1. Discusión sobre la democracia

La democracia como sistema político, pero también como construcción teórica, recibió de la modernidad insumos que la apuntalaron como régimen dominante en Europa y posteriormente en América Latina. Durante el siglo XX y principios del siglo XXI, con los procesos de globalización en marcha, su incidencia se expandió, aun cuando existen países con sistemas democráticos débiles, y otros que no los tienen del todo.

La democracia así visualizada se nutrió de varios procesos históricos desarrollados durante los siglos XVIII y XIX, como el liberalismo y el capitalismo. Fueron fundamentales en este proceso los planteamientos de pensadores como Montesquieu, Rousseau y Mill (Baños, 2006). Esta democracia liberal colocó al individuo como sujeto individual con “capacidad de decisión”, a la vez que lo escindió de formaciones sociales como tribu, familia, comunidad, que habían sido importantes anteriormente, para colocarlo como miembro de una nueva estructura identitaria que a partir de la segunda mitad del siglo XIX tomaría el nombre de Estado-Nación. La persona se convirtió en ciudadano de un país determinado, y entre sus obligaciones surgió elegir a sus gobernantes.

Las bases teóricas sobre las que se asentó esta democracia liberal, respetaron los principios capitalistas sobre los cuales se desarrolló la modernidad. Es decir, esta visión de democracia sacralizó principios como la libertad individual, la propiedad privada, el comercio internacional y el derecho inamovible de acumulación y capitalización de la riqueza. En el siglo XIX y buena parte del siglo XX, los procesos electorales de la incipiente democracia requerían de la participación de hombres, propietarios y con un capital propio, que podían ejercer el derecho a un voto muy limitado, pero que a la vez legitimaban el sistema político republicano.

Durante la segunda mitad del siglo XX, otras visiones cuestionaron parcialmente la hegemonía de la democracia liberal. Se habló entonces de democracia participativa, deliberativa o radical. Las dos primeras debatieron la manera en la que se desarrolla la democracia y sus niveles de representación, es decir, cuánto y en qué forma los gobernantes “representan al pueblo”. Hablaron de mayor participación de los ciudadanos y de un posicionamiento público de las personas y los grupos sociales para controlar a las instancias oficiales, por ejemplo a los partidos políticos. No obstante, fue la tendencia radical la que cuestionó las condiciones mismas en las cuales se produce la democracia, ya fuera para tratar de incluir a los grupos desfavorecidos, o bien para señalar la inminencia del conflicto y el antagonismo como motores políticos de la sociedad y por consiguiente, parte vital de cualquier democracia (Mouffe, 1999).

Conviene recalcar que el presente texto entiende la democracia no como un proceso acabado ni como un sistema político con el que se gobierna, sino como una construcción sociopolítica e histórica en la cual un conjunto de actores sociales pugnan por diferentes dosis de poder y representatividad, y además, en donde las relaciones entre estos actores son desiguales debido a que no todos ellos tienen las mismas oportunidades ni espacios de acción o empoderamiento. En este sentido, el ensayo se acerca a los posicionamientos de la democracia radical.

En lo concerniente a América Latina, el debate sobre las democracias ha profundizado en los denominados “periodos de transición”, es decir, en el paso de regímenes autoritarios a sistemas de gobierno sustentados en procesos electorales que han atravesado varios países de la región; a estas transiciones se les ha designado como democratización o desmilitarización. Se han planteado además posibles indicadores de la “calidad” de la democracia para el caso latinoamericano, donde han cobrado relevancia las nociones de competencia y participación (Mattiace y Ai Camp, 1997). El primer concepto refiere a la intensidad con la cual los partidos políticos convergen en el juego electoral y la posibilidad de que existan varias opciones para el votante; el segundo término se entiende como el involucramiento de los ciudadanos en sus problemáticas cotidianas, y la capacidad de tomar decisiones en relación con ellas, aunado esto a la rendición de cuentas y a la posibilidad de organizarse y agremiarse.

En el caso latinoamericano, se sostiene la idea de que la democracia se deslegitima por la aplicación errónea de sus principios y por el manejo corrupto e interesado que realizan los gobernantes de los bienes públicos; ante esta realidad, la ciudadanía se siente cada vez más desprotegida y desconfía en mayor grado de la clase política y como consecuencia, del sistema democrático. Así, el papel de los políticos como sujetos capaces de tomar decisiones a favor del bien común queda coartada, puesto que la legitimidad de los gobernantes suele ser relacionada por los ciudadanos de un país, con la capacidad de ese gobierno para ejercer el principio de autoridad (Sartori, 1988).

Otra forma de plantear esta problemática refiere a los inconvenientes de la democracia delegativa o representativa (Gólcher, 2004), en la cual un grupo de personas validadas por los procesos electorales, deben ser las encargadas de tomar las decisiones fundamentales y administrar el Estado; esta función delegativa de la democracia puede adolecer de una limitada participación política de la ciudadanía y de importantes niveles de corrupción por parte de las elites, los cuales constituyen factores de deslegitimación y apatía para la población.

No es casualidad entonces que amplios sectores de la población expresen su descontento o incredulidad respecto a la efectividad de la democracia como sistema político garante de los derechos humanos y de un reparto equitativo de las riquezas. Esto se debe a que en América Latina la democracia (al menos su versión electoral) ha demostrado ser bastante compatible con la pobreza y la represión.

A nivel económico, la región pasó de las ideas desarrollistas de industrialización y crecimiento “hacia adentro” durante el periodo 1950-1980, impulsadas en gran medida por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), adscrita a la ONU (Sangmeister, 1994), a una perspectiva ultraliberal defendida por los organismos financieros internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio, Banco Interamericano de Desarrollo), quienes pretenden guiar la economía de los países “subdesarrollados” bajo las estafetas del libre mercado y la inversión extranjera.

En síntesis, las décadas de 1980 y 1990 fueron testigo del triunfo ideológico del neoliberalismo, que en Latinoamérica tuvo su inspiración en el enorme crecimiento económico que experimentaron Europa, Japón y sobre todo Estados Unidos. Los estandartes de la apertura y el libre comercio, enarbolados por los políticos como mágicos generadores de riqueza, llevaron el mito de la mano invisible¹ a un nivel supremo, que asegura que el mercado por si solo es capaz de “regularse” y generar un reparto equitativo de la riqueza. Sin embargo, los propios países desarrollados han implementado políticas proteccionistas y subsidios mientras prohíben a los demás estados su utilización, aumentando así la desigualdad en las relaciones económicas internacionales.

A raíz de ello, el papel del Estado en los países latinoamericanos se ha orientado hacia la defensa de la economía de mercado “libre”, en el cual las políticas empresariales tienen preponderancia sobre la institucionalidad dedicada al mejoramiento social, lo cual ha conducido a mayores niveles de desigualdad en Latinoamérica. Se trata de un modelo en el cual el sector empresarial de grandes capitales obtiene beneficios para posicionarse en diferentes espacios globales como Asia, África y América Latina (Cox, 2002), en los cuales se les otorgan exoneraciones de impuestos, servicios y mano de obra baratos, legislación laxa en materia social y vínculos con la elite político-económica local. Incluso en Estados Unidos las empresas más poderosas, al seguir sus propios intereses, se volvieron extraordinariamente ricas y favorecieron la acumulación de riqueza en pocas manos, sin fortalecer necesariamente la economía del país e inclusive, pasando por encima de las clases medias y bajas de la sociedad, que vieron disminuida su capacidad adquisitiva y su calidad de vida (Stiglitz, 2004).

La injusta distribución de la riqueza está vinculada sistémicamente con problemáticas visibles en el ámbito latinoamericano, como corrupción, narcotráfico, desajustes ecológicos, recesión económica, discriminación, y aumento en los índices de criminalidad a lo interno de los países, entre otras. Por ello, aunque la democracia se ha planteado teóricamente como un modelo que permite la participación política de la población, en la práctica latinoamericana amplios sectores de la sociedad han sido excluidos y permanecen ajenos a las decisiones políticas.

