Introducción

Al finalizar la Guerra Civil de 1948, durante dieciocho meses gobernó la Junta Fundadora de la Segunda República, José Figueres Ferrer era su presidente. Precisamente durante este período se presentó uno de los más importantes picos de violencia de la posguerra: la incursión al territorio costarricense de fuerzas armadas provenientes de Nicaragua el 10 de diciembre de 1948. La acción fue llevada a cabo por un sector de los vencidos de la guerra, principalmente calderonistas, quienes estaban en el exilio. Su objetivo era, mediante la violencia, revertir los resultados del conflicto armado y regresar al poder político que habían ostentado desde 1940 cuando Rafael Ángel Calderón Guardia ganó las elecciones presidenciales.

Este enfrentamiento armado ha sido poco estudiado,¹ por lo que el propósito de este artículo es analizar el desarrollo de la invasión de 1948 en sus dimensiones de conflicto nacional y de conflicto transnacional; se considera quiénes participaron o estuvieron involucrados y se intenta rastrear la presencia de mujeres en la dinámica política, así como su desarrollo y las repercusiones que tuvo a nivel político y social en Costa Rica y en Centroamérica. Para lograr lo anterior, se consultaron documentos del Archivo Nacional de Costa Rica (ANCR), específicamente de los fondos del Misterio de Relaciones Exteriores (MRE), la Oficina Administradora de la Propiedad Intervenida (OFAPI) y el Archivo Judicial (AJ), además de documentos de la Central Intelligence Agency de los Estados Unidos (CIA), documentos de los Archivos Nacionales de los Estados Unidos² y prensa costarricense de la época, principalmente La Nación y La Hora.

La violencia política durante la posguerra costarricense y específicamente la invasión de 1948 no se debe entender como un episodio excepcional en la historia de Costa Rica o como un conflicto político interno y aislado del acontecer histórico de la región, sino como parte de un proceso que se había desarrollándose desde la década de 1940. El uso de violencia en el ámbito político se volvió frecuente y legítimo para quienes lo ejercían; asimismo, el contexto de la Guerra Fría afectó a la región y generó una mayor complejidad en las relaciones políticas de sus países. Además, el mes de diciembre de 1948, en el cual se dio la invasión, debe considerarse particularmente convulso, pues el 1 de diciembre se había efectuado el acto oficial de abolición del ejército, el 8 de diciembre se llevaron a cabo las elecciones de la Asamblea Constituyente y, tan solo dos días después, las fuerzas armadas opositoras al gobierno de la Junta ingresaron por la frontera norte y ocuparon la provincia de Guanacaste.

Rumores de una invasión

Desde que la Junta inició el gobierno de facto, los rumores de una posible incursión de fuerzas armadas provenientes de Nicaragua al territorio costarricense –o como era llamada por algunos sectores, la contrarrevolución– empezaron a circular y generaron que el gobierno de Costa Rica tomara medidas de seguridad que incrementaron la persecución de la oposición. Al respecto, el embajador de Gran Bretaña dirigió un telegrama a Mr. Sullivan:

Efectivamente, la Junta acordó el 19 de junio de 1948, mediante el decreto-ley #68, suspender las garantías individuales por primera vez después de la guerra civil. Para este embajador la amenaza de una invasión era utilizada para justificar las acciones represivas de la Junta:

Además, el telegrama mencionó que, gracias a la información dada por el embajador estadounidense, se conocía con certeza que Calderón estaba buscando el apoyo de Somoza, pero que:

Probablemente, la amenaza de invasión fue lo que motivó a Figueres a modernizar el armamento de Costa Rica, como mencionó el embajador de Gran Bretaña en junio de 1948:

De igual manera, en Centroamérica corrían los rumores sobre la probabilidad de que explotara un conflicto armado en Costa Rica, en una carta del 28 de junio de 1948 de Álvaro R. Facio, Encargado de Negocios de Costa Rica en Honduras, dirigida a Benjamín Odio, Ministro de Relaciones Exteriores; la carta narraba haber sido registrado minuciosamente en el aeropuerto de Honduras, situación que aseguró haber comunicado a la Cancillería y tuvo por respuesta que:

Un mes después, otro telegrama dirigido a Mr. Sullivan contenía información sobre el descubrimiento realizado por el gobierno de Costa Rica de un complot contrarrevolucionario de calderonistas y comunistas que pretendían bombardear San José y otras ciudades el 28 de junio de 1948. Además, se señalaba que alrededor de cuarenta personas habían sido detenidas por los militares o la policía (Public Record Office, AN2370). En julio de 1948 en La Nación se aseguró que el Secretario General de la Junta les había suministrado informes alarmantes sobre movimientos que los enemigos realizaban en suelo extranjero con el propósito de derrocar el régimen que imperaba:

Los rumores de invasión activaron las labores de espionaje en la Oficina de Investigación del Departamento de Inteligencia; por ejemplo, en la prensa se informó que funcionarios de esa oficina habían “caído” sobre una casa de habitación en los alrededores de la capital “cogiendo infraganti” al grupo de personas que confeccionaban boletines poligrafiados considerados propaganda. Entre las personas detenidas figuraban algunas mujeres que fueron llevadas al Buen Pastor (La Nación, 12 de agosto de 1948). Como se explicará más adelante, las mujeres tuvieron participación dentro de la oposición y en el movimiento invasor encabezado por Calderón Guardia, así como en las actividades que el gobierno de la Junta organizó en respuesta a la emergencia.

El momento en que se llevaría a cabo la invasión generó mucha especulación; en un documento de la CIA que mantiene censurado el emisor, se menciona que Betulio Blanco, exsecretario de Calderón, había reportado el 18 de octubre de 1948, se desconoce a quién, que Calderón aconsejaba que tan pronto como el clima cambiara y terminara la estación lluviosa, a mediados del mes de noviembre, iniciaría la contrarrevolución desde Nicaragua. Además, se mencionaba a Fernando Castro Cervantes como líder de las fuerzas de Calderón en Costa Rica:

Los movimientos de los hermanos Rafael Ángel y Francisco Calderón Guardia fueron de interés para la inteligencia estadounidense, como consta en un documento de la CIA que informa que ambos habían llegado a El Salvador desde Nicaragua el 5 de diciembre de 1948 y regresaron a Nicaragua el 7 de diciembre. Se señala como propósito de su viaje el reclutamiento de migrantes costarricenses y hombres del ejército salvadoreño para que formaran parte del movimiento que se organizaba en contra de Figueres. Sin embargo, este documento asegura al final que “se cree que su misión no será exitosa” (CIA, RDP82-00457R002100620007-7).

Por otra parte, había un sector que consideraba que existían planes de entorpecer las elecciones de la Asamblea Constituyente del 8 de diciembre de 1948. En el periódico La Hora se informó que el embajador en México, Emiliano Valverde Vega, afirmaba: “Parece que tratan de fomentar clima favorable para emprender la invasión del territorio nacional e impedir a todo trance las elecciones de la Asamblea Constituyente” (La Hora, 9 de diciembre de 1948, 4). De igual forma, Oscar Castro Vega (2005), quien fue secretario de actas de la Asamblea Constituyente, planteó:

Las elecciones generaron un clima de tensión. Los comunistas costarricenses que no pudieron inscribir un partido político decidieron apoyar a los candidatos del Partido Constitucional. En un documento del Foreign Service de los Estados Unidos hay una copia de una hoja firmada por Oscar Vargas, aparentemente seudónimo de Arnoldo Ferrero, donde se denuncia que Ulate había amenazado a los candidatos del Partido Constitucional de la siguiente manera: “De ser internados EN CAMPOS DE CONCENTRACIÓN en caso de que estallara una guerra entre los Estados Unidos y Rusia” (Department of State y CIA-RDP82-00457R002700440001-7). Lo cierto es que las fuerzas armadas opositoras que se organizaban en Nicaragua no boicotearon las elecciones.

