Introducción

La región del Ártico en el planeta Tierra está compuesta, principalmente, de una serie de cuerpos marítimos significativos, islas y dos cordilleras sumergidas, como lo son la cordillera Lomónosov y Mendeleyev. De todos estos cuerpos geográficos, los marítimos componen el 90 % de todo el territorio del Ártico, sobre el cual no hay consenso en sus límites territoriales en la comunidad científica (Conde, 2017; Alonso, 6 de febrero de 2018). Estos cuerpos geográficos son de alto valor ambiental y humano, pues albergan una serie de comunidades tanto humanas como animales y vegetales únicas en el mundo, poco estudiadas por la dificultad que ha supuesto el clima en la región.

A pesar de esto, el clima no ha sido lo suficientemente adverso como para que no se puedan dar asentamientos humanos. Actualmente existen una serie de pueblos autóctonos que se reparten a lo largo de los principales Estados del Ártico (Estados Unidos, Rusia, Canadá, Dinamarca y Noruega), y que también se ven inmersos en el complejo contexto ártico.

Todo lo anterior cobra una mayor relevancia para el análisis en la disciplina de las relaciones internacionales, por su interés en temas relacionados con el comercio en la región, la navegación, disputas territoriales y gobernanza. Existen mecanismos políticos regionales, como el Consejo del Ártico y otros, los que, por su conformación como foro político, presentan oportunidades de cooperación; pero también severas limitaciones para frenar los intereses expansionistas de los Estados. De ahí que los factores geopolíticos de la zona cobren cada vez mayor relevancia para los actores involucrados. Entendiéndose aquí la geopolítica en su constante reconstrucción histórica, la cual Rubén Cuellar (2012) sintetiza, en la visión clásica base de Karl Haushofer o Mackinder, como el conocimiento de la geografía, tierra o espacios para asuntos políticos, y el desarrollo de los intereses de sus actores, tanto Estados como organizaciones, intereses que tienden a ser económicos.

En ese sentido, la investigación se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los principales escenarios que presenta actualmente el régimen internacional del Ártico, frente a las consecuencias del cambio climático? Ante esta, el objetivo general busca analizar la situación actual que enfrenta el régimen internacional del Ártico frente a las consecuencias del cambio climático, los intereses de los actores de su entorno y sus posibilidades de variación o cambio en la geopolítica. La investigación es de tipo cualitativa, de carácter explicativo (Creswell, 2009). Utiliza una metodología deductiva, a partir de revisión documental, estadísticas descriptivas y análisis de instrumentos jurídicos internacionales, así como del estudio de las posturas oficiales y no oficiales de los actores partes de la cuestión. Estas serán profundizadas en análisis, en la medida de su relevancia y aplicación a la delimitación temática.

1. Geografía y ecosistema del Ártico

El Ártico no es un país o continente, sino la región ubicada en el polo norte, el cual comprende distintas zonas, según su delimitación, la cual puede ser marítima, continental e, inclusive, desde definiciones basadas en el clima y la ecología, como la isoterma¹ utilizada mayormente por la comunidad científica. La región ártica incluye el océano Ártico, los mares que lo rodean, la isla más grande del mundo, Groenlandia, y las extremidades septentrionales de varios países, entre ellos de Rusia y Estados Unidos por Alaska y Canadá. El océano Ártico según el portal en línea The World Factbook:

Es el más pequeño de los cinco océanos del mundo (después del Océano Pacífico, el Océano Atlántico, el Océano Índico y el Océano Austral). El Pasaje del Noroeste (EE. UU. Y Canadá) y la Ruta del Mar del Norte (Noruega y Rusia) son dos vías fluviales estacionales importantes … su cuenca central se ve subdividida en tres cordilleras: la cordillera Nansen-Gakkel (Se extiende al norte de la Rusia occidental), la cordillera Alfa y la Dorsal de Lomonósov (Cadena montañosa de 3,300-3,700 metros de altura). Sus dos corrientes principales son: un patrón de deriva en el sentido de las agujas del reloj en el giro de Beaufort en la parte occidental del Océano Ártico y una corriente de deriva transpolar casi en línea recta que se mueve hacia el este a través del océano desde las nuevas islas siberianas (Rusia) hasta el estrecho de Fram (entre Groenlandia y Svalbard). (CIA, marzo 2020)

A diferencia de la Antártida, que es una región rodeada por agua, la región del Ártico se compone de una masa de agua rodeada de tierra; esta plataforma terrestre es conocida como el círculo polar ártico y es el área limítrofe de la región. Esta es la división artificial producida por el paralelo 66 al norte del planeta. Comprende territorios de Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. Este territorio representa el 6 % del total de la superficie del planeta, cerca de 21 millones de km², de los cuales ocho millones son terrestres y siete millones se traducen en plataformas continentales a menos de 500 metros de profundidad (Rodríguez, 2017).

Es importante señalar la diferencia antes planteada, pues en términos geográficos o geopolíticos, será clave entender la referencia a la región ártica, al océano Ártico o, en su defecto, al círculo polar ártico. No obstante, para efectos de esta investigación, se retomará en términos generales, es decir, como región a lo largo del análisis.

En cuanto a la población que habita la región, actualmente existen una serie de pueblos autóctonos que se reparten a lo largo de los principales Estados del Ártico (Estados Unidos, Rusia, Canadá, Dinamarca y Noruega). Entre estos pueblos se calculan 155 mil inuits, 70 mil sami, 55 mil athabaskans y gwich’in y 15 mil aluetianos. Solamente en Rusia se calculan 250 mil personas de diferentes pueblos autóctonos (Conde, 2017).

En este punto, cabe aclarar, se presentará, principalmente, una prospección de delimitación y relación política en torno a la región. Actualmente son ocho los países considerados árticos: Canadá, Dinamarca (por Groenlandia), Noruega, Rusia, Estados Unidos, Suecia, Finlandia e Islandia. Estos países, vinculados geográficamente, además son parte del “círculo ártico”, y con el tiempo su relación se ha estrechado por cuestiones civiles, que han ido desde una visión de seguridad, hasta una relación más cooperativa en temas ambientales o humanos (Ostreng, 1999).

