Introducción

La Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) fue una elaboración compleja de un conjunto de ideas políticas, sociales, filosóficas, religiosas y militares sobre la seguridad del Estado que se aprendió, reelaboró, instruyó y, finalmente, se institucionalizó por las Fuerzas Armadas latinoamericanas desde inicios de la década de 1960. La elaboración de la DSN que asumieron las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas en Sudamérica, donde tuvo mayor desarrollo conceptual y se constituyó en su fundamento ideológico, se alimentó de tres elementos fundamentales: la doctrina geopolítica alemana (siglos XIX y XX), la doctrina de la guerra revolucionaria y las técnicas de contrainsurgencia francesa (1945 - 1962) y el concepto de “Estado de Seguridad Nacional” estructurado en Estados Unidos (desde 1947)¹ (Tapia, 1980; Cherñavsky, 1987; Velásquez, 2002, p. 12; Robin, 2005; Romano, 2013). Las ideas producidas localmente en torno a las guerras que supuestamente se estaban librando internamente, a la seguridad nacional y a las formas de darle solución se nutrieron, también, de las experiencias y escuelas latinoamericanas, como las de Brasil, Argentina, Chile, Perú, entre otras. A medida que cambiaban las hipótesis de conflicto, las teorías, técnicas, estrategias y metodologías se combinaban, adaptaban y reelaboraban.

El objetivo prioritario de este artículo es demostrar el flujo y la recepción de ideas del sur hacia el norte de Latinoamérica, a través de un caso específico, como una forma más de transnacionalización del terrorismo de Estado. Dicho trabajo se enmarca en una línea de investigación que coloca a “la periferia” en el centro de un nuevo modelo interpretativo de la Guerra Fría, sin por eso soslayar la intervención de Estados Unidos (López, 2016; Spenser, 2004; García y Taracena, 2017; Rostica, 2015, 2016, 2018). Asimismo, la investigación se interesa en utilizar la idea de transnacionalización en la que se apoya Ariel Armony (2004) para referirse a lo que denomina la “cruzada anticomunista” argentina en América Central, la cual remite a la creación durante la Guerra Fría de un espacio político transnacional contrarrevolucionario donde confluyeron aparatos estatales, élites domésticas y regionales, grupos económicos, organizaciones de la sociedad civil. Este espacio, más que geográfico, fue un espacio de intercambio y circulación de vínculos y recursos, así como de ideas.

Los procesos históricos atravesados en Guatemala desde las décadas de 1940 y 1950 constituyen, sin lugar a dudas, un centro de gravitación para pensar la Guerra Fría en América Latina y, particularmente, aquella historia de apoyo policial, militar e incluso en cuestiones de registros por parte de Estados Unidos hacia Guatemala. La investigadora canadiense Kirstein Weld indicó que los asesores estadounidenses se habían enfocado en procedimientos operativos como armar un archivo de vigilancia, racionalizar las investigaciones políticas, fomentar la colaboración táctica y el intercambio de inteligencia entre la PN y el Ejército, y construir una red regional de telecomunicaciones que uniera a las más altas esferas del aparato contrainsurgente del período.

Hacia mediados de la década del sesenta, la policía de Guatemala comenzó a operar en estrecha coordinación con el ejército a través del Centro Regional de Telecomunicaciones, conocido como “El Archivo”, el cual estaba conectado a instalaciones estadounidenses de la Zona del Canal de Panamá. Esta forma de hacer fluir la información, afirma la investigadora, permitió desatar la desaparición forzada de personas como una práctica sistemática del terrorismo de Estado en Guatemala desde 1966. Ella también ha afirmado que “los Estados Unidos lideraron la reestructuración de la PN desde 1954 hasta 1974 cuando ocurre el cierre de sus programas globales de ayuda dirigidos a la policía” (Weld, 2017, p. 163). En efecto, la Office of Public Safety fue desmantelada en 1974.