2. Procesos de democratización y políticas neoliberales en América Latina

En la década de 1980 una importante cantidad de países latinoamericanos iniciaron una etapa de transición hacia sistemas democráticos, al menos nominalmente, basados en procesos electorales que pretenden involucrar de esta forma a la ciudadanía. En términos ideales, este proceso pretendía una serie de atributos como igualdad, justicia, libertad, mismos que se presentan como aspiraciones de las sociedades latinoamericanas (Gólcher, 2004). Sin embargo, dicha transición en varios países latinoamericanos se ha sustentado en crisis en el sistema político doméstico, originadas principalmente por el abuso de poder de las elites que eventualmente se han visto obligadas a otorgar mayores dosis de participación a la sociedad civil. Los procesos de liberación y las movilizaciones populares coadyuvaron a que los gobiernos dictatoriales dieran paso a emergentes procesos electorales con la intervención de varios partidos políticos en contienda.

Tales transiciones fueron usualmente de la mano con el desarrollo del neoliberalismo en América Latina. Aunque quizá de manera irónica, fue Chile el primer país que aplicó medidas neoliberales directas y concretas durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), quien llegó al poder luego de derrocar al gobierno democráticamente electo de Salvador Allende. Entre 1970 y 1973, la administración de Allende había llevado a cabo importantes reformas con tinte socialista, tanto en materia económica como social, que buscaban la centralización productiva y beneficios para los sectores medios y bajos de la población. A causa de estas políticas, el general Pinochet encabezó un golpe de Estado orquestado y financiado por la CIA, asumió el poder en Chile en 1973 y llevó al país a dos décadas de represión, miedo y violencia. Precisamente a causa de este régimen militar, un grupo de economistas y tecnócratas conocidos como “Chicago Boys”, desarrollaron medidas que posicionaron a Chile como una economía liberalizada, y se impusieron como la única racionalidad posible en materia económica (Silva, 1991), privilegiando el crecimiento macroeconómico sobre el desarrollo social.

La dictadura chilena liberalizó la economía y violó sistemáticamente los derechos humanos. Condujo a un crecimiento económico sin reformas significativas que permitieran la redistribución de la riqueza. En 1988 se realizó un plebiscito en el cual el general Pinochet salió derrotado, y un año más tarde se realizaron elecciones; a partir de entonces las denuncias y la presión internacional ante las brutalidades cometidas en tiempo de la dictadura, hicieron que salieran a la luz pública muchos de los crímenes acaecidos en aquellos años, llegando inclusive a intentar juzgarse a Pinochet (por orden del juez español Baltasar Garzón) mientras se encontraba residiendo en Inglaterra y luego nuevamente a su llegada a Chile, donde fue despojado de su fuero y se abrieron múltiples causas en su contra, que no pudieron concretarse dada su muerte en diciembre de 2006 (Baby, 2011).

En la década de 1980 otros países latinoamericanos como Brasil, Uruguay y Paraguay experimentaron procesos electorales, luego de haber superado gobiernos militares. En Argentina se experimentó una transición importante, ya que el país fue gobernado por una Junta Militar presidida por Jorge Rafael Videla entre 1976 y 1983, la cual aplicó una sangrienta represión de la ciudadanía, donde se dieron violaciones sistemáticas de los derechos humanos que incluyó muertos, desaparecidos y torturados. Este maltrato propició movimientos de protesta como los llevados a cabo por las denominadas Madres de Plaza de Mayo, un grupo de mujeres que perdieron a sus hijos, la mayoría de ellos estudiantes y trabajadores militantes, a causa de las persecuciones de la dictadura. Se distinguieron por la utilización de un velo blanco sobre la cabeza y sufrieron también ellas mismas las consecuencias de la represión militar, soportando violencia y secuestros de dirigentes. Su primera aparición pública tuvo lugar en 1977 y desde entonces han enarbolado la bandera del derecho a la justicia y a conocer el paradero de los desaparecidos, constituyéndose en un grupo organizado con apoyo internacional.

Además de la represión, la Junta Militar argentina se involucró en un conflicto armado contra Inglaterra en 1982, conocido como Guerra de las Malvinas, en la cual Argentina perdió cientos de soldados, y que debilitó aún más la legitimidad del gobierno, generando un vacío de poder del cual los militares no lograron recuperarse (Mora, 2003), pues su deslegitimación producto de la derrota generó importantes movimientos sociales y facilitó la transición hacia elecciones.

Fue de esta forma como llegó a la presidencia argentina Raúl Alfonsín (1983-1989) y posteriormente gobernó Carlos Ménem (1989-1998). Estos gobiernos favorecieron las políticas neoliberales y en particular durante el periodo de Ménem se tomaron medidas que llevaron a un nivel extremo la liberalización de la economía, entre ellas convertibilidad y devaluación de la moneda, deuda externa, venta de activos estatales y cierre de empresas públicas -por ejemplo se vendió la compañía de petróleo y gas (YPF) y cayó en desuso el ferrocarril- , deterioro de servicios educativos y de salud, todo esto aunado a significativos niveles de corrupción dentro de la clase política argentina (Fair, 2014).

Otros países latinoamericanos vivieron procesos de dictaduras e inestabilidad. En el Caribe, la situación haitiana ha sido la más dramática; la caída de Jean Claude Duvalier como jefe de Estado en 1987 dio paso al intento de establecer elecciones libres, no obstante los problemas de corrupción y mal manejo de las finanzas y del aparato institucional del Estado, han dado como resultado que este siga siendo uno de los países más pobres de Latinoamérica. La mayoría de haitianos viven en condiciones precarias y las elites no han logrado consolidar un sistema ni siquiera medianamente democrático; son comunes las protestas espontáneas de la población y la dimisión de presidentes, entre ellas la acaecida el 30 de abril de 2004, cuando Jean Bertrand Aristide abandonó el poder a causa de la presión internacional y el caos que sumió al país en un estado de anarquía. Esta situación provocó serias disputas entre partidarios y opositores, al punto que los extranjeros residentes en el país optaran por abandonar el mismo. (Aristide abandona el poder en Haití, 2004).

En el caso de México, la transición ha sido sobre todo institucional, pues durante muchas décadas del siglo XX el país estuvo gobernado por el Partido Institucional Democrático (PRI). En el año 1994, entró en funcionamiento el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual colocó bajo a México bajo las reglas del intercambio comercial desigual, en este caso con Estados Unidos y Canadá (Alba, 2003). Los logros del tratado en cuanto a reducción de pobreza y desigualdad, al menos hasta la segunda década del siglo XXI, no se han notado, por el contrario se han profundizado los beneficios económicos para un sector reducido de la población en detrimento de las mayorías.

Precisamente a raíz de la implementación de políticas de apertura comercial, en enero de 1994, de manera contemporánea al TLCAN, se produjo en la región mexicana de Chiapas un levantamiento armado de indígenas, campesinos y mujeres que buscaban ser escuchados por el gobierno y pretendían alcanzar objetivos a nivel político y socioeconómico, pues consideraban que los políticos del centro y el norte del país no prestaban atención a sus inquietudes y menospreciaban las oportunidades de desarrollo de las zonas meridionales del país. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional² había sido creado en la década de 1980 por un grupo de jóvenes de clase media con ideas marxistas, pero fue hasta la insurrección de 1994, al mando del Subcomandante Marcos, que los zapatistas lograron complementarse y unirse a las comunidades indígenas. El Subcomandante Marcos se presentó como un personaje enigmático, que actuaba como portavoz y líder político del movimiento zapatista, el cual poseían un ideario político e histórico: “íbamos a lograr que México mirara hacia su parte indígena y se diera cuenta de que estaba olvidando una parte de él. Era una guerra contra el olvido” (Barrera y Rey, 1997).

