Introducción

Los Acuerdos de Esquipulas I y II celebrados en 1986 y 1987 impulsaron los procesos de paz y el inicio de la institucionalización de la democracia en Centroamérica tras largos gobiernos autoritarios y represivos, así como de una fuerte intervención de Estados Unidos en los conflictos locales durante los años de la Guerra Fría, especialmente en la década de los ochenta. Las actitudes autoritarias y democráticas adheridas en la cultura política de los centroamericanos tienen orígenes políticos y procesos sociales distintos, pero resultados similares.

En Costa Rica, la transición democrática y la abolición del ejército en 1948 fueron las razones principales por las que no hubo terrorismo de Estado. En Guatemala, la política contrainsurgente implicó la desaparición forzada de 45 000 personas y el asesinato de otras 150 000 en un lapso de 36 años; en El Salvador, la guerra civil terminó con más de 75 000 vidas en un período de 10 años; en Nicaragua, la revolución sandinista terminó con la dictadura somocista de 42 años con un saldo de 25 000 muertos y 700 000 desplazados. Finalmente, Honduras, bajo fuertes políticas contrarrevolucionarias, se convirtió en un espacio territorial que Estados Unidos utilizó de contención, control y repliegue para la protección de sus intereses de seguridad nacional, a tal punto que han tratado de ocultar las cifras de desaparecidos y asesinados por el aparato de inteligencia hondureño. Solo se ha podido estimar un centenar de víctimas tras la revelación de documentos desclasificados de la CIA y de los esfuerzos de Naciones Unidas en los primeros años del nuevo siglo.

Este pasado sumamente inestable y violento que aconteció en medio de las secuelas de las crisis económicas de los años setenta nos otorga un marco histórico de comprensión respecto a la formación de las actitudes políticas en la región desde los años noventa hasta nuestros días. ¿Han cambiado las actitudes con el cambio de época? En otras palabras, ¿cuál es el estado de las actitudes hacia la democracia frente al fin de los conflictos armados, la recuperación económica y la normalización democrática? Se debe considerar, sobre todo, que los grandes anhelos de pacificación, democratización y desarrollo económico han quedado neutralizados frente a la violencia urbana en El Salvador y Guatemala; la pobreza extrema en Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras; la crisis de la democracia en Costa Rica, la captura del Estado en El Salvador y Guatemala y la penetración de autoritarismos competitivos en Honduras y Nicaragua.

En definitiva, la inestabilidad, la corrupción y el abuso de poder en distintos tiempos y formas desde los Acuerdos de Esquipulas han desencadenado un ambiente de fricción entre regresión autoritaria y normalidad institucional. La primera ha ensombrecido a Honduras y Nicaragua; la segunda, caracterizada por la desafección hacia el sistema político, ha alcanzado a El Salvador e incluso ha llegado a interpelar a Costa Rica, el país “modelo” de la región que había destacado por mostrar mayor estabilidad y prosperidad que sus vecinos. Por su parte, Guatemala está suspendida en medio con pequeñas transiciones entre ambas tras la fallida salida política a la crisis de 2015 y el resultado presidencial de las elecciones generales de 2019.

En esta actualidad regional se inscribe el análisis del comportamiento de las actitudes hacia la democracia durante 22 de los más de 30 años de aspiraciones democratizadoras en Centroamérica. Partiendo del reconocimiento de que son los ciudadanos, por medio de su incidencia y sus interrelaciones con otros actores, quienes pueden influir en el sostenimiento y la definición de la forma de gobierno que regula su vida en sociedad.

Cultura política y democratización en Centroamérica

Aportes al estudio de la cultura política en la región

Tras una revisión comparada de la teoría de la cultura política, Almond sostiene que su versión moderna surge de la caída de la República de Weimar y del surgimiento del Nacional-Socialismo en 1933; con la aparición de la personalidad autoritaria, se abandonó la noción clásica que hacía referencia al conjunto de ideas dominantes que se profesan de manera inconsciente y se trasladó hacía un nuevo marco teórico de compresión en torno a “las actitudes y las expectativas influidas por la estructura y el desempeño del sistema político y la economía” (Almond 77).

La perspectiva moderna llegaría hasta más tarde a Centroamérica. En la región, la identificación de rasgos de la cultura política estuvo principalmente anclada al análisis historiográfico de los procesos de construcción y consolidación de los Estados-Nación durante los siglos XIX y XX. No fue sino hasta el retorno de la democracia tras los cruentos episodios autoritarios y represivos desde el Estado entre 1970 y 1980 y los Acuerdos de Paz al final de la década de los 90, que el abordaje metodológico y la perspectiva analítica cambiaron hacia el análisis del conjunto de actitudes políticas en el marco de los procesos de democratización. Así, el esfuerzo historiográfico permite indagar en las raíces de la cultura política de la región e identificar sus grandes componentes en medio de procesos políticos y económicos más amplios, entre los que destacan el autoritarismo, el caudillismo y el conservadurismo en virtud de su persistencia en el tiempo.

Rasgos de la cultura política centroamericana en la historiografía de los siglos XIX y XX

En la obra “Liberalismo y poder político” de Taracena y en “Crecimiento empobrecedor” de Pérez, se pueden reconocer dos de los tres componentes de cultura política cuando esbozan; por un lado, como la Reforma Liberal entre 1870 y 1929 diseña Estados con importantes rasgos modernos que coexisten con añejas formas de caudillismo y provoca que la afirmación de las naciones centroamericanas¹sea una afirmación autoritaria de su propia institucionalidad;²por el otro, como las dictaduras personalistas se consolidaron mediante la constitución y el desarrollo de las oligarquías agroexportadoras como clase social debido, principalmente, al carácter violento y represivo de la economía agroexportadora, la cual necesitaba un gobierno fuerte para desarrollarse y se caracterizaba, por tanto, por la concentración de poder y riqueza en pocas manos.

Wagner, si bien tiene un enfoque fincado en el espacio guatemalteco en su obra, su contribución se puede extender hacia la comprensión de las crisis identitarias de las naciones centroamericanas que finalmente tienen repercusiones en la cultura política. En sus textos se puede establecer que el reforzamiento del caudillismo se da a partir del hecho de que el Estado antecediera a la nación y, por ende, la soberanía del Estado radicara en la autoridad. Lo anterior se debió a que permitía que el caudillo en articulación con las élites tuviera pleno control del aparato estatal hasta que fuese reemplazado por otro ante la acción política de los movimientos populares o de las élites o bien por facciones de estas para recobrar de, alguna manera, la soberanía otorgada.

Esta reducida concepción de soberanía por parte de los ciudadanos, como asegura Wagner, también fortaleció el caudillaje ya que se desarrolló una serie de factores que permitió su arraigo y consolidación en la cultura política, como la costumbre de obedecer a una autoridad con fuerte irradiación personal, el amiguismo y el compadrazgo político, la mentalidad de insubordinación a las ideas de soberanía y división de poderes, una estratificación social basada en el dominio armamentista y en la discriminación, la intromisión de países hegemónicos y las crisis económicas y políticas.

Por último, en La piel de Centroamérica de Torres-Rivas se identifican los vestigios del conservadurismo en la instauración de los Estados-Nación que fueron facilitados por la continuidad de instituciones, burocracias y actores de la estructura del poder colonial, así como en la actuación contradictoria de los países hegemónicos, las élites y la ciudadanía a partir de 1930, quienes después de demandar mayor democratización detuvieron las transformaciones de sus sociedades cada vez que el anhelo democratizador también implicaba cambiar la base económica y la cultura política.

Estudios sobre cultura política en la región desde nuevas perspectivas analíticas

Como se mencionó al inicio de este apartado, a partir de la estructuración formal del estudio de la cultura política en la región se dio un giro en el abordaje metodológico y la perspectiva analítica hacia su vinculación con el contexto más allá de la identificación de las ideas dominantes; el estudio de la cultura política ha sido influenciado en gran medida por los proyectos de opinión pública, las ciencias sociales norteamericanas y europeas y por los nuevos enfoques cualitativos y cuantitativos que pretenden describir con métodos estadísticos la relación entre la cultura política y los procesos político-electorales y, con técnicas antropológicas, la relación entre los sujetos, el poder y las instituciones políticas (Tejera).

Dentro de la diversidad de aportes, se han identificado, a manera de ilustración, algunas grandes líneas temáticas de vinculación con la cultura política,³ entre ellas identidad e ideología, instituciones y democracia. En la primera se pueden mencionar los estudios cuyos objetivos han sido escudriñar el proyecto político homogeneizador y los discursos y las demandas sociales, tanto para la transformación de sus estados como para el cuestionamiento de la identidad oficial (Euraque, Gould y Hale); señalar la influencia de las representaciones, los imaginarios y los simbolismos que expresan las particularidades de la cultura política construidos a partir de identidades nacionales que surgen de lo institucional y de las prácticas de los sujetos (García et al.); así como describir la vinculación de los proyectos políticos a las identidades y a las culturas políticas nacionales por medio del reafianzamiento de rasgos personalistas, nepotistas y patrimonialistas en los gobiernos nacionales (Tinelli).