Manolo Vela, sociólogo guatemalteco, desde 1978 afirmó que Guatemala estuvo fuera del programa de ventas militares de Estados Unidos, desde 1979 del programa de entrenamiento militar y desde 1980 de las ventas comerciales como consecuencia de los sucesos ocurridos en la embajada de España (Vela, 2008, p. 146). Inmediatamente después de esa masacre llevada a cabo frente a los ojos del mundo entero por parte de las fuerzas de seguridad del Estado guatemalteco, el secretario de Estado adjunto para asuntos interamericanos, William Bowdler, realizó varias visitas de pocos días para tomar sus propias impresiones. Pero a comienzos de mayo, el presidente guatemalteco Romeo Lucas García decidió no recibir al subsecretario de asuntos interamericanos, Cheek, ni al secretario, Bowdler, y rechazar la presencia americana en Guatemala.² A comienzos de agosto, se concretó el cambio de embajador estadounidense en Guatemala. La situación iluminaba la política de retraimiento en materia de seguridad nacional de los Estados Unidos hacia Guatemala. Por otra parte, en febrero de 1977, el secretario de Estado anunció la reducción de la ayuda militar a la Argentina debido a las violaciones a los derechos humanos practicadas por el gobierno militar liderado por Videla. La Junta Militar argentina consideró la decisión una intromisión en los asuntos internos y rechazó la totalidad de la ayuda crediticia norteamericana.

En paralelo se estrecharon las relaciones exteriores entre Argentina y Guatemala. Como se ha mostrado en otras publicaciones basadas en fuentes oficiales provistas por diferentes ministerios, las relaciones diplomáticas entre ambos países se hicieron sistemáticas entre 1979 y 1981, se firmaron convenios, hubo condecoraciones mutuas y préstamos de dinero, pero, además, colaboración en materia de seguridad nacional. En Argentina se impartieron cursos de inteligencia para oficiales extranjeros relacionados a la “lucha contra la subversión” o con los “lugares de detención temporaria” para “lograr una identidad doctrinaria”, a los cuales asistieron militares de la talla de José Mauricio Rodríguez Sánchez o Mario Mérida, entre otros (Ejército de Guatemala, 21 de marzo de 1977; Ejército de Guatemala, s.f.). Por su parte, en Guatemala se asentó en 1980 la agregaduría militar argentina, la cual tenía funciones también para El Salvador y Honduras (Rostica, 2016).

Algunos autores señalan que la Zona del Canal de Panamá constituía una base de comunicaciones para las operaciones militares que se realizaban contra Nicaragua y las guerrillas de El Salvador y Guatemala a través de la Red Interamericana de Comunicaciones Militares (RECIM) y la Comisión Permanente para las Comunicaciones Militares Interamericanas (COPECOMI) (Crockcroft, 2001, p. 304). Sin embargo, a inicios de los ochenta, con el retraimiento de Estados Unidos y la política de Carter para América Latina, la RECIM y la COPECOMI pasaron a funcionar en Honduras y muchos argentinos fueron destinados a integrar dicha comisión en ese país e incluso a presidirla hacia 1983.³

En Guatemala, la violencia desplegada por las fuerzas de seguridad del Estado se concentró precisamente durante esos años de retraimiento de los Estados Unidos y de presencia militar de Argentina en Centroamérica. De las 626 masacres registradas por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), el 95% se efectuaron entre esos años; el 81% de las violaciones a los derechos humanos se produjeron entre 1981 y 1983; y los actos de genocidio documentados por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico se llevaron a cabo entre 1981 y 1982. También, fue entre fines de 1981 y parte de 1982 que se desplazó más del 17% de la población total del país (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1999). Algo similar ocurrió con la desaparición forzada de personas. A partir del gobierno de Romeo Lucas García (1978-1982), la detención ilegal y la desaparición forzada se convirtieron en una modalidad represiva de las instituciones militares y los grupos paramilitares en todo el territorio nacional. Luego del golpe de Estado de 1982, esta modalidad represiva mermó debido al desmantelamiento de los grupos paramilitares, pero presentó un incremento descomunal durante el gobierno del general Óscar Humberto Mejía Víctores (1983-1985), la segunda etapa de la dictadura bajo la responsabilidad de las fuerzas de seguridad del Estado (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1985; CEH, 1999, p. 459). La desaparición forzada de personas en Guatemala se practicó de forma sistemática y masiva, pero en la Ciudad de Guatemala esta tuvo elementos característicos coincidentes que permiten distinguir diferentes etapas y un modus operandi típico (detención-interrogatorio-desaparición).