El movimiento surgió como un proyecto socialista, pero luego a causa de la necesidad de legitimidad internacional adquirió una fuerte tendencia identitaria que reivindicaba los intereses de los indígenas de Chiapas. De esta forma la insurrección ganó adeptos entre aquellas organizaciones y grupos políticos y civiles que defienden los derechos indígenas (Pitarch, 1998). No obstante, la rebelión zapatista apeló también a un sentimiento nacionalista para tratar de integrar a diferentes grupos disconformes de la política y la vida social mexicana, en especial los campesinos y los obreros, sectores que se han visto seriamente afectados por las políticas neoliberales instauradas en México en las últimas dos décadas.

El movimiento guerrillero en Chiapas representa un desafío para las actuales formas de hacer política en Latinoamérica, pues sus reivindicaciones recuerdan precisamente aquellas lagunas de las políticas económicas impuestas desde las cúpulas partidistas, con el aval de los avatares del mercado mundial, en detrimento de la gente sencilla que cotidianamente trabaja por su sustento y que cada vez más se ve en la necesidad de protestar por un estilo de vida más digno. Según los analistas neoliberales, México es el principal socio comercial de Estados Unidos y un país con una creciente inserción al mercado mundial, en tanto lo acaecido en Chiapas significa que la región no ha podido insertarse en el comercio internacional. No obstante, la realidad desde la década de 1990 se mostraba muy distinta:

Esta desigual integración de los territorios aplica también para otras regiones de México. En el año 2000, se terminó la racha de gobiernos sucesivos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con la elección de Vicente Fox del Partido Acción Nacional (Pacheco, 2003), sin embargo el PRI mantuvo control en el manejo de instituciones públicas y de espacios políticos. Además, las políticas neoliberales no se han transformado, pues desde los años noventa las administraciones de Salinas (PRI), Zedillo (PRI), Fox (PAN), Calderón (PAN) y Peña Nieto (PRI) han privilegiado el sector privado, la inversión externa y la explotación de recursos naturales en México.

En razón de lo anterior, la ausencia de una inserción efectiva de los sectores populares en la política mexicana hace que la democracia en el país dependa sobre todo de la conducción que las elites realizan del proceso electoral, como se visualizó con las denuncias de fraude en el proceso electoral de 2006 que llevó al poder a Felipe Calderón (Peschard, 2008). México continúa atravesando dificultades serias con la pobreza, la desigualdad social, la migración, la violencia y el narcotráfico, entre otros, los cuales a pesar de las promesas políticas de su reducción, sigue generando incertidumbre, condiciones de vida difíciles, migraciones y esperanza en un mejor porvenir.

Otro caso importante para analizar es Colombia, país que en la segunda mitad del siglo XX tuvo gobiernos autoritarios y procesos electorales en los cuales predominó el bipartidismo (Gutiérrez, 2007). Por otra parte, en la década de 1960 se conformaron dos agrupaciones de inspiración socialista y guerrillera, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las cuales pretendían lograr cambios sociales radicales en el país. En palabras de Alfonso Cano, uno de los dirigentes históricos de las FARC: “pretendemos que sea el pueblo el que luche por sus intereses, no creemos en la toma del poder por parte de un grupo de heroicos y convencidos revolucionarios” (Behar, 1986, p. 331). Sin embargo, dichas agrupaciones además de procurar transformaciones sociales por vías democráticas o institucionales, se organizaron para intentar tomar el poder por la vía armada.

En la década de 1980 estos grupos empezaron a moverse hacia los municipios con el objetivo de llevar la lucha armada a las zonas urbanas, y también incursionaron en diversas actividades económicas, entre ellas la minería y el cultivo de coca. Debido a ello, a partir de la década de 1990 los grupos guerrilleros lograron fortalecerse económicamente, gracias al contrabando de drogas y armas, extraviando así los propósitos esenciales que habían guiado su formación (Nieto y Robledo, 2006). De esta forma, las FARC obtuvieron autonomía política y financiera, pero generaron deslegitimación social en sectores de la población y a causa del papel de los medios. Sin embargo, los enfrentamientos continuaron, la capacidad de lucha y movilización de los grupos guerrilleros se amplió y el movimiento insurgente se volvió más amplio, pues mayor cantidad de personas se unieron al aumentar la posibilidad de beneficios económicos y control de comunidades enteras, provocando que la guerra se intensificara cerca de regiones pobladas y que se abrieran nuevos frentes de combate.

La situación conflictiva en Colombia favoreció también el fortalecimiento de las fuerzas militares gubernamentales, y de grupos paramilitares (milicias que luchaban por su cuenta contra los rebeldes). El más importante grupo paramilitar se denominó Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se dedicó a combatir los focos insurgentes, extendiéndose rápidamente por diferentes regiones del país y contando con un apoyo social de ciertos sectores que pretendían eliminar la insurgencia haciendo uso de las armas. Estos grupos paramilitares a finales de la década de los noventa e inicios del nuevo siglo, expandieron su acción militar recuperando territorios y debilitando las posiciones de las FARC y del ELN.

La estrategia más utilizada por los paramilitares para debilitar a las guerrillas fue atacar sus bases sociales de apoyo; en este sentido, los paramilitares abusaron constantemente de la población civil, quemaron casas, destruyeron cosechas, y abusaron de personas frente a sus familiares y vecinos con el fin de producir terror y disuadir a los pobladores de unirse a los insurrectos (Duncan, 2007). La acción de estos grupos correspondió por tanto con un aumento considerable en los indicadores relacionados con violaciones a los derechos humanos, situación denunciada por distintas organizaciones internacionales. La impunidad que gozaron en la década del 2000 fue muy amplia, pues el gobierno y las fuerzas armadas colombianas muchas veces ignoraron su proceder, excusándose en el combate a los guerrilleros.

El conflicto en Colombia provocó que el país se dividiera en regiones, que estuvieron dominadas ya fuera por las FARC, el ELN, los paramilitares o el ejército, y otras zonas en disputa en donde ninguno de los grupos tenía hegemonía, espacios donde se cometieron excesos contra la población y donde el Estado colombiano no tuvo capacidad de ejercer control. Además, en la década del 2000 el conflicto le generó a Colombia rencillas con los gobiernos vecinos de Venezuela y Ecuador. Con respecto al primer caso, la liberación de rehenes políticos a manos de las FARC en los años 2007 y 2008, y la mediación que ejerció el presidente venezolano Hugo Chávez, provocaron roces con sectores conservadores del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), quien mantuvo siempre estrechas relaciones con Estados Unidos.

Respecto a la confrontación del gobierno de Uribe con Ecuador en 2008, se debió se principalmente a la situación conflictiva en la región fronteriza a raíz de la presencia de las FARC y a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos en Colombia, lo cual hizo aumentar los niveles de violencia tanto en las zonas colombianas como en las ecuatorianas (Ahumada, 2004). Esto obligó a muchos colombianos a emigrar, dadas las condiciones de inseguridad. En marzo de 2008 el ejército colombiano traspasó la frontera e incursionó en territorio ecuatoriano con el fin de atacar a Raúl Reyes (uno de los líderes de las FARC) junto con otros 19 guerrilleros. Dicha acción arbitraria provocó una reacción de condena diplomática en la mayoría de naciones latinoamericanas, respecto a la acción llevada a cabo por Colombia (Latinoamérica rechaza la invasión colombiana de Ecuador y Uribe se queda solo junto a Bush, 2008). El tema de los conflictos diplomáticos que tuvo Colombia en relación con las actuaciones de los grupos insurgentes se politizó, permitiendo la injerencia de terceros.

En el año 2012, la administración de Juan Manuel Santos (en el poder desde el 2010) inició un proceso de negociación con las FARC con el fin de poner fin al conflicto armado en Colombia. En este proceso fungió como mediador el gobierno de Cuba y su presidente Raúl Castro. Los términos de la pacificación incluyen desmovilización de los grupos armados y una amplia amnistía. Se tiene previsto que en el transcurso del año 2016 se concreten las negociaciones y se facilite la transición hacia el desarme.

