideológicos] mutó al accionar del crimen organizado” ( Comunicación personal, 2 de julio de 2015).

Así, múltiples y complejas estructuras criminales actúan bajo impunidad y en colusión con actores estatales, sembrando zozobra en la región. Los periodistas consultados atribuyeron a varias causas el incremento de la violencia en Centroamérica.

A partir de la Figura 1 se pudo determinar que 24 de los 33 encuestados responsabilizaron al narcotráfico en una proporción similar por periodistas del Triángulo Norte (54 por ciento) que por comunicadores de los otros tres países (46 por ciento); pero entre quienes señalaron primordialmente a las pandillas, el 78 por ciento son de Guatemala, Honduras y El Salvador, donde operan la Mara Salvatrucha, Barrio 18 y muchas otras.

Marvin Recinos, fotógrafo de la Agencia France-Presse en El Salvador, entrevistado para la investigación, considera grave la extendida penetración de los grupos criminales en las comunidades:

Vivimos en lugares donde hay mucha presencia de pandilleros, yo fui amenazado por ellos y no les importó que en ese momento estuviera con mi hijo de tres años, me dijeron que sabían que yo era periodista y que ellos no querían problemas con la ley, que no dijera nada de lo que pasaba en la zona (Comunicación personal, 19 de junio de 2015).

No resulta extraño que el tráfico de drogas y el pandillaje sean vistos como disparadores de la violencia criminal, pero un 60.6 por ciento también responsabilizó a la corrupción de las autoridades (funcionarios civiles, policías o militares). La mayoría (60 por ciento) de los periodistas que apuntaron a actores estatales corruptos son guatemaltecos, salvadoreños y hondureños.

Los periodistas debemos de cuidarnos de quienes deberían encargarse de velar por el cumplimiento de las leyes. Lamentablemente, es común ver en mi país que se desarticulan bandas de sicarios o roba carros que son integrados por agentes de la policía o tienen vínculos con militares o funcionarios corruptos (Túnchez, comunicación personal, 6 de agosto de 2015).

La infiltración del Estado por el crimen organizado, concluye el estudio, incide significativamente en la percepción del aumento de la violencia en Centroamérica.

Agresiones

Todos los periodistas que participaron en la investigación estuvieron expuestos a situaciones de riesgo y fueron víctimas de agresiones en el ejercicio de su labor, entre las más frecuentes están: la intimidación y las amenazas verbales o escritas, aunque también hay casos de agresión física y verbal, acoso, intentos de asesinato y retención o secuestro.

Varios de los entrevistados relataron que fueron atacados por difundir información e imágenes de operativos contra redes de traficantes de drogas o pandilleros; incluso por publicar investigaciones de corrupción que implicaban a políticos, policías o militares aliados con criminales.

“A algunos narcos no los podemos identificar por sus nombres, te metes en problemas”, comentó un periodista hondureño. “Los pandilleros me han llamado por teléfono para decirme, cuando los capturan, que no los saquemos más [publicar su identidad] porque el próximo muerto voy a ser yo”, narró un guatemalteco que trabaja como free lance para varios medios en el sur-occidente de Guatemala. Sus nombres se omiten por razones de seguridad.

De los siete periodistas que dijeron haber sufrido ataques contra su vida, tres son guatemaltecos -uno de ellos Túnchez-, dos hondureños, uno nicaragüense y el otro costarricense. Al respecto, uno de ellos narró:

Durante una cobertura en julio de 2014, un grupo de hombres armados ingresó a la casa de un narcotraficante y lo hirió mortalmente, quise hacer unas fotografías del herido y me dispararon. Un año después, en junio de 2015, cuando regresaba de la cobertura de un asesinato en la aldea Cuyuta, cuatro hombres me interceptaron y con pistolas en mano me llevaron a unos cañaverales, me agredieron físicamente y me despojaron de todas mis pertenencias, incluido mi equipo fotográfico. Trabajamos en el peligro constante ( Estuardo, comunicación personal, 30 de julio de 2015).