Cada uno de los países presentes posee ciertos intereses y actúa en función de estos. Para ello, Palacián y Sánchez (2013) plantean tres esferas o anillos de actores con grados de influencia o importancia geoestratégica con relación política en la región. En el primer anillo se encuentran los cinco Estados litorales del Ártico, que se disputan el control y ejercicio de soberanía en la región. Un segundo anillo lo constituyen aquellos países y organizaciones que, si bien no son limítrofes, no quieren quedarse fuera de los acuerdos y foros en los que se discuta su futuro, debido a sus intereses económicos y comerciales, en este anillo están ubicados los otros tres países árticos, como Suecia, Finlandia e Islandia, así como otros países cercanos con intereses en el Ártico. Por último, el tercer anillo, el exterior, está formado por el resto de países y organizaciones que ven con inquietud el posible impacto económico y de seguridad de este nuevo espacio geoestratégico (Palacián y Sánchez, 2013).

Como es visible, la presencia de esa diversidad de actores con cierta influencia en la región hace que la visión política de ésta vaya más allá de intereses geopolíticos o estratégicos en temas de seguridad, como durante un tiempo sucedió. De hecho, el Ártico pasó de una visión geoestratégica a una visión biopolítica (Ostreng, 1999). Esto, a su vez, permitió que otros Estados, que antes habían sido marginados hasta cierto punto por la Guerra Fría, empezaran a tomar posiciones de liderazgo que previamente no se habían visto, lo cual dio forma a nuevos mecanismos de gestión o administración de los intereses existentes.

A la vista de la comunidad internacional, lo ambiental es, probablemente, el problema más importante del Ártico, ya que, independientemente de los intereses en juego, este tema es capaz de condicionar desde el modo de vida de las poblaciones que habitan la región, hasta los intereses de los actores en su entorno. Sin embargo, tal es la importancia del papel que juega la región, que podría, además, cambiar el ecosistema global de una forma general. El Ártico, como lo señala Greenpeace (2019), uno de los actores no gubernamentales más importantes en la región para el tema climático, ejerce de “refrigerador global, reflejando el calor solar hacia el espacio y manteniendo fresco el planeta”.

En ese sentido, resulta sumamente importante señalar que la situación ambiental actual es más bien un problema, pues informes señalan que el Ártico se calienta más del doble que cualquier otro lugar en el mundo desde 1950. Asimismo, tres cuartas partes de la capa de hielo flotante del Ártico han desaparecido en los últimos 30 años (Greenpeace, 2019; Manero, 2018). Este deshielo es una de las razones principales que dan cabida a otros intereses en la región, como el comercial, que permite que el océano sea más navegable, y esté expuesto a la pesca y a la extracción de recursos. En palabras de Tarbush, “Los intereses económicos que sobrepasan los intereses de los Artic 5, han empezado a cobrar mayor relevancia a partir del impacto del cambio climático en el Ártico” (Abu-Tarbush, 2019). Además, este cambio supone una disminución del volumen de hielo marino del 12 % cada 10 años (Palacián y Sánchez, 2013).

Estos cambios presentan un gran desafío en distintos flancos, uno de ellos es el político, precisamente por los intereses en juego como se señaló anteriormente y las limitaciones que el régimen internacional plantea. Esa conciencia política limita o condiciona las medidas que se adoptan, las cuales propician, como bien plantea Tarbush, un “auténtico ecocidio”, quien no duda en señalar que estamos ante una carrera contrarreloj, en la que no queda más tiempo que una década o poco más (Abu-Tarbush, 2019).

Esta situación o problemática ambiental trae, además, consecuencias como la rápida transformación del ecosistema y la pérdida de la orientación de muchas especies de aves, lo que da lugar a migraciones. Además causa problemas para sus comunidades:

Su vinculación política e interestatal es primordial, pues demarcan el área de acción y capacidades del régimen existente, en la medida en que se ven alterados o menguados por hechos no solo como los intereses, sino por sucesos como la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos, quien, por su postura proteccionista y negacionista del cambio climático, da a entender que los márgenes de acción han disminuido.

2. El complejo régimen internacional del Ártico

El complejo régimen internacional del Ártico o “international regime complex”, tal y como lo llama Oran Young (2012), ha surgido históricamente de forma paulatina e incremental, gracias precisamente a los claros intereses políticos, económicos, estratégicos y ambientales que posee la región. Estos intereses, desde muy temprano, fueron puestos en marcha por las potencias internacionales con el objetivo de la reclamación territorial del Ártico y, con ello, de sus recursos. Marqués (2010) encuentra que una de las particularidades que diferencia al Ártico de la Antártida es, precisamente, que éste se encuentra rodeado de potencias industrializadas con claros intereses en su reclamación territorial.

Una de las primeras reclamaciones, así como su justificación argumentativa, fue la propuesta por el senador canadiense Pascal Poirier, cuando en 1907 afirmó que el Ártico debería de ser repartido según sectores, a partir de las delimitaciones orientales y occidentales de los cinco Estados litorales que le rodean. Esta forma de división, a través de coordenadas geográficas, sería la predilecta por países como Canadá, Dinamarca, a través de Groenlandia, y Rusia, precisamente porque serían los principales países beneficiados. De hecho, Canadá reformaría en 1925 su propia Ley sobre los Territorios del Noroeste, adjudicándose la soberanía del Paso Noroeste del Ártico, con lo cual provocó tensiones con Estados Unidos, también interesado en la ruta. Por otro lado, la entonces Unión Soviética emitió un decreto en 1926 en el que establecía sus límites territoriales entre los meridianos 34°04’35” y 168°49’30” y hasta el punto del Polo Norte, adjudicándose todo territorio y mar en dicho espacio, incluso islas por descubrir (Marqués, 2010). Ambas reclamaciones fueron hechas a partir de la argumentación de sectores, que se decía era lo más equitativo para los Estados, pero que no tiene asidero real sobre el derecho internacional público clásico, vigente hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, ni en el contemporáneo, precisamente porque la Convención sobre el Derecho de Mar de Naciones Unidas no toma en cuenta dicho argumento (Diez de Velasco, 2013; ONU 2019).

La situación en el Ártico se transformó drásticamente con el advenimiento de la Guerra Fría, ocultando y marginando las reclamaciones territoriales entre los Estados, debido al enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Willy Ostreng (1999) afirma que, antes de la Segunda Guerra Mundial, el Ártico era una región prácticamente inaccesible a las grandes potencias. No obstante, a partir del desarrollo tecnológico de estos conflictos, la región tendría valor por su posición geoestratégica en la confrontación entre Estados Unidos y la URSS. Ello llevó a que se buscase la presencia constante de buques y submarinos militares en la región, a un precio bastante alto, por averías constantes a lo largo de los años del conflicto, incluso en la temporada donde el clima es más clemente (Ostreng, 1999).