Al ser las primeras elecciones luego de la guerra de 1948, estuvieron cargadas de elementos simbólicos que tenían por propósito legitimar el gobierno de la Junta. En La Nación se publicó un comunicado de Figueres que decía:

La figura de León Cortés ya había sido utilizada por la Junta como elemento legitimador. Desde el mismo día en que tomó el poder, oficiales del Ejército de Liberación Nacional llevaron una ofrenda floral a su tumba y días después la prensa comunicó que su retrato había sido colocado de nuevo en la Casa Presidencial. De este escenario que antecede a la invasión se puede deducir que existía un ambiente nacional de tensión e incertidumbre ante la amenaza de un nuevo enfrentamiento armado; además, los rumores de invasión circularon fuera del territorio costarricense y fueron motivo de comunicados de diplomáticos. El gobierno de la Junta en su intento por evitar la invasión recurrió a la persecución y represión de sus enemigos políticos que creó el escenario propicio para que el sector calderonista justificara el uso de la violencia.

La dimensión nacional

El 10 de diciembre de 1948 inició la invasión al territorio costarricense; al día siguiente la prensa costarricense publicó en primera plana el ingreso a Costa Rica de un grupo armado proveniente de Nicaragua. Las fuerzas armadas invasoras ocuparon el poblado de La Cruz, ubicado aproximadamente a quince kilómetros de la frontera con Nicaragua. Al momento del conflicto, el lugar estaba habitado por algunos centenares de personas, contaba con algunos comercios, una estación radiotelegráfica y un campo de aviación (La Nación, 12 de diciembre de 1948, 12). La Cruz era un sitio estratégico por su cercanía con Nicaragua y su conexión con Liberia, que eventualmente sería la ruta de acceso a la capital de Costa Rica. Sin embargo, las fuerzas invasoras no avanzaron más allá de Santa Rosa.

Por tratarse de un poblado rural, en La Cruz había poca presencia policial, lo que facilitó la tarea de los invasores. Además, en la prensa se señaló la aparición de otras manifestaciones de violencia el mismo día en la capital del país:

Sobre la cantidad de personas que formaron las fuerzas armadas que ingresaron a Costa Rica no se conocen cifras exactas. En una carta de Enrique V. Corominas, presidente del Consejo de la OEA, dirigida al presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se hace referencia a otra carta de Mario Esquivel, embajador de Costa Rica, en la que este último afirma: “Una primera apreciación de los contingentes armados, estimaba que ellos estaban compuestos de unos ochocientos hombres equipados con armamento moderno y pertenecientes a varias nacionalidades” (ANCR, MRE, 27001, s. f.). Sobre quiénes eran los invasores, la prensa utilizó calificativos como “caldero-comunistas”, “nicaragüenses”, “aventureros internacionales”, “malos costarricenses”, “exiliados voluntarios”, entre otros.

Para Eduardo González Calleja (81) la representación de los invasores como una amenaza a la estabilidad política del país legitima su muerte. En este sentido, en un discurso de Benjamín Odio, ministro de Relaciones Exteriores de la Junta, se justificaba la violencia hacia los invasores:

Para contrarrestar a los invasores, la Junta emitió comunicados oficiales haciendo un llamado a la ciudadanía a enlistarse en las fuerzas voluntarias, ya que oficialmente el país no tenía ejército:

Como se menciona en la cita anterior, hubo una importante participación de exmiembros del Ejército de Liberación Nacional. En un comunicado oficial se informa: “La misma organización militar que hizo posible el buen éxito de la Revolución Libertadora, se apresta ahora a dirigir esta nueva jornada patriótica” (La Nación, 15 de diciembre de 1948, 8). También se destacó la participación de decenas de estudiantes y profesores universitarios:

La invasión fue llamada por la Junta “La guerra de consolidación”, haciendo referencia a que sería el último conflicto bélico vinculado a la guerra civil de 1948:

La incursión de las fuerzas armadas opositoras al gobierno de la Junta condujo a que este implementara medidas para contener el avance de los invasores y, a la vez, evitar brotes de violencia en otros lugares del país. Mantener la calma y evitar el pánico en la población fueron elementos fundamentales en los discursos del gobierno. A nivel legal, el 11 de diciembre de 1948, mediante la creación de un decreto, se suspendieron por segunda vez las Garantías Individuales por un período de treinta días. La justificación fue que “el territorio nacional ha sido invadido por fuerzas mercenarias entre las cuales cuentan los malos costarricenses, que desde hace algún tiempo vienen preparando desde el exterior un movimiento de muerte” (Colección de Leyes y Decretos, 1948).

Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), dirigido por Edgar Cardona, estableció un toque de queda a partir de las diez de la noche en la capital del país y en todas las cabeceras de provincia y se suspendió el derecho de Habeas Corpus. También se estableció la censura de los órganos de prensa y de las estaciones de radio; para fiscalizar el cumplimiento de esta medida se creó una oficina instalada en la Casa Presidencial (Salazar Mora 154). De esta forma, todo boletín informativo debía tener el visto bueno de esa oficina, lo cual hacía de los periódicos una fuente de información oficial.

Para Jaques Derridá (139), “la debilidad del Estado reclama la ‘pacificación intra-estatal’”. Precisamente, la invasión de diciembre de 1948 es un desborde de violencia de un grupo opositor de calderonistas con apoyo de extranjeros, que desconoce al gobierno de la Junta. Por su parte, este último recurre a la creación de legislación represiva en su intento por contener no solo a los invasores que ingresaban por la frontera norte, sino también a sus enemigos internos aun cuando no estuvieran vinculados al movimiento armado, como fue el caso de los comunistas. De esta forma, el gobierno de facto de la Junta utilizó la invasión para legitimar el uso de la violencia contra sus opositores.

Enfrentamientos armados

La invasión estuvo conformada por cinco acciones militares o enfrentamientos armados que se desarrollaron en diferentes lugares de la provincia de Guanacaste. El primer encuentro se efectuó en Potrerillos, un poblado de La Cruz; el segundo se llevó a cabo en Santa Rosa; las siguientes acciones militares se dieron en la Bahía de Santa Elena, en Cuajiniquil, en Murciélago y, el último enfrentamiento, en Puerto Soley. En el primer enfrentamiento, la prensa informó que los invasores habían asesinado al telegrafista y al hijo del subinspector de Hacienda (La Nación, 21 de diciembre de 1948, 14). Cuando el gobierno se enteró de la acción militar, emitió un comunicado a la comunidad diciendo lo siguiente:

De este primer enfrentamiento salieron victoriosas las fuerzas armadas del gobierno de Costa Rica. Se informó de la captura de 38 personas armadas, entre ellas guardias nacionales nicaragüenses, y se aseguró que los invasores estaban al mando de Pedro José Ordóñez, quien al ser capturado declaró que las armas las había recibido de Luis Somoza (La Nación, 16 de diciembre de 1948, 6).

Con el avance de las fuerzas armadas invasoras, el 16 de diciembre Santa Rosa se convirtió en el escenario del segundo enfrentamiento. En La Nación se publicó una noticia titulada “Santa Rosa, la histórica y gloriosa plaza del 56, vio la Segunda Victoria de La Guerra de Consolidación” (La Nación, 18 de diciembre de 1948, 8). Sobre la población de Cuajiniquil se informó que fue asaltada, saqueada e incendiado por los invasores (La Hora, 19 de diciembre de 1948, 4). Por su parte, en Murciélago en la Bahía de Santa Elena, se registraron combates y se aseguró que las tropas opositoras eran dirigidas por el nicaragüense José Mojica, quien se había naturalizado costarricense. En este enfrentamiento ocurrió el asesinato de los seis miembros voluntarios de la Cruz Roja, caso que será analizado más adelante.