En la situación de riesgo en que trabajan muchos periodistas centroamericanos, quienes llevan la peor parte son los encargados de cubrir las regiones o localidades del interior. Este es el caso de los siete que sufrieron intento de asesinato, los nueve agredidos físicamente y los tres que vivieron secuestros breves.

En correspondencia con la percepción sobre los responsables del aumento de la violencia en Centroamérica, los periodistas le atribuyen las agresiones principalmente a (Figura 3) a los pandilleros (51.5 por ciento) y a los narcos (48.5 por ciento). Así como a las fuerzas de seguridad y a los funcionarios civiles corruptos, los cuales, sumados (54.54 por ciento), superan a los narcotraficantes y maras como posibles agresores. “Policía y militares también amenazan, intimidan, para evitar que cubramos informaciones de sus involucramientos con el crimen organizado”, señaló un reportero guatemalteco bajo anonimato.

Un dato que muestra la magnitud del problema es que 32 de los 33 comunicadores dijeron conocer al menos a un colega que también había sido agredido directa o indirectamente debido a su trabajo. Lo anterior evidencia una realidad que no se circunscribe a hechos aislados y reafirma la necesidad de atenderla de forma integral, ya sea por el gremio, los medios, las organizaciones de prensa o el Estado, obligado a ser garante de la libertad de expresión.

Organismos defensores de los derechos humanos han denunciado que la impunidad en las sociedades centroamericanas -en distintos grados según el país- también caracteriza los ataques contra los periodistas. 17 de los 33 consultados en la investigación presentaron alguna vez una denuncia formal ante una institución o autoridad estatal (con o sin pruebas) (Figura 4); sin embargo, las respuestas que recibieron dan cuenta de la situación de grave impunidad.

En ninguno de los 17 casos denunciados se descubrió y sancionó a los responsables. Por su parte, la gran mayoría (81.3 por ciento) de los 16 periodistas que no presentaron denuncias se abstuvo porque lo consideró inútil (Figura 5). De hecho, todas las agresiones quedaron impunes.

La investigación confirmó la percepción de una extendida corrupción en el Estado y que la impunidad alcanza significativamente a los casos de agresión contra la prensa. Además, tanto la impunidad como la desconfianza de los periodistas en las autoridades de seguridad y justicia aumentan la sensación de indefensión y desestimulan la denuncia, observó el estudio. Un círculo vicioso que perpetúa la impunidad: no se castiga porque no se denuncia, pero tampoco se denuncia porque no se castiga.

Secuelas

En el 2012, el psiquiatra Anthony Feinstein, experto en desórdenes traumáticos, divulgó un estudio con periodistas mexicanos y encontró que quienes cubrían información sobre narcotráfico presentaban síntomas de estrés postraumático (PTSD, por sus siglas en inglés), como los que sufren los corresponsales de guerra. Según los especialistas, sus signos son a menudo sutiles:

Un periodista puede parecer más ansioso, irritable, retraído, insensible, deprimido, triste o enfadado, y las emociones pueden ser sostenidas o fluctuantes. Los síntomas físicos pueden incluir desórdenes alimenticios o en el sueño, pulso cardíaco acelerado, sudoración, ataques de pánico, cefaleas, náusea y dolor en el pecho. Se vuelven frecuentes las tensiones en las relaciones personales y laborales ( Smyth 50).

En su investigación, Feinstein determinó que las “heridas psíquicas de 25 por ciento de los reporteros mexicanos vulnerados por la violencia son mucho más profundas que las de los reporteros de guerra” (Mergier 28). Según sus conclusiones, los comunicadores encargados de cubrir los temas de crimen organizado enfrentan peligros adicionales, pues sufren serios estados de soledad, temen poner en riesgo a sus familias, se aíslan y no siempre pueden confiarse de sus colegas. Cubrir la guerra del narcotráfico aumenta el riesgo de ser amenazados, principalmente si se vive y trabaja en localidades violentas (Feinstein, 2012b, 3).

