Introducción

La concentración de pobladores en los centros urbanos presenta una tendencia que parece va en aumento en América Latina (BM, 2018); en la región, Costa Rica tiene la mayor proporción de población urbana (75 por ciento), y al mismo tiempo uno de los ritmos más grandes de crecimiento anual en el mundo para países con niveles similares de urbanización (2.5 por ciento en 2014). Por esto es necesario que el Estado costarricense, quien provee los servicios públicos, realice obras de ingeniería con el fin de brindar a la población acceso al transporte, energía, agua potable, entre otros.

Para construir la obra de ingeniería será necesario adquirir tierra, cuyo acto implica que las personas que viven en esa superficie deberán, irremediablemente, vender las propiedades en la mayoría de los casos contra su voluntad, incluyéndose a su vez la adquisición de aquellas propiedades Estatales o públicas existentes para la prestación de servicios, desmembrando con ello las condiciones de vida y redes establecidas para el desarrollo de diferentes actividades en el ámbito social, económico-financiero, ambiental y cultural. En la literatura dichas obras tienen diferentes denominaciones: proyectos de desarrollo, megaproyectos, macroproyectos y proyectos de gran escala (Cernea, 2009), en este caso, los llamaremos megaproyectos.

Ha sido de reconocimiento internacional el reasentamiento involuntario realizado debido a la construcción del megaproyecto hidroeléctrico Arenal. El presente artículo pretende divulgar la experiencia, contemplando el abordaje realizado en atención a las poblaciones afectadas en la recuperación de sus medios de vida.

Área de estudio

Arenal se localiza al noroeste del país, dentro de un arco interno volcánico entre las cordilleras de Guanacaste y Tilarán, específicamente al norte del embalse de la Laguna Arenal. Es el distrito siete del cantón Tilarán (IFAM, 1985), a una distancia de 33 km² del centro del cantón, como se muestra en la Mapa 1.

Características generales de Arenal antes del desplazamiento involuntario

Arenal funcionaba como centro inmediato de prestación de servicios para toda la región, no se contaba con servicio de agua potable, electricidad ni teléfono, se servían de él y por sus propios medios de transporte, seis poblados (Pueblo Nuevo al este, Venado y Esperanza al noroeste, San Rafael, Cabanga y Pejibaye al norte, y algunos caseríos), por lo que tenía influencia (ICE, 1973a), pese a su categoría desde el punto de vista político administrativo en ese entonces, de caserío (Gobierno de Costa Rica, 2017), estatus que deseaban cambiar desde 1954, cuando presentaron ante la Municipalidad de Tilarán una solicitud ante la Dirección General de Estadística y Censos para erigir en distrito el caserío de Arenal (Obando, 1981).

Se disponía en el sitio de diferentes espacios que fomentaban la agrupación de personas, (ICE, 1978), infiriéndose la disponibilidad de la gente a dialogar y participar en la discusión de diferentes temas de interés comunal (Freer, 1976a; 1977).

En 1973 su población era de 800 habitantes (ICE, 1973a). Existían 362 familias (ICE, 1978), de las cuales el 65% eran no propietarias y 35% si (Freer, 1976b). Las familias en general eran numerosas y no solían contratar mano de obra, habían trabajado durante años y desarrollaron un gran vínculo con la tierra, forjaron sus fincas con esfuerzo, arduas labores realizadas con su propia fuerza apoyándose eventualmente con animales y carretas (Freer, 1976b). Las familias preocupadas por subsistir plantearon para reasentarse la posibilidad de un intercambio justo, que consistía en parcelas y el equivalente a sus cultivos, considerando que, independientemente la condición de tenencia, a cualquier precio justo que se pagara la tierra, nunca sería suficiente para conseguir tierra en otro lugar y con la misma productividad (ICE, 1973a).

Un 6% de las jefaturas de familia eran mujeres; de acuerdo con la edad, se infiere que menos de un 1% tenían entre 18 y 34 años, un 3% entre 35 y 49 años, y mayor a 50 años era de un 2.43%. (ICE, 1973b). Más del 93% de las jefaturas de familia eran hombres, presentándose por rango de edad: de 18 a 34 años un 36.21%, 32.94% entre 35 y 49 años y 23.84% de 50 y más años; lo que indica que la mayoría de jefaturas de hogar eran hombres y se encontraban en edad productiva al igual que las mujeres, éstas en menor proporción; asimismo, sus familias tenían entre 4 y 9 hijos (ICE, 1973b).

El paisaje mostraba fragmentos de bosque, árboles en linderos y cercas de finca, dispersos en potreros y como sombra dentro de los cafetales (Freer, 1976a ; 1977b). A criterio de los pobladores, se contaba con suelos de la llanura ricos y fértiles (Hilje & Torres, 1997). La principal actividad productiva se encontraba ligada a la ganadería y caficultura, debido a la influencia de los migrantes de la Meseta Central que colonizaron la zona (ICE, 1973a).