El ejército de Guatemala, en ese entonces, usaba el Manual de Guerra Contrasubversiva (MGC) de fines de los años setenta. Si bien se desconoce, en rigor, la fecha de edición del MGC que ha podido ser consultado (en el cual consta la bibliografía utilizada para la elaboración del mismo), los aspectos centrales de dicha versión sin fecha están presentes en una versión original que se ha podido ver del año 1978, en la cual faltan páginas y no está listada la bibliografía utilizada. Esto conduce a suponer que el MGC que no consigna la fecha de edición, en el cual consta la bibliografía utilizada, lo usaba el ejército de Guatemala desde fines de los años setenta. Lo interesante es que en dicho manual se cita, entre otra, bibliografía de Argentina. Relacionado a esto, se propone analizar la recepción de obras argentinas en ese Manual de Guerra Contrasubversiva, ¿cuáles son esas obras?, ¿quiénes son sus autores?, ¿cuándo y bajo qué contexto se elaboraron esas obras?, ¿qué dicen?, ¿qué ideas fueron recibidas en el MGC?

Las obras argentinas citadas en el manual de Guatemala

En el MGC se pueden observar los diferentes saberes que se recibieron en Guatemala, entre ellos, saberes forjados en Argentina. En el mismo se expresa que para su elaboración se consideraron las experiencias de Argentina, Estados Unidos, Francia y Perú, y consigna en su bibliografía dos obras argentinas: el libro de Osiris Villegas, Guerra revolucionaria comunista de 1963 y un documento: Instrucciones para la lucha contra la subversión, del Ejército Argentino, que fecha en el año 1962.⁴ La obra de Osiris Villegas fue escrita en Córdoba y su primera edición fue realizada por el Círculo Militar Argentino de 1962. Su autor es considerado parte de la intelectualidad latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX preocupada por las nociones de seguridad y desarrollo, miembro de la élite azul del ejército argentino en el período 1962-1973, que se reprodujo en la conducción del ejército a partir de los ascensos y los retiros, del núcleo de generales modernos que rodeó a Juan Carlos Onganía (Devés, 2003, pp. 250-251; Mazzei, 2013, p. 119). El documento, en cambio, aparece nombrado por Jean Nougués (1962) en su artículo “Radioscopia subversiva en la Argentina”, publicado en un número de la Revista de la Escuela Superior de Guerra de principios de 1962. En ese artículo, el autor señalaba que el Ejército Argentino había sido iniciador en esos últimos años del estudio de la guerra revolucionaria y en especial de su forma subversiva con trabajos teóricos y prácticos que solamente tenían que ser ampliados. Indicaba que:

Una doctrina de lucha contra la subversión revolucionaria ha sido elaborada. El Estado Mayor General del Ejército la materializó en un proyecto: “Puntos de vista - Conducción de la Guerra Contrarrevolucionaria” que, como lo indica su título, no constituye todavía un verdadero reglamento, sino un texto provisional que, a pesar de sus inevitables imperfecciones, se reveló como un precioso instrumento de trabajo y de información. (Nougués, 1962, pp. 33-34)

Y posteriormente señalaba que: “una ‘Instrucción para la lucha contra la subversión’, que debe reemplazar ‘Puntos de Vista’, está en curso de redacción. La publicación de dicho documento ofrece una circunstancia favorable a una gira de ‘equipos de contacto’” (Nougués, 1962, p. 35). Estas afirmaciones de Nougués condujeron a buscar infructuosamente ese supuesto reglamento de 1962, con lo cual se supone que fue un documento o un borrador que circuló por las fuerzas armadas argentinas y del exterior, pero que fue retomado mayormente en los reglamentos de la última dictadura militar (1976-1983). No aparece listado en el Registro de la Reglamentación del Ejército publicado en el Boletín Público del Ejército de 1962, ni mencionado en los Boletines Públicos y Reservados de 1962, 1964 y 1969 (Secretaría de Guerra, 22 de mayo de 1962, Anexo). El Plan general de publicaciones militares de 1974/1978 consignó que había finalizado una etapa en el proceso iniciado en el año 1964 que permitió llenar el vacío doctrinario que existía en la institución, y que si bien se había logrado confeccionar un cuerpo de reglamentos completos, éste no se ajustaba acabadamente a “las necesidades y posibilidades”.