En la segunda línea temática, se han abordado las incidencias y el entrelazamiento de la cultura política en las instituciones y los procesos que emanan de ellas, a saber: la expresión de las actitudes políticas en las prácticas electorales (Barrientos), la construcción y la evolución de la ciudadanía vinculándose por medio de sus manifestaciones políticas⁴ con la institucionalidad (Chust; Piedra), su penetración en las relaciones partidos-Estado (Meza et al.) y las expresiones de cultura política en las entidades de gobierno locales y centrales (Rodríguez Alvarado).

Finalmente, la tercera línea temática ha sido una de las líneas más trabajadas por su relación con la democracia, ya que constituye una categoría que, además de aportar insumos para la comprensión de la interacción de las orientaciones políticas de las sociedades con el sistema político, se convierte en una variable, desde una noción conductista, que incide en el grado de estabilidad social y en las condiciones de armonización entre los conflictos sociales, económicos, culturales e internacionales y los procesos democráticos e institucionales. En ese sentido, Rodríguez Franco, cuando cita a Norbert Lechner en su artículo sobre la investigación histórica de la democracia, señala: “La tarea no era exclusivamente analizar «la(s) cultura(s) política(s), si no de crear una cultura política democrática»” (231).

Lo anterior significa que, por medio de una buena parte de la literatura centroamericana y latinoamericana, la relación entre ambas se ha abordado como extensiones de sí mismas, es decir, cultura política de o para la democracia (LAPOP; Arriola et al.) o cultura política democrática (Peschard; Lechner). A partir de eso, se amplía sin extensiones conceptuales hacia la relación entre la cultura política y los procesos de democratización, como se señalará más adelante.

Ese tipo de abordaje se puede apreciar, principalmente, en los estudios de medición sobre sus incidencias en los componentes de la democracia electoral y en la conformación de los valores democráticos. En el texto de Córdova y Maihold hay una revisión de las percepciones, los niveles de apoyo y las opiniones ciudadanas sobre las elecciones, la democracia, el sistema de gobierno y la igualdad ante la ley desde 1981 que incluye una serie de escenarios para 2020 dentro de procesos de consolidación democrática.

No obstante, se puede apreciar radiografías muy completas de la cultura política de los centroamericanos en los estudios de opinión pública más famosos de la región,⁵ los cuales se realizan periódicamente. En los reportes regionales de LAPOP destacan desde 2004 las valoraciones sobre participación política, gobernabilidad, gobierno local, legitimidad política, estabilidad democrática, democracia electoral, libertades básicas, instituciones y legislación, así como las orientaciones democráticas en conjuntos regionales. Mientras que en los estudios del Latinobarómetro desde 1995 destacan las valoraciones de los centroamericanos sobre la democracia, la satisfacción con el Congreso y los partidos políticos, la representación política, las actitudes hacia el autoritarismo, la representación política, el Estado y el interés en la política.

Por consiguiente, a partir de la revisión documental del abordaje del estudio de la cultura política y, específicamente, su relación con la democracia en la región, resalta la importancia de indagar la inscripción de la categoría en un marco analítico más amplio, como los procesos de democratización desencadenados a lo largo de las historias políticas de Centroamérica y, especialmente, a partir del regreso de la democracia con la constitución de la normalidad neoliberal; ya que como señala Rodríguez Franco: “La investigación histórica de la democracia se conecta directamente con los procesos de democratización” (232). Si bien el trabajo se centra en las actitudes políticas, adquiere mayor sentido teórico comprender la vinculación de la cultura política y la evolución de sus rasgos y componentes con una categoría en movimiento, dada su construcción histórica, más que con su versión estática y normativa (Sales).

La cultura política inscrita en los procesos de democratización en la región

Arriola et al. sostienen que –en el caso de los países en vías de desarrollo– es más productivo plantear la cultura política como el resultado histórico de un modelo que está en construcción a partir de la interacción de grupos sociales más influidos por las luchas políticas que por las referencias al poder, debido a que forman, de esa manera, “los mecanismos de formación cívica, la adquisición de información y conocimientos (recursos cognitivos) sobre aspectos relativos a la vida pública y las reacciones o respuestas que con esos recursos cognitivos los ciudadanos ejercitan con ocasión de determinadas actividades políticas” (46-47).

De esta manera, de acuerdo con Arriola et al., la democratización sería un proceso interno que coexiste con distintas culturas políticas, unas más influidas por valores tradicionales y con rasgos más autoritarios del pasado inmediato y otras por valores más modernos, los cuales, prácticamente, son el resultado de tres vías: lo históricamente dado, lo estructuralmente impuesto y lo culturalmente adoptado. La primera se refiere a los antecedentes y a la trayectoria hereditaria⁶ de las sociedades; la segunda, a las consecuencias de la desigualdad socioeconómica y de la exclusión social de clase, género y etnia; la tercera, a los hábitos, las rutinas y los comportamientos que la socialización provoca en el marco de nuevas dinámicas y entornos impulsados por las transformaciones de las sociedades.

Expuesto lo anterior, queda establecido el planteamiento de la cultura política en Centroamérica como una categoría dinámica que es producto, siguiendo a los autores, de “la suma de herencias históricas, determinaciones estructurales e influencias culturales” (Arriola et al. 48). Sin embargo, ¿en qué consiste el espacio político con el que coexiste? Según Rovira, para el caso de la región, consiste en una transición democrática, un concepto que surge de la tercera ola democratizadora que proponía Huntington en su estudio titulado “La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX” y que el profesor Rovira (2002) define de la siguiente manera:

Si bien ese es el punto de inicio para la región, Guatemala (1985), El Salvador (1984), Honduras (1981), Nicaragua (1979) y Costa Rica (1948), solo fue un primer momento de un espacio político fraccionado, según las circunscripciones nacionales que se han mantenido en constantes fricciones y metamorfosis, especialmente de carácter regresivas.⁷ El comportamiento siempre convulso de las democracias y los sistemas políticos de la región han dificultado la rutinización y armonización de procedimientos constitucionales y democráticos en un sentido de estabilidad y progresividad; además, han impedido discutir ampliamente los procesos de consolidación que debían seguir al período de transición que ha quedado varado en los casos guatemalteco y salvadoreño, han retrocedido en los casos hondureño y nicaragüense y ha continuado en el caso costarricense.

En virtud de ello, es necesario describir brevemente el espacio político centroamericano, así como su relación con la cultura política como parte de los procesos de democratización a partir la literatura actual que aborda sus configuraciones y transformaciones. Desde una perspectiva común, según Torres-Rivas (1991), la transición en la región se origina de estructuras autoritarias refrendadas por la contrainsurgencia en Guatemala y en El Salvador y por la guerra contrarrevolucionaria en Nicaragua, cuyos resultados reforzaron y justificaron la aplicación de la fuerza y la arbitrariedad. Frente a ese contexto, surgen los propósitos de sustitución de lo autoritario que devienen de la crisis y la interpelación al orden oligárquico que conllevó a revueltas populares, conflictos armados y terrorismo de Estado.

Los procesos de consolidación democrática han sido más complejos y contradictorios en un contexto de pobreza y desigualdades políticas y económicas. El Salvador, que hasta 2013 podía hacer gala, junto con Costa Rica, de tener uno de los sistemas de partidos de mayor amplitud representativa de la región, se introdujo a una crisis de legitimidad sin precedentes desde el retorno de la democracia; Nicaragua, a pesar de las dificultades, había logrado celebrar elecciones periódicas y mejorar notoriamente el control civil sobre el veto militar durante más de 20 años. Sin embargo, en 2005 había caído en una autocracia electoral. Costa Rica, tras una breve guerra civil, ha desarrollado un importante proceso de consolidación de sus instituciones políticas y electorales, con una alta participación electoral y siendo el país que más ha respetado la supremacía de los civiles en el poder (Rovira, 1996, Goulet, 2008, Lehoucq, 2013, Martí i Puig, 2016).

En Guatemala, la apertura política instaurada por los militares pretendió –con éxito– neutralizar las fuerzas insurgentes. Si bien impulsar la participación ciudadana no era un valor en sí mismo para ellos (Sáenz de Tejada), el pluralismo político fue aumentando tras el fallido autogolpe de Serrano Elías en 1993. No obstante, la precariedad del sistema político en cuanto a evitar la ampliación de derechos y libertades ha sido una constante que se ha expresado de varias formas, entre ellas los riesgos de colapso institucional y de rompimiento constitucional. En Honduras, hubo una rápida transición democrática respaldada por la entrada en vigencia de una nueva constitución; sin embargo, el proceso de consolidación no ha terminado de comenzar.