Como uno de sus principales hallazgos, la investigación centroamericana determinó que algunos síntomas de PTSD, similares a los encontrados en el trabajo de Feinstein (2012a 1-3) en México, pueden estar presentes en los periodistas encargados de cubrir la violencia en Centroamérica: para 31 de los 33 comunicadores el trabajar con temas de crimen organizado les ha perturbado en algún ámbito de su vida, personal o profesional, principalmente en la estabilidad emocional, así como en sus relaciones familiares, laborales y sociales, e incluso algunos mencionaron sufrir exceso de estrés, ansiedad, hipertensión e insomnio (Figura 6). Si no se trata, el PTSD puede también exacerbar problemas en la salud física.

Mientras estuvo vigente la tregua entre las pandillas en El Salvador, Oscar Batres debió cubrir conferencias de prensa convocadas, con la anuencia de las autoridades, por los jefes pandilleros en las cárceles: “Nos tomaban videos y fotografías.

Solo estábamos trabajando, pero salíamos de ahí muertos de miedo, a escribir con temor. Esto afecta la tranquilidad personal” (Batres, comunicación personal, 28 de julio de 2015).

En este contexto, 31 de los 33 periodistas consultados dijeron tomar varias medidas de precaución para bajar riesgos, como cambiar de rutas cuando se trasladan a la oficina, a la casa o a otros sitios que visitan diariamente; informar de sus movimientos a alguna persona de confianza por si algo llegara a sucederles; no emitir en público juicios personales sobre situaciones delicadas, no socializar demasiado y limitar sus salidas a centros de diversión (Figura 7).

Para las organizaciones de prensa, cuanto más aislado esté el periodista que cubre temas de violencia criminal, mayor será su vulnerabilidad. Por lo tanto, los especialistas recomiendan compartir experiencias difíciles para bajar el estrés; pese a esto, el 40 por ciento de los consultados en el estudio dijeron preferir trabajar solos.

“Me gustaría ir con otros colegas, pero está de por medio la exclusividad”, admitió un periodista costarricense, corresponsal para dos televisoras y dos diarios en las zonas de Limón y la fronteriza con Panamá. Por su parte, un reportero nicaragüense, quien también labora para varios medios en la frontera sur de Nicaragua, dijo no compartir información porque no confía “en nadie”.

Las secuelas que deja la cobertura de un conflicto bélico han sido ampliamente investigadas; pero la falta de atención de las alteraciones que sufren los periodistas expuestos constantemente al peligro, al cubrir las acciones del crimen organizado, aumenta su vulnerabilidad.

Impacto en la producción periodística

Ante el aumento de la violencia, algunos medios y periodistas de países de América Latina afectados por el crimen organizado tomaron medidas de seguridad y políticas editoriales; por ejemplo, El Espectador en Colombia o el semanario Zeta en Tijuana, México.

La investigación encontró que en Centroamérica varios medios y periodistas también adoptaron cambios en su forma de trabajo habitual, para evitar ser blanco de las bandas criminales. Un total de 28 de los 33 periodistas consultados (85 por ciento) así lo han hecho en los últimos años en que ha arreciado la violencia criminal, lo cual refleja el temor que están infundiendo los grupos criminales en el quehacer periodístico (Figura 8).

Más de la mitad, 17 de los 28, aseguró que cuando escribe sobre narcotraficantes, pandilleros o funcionarios y agentes de seguridad vinculados con criminales, prefiere no firmar como autor de la información. No obstante, el que no aparezca el nombre del periodista no siempre es garantía de protección porque pudo haber sido visto cuando realizaba reportajes, sobre todo si se trata de corresponsales del interior del país, donde suelen ser muy conocidos.

Algunos medios de comunicación centroamericanos, como ha ocurrido en Colombia y México, han adoptado la autoría genérica de las informaciones sobre crimen organizado para proteger a los periodistas; por ejemplo, “Redacción Prensa Libre” y “Módulo de Investigación” en El Periódico, en Guatemala; “Redacción Prensa Gráfica” o “Redacción Nación” en El Diario de Hoy, en El Salvador; “Periodismo de Investigación” en El Heraldo de Honduras.