Consignaba, asimismo, que en 1974 se estaba abriendo una nueva etapa que contemplaba la redacción y/o revisión de la doctrina básica de conducción de la fuerza, que permitiría conformar las necesidades doctrinarias de los niveles superiores del Ejército y, por consiguiente, establecer bases para la elaboración de los reglamentos de conducción particulares. En el extenso listado no figura ningún reglamento denominado Instrucciones para la lucha contra la subversión (Ejército Argentino, 17 de mayo de 1974, Anexo).⁵

En la coyuntura abierta con los juicios por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar argentina comenzaron a aparecer algunos de los reglamentos que se habían enviado a incinerar. Ejemplos de esos son los Reglamentos de Conducción RC-8-2 Operaciones contra Fuerzas Irregulares (integrado por 3 tomos) y el RC-8-3 Operaciones contra la subversión urbana que habían entrado en vigencia en 1969, pero que fueron reemplazados a finales de 1976, en plena dictadura militar, por el RC-9-1 Operaciones contra elementos subversivos. Este último tuvo la “finalidad de establecer nuevas orientaciones y bases doctrinarias sobre la participación de la Fuerza en la lucha contra la subversión, para lo cual se hace necesario reordenar y actualizar las prescripciones y terminología en vigencia” (Ejército Argentino, 1977). Este partía ordenando el vocabulario, señalando que debían utilizarse los siguientes términos: “elementos subversivos”, “bandas de delincuentes subversivos armados”, “usurpando el uso de insignias, distintivos y uniformes”, “personal propio secuestrado”, “delincuente capturado”, “campamentos de delincuentes”, “acciones de delincuentes”, “subversión” y “contrasubversión”. Por el contrario, señalaba que no debían utilizarse los siguientes términos: “fuerzas de la subversión”, “guerrillas” (salvo para la insurrección abierta), “vistiendo uniformes”, “personal propio tomado prisionero”, “base de guerrillas”, “operaciones de guerrilleros”, “insurrección - extremismo irregulares - guerra revolucionaria - guerra ideológica - guerra de guerrillas” (salvo excepciones)”, “contrainsurgencia”. El cambio de terminología es radical entre aquellos reglamentos de finales de la década del sesenta y éste, impreso en 1977, pero cuyo proyecto data de 1975.⁶ En el caso del MGC de Guatemala, es llamativo el uso de esta terminología usada corrientemente en 1961-1962 y re-habilitada obligatoriamente a partir de 1977 en Argentina. Además, el manual guatemalteco trata sobre la guerra “contrasubversiva” y usa sistemáticamente el término “elementos subversivos”, por ejemplo. En Argentina existió también el Reglamento de Ejecución titulado Instrucción de lucha contra las guerrillas del año 1969, pero éste fue derogado en 1976 porque entró en vigencia el RE-9-51 Instrucción de lucha contra elementos subversivos. El nombre de este reglamento es muy similar al documento argentino citado por Nougués y la bibliografía del MGC de Guatemala.

El 19 de junio de 1980, en el Boletín Reservado del Ejército Nº 4879 se publicó un listado de 121 Reglamentos Vigentes en la Fuerza, el cual derogó el listado publicado en el BRE Nº 4551 de fecha 17 de mayo de 1974, previo al golpe de Estado de 1976. De los 121 Reglamentos de Conducción Básicos y de Conducción Particulares listados, solamente uno utiliza el concepto “subversión”: el RC-9-1 Operaciones contra elementos subversivos, editado en 1977. Luego, hay un listado de 114 Reglamentos de Ejecución, pero solamente uno utiliza el concepto de “subversión”: el RE-9-51 Instrucción de lucha contra elementos subversivos, editado en 1976.

Marie-Monique Robin también hace referencias a dicho pseudo-reglamento citado en el MGC de Guatemala, pero sus citas están basadas en el libro del militar español Prudencio García titulado El drama de la autonomía militar (Robin, 2005, p. 203). En dicho libro, García afirma que tuvo acceso a gruesos bloques de folletos de estudio del Ejército Argentino, editados por la Secretaría de Guerra en los años sesenta e impartidos en el llamado Curso Interamericano de Guerra Contrarrevolucionaria. Dicho curso había sido inaugurado por el general Carlos Túrolo en octubre de 1961 ante las máximas autoridades civiles y militares argentinas, entre ellas el presidente Frondizi. El mismo habría afirmado que: “el que, pudiendo hacerlo, no lucha contra el comunismo con toda la autoridad y medios que le brinda su actividad, profesión, función u ocupación, ya sea por indiferencia, ignorancia o bastardo interés personal, permite directa o indirectamente, el progreso del comunismo y, por lo tanto, coopera con él” (García, 2008, p. 556). Uno de los “folletos”, según consigna el militar español, se titulaba Instrucciones para la lucha contra la subversión, fechado en 1962.