Entre 1982 y 1996, se registraron desapariciones forzadas y un papel decisivo del ejército en el poder al igual que en Guatemala. En 2009 se llevó a cabo un golpe de Estado en contra de Manuel Zelaya y en 2017 se desarrolló un fraude electoral perpetrado por el gobierno de Juan Orlando Hernández (Lehoucq, 2013, Sosa, 2017).

En cuanto a su relación más exacta con la cultura política, Heras repasa, sin intención bibliográfica, el trabajo de Arriola et al. cuando afirma que, para alcanzar una democracia de larga duración, es insuficiente con lograr valiosos niveles de estabilidad política y bienestar socioeconómico; hace falta incorporar como propios, en el seno de las sociedades, los valores democráticos. En ese sentido se inscribe el trabajo Cultura política y democratización: vías alternas en Nicaragua y Costa Rica de Seligson y Booth; en él esbozan los vacíos y las inconsistencias de entender normativamente la cultura política como consecuencia del sistema político y viceversa,⁸a partir de la comparación de un régimen de amplia trayectoria de estabilidad política desde 1950 y desarrollo de sus instituciones democráticas desde finales del siglo XIX con un régimen de larga tradición violenta, dictatorial y de constantes regresiones autoritarias.

El estudio identifica diferencias y similitudes significativas en materia de cultura política que comprometen la teoría cultural y permiten advertir, en la línea de los autores, que, además de la influencia de la cultura de masas⁹en el tipo de régimen, inciden factores como “los roles, decisiones y valores de las élites políticas, así como la posibilidad de una fusión cultural de las normas democráticas y algunas consideraciones utilitarias” que también podrían influir de manera relevante en la democratización y en la formación de los valores democráticos (Arriola et al. 672). Únicamente de esa manera se podría entender cómo sociedades con avances sociales y políticos importantes comparten algunas valoraciones hacia la democracia con sociedades que transcurren entre la democratización y la desdemocratización.¹⁰

Caracterizada dicha coexistencia entre la construcción cognitiva de los sujetos y el espacio político nacional resultante, se puede afirmar que la modificación, la evolución o la consistencia de la cultura política en la región han estado ancladas a sus procesos de recuperación, transformación y regresión democrática. Dicho de otro modo, implica que la cultura política se ve y verá modificada por la evolución política de las sociedades centroamericanas, por las circunstancias, los ritmos y los signos de sus transiciones, democratizaciones y desdemocratizaciones.

Las actitudes políticas como concepto central para analizar el apoyo hacia la democracia en la región entre 1996 y 2018

Si el conjunto de las actitudes políticas, es decir, el conglomerado de orientaciones cognitivas, afectivas y evaluativas hacia el sistema político forma la cultura política como aseguraban Almond y Verba, ¿por qué utilizar actitudes políticas como el concepto central del documento que se presenta a continuación? Porque, al ser un análisis desde una perspectiva particular y específica y no un análisis general sobre el significado y la percepción que han tenido los centroamericanos hacia la democracia y tampoco sobre las valoraciones sobre sus sistemas políticos y sus respectivos componentes; para que tuviera mayor sentido académico escudriñar en el conjunto de sus actitudes desde una categoría mucho más amplia como lo es cultura política, se optó por utilizar como referencia conceptual la noción de actitudes políticas para analizar las posiciones de los centroamericanos hacia la democracia que recogió el proyecto de opinión pública Latinobarómetro entre 1996 y 2018.

Lo anterior no implica la disociación de las actitudes políticas de la cultura política; es más, al igual que en toda la literatura de la ciencia política, se les reconoce y comprende como su componente vital. No obstante, implica un aterrizaje, el acercamiento a una facción del conjunto de las actitudes de la cultura política de los centroamericanos, ni siquiera relativa a la democracia, sino particularizada adentro de ella. Se analiza estrictamente lo relacionado con el péndulo del apoyo de los centroamericanos hacia la democracia, al autoritarismo o a la indiferencia sobre el tipo de régimen que les gobierna.

Las actitudes políticas son las que toman las personas respecto a una o varias situaciones políticas; para Mateos, son esenciales porque “permiten describir las características de las percepciones, predisposiciones y valoraciones de los ciudadanos hacia objetos políticos” (113). Pero ¿cómo se forman y por qué cambian? Según Vallés se debe a tres factores: el psicológico, el sociológico y el institucional. El primero se refiere a la interiorización de las experiencias individuales que las personas acumulan a lo largo de la vida frente a vivencias familiares o episodios políticos; el segundo, a la pertenencia de las personas a un determinado colectivo en el que adoptan creencias, valores e ideologías con las cuales responden a los estímulos políticos; y, la última, a la influencia que el funcionamiento de las instituciones democráticas tiene en las predisposiciones de las personas y que los condiciona a actuar de una u otra manera.

La definición conceptual es importante para interpretar las actitudes políticas de los centroamericanos hacia la democracia entre 1996 y 2018. Si bien Vallés menciona que las predisposiciones se manifiestan estables y persistentes –de hecho, es lo que se observa en gran medida en las series de tiempo–, sostiene que sus cambios son graduales, no episódicos ni circunstanciales. Sin embargo, sin ser una crítica directa al contenido fundamental de su afirmación teórica, en el caso de la mayoría de los países centroamericanos, podemos afirmar que existen, si no cambios abruptos o rupturistas, sí variaciones significativas que indican responder a los momentos políticos relevantes.

Radiografía general de las actitudes políticas hacia la democracia en Centroamérica tras los Acuerdos de Esquipulas

En la representación gráfica general, Costa Rica registra los números más altos de confianza en la democracia como la mejor forma de gobierno en 1997, 2000 y 2007. En 1996 se reconocieron los derechos colectivos y ciudadanos para todas las personas indígenas y se implementaron importantes reformas electorales en materia de financiamiento privado, regulación de la propaganda electoral y endurecimiento del régimen sancionatorio. En 1997 comenzó un aumento cualitativo de la participación político-electoral de las mujeres tras la reforma electoral de 1996, confirmada por el Tribunal Supremo de Elecciones en 1999, que garantizaba, por medio de cuotas obligatorias, que al menos el 40 % de las candidaturas elegibles¹¹ a elección popular debía ser conformado por mujeres. Con ello también se estableció que la organización y funcionamiento de los partidos debían responder a principios democráticos y asociados al pluralismo político. Además, se aprobó la Ley 7676 que establecía un monto fijo anual del 6 % del Producto Interno Bruto destinado a educación que la blindaría frente al desfinanciamiento.

En 1999 se aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial que tenía como propósito armonizar la organización y el funcionamiento del organismo judicial con la constitución vigente; en el 2000 se desencadenaron numerosas movilizaciones sociales en oposición a los proyectos de privatización de la energía y las telecomunicaciones impulsados por los dos partidos mayoritarios y que finalmente fueron rechazados por la Sala Constitucional. Este es un caso visible de la correlación, la presión de la ciudadanía y de

la capacidad de veto del organismo judicial que hizo contrapeso a otro lado compuesto por los intereses y las decisiones del Ejecutivo y el Legislativo.

En 2004 se registró un descenso en la preferencia hacia la democracia, probablemente por la revelación de un caso de desvío de fondos públicos y cobro de sobornos para favorecer la instalación de una red telefónica de Alcatel en el Instituto Costarricense de Electricidad en donde los controles de fiscalización y rendición de cuentas implementados en el 2000 no funcionaron. La recuperación de la confianza hacia la democracia encuentra insumos explicativos en la pronta respuesta del organismo judicial al escándalo de corrupción y en la confianza ciudadana de que tenían la opción de castigar en las urnas a los partidos de los funcionarios involucrados en la contienda electoral de 2006. De hecho, las elecciones dañaron significativamente el bipartidismo del Partido Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC); el PUSC, partido de los presidentes acusados, obtuvo menos del 3 % del total de los votos en la elección presidencial. De ahí que en 2007 se registraran las valoraciones positivas más altas hacia la democracia entre 1996 y 2018.

Por otro lado, entre 1997 y 2007, el Estado costarricense fue adquiriendo un papel relevante en la economía nacional; en 2006 las entidades públicas de todo tipo ya representaban alrededor del 40 % del PIB. Sin embargo, coincidió con la reestructuración de sus actividades económicas en el marco de la implementación de las políticas neoliberales, principalmente, respecto al reemplazo de la actividad agraria por el sector de servicios y de manera emergente por el sector del turismo, a través de la Inversión Extranjera Directa y la sustitución de importaciones. Eso implicó que el destino del dinero público no estuviese dirigido primordialmente al gasto y a la inversión pública, sino al pago del servicio de la deuda y de los déficits fiscales.¹²

De esta manera, las políticas estructurales riñeron con la ampliación de derechos, lo cual pudo implicar que, a pesar de los efectos negativos de la imposibilidad de traducir la participación económica del Estado en una mejor progresividad fiscal y otras actividades económicas que permitieran mayores capacidades institucionales, la valoración positiva hacia la democracia, como un régimen de contrapeso que compensara la brusquedad de las políticas económicas, se termina imponiendo durante este período debido al desarrollo de un sentido de protección social en un contexto de la implementación de políticas de democratización, así como de grandes expectativas sociales y de defensa de los bienes públicos.