De manera simultánea a las acciones ocurridas en la provincia de Guanacaste, se generaron brotes de violencia en San José, Guápiles, Sarapiquí y Siquirres. El 12 de diciembre un grupo armado aparentemente vinculado con los invasores atacó el resguardo fiscal de Guápiles. Por otra parte, en San Miguel de Sarapiquí hubo una batalla en la que, según informes oficiales, las fuerzas gubernamentales se vieron obligadas a pedir refuerzos (La Hora, 21 de diciembre de 1948, 8 y La Nación, 21 de diciembre de 1948, 14). Lamentablemente, los detalles sobre el enfrentamiento en Sarapiquí no fueron publicados en la prensa. No obstante, las manifestaciones de violencia que se dieron en zonas alejadas de la capital fueron descritas por Julián Weston de la siguiente forma:

Las muertes de comunistas que señala Weston no pudieron ser verificadas y la información sobre los brotes de violencia en la región caribeña es escasa, lo cual limita solo a su mención en la prensa. Ante las manifestaciones de violencia, la Junta ordenó que se empezaran a practicar las detenciones “preventivas”; es decir, se apresaron reconocidos líderes políticos, mayormente comunistas, para evitar posibles alzamientos en la capital o en las cabeceras de provincia, pues se consideró que al tenerlos aislados se destruían las redes que pudieran tener los invasores con otros opositores que permanecían dentro de Costa Rica. Por ejemplo, se informó lo siguiente:

Las labores de inteligencia del gobierno de la Junta y las posteriores detenciones “preventivas” tuvieron como resultado la desarticulación de agrupaciones de mujeres dedicadas a la elaboración, impresión y distribución de boletines considerados subversivos por el gobierno. La prensa informó sobre el decomiso de propaganda prohibida y la detención de mujeres en las provincias de Cartago, San José y Alajuela. En el caso de la primera provincia se dijo:

Sobre las detenciones en San José se informó que algunas de las mujeres vinculadas con los actos subversivos eran maestras y se les acusó de aprovechar su posición para influir en los estudiantes y utilizarlos para crear redes de circulación de boletines:

Entre las medidas utilizadas para contener a la oposición, se realizaron intervenciones en viviendas, patrullajes y retenes en las carreteras. Por ejemplo, en Alajuela la policía detuvo un autobús en que viajaba una mujer que cargaba propaganda considerada subversiva y fue provisionalmente detenida (La Nación, 19 de diciembre de 1948, 13). Mientras, en San José, la policía ingresó a una vivienda en la que detuvieron a “varias” mujeres:

Como se mencionó, en agosto de 1948, previo a la invasión, ya se había recluido a un grupo de mujeres en el Buen Pastor. Sobre la filiación política de estas mujeres se aseguró que eran calderonistas; sin embargo, es probable que también estuvieran operando agrupaciones de mujeres comunistas –aunque con propósitos distintos–, pues estas últimas, si bien eran parte de la oposición, no apoyaron la invasión de 1948.

Con los casos citados se pretende mostrar la participación que tuvieron las mujeres en la oposición al gobierno de la Junta, en labores de inteligencia e, incluso, pudiendo haber participado de la organización de una emboscada a los gobiernistas, como se verá más adelante. Las mujeres que colaboraron con el gobierno costarricense se dedicaron a actividades que reproducían los roles tradicionales adjudicados a las mujeres en los procesos de violencia política y en enfrentamientos armados, tales como las tareas de alimentación, cuidado de enfermos o heridos y las labores de secretariado.

El 22 de diciembre de 1948 un documento de la CIA informó sobre la preparación de un ataque a gran escala a Costa Rica que se realizaría en los días próximos (CIA-RDP82-00457R002200170009-4). Posiblemente hacía referencia al último enfrentamiento vinculado con la invasión que se llevó a cabo el 25 de diciembre en Puerto Soley, en Guanacaste. En la prensa se describió como una emboscada de los invasores a los combatientes del gobierno, aparentemente con la ayuda de dos mujeres, como se describe a continuación:

Se asegura que fueron esas dos mujeres quienes avisaron a los invasores para que realizaran la emboscada justo cuando las fuerzas armadas del gobierno estaban distraídas comiendo. El ataque sorpresa dejó a los gobiernistas sin posibilidades de defenderse militarmente, pues estaban desarmados. Algunos huyeron hacia el Murciélago y otros, ante la desesperación, optaron por protegerse en el mar al amparo de la oscuridad. Sobre este enfrentamiento, en una carta de Mario Esquivel, embajador de Costa Rica para Enrique Corominas, presidente del Consejo de la OEA, se describe:

Ante la emboscada a Puerto Soley, Figueres dio un discurso en el que señaló que existían tres motivos que volvían más indigno el ataque:

El rol que desempeñó la Organización de Estados Americanos (OEA) en el conflicto es estudiado más adelante. En un editorial de La Nación, con un discurso religioso, se declaró lo siguiente sobre el ataque en Puerto Soley:

Los primeros reportes del gobierno sobre el ataque de los invasores informaron que de la guarnición de sesenta y tres hombres que estaban en aquel lugar, solo once habían aparecido; se ignoraba lo acontecido a los demás. Luego se comunicó que habían aparecido diez personas y que el gobierno de Nicaragua tenía en su poder a treinta y cinco prisioneros pertenecientes a las fuerzas gobiernistas (La Nación, 28 de diciembre de 1948, 5).

La prensa no es clara con respecto a si los combatientes desaparecidos habían huido a Nicaragua por ellos mismos o si habían sido secuestrados y llevados en contra de su voluntad al país del norte. En el periódico nicaragüense La Prensa se informó: “El comunicado de La Guardia Nacional dice que treinta y nueve soldados costarricenses, ‘huyendo después de haber sido derrotados en Puerto Soley’, habían cruzado la frontera, ingresando en territorio nicaragüense y que fueron internados” (ANCR, MRE, 26995, s. f.).

La proscripción del ejército fue una oportunidad aprovechada por los vencidos de la guerra civil de 1948 para sorprender al gobierno de la Junta desorganizado con respecto a su seguridad. Para Manuel Solís Avendaño dicha proscripción se dio en un contexto en el cual no había concluido la fase de violencia política, considerando que la inexistencia del ejército pudo haber contribuido a que algunos sectores vieran la opción violenta como viable y posible, además de legítima (xvi-xvii). Sin embargo, el objetivo de la penetración al territorio costarricense parece no haber estado claro ni siquiera para sus propios líderes y no se conoce sobre un proyecto político en caso de que los invasores lograran consolidar sus posiciones en Costa Rica y obtener la victoria militar. Para este autor la invasión se trató de “una emboscada calderonista, sin sentido militar alguno” (319).

Al parecer, la invasión de 1948 no pasó de ser un intento desesperado por revertir los resultados de la guerra civil. Lo que motivó al movimiento invasor, más que tomar el poder, fue el rencor y el deseo de venganza de los perdedores, quienes habían tenido que enfrentar en algunos casos el exilio forzado reubicándose principalmente en Nicaragua y en otros, la persecución y represión del gobierno de la Junta, la cual era además legitimada con la creación de legislación. Las medidas tomadas por el gobierno son una muestra de su temor a perder el poder, además de un intento por evitar que los grupos opositores que se encontraban en Costa Rica se unieran a los invasores.

El asesinato de los voluntarios de La Cruz Roja

El 20 de diciembre de 1948, un grupo de voluntarios de la Cruz Roja que estaba en Murciélago, Bahía de Santa Elena, en Guanacaste, fue atacado sorpresivamente por invasores que estaban al mando del exjefe político de Esparza, Álvaro Granados, quien había ejercido ese cargo público durante el gobierno de Teodoro Picado. La prensa describió al líder así: “Asesino de profesión, se recordará que, durante la campaña, dio muerte a tiros a un ciudadano, mientras se celebraba un baile en Esparta” (La Hora, 27 de diciembre de 1948, 1). Si bien este asesinato se le adjudica a Granados, no se especifican más detalles y no se sabe si fue capturado o enjuiciado.