Para quienes trabajan en la televisión y en la radio es más difícil ocultar su identidad. Algunos telenoticieros han optado porque sea el presentador quien lea la información sensible, a fin de proteger la identidad del autor, como hicieron varios en El Salvador cuando se difundieron declaraciones de los jefes de las maras o noticias de detenidos vinculados a carteles de narcotráfico.

Resulta también revelador que otra de las medidas de protección, la segunda más mencionada después de la de evitar publicar el nombre del periodista, sea reducir la cobertura sobre el crimen organizado, principalmente las investigaciones más profundas relacionadas con las mafias y sus vínculos con autoridades corruptas. “Yo trato de mantener un bajo perfil en zonas peligrosas dominadas por las pandillas para evitar ser identificado, eso lo hago después de haber sido víctima de extorsión y amenazas de muerte”, dijo, bajo reserva de su identidad, uno de los periodistas en San Salvador.

De los 28 periodistas que adoptaron cambios en la cobertura o tratamiento de la información, un 39.3 por ciento dijo haberlo hecho por recomendaciones u orientaciones dadas por sus jefes de información para evitar que el personal y la infraestructura del medio sufrieran ataques de los grupos criminales; por su parte, un 64.3 por ciento afirmó haber sido directamente obligado o presionado por los criminales. No obstante, la gran mayoría (78.6 por ciento) reconoció censurarse como medida de autoprotección ante los graves riesgos, sin que necesariamente medie una instrucción de sus editores o una orden expresa de los criminales: “El Estado no garantiza la libertad de expresión, entonces uno tiene que autocensurarse” (Túnchez, comunicación personal, 6 de agosto de 2015).

La autocensura va más allá de lo laboral. Casi la mitad de los 33 periodistas consultados dijo preferir no opinar en público sobre las acciones criminales que ocurren en su región por temor y desconfianza en quienes le rodean, incluso si son personas conocidas: “Yo no comento ni publico nada en Facebook sobre la situación de Limón, prefiero guardarme mis opiniones” (Carvajal, comunicación personal, 29 de julio de 2015).

Organismos como Reporteros sin Fronteras y CPJ reseñan que muchos periodistas se autocensuran o abandonan las investigaciones emprendidas sobre temas criminales, para luego solo difundir los comunicados policiales: “Para protegerse no se profundiza o se evita publicar alguna información sensible”, admitió un periodista hondureño que trabaja en un diario nacional en Tegucigalpa. No obstante, para dichas instituciones, esa medida no garantiza protección: “Yo vivo siempre con el temor de ser asesinado”, confesó otro reportero guatemalteco, durante la investigación, al señalar la razón de los cambios editoriales que adoptó.

La autocensura plantea un dilema ético nada fácil de resolver, pues conlleva el debate interno del periodista para decidir si divulgar o callar una información que es de interés público, pero cuya difusión puede poner en riesgo su seguridad personal o la de alguien cercano. Al considerar las circunstancias en que trabajan los periodistas centroamericanos encargados de cubrir la nueva guerra del crimen organizado, se concluye que disyuntivas éticas están presentes en su actividad informativa. La escasa producción de trabajos de profundidad sobre temas de crimen organizado y las alteraciones que sufren los periodistas en su vida personal y profesional, advierten de la dimensión del problema en Centroamérica.

Factores de vulnerabilidad

Al considerar la complejidad de la cobertura relacionada con el crimen organizado en Centroamérica, la planificación y la protección son claves. Sin embargo, según organizaciones defensoras de la libertad de prensa, en la actualidad muchos periodistas, especialmente los reporteros independientes -los llamados free lance-, trabajan de forma improvisada o deben invertir su tiempo y recursos en autoprotección y preparación.

Un total de 28 de los 33 comunicadores (un 85 por ciento) dijeron sentirse indefensos ante las mafias, pues piensan que, en caso de sufrir alguna agresión de los grupos criminales, no disponen de garantías, mecanismos de protección o de reparación por parte del Estado o del medio para el cual trabajan. De los cinco con recursos para protegerse, apenas uno es corresponsal en una zona del interior del país. La sensación de desamparo es mayor en los periodistas que cubren en regiones o pueblos, donde el descuido o abandono del Estado posibilita a las mafias actuar con mayor impunidad.