Como se puede observar en la Figura 1, las valoraciones positivas hacia la democracia tienen la caída más fuerte en 2013 con una pequeña recuperación entre 2015 y 2018. El panorama político costarricense se caracterizó entre 2012 y 2013 por la fragmentación de la Asamblea Legislativa, lo cual impedía desarrollar espacios de diálogo y la posibilidad de consensos. Fue un momento marcado por la transición del bipartidismo hacia un sistema más plural en términos ideológicos. Además, el tiempo coincidió con la incapacidad del gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014) de llevar a cabo una reforma tributaria para mitigar la creciente brecha fiscal heredada de la crisis económica y financiera de 2009, cuyos objetivos se redujeron a medidas administrativas para contener únicamente el gasto; se descuidó el fortalecimiento del Impuesto sobre la Renta, esencial para la progresividad de la política fiscal.

Por otro lado, la recuperación coincidió con un proceso de interpelación al sistema del centro político y una notable polarización social que dividía a la ciudadanía entre otorgar la confianza a las propuestas del sistema que se habían caracterizado por la estabilidad y las garantías políticas, pero que estaba tendiendo al descrédito, a la intransigencia y a la corrupción política o a las propuestas religiosas y ultraconservadoras de Restauración Nacional (RN). Finalmente, una opción devenida del sistema, pero de su ala más “oxigenada” (la social democracia antineoliberal), liderada por Carlos Alvarado y Epsy Campbell del Partido Acción Ciudadana (PAC), le ganó a la antipolítica y terminó de manera definitiva con el bipartidismo de centroderecha desquebrajado en 2006 que no ofreció alternativa sensata a las propuestas extremistas que venían fuera de la tradición política costarricense.

Guatemala destaca visiblemente como el país que más justificaría un gobierno autoritario según las circunstancias. Sus puntos más altos se registran en 2007, 2008 y 2009 justo en el intermedio de una ola de violencia urbana¹³que sirvió como comodín político para que se posicionara y consolidara un discurso militar-conservador de mano dura liderado por el general de guerra Otto Pérez Molina como alternativa al discurso socialdemócrata de “la violencia se combate con inteligencia” liderado por el licenciado Álvaro Colom Caballeros. Lo anterior permite inferir que la idea de seguridad está asociada a la idea de imposición, a lo autoritario.

Ese fue un período de creciente conflictividad social que hasta 2004 había sido una cuestión eminentemente local (si mucho, municipal) derivado del aumento de la actividad minera, los proyectos hidroeléctricos, el reclamo de tierras y la oposición a la ampliación de la red de la matriz energética. Los conflictos, agudizados por la discriminación étnica y de género, no solo tenían vinculación con las dificultades para acceder a los servicios y beneficios que en teoría generaban, sino también con la cosmovisión de los pueblos indígenas sobre el significado de los territorios y los recursos naturales.

La radiografía nacional e internacional señalaban que Guatemala estaba teniendo severas dificultades de realizar, tras el regreso de la democracia, una transición de las estructuras de la guerra hacia la dotación de las capacidades institucionales necesarias para enfrentar los retos del desarrollo. En ese sentido, la identificación del problema se ubicaba desde las discusiones de Esquipulas en lo que se denominó “cuerpos y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS)”. Financistas contrainsurgentes y antiguos colaboradores se dedicarían a desarrollar diversos mecanismos de corrupción, trasladándose así de una lógica de protección frente a un enemigo en común hacia una lógica de control institucional y territorial del Estado.

Los extremos se estaban desarrollando cuando en febrero de 2007 fueron asesinados tres diputados salvadoreños del Parlacen en el país. Ese hecho no solo confirmó la complicidad de los agentes estatales con la criminalidad, sino que fue el último argumento para aprobar el ingreso de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala¹⁴(CICIG) para apoyar en la investigación y la desarticulación de las CIACS y en la implementación de políticas públicas para su erradicación. Si la turbulencia política de 2007 y sus implicaciones nacionales y regionales no eran suficientes, dos años más tarde, el abogado Rodrigo Rosenberg grabó un vídeo antes de ser asesinado que inculpa al presidente Álvaro Colom y a su esposa Sandra Torres de ordenar su asesinato; eso desató movilizaciones sociales y peticiones de renuncia por parte de la oposición.

La CICIG revelaría, tras la presentación pública de una investigación profesional pocas veces vista en el país, que el abogado habría ordenado su propio asesinato. No obstante, más allá del desenlace, interesa quiénes estuvieron a cargo de la gestión de la crisis porque, contrario a lo que sucedió en Costa Rica en 2004, fue –y tuvo que ser– una institución exógena y no una nacional la que terminó siendo clave en la recuperación de la estabilidad política. Por eso, podría entenderse que la democracia como producto del buen funcionamiento de la relación e interacción entre las instituciones públicas genere poca confianza ciudadana.

Si bien durante este período se aprobaron e implementaron importantes reformas jurídicas tras la llegada de la CICIG y gracias a un momento transitorio de articulación entre la sociedad civil y los actores políticos que dieron paso a la ley contra el femicidio, la ley de acceso a la información pública, la ley contra la corrupción y las reformas al código procesal penal y a la ley contra la delincuencia organizada no fueron expansivas, en términos de aprobación social, a las reformas educativas y fiscales; tampoco lo fueron en términos de voluntad política hacia reformas sociales y políticas más amplias. En ese momento, los cuerpos y aparatos clandestinos estaban mutando a redes políticas-económicas ilícitas¹⁵para reconfigurar su control sobre el Estado.

Adicionalmente, se registra un leve crecimiento en la justificación de un gobierno autoritario y una reducción de su preferencia hacia la democracia durante la prolongación de la crisis política que surgió de la revelación del caso de defraudación aduanera La Línea que implicaba al binomio presidencial. Eso desembocó en una fuerte lucha contra la corrupción entre 2015 y 2018¹⁶en la que se presentaron más de 33 tramas de corrupción que implicaron a altos funcionarios públicos y a miembros de las élites militares, políticas y económicas en el seno de un Estado calificado como “cooptado”. Si bien de nuevo se aprobaron reformas –relativamente bien valoradas por la sociedad civil– al Ministerio Público, al Sistema de Administración Tributaria, a la ley electoral, a la ley de contrataciones públicas y a la ley de la carrera judicial, la lucha contra la corrupción no se tradujo en la recuperación de los servicios públicos ni en el impulso de la reforma estructural del Estado.

Guatemala registra las peores valoraciones hacia la democracia en la región; al no tener los avances democráticos de Costa Rica, ha quedado atrapada entre crisis políticas¹⁷tras la imposibilidad de implementar con éxito los Acuerdos de Paz y las reformas sociales, políticas y económicas que deben implementarse para acabar con la pobreza, reducir la desigualdad, democratizar el sistema electoral y garantizar la seguridad social. Además, uno de los hechos más importantes es que las urnas no han servido para la recuperación de la confianza ciudadana, en gran parte, porque han representado únicamente una salida parcial al problema de turno, desde una perspectiva incluso bastante conservadora y anticomunista, que lleva a rechazar toda política o reforma de carácter social. Lo anterior dejó por fuera la interpelación al sistema político en su conjunto.

De ahí que en 2015 la elección haya sido de un presidente proveniente de los suburbios del sistema electoral fuertemente vinculado a la Asociación de Veteranos Militares (parte del statu quo del ejército nacional) y a una serie de líderes evangélicos fundamentalistas; terminó deteriorando la posición de Guatemala en el sistema internacional y desmantelando los avances en la lucha contra la impunidad en la anticorrupción y justicia transicional; además, en 2019 se impidió la salida “natural” a la crisis prolongada al bloquear la participación de las dos candidatas que ocupaban los primeros tres lugares según las encuestas y que representaban cada una de las visiones encontradas respecto al legado de la lucha contra el Estado capturado.