Tanto para Ostreng (1999) como para Conde (2017), el régimen internacional del Ártico empezó a experimentar una serie de transformaciones a partir de 1987, cuando el último líder de la URSS, Gorbachev, realizó un histórico discurso llamando a la desecuritización de la región, en aras de la cooperación internacional en materia de investigación científica y manejo del medio ambiente. Esto provocó que se empezase a conformar lo que Ostreng llama una “comunidad pan-Ártica de intereses” (1999, p. 48).

Si bien esta comunidad pan-Ártica de intereses nunca se llegó a consolidar, lo cierto es que Ostreng tiene razón al afirmar que la visión de la región pasó de un paradigma de la seguridad militar y nacional, a un paradigma de seguridad extendida, donde se incorporan una serie de temas civiles al manejo de la región (Ostreng, 1999). Estos temas civiles empezaron, desde entonces, a cobrar mayor importancia y provocaron una mayor cooperación entre los diferentes Estados involucrados en la región.

Mucho del interés por el Ártico pasa no solo por la posición geoestratégica que mantiene conectados a tres continentes (América, Europa y Asia), sino que también por sus importantes recursos naturales: gas natural, petróleo, diamantes, oro, níquel, plomo, platino, estaño y manganeso, así como los principales bancos de pesca del mundo, entre otros (Abu Tarbush, 12 de febrero de 2019). Asimismo, posee alto valor ambiental por sus especies únicas en el planeta, como el oso polar y el caribú, y especies marinas, como el bacalao ártico y especies de ballenas (Manero, 2018). A su vez, cumple la función climática ya señalada, junto con el Himalaya y la Antártida, de ser una especie de refrigerador del planeta (Conde, 2017; Marqués, 2010).

2.1 El complejo de regímenes del ártico: Una mezcla de hard y soft law

Por la multiplicidad de actores, temas y sectores involucrados en el Ártico, se puede entender que hablar de un régimen internacional del Ártico, en alguna medida semejante a la Antártida, no es adecuado. Lo cierto es que en el Ártico convergen una serie de regímenes que, de alguna u otra forma, tienen presencia, ya sea directa o indirectamente, en la región. Por lo que Oran Young lo ha llamado un Regime Complex, el cual entiende de la siguiente manera:

De esta forma se puede comprender que en el Ártico se aplican una serie de instrumentos y mecanismos que nunca fueron ideados realmente para aplicarse en una región de forma tan sui generis, principalmente la Convención sobre el Derecho de Mar de Naciones Unidas. Por otro lado, los mecanismos que sí fueron ideados para aplicarse dentro del Ártico son, en su mayoría, instrumentos de Soft Law entendidos como “aquellas reglas no vinculantes o instrumentos que interpretan o informan nuestro entendimiento sobre reglas legalmente vinculantes, o que representan promesas que a su vez crean expectativas sobre conductas futuras” (Guzman y Meyer, 2010, p. 174). El instrumento más importante en este sentido es el Consejo del Ártico, establecido como un foro político a través de una declaración ministerial, que busca principalmente moldear las políticas públicas de sus Estados miembros, en vez de formular políticas públicas y acuerdos vinculantes, y toma en cuenta a organizaciones de los pueblos autóctonos presentes en la región (Young, 2012).

Entendiendo así, por tanto, la complejidad que supone analizar desde la perspectiva de regímenes internacionales una región como el Ártico, se presenta un análisis descriptivo que busca dar cuenta, principalmente, de sus mecanismos más importantes, así como de su cambio y transformación en el tiempo. En la Tabla 1 se presentan los principales instrumentos vinculantes relacionados con el Ártico.

Como se puede observar, de los instrumentos jurídicos vinculantes aplicables a la región del Ártico, solamente el Acuerdo de 1973, que entraría en vigor a partir de 1978, sobre la conservación de los osos polares de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) realmente es un instrumento ideado para las particularidades de la región. Es decir, solamente este acuerdo ha sido negociado y acordado por los Estados árticos litorales como un instrumento jurídico vinculante específico de la región ártica. No obstante, este acuerdo no ha tenido éxito en la conservación del oso polar, por lo que los Estados desarrollaron el Plan de Acción Circumpolar de los Osos Polares en 2015, para poder verdaderamente proteger a dicha especie. También existen otros tratados para la protección de especies en específico, como la foca paletera o el caribú; sin embargo, son acuerdos bilaterales con un alcance bastante limitado ante los retos que se ciñen sobre la región actualmente (Manero, 2018). No sería sino hasta 2015 cuando se pudo aprobar otro instrumento normativamente vinculante para la región, como es el conocido Código Polar de la Organización Marítima Internacional (OMI), como se verá más adelante.

De todos los instrumentos mencionados en la Tabla 1, el más importante definitivamente es la Convención sobre el Derecho de Mar de las Naciones Unidas de 1982, la cual entró en vigor en 1994 (ONU, 2019). Esta es la norma más importante, no solo por su impacto, sino porque con ella la mayoría de Estados realizan sus reclamaciones territoriales. Dos son los artículos sobre los que se basan para sus reclamaciones, el artículo 76 y el artículo 234, más conocidos como la cláusula ártica o la cláusula canadiense (Hauksson, 2009; Manero, 2018). En este sentido, como afirma Ana Manero (2018) los Estados litorales del Ártico parecen haber olvidado los artículos 116-120, así como del 192 al 233, entre otros que buscan la conservación y protección de los recursos marinos. Estos Estados parecieran preferir aplicar la norma cuando les conviene en sus reclamaciones ambientales, pero por lo demás, su aplicación es cuestionable, como mínimo.