Geológicamente, el sitio de origen se ubicaba en la depresión de Arenal, que formaba un valle más o menos amplio de fondo plano (Figura 1), por donde discurría el río homónimo. El resto de la zona presentaba relieve montañoso, los suelos presentes tenían su origen en materiales volcánicos. Caracterizado por lloviznas y azote de fuertes vientos, en verano la temperatura promedio era de 20,3˚C (ICE, 1973a). Dentro del valle había una laguna natural de aproximadamente 25 kilómetros cuadrados (km²) (E. Brenes, comunicación personal, 25 de noviembre 2020).

Existían en el centro de población 126 viviendas, el 81% estaban en estado de habitarse y un 19% no; alrededor de la laguna se encontraban 550 viviendas, en ellas habitaban familias de Tronadora y Arenal, un 43.45% presentaban buen estado; un 34,75% estado regular, en mal estado se encontraba el 18.72%, y sin especificar un 3% (ICE, 1973a). Eran en su mayoría de madera, construidas de forma rudimentaria, algunas de ellas eran modestas y solían estar acompañadas por el espacio del solar (ICE, 1973a; Freer, 1976a ; 1977b). El solar en la actualidad es reconocido como el sistema agroforestal huerto casero.

Marco conceptual

Al construir un megaproyecto, como por ejemplo una hidroeléctrica, se hace preciso ubicar dentro de un territorio cierta superficie de tierra que presente las condiciones óptimas requeridas para desarrollarlo. Una vez localizado el sitio, será necesario adquirir las propiedades propiciando de forma obligatoria el desalojo de quienes las aprovechan (Barabás & Bartolomé, 1992). La expropiación genera el desalojo, produciendo el impacto de desplazamiento, siendo conceptualizado como desplazamiento involuntario, mientras que a las opciones que se brindan a la población desplazada con el fin de que retomen su vida en otro sitio y reestablezcan su hábitat se le llaman reasentamiento involuntario (Cernea, 1995).

Se define población desplazada como aquella persona, grupo, familia, comunidad o aglomerado de personas, independientemente la cuantía, que recibe en forma directa o indirecta el impacto multidimensional debido a la construcción del megaproyecto, siendo obligada por un agente externo a marchar contra su voluntad del sitio que habita o del cual obtiene beneficios para vivir, sin tener la posibilidad de quedarse o regresar a él, por lo que es forzado a irse contra su voluntad.

El reasentamiento referirá a una forma amplia, compleja y multidimensional de reiniciar en un nuevo sitio la vida, abarcando diferentes factores, temporalidad y dimensiones, buscando permanecer en él. Adaptarse y recuperar el modo de vida implica una planificación (Oliver-Smith & Sherbinin, 2014).

El reasentamiento involuntario debido a megaproyectos puede puntualizarse como aquel proceso en el cual una población afectada debe someterse a un desplazamiento involuntario, siendo necesario su traslado a otro sitio diferente al que se encuentra, sin la posibilidad de regresar al sitio de origen debido a que este será desmantelado y ocupado por las obras de ingeniería.

El término reubicar sugiere una opción de realizar un proceso de movilización o trasferencia física de un lugar de origen hacia otro sitio diferente; o del traslado de una comunidad debido a los objetivos de un agente externo, con sentido de mero socorro por estado de calamidad donde la acción se basa principalmente en la recuperación de la vivienda e infraestructura. Así, no contempla la reconstrucción de los medios de vida de la población desplazada involuntariamente, por ello se encuentra en desuso desde la década de los años 80, al no abarcar la multidimensionalidad y magnitud que debería estar implícita (Cernea, 1995). Erróneamente, en algunas ocasiones se utiliza como sinónimo de reasentar.

Marco teórico

Para abordar el desplazamiento y reasentamiento involuntario se utilizó un marco teórico vinculando (como se muestra en la Figura 2) el desarrollo territorial, la nueva ruralidad, los medios de vida sostenibles y los riesgos al empobrecimiento. Se puntualiza:

El desarrollo territorial es definido como proceso de construcción social de un entorno, impulsado por las interacciones entre las características geofísicas, las iniciativas individuales-colectivas de diversos actores y la operación de fuerzas económicas, tecnológicas, sociopolíticas, culturales y ambientales en el territorio (CEPAL, 2021).

En los territorios, los avances tecnológicos y de comunicación, entre otros, han estimulado transformaciones, por ello en sitios remotos existen ahora facilidades para las telecomunicaciones, vías de acceso terrestres, diversificación de actividades económicas, ya no solo agrícolas o pecuarias, sino de comercio y servicios, generando una serie de nuevas formas de relaciones, interacciones y actores dentro de las dinámicas (Vargas, 2009), creando complejos sistemas de interacción y coexistencia (Delgado, 2004). Las diversas transformaciones y sus implicaciones son conocidas como la nueva ruralidad.

La asociatividad de las zonas rurales de América Latina con la presencia de pobreza extrema genera tres aspectos preocupantes desde el punto de vista del desplazamiento involuntario: a) manifiestan los mayores indicadores de pobreza extrema (CEPAL, 2014), b) los países latinos presentan condiciones naturales por su clima y topografía para que se faciliten los desastres naturales y existe una población susceptible a su impacto (Sanahuja, 2011), c) las zonas rurales son las más recurrentes para la construcción de megaproyectos (Scudder, 2005; Pettersson, 2002)

Aspectos alarmantes al sopesar que en las áreas rurales la población a desalojar por la construcción de los megaproyectos suele ser la que se encuentra rezagada y en condiciones de pobreza y de pobreza extrema; presentando una condición desfavorable inicial, dado que un proceso de desplazamiento involuntario puede contribuir a vulnerar las condiciones de la población, duplicando así la pobreza existente (Cernea, 2005).