El asesinato de voluntarios de la Cruz Roja fue posiblemente el acontecimiento que más indignó a la opinión pública y generó manifestaciones de desaprobación al movimiento invasor. Como resultado del ataque, los invasores fueron representados como seres inhumanos y sanguinarios; por ejemplo, se les describió de la siguiente manera: “Monstruos humanos, las bestias sin Dios ni ley… en el colmo del salvajismo y de la inconsciencia, masacraron a aquellos servidores cristianos” (La Hora, 21 de diciembre de 1948, 5). A los invasores se les acusó, en primer lugar, por haber atacado a un grupo de voluntarios de una institución humanitaria, en segundo lugar, porque las víctimas estaban desarmadas y, en tercer lugar, por no haber respetado a un “Ministro de Cristo” (La Prensa Libre, 24 de diciembre de 1948, 5). Como señaló la prensa:

Las víctimas fueron seis hombres: Jaime Gutiérrez Braum, de aproximadamente 42 años, caracterizado como miembro destacado del Colegio de Ingenieros de Costa Rica y dueño de las fincas Murciélago y Santa Rosa; el presbítero Jorge Quesada, de 25 años, quien se había ordenado el año anterior y prestaba servicios en la población de Barbacoas en Puriscal; Antonio Facio Castro, de aproximadamente 30 años, médico y cirujano graduado en los Estados Unidos; Oscar Maineri, también de unos 30 años, licenciado en farmacia, quien al inicio de la invasión se encontraba en Puerto Rico y alarmado por las noticias que circularon en el exterior se dispuso inmediatamente a regresar a Costa Rica; y el estudiante universitario Jorge Manuel Delgado, de 19 años, y Edgar Ardón Brenes, de 22 años, empleado de comercio. En los periódicos La Hora y La Nación se afirmó que sus cuerpos habían sido “profanados” con arma blanca, lo que dificultó su identificación.

La indignación se hizo presente en la sociedad costarricense. Incluso, algunos investigadores han planteado que existió una conexión entre estos asesinatos y la expulsión de Calderón Guardia del Colegio de Médicos y Cirujanos (Solís Avendaño 396). Sin embargo, la expulsión ad perpetuam que incapacitó legalmente a Calderón para volver a ejercer su profesión de médico en Costa Rica se dio el 30 de julio de 1948, es decir, cuatro meses antes de la invasión. En una asamblea general del Colegio de Médicos y Cirujanos se conocieron los expedientes levantados contra varios de sus miembros por no haberse apegado a la actitud que debían seguir como médicos durante la guerra civil de 1948; es decir, por haber participado de los “sucesos revolucionarios” (La Nación, 1 de agosto de 1948, 5). A otros miembros acusados los suspendieron por un año, seis meses o un mes. Por lo anterior, el contexto de la expulsión de Calderón es el de persecución y despido de empleados públicos y del sector privado, de filiación calderocomunismo, sin relación con la invasión.

La violencia más deshumanizada en el asesinato de los cruzrojistas fue reprochada mediante un simbólico acto de duelo nacional, como se describió en la prensa:

El embajador de Costa Rica en Washington, Mario Esquivel, dirigió una carta a Mr. Paul Reugger, presidente del International Comittee of the Red Cross en Suiza, en la que declaró:

Por su parte, el director general de la Cruz Roja Costarricense, Alfredo Sasso Robles, emitió un comunicado en el que decía:

En un editorial de La Nación se planteó que este caso era la prueba de que la invasión estaba siendo realizada por mercenarios, pues un acto de tanta violencia no podía haber sido realizado por costarricenses:

El asesinato de los cruzrojistas fue representado con metáforas bíblicas, por ejemplo, algunos interpretaron el ataque a través de la narración bíblica de Caín y Abel. Precisamente, estas representaciones son las que dan título a este trabajo.³Rodolfo Brenes, quien se identifica como un calderonista, señaló: “Ni siquiera respetaron las nobles insignias de la Cruz Roja ni el hábito de un representante de Cristo. En nuestra patria se repitió el crimen de Caín” (La Nación, 23 de diciembre de 1948, 5). Continuando con esta metáfora, en un artículo de La Nación se manifestó: “Víctimas de una emboscada traidora estos hombres, hombres de verdad, murieron por aliviar los dolores de sus hermanos costarricenses pero hallaron en su camino a los caínes invasores del suelo patrio” (La Nación, 22 de diciembre de 1948, 8). Por último, Oscar Martínez utilizó la figura de Caín en un extenso poema titulado “Romance de los Caídos” (Diario de Costa Rica, 25 de diciembre de 1948, 2), el cual dice en un fragmento:

- Hay que contar a los vientos, para que lo sepa el mundo, este horripilante crimen que trajo duelo profundo… En honor al dios Caín los seis cuerpos masacraron; el Niño Dios está triste porque su cuna mancharon…

El gobierno de la Junta aprovechó el ataque a los cruzrojistas para diabolizar, deshumanizar y desprestigiar a sus enemigos. No obstante, en Nicaragua el Comité de Prensa de Exiliados Costarricenses aseguró en la prensa del país que las víctimas de El Murciélago habían perecido en combate militar y que ellos, conscientes de los convenios internacionales, respetarían siempre la inmunidad de la Cruz Roja, lo cual, por el contrario, no habían hecho los figueristas durante la guerra civil cuando ametrallaron convoys de material y personal médico (Diario de Costa Rica, 24 de diciembre de 1948, 5). Cabe resaltar que, durante el funeral de los voluntarios de la Cruz Roja, el cual se realizó cerca de la iglesia de La Merced, la prensa informó sobre acciones represivas contra opositores de la Junta:

La censura a la prensa impuesta por el gobierno mediante la creación de la Oficina de Información y Censura (Salazar Mora 154) cumplió su objetivo al exaltar este caso y guardar silencio con respecto a otros casos como el asesinato de seis hombres que estaban recluidos en la cárcel de Limón, mientras eran trasladados hacia San José, en un lugar conocido como el Codo del Diablo (ANCR, AJ, 1949; Benavides Chaverri 1968). Molina (2017) plantea lo siguiente: “Fue la prensa asimismo la que brindó seguimiento al caso, informó sobre las condenas e incluso proporcionó espacio a los comunistas y a los familiares de las víctimas para que se pronunciaran” (37). Posiblemente, esto ocurrió luego de levantarse la censura y de haber terminado el conflicto armado.

La muerte de los cruzrojistas fue un acontecimiento de gran relevancia en la posguerra costarricense, pues permitió que la sociedad manifestara con firmeza su deseo de que la violencia política acabara. Fue el acto que generó mayor repudio a nivel nacional contra la invasión y, en general, contra la vía armada como mecanismo de enfrentamiento político. Fue un episodio que de cierta forma integró a la población costarricense a través de la desaprobación de la violencia, especialmente, la dirigida contra la población civil. Además, la deshumanización de los invasores representados como personas sanguinarias generó que el movimiento armado se deslegitimara, mientras que el gobierno de la Junta utilizó el evento para fortalecer el gobierno de facto.

Posición de los comunistas costarricenses

Como mencionó, no se conoce con claridad un proyecto político de los invasores en caso de que lograran continuar su avance hacia Liberia para vencer a las tropas del gobierno costarricense. Al parecer, la principal motivación de la acción armada fue la venganza por la represión ejercida por los vencedores a través del gobierno de facto de la Junta. A continuación, se cita lo expresado por el líder comunista Manuel Mora:

Algunos de los principales líderes comunistas costarricenses interpretaron la invasión del 10 de diciembre de 1948 a partir de los conflictos personales entre Figueres y Somoza; colocaron a Calderón como un actor de segundo orden, lo cual se puede constatar en la siguiente cita:

Para los comunistas, la razón del fracaso se explicó en que, al llegar el momento de la invasión, Somoza despojó a Calderón de hombres y de equipo y lo obligó a cruzar la frontera solo con un grupo de calderonistas, de manera que no pudieron pasar de La Cruz. Además, señalaron que los resultados del movimiento armado habían sido cuatro específicamente:

A pesar de que es común encontrar en los discursos del gobierno y de la prensa que los comunistas eran parte de los invasores, desde que iniciaron los rumores ellos habían dejado clara su posición contra dicha aventura (Fallas et al. 5). Habían condenado públicamente la estrategia militar por tener la colaboración de Somoza, pues aseguraban que “el apoyo de Somoza era el apoyo del imperialismo yanqui, y que de tal clase de apoyo sólo desgracias y humillaciones para el pueblo costarricense se podía esperar” (Fallas et al. 17). Sin embargo, los comunistas fueron los más afectados por las detenciones “preventivas”. Un día antes de la invasión calderonista, la prensa publicó la detención de Carlos Luis Fallas llevada a cabo el 8 de diciembre,⁴día de las elecciones; su detención fue descrita así:

La reclusión en la cárcel no precisamente aisló a los opositores, sino que estos lograron mantenerse en comunicación, como se describía en el caso de Fallas:

El peligro del que Fallas advertía a los presos políticos en la Penitenciaría no tenía como objetivo alarmarlos, como señala la prensa, sino que se convertiría en la denuncia de una amenaza real. La noticia se publicó el 18 de diciembre, tan solo un día antes del crimen del Codo del Diablo. Sin duda, el clima de violencia abierta que se generó con la invasión explica este crimen político. Como ha señalado Aguilar Hernández (211), el intento de Calderón “hizo recrudecer la represión, pues se utilizó como pretexto para encarcelar de nuevo a gran cantidad de calderonistas y vanguardistas y cometer el asesinato del Codo del Diablo”. Por su parte, Silvia Molina (2015) interpreta el crimen de la siguiente manera:

El mismo 19 de diciembre, los vanguardistas Carlos Luis Fallas, Adolfo Braña, Luis Carballo, Jaime Cerdas y Arnoldo Ferreto, que estaban en la Penitenciaría Central, fueron sacados del centro penitenciario, junto con el calderonista Cupertino Cruz, montados en una ambulancia y fueron llevados a un sitio llamado Cuesta de Núñez e introducidos en un calabozo (Díaz Arias 304). El testimonio de Rodolfo Cerdas (166) señala que el objetivo era asesinarlos; sin embargo, gracias a la intervención de Monseñor Víctor Manuel Sanabria ante Figueres, lograron sobrevivir. Como se describió, los rumores difundidos por Fallas eran parte de un proyecto que tenía por objetivo eliminar físicamente a elementos de la oposición. Lamentablemente, los presos de Limón no corrieron con la suerte que los de San José. Otros actos de violencia en Limón son señalados Molina (2018) como el de Iván Horne, quien estaba preso y desapareció sin conocerse su paradero, y José Matarrita, quien fue asesinado por manifestar su apoyo a Manuel Mora (147).

Para Díaz Arias:

Efectivamente, los discursos oficiales buscaron involucrar a los comunistas con la invasión de diciembre de 1948; no obstante, su posición había sido clara desde el principio e incluso era de conocimiento de la CIA, como se observa en un reporte anual de las actividades del PVP del 12 de mayo de 1949, en el que se narra que Carmen Lyra y Manuel Mora habían dejado el país a petición de la Junta y se refugió en México desde donde Mora se mantenía en contacto con sus colegas del partido. Una de sus principales peticiones fue que se mantuvieran neutrales ante cualquier contrarrevolución que atentara contra el gobierno de la Junta (CIA-RDP82-00457R002700440001-7). Finalmente, los comunistas decidieron no apoyar al movimiento invasor porque apostaron por la vía electoral como estrategia de lucha frente al figuerismo, esto a pesar de la ilegalización del PVP.

La dimensión transnacional

La incursión de fuerzas armadas procedentes de Nicaragua en el territorio costarricense puede entenderse como consecuencia de un conflicto interno, es decir, como la guerra civil de 1948 y también como un conflicto transnacional, pues se ubica en el entramado de relaciones y eventos que se habían desarrollado en Centroamérica en los años previos, entre ellos la creación de la Legión Caribe (Gleijeses), el apoyo de Guatemala al Ejército de Liberación Nacional y el posterior apoyo externo que recibieron los invasores calderonistas. Además, la Junta denunció ante la OEA la intervención al territorio costarricense, lo que también posicionó la invasión como un conflicto internacional.

En un reportaje de Irving Pflaum publicado en el Chicago Sun-Times se interpreta la invasión en el contexto centroamericano; ubica su origen en la alianza de Figueres con Guatemala y, a su vez, las hostilidades de ambos gobiernos con Nicaragua. Además, se representa el gobierno de la Junta como el triunfo del militarismo y un retroceso para la democracia costarricense:

Continuando con esta interpretación de la invasión como un evento ligado con otros conflictos de América Central, en octubre de 1948 La Nación publicó un artículo que planteaba que el movimiento invasor liderado por Calderón Guardia no era una acción aislada, sino que formaba parte de un proyecto más amplio que involucraba otra acción armada en Panamá, como se observa en la siguiente información:

Además, se afirma que había sido el español Julio López Masegosa quien sirvió como intermediario entre Arnulfo Arias y Calderón Guardia. Sobre este personaje, Miguel Acuña Valerio asegura que tuvo bajo su entrenamiento al grupo instalado en Nicaragua junto con otros jefes militares (367). Por su parte, Chacón y Oliva (60) señalan que en octubre de 1949 se abrió un expediente en el Ministerio de Relaciones Exteriores de México ante la presunta conspiración política en ese país contra el gobierno de Costa Rica; en él se señala a Masegosa y a Jacobo Fernández como presuntos instigadores. Los autores mencionan que, según fuentes mexicanas, Masegosa era un aventurero español exiliado en México, y que se autoproclamaba dirigente para alentar revoluciones en el continente. Un artículo de La Nación dice sobre Masegosa que:

Sobre estas declaraciones la cancillería de Nicaragua aclaró:

Chacón y Oliva (61) mencionan que Masegosa era un piloto republicano y que en algún momento se planeó que realizaría un viaje clandestino vía aérea a Costa Rica, con el propósito de trasladar a Carmen Lyra. Sin embargo, el viaje no se realizó debido al fallecimiento de la escritora. Además, Masegosa estaba en la primera lista de personas intervenidas que estableció la Junta, ocupando el puesto 79, mientras que la Cervecería Grambrinus, que estaba a su nombre, ocupó el puesto 80 (Decreto Nº6, artículo 6º). Posterior a la invasión, el agente fiscal Francisco Pol Vargas pidió el avalúo y remate de sus bienes (La Nación, 22 de diciembre de 1948, 3).

En documentos de la Oficina Administradora de la Propiedad Intervenida están los registros contables decomisados a la Cervecería Gambrinus, la cual pasó a manos del Estado, incluyendo sus cuentas por cobrar, pues a los deudores de la empresa les enviaron comunicados que explicaban que la cervecería había sido expropiada y debían cancelar sus deudas para evitar un cobro judicial (ANCR, OFAPI, 440-441). Los documentos encontrados sobre estas notas de cobro tienen fecha de noviembre y diciembre de 1950, es decir, durante el gobierno de Otilio Ulate Blanco.

Sobre el supuesto movimiento invasor que ingresaría a Panamá no se conocen otras referencias más que el artículo de prensa citado, al igual que sobre la participación de comunistas españoles, a excepción de Masegosa. Por el contrario, se conoce con mayor detalle la participación de Nicaragua por medio del apoyo de la dictadura de Somoza, la cual será estudiada más adelante. Por su parte, la CIA interpretó que la invasión y el conflicto entre ambos países podían tener consecuencias en la región, por lo que llamó la atención y pronosticó lo siguiente:

Al analizar la invasión como conflicto transnacional, se busca romper con el imaginario de que Costa Rica estaba aislada de las dinámicas conflictivas de la región centroamericana. Por el contrario, se ubica en las disputas que surgieron en este período como parte del enfrentamiento entre las dictaduras o gobiernos autoritarios –principalmente, Nicaragua y República Dominicana– que habían gozado del apoyo de los Estados Unidos y los gobiernos que se hacen llamar democráticos, como Guatemala y Costa Rica, este último a pesar de que la Junta es un gobierno de facto.

La Legión Caribe

En julio de 1942, Figueres salió de Costa Rica, pasó por El Salvador y Guatemala y llegó a México. Durante su exilio en México, entre los años 1942 y 1947, Figueres se dedicó a persuadir a otros exiliados centroamericanos, especialmente nicaragüenses, de que el gobierno de Costa Rica era, al igual que el de Somoza, una tiranía (Moreno Rodríguez). Fue en este país donde conoció al nicaragüense Rosendo Argüello, antisomocista. El 17 de diciembre de 1947, se fundó en Guatemala la Legión Caribe mediante la firma de un pacto por parte de Juan Rodríguez, líder antitrujillista, y los nicaragüenses Emiliano Chamorro y Rosendo Argüello, antisomocistas. Como señalan María Dolores Ferrero y Matilde Eiroa (183), el 16 de diciembre de 1947 se uniría José Figueres; es decir, este último no había sido miembro fundador. En un inicio, la agrupación tenía como propósito iniciar su lucha contra Somoza y Rafael Leónidas Trujillo Molina. Sin embargo, Figueres logró que Costa Rica se situara en primer lugar.