La ausencia de apoyo del Estado o el medio la suplen muchas veces instituciones gremiales o de derechos humanos. Un 57.6 por ciento (19) señaló que tiene comunicación, enlace o al menos mínimo contacto con alguna organización de ese tipo; pero un elevado 42.4 por ciento (14) dijo estar aislado, sin relación con entidades a las cuales recurrir en busca de protección o asesoría, si es víctima de agresiones por causa de su labor. De estos 14, una tercera parte son periodistas de Honduras, el país de la región más golpeado por la violencia de los grupos criminales.

El CPJ y otras organizaciones gremiales advierten que muchos directores o jefes de información envían a sus trabajadores a cubrir noticias a sitios donde estarán en peligro sin preparación alguna y sin ningún equipo de resguardo. La seguridad cuesta dinero y no muchos dueños de medios de comunicación están dispuestos a invertir para garantizar la de sus periodistas:

Muchos de los periodistas centroamericanos están muy expuestos por sus medios a que les ocurra algo, que les peguen un tiro. A los medios de comunicación les parece que es absurdo darle tres días a un reportero para que vaya a un foro a recibir un entrenamiento. Los medios de comunicación en Centroamérica se han convertido más en pizzerías que en periódicos, piensan que en media hora puede estar cocinado y entregado el producto (Martínez, comunicación personal, 25 de noviembre de 2014).

Un poco menos de la mitad (42.4 por ciento) de los comunicadores consultados dijo no haber recibido ninguna capacitación sobre autoprotección o técnicas de tratamiento de datos sobre crimen organizado. Los 19 periodistas (57.6 por ciento de los 33) con acceso a algún tipo de preparación la recibieron de organizaciones internacionales o locales de prensa y de derechos humanos, pero solo siete mencionaron que la capacitación les fue impartida por iniciativa del medio para el cual laboran. “Yo trabajo para varios medios y ninguno me ha dado ninguna protección, no les interesa si uno corre peligro”, especificó un reportero costarricense que trabaja en una zona de presencia del narcotráfico.

Pese a estar sometidos al riesgo constante de ser golpeados o resultar heridos y al estrés y ansiedad que les provoca el trabajo, casi la mitad (48.5 por ciento) de los periodistas consultados lamentó no tener un seguro médico adecuado, contratado por el medio para el cual trabajan. Apenas un 15 por ciento dijo tener, por iniciativa propia, una póliza adicional de seguro médico, de vida o riesgos profesionales por trabajar en circunstancias de peligro.

Las organizaciones gremiales o defensoras de la libertad de prensa han advertido que los trabajadores independientes laboran en peores condiciones y están más desprotegidos. Trabajar de manera independiente, sin una relación formal o regular con el medio de comunicación, y hacerlo en provincia o en localidades del interior del país, donde las bandas criminales operan de forma impune, aumenta la vulnerabilidad del periodista. Ocho de los comunicadores del grupo investigado se definieron como periodistas por cuenta propia, siete de los cuales trabajan en regiones o pueblos fuera de la capital.

Ninguno de esos ocho periodistas independientes tiene póliza de seguro médico pagado por los medios para los cuales trabajan. Cinco de ellos nunca han recibido una charla o taller de capacitación en temas de crimen organizado o de protección. Igualmente, cinco de los ocho no tienen título de periodista o comunicador. En total, 10 de los 33 periodistas del estudio admitieron ejercer sin tener un título universitario, ocho de los cuales trabajan en provincia o localidades.

El estudio confirmó la observación de organismos de prensa acerca de que los periodistas independientes y quienes trabajan en regiones del interior del país están generalmente más desprotegidos y muchas veces tienen menos preparación para enfrentarse a coberturas de alto riesgo.