Para comprender y analizar la manera en que las poblaciones menos favorecidas desarrollan su medio de vida, resulta de utilidad el Enfoque de Medios de Vida Sostenible (EMVS), el cual permite conocer cómo establecen las estrategias de supervivencia, el alcance y las prioridades del desarrollo, y de qué forma las poblaciones logran responder ante acciones de choque que susciten situaciones fuertes de cambio y vulnerabilidad (DFID, 2001). El enfoque supone un medio para contribuir a crear estrategias y disminuir la pobreza, por lo cual es válida su aplicación a la población de las zonas rurales involucrada en un proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario debido a la construcción de megaproyectos.

Se llama capital a cada uno de los recursos que son invertidos para producir o reproducir otros recursos en diferentes plazos (DFID, 2001), definidos en la Figura 3.

Los capitales suelen estar interconectados y esparcir sus efectos entre sí, actuando sobre los medios de vida de la población. Un impacto negativo en un capital puede menoscabar a otro y, en conjunto, acentuar la pobreza; un impacto positivo podría fortalecer a otro, potenciando los recursos, favoreciéndose a la población.

Las personas involucradas en procesos de desplazamiento y reasentamiento involuntario, preparadas o no para ello, ante la obligatoriedad del desalojo, deberán marchar sufriendo así alteraciones en su forma de vida y cotidianidad antes, durante y después de los procesos, generándoles condiciones de desventaja al enfrentarlos. La exposición de la población menos favorecida a dichas alteraciones y condiciones es definida por Cernea (2005) como los riesgos al empobrecimiento. Se detallan en la Figura 4.

Importante visualizar dentro del empobrecimiento la condición de género en los territorios rurales (Escobar & Meertens, 1997; Instituto sobre Refugio LGBTIQ para Centroamérica 2019; Castro-Sandí & Medina-Hernández, 2019), donde la mujer antes del desplazamiento, en comparación con los hombres, presenta desventajas que potencian su afectación.

Al conocer los factores que intervienen en los capitales del EMVS de la población y relacionarlos con los riesgos al empobrecimiento (Figura 5), es posible evidenciar las limitantes y las oportunidades de la población. A mayor cantidad de activos logrados en cada capital, menor presencia de pobreza; lo cual contribuye a la planificación en los procesos de desplazamiento y reasentamiento involuntario, logrando diseñar estrategias para contrarrestar los riesgos al empobrecimiento, en procura de la restitución de los medios de vida en el sitio de reasentamiento.

Marco metodológico

El objetivo consistió en identificar en los programas brindados en el sitio de reasentamiento involuntario los capitales alcanzados y su efecto para contrarrestar el riesgo al empobrecimiento de la población.

El proceso metodológico comprendió las siguientes etapas:

Resultados

En Costa Rica se decidió construir un megaproyecto hidroeléctrico para solventar un faltante de energía en la década de los años 70. El Instituto Costarricense de Electricidad fue quien asumió la responsabilidad de planificar y ejecutar el proceso amparado en su Ley 449 (Poder Legislativo, 1949).

El megaproyecto se visualizó buscando que su diseño permitiera generar energía y la posibilidad de crear un distrito de riego en la parte baja de Cañas y áreas aledañas en la provincia de Guanacaste para ser aprovechado en verano y contrarrestar las grandes sequías (E. Brenes, comunicación personal, 27 de mayo 2016); su construcción implicó desalojar 2500 personas e inundar en forma total la comunidad de Arenal y Tronadora, además de los poblados de Caño Negro, Guadalajara, Mata de Caña, Naranjos Agrios (La Argentina), Piedras y, en forma parcial, San Luis (ICE, 1978). La comunidad de Arenal presentaba una mayor cantidad de población (800 habitantes), de estos un 94% aceptó el reasentamiento involuntario, el resto optó por el pago directo (ICE, 1978).

Los objetivos planteados para realizar el reasentamiento involuntario fueron a) mejorar el nivel de vida de la población; b) desarrollar un proyecto integral en el que se establecieran bases sólidas a la comunidad para incidir social y económicamente, para que, a partir de ahí, la población alcanzara su desarrollo físico, social y económico (ICE, 1978). La política para el proceso de reasentamiento involuntario consistió en brindar, en forma decorosa, diferentes programas y “propiciar junto con otras instituciones el desarrollo local” (ICE, 1981, p. 33), fomentando la libre negociación con los involucrados, quienes aceptaron, rechazaron y propusieron ideas ante los diferentes temas actuando a su favor (E. Brenes, comunicación personal, 27 de mayo de 2016). En el sitio de reasentamiento, para que la población lograra un desarrollo integral, se desplegaron cuatro programas: tierras, vivienda, desarrollo agropecuario y desarrollo comunitario.