El 11 de abril de 1948, en el contexto de la guerra civil, la Legión Caribe invadió la provincia de Limón (Díaz Arias 152). Desde ese momento, Somoza consideró su presencia en Costa Rica una potencial amenaza para su régimen. Sobre la relación entre la Junta y la Legión Caribe, este autor apunta que “la Junta le otorgó a Rosendo Argüello 245000 colones y un campo en Río Conejo para que pudiera entrenar a 200 hombres con los que el nicaragüense pensaba invadir Nicaragua”. Posteriormente:

Para la CIA, la presencia de miembros de la Legión Caribe en Costa Rica también era un tema de relevancia; prueba de ello es la documentación que se generó producto de sus labores de investigación. A finales del mes de noviembre de 1948, se informó que Figueres decidió terminar con la ayuda a la Legión Caribe a partir del 1 de diciembre –y coincidió con la abolición del ejército–, la cual comprendía treinta mil colones mensuales y cuarteles en el Cuartel de Artillería, la finca de Figueres en río Conejo y en el Cuartel Bellavista. Aseguraron que “la razón por la cual Figueres ha sido reacio en dejar irse a las fuerzas de la Legión Caribe de Costa Rica es que él quiere tenerlas cerca en caso de problemas” (CIA-RDP82-00457R002100020010-9).

Efectivamente, otro documento de la CIA informa que el 11 de diciembre de 1948, un día después de la invasión, Figueres se reunió con el General Miguel Ángel Ramírez de la Legión Caribe y alcanzaron tres acuerdos: el primero fue que los miembros individuales de la agrupación se enlistarían en el ejército de Costa Rica, pero operarían como una unidad bajo sus propios oficiales; el segundo, el personal general de ambas unidades permanecería intacto, pero funcionaría en conjunto; y el tercero, el armamento de la Legión Caribe, que consistía en aproximadamente seiscientos rifles y doscientas armas individuales sería entregado a Costa Rica para ser distribuido, pero seguía siendo propiedad de la Legión Caribe. Sobre la cantidad de hombres que aportaría la Legión Caribe se dijo que eran 470; sin embargo, existía otro grupo de sesenta hombres liderado por Argüello y que se mantenía independiente (CIA-RDP82-00457R002100690010-6).

Sobre las disputas que se generaron a lo interno de la Legión Caribe, se señala la existencia de dos facciones: una de Ramírez y otra de Argüello. Según exmiembros de la agrupación, era evidente la preferencia de Figueres hacia Argüello y describía al último como “a crackpot megalomaniac without demostrated military ability, who is much happier as supreme commander in San José then could ever be in the field” [Un loco megalómano sin habilidad militar comprobada, que es mucho más feliz como comandante supremo en San José de lo que podría estar en el campo] (CIA-RDP82-00457R002100710004-0).

La presencia de antisomocistas vinculados con la Legión Caribe era una de las principales denuncias de Somoza al gobierno de la Junta. El ministro Trino Araya en entrevista al diario La Estrella de Nicaragua, haciendo referencia a los miembros de la Legión Caribe, afirmó:

Al respecto, algunos líderes comunistas costarricenses interpretaron que la invasión había sido utilizada por Somoza para sus propios intereses: “Somoza sólo quería servirse de Calderón Guardia para obligar a Figueres a deshacerse de la Legión Caribe, que lo amenazaba desde Costa Rica” (Fallas et al. 17). Además, refiriéndose a los dictadores centroamericanos, aseguraron que “no es que le temieran a una acción armada de Figueres; lo que han temido siempre es que Figueres pueda transformar Costa Rica en un centro de operaciones contra ellos” (Fallas et al. 45).

En un informe de la CIA del 17 de marzo de 1949 dedicado exclusivamente a la Legión Caribe, se reseña que la agrupación había ejercido una considerable influencia en las relaciones internacionales del área y tenía participación en las conspiraciones contra el gobierno de Nicaragua, el cual fue un factor decisivo en la guerra civil costarricense de 1948. Para el informante, si bien la agrupación estaba en ese momento “dividida y calmada”, le preocupaba que no tuviera una ideología definida, pues interpretaba que podría contribuir al establecimiento de gobiernos tan dictatoriales como los que buscaba destruir (CIA-RDP78-01617A003400080004-2).

Se puede concluir, a partir de los documentos de la CIA, que efectivamente la Legión Caribe se involucró en la defensa del gobierno de facto de la Junta cuando estaba siendo amenazado por la invasión de diciembre de 1948. Si bien formaron parte del ejército de voluntarios y excombatientes que se organizó de forma improvisada por la emergencia, conformaron una unidad autónoma, al parecer dividida en grupos de hombres, uno liderado por el dominicano Ramírez y otro por el nicaragüense Argüello. En el caso del último, Díaz Arias apunta que “estaba determinado a proseguir con su plan de atacar a Somoza desde Costa Rica pero la invasión calderonista lo alteró todo” (291).

Relación con Nicaragua

Al momento de la invasión de diciembre de 1948, el presidente de Nicaragua era Víctor Román y Reyes, pariente de Anastasio Somoza García, mientras que este último ocupaba el cargo de ministro de Guerra. La relación entre Figueres y Somoza durante el período de estudio se caracterizó por una constante tensión y presencia de acusaciones de agresión verbal, de intervención en el territorio o en los asuntos del otro país, como deja ver en su declaración el ministro de Relaciones Exteriores, Benjamín Odio: “Desde hace tiempo venimos haciendo lo humanamente posible para arreglar las diferencias diplomáticas que surgieron con Nicaragua a raíz del triunfo de las fuerzas libertadoras de Costa Rica” (La Nación, 14 de diciembre de 1948, 8-9).

El embajador Odio, el 13 de noviembre de 1948, envió una carta a Oscar Sevilla Sacasa, ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, en la que se transcribe una serie de telegramas y radiogramas recibidos por el gobierno de Costa Rica durante los meses de octubre y noviembre de 1948, en los cuales se informaba sobre la violación de la soberanía costarricense por parte de dos aviones de la Fuerza Aérea Nicaragüense, por lo que se le solicitaba a Sevilla Sacasa la respectiva investigación (ANCR, MRE, 10624, f. 1). Sin embargo, el último, quien además era representante de Nicaragua ante la OEA, en una carta del 12 de diciembre de 1948 dirigida a dicha organización, desmintió las acusaciones del gobierno de Costa Rica y aseguró:

Continuando con el argumento del gobierno de Nicaragua que representó la invasión como un conflicto interno, en el periódico nicaragüense La Prensa, Somoza acusó a Figueres de ser el culpable de la inestabilidad y la permanencia de la conspiración en la oposición:

El principal reclamo de Somoza era la presencia de miembros de la Legión Caribe en Costa Rica, pues era una potencial amenaza a su régimen. Figueres culpó a Somoza de permitir que fuerzas armadas procedentes de Nicaragua invadieran Costa Rica. Además, se aseguró que también existían motivos económicos detrás del apoyo a los invasores, como se mencionaba en una carta de Mario Esquivel, embajador en Washington, al Consejo Directivo de la OEA:

Sobre la participación de Nicaragua, en un documento de la CIA del 14 de diciembre de 1948, se reseñó que el Capitán Víctor Fonseca de la Guardia Nacional había afirmado que Luis y Anastasio Somoza Jr. dirigieron un convoy de camiones a la frontera de Costa Rica y lo invitaron a participar en la invasión. Además, el Mayor de la Guardia Nacional Federico Davidson Blanco le informó a Fonseca que se habían movilizado quinientos hombres para la invasión, los cuales eran exoficiales de la Guardia. Aseguró que para evitar los cargos de una intervención de Nicaragua los exoficiales fueron abastecidos con armas previamente tomadas de los costarricenses que emigraron a Nicaragua (CIA-RDP82-00457R002100710001-3).