3. Procesos de democratización en Centroamérica

Existen particularidades, similitudes y diferencias entre los países centroamericanos, en relación con la forma en que se han desarrollado los procesos de democratización a partir de la década de 1980, y en cuanto a las características que han tomado las relaciones entre el Estado, los militares y la sociedad civil. A continuación se visualizan los tres casos más significativos de procesos de desmilitarización en Centroamérica, a saber: Nicaragua, El Salvador y Guatemala, cada uno de los cuales presenta especificidades y permite establecer correlaciones que en algunos casos pueden ser extrapoladas a nivel general.

En Nicaragua la desmovilización inició a finales de la década de 1980. El país se encontraba gobernado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (1979-1990), y sufría una guerra prolongada en la que participaba activamente la “Contra”, grupo armado que pretendía deponer a los sandinistas y recibía apoyo externo de Estados Unidos. Jugaron un papel importante los llamados Acuerdos de Sapoá de 1988, en donde grupos irregulares aliados de la Contra aceptaron el trato y depusieron las armas, a cambio de una promesa de renegociación: “alrededor de 23.000 elementos de la RN (también conocida como “Contra”) se desmovilizaron entre abril y junio de 1990. A ellos habría que agregar cerca de 95.000 civiles (familiares y su base de apoyo) que regresaron a sus lugares de desplazamiento” (Aguilera, 1994, p. 71).

Esta desmovilización de la Contra se hizo con base en un programa de desarrollo rural según el cual se establecerían regiones autoadministradas en las cuales los excombatientes, que en su mayoría habían sido campesinos, recibirían tierra, vivienda, asistencia médica e inserción a los programas educativos. Sin embargo, no se tomó en cuenta la cantidad de desplazados y los recursos que se requerían para brindar esta cantidad de servicios a todos ellos, de tal suerte que el proyecto fracasó, pues los elementos compensadores necesarios para la resolución del conflicto no fueron aplicados de la manera que se requería, y reapareció entonces la necesidad de trabajo como un aspecto ineludible que marcó la vida de los desplazados. El gobierno no contó con los medios económicos y técnicos para satisfacer las necesidades de esta población, lo que desembocó en protestas por falta de empleo y en el resurgimiento de grupos armados como los llamados “recontras” (Aguilera, 1994).

Luego de las negociaciones de paz, se llevaron a cabo elecciones en Nicaragua en las cuales llegó al poder la Unión Nacional Opositora (UNO), un partido político de coalición liderado por Violeta Barrios de Chamorro, que enfrentó y venció a los sandinistas en los comicios de 1990. Los acuerdos entre los sandinistas y la UNO, el partido triunfante, establecieron que una vez que concluyera la desmovilización de la contra, el ejército sandinista iniciaría su reconversión. El gobierno se amparó en un discurso pacifista para incentivar dicho proceso, que consiguió reducir el número de efectivos en más de un 70%. En este caso el Estado tampoco estuvo en capacidad de absorber a dicha población; las indemnizaciones que se acordaron para miembros del ejército llegaban a sumas muy altas, y dada la insolvencia económica del gobierno, los oficiales y soldados en espera de su paga constituyeron un grupo muy fuerte de presión y demandaron no sólo efectivo sino también tierras.

Estas protestas desembocaron en luchas callejeras y revueltas auspiciadas por grupos armados que se reorganizaron y tomaron la ley en sus manos, a raíz del clima de descontento reinante en el país. Dada la pobreza y el desempleo, los desplazados en muchas ocasiones se dedicaron al pillaje para obtener dinero o alimentos. De esta forma, la desmovilización nicaragüense tuvo un efecto de estabilización a corto plazo, una vez concluida la guerra, pero a mediano y largo plazo no ha manifestado los réditos que se esperaban, y ha generado diversos conflictos que conllevan a que el ejercicio del poder esté en manos de una clase política desgastada, como lo muestran los casos de corrupción y los pactos en los que se han visto envueltos dirigentes nicaragüenses como Arnoldo Alemán, Enrique Bolaños y el mismo Daniel Ortega.

En el caso de El Salvador, el conflicto armado se llevó a cabo aproximadamente entre 1980 y 1992. El Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) fue un movimiento insurreccional de ideas socialistas surgido a inicios de la década de 1980, que reivindicaba los derechos de los pobres y la necesidad de luchar contra las elites dictatoriales salvadoreñas. La guerra se extendió durante la década de 1980 provocando miles de personas muertas y daños en la infraestructura y la economía del país, lo que obligó a muchos salvadoreños a emigrar y refugiarse en países vecinos (Hayden, 2005).

Desde 1981 el Frente había intentado una “ofensiva final” para derrocar al gobierno de la Junta Revolucionaria de Gobierno (1979-1989), agrupación militar que gobernó el país de manera dictatorial y violenta; prueba de ello fueron hechos como la Masacre del Mozote en 1981, cuando un número indeterminado de personas de esa comunidad fueron torturadas y ejecutadas (Ayala, 2012). También debe mencionarse el asesinato en 1980 del sacerdote católico Óscar Arnulfo Romero, mientras impartía misa. Monseñor Romero, como se le conoce en América Latina, ha significado desde entonces la resistencia ante la opresión y las dictaduras de derecha, y ha tenido un importante apoyo mediático que llevó incluso a su beatificación por parte de la Iglesia Católica en 2015. Durante la década de 1980, El Salvador vivió un periodo traumático de “guerra total” (Gaborit, 2012) donde el objetivo tanto del gobierno como de los insurrectos era la victoria militar a toda costa. Ello propició la represión de las diferentes autoridades salvadoreñas contra la población, y el enfrentamiento contra los miembros del FMLN, acciones que generalmente recibieron el apoyo de Estados Unidos.

El fin del conflicto llegó de una forma relativamente rápida, pues el proceso de negociación se desarrolló de manera intensa a partir de 1989 (Walter, 1997). El FMLN había venido proponiendo alternativas más allá del conflicto armado, a sabiendas que la opción revolucionaria era poco probable que llegara a buen término, y consciente en alguna medida del desgaste que había provocado la guerra entre la población. Los llamados Acuerdos de Chapultepec, firmados en enero de 1992 entre el gobierno de Alfredo Cristiani (1989-1994) y el FMLN, establecieron la desmovilización total de los insurgentes y parcial de la Fuerza Armada. Se acordó un plazo de un año para desarticular de manera definitiva la estructura militar del Frente, y también se firmó un plan para reducir las fuerzas armadas a la mitad de sus efectivos; para inicios de 1993 el ejército salvadoreño quedó reducido a un número cercano a los 30 mil elementos (Aguilera, 1994).

Esto dio como resultado la necesidad de reintegrar a los soldados con ayudas económicas, vivienda, educación y capacitación, al igual que en el caso nicaragüense, situación que en ocasiones no fue satisfactoriamente cubierta y terminó por convertirse en un lastre para el gobierno, la sociedad y la Fuerza Armada, ésta última con el serio problema de que sus arcas se encontraban vacías a causa de las subvenciones que había tenido que enfrentar. La idea era que la ayuda económica abarcase no sólo a los excombatientes, sino también a parte de la población afectada por el conflicto, con el fin de que pudieran reconstruir sus viviendas y desarrollar sus propias actividades económicas. En este punto jugó un papel clave la ayuda monetaria internacional para efectos de reconstrucción.

A raíz de estos procesos de cambio, las fuerzas armadas vieron obligadas a abandonar su papel tradicional y conservador, para dar paso a la realización de diversas funciones vinculadas a actividades sociales, económicas y cívicas. Ciertas problemáticas como lavado de dinero, drogas y crimen organizado, han hecho que la función del ejército deba ser constantemente rearticulada y adaptada a labores como: asegurar acceso a recursos, principalmente el agua, apoyo en trabajos agrícolas, acción “cívico-militar”, prevención y mitigación de desastres naturales, sin dejar del todo de lado la represión que realizan contra movimientos sociales organizados.

Finalmente, cabe prestar atención al caso de Guatemala, en el cual la guerra civil se extendió por un periodo prolongado de tiempo, pues dio inicio en la década de 1960 y tiene como antecedente el truncamiento del proyecto político reformista iniciado por los presidentes Juan José Arévalo (1945-1951) y Jacobo Arbenz (1951-1954). Arbenz fue derrocado en 1954 por fuerzas militares guatemaltecas apoyadas y financiadas por la CIA norteamericana, lo que dio paso a gobiernos conservadores y militares que gobernaron el país en las décadas siguientes.