Discusión de resultados

El ICE en la década de 1970, según indica E. Brenes (comunicación personal, 27 de mayo de 2016), convocó a instituciones públicas solicitando conformar una comisión con un equipo de profesionales interinstitucional y multidisciplinario que permitiera resolver la situación de la población que debía ser movilizada con el fin de construir el megaproyecto Arenal; no obstante, a pesar de la realización de algunas reuniones interinstitucionales y giras a campo, no fue posible lograr una compatibilidad y efectividad en cuanto a la representación, participación y toma de decisiones por parte de las instituciones existentes que brindaran respaldo al ICE.

Este grupo no fue muy eficiente, de acuerdo con lo citado por Brenes, Brenes y Madrigal (1996), por lo cual en 1974 el ICE creó una oficina con el fin de realizar estudios, planificar y evaluar el proceso de reasentamiento y promover que las familias afectadas participaran en todos los pasos de ese proceso; a pesar de ello, continúa explicando E. Brenes (comunicación personal, 27 de mayo de 2016), se mantuvo en la institución y la oficina la firme convicción de que, una vez concluidas las obras de equipamiento comunal, cada institución competente del Estado asumiría su responsabilidad en el sitio de reasentamiento para apoyar la organización interna de las familias y las comunidades desde antes de ser trasladas, para acompañar su desarrollo; se plasma así en un informe del ICE: “llega entonces el momento de que el Gobierno, en coordinación con Municipalidades, Juntas de Desarrollo, Instituciones públicas, Ministerios del Estado y la banca nacionalizada, se integren a la vida cotidiana de Nuevo Arenal” (ICE, 1978, p. 40).

Generalidades de los programas en el sitio de reasentamiento

El sitio de reasentamiento

El área por ocupar del embalse sería aproximadamente de 82 kilómetros cuadrados (km²), inundándose hasta la cota de 545 msnm (E. Brenes, comunicación personal, 25 de noviembre 2020). La población que allí se ubicara debía ser desplazada, lo que les implicó elegir de nuevo un sitio donde vivir, resolviendo realizar una votación para llegar a un acuerdo.

Se determinó como criterio para el sufragio que toda persona habitante de la comunidad y mayor a 18 años, con más de un año de residir en ella, tenía derecho a participar de la toma de decisión (Fernández, 1974), en elegir el diseño poblacional y el sitio de reasentamiento (ICE, 1978).

La población de la comunidad de Arenal, en la cual se realizó el plebiscito el domingo 17 de noviembre de 1974 para decidir el sitio de reasentamiento y el diseño del poblado, eligió a Santa María (el sitio número siete de las alternativas), ubicado a una altitud de 620 msnm, a unos 12 kilómetros del sitio de origen. Influyó en la decisión de los vecinos la alternativa más alejada del volcán, considerando las erupciones de 1968 (Fernández, 1974), a una distancia en kilómetros de 38 de Cañas, 24 del cantón de Tilarán, 24,5 del volcán Arenal y 25 del lago creado por el embalse (ICE, 1978). El diseño de poblado elegido fue el denominado como alternativa tres, el cual contaría tanto con características urbanas en su centro de población como rurales al tener sus parcelas alrededor (Fernández, 1974). En la Figura 6 se muestra tanto la ubicación del pueblo de Arenal antes del desplazamiento como en el sitio elegido para su reasentamiento.

Al aplicar la expropiación y propiciar el desplazamiento obligatorio de la población para desalojar la zona inundable se brindaron dos opciones: a) el pago directo de los bienes inmuebles; o b) reasentamiento. Las personas propietarias de grandes extensiones optaron por el pago directo. Aquellas que tenían áreas inferiores eligieron reasentamiento involuntario, se les brindó esta misma opción a las personas no propietarias (ICE, 1978). Basados en la información etnográfica y en el análisis de micro-región, realizados en el año 1973 por el ICE, se diseñaron programas (Figura 7) para resolver la forma de restituir y atender las demandas de la población. Estos fueron cuatro: Tierra, Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Comunal y Vivienda.

Los programas optaron en su planteamiento por solventar las necesidades y lograr los anhelos de los pobladores, buscando generar arraigo en el sitio de reasentamiento y que se lograra un desarrollo integral por parte de los reasentados (ICE, 1978). Se puntualizan:

Programa de Tierras

Buscó restituir y dar la oportunidad de ampliar el área existente en el sitio de origen a personas propietarias, así como adquirir tierra a quienes no eran propietarias por igual; toda jefatura de familia que optó por el reasentamiento involuntario fue propietaria de la tierra para la vivienda (lote urbano), o tierra para mantener y propiciar el desarrollo de las actividades económicas (parcelas), o ambas, y se brindaron alternativas atractivas por medio de modalidades de restitución a su “propiedad y vivienda a precio de costo” (ICE, 1978, p. 31), el deseo y vocación de cada familia fue considerado, así como su necesidad para afrontar la nueva situación económica en el sitio de reasentamiento.

Las parcelas mantuvieron un área entre 2, 3, 5 y 10 hectáreas (ha^-1), se promocionaron opciones de crédito a una tasa anual del 8% para toda familia que deseara utilizarlo. Así, la propiedad adquirida por la población en el centro urbano fue en un 78% a crédito total, 5% a crédito parcial, 10% con canje, 3% con canje más crédito, y 4% de contado; mientras que, para el caso de la adquisición de los predios de parcelas fueron: crédito total 87%, crédito parcial 3%, canje más crédito un 6% y de contado un 4% (ICE, 1981).