La cuestión fundamental de esto es que el artículo 76 establece la definición de la plataforma continental de los Estados, hasta por 350 millas náuticas, con una serie de requisitos. Actualmente varios Estados, principalmente Rusia, Canadá y Dinamarca, han hecho reclamaciones con base en este artículo de la Convención, con el objetivo de ampliar su jurisdicción territorial, identificando traslapes entre las plataformas continentales entre los Estados, especialmente alrededor de la cordillera Lomonosov (Gobierno de Dinamarca, 2011; Gobierno de Canadá, 2019; Laurelle, 2020), entendiendo que desde el año 2008 se han descubierto recursos estratégicos en la región, como el 30 % de las reservas de gas natural y el 13 % de las reservas de petróleo del planeta; así como también por el uso comercial de dos rutas marítimas que podrían reducir, por un lado, el tiempo de viaje de Europa a Asia a 20 días (que haría prácticamente obsoleto el Canal de Suez), una de las cuales atraviesa principalmente por mar ruso. Y, por el otro lado, una ruta por mar canadiense que podría volver obsoleto para Estados Unidos el Canal de Panamá. Se pueden comprender los altos intereses geopolíticos y, en consecuencia, económicos de los Estados litorales del Ártico (Alonso, 6 de febrero de 2018; Arrieta, 20 de septiembre de 2018; Conde, 2017; Manero, 2018). A su vez, existe un alto interés por la pesca y el descubrimiento de recursos estratégicos como diamantes y uranio en la región (Arrieta, 20 de septiembre de 2018).

Otro instrumento jurídico vinculante de importancia es el Código Internacional para los Buques que Operen en Aguas Polares de la OMI, conocido como el Código Polar. Busca establecer una serie de regulaciones de construcción de los buques que podrán operar en aguas polares, el equipamiento que deberán llevar, así como también las medidas de protección del ambiente que deberán respetar (OMI, 2019). Este es un código sumamente importante, ya que muchos de los autores consultados identifican que los riesgos más grandes en cuanto a la protección del medio ambiente para la región del Ártico se encuentra en las rutas marítimas que se están abriendo, tanto del paso noreste como noroeste, así como de la ruta transpolar, que atraviesa por el centro del Ártico, las cual se estima sea transitable en 2030. Otros riesgos son el derrame de petróleo e hidrocarburos y la sobreexplotación pesquera (Hauksson, 2009; Marqués, 2010; Manero, 2018; Young, 2012).

Una gran crítica a este código es que procura lidiar con el daño ambiental, en vez de prevenirlo. No obstante, esta es una crítica realizable a todos los instrumentos relacionados con el Ártico, en prácticamente todas las áreas (extracción de hidrocarburos, pesca, aprovechamiento de recursos naturales, rutas marítimas, entre otros); refleja los intereses políticos y económicos de los Estados árticos, y demás Estados interesados, como China, Japón y Holanda, y ha provocado que no sea posible acordar instrumentos de carácter preventivo o precautorio (Laurelle, 2020; Vincent, 2020).

En lo que refiere a los instrumentos de soft law relacionados con el Ártico, estos comienzan a contemplarse a partir de la década de 1990. El primer instrumento en crearse es la Estrategia de Protección Medioambiental del Ártico (EPMA) por parte de los 8 Estados Árticos en 1991, en la ciudad de Rovaniemi en Finlandia. Una de las principales razones por las cuales esta estrategia no se constituyó de forma jurídicamente vinculante fue por la negativa estadounidense (Hauksson, 2009; Manero, 2018). La EMPA poseía tres pilares fundamentales: que los Estados parte se reunieran continuamente para profundizar en su trabajo; involucrar a los pueblos autóctonos en la estrategia y su proceso de toma de decisiones; y el establecimiento de grupos de trabajo de la EMPA. Con ello, se establecieron los siguientes grupos de trabajo: Programa de Monitoreo y Supervisión del Ártico (PMSA), Protección del Ambiente Marino del Ártico (PAMA), Respuesta, Preparación y Prevención de Emergencias (PPPE) y la Conservación de la Flora y Fauna del Ártico (CFFA) (Hauksson, 2009).

La EPMA fue la principal antecesora del llamado Consejo del Ártico. Este Consejo se crea gracias a la diplomacia canadiense, a través de la Declaración de Ottawa de 1996. Con ello se conforma el Consejo del Ártico dedicado a:

Como lo establece Oran Young (2012), este Consejo es un foro político creado por una declaración ministerial, por lo que no puede realizar instrumentos jurídicamente vinculantes. Esto entra en contradicción con algunos de los instrumentos identificados como hard law por Ana Manero (2018), los que, realmente, son acuerdos establecidos en el seno del Consejo Ártico. Por ello, se toman aquí como acuerdos no vinculantes, por lo tanto, dentro del ámbito del soft law.

Entre algunos de los acuerdos establecidos en el marco del Consejo del Ártico están: Lineamientos para el establecimiento de extracción petrolera offshore de 1997 (Hauksson, 2009); Acuerdo de Cooperación en Búsqueda y Rescate Aeronáutica y Marítima en el Ártico de 2011; Acuerdo de Cooperación en la Preparación y Respuesta ante Contaminación Marina por Petróleo en el Ártico de 2013, y Acuerdo de Promoción Internacional de la Cooperación Científica Ártica de 2017 (Consejo Ártico, 2019)².

La fragilidad y lo inconveniente de contar con instrumentos de soft law en materia de protección ambiental, especialmente en una región tan importante como el Ártico, queda demostrada con la llegada al poder de Donald Trump en los Estados Unidos. Trump revocó una moratoria establecida por Canadá y Estados Unidos en 2016 sobre exploración y explotación de hidrocarburos en sus zonas económicas especiales. La dministración Trump le concedió licencia a la empresa petrolera italiana Eni SpA para explorar posibles yacimientos de petróleo y gas natural en el mar de Beaufort, y para 2017 empezaría con operaciones de explotación de estos yacimientos (Reuters, 27 de diciembre de 2017).

Además, desde las posturas de Trump, el Consejo del Ártico ha enfrentado problemas como la imposibilidad de aprobar una declaración bianual del Consejo del Ártico el 7 de mayo de 2019, debido a la negativa de dicha administración de que apareciera la palabra cambio climático en la declaración. La consecuencia pragmática de la reunión ministerial fue la aceptación de una declaración ambigua y vaga sobre la protección ambiental del Ártico (La Vanguardia, 8 de mayo de 2019). Y si esto no fuera poco, Trump ha ofrecido a Dinamarca comprar Groenlandia, provocando el aumento de tensiones con su aliado de la OTAN. Ante la negativa danesa, Trump canceló una visita oficial al país europeo (BBC News, 21 de agosto de 2019).