Sobre lo anterior, en una confesión de los hermanos Florencio y Pedro José Ordóñez, nicaragüenses capturados por las fuerzas gobiernistas, se confirmó la dirigencia de Davidson Blanco. Se afirmó que las armas fueron entregadas en un edificio de la Guardia Nacional en Peñas Blancas, pero, a diferencia del informe de la CIA, se mencionó que tenían grabado el escudo de armas de la República de Nicaragua; por último, se dice que el poblado de La Cruz en Guanacaste fue tomado con trescientos hombres de los cuales, por lo menos una tercera parte, eran nicaragüenses, es decir, una cantidad inferior a la señalada en el documento de la CIA (La Nación, 16 de diciembre de 1948, 8).

El 16 de diciembre de 1948, de nuevo se informó en un documento de la CIA sobre la participación de la Guardia Nacional en la invasión, la cual se calculó en mil hombres, así como la continuidad del reclutamiento en el área de Nandaime (CIA-RDP82-00457R002100780003-4). Además, se mencionó que, iniciada la invasión, desde el territorio nicaragüense, siguieron desplazándose refuerzos hacia Costa Rica, por ejemplo: “Cuatro tractores que llevaban soldados vestidos con uniformes azules fueron vistos viajando hacia el sur de Managua la noche del 13 de diciembre. Fueron armados con una ametralladora por cada cuatro hombres” (CIA-RDP82-00457R002100820010-1).

Dentro de las pruebas que el gobierno de Costa Rica aportó a la investigación de la OEA sobre la intervención de Nicaragua y, específicamente, de la participación de la Guardia Nacional en la invasión, fueron la presencia de reconocidos nicaragüenses de la Guardia Nacional en el territorio de combate, así como parte de los cadáveres, la aparición de uniformes y documentos a nombre de Nicaragua y la utilización de la radio de la Guardia Nacional. Al respecto, en una carta del embajador Esquivel dirigida al presidente del Consejo Provisional de Consulta de la OEA, Enrique V. Corominas se aseguró que “al reconquistar La Cruz, quedaron seis muertos del enemigo identificados como Guardias Nacionales” (ANCR, MRE, 27001, s. f.).

La Organización de Estados Americanos (OEA)

El gobierno de la Junta decretó la ratificación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) el 17 de noviembre de 1948, mediante el decreto-ley #268, en el contexto de un aumento de las tensiones políticas con Nicaragua y de los rumores de una invasión (Colección de Leyes y Decretos, 1948). Cuando finalmente se confirmó la incursión de fuerzas armadas por la frontera norte de Costa Rica, la Junta se apropió del discurso de la violación al territorio costarricense denunciando a Nicaragua. Inicialmente, la prensa informó que Figueres había invocado el TIAR, también conocido como el Tratado de Río, presentando ante la OEA la denuncia por violación al territorio costarricense por parte de Nicaragua, sin omitir que el país se retiraría si el Consejo no actuaba. En la misma línea, el embajador Esquivel indicó:

Era la primera vez que un país del continente invocaba el Tratado de Río de Janeiro y, por lo tanto, se representó como una forma de poner a prueba qué tan eficiente era el sistema jurídico americano. Como se señaló en la prensa, “la atención de los países del Hemisferio está concentrada actualmente en Costa Rica, donde el pacto de defensa interamericano… es sometido a su primera prueba” (La Nación, 15 de diciembre de 1948, 8). De igual forma, un editorial del Herald Tribune afirmó: “En el caso costarricense, el tratado interamericano [de Río de Janeiro] sufre la primera prueba de su efectividad” (La Hora, 13 de diciembre de 1948, 7).

En una entrevista realizada a Figueres el 19 de abril de 1983, retomó el tema de la intervención de la OEA y narró cómo fueron salvados en dos ocasiones, posicionando la invasión como un conflicto de carácter internacional y omitiendo la participación de los calderonistas:

Otra de las medidas tomadas fue escribir una carta a Fernand Langenhove, presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de la cual se consultó una copia sin firma, por lo que no se conoce el remitente y en la que se lee: “Debidamente instruido por mi gobierno informo por este medio a usted y al consejo que usted preside que el 10 de diciembre a las 23:15 horas el territorio de Costa Rica fue invadido por fuerzas armadas provenientes de Nicaragua” (ANCR, MRE, 26992, s. f.). Por su parte, el ministro Odio llamaba la atención sobre lo siguiente:

Posteriormente, el Consejo de la OEA nombró una comisión investigadora que viajaría a la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. La comisión estaría autorizada a poner en vigor las decisiones del Consejo para impedir que las hostilidades locales se convirtieran en una “conflagración centroamericana”. La llegada de la comisión fue el 17 de diciembre y fueron recibidos por un grupo de personas que se estableció en La Sabana, el Paseo Colón y la Avenida Central. La prensa informó que hombres, mujeres y niños portaron banderas blancas, entonaron el Himno Nacional y parte del Paseo Colón fue cubierto con flores como acto simbólico de agradecimiento a los miembros de la comisión investigadora (La Nación, 18 de diciembre de 1948, 7).

Para Somoza, la intención de Figueres por posicionar la invasión como un ataque del gobierno de Nicaragua tenía como objetivo legitimar al gobierno de la Junta. En una entrevista del periódico nicaragüense La Prensa, señaló: “Figueres hizo alharaca injusta, haciendo aparecer que aquello era una invasión de nación a nación, con el propósito de que su Gobierno recibiera el apoyo de los costarricenses” (ANCR, MRE, 26995, s. f.). Además, el gobierno de la Junta buscaba legitimarse ante la institucionalidad internacional, es decir, presentarse como un gobierno legítimo y democrático y distanciarse de los gobiernos autoritarios, especialmente del de Nicaragua.

En el esfuerzo del gobierno de Costa Rica por proyectar una imagen democrática a nivel internacional y en oposición a Nicaragua, el embajador Mario Esquivel dirigió una carta al periódico La Prensa de New York, en la que señaló:

La comisión investigadora nombrada por la OEA presentó su informe el 24 de diciembre de 1948 y estableció que Nicaragua pudo y debió haber tomado oportunamente las medidas adecuadas con el objetivo de impedir lo siguiente:

Durante la presencia de los comisionados de la OEA que estaban investigando lo ocurrido en la frontera norte de Costa Rica, los miembros de la Legión Caribe permanecieron alejados de la política y usaron ropa de civil (CIA-RDP82-00457R002200080008-5). No obstante, en el artículo III de la resolución de la comisión investigadora se estableció que Costa Rica:

Sobre la referencia que hace la comisión investigadora de grupos militares establecidos en Costa Rica que atenten contra la seguridad de otra república, clara referencia a la Legión Caribe, Benjamín Odio dirigió una carta a los miembros de la Comisión Interamericana de Expertos Militares en la que aclaró:

Finalmente, sobre la intervención de la OEA, Benjamín Odio concluyó: “Ha sido efectiva al extremo de haberle devuelto la paz y la tranquilidad al Pueblo y al Gobierno de Costa Rica en lo que dice a sus relaciones con el Gobierno de Nicaragua” (ANCR MRE, 27017, f. 2). En la misma línea, la historiadora Mercedes Muñoz (159) señala que “la estabilidad se vio garantizada con la instalación temporal de un grupo de expertos militares en la zona fronteriza y las tensas relaciones entre los estados fueron atemperadas por la firma de un Pacto de Amistad en febrero de 1949”. Efectivamente, el 21 de febrero de 1949 los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica suscribieron dicho pacto en la Sede de la Unión Panamericana en Washington.