Buscando solucionar la situación económica inmediata que surgiera por los hijos de los pobladores originales reasentados (segunda generación), se previeron 25 parcelas con área promedio de 1,5 ha^-1, con el fin de que lograran nuevas oportunidades de empleo con la apertura de los establecimientos vinculados a la agroindustria y el desarrollo de turismo (ICE, 1978; BID, 1984). Se dispuso un área de 2,6 ha^-1 para el crecimiento comercial, distribuida en 50 lotes (ICE, 1978).

Programa de Desarrollo Agropecuario

El sitio de reasentamiento seleccionado sería principalmente de vocación ganadera y agrícola, por lo que se realizaron esfuerzos para encaminarse hacia dichas actividades productivas (ICE, 1978). Se decidió, por parte de la población, que las parcelas tendrían su vivienda con el fin de conservar su idiosincrasia, querían vivir en su parcela para desarrollar todo en conjunto (Freer, 1976b).

Se brindó formación, mujeres jóvenes participaron en los cursos sobre huertas (Freer,1976b), agricultura y manejo de suelos (ICE, 1978), horticultura y fruticultura, realizando énfasis en la participación de mujeres en ellos, principalmente en los referidos a economía doméstica y horticultura (BID, 1984); lo anterior evidencia el interés en ampliar los conocimientos y desarrollar capacidades en relación con diferentes actividades por desarrollar como parte del abordaje agropecuario para la población.

El ICE desarrolló viveros para restaurar el paisaje utilizando diversidad de especies de árboles frutales y forestales. La tarea de llenar bolsas de tierra representó una fuente de trabajo que pudieron aprovechar una minoría de las mujeres, en algunas ocasiones lograron salarios más elevados que los de un peón (ICE, 1978).

A pesar de la planificación del proceso de reasentamiento, el programa agropecuario fue el que opacó su brillantez, pues en el sitio se desencadenaron situaciones que contribuyeron al empobrecimiento, sobresalen dentro de ellas en el corto y mediano plazo:

Dentro de los convenios que formalizó el ICE, el ejecutado con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) logró, por medio del Programa Nacional de Fertilidad de Suelos y Nutrición de Plantas de la Dirección de Riesgo y Drenaje, realizar los estudios sistemáticos de la zona de Nuevo Tilarán y Nuevo Arenal, utilizando contrataciones específicas con el Centro Científico Tropical (CCT) (MAG, 1978). Lamentablemente, según informó Obando (1981), el Estudio Ecológico Integral de las Zonas de Afectación del Proyecto Arenal finalizó en 1980. Sus resultados evidenciaron los problemas de fertilidad y permeabilidad de los suelos para usos agrícolas.

El hecho de obtener la información sobre la calidad de los suelos del sitio de reasentamiento de la comunidad de Arenal cuando ya la población habitaba en él evidencia que hizo falta perspicacia por parte del ICE, sobre todo en la forma con la que se llevaron a cabo dichos estudios, máxime si se contempla que el programa de desarrollo agropecuaria sería la base para el sustento familiar, generación de ingresos y la reactivación económica, porque este bien pudo haberse realizado ex ante como parte de la planificación del reasentamiento y no expost, dejando un vacío en cuanto al potencial edafológico requerido para el desarrollo de los cultivos en sitio de reasentamiento, contra las características del sitio de origen y las actividades económicas productivas que dinamizaban los ingresos de las familias y su comunidad, convirtiéndose, por lo tanto, en la eminente debilidad para la implementación de la reactivación económica en el corto plazo.

Lo anterior contribuyó a la inseguridad alimentaria, incidiendo negativamente en el capital económico para la generación de ingresos y la compra de alimentos para la población, pasaron hambre y crisis económica que perduró por aproximadamente 13 años, periodo en el cual fueron escazas las fuentes de trabajo, se trató de buscar opciones productivas, predominando las agrícolas, con cultivos comerciales producidos en las parcelas experimentales, tales como el café (Coffea arabica), la macadamia (Macadamia ternifolia), se experimentó incluso con el cardamomo (Elettaria cardamomum), a la vez que mantuvieron la actividad ganadera para subsistir.

El proceso de mejora económica surgió gracias a la coyuntura de la incursión de Costa Rica como destino turístico a partir del año de 1990 (ICT, 2017) y a la existencia de la carretera asfaltada parcialmente (Stocks, 2014), donde obtuvieron empleos y generaron emprendimientos vinculados con el turismo.

Programa de Vivienda

El diseño participativo como eje central permitió determinar cómo querían las viviendas y el centro poblacional, con esa información se diseñaron inicialmente 18 modelos diferentes de vivienda, aunque, con cierta semejanza entre sí, buscando mantener una homogeneidad en tipología y economía en su construcción. Con el programa se restituyó vivienda a quienes la tenían en el sitio de origen y se brindó a los que no; cabe añadir que ofreció el mismo sistema de crédito del programa de tierra (ICE, 1978).