En este entramado instrumental, Rusia realiza una reclamación formal ante la Comisión de Naciones Unidas sobre los Límites de la Plataforma Continental en 2001 reclama, como parte de su plataforma continental, la cordillera Lomonosov, lo cual extendería su plataforma continental por más de las 350 millas náuticas, por lo que no procedería según el tratado. Esta reclamación la renovaría en 2015 (Laurelle, 2020). No obstante, la Comisión, sin refutar a Rusia, ha afirmado la necesidad de mayor investigación al respecto. Mientras, Noruega y Dinamarca han reaccionado promoviendo mayor investigación, Canadá ha reaccionado de forma más beligerante, con ejercicios militares, lo cual atenta con militarizar la zona, aún más, dado que Canadá pertenece a la OTAN. Rusia no ha contribuido a la situación, ya que en 2007 colocó, mediante un submarino, una bandera en las coordenadas geográficas del Polo norte, reclamó más del 50 % de todo el territorio del Ártico, lo cual ha sido catalogado por el resto de Estados como anacrónico, digno de la época de la colonización de los siglos XV-XIX (Marqués, 2010).

En agosto de 2019, Canadá realizó una reclamación territorial parcial sobre lo que considera es su plataforma continental en el Ártico, que incluye también a la cordillera Lomonosov. Afortunadamente, en el documento de reclamación, Canadá reconoce la necesidad de coordinar y negociar, con Rusia, así como con Estados Unidos y Dinamarca, los traslapes en sus plataformas continentales para llegar a acuerdos duraderos (Gobierno de Canadá, 2019).

Por otro lado, la llamada cláusula ártica, el artículo 234 de la Convención sobre el Derecho de Mar de la ONU establece:

Esta disposición les permitió tanto a la URSS/Rusia como a Canadá hacerse con el control de los pasos noreste y noroeste, respectivamente; argumentando la protección y cuidado de la contaminación del medio marino, lograron controlar estas estratégicas rutas de paso. La URSS en 1990 lo hizo con el decreto sobre la protección natural del Ártico, siguiendo argumentos y posicionamientos previos canadienses. Canadá lo hizo también finalmente en 2009, cuando reformó la ley de 1970 y aumentó la protección de 100 a 200 millas náuticas, y con ello creó tensiones con Estados Unidos por el mar Beaufort (Manero, 2018; Young, 2012).

Las tensiones han aumentado paulatinamente ante las reclamaciones territoriales, como la rusa que ha argumentado en diversas ocasiones que le pertenece alrededor del 50 % de la región del Ártico (O’Rourke, 2015). La situación se ha complicado aún más a partir de una serie de ejercicios militares en el Ártico, tanto de parte de la OTAN como de Rusia. A su vez, el interés canadiense de resguardar militarmente “sus posesiones” árticas frente a otros Estados a partir del año 2015 (Stratfor, 19 de marzo de 2015; des Beauvais, 25 de marzo de 2015). Así, han llevado el conflicto a una escalada de tensiones de proporciones nunca vistas.

En ese contexto, cabe señalar que quedan algunos instrumentos y foros políticos que no es posible abordarlos aquí como el Convenio 169 sobre pueblos autóctonos de la OIT, el Consejo Nórdico, el Comité Internacional para las Ciencias del Ártico, el Consejo de Estados del Mar Báltico, el Consejo Euro-Ártico de Barents, el Consejo Regional de Barents, entre otros, donde queda demostrada la situación de fragilidad y vulnerabilidad en la que se encuentra el Ártico (Alcaide, 2009). El Ártico no es una tragedia de los comunes, es una tragedia deliberada por intereses geopolíticos y sus réditos económicos, que buscan hacerse con su control. En todo sentido parece ser más una fetichización de la mercancía capitalista, en lugar de una tragedia de los comunes en un mundo de actores egoístas que no valoran los bienes comunes.

A pesar de lo mencionado, aún existen esfuerzos por salvar el Ártico, su valor ambiental y humano, sus recursos y pueblos autóctonos. Finlandia, que ejerció de 2017 a 2019 la presidencia del Consejo del Ártico, buscó vincular activamente la labor del Consejo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Manero, 2018). No obstante, se topó con intereses que han bloqueado todo intento de conservación y protección ambiental, especialmente de la administración Trump.

2.2 Actores y sus intereses geopolíticos en el Ártico

Más allá de los motivos o intereses ambientales que rigen la región, de las ansias de apropiación y acumulación de los recursos estratégicos presentes en el Ártico, así como del control de sus principales rutas de paso, por parte de las potencias internacionales que lo reclaman como suyo, se ha impedido la protección de una región absolutamente vital para la vida en el planeta Tierra. Y es que no solo se trata de recursos como el petróleo y el gas natural, los diamantes o el uranio, ni tampoco de las rutas marítimas. El Ártico posee los bancos de peces más grandes del mundo, y se estima que, a medida que especies huyen de aguas cada vez más calientes, buscan refugiarse en el Ártico, de forma tal que el valor de la explotación pesquera en la región aumenta (Manero, 2018; Young, 2012).

Esto resulta de gran relevancia para países como Noruega, de los que menos se ha preocupado por la protección ambiental de la región (Manero, 2018). De hecho, Noruega renovó su política sobre el Ártico en 2017, y de todos sus objetivos estratégicos, la protección del medio ambiente es el último. En tal política prima la concesión de licencias para explotación de petróleo y gas natural, así como el mantenimiento de la industria pesquera en la zona, lo cual no es del todo compatible con sus objetivos de protección ambiental (Gobierno de Noruega, 2017). Canadá y Rusia, y países fuera de la región, como Japón, también comparten con Noruega importantes intereses pesqueros (Holroyd, 2020). Esto supone que, mucha de la biodiversidad que puede llegar a perderse en el Ártico, lo haga no sólo por efectos del cambio climático y el calentamiento global, sino que también por una clara intervención humana.

Ante el retroceso en protección y conservación ambiental en la región, y el claro desinterés de los países árticos en promover la prevención de impactos o daños ambientales, una serie de actores se han posicionado para sensibilizar y generar presión a favor de la protección de la Región. Entre estos actores, aunque no se descuentan otros intereses particulares, están tanto la Unión Europea que llamó a crear un régimen específico del Ártico, y por ello los Estados árticos respondieron con la Declaración Ilulissat, de corte claramente soberanista, y se le negó ser miembro observador del Consejo Ártico en 2009 (Conde, 2017). También se puede mencionar a la ONG Greenpeace, que lanzó la campaña Save The Artic, en busca crear un santuario en las aguas internacionales del Ártico (Greenpeace, 2019).