En particular, fue la década de 1980 la que demostró niveles extremos de violencia de los gobiernos de Fernando Lucas García (1978-1982) y Efraín Ríos Montt (1982-1983). Se considera que entre los años 1982 y 1983, aproximadamente 200 mil indígenas fueron asesinados por el ejército en las zonas rurales, en la lucha del gobierno guatemalteco contra la guerrilla, acto que ha sido catalogado como genocidio (Matín y González, 1999). El ejército cumplió durante la década de 1980, funciones sobre todo represivas orientadas a aniquilar a la insurgencia, y disfrazadas como un proyecto de desarrollo y seguridad nacional. Ejemplo de este doble discurso fue la estrategia denominada “70% frijoles, 30% fusiles”, con la cual el gobierno guatemalteco pretendía supuestamente destinar el 70% de los recursos de la institución militar a proyectos de recuperación de los refugiados de la guerra, y “solo” un 30% a la aplicación de medidas represivas (Schirmer, 2001).

También en la década de 1980 se crearon las Patrullas de Autodefensa Civil, formadas por campesinos que mantenían agrícolas pero a la vez se encargaban supuestamente de velar por la seguridad en sus propias comunidades, donde el ejército no llegara o no fuera bien recibido. El objetivo de la creación de estos grupos era contener a las guerrillas en sus propios poblados, utilizando grupos de población armada que se les enfrentaran. Las Patrullas de Autodefensa Civil terminaron derivando en grupos paramilitares que en ocasiones abusaron de la autoridad conferida y ejercieron la violencia contra sus propias comunidades.

Fue hasta el decenio de 1990 que los guatemaltecos pudieron llevar a cabo tratados de paz, pues entre 1991 y 1996 se negociaron las condiciones de desmovilización, y en diciembre de 1996 se firmó un acuerdo entre la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (UNRG) y el gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000). Sin embargo, el proceso de desmilitarización fue complejo. Después de los llamados Acuerdos de Paz no se estableció ninguna legislación para limitar al ejército, y los guatemaltecos tuvieron que afrontar la difícil tarea la desmilitarización, creando instancias con el fin de reinsertar a los militares en la vida pública, proceso que en varias ocasiones se ha estancado (Gutiérrez, 1998). Resulta significativo que Guatemala, aun teniendo contingentes armados menores en número que El Salvador, haya enfrentado tantos problemas en el proceso de desmovilización de los mismos. En parte ello se debe a la importancia histórica de los militares en Guatemala, cumpliendo funciones de seguridad y realizando tareas que en otros contextos se le asignan a la policía. Es por esto que la transformación de las funciones militares es un tema tan trascendente, y que convoca a una sociedad dividida por el racismo aún existente y por el surgimiento de diversos grupos armados vinculados con la criminalidad organizada y el tráfico de drogas.

En cuanto al recuerdo de los hechos ocurridos durante la guerra en Guatemala, y al señalamiento de los responsables de la violencia, en el año 2013 hubo un juicio contra el general Ríos Montt, el cual en un principio fue declarado culpable de genocidio, pero posteriormente la sentencia fue anulada, lo que muestra la debilidad del sistema de justicia guatemalteco y que la memoria de estos hechos terribles pervive en las comunidades indígenas, que no han recibido justicia alguna (Oliva y Sánchez, 2014).

4. Nueva izquierda latinoamericana o socialismo del siglo XXI

El resurgimiento de movimientos políticos de izquierda en América Latina es propio de los primeros años del presente siglo; estas propuestas tienden a ser más moderadas que sus antecesoras del siglo pasado, las cuales fueron motivadas por la idea de la lucha armada revolucionaria y por la marcada influencia del comunismo soviético. No obstante, desde 1998 se ha producido en varios países latinoamericanos el ascenso al poder de partidos políticos que apuntan hacia la realización de reformas sociales significativas, tal es el caso de Venezuela con Hugo Chávez (1998-2013) y Nicolás Maduro (desde 2013), Argentina con Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), Brasil con Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Roussef (desde 2011), Bolivia con Evo Morales (desde 2006), Chile con Michelle Bachelet (2006-2010, y desde 2014), Ecuador con Rafael Correa (desde 2007) Paraguay con Fernando Lugo (2008-2012), y Uruguay con José Mujica (2010-2014). Pueden contarse entre estos movimientos las candidaturas presidencias de Andrés López Obrador en México (2006), y Antanas Mockus en Colombia (2010), que no lograron asumir la presidencia. Estas agrupaciones han sido catalogadas como “socialismo del siglo XXI”, o bien “nueva izquierda latinoamericana”.

Los dos casos más significativos de un reformismo de tendencia socialista en América Latina en los últimos dos lustros recaen en primera instancia en Hugo Chávez en Venezuela, quien inició la senda de las administraciones socialistas y se convirtió durante los años de su gobierno en un estandarte de este nuevo enfoque de izquierda en Latinoamérica. Por su parte, el gobierno de Evo Morales en Bolivia (primer presidente indígena en la historia republicana de América Latina) ha reivindicado los derechos de los indígenas y los campesinos bolivianos mediante un movimiento político socialista con fuertes rasgos identitarios.

En el caso de Venezuela, durante la década de 1990 Hugo Chávez desarrolló actividades políticas en las cuales abogaba por reformas sociales y por transformar la corrupta política del país. Incluso en 1992 Chávez y otros militares lideraron un intento de golpe de Estado contra el presidente venezolano Andrés Pérez, el cual fracasó y fueron encarcelados. Posteriormente Chávez militó en el Movimiento V República (MVR), aplicando un discurso fuertemente antipolítico que condenaba a todos los partidos existentes, y proclamando en un primer momento el boicoteo a las elecciones nacionales, para luego reivindicar el apoyo a su causa, y resultar vencedor en las elecciones de 1998 con un importante apoyo popular, alcanzando el 57% de los votos (Molina, 2000).

A partir de su llega al poder, el nuevo gobernante asumió la construcción de un proyecto socialista inspirado en gran medida en Cuba, dirigida por Fidel Castro y por su hermano Raúl, país considerado como el bastión del comunismo en América Latina, sobreviviendo inclusive a la caída de la Unión Soviética, y capaz durante la segunda mitad del siglo XX de lograr mejorar las condiciones educativas y de salud de la población cubana, a pesar del acoso constante de las políticas norteamericanas. De esta forma el socialismo cubano representó una inspiración a los intereses de la izquierda y de los discursos antiimperialistas, que Chávez utilizó. Cuba aportó la tradición, la historia del comunismo latinoamericano, y Chávez ofreció encauzar un nuevo proyecto reformista y “bolivariano” de socialismo contemporáneo en el continente.

El movimiento de Chávez convertiría entonces a Venezuela en revolucionaria y “bolivariana” (resaltando la figura de Simón Bolívar como libertador). Este discurso se acompañó de un antielitismo que consideró a todos aquellos grupos políticos preexistentes como corruptos e incapaces de gobernar. Chávez reivindicó el nacionalismo y con él, la redención de los excluidos. A su vez, arremetió contra la empresa privada, la Iglesia católica y los medios de comunicación, por considerarlos instituciones corruptas que tergiversaban la verdad y se aprovechaban de la población. En cuanto a las medidas económicas y sociales, se invirtió en salud, educación y vivienda social. Se emprendieron procesos como las campañas de alfabetización y el apoyo a la educación media y universitaria, así como el acceso a los servicios de salud, logrando disminuir la mortalidad infantil y ofreciendo consulta médica gratuita, gracias a un convenio con médicos cubanos. Se nacionalizaron empresas y se intentó reactivar la producción local, generando avances en la infraestructura vial y portuaria; se crearon cooperativas y se formaron grupos comunitarios para atender temáticas como seguridad y cultura. Estas reformas tenían un fuerte componente de clase, pues estaban orientadas a mejorar las condiciones de vida de los sectores populares. Gran parte de esta reforma económica y social pudo desarrollarse gracias a extracción, refinación, transporte y comercialización del petróleo como fuente de riqueza. (Parker, 2003). En el campo político Chávez también logró posicionarse. Para 1999, mediante un referéndum, pudo aprobar la llamada Constitución Bolivariana, con la cual cimentó su poder y continuó adelante con el proceso de reformas planteadas.