Tengo yo la impresión de que en Centroamérica hay muchos periodistas que ante el desencanto con las condiciones con las que trabajan, que ante la falta de oportunidades de sus medios de capacitarse, que ante las brutales jornadas laborales, les daría lo mismo ser periodistas que vendedores ambulantes (Martínez, comunicación personal, 25 de noviembre de 2014).

Aunque el costo de la vida difiere entre los países de Centroamérica, 13 de los 33 ganan un equivalente de menos de 800 dólares en promedio al mes, algunos incluso trabajando para varios medios; once tienen ingresos de entre 800 y 1100 dólares, cinco en un rango de entre 1100 y 1400 dólares y cuatro ganan más de esa cifra. En la muestra había cuatro comunicadores con cargos de jefatura. Oscar Martínez, periodista de El Faro, lo resumió así para esta investigación: “¿Qué le podés pedir a alguien que tiene tres trabajos diarios? Lo que le podés pedir es que mínimamente sobreviva y lleve comida a su casa” (comunicación personal, 25 de noviembre de 2014).

En una muestra en la cual predominan (73 por ciento) los ingresos menores de 500, 800 y 1100 dólares, el 94 por ciento tiene al menos una persona que dependa de ellos. Según el estudio, quienes trabajan en el interior del país presentan condiciones más precarias. De los 13 que devengan ingresos menores de 800 dólares mensuales, diez laboran en provincias (departamentos) o en localidades, cinco de ellos incluso presentan un rango salarial inferior a los 500 dólares. Además de trabajar en mayor peligro enfrentan más limitaciones económicas. Las organizaciones especializadas de prensa alertan que comunicadores mal pagados pueden estar más propensos a caer en ilegalidades como el soborno o a establecer relaciones de interés con las fuentes.

En América Latina, las organizaciones de prensa hablan con frecuencia de la vulnerabilidad en la que trabajan comunicadores, sobre todo en México, Colombia o Brasil, en la cobertura de temas relacionados con el crimen organizado, pero periodistas centroamericanos -confirmó el estudio- sufren problemas de inseguridad, de trastornos en su salud emocional y física y en sus relaciones sociales, algunos trabajan en muy malas condiciones, enfrentan serios riesgos para sus vidas y las de sus familiares, sin una adecuada preparación y protección por parte de los medios para los que laboran y de las autoridades del Estado.

Trabajar con ética y seguridad, el desafío

Un periodista amedrentado pensará dos veces antes de publicar información que ponga en riesgo su vida o la de su familia. Esto permite a los grupos criminales tener control sobre la prensa.

Centroamérica -como México- actualmente tiene regiones donde ejercer el periodismo es muy riesgoso. El estudio determinó que, aunque la situación es peor en el Triángulo Norte, ningún país de la región -incluso aquellos con indicadores de violencia menores- escapa a la presión de bandas criminales. Reporteros, fotógrafos, camarógrafos y otros comunicadores que cubren la violencia criminal están corriendo serios riesgos en su cotidianidad informativa, y la planificación y la preparación se convierten en un tema clave de seguridad.

Cada cobertura tiene sus propias circunstancias y complejidades, pero antes de cubrir un tema potencialmente peligroso, es necesario evaluar los riesgos pese a la premura propia del trabajo periodístico. Aunque ningún manual puede garantizar que los periodistas nunca serán víctimas de agresión, conocer a qué tipo de peligros se enfrentarán y cuáles medidas pueden tomar antes de ir a zonas conflictivas quizás ayude a minimizar los riesgos; sobre esto coinciden organizaciones especializadas que han elaborado protocolos de seguridad para la prensa, como el CPJ y Reporteros sin Fronteras. Sin embargo, un manual para coberturas sobre crimen organizado en Centroamérica debe tomar en cuenta las características propias de la región.

Organizaciones de prensa, como Criminal Justice Journalists, generalmente sugieren a los periodistas reunirse con miembros de las fuerzas de seguridad antes de ir al terreno a una cobertura riesgosa, con el fin de conocer procedimientos operativos de autoprotección, identificar las áreas de mayor peligro y establecer contactos a los cuales recurrir en caso de urgencia (Smyth 33). No obstante, el cálculo no puede ser el mismo en Centroamérica, donde organismos especializados e independientes han documentado que la corrupción penetró a gobiernos, instancias policiales y militares, fiscalías y hasta a la justicia.