El contexto de la producción de ideas: la capacitación militar Argentina y la escuela francesa

En Argentina, como afirma el historiador argentino César Tcach (2015), la idea de un “enemigo interno” estaba presente en el debate de las élites argentinas desde los años treinta (p. 152). En 1948 la aprobación de la ley de Organización de la Nación para Tiempos de Guerra autorizó la participación de las Fuerzas Armadas en la represión interna. Le siguió la declaración del Estado de Guerra Interno (19521955) durante la segunda presidencia de Perón, bajo el cual hubo cientos de personas detenidas que sin juicio previo fueron puestas a disposición del Poder Ejecutivo.⁷ Desde aquel entonces, la organización territorial se había cuadriculado en áreas, zonas y subzonas. El Plan Conintes o de Conmoción Interna del Estado, declarado por el presidente Arturo Frondizi en 1958 y puesto en ejecución en 1960 sobre el artículo 27 de la ley de 1948, recurrió a las Fuerzas Armadas en la represión de las huelgas y protestas obreras, de las movilizaciones estudiantiles y ciudadanas en general y de las acciones de sabotaje y guerrilleras de los grupos pertenecientes a la Resistencia Peronista, el “enemigo político interno” que ponía en peligro a la nación. El Plan Conintes constituyó un puntapié de la cadena de decretos, leyes y disposiciones por las cuales las Fuerzas Armadas se hicieron cargo de la represión, del control directo de las fuerzas de seguridad y del control político de la población. En agosto de 1961 el estado Conintes fue derogado, aunque “los diversos gobiernos y las Fuerzas Armadas continuarían elaborando su esquema represivo sustentado en los conceptos de conmoción interior y enemigo interno” (Chiarini y Portugheis, 2014, p. 53).

Por otra parte, la escuela francesa constituye un aporte visceral a la doctrina militar del país, además, la formación militar de argentinos por franceses data de 1953 (Ranalletti, 2005, pp. 285-308; 2009, pp. 249-280). Gabriel Périés (2009) indica que numerosos auditores argentinos cursaron en la Escuela Superior de Guerra Francesa durante la elaboración de la “doctrina de la guerra revolucionaria” y de la “defensa interna del territorio” y que hubo varias misiones militares francesas entre 1956 y 1983 en la Escuela Superior de Guerra Argentina, un tema sobre el cual había investigado previamente la periodista francesa Robin (Périés, 2009, pp. 221-247; Robin, 2005, pp. 231-281).

En efecto, en 1957 asumió como subdirector de la Escuela Superior de Guerra el coronel Carlos Rosas, egresado de la Escuela Francesa, y se suscribieron una serie de acuerdos entre el ejército argentino y francés para la instalación de una misión militar francesa integrada por veteranos de las guerras en Indochina y Argelia (los tenientes coroneles François Pierre Badié, Patrice R. Jacobe de Nourois, Robert Louis Bentresque y Jean Nougués) (Mazzei, 2002). Estas misiones oficiales tenían la finalidad de proporcionar a los miembros del Comando en Jefe del Ejército Argentino y a los institutos y organismos dependientes de este todos los conocimientos técnicos y profesionales del personal de la misión.⁸ Los cursos y las publicaciones de militares franceses y argentinos sobre la guerra revolucionaria comunista se multiplicaron. Uno de los textos teóricos que mayor influencia tuvo fue el de Roger Trinquier, de 1961, titulado Guerra, subversión, revolución, inspirado en las prácticas de Robert Bentresque. Este último fue un teniente coronel francés que había sido responsable operacional del GCMA durante la guerra en Indochina y de desarrollar una intensa actividad en la elaboración de diversos ejercicios militares y en el dictado de cursos en la Escuela Superior de Guerra del Ejército argentino, en la Escuela de Mecánica de la Armada y en diversas dependencias de Gendarmería (Chiarini y Portugheis, 2014, p. 191). En dicho libro de Trinquier se teoriza y justifica la desaparición forzada de personas.