A pesar de estas iniciativas, así como otras, como el Código Polar de la OMI o el Plan de Acción Circumpolar para los Osos Polares de la UICN, vistos anteriormente, los intereses geopolíticos y económicos son tales que se estima poco viable la consecución de un santuario en el Ártico, o siquiera medidas menos ambiciosas, como la protección de especies específicas, o la creación de parques marinos en varios de sus puntos, especialmente con el retroceso de los Estados Unidos en el tema ambiental al llegar Donald Trump al poder (Conley y Melino, 3 de mayo de 2019; Haycox, 2020). Todo parece indicar que el interés de explotación del Ártico para ampliar las bases de poder de las potencias prima sobre el interés colectivo ambiental.

El Ártico representa para los Estados y actores internacionales una zona nueva de intereses que van más allá de lo que históricamente ha llamado la atención de las potencias o actores con poder. En palabras de Arrieta (2018, p.1):

Ciertamente, ha sido una región remota vista como el confín de la tierra. Por ello, su abordaje teórico conceptual se ve dirigido a una forma aplicada o explícita en las relaciones internacionales, fuera de lo que el Derecho Internacional concibe y establece dentro de su régimen. Para muchos entes, el motivo principal del paulatino incremento en el interés por el ártico es el económico, el cual hace uso de un juego geopolítico para su obtención, ya que como se ha mencionado anteriormente, el deshielo del 12 % cada diez años está haciendo ver más fácil el acceso a depósitos de recursos. Tal es el caso, que desde el año 2008 la disputa territorial por el Ártico ha cobrado mayor relevancia luego del descubrimiento de recursos estratégicos de petróleo, gas natural y minerales importantes, así como también por el uso comercial de dos rutas marítimas estratégicas (Alonso, 6 de febrero de 2018; Arrieta, 20 de septiembre de 2018; Conde, 2017).

Todos esos posibles intereses que giran en torno al Ártico están a la vista de distintos actores, más allá de los llamados Artic5. En ese sentido, se puede incluir, desde distintas esferas o alcances de influencia sobre la región, casi a la totalidad de la comunidad internacional, cada esfera con intereses distintos. Vale la pena, en este espacio, señalar, a grandes rasgos, cuáles son los actores inmersos y sus intereses o visiones. Ante esto, Palacián y Sánchez (2013) los enmarcan en lo que llaman tres grandes anillos, como se puede ver en la Tabla 2.

Para el caso de Rusia, sus dos principales políticas sobre el Ártico, elaboradas en 2008 y 2013, y con vigencia hasta el año 2020, ven en el Ártico una región estratégica por sus recursos económicos y la ruta noreste. La política del 2008, titulada en inglés como “Foundations of the State Policy of the Russian Federation in the Arctic, to 2020 and Beyond”, establece cuatro principales intereses nacionales y seis metas principales de la Federación Rusa en el Ártico. Los cuatro principales intereses son: el uso de la zona ártica como una base de recursos estratégica para el desarrollo económico; la preservación del Ártico como una zona de paz y cooperación; la protección del sistema ecológico único del Ártico, y el uso de la ruta de paso del norte como un enlace de transporte que conecte a Rusia con el Ártico (Gobierno de la Federación Rusa, 2008). Mientras que las metas principales son: desarrollo socioeconómico, altamente enfocado en hidrocarburos; defensa y seguridad de la frontera nacional de Rusia en el Ártico; protección del medio ambiente ártico; la creación de un espacio de información en la zona ártica rusa; promoción de la cooperación internacional bilateral y multilateral (Gobierno de la Federación Rusa, 2008).

Fondahl, Espíritu e Ivanova (2020) argumentan que en la política rusa sobre el ártico en 2008 y 2013 no primaba, en gran medida, la seguridad nacional, sino que el cambio empezaría a suceder a partir de 2014, con el alza en las tensiones con las potencias occidentales. Para ello, aseguran que la seguridad nacional es la última de seis prioridades estratégicas de la “Strategy for the Development of the Arctic Zone of the Russian Federation and Guaranteeing National Security to 2020”, elaborada en 2013. Estas prioridades, en orden, serían: desarrollo socioeconómico; ciencia y tecnología; creación de un espacio informativo unificado; seguridad ambiental; cooperación internacional, y seguridad nacional (Fondahl, Espíritu e Ivanova, 2020). No obstante, la seguridad nacional ha estado, junto con el desarrollo económico y explotación de recursos estratégicos, dentro de las prioridades, pero no en las principales del gobierno ruso en el Ártico (Fondahl, Espíritu e Ivanova, 2020; Laurelle, 2020).

Además, con el deshielo que ha sufrido la zona, han aumentado las facilidades para navegar la ruta del noreste y se evidencia también el aumento de las posibilidades de explotación energética. En palabras de Arrieta (2018), es fácil estudiar tanto el comportamiento de Rusia como el de China, a la luz del enfoque ofensivo neorrealista de Mearsheimer; pues, en ambos casos, el posicionamiento en la región significaría un aumento de estatus internacional como potencias. Rusia está desarrollando importantes proyectos, especialmente en la explotación de gas natural en la península Yamal y Gydan. Son tres proyectos: Yamal LNG, Artic 2 LNG y Ob LNG. Yamal LNG produce actualmente 16 millones de toneladas de gas licuado anualmente, mientras se espera que para 2030 el proyecto Artic 2 LNG ocasione 70 millones de toneladas de gas licuado anualmente. China ha invertido en ambos proyectos, a través de Corporación Nacional de Petróleo de China y la China National Oil Offshore Corporation, que poseen el 20 % de las acciones de los proyectos Yamal LNG y Artic 2 LNG, respectivamente (Laurelle, 2020, p. 14). China también ha invertido alrededor de USD 43 billones de dólares en proyectos de producción de gas licuado en Alaska, con el beneplácito del gobernador estadounidense de dicho Estado (Conley y Melino, 3 de mayo de 2019).