Nicaragua, por su parte, registra dos puntos altos, en 2001 y 2016 en su justificación de un gobierno autoritario según las circunstancias y en una menor preferencia hacia la democracia. El año 2001 estuvo marcado por la visibilización de las consecuencias de la administración de Arnoldo Alemán (1997-2002) caracterizadas por la mala gestión de la emergencia del Huracán Mitch, por los casos de lavado de dinero, malversación y peculado, la privatización opaca de más de 350 empresas y por los problemas de gobernabilidad relacionados con su confrontación con la Asamblea Nacional y los intentos de interferir en el poder judicial, así como por los primeros efectos visibles del pacto Ortega-Alemán que se llevó a cabo en el 2000 a través de una serie de reformas legales y constitucionales.¹⁸Estas revirtieron medidas económicas importantes como la reforma agraria y tuvieron repercusiones en el sistema electoral, entre ellas la limitación de participación plural más amplia y la reducción de las posibilidades de victoria prácticamente a los dos partidos más importantes.¹⁹

Durante el período analizado, el sistema político se había caracterizado por su alto grado de polarización entre el sandinismo y al antisandinismo que se había evidenciado de mejor forma en la elección presidencial y, en menor medida, en las elecciones locales donde el voto antisandinista tendía a dispersarse entre los liberales y los conservadores. Esto es importante porque hasta 2006, las elecciones eran un espacio para garantizar la periodicidad del cambio de las autoridades elegidas y para dirimir la dirección del gobierno, al punto de que había sido el país de la región con mayor participación electoral después de Costa Rica. A partir de entonces, Nicaragua comenzó un proceso de desdemocratización que conllevaría, en palabras de Martí i Puig (2018), la neutralización de “la naturaleza competitiva y representativa del régimen” (1).

Las elecciones de 2006 son claves para comprender las culturas políticas en confrontación en Nicaragua de la década subsiguiente, primero, porque cambiaron los componentes discursivos de la polarización social y, segundo, porque el clivaje se transformaría en una contradicción de los principales actores políticos. Esto se debe a que el danielismo –apelando a la formación de una nueva dinastía familiar y bajo la influencia del fanatismo religioso– abandonó la lucha de clases, la clasificación heredada de la Guerra Fría de sandinistas y antisandinistas para trasladarla a un campo fundamentalista y neo-extractivista de los asuntos públicos y del mercado que enriquecería y concedería poder al bloque de empresarios sandinistas, cuyo funcionamiento estaría basado sobre el clientelismo y el caudillismo.

El proceso de desdemocratización tomaría formas definitivas en 2013 tras el impulso de proyectos extractivos y la modificación de la Constitución por parte de la familia Ortega-Murillo con la intención de perpetuarse en el poder. En 2016, consecuencia de dicha erosión de la democracia por medio mecanismos fraudulentos y autoritarios, el clan Ortega-Murillo se apoderó de las elecciones; el país cayó en un régimen autoritario competitivo, que combina, en términos de Martí i Puig (2018), “instituciones democráticas con elecciones autoritarias” (1). En ese contexto, el eje de la democracia comenzó a tomar una nueva relevancia en el nuevo clivaje debido a que aglutinaría a la oposición y también a los sandinistas antidanielistas.

No se sabe en qué términos de cultura política se desarrollará la confrontación política de los años venideros, ya que, derivado de la prolongada crisis política, agudizada con un intento fallido de reformas al sistema de pensiones en abril de 2018, la sociedad nicaragüense se ha manifestado en las calles, en las redes y en los medios de comunicación en plena oposición al gobierno autoritario de Daniel Ortega. Lo anterior se expresa en la Figura 2 debido a que registra sus datos más bajos en la aceptación de un gobierno autoritario según las circunstancias desde 2007. En ese año se registró la cifra más baja que coincidía con la victoria electoral de Ortega en noviembre de 2006. Veinte años después, el pacto de “gobernabilidad” de Alemán-Ortega se convirtió en un martirio autoritario que los nicaragüenses rechazan cada vez más.

El Salvador destaca en los datos de la indiferencia hacia la democracia, posiblemente por la monopolización del debate político entre las dos herederas partidarias de la guerra interna en el país. Eso se aduce en virtud de que los datos más altos que se registran son en 2001, 2016, 2017 y 2018. El dato de 2001 coincide con el programa fallido del presidente Flores para acabar con la inseguridad y con las dificultades institucionales para superar los desastres que ocasionó el Huracán Mitch que agudizaría las condiciones de pobreza. Un año antes, las instituciones que se dedican a estudios de población²⁰ habían registrado que el 49,8 % de la población vivía en pobreza y el 21,9 % en pobreza extrema.

Entre 1995 y 2000, El Salvador se caracterizaba por la constitución de un sistema político contradictorio. Por un lado, se mantenía una importante influencia militar sobre el poder, un notable distanciamiento entre los principales partidos,²¹la limitada autonomía y el bajo peso político de la Asamblea Legislativa en comparación con otros legislativos de la región y frente a grupos económicos compactos y decisivos. Además, había un estrechamiento de derechos como la prohibición absoluta del aborto que conllevó a la criminalización de las mujeres en 1997 y los ataques de censura a periodistas por parte de los propietarios más conservadores del medio en 2000.

Sin embargo, por otro lado, como buen sistema de contradicciones, la estabilidad institucional que viabilizaba el bipartidismo permitía la celebración de elecciones con posibilidad de rotación en la dirección parlamentaria, municipal y ejecutiva del Estado y la rutinización de los procedimientos más básicos de la democracia liberal; eventualmente esos factores tenderían a nutrir la neutralidad en las valoraciones ciudadanas sobre la democracia durante la primera década del siglo XXI.

Un estudio de Browman, Lehoucq y Mahoney respalda lo anterior; bajo una perspectiva normativa, analizaron la competitividad de las elecciones, la extensión del derecho al sufragio, el respeto de los derechos civiles, la capacidad del gobierno de ejercer la soberanía nacional y el control civil sobre las fuerzas armadas. La investigación halló que entre 2001 y 2007 solo Costa Rica y El Salvador tenían sistemas políticos democráticos debido, en gran parte, a que en el segundo se había reducido la distancia entre los principales partidos y en el grado de polarización de la autoubicación de los electores.²²Nicaragua y Honduras, por su parte, avanzaban hacia autocracias; Guatemala se había mantenido en una posición “semidemocrática”.

Las mejores valoraciones a la democracia y el mayor rechazo al autoritarismo como forma de gobierno fueron en 2009; eso coincidió con la victoria electoral de Sánchez Cerén y los aires de cambio que atravesaba el país tras la salida de ARENA del gobierno central. En el imaginario político significaba la alternativa a un modelo de gestión de los asuntos públicos que había consistido en la institucionalización de la corrupción, la privatización de los bienes públicos y en la reducción del aparato estatal que resultó en una historia paradójica y ampliamente conocida en América Latina: buenos indicadores macroeconómicos, malas condiciones de vida.

La indiferencia del período 2016-2018 probablemente es el resultado de los acontecimientos de 2014 y 2015 que se extendieron hacia una crisis generalizada del bipartidismo (FMLN-ARENA), de lo que se ha considerado 30 años de simple gestión de la estabilidad institucional, en medio de escándalos de corrupción sistémica, violencia urbana²³ y pobreza extrema. Los acontecimientos estuvieron marcados por la pérdida del apoyo electoral de las clases medias urbanas²⁴ al FMLN debido al abandono del programa progresista del gobierno del cambio, el desmoronamiento electoral de ARENA debido a la división interna del partido que dispersó los votos hacia la Gran Alianza Nacional²⁵ (GANA) y por un papel preponderante de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de lo Constitucional²⁶ en la judicialización de los casos de corrupción de los altos funcionarios públicos.

La lucha contra la corrupción se apoderó del debate público y ha alcanzado prácticamente a todas las facciones partidarias del país, incluyendo a los expresidentes Francisco Flores y Antonio Saca de ARENA²⁷ y Mauricio Funes²⁸ del FMLN; el interés por la transparencia no solo se generó de la persecución penal, también repercutió en la confrontación política. Por un sentido de “defensa” se han acusado unos a otros de utilizar las instituciones de justicia para perseguir políticamente a sus adversarios, lo cual ha implicado una judicialización de la política más allá de los casos formalmente investigados. Fue este contexto de crispación política derivado del desfalco del Estado el que abrió la puerta a la crisis generalizada del bipartidismo.

La indiferencia hacia la democracia, al menos en su versión sufragista,²⁹ terminó momentáneamente encauzada en las urnas con la victoria en febrero de 2019 de Nayib Bukele con el 53, 1 % de los votos. Es un actor de la antipolítica que capitalizó el descontento social con la creciente sensación de que todos los políticos eran iguales y que se estaba formando un sistema del turno.³⁰ Inevitablemente surgen al menos dos preguntas: ¿es el fin del bipartidismo y de la herencia política de la Guerra Fría? ¿Reinicia la confianza hacia la democracia o más bien la indiferencia se convertirá en anhelo autoritario dadas las características caudillezcas de un presidente que tiene una amplia aceptación popular?