Se trató de complacer en detalles que las familias deseaban, según acuerdos tomando previsiones en la construcción, se contrarrestó el hacinamiento en el que habitaban en sus casas originales, los materiales de las de las viviendas en el sitio de origen se superaron, al final alcanzaron 25 modelos, considerando los ajustes realizados de acuerdo con las condiciones topográficas (E. Brenes, comunicación personal, 27 de mayo de 2016). Se gestionó que la población rescatara los materiales (como madera y zinc) de sus casas del sitio de origen (ICE, 1978).

Una consideración loable surgió en cuanto al acceso a la vivienda para las familias que ya la tenían, pero la cual se encontraba con una estructura lamentable debido a las condiciones de pobreza, disponiendo que toda aquella vivienda cuyo avalúo fuera igual o inferior a ₡47 000 (cuarenta y siete mil colones costarricenses) y equivalente a no más de tres aposentos, podía ingresar al sistema de canje donde se daba casa por casa con dos o tres dormitorios (ICE, 1978), y, en caso de que quisiera una vivienda más amplia en dormitorios (ello dependería de la composición y número de miembros de la familia), podía optar por crédito por la diferencia del costo de la ampliación (E. Brenes, comunicación personal, 27 de mayo de 2016), lo que indica que se buscó equidad.

En el sitio de reasentamiento se determinó una extensión para construir la vivienda, huerto casero y jardín, entre 600 y 1200 m². Se edificaron 325 viviendas, cada una correspondiente a una familia propietaria (ICE, 1978), desvaneciéndose con ello la brecha social existente en el sitio de origen entre quienes eran propietarios de vivienda y los que no.

En 2014, el 81% de las personas entrevistadas por Stocks informaron ser propietarias de la casa donde residían, o vivir con quién lo era (Stocks, 2014), predominando su tenencia en manos de reasentados de primera y segunda generación, implicando una solución duradera.

Programa de Desarrollo Comunitario

La participación se vio estimulada debido a la toma de decisiones en función del desplazamiento y reasentamiento de cada familia, se buscó replicar modelos organizativos existentes en el sitio de origen, como el cooperativismo, y se fomentó la creación de la Asociación de Desarrollo Comunal de Arenal, la cual se conformó e inicio su actividad en 1979, a la vez que se conformaron algunos comités, como el de Salud, Caritas (perteneciente a la Iglesia Católica, orientada a combatir la pobreza y apoyar acciones para el bien común) y la Asociación de Mujeres de Nuevo Arenal (Obando, 1981), se fomentó la unión para solucionar problemas de interés común (ICE, 1978). Al disponer de servicios básicos como la electricidad y el agua potable para la población, se les brindó capacitación sobre economía doméstica y comprender cómo funcionaba y se utilizaba la electricidad, se buscaba evitar excesos en el consumo en el recibo posterior, pues ellos no tenían fluido eléctrico en el sitio de origen (E. Brenes, comunicación personal, 27 de mayo de 2016).

Antes de iniciar el proceso de construcción y emplazamiento del sitio para reasentar a la población, como parte de los convenios interinstitucionales, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) capacitó en construcción civil a 70 jóvenes de Tronadora y Arenal, los cuales fueron contratados durante el proceso de edificación de las obras (BID, 1984); cada familia logró ser inspectora de su propia casa (ICE, 1978) y decidir con base en los diseños acordados, realizar modificaciones haciendo la diferencia dentro de la homogeneidad de los modelos de las viviendas (E. Brenes, comunicación personal, 27 de mayo de 2016).

Se buscó, por parte del ICE, no desarticular la comunidad de Arenal. Según indica Stocks, fue reasentada casi en forma intacta debido a los múltiples e innovadores esfuerzos realizados y se evidencia que esta logró asumir las responsabilidades de la gestión, e incluso la integración política regional en defensa de sus intereses, que fue pensado como decisión estratégica al seleccionar el sitio de reasentamiento (Stocks, 2014); por lo cual lograron su anhelo, mantuvieron su arraigo y satisfacción ante la superación de las dificultades, pese al endeble acompañamiento institucional.

Los diferentes aspectos incorporados en el Programa de Desarrollo Comunal que se discernieron en un inicio constituyeron una herramienta sólida, la cual se fortaleció posteriormente gracias a los habitantes manteniendo un sentido común sobre los esfuerzos, las actividades y el sitio de reasentamiento en general, existiendo según la investigación de Stocks (2014) concordancia en la mayoría de la población entrevistada (54%) sobre que el pueblo se había beneficiado en relación con la situación en el lugar de origen.

No obstante, fue posible percibir en la visita en el año 2014, mediante el acercamiento con la ADI, que a pesar de que los años han trascurrido, se guarda cierto resentimiento histórico hacia el ICE, pues mencionan que es dicha institución quien les debe colaborar en solventar algunas de sus problemáticas sentidas, ya que fue el ICE quien los colocó allí, por lo que, a pesar de haber superado muchas cosas, aún se mantiene el reclamo generacional o el sentimiento de dependencia que nos les permite actuar del todo como una comunidad independiente.