Canadá, por otro lado, elaboró en septiembre de 2019 una nueva política sobre el Ártico, llamada “La Política Marco del Norte y Ártico de Canadá”, que busca dar mayor énfasis al desarrollo sostenible y a la participación y bienestar de los pueblos autóctonos de la zona; sin embargo, considera fundamental el despliegue de sus tropas como medida disuasoria y garantista de su soberanía, al tiempo que se busca también mayor cooperación internacional con los demás Estados árticos y organizaciones internacionales (Gobierno de Canadá, 2019).

Estados Unidos, por su parte, cuenta con una presencia un poco más discreta, e intenta hacer valer el alcance del territorio de Alaska en la región; también espera el desarrollo de la región para su aprovechamiento comercial y energético, calificando a la región de “asombrosa … última gran frontera … pacífica, estable y libre de conflicto” (Palacián y Sánchez, 2013, p. #). Ni Obama ni Trump han buscado proponer una política específica sobre el Ártico, aunque Obama buscó mantener un liderazgo mediante la presidencia estadounidense del Consejo del Ártico durante los años 2015-2017. Trump, que asumió el último período de dicha presidencia, ha buscado reducir la protección ambiental a favor de la explotación económica de la zona, sin proponer medidas estratégicas que compitan con lo que los demás Estados árticos están implementando (Conley y Melino, 3 de mayo de 2019; Haycox, 2020).

El caso de Dinamarca posee características muy especiales, pues a pesar de no ser un Estado con capacidades, en términos de poder, equiparables con Rusia o Estados Unidos, posee territorialmente áreas de importancia a cargo de su gestión, como Groenlandia con abundancia de recursos minerales dentro de su jurisdicción y las islas Feroe. Dinamarca elaboró para el período 2011-2020 una política sobre el Ártico, en la que prima un Ártico pacífico y seguro; un desarrollo y crecimiento económico sostenible; respeto por el medio ambiente, y la búsqueda de cooperación internacional. Asimismo, sin buscar comprometer el autogobierno de Groenlandia ni las Islas Feroe, busca asegurar su soberanía nacional mediante el despliegue de sus tropas en cooperación con la OTAN (Gobierno de Dinamarca, 2011).

Finalmente, en este primer anillo se encuentra Noruega, país para el cual las cuestiones árticas han sido prioridad para su política desde hace casi 10 años; fue el primer país en proponer una política específica sobre el Ártico en 2006, seguido de Rusia en 2008 (Fondahl, Espíritu e Ivanova, 2020), y que renovaría en 2017 con su Estrategia Ártica de Noruega (Gobierno de Noruega, 2017). En dicha estrategia noruega identifica cuatro objetivos estratégicos y cinco áreas prioritarias para Noruega en el Ártico. Los cuatro objetivos son: paz, estabilidad y predictabilidad; administración integral basada en el ecosistema; cooperación y derecho internacional; mayor énfasis en el empleo; creación de valor y bienestar. Las cinco áreas prioritarias son: cooperación internacional; desarrollo empresarial; desarrollo de conocimientos; infraestructura; protección ambiental y preparación ante emergencias (Gobierno de Noruega, 2017). De esta forma, Noruega mantiene objetivos y prioridades un tanto contradictorias, como es la explotación pesquera y de hidrocarburos, junto con la protección del medio ambiente. A pesar de esto, es el único país que no prima la variable de seguridad, al tener solo un pequeño acápite mencionando su cooperación con la OTAN en la zona (Gobierno de Noruega, 2017, p. 18).

Dentro del anillo intermedio, se encuentran principalmente intereses de cooperación, como el caso de Finlandia, Islandia y Suecia; el primero y el tercero, miembros de la UE, consideran beneficiosa la inclusión de este organismo en el consejo del ártico (Palacián y Sánchez, 2013), pues amplía esa visión de cooperación a actores no circundantes del Ártico. En el caso de Islandia, busca estrechar la cooperación con Groenlandia y las islas Feroe, por razones como las cualidades particulares que poseen; además, tiene abiertas las puertas a la inclusión de países asiáticos en la región, en cuyo tablero entra principalmente China, Japón y Corea del Sur, y en un segundo plano India y Singapur (Holroyd, 2020).

El caso de China, como se mencionó, junto a Rusia, posee particularidades muy importantes en el juego geopolítico de la zona. Retomando la visión de Arrieta (2018), en China el neorrealismo ofensivo se deja notar en el paso de una posición discreta, a una clara en cuanto a las riquezas pesqueras, minerales y energéticas, así como el posible uso y los desafíos que representan las nuevas rutas comerciales, “especialmente en la construcción naval y ayudas a la navegación… también tiene importantes intereses en Groenlandia, donde se ha asociado con una compañía británica para explotar una gran mina de hierro” (Palacián y Sánchez, 2013).

Esto, al grado en que China, en su nuevo discurso, se autodenomina un Estado “casi ártico”, condición con la que exige ser tenido en cuenta en el desarrollo de la región (Arrieta, 2018), además muestra una relación con uno de los países más presentes en el Ártico, Rusia, con el cual mantiene una relación político-comercial para invertir su capital en las prospecciones de petróleo y gas en territorios rusos de la zona (Laurelle, 2020). China posee grandes intereses en el Ártico, al posicionar a la región como parte estratégica de su nueva Ruta de la Seda o “One Belt One Road”, lo que ha provocado, como se ha visto anteriormente, que realice importantes inversiones en el Ártico, tanto en Rusia, como en Estados Unidos y en Dinamarca. Esto ha provocado nuevos retos para los Estados árticos, al introducirse un nuevo actor en la dinámica de poder de la región, que ha despertado recelos de dichos países ante la inserción china en el Ártico (Conley y Melino, 3 de mayo de 2019; Holroyd, 2020; Laurelle, 2020).

En el último anillo, llamado el “anillo exterior”, se encuentra básicamente el resto del mundo, que ve con cierta preocupación la cuestión ártica, en primer momento por el tema del deshielo y lo que en los intereses consistentes se identifica como la pérdida o degradación del “refrigerador de la Tierra”, y que traería consecuencias a la estructura climática mundial. Además, para algunos medios u observadores, el Ártico también representa un posible escenario de conflicto en el mundo, a su vez se señala que instrumentos como la Convención del Derecho del Mar tiene poca relevancia en el desarrollo geopolítico de la región, y representa un elemento de incertidumbre para la comunidad internacional (Palacián y Sánchez, 2013).

