Comentario

El libro que nos ocupa es el resultado de una importante investigación en el campo de la sociología y la historia política, muy bien fundamentada no sólo teóricamente, sino en el análisis de la realidad objeto de la que se ocupa. El tema es pertinente y de actualidad, pues la instrumentalización de la organización comunal con fines electoreros no inicia, ni se limita a la década de los años de 1980: la antecede en mucho y la trasciende. Los capítulos teórico-conceptuales (el Capítulo 1) y la crítica a los enfoques (el Capítulo 2) están sólidamente estructurados, con rigurosidad, lo que permite a los autores tomar distancia, confrontar los estudios existentes sobre el tema y elaborar sus propios marcos conceptuales. El análisis de contexto (Capítulo 3) sitúa, en calidad de escenario, las relaciones políticas y los conflictos sociales que son evaluados en la lucha de los movilizados en torno a la vivienda (Capítulo 4). Cierra con una conclusión y epílogo donde los autores, sin abandonar el compromiso teórico asumido desde el principio, revaloran los hallazgos más notables de su investigación.

El estudio goza de mucha claridad en la exposición. Su lenguaje es claro, sin rigidez técnica o críptica, lo que hace la obra didáctica y accesible a un público muy amplio. Hay manejo conceptual, precisión en el uso y sentido del lenguaje disciplinario, en la escogencia de las fuentes y en la construcción de instrumentos para el recabo de información. Esto le da seriedad y rigurosidad al texto.

Por su estilo, parece que es una obra para diferentes destinatarios: el mundo académico, de estudiantes y profesores en su calidad de docentes, investigadores y, sobre todo, extensionistas en el caso del mundo de los políticos, sobre todo de los que echan mano a instrumentos asistencialistas y clientelares: la obra los pone de frentea su propia realidad. Por último, el caso de aquellos estudiosos, de gabinete o intelectuales por el placer de ampliar sus conocimientos sobre la realidad política nacional y que buscan marcos teóricos, conceptuales y análisis con base empírica serios para sus decisiones democráticas.

Al margen del texto y teniéndolo como excusa, es importante para nuestro conocimiento de la realidad nacional develar y sacar del closet, en el mejor de los sentidos, la década de los años ochenta del siglo anterior. A esa década nos hemos referido en el medio académico con una calificación cliché etiquetada por la CEPAL como “la década perdida”, y ciertamente lo fue, por los indicadores económicos, el deterioro social y por el recrudecimiento del tema de la deuda pública externa que se tornaba, para los inicios de la década, en impagable. Eso ponía a temblar al club de los bancos privados internacionales más grandes, por el riesgo de que los países de mayor tamaño y endeudamiento como Brasil, Argentina y México, sobre todo, hicieran caso al discurso sesudo y agitativo de Fidel Castro, en el sentido de que la deuda externa era impagable. Y hubo crisis económica, social y política que se expresó en un deterioro de la vida democrática. Tan solo al principio en el país hubo secuestros, prisioneros políticos, asesinatos de luchadores sociales y actos terroristas muy sonoros para la prensa internacional como el de La Penca. Hubo persecución y hasta asesinatos de dirigentes y “rebeldes con causa”, como el Grupo la Familia, de huelgas violentas y también exitosas de trabajadores de las zonas periféricas, de los empleados hospitalarios en todo el país, etc. durante el gobierno de Rodrigo Carazo Odio y en el de Luis Alberto Monge Álvarez; o los asesinatos no resueltos de la Cruz de Alajuelita y a la agitación urbana contra el aumento en tarifas de servicios públicos hechas en concordancia con orientaciones en políticas económicas en las que primaron los llamados PAE’s. También la lucha, confrontativa y violenta, aunque parezca irónico, por la paz en Centroamérica, pues había grupos conservadores interesados en que el conflicto de la región legitimara una intervención militar directa de Estados Unidos.