Denunciar una amenaza a la policía es en general una buena práctica en lugares con un fuerte Estado de derecho y fuerzas de seguridad confiables. En países donde las fuerzas de seguridad son corruptas, denunciar una amenaza puede ser inútil e incluso contraproducente. Estos factores deben ser evaluados con cuidado (Smyth 16).

Cómo protegerse o responder ante una agresión depende entonces, en buena parte, de circunstancias locales. En Centroamérica, la evaluación del riesgo y la búsqueda de mecanismos de protección deben, necesariamente, tomar en cuenta la connivencia entre las autoridades civiles y de seguridad y el crimen organizado, un importante factor de riesgo en la cobertura sobre este tema. Dada la desconfianza en las instituciones estatales es recomendable contar con medios y referentes alternativos o independientes, como líderes sociales, representantes de asociaciones locales e instituciones humanitarias.

Ser enviado como corresponsal de guerra es considerado por los medios como una asignación especial o extraordinaria -incluso prestigiosa-, pero cubrir la violencia diaria de las pandillas y los narcos parecieran verse como una actividad cotidiana, como quien cubre una nota de suceso, pese a tratarse de complejas estructuras del crimen organizado.

Garantizar la seguridad no es solo responsabilidad de los periodistas, sino también, y principalmente, de los medios que les asignan las tareas informativas. Sin embargo, para los comunicadores que participaron en el estudio, los medios de comunicación invierten muy poco en preparar a su personal periodístico para las coberturas de riesgo. En su efecto, son las organizaciones internacionales y locales de prensa, o comités de derechos humanos los que asumen principalmente esa formación. Muchos periodistas, sobre todo los independientes que cubren en provincia, están trabajando bajo serios riesgos, sin ninguna instrucción de seguridad ni la más mínima preparación para enfrentar situaciones de peligro. Abordar esto desde las organizaciones, colegios o asociaciones de prensa, podría contribuir a presionar a los medios de comunicación y al Estado a poner atención y ocuparse del asunto.

La investigación centroamericana encontró que los periodistas se sienten indefensos frente a las mafias y que esa sensación es mayor en quienes trabajan en zonas fuera de la capital, donde los grupos criminales actúan con más impunidad. Este hallazgo es determinante para que los programas de preparación y protección hagan hincapié en esos comunicadores que enfrentan mayor riesgo.

Las malas condiciones laborales, empeoradas en los últimos años de crisis económicas en las empresas de comunicación, han agravado esa situación de indefensión y vulnerabilidad. El estudio determinó que en Centroamérica es necesario sensibilizar y presionar a los medios para que incluyan en sus relaciones laborales aspectos referidos a la seguridad física y mental de los periodistas, sobre todo de quienes cubren temas de crimen organizado. No obstante, algunos ni siquiera cumplen con dar las condiciones mínimas a su personal, como un seguro médico o una remuneración apropiada, principalmente en la extendida red de colaboradores que trabaja sin contrato regular.

Los colegios, asociaciones y organismos locales e internacionales de prensa, así como también la organización de los comunicadores, deberían ejercer presión sobre los dueños de los medios. Además, desarrollar una formación específica en la cobertura del crimen organizado en Centroamérica, apoyados en los espacios académicos y la experiencia de periodistas que han trabajado en situaciones de riesgo.

La capacitación debe tomar en cuenta el elemento psicológico, según concluyó el estudio; especialmente porque este asunto queda relegado y muchas veces ni siquiera es reconocido como necesario, en un entorno periodístico centroamericano con condiciones laborales muy deficientes. No obstante, la evidencia indica que quienes se preparan para enfrentar situaciones difíciles logran tener un mayor control emocional cuando ocurren.