Expuestas las posturas de cada uno de los actores parte, es importante retomar, de forma más directa, dos de los principales intereses que existen en términos generales.

El primero de ellos es la apertura de nuevas rutas comerciales, las cuales tienen una gran trascendencia, pues acortarían la distancia entre Asia y Europa. Estas rutas son principalmente dos, la del noroeste y la del noreste.

La ruta del noroeste bordea la costa septentrional norteamericana, conectando el océano Atlántico y el Pacífico (Palacián y Sánchez, 2013). En esta se encuentra el primer choque de intereses, ya que dicha ruta atraviesa archipiélagos localizados en la soberanía de Canadá, por lo que esta última entiende que atraviesa sus aguas interiores y, consecuentemente, le correspondería establecer condiciones de tránsito. Por otro lado, EE.UU. y Europa consideran que esos estrechos deben ser de libre navegación. Esta ruta se presentaría en su momento como una alternativa al Canal de Panamá (Del Valle, 2015), facilitando la conexión interoceánica al tener 10 500 km menos de recorrido, por ser de 13 500 km frente a los 24 000 km del canal del istmo centroamericano (Rodríguez, 2017).

La segunda ruta es la del noreste, también llamada la ruta del mar del Norte, esta une el océano Atlántico y el Pacífico, pero a través de las costas de Rusia. Ofrece, en principio, un camino más barato, rápido y seguro que las actuales rutas, con la amenaza de la piratería y el terrorismo, así como de la inestabilidad casi permanente en ciertas regiones (Palacián y Sánchez, 2013). Esta ruta representa una alternativa al Canal de Suez (Del Valle, 2015), cuya ruta tiene una distancia de 21 000 km, y la ruta del norte consta de 12 600 km (Rodríguez, 2017).

Esta última ruta tiene una interesante visión teórica, debido a que su apertura o facilidad de tránsito significaría una apertura del flanco norte de Rusia, lo que, para Arrieta (2018), contrastaría en primer momento con la visión de Mahan, quien señaló a la Federación Rusa únicamente como una potencia continental, y que dicho espacio significaría una oportunidad para su desarrollo marítimo como potencia, tal como lo hizo Mackinder al hablar del Heartland.

El segundo de los principales intereses en la región, pero no menos importante que el anterior, es la explotación de recursos, como gas natural, petróleo y otros minerales; lo cual, junto con las rutas, son intereses presentes en la gran mayoría de actores en torno al Ártico. Esta explotación de recursos llama sumamente la atención de la comunidad internacional, dado que podría ser detonante de conflictos, debido a las diferencias en torno a la delimitación de las zonas económicas exclusivas; pero, como lo señalan Palacián y Hernández (2013), el aprovechamiento de las riquezas del Ártico requiere grandes inversiones, importantes avances tecnológicos y, sobre todo, tiempo para que el deshielo avance, en ningún caso han pasado de ser meros desacuerdos.

En vista de lo anterior, Javier del Valle (2015) retoma a Conde (2014) para subsanar las dudas de un posible conflicto por dichos recursos, y señala que dicha explotación masiva aún no es factible o inmediata por las siguientes razones:

Si bien desde 2014 los precios del petróleo y gas natural han caído, disminuyendo el interés de explotación en la zona, lo cierto es que producto de las tensiones entre Rusia, Irán y Arabia Saudí, se ha generado una deliberada caída en los precios. Además, la situación con el brote del COVID-19 ha generado que los precios caigan a récords históricos, producto de la caída del consumo y la demanda de estos productos. Esto ha golpeado especialmente a Rusia, y sobre todo sus proyectos en la región ártica (Fondahl, Espíritu e Ivanova, 2020; Laurelle, 2020). Sin duda, ante todo lo expuesto, es posible decir que la región del Ártico comprende un complejo contexto internacional, donde confluyen diversos temas de interés político, económico, comercial, de seguridad, entre otros. Su desarrollo deberá estar en los temas de análisis no solo de sectores académicos o teóricos, sino también de la comunidad internacional, pues, de una u otra forma, los intereses existentes vinculan de distintas maneras el sistema actual.

Conclusiones

El Ártico es una región que presenta una serie de particularidades únicas en el planeta. No sólo es una región de alto valor ambiental para la humanidad, sino también se encuentra rodeada de potencias con claros intereses en apropiarse de su territorio, tanto marítimo como terrestre, con el objetivo de aprovechar sus recursos estratégicos como fuentes de poder internacional. El interés egoísta de las potencias, en este sentido, está provocando que la humanidad vea deteriorarse, a un paso vertiginoso, una región vital para el sostenimiento de vida en el planeta.

Una dificultad actual es que la llamada comunidad internacional no puede hacer más que observar la situación con un sentimiento de impotencia, ya que entre los actores involucrados están las principales potencias del mundo en los ámbitos militar, político y económico. Por si fuera poco, el complejo de régimen internacional que rige sobre el Ártico es, en tal medida complejo y entrelazado por instrumentos de Hard y Soft Law, que no es posible concebir una aplicación coherente ni efectiva de este mismo en aras de la protección y conservación ambiental de la región. Y es que la noción de un régimen especial del Ártico es inmediatamente puesta en alto por los intereses de las potencias involucradas.

Ante esta situación, se prevé que la situación ambiental del Ártico siga deteriorándose y, con ello, sus intereses económicos en la región sigan aumentando, con el objetivo de aprovechar los recursos estratégicos y rutas marítimas que ofrece el deshielo y el calentamiento global. No obstante, esto dependerá del desarrollo tecnológico para el aprovechamiento de estos recursos, así como también de otros descubrimientos de recursos en otras latitudes, de más fácil acceso.

Por ahora, no se prevé un aumento del conflicto alrededor de los intereses y reclamaciones territoriales en el Ártico, aunque sí es posible, de continuar las potencias con sus ejercicios militares en la región, que este vuelva a regirse por un paradigma de la seguridad. La resolución de las tensiones alrededor de las rutas del noreste y noroeste, así como también la posibilidad de contar con una ruta transpolar, de continuar el deshielo, a partir del 2030, serán vitales para evitar cualquier escalada en los conflictos. Sin embargo, como bien dice Ana Manero (2018), todo parece indicar que el Ártico seguirá manejándose como si perteneciera a un club cerrado de Estados.

Referencias

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