Paralelamente, el ejército argentino asumió un compromiso en la difusión de esas doctrinas en América Latina. Esto resultó de la VII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, realizada en Costa Rica. La delegación argentina planteó la necesidad de realizar una conferencia especializada sobre comunismo. Por un lado, el ejército argentino realizó varios ciclos de conferencias sobre guerra contrarrevolucionaria y guerra revolucionaria en Perú, Bolivia y Uruguay entre 1960 y 1961. Por otra parte, organizó el Primer Curso Interamericano de Guerra Contrarrevolucionaria en la Escuela Superior de Guerra de Argentina, el cual contó con la presencia de oficiales de catorce países del continente: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Guatemala, entre el 2 de octubre y el 30 de noviembre de 1961 (Chiarini y Portugheis, 2014, p. 233; Mazzei, 2012, p. 140). Como se ha mencionado en el apartado anterior, numerosos folletos de estudio del ejército fueron utilizados en dicho curso, especialmente aquel citado en el MGC de Guatemala. Al año siguiente, el general Osiris Villegas, publicó el trabajo teórico fundacional en relación a la problemática de la “guerra revolucionaria” denominado Guerra Revolucionaria Comunista.

Ese lenguaje se trasladó a la Cámara de Diputados en 1964 cuando se debatió la sanción de normativas que le dieran al Estado instrumentos legales para enfrentar ese nuevo tipo de amenaza denominada “guerra revolucionaria” (Pontoriero, 2011).

En el golpe militar del 28 de junio de 1966 se materializó lo que desde 1962 logró instalar la reacción “profesionalista” del ejército: la cohesión interna, la comprensión de los problemas sociales bajo el paradigma de la DSN y la idea de unas Fuerzas Armadas “por encima de la política” que invocaba metas de transformación estructural. Estas actuarían a través de un sistema institucional de “consulta”, de “decisiones” y de “planeamiento”: el Consejo Nacional de Desarrollo (creado durante el gobierno de Frondizi), Consejo Nacional de Seguridad, Consejo Nacional de Ciencia y Técnica, Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE) y la Junta Militar (O’Donnell, 1982, pp. 85-95). Osiris Villegas (1969), quien ocupó el puesto de subjefe del Estado Mayor del Ejército durante el gobierno de Arturo Illia y de secretario del Consejo Nacional de Seguridad (1968-1969) y embajador de Brasil (1969-1973) durante el gobierno de facto, ligaba seguridad y desarrollo:

[…] no puede haber seguridad sin desarrollo, inversamente, tampoco desarrollo sin seguridad (…) Para la república, el desarrollo se convierte en la hora actual en condición indispensable para la seguridad, porque el desarrollo proporciona los factores con que se actúa en la protección de los intereses vitales de la Nación.” (Villegas, 1969, p. 104)

El único periodista de la redacción de la revista Manual de Informaciones durante la dictadura, Enrique Martínez Codó (1999), publicó un libro titulado Reseña Histórica de la Inteligencia militar del Ejército Argentino. En el apartado “La inteligencia durante la subversión” de su libro explica que la doctrina de “Defensa Nacional” del país “no estaba preparada para hacer frente” a ese desafío estratégico que era lo que llamaban Guerra Revolucionaria y que por ello:

[…] se confeccionó una doctrina para eventual empleo del poder militar para enfrentar un proceso de Guerra Revolucionaria. Para ello se reunió y analizó la experiencia de los ejércitos extranjeros que debieron intervenir en casos semejantes, en especial del Ejército francés, que había intervenido en las guerra de Indochina y Argelia. (Martínez, 1999, pp. 283-284)

Así, dice el autor, nacieron en 1969 los reglamentos que empezaron a contener los conceptos doctrinarios básicos de la Guerra Revolucionaria, tales como el RC-8-2 (Operaciones contra Fuerzas Irregulares) y el RV-136-1. Pero en la práctica, el vacío era importante. Señala que en los institutos superiores el problema de la Guerra Revolucionaria era conocido y estudiado, pero en las unidades de tropa, era poco lo que se sabía al respecto. Martínez indica que se carecía de “capacitación específica de cómo actuar frente a la emergencia”. Que si bien “existían especialistas técnicos en el interrogatorio de prisioneros” esto era para prisioneros de guerra clásicos “de acuerdo a las normas internacionales vigentes”. Esa capacitación no valía para el prisionero de la Guerra Revolucionaria, quien era