A continuación, se presentan tres hechos relevantes a un año de la investidura presidencial de Bukele caracterizada por “priorizar a la gente” con disposiciones que quebrantan los mecanismos democráticos y amenazan la supervivencia de otras instituciones claves para la armonía del Estado de Derecho, cuyo objetivo en el fondo es lograr un aislamiento jerárquico donde tenga supremacía informal o formal sobre el resto de los actores políticos e institucionales:

Será un período presidencial complejo porque es un político hibrido. En ese sentido, no toda su popularidad deviene de admiraciones hacia discursos rimbombantes y a su perfil de hombre fuerte –imagen construida durante la campaña electoral y consolidada en los primeros meses de gobierno–, sino también de los resultados de sus gestiones municipales en Nuevo Cuscatlán y en San Salvador y de una serie de medidas que ha llevado a cabo para proteger a la ciudadanía y a los más desfavorecidos, especialmente, frente al desempleo, a las extralimitaciones empresariales y a la vulnerabilidad que ha ocasionado la pandemia.³³Esas acciones le generan un valor agregado para mantener y alimentar su legitimidad.

Honduras, por su parte, como se puede observar en la Figura 3 registró en 2017 y 2018 los datos más bajos en la preferencia a un gobierno autoritario según las circunstancias y, paradójicamente, también los de la preferencia a la democracia antes que a cualquier otra forma de gobierno desde 2005. Esta indiferencia, probablemente, coincide con la reducida inclusión social y participación política que permite el modelo político y económico. El año 2005, por ejemplo, se caracterizó por la privatización de las telecomunicaciones y la victoria electoral de Manuel Zelaya con el 25,12 % que traía consigo “banderas de cambio” que fueron cortadas con un golpe de Estado en 2009, tras una fuerte conflictividad política en torno a las pretensiones del presidente de modificar la constitución para extender en elecciones su mandato presidencial.

La primera década del siglo XXI estuvo marcada por la instauración de un “Nuevo Modelo Económico” que facilitó la captura del Estado por parte de empresarios, crimen organizado y redes de corrupción. Según Sosa, la conflictividad social en el contexto de la captura del Estado ha significado, entre 2001 y 2017, el asesinato de 68 periodistas y comunicadores sociales, entre 2009 y 2016, el asesinato de 224 personas sexualmente diversas, 123 defensores de la tierra y el medio ambiente y 17 defensores de los derechos humanos sin que la mayoría haya sido judicializada.

En el período 2016-2017 se registraron los datos más altos en el gráfico de la indiferencia. Los datos coinciden con la crisis política de 2015 surgida a raíz de la revelación de una megatrama de corrupción en el corazón del Instituto de Seguridad Social por 304 millones de dólares en un contexto de desempleo y precariedad laboral. Una de las peticiones de las protestas era la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH), que al final fue utilizada por el gobierno en conjunto con Luis Almagro de la Organización de Estados Americanos (OEA) para neutralizar y darle una salida a la crisis sin respetar el espíritu de colaboración autónoma con la fiscalía nacional ni las capacidades de investigación vinculantes de la CICIG en Guatemala. De esa forma, crearon la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) que fracasó rápidamente.

Una vez diluidas las manifestaciones sociales y la indignación generalizada, en 2016 el presidente Hernández, sin consultarle a la ciudadanía y con el apoyo de su partido (Partido Nacional), de Estados Unidos y los militares, presionó a la Corte Suprema de Justicia y al Tribunal Supremo Electoral para que habilitaran su reelección. Ese año fue asesinada Berta Cáceres, defensora del medio ambiente, tras oponerse a un proyecto hidroeléctrico impulsado por la empresa nacional Desarrollos Energéticos (Desa). El hecho conmocionó a la diplomacia internacional y evidenció nuevamente la incrustación de una asociación empresarial-gubernamental-criminal en el Estado hondureño. En diciembre de 2017, se reabrió la crisis instalada en 2015 cuando Hernández³⁴ fue elegido presidente tras un fraude electoral que fue minimizado por sus socios internacionales y adversado por una serie de protestas sociales periódicas que han sido respondidas por las fuerzas policiales y militares con un fuerte carácter represivo y criminalizador.

Los hondureños no terminan de convertir su oposición a los gobiernos autoritarios a la preferencia de la democracia como mejor forma de gobierno; la trasladan, de esa manera, hacia la indiferencia por el desarraigo y la desvinculación con las instituciones democráticas y el Estado por su concentración en intereses ajenos a los del bien común. Cabe resaltar que, desde el golpe, ha crecido un movimiento de resistencia heterogéneo que articula desde los barrios una alternativa cuya estrategia sigue pasando por las urnas.

Tres gráficas sobre el apoyo a la democracia en la región

Como podemos observar en las figuras 4, 5 y 6 a una escala logarítmica, Costa Rica y Nicaragua, en un sentido estrictamente normativo, tienen las actitudes políticas más democráticas. El 70,5 % y el 54,2 % de los encuestados prefiere la democracia sobre cualquier otra forma de gobierno; el 12,75 % y el 21,75 % mantiene una actitud escéptica y únicamente el 10,3 % y el 12,75 % de los encuestados preferiría un gobierno autoritario según las circunstancias. Les siguen relativamente cerca El Salvador y Honduras con el 49,6 % y el 47,55 % en las valoraciones positivas, en las neutrales con el 24,35 % y el 25,5 % y en las negativas con 13,8 % y el 13,35 %. Por último, Guatemala reporta las valoraciones menos democráticas, únicamente el 38,7 % de los encuestados prioriza la democracia, el 24,45 % tiene una actitud neutral y el 21,05 % preferiría el autoritarismo.

Guatemala destaca por estar alejada de la tendencia de las respuestas de los encuestados; eso implica que es el país con menos preferencia por la democracia como forma de gobierno y con mayor preferencia por un gobierno autoritario según las circunstancias. Se debe, posiblemente, a la mutación de las estructuras contrainsurgentes dentro y fuera de las estructuras institucionales, constitucionales y democráticas del Estado y a la permanencia y presencia posguerra del ejército nacional en los asuntos públicos y de las élites económicas en el ciclo de la toma de decisiones políticas.

El Salvador únicamente se aleja de la tendencia en la indiferencia hacia la democracia, lo cual podría respaldar la afirmación de que el escepticismo ha tomado relevancia sobre el resto de las actitudes en los últimos años tras la crisis generalizada del bipartidismo. Nicaragua y Honduras, por su parte, muestran un continuum en la nivelación y equilibrio de actitudes hasta los últimos tres años, lo cual coindice con el reforzamiento y agudización autoritaria de sus gobiernos. Finalmente, Costa Rica se posiciona como el más estable en sus actitudes con un predominio muy marcado en actitudes favorables hacia la democracia debido, básicamente, a que han encontrado en las urnas una forma de responder al momento político.

Análisis de las variaciones en las actitudes políticas hacia la democracia en Centroamérica entre 1996 y 2022

Se aplicaron dos pruebas estadísticas utilizadas para describir y pronosticar series de tiempos para analizar de forma más específica el comportamiento de las actitudes políticas de los centroamericanos hacia la democracia entre 1996 y 2018, así como sus expresiones futuras entre 2019 y 2022.³⁵La prueba de Dickey-Fuller se utiliza para determinar si la serie de tiempo de un conjunto de datos es invariable en el tiempo y la segunda para pronosticar el comportamiento de los datos en función de su variación o prevalencia en el tiempo.

¿Las actitudes políticas de los centroamericanos prevalecen en el tiempo?

La prueba Dickey-Fuller se aplica para identificar si una serie de tiempo es estacionaria o no estacionaria. Si fuese estacionaria, el valor de la raíz unitaria sería menor que uno y significaría que las actitudes políticas son constantes en el tiempo salvo que ocurran variaciones periódicas, las cuales tenderían a ser eliminadas por la propia lógica de su comportamiento, ya que siempre regresa sobre sí misma. Mientras, que, si fuese no estacionaria, su valor sería igual a 1 y significaría que las actitudes políticas varían en el tiempo según los acontecimientos periódicos que la definen.

A continuación, en las tablas 1, 2 y 3 se presentan los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la Prueba Dickey-Fuller a los tres ítems analizados en este artículo:

Los resultados de la raíz unitaria de los tres ítems están cercanos a 1, lo cual indica que el comportamiento de las actitudes políticas varía, aunque leventemente, según los acontecimientos del momento político, pero que sus modificaciones mayores dependen de la construcción histórica. Como se puede observar en las tablas, la indiferencia hacia la democracia es la actitud que más prevalece en el tiempo; la preferencia sobre cualquier otra forma de gobierno es la que más dependería de las circunstancias que atraviesa la sociedad. Es interesante puesto que revela que el valor neutral tiende a estar más arraigado en la cultura política que el valor positivo, lo cual implica que la desilusión hacia la democracia y el sistema político tiene un mayor potencial para definir las actitudes políticas de las sociedades a largo plazo.