No obstante, las medidas chavistas rápidamente generaron oposición. En 2002 un sector conservador organizó, con la ayuda de un grupo de militares y el sustento logístico y financiero del gobierno estadounidense, un golpe de Estado (Lander, 2002). Los militares opositores encarcelaron al presidente y lo llevaron prisionero a una isla del Caribe, tomando así el control del gobierno; dos días duró este “secuestro”, durante los cuales importantes sectores de la sociedad venezolana, entre ellos campesinos, indígenas, trabajadores urbanos y estudiantes, se lanzaron a las calles para apoyar a Chávez y denunciar la acción de los golpistas. Las principales cadenas televisivas privadas del país pretendieron difundir una imagen errónea de los acontecimientos, tratando de hacer creer a los venezolanos y a la opinión pública internacional que el gobernante había renunciado; asimismo, dichas empresas de información se negaron a transmitir e informar sobre el levantamiento popular contrario al golpe de Estado, que se extendió rápidamente por las calles venezolanas. Durante las horas de control que tuvieron los opositores, sabotearon las principales actividades económicas del país, sobre todo la producción de petróleo y el comercio portuario.

A pesar de tales dificultades, Hugo Chávez se mantuvo en el poder. En agosto de 2004 tuvo que hacer frente a un referéndum que intentaba revocar su mandato, auspiciado por la oposición; en esa oportunidad, el resultado le fue favorable en un 58% de los votos, situación validada por observadores internacionales como el expresidente norteamericano Jimmy Carter y el entonces secretario general de la OEA, César Gaviria (Dupret, 2004). Igualmente Chávez resultó vencedor en las elecciones presidenciales de 2006, en las cuales obtuvo el 62% de los votos y fue reelecto. Estas elocuentes muestras de apoyo popular son significativas pues ejemplifican la legitimidad electoral que gozó el líder venezolano, la cual pretendió ser opacada por los opositores a nivel interno y por el gobierno estadounidense en el ámbito externo.

En el año 2007, el gobierno de Chávez vivió un momento álgido relacionado con una empresa de comunicación, Radio Caracas Televisión (RCTV). A esta compañía no se le permitió seguir operando a raíz de sus constantes críticas al chavismo, y esta decisión del ejecutivo suscitó un gran debate interno en Venezuela y le originó a Chávez importantes críticas a nivel internacional. El presidente venezolano justificó la medida argumentando que:

Esta acción propició las críticas de la prensa internacional, la cual condenó enérgicamente la medida al catalogarla como ajena a la libertad de expresión. La salida del aire de RCTV permitió cuestionar el rumbo que parecía tomar el gobierno chavista, y propició la pérdida del referéndum del 2007, en el cual el líder venezolano buscaba realizar reformas importantes en la Constitución, que permitieran un mayor ejercicio de poder para el presidente (Altman, 2010). A partir de 2009, Venezuela comenzó a experimentar dificultades económicas. Una crisis energética entre 2009 y 2011 implicó racionamientos de energía eléctrica. En 2010 se registraron problemas con la compañía estatal PDVAL y la importación de alimentos, así como dificultades a causa de la inflación y la salida de empresas del país. Chávez volvió a ganar las elecciones en 2013, sin embargo en marzo de ese mismo año falleció a causa de un cáncer, no sin antes indicar públicamente como su sucesor a Nicolás Maduro.

El gobierno de Chávez fue constantemente criticado por sus detractores, quienes lo acusaron de autoritarismo, demagogia y populismo con rasgos militares. Le acusaron de reprimir a sus adversarios, mantener presos políticos y concentrar el poder en la figura del presidente. En abril de 2013, fue electo presidente Nicolás Maduro, quien debió sortear una serie de problemáticas relacionadas con la situación económica venezolana, en particular con la economía del petróleo, la inflación y el racionamiento de productos. El desgaste que recibió el proyecto socialista iniciado por Chávez y continuado por Maduro, posibilitó que en diciembre de 2015 el oficialismo perdiera las alecciones parlamentarias, siendo los primeros comicios en los cuales el chavismo resultó visiblemente derrotado.

El movimiento chavista ha sido catalogado como populismo (Arenas, 2007; Pernfold, 2010). Se le ha acusado de “hiperpresidencialismo” y se le ha comparado con el peronismo por su crítica a las elites y por su intento de insertar a las grandes mayorías en la política. Sin embargo, el movimiento político socialista que inició en Venezuela en 1998 debe considerarse en su propio contexto, a partir de factores como la condición previa del país, la situación internacional, las reformas alcanzadas y las limitaciones del proceso de cambio. Lo ocurrido en el contexto venezolano no solo generó cambios al interior del país, sino que sirvió para reavivar movimientos nacionalistas y de izquierda en otras regiones de América Latina.

Otro caso importante de valorar es Bolivia, país en el cual asumió el poder Evo Morales en el año 2006, y fue reelecto en los años 2010 y 2014. Catalogado como el primer Presidente indígena de América Latina, Morales militó desde la década de 1980 en agrupaciones sindicales e indigenistas, y participó en la organización del partido político Movimiento al Socialismo (MAS) con el cual llegó al poder.

Durante las décadas de 1980 y 1990, la situación socioeconómica de Bolivia se vio afectada por las medidas neoliberales tomadas por los mandatarios de turno. Desde la Nueva Política Económica (1985) del mandatario Víctor Paz Estenssoro, enfocada en la liberalización de la economía a partir del ajuste estructural, hasta las concesiones del gas a empresas extranjeras otorgadas por Fernando Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), el país experimentó profundas medidas de corte neoliberal que limitaron la participación estatal, afectaron la recaudación de impuestos, facilitaron el debilitamiento y la privatización de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), aumentaron la pobreza, mantuvieron y profundizaron la segregación de los indígenas, provocaron la migración forzada y la precarización laboral de miles de bolivianos, y fracasaron en redistribuir la riqueza generada por el modelo económico, que se concentró en pocas manos (Vacaflores, 2003).

En el año 2003, durante la presidencia de Sánchez de Lozada, Bolivia experimentó una profunda crisis económica que combinaba déficit fiscal, encarecimiento de los productos de consumo e intentos del gobierno por privatizar la explotación de gas. Este último aspecto generó importantes protestas sociales en todo el país, encabezadas por las organizaciones indígenas, en las cuales participaba activamente el entonces diputado Evo Morales; los manifestantes controlaban importantes ciudades como El Alto y La Paz. Ante tal ambiente de incertidumbre e inestabilidad social, Sánchez de Lozada se ve obligado a renunciar y el viernes 17 de octubre de 2003 presentó una carta ante el congreso boliviano alegando un clima de violencia y desprestigio en el cual “la democracia está bajo el asedio de grupos corporativos, políticos y sindicales que no creen en ella y que la utilizan según su conveniencia” (Sánchez, 2003).

El discurso presidencial invisibilizaba los fracasos de los gobiernos de corte neoliberal, los cuales propiciaron las revueltas sociales, la salida de Sánchez y la designación como mandatario temporal del vicepresidente Carlos Mesa (2003-2005). Durante su estancia en el poder consolidó las medidas neoliberales y se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a defender la inversión extranjera y la libertad de mercado, así como unirse al proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y eliminar cualquier tipo de intervención o subvención del Estado a los estratos más pobres, sobre todo en lo concerniente a los subsidios hacia la gasolina y el gas (Llano, 2004).