Hay, pareciera, cierto esfuerzo de invisibilización en la prensa y también en el medio intelectual, como para hacer creer que la Costa Rica idílica y democrática que siempre nos dijeron que era, seguía siéndolo, incluso en esa mal llamada “década perdida”. Nos corresponde a los intelectuales realizar una especie de psicoanálisis nacional, como el hecho por Alfonso Cuarón en México con la película Roma, también a nuestra democracia le toca ser puesta en el diván del analista para que saquemos del inconsciente colectivo los traumas de aquella década.

Parece que a esto apunta el libro que nos ha correspondido leer y comentar. El gobierno liberacionista de Oscar Arias se ocupó de impulsar, con manipulación y clientelismo, una política de vivienda de interés social para trabajadores y gente marginada de la periferia urbana y nacional: muchas sobre tomas de tierras en precario de fincas que habían sido pródigas en la producción de café desde el siglo XIX. Como alianza socio-política en la práctica, se echó mano de una organización dirigida por cuadros políticos que al principio del decenio había jugado en las canchas del radicalismo de izquierda.

En cuanto a la figura legal para la organización de las comunidades, no había novedad, solo dos posibilidades. Una, el marco legal de las Asociaciones de Desarrollo Comunal, la ley 3859 de 1967 y sus reformas que otorga además del marco normativo, asesorías legal y contable y algún recurso económico del Estado para su funcionamiento, pero que requiere mínimos de participación comunal: una Asociación Específica de al menos 50 asociados fundadores. Otra, el marco legal de las Asociaciones civiles, la ley 218 de 1939 y sus reformas y reglamentos, que solo exige un mínimo de 10 personas, aunque para sus trámites debe contratarse asesor legal y en el manejo financiero profesionales responsables. Las primeras, cuentan con una estructura piramidal con 3 niveles organizativos: asociaciones, uniones, federaciones y confederación nacional y legitimidad formal para proponer miembros al Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad, el órgano gubernamental adscrito al Ministerio de Gobernación que tiene como encargo la distribución de recursos económicos y humanos para las organizaciones existentes. Si bien las organizaciones amparadas en la ley 218 tienen menos restricciones jurídicas para su funcionamiento, lo irónico es que la política clientelar se dinamizó a través de las Asociaciones amparadas en la ley 3859, cuando la ley les exige neutralidad político-partidaria y religiosa, pues han contado con un equipo de profesionales promotores en todo el país, funcionarios pagados por el Estado con el nombre de Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad. Los dirigentes comunales de entonces recordamos cómo durante los gobiernos liberacionistas de Luis A. Monge Álvarez y Oscar Arias Sánchez, los núcleos partidarios de liberacionistas en los distintos barrios tenían instrucciones precisas para tomar el control a favor del partido gobernante, de las juntas directivas de las asociaciones de desarrollo, las uniones cantonales y zonales, las federaciones provinciales y de la confederación nacional. Los autores, Cerdas y Badilla, señalan cómo, incluso, hubo denuncia de que el gobierno designó en la representación comunal del Consejo de Desarrollo Comunal a dirigentes muy de confianza partidaria.

Esta situación se reitera durante las décadas siguientes; no obstante, hay presencia en las Juntas Directivas de dirigentes comunalistas no leales al Partido Liberación Nacional e, incluso, hay evidencias de reproducción del clientelismo por parte de otros partidos políticos que aprendieron la lección de los liberacionistas, los cuales han pretendido reproducirla cuando han tenido el control del Poder Ejecutivo nacional: en algunas comunidades, mientras la tradición mantenía en las juntas directivas de las asociaciones amparadas en la ley 3859 a liberacionistas que se atrincheraban para no dar espacio a los adversarios, éstos, del partido Unidad Social Cristiana, creaban asociaciones con base en la ley 218 para competir o confrontar las bases sociales marginales dentro de las mismas comunidades.

La reiteración continua de prácticas clientelares por parte de partidos políticos, el abuso de la organización comunal y las interferencias partidarias en las decisiones de las comunidades, no solo en sus liderazgos locales, sino en su plataforma programática comunal, justifican plenamente que se haya publicado el libro de Cerdas Albertazzi y Badilla Gómez y obliga a su cuidadosa lectura y discusión.

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