Las actitudes políticas de los centroamericanos en un ambiente de regresión autoritaria

A continuación, se presentan los pronósticos de las actitudes políticas hacia la democracia para 2019, 2020, 2021 y 2022 obtenidos a partir de la aplicación de la herramienta de previsión de Excel con base en el histórico de respuestas y partiendo desde las actitudes que se registraron en 2018. Dichos pronósticos se realizaron utilizando los principios del modelo autorregresivo de orden 1 debido a que la raíz unitaria es muy cercana a 1, por lo cual se ajustaba mejor a la intención de pronosticar una serie de tiempo que está caracterizada por un “equilibrio dinámico” y por un regreso lento hacia la media de los datos que se evidencia en la leve variación periódica de las actitudes políticas. Esa fue la razón para implementar un AR (1), regresando un solo dato y avanzando cuatro hacia adelante en el tiempo.

El análisis de las proyecciones obtenidas se realiza bajo tres suposiciones iniciales. La primera es el grado de incidencia de los mecanismos de regresión autoritaria y los procesos de desdemocratización en la cultura política y en el sistema político de cada país; la segunda es la herencia cultural de la lucha por la democracia y la conservación de sus instituciones, así como la acción colectiva de la ciudadanía y de los movimientos sociales frente a las derivas autoritarias y la restitución de la estabilidad; la tercera es la influencia de la desilusión y las expectativas incumplidas en la neutralización del apoyo a la democracia y la desmovilización de los actores para el cambio político.

Además, se agrega una cuarta suposición complementaria relacionada con el posible desenlace en la gestión de la pandemia por la COVID-19, dado que el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales estima que se perderían hasta 1.9 millones de empleos y se registraría una contracción económica alrededor del 4.0%; pero, sobre todo, porque ha revelado desde las falencias estructurales de las instituciones públicas hasta los rasgos de cultura política institucionalizados en los Estados centroamericanos que podrían repercutir también en las actitudes políticas de sus ciudadanos y en la emergencia de liderazgos autoritarios o estallidos sociales ante la desesperación de las crisis de dimensiones sociales, políticas y económicas que podría generar. En definitiva, el supuesto parte de que la gestión de la pandemia y sus efectos influirán en alguna medida en la cultura y los sistemas políticos centroamericanos.³⁶

Según los pronósticos que se presentan en la Figura 7, Costa Rica registraría un comportamiento constante hacia la baja y en 2022 alcanzaría la segunda más significativa respecto a su confianza hacia la democracia desde 1996. El extremo se desarrollaría si el gobierno de Carlos Alvarado y Epsy Campbell no lograra responder a la insatisfacción social que impuso el viejo bipartidismo, lo cual estaba sucediendo antes de la pandemia. Según los datos del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, en noviembre de 2019 el 59 % de los encuestados lo desaprobaban y únicamente el 22 % lo aprobaban.

Después se registraría un giro en la satisfacción con el gobierno por los avances en ampliación de derechos como la aprobación el matrimonio entre personas del mismo sexo y el reconocimiento constitucional del agua como derecho humano, así como la buena gestión en la prevención, contención y respuesta a la COVID-19, lo cual podría repercutir en el sentido contrario a la proyección y lograr estabilizar o recuperar sus valoraciones favorables hacia la democracia.

Lo anterior se debe, principalmente, a que el gobierno en el que confiaron como alternativa a la propuesta fundamentalista y ultraconservadora respondería a las expectativas de la población. La encuesta del CIEP refrenda lo anterior: hasta abril de 2020, el 65 % de la población tenía una opinión positiva sobre la gestión Alvarado-Campbell, el 93 % confiaba en el manejo de la emergencia sanitaria y el 70 % consideraba que las medidas económicas de respuesta han sido buenas o muy buenas. Cabe resaltar que el dato de popularidad presidencial es el más alto desde 1995 y un importante espiro a su gestión.

El Salvador tendría una leve recuperación y se podría acercar a los datos que tenían antes de la crisis del bipartidismo dependiendo del desenlace del gobierno de Nayib Bukele como acaparador de la legitimidad ciudadana. Como se mencionó en el apartado del análisis, El Salvador es un caso complejo porque abre con bastantes posibilidades los tres escenarios de las actitudes políticas.

Por un lado, su programa social y económico podría tener efectos de recuperación en las valoraciones positivas hacia la democracia en un sentido de cumplimiento de las expectativas generadas como alternativa a la corrupción y “a lo de siempre” que encarnaban el FMLN y ARENA; o bien, sus características populistas más allá de la efectividad y de la eficiencia de sus políticas podrían incidir en una noción social de que las cosas públicas van para mejor, aunado a una menor confrontación con el resto de los organismos del Estado que incentive a los salvadoreños a revalidar el sistema político y la importancia de las salidas institucionales a las crisis.

Por otro lado, sus derivas caudillezcas y autoritarias como los intentos de neutralizar al organismo judicial y de construir a la Asamblea Legislativa como el enemigo interno, como el actor que se opone a los cambios en beneficio de la sociedad, podrían expandirse en los ciudadanos, quienes podrían terminar avalándolas y respaldándolas; o bien, un giro hacia la política tradicional y a pactar por “gobernabilidad” podría traducirse en rechazo o indiferencia hacia la democracia, en caso de que la fuerza de la restauración lograra absorber un líder político que ha demostrado su habilidades marcando los tiempos y adaptándose a las circunstancias.

Como se puede apreciar, son escenarios muy abiertos que crean un panorama de incertidumbre por al comportamiento elástico del presidente y la amplia aceptación que genera, acuerpado especialmente en las últimas semanas por su lucha contra las pandillas y la pandemia. Ese apoyo deja entrever las valoraciones contradictorias de los salvadoreños, en las que respaldan de manera simultánea medidas autoritarias y democráticas. La aceptación y capacidad de influir en las valoraciones de la ciudadanía se esbozan de mejor manera con los datos: para febrero de 2020, LPG-Datos reportó que el 85,9 % de los salvadoreños aprobaba el trabajo de los primeros 9 meses de gestión de Bukele, el más alto desde 2004.

En mayo del mismo año, el Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco de Gavidia, en una encuesta sobre la emergencia sanitaria, reveló que el 49,35 % de los encuestados confía mucho en las autoridades gubernamentales, el 41,14 % confía algo y su nota promedio otorgada fue de 8,7 de 10. No obstante, identificó que el 50 % de la población que apoya a Bukele le ha entregado su confianza más allá del espíritu y los componentes de sus acciones. Este dato es un indicio claro de la posible asimilación de prácticas caudillezcas y antidemocráticas en las actitudes políticas de los salvadoreños, así como el carácter de incuestionabilidad que podría asumir el presidente.

Guatemala no recuperaría la confianza hacia la democracia en los próximos cuatro años, lo que formaría un continuum con las puntuaciones más bajas desde 2007 con la sensación generalizada de la violencia urbana. A pesar de que lo autoritario ha sido una constante en el país como un elemento de socialización y dominación, el ambiente de regresión autoritaria como amenaza de convertirse en una forma de gobierno se volvió a instalar en septiembre de 2018 cuando el presidente Morales, con la cúpula militar detrás y no con su gabinete de gobierno, anunció que no renovarían la CICIG e impidió el retorno al país de su comisionado Iván Velásquez.

A partir de ahí, la hostilidad se agudizó en medio de una delgada línea de obediencia y desobediencia de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y de las amenazas de destituir al Procurador de los Derechos Humanos y a los tres magistrados disidentes de la máxima Corte. Este ambiente no se detuvo con la elección del presidente Alejandro Giammattei en agosto de 2019 ni con la pandemia en marzo de 2020. Durante la campaña y los primeros tres meses de gobierno,³⁷ el candidato, ahora presidente, asociado a ejecuciones extrajudiciales y viejos grupos militares buscó votos en el mundo conservador, lo cual lo llevó a enviar mensajes a favor de la familia tradicional y, de manera expansiva, hacía discursos autoritarios de reducción de derechos.

El reforzamiento del ambiente de regresión autoritaria no quedó ahí. Durante los primeros dos meses de gobierno, Giammattei intentó impulsar una ley para catalogar a las pandillas como terroristas, lo cual tendía a la criminalización de los vecinos de barrios populares y a la generalización de una estrategia de guerra contra la criminalidad; impuso, amparado en una ley contrainsurgente que data de 1965, una serie de estados de prevención para limitar el ejercicio de libertades y derechos bajo la excusa de combatir la delincuencia. Durante el cuarto y quinto mes, en medio de la pandemia, Giammattei ha gestionado la emergencia como si estuviese frente a un golpe de Estado o a una situación de excepcionalidad autoritaria, lo que lo ha llevado a apelar a la censura periodística, a declarar que ha identificado personas que “incitan” a la sedición y a denunciar que hay sectores políticos que promueven un golpe de Estado.