Los entrenamientos en temas de seguridad, que deben ser ubicados entre las prioridades de formación para los periodistas, valoran el trabajo en equipo para el resguardo de la seguridad personal. Este es uno de los ámbitos en el cual más fácilmente se podría avanzar, pero aún hay mucho por hacer para incorporar la solidaridad a la cultura profesional y el quehacer del periodista. El trabajo en entornos hostiles en varias regiones de Centroamérica ha desarrollado, de forma espontánea, algunas prácticas de apoyo mutuo entre algunos reporteros, como acudir en grupo a zonas peligrosas. Sin embargo, el estudio encontró que muchos prefieren trabajar de forma individual por asuntos de competencia profesional y por desconfianza con sus colegas.

Organizaciones internacionales de prensa como el Centro Knight para el Periodismo en las Américas, el CPJ o International News Safety Institute (INSI) advierten de la necesidad de desarrollar la cooperación entre los medios de comunicación, las asociaciones de trabajadores del sector y entre los mismos comunicadores, para buscar condiciones de mayor seguridad en el ejercicio periodístico.

Aunque catalogada por los organismos especializados de prensa como una de las regiones más peligrosas para hacer periodismo y que el aumento de las acciones del crimen organizado es un problema común a sus países. Centroamérica carece de políticas e intercambios de experiencia y de información, así como de redes bien articuladas de comunicación, entre las organizaciones de prensa y los periodistas, que permitan desarrollar en conjunto programas de reducción de riesgos y de protección para quienes trabajan en el actual contexto de violencia, según detectó la investigación.

Mantener y reforzar el contacto con las organizaciones internacionales defensoras de la libertad de prensa puede ayudar a elevar el perfil de los periodistas que trabajan bajo amenaza en Centroamérica y presionar a las autoridades nacionales para que den respuesta a la situación de indefensión. Reforzar la solidaridad profesional en el campo periodístico es un tema pendiente en Centroamérica.

La investigación dejó ver la necesidad de un abordaje desde otras disciplinas -como el derecho, la psicología, la psiquiatría o la medicina-, de la situación que enfrentan los comunicadores expuestos a las amenazas o ataques de las mafias. En particular, profundizar sobre cómo la exposición constante al peligro repercute en la salud, equilibrio emocional, relaciones sociales y calidad de vida de los reporteros centroamericanos que trabajan temas de crimen organizado.

El Handbook for Journalists (Guía Práctica para Periodistas) de Reporteros sin Fronteras advierte que el “no reconocimiento del estrés postraumático puede comprometer la conciencia de seguridad y erosionar el juicio profesional, en casos extremos dar al traste con la carrera” (Reporteros sin Fronteras 76).

Ejercer un periodismo con ética y responsabilidad es una medida para protegerse. Una información mal tratada puede desencadenar en una serie de efectos perjudiciales para los periodistas y sus fuentes. La búsqueda de la independencia en el tratamiento de la información, el rigor y la precisión, el contraste de fuentes, debe de ser observado por todos los periodistas. Pero, particularmente, aplicar los principios éticos del periodismo puede ayudar a bajar los riesgos para quienes tratan diariamente con información relacionada con las bandas criminales.

El estudio aconseja estimular el debate sobre los dilemas éticos que enfrentan estos periodistas y la necesaria evaluación de la forma en la cual se informa sobre la coyuntura de violencia en el istmo. Sería oportuno avanzar en una propuesta de investigación acerca de cómo está explicando la prensa -si lo está haciendo- la complejidad del fenómeno de la violencia criminal, del avance del narcotráfico, de la existencia de las pandillas, de la infiltración del Estado por parte de las mafias, de la corrupción vinculada al crimen organizado, del lavado de activos, entre otros. Más allá de un mero reporte de muertos y de acontecimientos puntuales sin investigación de fondo, sin conexión de hechos, el problema del crimen organizado y su tratamiento en la prensa centroamericana merece ser abordado con una mirada crítica y constructiva, con el ánimo de aportar al desarrollo de un mejor periodismo en la región. El gran desafío: trabajar con ética y seguridad

Bibliografía

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