Con el ascenso al poder de Evo Morales en enero de 2006, el MAS se consolidó como el partido político con más escaños en el congreso y Bolivia como la cuarta nación suramericana con un gobierno de tendencia socialista, después de Venezuela, Argentina y Brasil. El caso boliviano evidenció además su particularidad: los fuertes rasgos identitarios del presidente Morales, quien desde sus primeros discursos al ser electo apeló a “los pueblos aymara, quechua y guaraní” (“Evo Morales será el primer presidente indígena de Bolivia, según los sondeos a pie de urna”, 2005), quienes por primera vez tendrían derecho a gobernar, junto con él, en un mandato que pretendía disminuir la discriminación contra los sectores tradicionalmente marginados.

Una de las primeras decisiones del presidente Morales fue la nacionalización de los hidrocarburos (Gray, 2007). Sin embargo, los proyectos de nacionalización del gas suscitaron serias discrepancias entre el gobierno y sus partidarios, y aquellos sectores político-económicos interesados en mantener sus intereses, usualmente ligados a los de las empresas transnacionales explotadoras del recurso. El nuevo gobierno posicionó en Bolivia dos visiones opuestas sobre el desarrollo del país. La una identitaria, tradicionalista, nacionalizante y sustentada por el presidente Evo Morales, con un fuerte respaldo de los sectores indígenas, usualmente marginados del poder; la segunda opción representa una reacción al gobierno, encabezada por sectores oligárquicos y por las elites empresariales y financieras, mismas que no desean la nacionalización de los recursos bolivianos como el gas.

En 2008 Morales debió hacer frente al primer referéndum que intentaba terminar con su mandato, el cual ganó ampliamente con un 67% de los votos (Molina, 2008). En el año 2008 se desarrolló una Asamblea Constituyente que redactó una nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Por su parte, en 2010 se aprobó una Ley contra el racismo y la discriminación, mientras que en 2011 se estableció la Ley General de Telecomunicaciones, que vino a regular la asignación de frecuencias radiales y televisivas a diferentes grupos sociales, entre ellos los indígenas (Gómez y Ramos, 2014). Cabe tener en consideración que Evo Morales fue reelecto en los años 2010 y 2015, por lo que ha desarrollado tres mandatos presidenciales.

Por otra parte, no solo en Bolivia se han producido movimientos que posicionan a los indígenas a nivel político. En países como Perú y Ecuador, las corrientes indígenas se han opuesto a las ideas tradicionales, pretendiendo defender la diversidad cultural, como un proyecto global integrado a la sociedad civil y a los nuevos multiculturalismos (Albó, 2008). No obstante, la realidad andina continúa siendo sumamente compleja y difícil para los grupos indígenas que habitan la región. Las tensiones en torno al papel de las fuerzas armadas, la corrupción a nivel gubernamental, la violación de los derechos humanos, la negación de las identidades y las secuelas de los regímenes dictatoriales y de las guerras aún se hacen sentir y afectan la cotidianidad de los indígenas andinos, que a nivel laboral, jurídico y social, siguen padeciendo restricciones en el ejercicio de la ciudadanía, en su participación política, acceso a servicios y oportunidades económicas (Luzia, 2014).

5. ¿La izquierda en crisis o la democracia en tiempos de globalización neoliberal?

De manera reciente, varios cambios de gobierno, procesos electorales y acusaciones contra dirigentes políticos en América Latina, han puesto a prueba la fortaleza que los movimientos socialistas mostraron en las dos primeras décadas del siglo XXI y ha conducido a la izquierda a repensar sus estrategias. En primera instancia, en Venezuela Nicolás Maduro ha tenido que enfrentar protestas, crisis económica y la pérdida de la mayoría parlamentaria en las elecciones de diciembre de 2015. En Argentina, después de los gobiernos de Kirchner y Fernández, la derecha ha retomado el poder con Mauricio Macri en diciembre de 2015, y las medidas contra las instituciones y los grupos obreros se han hecho sentir, con despidos de trabajadores, detenciones, represión de las protestas, endeudamiento externo y aumento en las tarifas eléctricas (Smink, 2016).

Por otra parte, en Bolivia Evo Morales perdió en febrero de 2016 el referéndum que pretendía posicionarlo para un cuarto mandato (“Bolivia dice “No” en referéndum a otra reelección de Evo Morales”, 2016), mientras que en Perú Keiko Fujimori del partido derechista Frente Popular irá a una segunda vuelta en junio de 2016, en la que los sondeos de opinión la colocan como favorita. Finalmente, en una situación que mantiene en tensión constante al país más grande de América Latina, la presidenta de Brasil Dilma Rousseff, y el expresidente Luiz Ignacio (Lula) Da Silva, han sido objeto de acusaciones políticas de corrupción y negligencia en sus funciones (Goldstein, 2016) por parte de grupos conservadores y económicamente poderosos del país; la situación conflictiva en Brasil ha llevado a agrupaciones opositoras a pedir la destitución de Rousseff por parte del parlamento (proceso conocido como Impeachment), lo que ha generado también importantes críticas de dirigentes como el mismo Lula Da Silva, quien ha dicho públicamente que la salida de la presidenta constituiría un golpe de Estado (“Lula compara persecución de Rousseff con el fascismo”, 2016). En “Impeachment” contra Roussef se concretó el 11 de mayo de 2016 por parte del senado brasileño, asumiendo la presidencia temporalmente el vicepresidente Michel Temer, quien había manifestado previamente diferencias de criterio amplias con Rousseff. El caso de la destitución de la presidenta de Brasil ha sido considerado por amplios sectores sociales en América Latina como un golpe de Estado (““Impeachment” a Dilma Rousseff: ¿hubo golpe de Estado en Brasil?”, 2016).

Los anteriores casos permiten debatir si existe una crisis de la izquierda, o bien se trata de un proceso en el cual los sectores neoliberales ganan terreno, o ambas cosas. Para resolver esta inquietud, debe plantearse una perspectiva histórica. En la década de 1980, varios países latinoamericanos iniciaron su transitar hacia la democracia electoral, lo cual les requirió nuevos desafíos. Una democracia real implicaba mayores niveles de seguridad, crecientes oportunidades en el acceso a bienes y servicios para sectores amplios de la población, y sobre todo la capacidad de tomar decisiones críticamente y en beneficio de la colectividad. Sin embargo, después de la llamada “muerte de las ideologías” tras la caída de la Unión Soviética, nuevos escenarios se plantearon en América Latina y los gobiernos neoliberales asumieron el poder. A partir de entonces, quedó plasmada una tensión entre las demandas populares por un lado y las exigencias de las políticas neoliberales por otro (Vilas, 2004). Es por ello que muchos gobernantes neoliberales, como el caso de Ménem en Argentina en la década de 1990, llegaron al poder y traicionaron las promesas que realizaron en campaña, para ponerse al servicio de los sectores económicamente dominantes.

Los gobiernos neoliberales retrotraen la intervención del Estado en materia social, aunque tal y como lo plantea la Escuela Francesa de la Regulación, no necesariamente disminuye la intervención económica, sino que los estados buscan asegurar las inversiones capitalistas y proteger a las empresas transnacionales. En este sentido, el desarrollo económico de un país varía de acuerdo a sus propias características históricas y económicas (Brenner y Glick, 2003; Gajst, 2010), de tal forma que en las últimas décadas no todos los países latinoamericanos han aplicado las políticas neoliberales con la misma intensidad, e incluso algunos han pretendido revertirlas.

En el tema de la seguridad, los gobiernos neoliberales utilizan un discurso de mano dura para resolver los problemas, y el uso de la fuerza contra los delincuentes, en vista que se consideran las actuaciones policiales como incapaces de resguardar los bienes y la vida de las personas ante los crecientes niveles de criminalidad y violencia al cometer delitos; se tiende a anteponer la noción de orden al cumplimiento de los derechos humanos. Aunado a ello, una de las problemáticas sociales de mayor calado ha sido el elevado nivel de violencia en la sociedad, lo cual ha provocado que América Latina se convierta en la región donde mueren más personas a causa de armas de fuego, producto principalmente del narcotráfico y del consiguiente trasiego de armamento, así como de los elevados niveles de pobreza. Por estas razones, las personas perciben un mayor grado de inseguridad a partir del papel de los medios de comunicación, y al plantearse las problemáticas actuales como una época de incertidumbre de cara al porvenir. Esta visión represiva que se desarrolla en la ciudadanía, se convierte en un lastre para los procesos de democratización efectivos en la región, ya que legitima y reivindica el autoritarismo, y reacciona ante los cambios sociales que buscan mayor igualdad.