Tras lo descrito anteriormente, la continuidad de las valoraciones negativas hacia la democracia probablemente podría estar conectada a la decisión de las élites de bloquear la solución institucional a la crisis en las urnas en las elecciones de 2019 y agravada por la ausencia de capacidades institucionales en materia de protección y seguridad social para responder a la crisis económica que generará la pandemia. Eso podría ser considerado por la población un legado más profundo de la cooptación del Estado, así como por la normalización de la introducción de mecanismos autoritarios en el proceso gubernamental. Será un espacio cultural abierto en el que entrarán en conflicto las distintas valoraciones hacia la democracia.

Honduras alcanzaría en 2019 la mejor puntuación respecto a su preferencia por la democracia desde 2010; sin embargo, sería un proceso corto e instable porque en 2022 llegaría a alcanzar su dato más bajo desde 1996. El resultado final dependerá seguramente en buena medida de la capacidad de los actores sociales y políticos, así como de sus socios internacionales de trazar una salida democrática a la crisis política y al autoritarismo competitivo que se está agravando tras el golpe de Estado y el fraude electoral.

El panorama de fricción entre las valoraciones hacia la democracia y en la disputa por tomar la dirección del país muy probablemente estará influido por la situación pospandemia en virtud de los indicios de fundamentalismo en la estrecha relación entre Honduras e Israel que confrontaría intereses y visiones del mundo contrarias. También se deben considerar los efectos que tendrían que gestionar la contención y la respuesta a la emergencia desde la corrupción sistémica, la caída de aproximadamente del 14 % de las remesas –que representan el 20 % del PIB– y por un creciente malestar social, especialmente, por parte de los trabajadores de la salud ante la ineficiencia gubernamental. Eso podría traducirse en un drama social por la cantidad de fallecimientos que podrían registrarse y, en términos políticos, en una articulación más amplia contra el régimen de Hernández que integraría a sectores que, hasta el momento, había optado por la indiferencia o el aislamiento respecto a la conflictividad política en Honduras.

Finalmente, Nicaragua, desde el repunte de 2018, estabilizaría su actitud favorable a la democracia entre 2019 y 2022, pero no alcanzaría los mejores datos de su histórico de respuestas. Esto se explicaría en la resistencia al autoritarismo del clan Ortega-Murillo, cuya ampliación y consistencia podría refrendar la importancia de lo subyacente a los valores democráticos. Es más difícil advertir los desenlaces de la conducción del Estado en Nicaragua a partir de la conflictividad social y la pandemia por la opacidad, las versiones contradictorias de la oposición y el oficialismo y el alto control de la información que mantiene el clan en el poder; sin embargo, al ser el segundo país que más valora la democracia en la región, se podría partir del principio de prevalencia y prever un fortalecimiento de la noción de protección del ideario democrático ante la represión y el recorte de libertades y derechos como legado de las largas jornadas antidictatoriales.

Tras una caída generalizada de la preferencia por los gobiernos autoritarios en la región entre 2015 y 2018,³⁸ como se puede observar en la Figura 8, los cincos países registrarían una subida relativamente menor en 2019, pero que tendería a estabilizarse entre 2020 y 2022. Es decir, se formaría un espacio político que podría generar las condiciones propicias para aumentar de forma imprevista una mayor simpatía por este tipo de gobierno.

Como se puede observar en la Figura 9, la indiferencia hacia la democracia también registraría un aumento relativo³⁹ que podría estabilizarse entre 2019 y 2022 tras un comportamiento históricamente variable. Sin embargo, cabe resaltar que este espacio de actitudes es un híbrido que sirve de semillero o de retroalimentación a las primeras dos actitudes presentadas. Es decir, tanto la afinidad democrática como la autoritaria se nutren en cualquier lapso por las personas que en algún momento han gravitado por la indiferencia.

Discusión de los resultados

Se ha sostenido a lo largo del artículo que las variaciones de las actitudes hacia la democracia han sido construidas y modificadas a partir de las circunstancias sociales, políticas y económicas del momento. Las pruebas de Dickey-Fuller refuerzan parcialmente lo anterior, ya que los resultados indican que no hay una asociación perfecta entre el transcurso del tiempo y las actitudes políticas o, en otras palabras, los resultados no indican que las actitudes varíen radicalmente dependiendo del período en el que se inscriben, pero tampoco que se mantienen indisolubles en el tiempo. No obstante, que estén por debajo de la raíz unitaria indica la probabilidad de que las actitudes de un conjunto de ciudadanos no se modifiquen independientemente de las circunstancias que atraviesa la sociedad debido a que están enraizadas en la cultura política. Eso forma, incluso, parte de su sentido común, que pudo haber sido marcado por una época específica de la historia política o por una procedencia o experiencia socioeconómica en concreto.

Sin embargo, el hecho de que haya variaciones notorias, una especie de equilibrio dinámico, se debe a una disonancia entre la cultura política y el sistema institucional que genera inestabilidad crónica. Sus expresiones⁴⁰influyen, a su vez, en la modificación circunstancial y en la volatilidad de las actitudes políticas de los centroamericanos. Es decir, los escándalos de corrupción, el resultado de la gestión de un problema mediático o el impacto resolutivo de una crisis influyen de manera moderada en las valoraciones positivas, indiferentes o negativas hacia la democracia; no obstante, el hecho periódico como tal no es suficiente para la modificación completa de la actitud asumida debido a su comportamiento constante, a la asociación estacionaria entre el tiempo y las actitudes políticas.

En ese sentido, los resultados de la raíz unitaria permiten reflexionar sobre las siguientes preguntas: ¿qué tiene en común el conjunto de ciudadanos que modifica o conserva sus actitudes hacia la democracia? ¿La condición socioeconómica? ¿La procedencia territorial? ¿La pertenencia étnica-cultural? ¿La ideología política? Son preguntas fundamentales cuyas respuestas pueden lograr intervenciones públicas con resultados que permanezcan en el tiempo para enfrentar la crisis generalizada de la democracia, la captura del Estado, la desigualdad y la ausencia de certezas en Centroamérica.

Además, dado que hay actitudes relativamente homogéneas en cuanto a su postura democrática, neutral o autoritaria, y que en las valoraciones y las prácticas políticas aún persisten rasgos autoritarios y caudillezcos como el clientelismo, la política de los hombres fuertes y la influencia fundamentalista religiosa, la pregunta dentro de este campo de estudio no es tanto qué ocurrirá con los sistemas políticos porque se convierte en una cuestión de segundo orden. Más bien, la pregunta es qué sucederán con las valoraciones positivas hacia la democracia si los autoritarismos se estabilizan en Nicaragua y Honduras y alcanzan a El Salvador y Guatemala. Pues también es cierto que una parte de la oposición a los regímenes políticos centroamericanos responde más a una posición política que a una convicción cultural. En otras palabras, es una oposición a los actores políticos que están al frente del régimen más que a la deriva autoritaria en sí misma.

He ahí la importancia del legado de la lucha por la democracia en la cultura política porque es lo que ha permitido a grosso modo la persistencia de las valoraciones positivas hacia el régimen democrático sobre cualquier otra forma de gobierno, a pesar de las constantes inestabilidades y de las crisis cíclicas en la región; dado que en las series de tiempo se puede observar que en momentos de estabilidad de los sistemas políticos, las actitudes tienden a ser estacionarias, posiblemente por la adhesión de los valores democráticos al funcionamiento mínimo de las instituciones públicas. No obstante, hay suficientes indicios para suponer el avance de la regresión autoritaria en escenarios sociales golpeados por los efectos empobrecedores de las políticas económicas, en los que será evidente, porque tiende a olvidarse, que la cultura política democrática no solo tiene ver con el apoyo a la democracia.

En cuanto a los pronósticos elaborados con la herramienta de previsión de Excel con base en los principios del modelo autorregresivo de orden 1, se les debe valorar como un mapa general con potencial de advertir el comportamiento que podrían tomar las actitudes políticas de los ciudadanos hacia la democracia en la región. Sin embargo, cabe señalar que, a pesar de ser un proceso estacionario, los pronósticos pueden variar significativamente; pues se parte de la premisa de que son las circunstancias coyunturales construidas históricamente y no las secuencias temporales devenidas de procesos de asimilación de esas circunstancias las que influyen en la mayor parte de la actitud final que asumen las personas.

Ahí radica la naturalización y la normalización de visiones de organización de la sociedad y del poder⁴¹ que se han enraizado en la cultura política de los centroamericanos sin ningún proceso contrahegemónico exitoso; por lo tanto, pueden tender a la estacionariedad estadística y a la secuencia temporal sociológica. Esa disputa por mantener el sentido común y la visión del mundo del período autoritario que estaban inmersos en un orden social estructurado por medio del miedo provocaría sendos esfuerzos en la región por detener la difusión de la memoria histórica, el avance de los derechos humanos y la democratización de la política y la economía. Esos son algunos de los procesos contrademocráticos en democracia que terminarían impidiendo la formación de una cultura cívica o, en términos posmodernos, de una cultura política democrática.

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