[…] un fanático guerrillero, integrante de un movimiento subversivo, en la mayoría de los casos juramentado e instruido para preservar a toda costa el secreto, inclusive con órdenes de autoeliminación antes que ceder al interrogatorio del que puede ser objeto. (Martínez, 1999, p. 284)

El autor afirma categóricamente que:

En ningún momento en la Escuela de Inteligencia del Ejército se instruyó, por ejemplo, a los cursantes en la práctica de temas aberrantes como la tortura física o psicológica y menos, por supuesto, en la técnica de otros apremios ilegales para obtener de ellos información HUMINT. Por ello, no podían dejar de sorprenderse cuando oían o leían a sus experimentados profesores extranjeros sobre lo que denominaban “la guerra moderna” y las exigencias que ésta imponía a los combatientes de ese nuevo tipo de conflicto. (1999, p. 284)

En efecto, incidieron en las nuevas misiones que debieron encarar los hombres de inteligencia, los conceptos vertidos por los jefes de los servicios franceses como israelíes, “considerados entre los más eficientes servicios del mundo”. Así el autor cita párrafos completos del capítulo 4 del Coronel Roger Trinquier La Guerra Moderna y la lucha contra las guerrillas, del Teniente Coronel Valeriano Bohannan Operaciones de contraguerrillas y de Jacques Derogy y Hesi Carmel Israel ultrasecreto, indicando que fueron libros muy consultados.

Martínez (1999) señala que durante un primer período “que algunos extienden hasta el año 1973, la Inteligencia Militar aplicó en su accionar procedimientos tradicionales incontaminados por los ‘consejos’ o las ‘experiencias’ de los más ‘entendidos’ y ‘ejemplares’ Servicios de Inteligencia del mundo” (p. 286). Pero que, desde entonces, para acabar con la llamada subversión, el gobierno dictó una serie de Decretos, como el 2772/75, que llamaban a “aniquilar” el accionar de los elementos subversivos:

La Inteligencia Militar argentina, encolumnada disciplinadamente tras las órdenes y directivas doctrinarias que regían en la Institución y que hemos mencionado, participó y acompañó ese proceso ya histórico en nuestro país; participación que facilitó en gran medida la derrota de la subversión, como ha sido reconocido hasta por algunos de los más sinceros derrotados. Que como en todo emprendimiento humano se produjeron excesos no deseados ni buscados por la superioridad, también es justo reconocerlo […] (Martínez, 1999, p. 291)

La noción de “subversión” apareció por primera vez en una normativa publicada en el Boletín Oficial en septiembre de 1973. Mediando el “Acta de compromiso de la seguridad nacional” y la creación del Consejo de Seguridad Nacional que coordinaba la acción policial con las fuerzas de seguridad nacional y provinciales, la noción se institucionalizó un año después, con la promulgación de la ley antisubversiva: la Ley de Seguridad (Franco, 2012, pp. 64-128). Tan solo cinco meses antes se había vuelto a reanudar la misión francesa con el coronel Robert Servant quien se instaló junto al jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Jorge Rafael Videla (Meneghini, 2006).

Las ideas francesas en Argentina

Las misiones militares francesas y la formación de argentinos en Francia dejó una impronta importante en la producción de ideas en Argentina. Los trabajos más relevantes en aquellos primeros años fueron los de los tenientes coroneles Miguel Manrique Mom y Tomás Sánchez de Bustamante. Mom, por ejemplo, quien cumplió una influyente labor docente en la Escuela Superior de Guerra, en 1959 afirmaba que todas las guerras y conflictos contemporáneos debían incluirse en la Guerra Revolucionaria (GR), la cual tenía como objetivo la conquista del poder total del mundo. Sánchez de Bustamante creía en una sola guerra planetaria entre Occidente y Oriente, dos civilizaciones que se enfrentaban porque una pretendía la implantación paulatina del comunismo en el mundo (Mazzei, 2012, p.136). Esta forma de interpretar el conflicto obligaba a colaborar en esa “lucha contra la subversión” o “guerra contrarrevolucionaria” donde fuese necesario.