No obstante, el proceso de neoliberalismo se condujo con importantes reacciones y protestas de diferentes actores sociales. En México, los zapatistas plantean una confrontación directa con la teoría de aquellos analistas políticos que han afirmado que en el mundo actual, los movimientos de guerrilla, las revoluciones y las luchas antiimperialistas ya no son viables. A nivel interno, muchos países suramericanos realizaron modificaciones para paliar las consecuencias de varios lustros de implementar en materia económica, sin conciencia crítica, las recetas neoliberales propugnadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estos renovados socialismos, de mayor o menor envergadura, se expandieron por el subcontinente al punto de crear un frente común que se opone a firmar acuerdos comerciales desventajosos y que es capaz de negociar sus propias prerrogativas en materia económica, como sucede con el Mercosur.

En cuanto a los movimientos identitarios, los indígenas lograron niveles de participación inéditos aun a costa de sufrir durante muchos años la represión de las elites tradicionales, basados en ideales y ejes de acción como la identidad, etnicidad y acción colectiva ( Bello, 2004), convirtiendo la lucha por sus derechos y la cohesión grupal en elementos esenciales para su sobrevivencia y desarrollo. El caso del presidente Evo Morales en Bolivia se ha convertido en un ícono de simbiosis nueva entre el socialismo del siglo XXI y las tendencias indigenistas de participación y acción política. Mientras tanto, el movimiento zapatista en México recuerda que los indígenas, cuando se les excluye de la toma de decisiones, son capaces de llevar a cabo procesos de resistencia por la vía pacífica o inclusive levantándose en armas. No obstante, la vivencia de los indígenas en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y México, por citar algunos, continúan siendo puntos álgidos en los debates políticos sobre el papel que estos sectores deberían jugar a nivel económico y social, así como dentro de la sociedad civil.

Los procesos de democratización en América Latina, a pesar de los avances y vaivenes que se han mostrado, pueden considerarse inconclusos. La democracia sigue siendo tratada principalmente como un discurso tras del cual se escudan las elites económicas de los países, se trata de un sistema defendido a ultranza por sectores políticos, académicos y medios de comunicación; es decir, este discurso prodemocrático invisibiliza las dolencias que presentan los sistemas de gobierno de los países de la región en cuanto a funcionalidad y a una efectiva participación de la ciudadanía en los asuntos de interés colectivo.

En el ámbito social, la región aún tiene tareas pendientes de gran calado. La violencia recalcitrante y persistente en países como Colombia, Guatemala y Haití, por citar algunos, es un crudo recordatorio de que la miseria, la corrupción, el narcotráfico y el uso indiscriminado de las armas de fuego por grupos sociales diversos, son elementos cuya conjunción da como resultado un enorme sufrimiento para amplios sectores de la población civil; es el dolor de aquellos que son cotidianamente víctimas de agresión, desesperanza y humillación, a manos de gobiernos, ejércitos, milicias, policías, paramilitares, narcotraficantes, grupos guerrilleros, o todavía más cruel y solapadamente, de empresas transnacionales.

Centroamérica ejemplifica esta realidad y da cuenta de los desafíos pendientes en materia de democratización. El caldo de cultivo de la corrupción política y de la falta de representación de los sectores marginados, se sitúa en la incapacidad de los ciudadanos de vigilar y ser responsables en la toma de decisiones. La pobreza extrema, la carencia de oportunidades y la ausencia de sistemas educativos de mayor calidad atentan contra la posibilidad de establecer una verdadera fiscalización sobre las elites por parte de la ciudadanía, y la proyección de ésta como la encargada de propiciar e imaginar nuevos rumbos políticos donde quepamos todos y donde la riqueza no se conciba solamente en el ámbito económico, sino como elemento potenciador de las capacidades del ser humano.

Por las razones expuestas, el escenario político en el cual se desenvuelve la democracia en América Latina actualmente, es complejo y lleno de matices. Se ha producido un desplazamiento de la tradicional rivalidad Estados Unidos - Cuba (pues estos países han sostenido reuniones y acercamientos entre Barack Obama y Raúl Castro, que desembocaron en el restablecimiento de relaciones diplomáticas en 2015) a un enfrentamiento entre la nación del norte y la nueva política socialista de Venezuela. Mientras que el presidente Bush (2001-2009) y Hugo Chávez mantuvieron enfrentamientos verbales y diplomáticos, las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se mantienen tensas durante el gobierno de Maduro.

Después del auge de la izquierda, el regreso de la derecha al poder supone nuevos interrogantes e incertidumbres. Se dibujan nuevos escenarios para los movimientos populares y socialistas en América Latina, que deberán debatirse entre su capacidad de adaptarse al sistema dentro de los márgenes que el politólogo inglés Anthony Giddens denominó tercera vía (Giddens, 2000) -denominación que hace referencia, de manera conciliatoria y quizá un tanto ingenua, a una alternativa política diferente al socialismo y al capitalismo (las dos vías anteriores), donde se pretende robustecer la democracia y la participación ciudadana-, o bien mantenerse firme en la convicción de que la resistencia ante el neoliberalismo es viable, que los seres humanos históricamente subordinados son capaces de producirse y reproducirse libremente en igualdad y diversidad (Gallardo, 2015), y que ante un entramado social complejo y repleto de injusticias, “otro mundo es posible”, pero requiere de la organización popular para la construcción de una democracia realmente funcional.

Prensa

“Aristide abandona el poder en Haití”. La Nación. San José, 1 de marzo de 2004. http://www.nacion.com/ln_ee/2004/marzo/01/mundo0.html

Barrera, Marcelo y Rey, Juan. “El andar zapatista y la otra campaña”. Prensa de Frente. 29 de enero de 2007. http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/new/2007/01/29/p2549

“Bolivia dice “No” en referéndum a otra reelección de Evo Morales”. BBC Mundo, 24 de febrero de 2016. http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160223_bolivia_evo_morales_referendo_resultado_ep

“Carta de renuncia del presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada”. El Mundo. 18 de octubre de 2003. http://www.elmundo.es/elmundo/2003/10/18/internacional/1066449589.html

Chávez, Hugo. “Decretado: se cierra Radio Caracas Televisión”. (diciembre, 2006). http://slavetothepc.wordpress.com/2006/12/28/decretado-se-cierra-radio-caracas-television/

“Evo Morales será el primer presidente indígena de Bolivia, según los sondeos a pie de urna”. El Mundo. 19 de diciembre de 2005. http://www.elmundo.es/elmundo/2005/12/18/internacional/1134943671.html

““Impeachment” a Dilma Rousseff: ¿hubo golpe de Estado en Brasil?”. BBC Mundo. 13 de mayo de 2016. http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/05/160513_brasil_es_golpe_estado_impeachment_presidenta_dilma_rousseff_paraguay_fernando_lugo_honduras_manuel_zelaya_lv

“Latinoamérica rechaza la invasión colombiana de Ecuador y Uribe se queda solo junto a Bush”. Rebelión, 5 de marzo de 2008. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=64154

“Lula compara persecución de Rousseff con el fascismo”. Telesur, 12 de abril de 2016. http://www.telesurtv.net/news/Lula-compara-persecusion-contra-Rousseff-con-el-fascismo-20160412-0001.html

Smink, Verónica. “Las 5 medidas más controvertidas de Mauricio Macri en sus primeros dos meses de gobierno en Argentina”. BBC Mundo, 16 de febrero de 2016. http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160215_argentina_macri_medidas_controvertidas_vs

Referencias

Fechas de Publicación

Histórico