Medios de Vida Sostenibles logrados por la población de Arenal en el sitio de reasentamiento

Capital físico, natural y económico

Se obtuvo mayor éxito en la recuperación de sus activos en el capital físico, natural y social, siendo menor para el económico al exponer la población al empobrecimiento; principalmente se logró mitigar de forma efectiva la inseguridad alimentaria debido a los problemas para producir o comprar alimentos. Las dificultades para reestablecer el capital económico en forma sostenida fueron más difíciles de lo pensado, volviéndose crítica la situación hasta caer en crisis que se superó en el mediano plazo (de 10 a 15 años) posterior al traslado, con actividades no agrarias.

El capital físico fue el mejor logrado por el acceso a la tierra y vivienda. Se vio fortalecido con la infraestructura, redes, servicios, áreas para la expansión poblacional y comercial. La población incluso logró potenciarlo al negociar para el sitio de reasentamiento un área de recreación (espacio inexistente en el sitio de origen) y una notable mejora en el diseño y calidad de los materiales de las viviendas.

El capital físico fue afectado por el capital natural, por las condiciones carentes del suelo a la que se vio expuesta la población, la cual, si bien es cierto sufrió las consecuencias debido al fracaso del Programa Agropecuario, también es cierto que contó con información disponible sobre estudios de las condiciones del suelo de forma previa para la toma de decisiones, y, según experiencia de los pobladores más antiguos, se conocía la problemática al respecto, por lo que los pobladores a ciencia cierta tomaron una decisión informada (capital social). Lo anterior no quita mérito a que hizo falta por parte del ICE estudios más detallados en forma oportuna para la decisión de elegir el sitio de la población, considerando que era la base con la cual generarían ingresos y alimentos que les proveerían de sustento, y aunque se tuvieron los resultados del Centro Científico Tropical de los estudios de los suelos de la zona con mayor detalle, estos fueron tardíos, ya la población estaba reasentada y enfrentaba la problemática.

Importante retomar aquí aspectos de la elección del sitio de reasentamiento, recordemos que se efectuó una votación popular sobre la cual es importante resaltar dos aspectos:

Criterio de votación

Se determinó como criterio que toda persona que habitara en la comunidad que tuviera una edad mayor a 18 años y con más de un año de residir en ella tenía derecho a participar de la toma de decisión (Fernández, 1974), en elegir el diseño poblacional y el sitio de reasentamiento (ICE, 1978).

Aplicando la distribución y porcentaje de tenencia al criterio del derecho al sufragio, los votantes en un 65% fueron no propietarios y una minoría propietarios: 35%, lo que implica que primó el discernimiento de los no propietarios en el plebiscito.

Siendo no propietarios la mayoría, puede suponerse que prevaleció en la votación su deseo, siendo posible que, debido a la falta de su experiencia en la administración de las fincas y la forma de cómo desarrollarlas, pudieron haber dejado pasar por alto la importancia especial que requerían las condiciones del suelo, e imperó dentro de su decisión, además del deseo de alejarse del volcán, el anhelo de contar en el sitio de reasentamiento con una mayor disponibilidad de área para el centro poblacional, una mayor área para cada familia con el fin de desarrollar su producción, y el chance que les representaba asegurar la misma posibilidad de obtener tierra para sus hijos, convergiendo la oportunidad de realizar un cambio en su categoría político-administrativa.

Cambio político-administrativo

La población de la comunidad de Arenal mantenía la inquietud desde 1954 de convertirse en distrito (Obando, 1981). En 1974 aún se mantenía su categoría de caserío, dada la poca densidad población. Al abordarse el tema con la población sobre las potencialidades geográficas de los posibles sitios de reasentamiento de la comunidad de Arenal, según E. Brenes surgió como parte de las discusiones la conversación sobre el aspecto político-administrativo como punto a tratar de los diferentes lugares, ya que la gente de Arenal vio la oportunidad en la escogencia del sitio de lograr el cambio de categoría de caserío a distrito (comunicación personal, 27 de mayo 2016).

Lo estratégico del cambio administrativo de la comunidad de Arenal radicó en que por deseo social colectivo se logró la independencia de Tronadora (población que decidió su reasentamiento en un sector circundante al original), aventajándose a su condición original de caserío, y, logrando al ser distrito, un mejor estatus político administrativo que permitía contar con un representante ante el Gobierno Local en la Municipalidad de Tilarán, incidiendo positivamente y en forma directa en atención a las demandas de la población, donde era más probable participar en toma de decisiones, lo cual también es válido y respetable, considerando la toma de decisiones de la población y el manifiesto de sus aspiraciones en forma colectiva.

Analizados los aspectos anteriores, el asunto de la condición de los suelos en el sitio de reasentamiento merece una responsabilidad compartida también por la comunidad, donde la ausencia de estudios edafológicos detallados para conocer las bondades o carencias de los suelos como parte esencial del criterio para la elección del sitio compete al ICE, y la toma de decisión a los pobladores, quienes contaron con alternativas para la elección del sitio, información técnica previa, conocimiento local y libertad de decisión.

Capital humano

El capital humano contó con capacitación para incorporarse a labores vinculadas a la construcción, actividades forestales y mejoramiento del hogar, entre otros. Sin embargo, la población en general no contaba con suficiente experiencia -debido a la curva de aprendizaje- para desarrollar las actividades agrícolas productivas, principalmente en la administración y toma de decisiones, además del problema de la condición de los suelos existente.