Mediante el Pacto de Amistad, ambos gobiernos se comprometían a prevenir en el futuro que se repitieran hechos de esa naturaleza y a someter las controversias que entre ellos surjan a los métodos de solución pacífica de los conflictos internacionales. Luego, el 8 de marzo de 1949 la Junta, mediante el decreto-ley #422, autorizó a su presidente para que ratifique en todas sus partes el Pacto de Amistad entre los Gobiernos de las Repúblicas de Costa Rica y Nicaragua (Colección de Leyes y Decretos, 1949). Al respecto de la intervención de la OEA mediante la comisión investigadora, el 17 de marzo de 1949 un informe de la CIA presentó los eventos acontecidos en la región centroamericana y la Legión Caribe y concluyó que:

A pesar de que la intervención de la OEA ha sido considerada un elemento clave para entender el cese del conflicto a nivel nacional y transnacional, esta investigación propone que el cese de los enfrentamientos armados se dio por otros motivos; prueba de ello es que, luego de que la OEA emitiera una orden de cese de las hostilidades entre Nicaragua y Costa Rica, los invasores realizaron otro ataque, el último, acontecido en Puerto Soley. Invocar al TIAR y posicionar el conflicto en su dimensión internacional tampoco tuvo un papel determinante en el final del conflicto armado y tuvo posiblemente más importancia, dentro de las razones por las cuales los invasores desistieran de continuar la lucha, el descontento de la población por la muerte de los voluntarios de La Cruz Roja, el escaso apoyo popular que encontraron los invasores en la oposición que estaba en Costa Rica y la ausencia de levantamientos internos que los respaldaran.

Conclusiones

La ilegitimidad de la Junta Fundadora de la Segunda República en un amplio sector de la sociedad costarricense generó que las divisiones políticas permanecieran durante su gobierno. Díaz Arias apunta que “apenas tan solo mes y medio después de haber tomado el poder, Figueres y su Junta habían perdido el apoyo inicial a su gobierno” (290). Precisamente, la invasión del 10 de diciembre de 1948 es un pico de violencia abierta de la posguerra costarricense donde un sector de la oposición exiliado en Nicaragua se propuso, mediante las armas, enfrentar y desestabilizar al gobierno de facto. El enfrentamiento directo en el campo de batalla abrió de nuevo la posibilidad de aniquilar al enemigo, como señala Carl Schmitt (63) los conceptos de amigo-enemigo, en la lucha “adquieren su sentido real por el hecho de que están y se mantienen en conexión con la posibilidad real de matar físicamente” (63), así como la posibilidad de perder la vida.

Desde el inicio del gobierno de la Junta, se implementó la creación de legislación y de instituciones para perseguir, reprimir y encarcelar a los perdedores de la guerra civil. Esa fue la forma de legitimar el uso de violencia contra los enemigos políticos. Díaz Arias señala que “la Junta gobernaría por medio de decretos-ley, lo cual le daría un poder omnímodo para expedir políticas sin necesidad de consultar a ningún grupo social” (287). Dentro de las respuestas a la violencia legitimada, un sector de la oposición apostó por la organización de un movimiento armado, el cual estuvo liderado por los hermanos Calderón Guardia y apoyado por el dictador Anastasio Somoza, reconocido enemigo de Figueres, quien temía que los miembros de la Legión Caribe utilizaran el territorio costarricense para organizar un movimiento armado y darle un golpe de Estado.

Somoza se esforzó por mostrar que el motivo de la permanencia de la conspiración contra el gobierno de la Junta era no haberle entregado el poder a Ulate. Otro sector de la oposición compuesto por los comunistas decidió no involucrarse en la aventura, precisamente por el apoyo de Somoza, por lo que consideraron que la forma de enfrentar a los vencedores era la vía electoral. Si bien los vencedores justificaron la persecución contra los calderocomunistas como una medida necesaria para evitar una contrarrevolución (Díaz Arias 301), este artículo plantea que, por el contrario, las medidas represivas utilizadas por la Junta fueron las que contribuyeron a mantener presente la violencia en la posguerra y eso generó que una parte de los perdedores considerara legítima la vía armada.

El movimiento invasor esperaba que, al ingresar a la provincia de Guanacaste por la frontera norte, en distintas partes del país se alzarían brotes de violencia como manifestación de apoyo; sin embargo, a pesar de que hubo algunas manifestaciones en Sarapiquí, Guápiles y Siquirres, no fueron masivas y rápidamente quedaron reprimidas. De hecho, desde meses antes el gobierno de la Junta, mediante el Departamento de Detectives, realizó labores de espionaje que tuvieron como resultado las detenciones “preventivas”, el encarcelamiento de personas consideradas sospechosas y posibles simpatizantes o colaboradores de los invasores. La mayor expresión de violencia estatal y de terror selectivo fue el asesinato de Federico Picado, Tobías Vaglio, Lucio Ibarra, Octavio Sáenz, Narciso Sotomayor y Álvaro Aguilar, conocido como el crimen del Codo del Diablo. Tal como plantea Carlos Figueroa Ibarra (38), “en la desaparición de dirigentes, en alguna forma se puede generar en la masa sensación de desprotección, falta de dirección y, por supuesto, desorganización”.

Se intentó rastrear la participación que tuvieron las mujeres en el conflicto político, y se logró, con las fuentes consultadas, la identificación de su presencia en ambos bandos, en labores del gobierno y como parte de la oposición. En el primer caso, se encargaron de actividades tradicionalmente adjudicadas a las mujeres como la preparación de alimentos, el cuidado de enfermos y servicios de secretaría. En la oposición calderonista destacaron por su participación en tareas de espionaje, como mensajeras y en la elaboración, impresión y distribución de material o boletines considerados subversivos. En el caso de estas últimas, sus actividades fueron objeto de investigación por parte del Departamento de Detectives, con consecuencias incluso de aprisionamiento.

Según documentos de la CIA, era importante lograr la resolución del conflicto porque podría afectar las relaciones de los gobiernos de la región y, a su vez, a los estadounidenses que vivían y tenían propiedades en los países. Por su parte, la Junta se esforzó por presentar la invasión como un conflicto de carácter internacional, lo cual restaba importancia a sus causas internas, a las heridas abiertas producto de la guerra civil.

Si bien se logró que la OEA enviara una comisión a investigar los hechos ocurridos en Nicaragua y Costa Rica, solo tuvo como resultado un llamado al cese de las hostilidades entre ambos países que además no fue acatado inmediatamente porque el enfrentamiento armado continuó, por ejemplo, con el combate en Puerto Soley. Además, el informe presentado por la comisión equiparó la culpabilidad de los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica; de esa forma, Somoza y Figueres eran culpables: el primero por apoyar la invasión y el segundo por apoyar a los antisomocistas de la Legión Caribe.

El fracaso de la invasión se puede entender a partir de tres motivos. La falta de apoyo interno que encontraron los invasores –principalmente por la ruptura con sus antiguos aliados durante la guerra civil, los comunistas– debilitó el movimiento y, a su vez, generó más dependencia al apoyo de la dictadura de Somoza. La censura de la prensa y la radio cumplió su objetivo, pues permitió que algunos eventos tuvieran más cobertura que otros; este fue el caso del asesinato de los seis voluntarios de la Cruz Roja que generó gran indignación en la sociedad costarricense y el repudio a la violencia de los invasores contra la población civil, caso contrario con el crimen del Codo del Diablo. Por último, la denuncia interpuesta ante la OEA en contra de Nicaragua generó que el apoyo de Somoza se debilitara.

Es probable que el fracaso provocara que los planes conspirativos de invadir el territorio costarricense se desvanecieran durante algunos años; no obstante, la violencia política no desapareció. Los primeros meses de 1949 se caracterizaron por la presencia de actos de terrorismo que consistieron en el uso de explosivos, armas de fuego, sabotajes e incendios contra infraestructura estatal o bienes de personas reconocidas como parte de los vencedores. Además, el regreso de Figueres al gobierno luego de ganar las elecciones presidenciales de 1953 produjo que se reactivara la conspiración en la oposición, lo cual tuvo como resultado la invasión de enero de 1955. Por lo anterior, se dice que la firma de un Pacto de Amistad entre ambos gobiernos en febrero de 1949 fue principalmente un acto simbólico, pues las hostilidades entre ambos países reaparecieron posteriormente.

Bibliografía

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