Capital social

El capital social se vio afectado por dos situaciones en los primeros cuatro años, una fue la incipiente desarticulación socio-comunal experimentada en los primeros años posterior al reasentamiento, lo cual implicó una fragilidad para desenvolver la gestión social por parte de las organizaciones. Esto es entendible considerando las condiciones extraordinarias de un proceso de reasentamiento y los tiempos que requiere la población para comprender, asimilar, adaptarse e identificarse con el nuevo sitio y sentirse apropiados y empáticos para asumir roles entre vecinos y organizaciones comunales, asumiendo la cotidianidad. La otra situación se relaciona con la falta de apoyo externo por parte de instituciones públicas, en especial en seguimiento por parte del ICE, y capacidad interna de la población para organizarse en forma inmediata al traslado, además de sumar la crisis que se estaba suscitando debido a la improductividad en las parcelas.

Pentágono de activos y mitigación a los riesgos del empobrecimiento

Los factores considerados y el puntaje obtenido por cada capital se desprenden en la Tabla 1, obteniendo los activos un porcentaje total de 83.11%; al cotejarlo con la mitigación a los riesgos del empobrecimiento, se tiene que, con los activos logrados se contrarrestaron de forma muy alta los riesgos al empobrecimiento, como se detalla en la Tabla 2.

El pentágono de activos alcanzado por la población en el sitio de reasentamiento involuntario se presenta en la Figura 8.

La experiencia del reasentamiento de Arenal ha sido catalogada como exitosa por Partridge (1993), utilizada como una base ejemplar difundida en los lineamientos internacionales sobre reasentamiento por entes financiaros (BID, 1999); en un análisis de 50 estudios de caso, de acuerdo con Scudder (2005), resultó ser la de mayor éxito nacional y tercera en el mundo. En una evaluación expost, según Stocks (2014), la comunidad logró superar las adversidades y asumir las responsabilidades de la gestión, e incluso la integración política regional en defensa de sus intereses, que fue pensada como una decisión estratégica al seleccionar el sitio de reasentamiento, lo cual es tan normal hoy como cualquier otra del territorio rural. Siendo deseable desde el punto de vista de William Partridge, experto internacional en reasentamiento, replicar la experiencia exitosa en el tema de desplazamiento y reasentamiento involuntario del Proyecto Hidroeléctrico Arenal, considerando factores imperantes como: a) planificación basada en estudios de la situación actual para conocer la población, su cultura, sus necesidades y aspiraciones para el futuro, b) participación activa y directa en el diseño de alternativas de reasentamiento, como tipos de materiales y diseños de las viviendas y selección de las tierras productivas según los criterios de los desplazados, c) empleo de la mano de obra de los desplazados en la construcción de sus nuevas comunidades (W. Partridge, entrevista realizada, 17 de julio 2020).

Algunas consideraciones finales

En el proceso de planificación para efectuar el desplazamiento y reasentamiento involuntario el Instituto Costarricense de Electricidad solicitó colaboración interinstitucional, la cual no fue tan efectiva, resultando en preocupación futura para la capacidad de reacción y acción de las instituciones públicas en los procesos de coordinación interinstitucional.

La participación de la población fue transversal y clave en el éxito alcanzado permitiendo al equipo multidisciplinario conocer las necesidades de la población, lo cual le permitió un involucramiento estratégico y conocer familia por familia, sus anhelos y necesidades para diseñar y plantear las diferentes alternativas.

El reestablecer la economía en forma sostenida conllevó a la población un mediano plazo (de 10 a 15 años), dando un gran paso de adaptación y reorientación de sus medios de vida debido a los retos que les implico el sitio elegido.

Debido a la destrucción planificada de los sitios donde habitan las poblaciones para dar paso al desarrollo de megaproyectos, podrían surgir algunas interrogantes sobre el marco ético, político y legal-jurídico: ¿poblaciones futuras expuestas a procesos planificados de reasentamiento -sean estos por megaproyectos o recuperación de áreas protegidas-, contarían con la misma resiliencia y capacidad de adaptación de sus medios de vida que Arenal? ¿Cuenta el Estado Costarricense con políticas y leyes en apoyo a reestablecer la vida de las personas que se verán afectadas o actúa conforme lo solicita el ente financiero?; de contar con ello: ¿qué derechos tienen las personas desplazadas? ¿Existen lineamientos y principios en Costa Rica que protejan los derechos de los desplazados? ¿Cuáles son los derechos de las personas que serán desplazadas? ¿Cómo afecta el desplazamiento a los grupos vulnerables y de qué forma son solventadas las brechas existentes ante un reasentamiento y oportunidades de inclusión en el desarrollo? ¿Existe diferenciación de análisis y de manejo de impactos por diferenciación de género? ¿Cómo pueden los desplazados asegurar que sus medios de vida serán restituidos en un sitio diferente sin afectar su modo de vida? ¿Qué tan sólidas son las soluciones o alternativas a las que tienen derecho?

Se invita a reflexionar sobre las lecciones aprendidas del reasentamiento de Arenal y los retos que implica un proceso de similar magnitud en el futuro.

Referencias

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