La noción de Guerra Revolucionaria había sido popularizada por Charles Lacheroy, quien sostenía que las fuerzas francesas se habían enfrentado en Indochina a un nuevo tipo de guerra, para el cual no tenían ni la preparación ni el armamento adecuados. Esta nueva guerra no era convencional, pues se libraba en los “corazones” y en las “mentes” de las poblaciones, desplazando a un segundo plano las acciones armadas. Se trataba, sobre todo, de una lucha ideológica. Esta no respondía a la tradición bélica y militar, pues se libraba sin ejércitos y sin campo de batalla, en el seno de las sociedades. La GR no requería de un gran poder militar, dado que su arma fundamental era el adoctrinamiento ideológico. En el informe de Lacheroy, el eje central era el control ideológico de la población civil por la vía de la propaganda y el adoctrinamiento “comunista”. La infiltración de agentes extranjeros era un factor central. Estos se mimetizaban con la población civil, establecían alianzas con grupos locales, trabajando juntos en la exacerbación de los conflictos existentes, para provocar la subversión del orden vigente y avanzar hacia un cambio de régimen político (Ranalletti, 2011, p. 262). Según Ranalletti (2011), un investigador notable en la materia, esta noción revolucionó la táctica y la estrategia. Fue tal el boom que produjo esta concepción en el ámbito castrense como en el político que se difundió y circuló a través de un sin número de folletos, conferencias, cursos, reglamentos, lo cual fue acompañado de una fuerte implantación institucional. La GR y la acción psicológica pasaron a ser consideradas prioritarias para los Estados Mayores franceses de la época. Pero a partir de 1960, este apogeo en Francia llegó a su fin. Paradójicamente, esta noción tuvo una difusión internacional sin precedentes, la cual se sistematizó como doctrina: la doctrina de la guerra revolucionaria (Ranalletti, 2011, p. 265).

La GR transfigura el arte de la guerra en una explicación del funcionamiento de las sociedades, licúa la frontera entre defensa nacional y seguridad interior y define a los conflictos internos como partes de un proceso de alcance planetario.

Según Mario Ranalletti, “la noción de GR sirvió para aglutinar y traducir al léxico castrense” los siguientes componentes: enemigo interno, causa a defender, justificación de los fines y exclusión de la pregunta por los medios para alcanzarlos, componentes centrales en la legitimación e implementación del terrorismo de Estado en Argentina (Ranalletti, 2011, p. 278).

Los asesores franceses y sus discípulos argentinos veían, con especial relevancia, las ideas de Mao Tse-Tung, a quien consideraban un maestro de la teoría y de la práctica de la Guerra Revolucionaria y destacaron su conocida expresión “la población es para la subversión lo que el agua para el pez.” La población se transformó en el terreno y en el campo de batalla y las fronteras pasaron de ser geográficas a ideológicas. Ellos interpretaban que la población no era el fin, sino el medio, y que su conquista, incluso la de sus “mentes”, era una etapa indispensable. La población toda se transformó en un enemigo potencial o enemigo interno, pues el enemigo se escondía en la población y se mimetizaba con ella. Por ende, la ampliación de la inteligencia, la comunidad informativa y los interrogatorios pasaron a ser instrumentos fundamentales para obtener información de la población y las operaciones psicológicas prácticamente elementales.

Los trabajos de Miguel Manrique Mom y Tomás Sánchez de Bustamante fueron profundizados por Osiris Guillermo Villegas, quien se transformó, a partir de su libro Guerra Revolucionaria Comunista, en el principal teórico local sobre el tema (Mazzei, 2012, p. 141; Pontoriero, 2016, p. 36). Villegas recepcionó el concepto de una manera particular y le dio una identidad local.⁹

Para Osiris Villegas, el problema de la guerra revolucionaria (GR) era global. El campo de acción de la guerra revolucionaria era más extenso que el de la guerra clásica o convencional y por eso:

[…] de una naturaleza total, ha pasado a ser de carácter integral (…) Sus objetivos estratégicos no son geográficos, no son económicos, ni militares; son ideopolíticos y, por ende, persiguen el derrocamiento del orden jurídico establecido y el control del Estado por medio de la captación de las masas populares […] ” (Villegas, 1963, p. 158).

La noción de GR refería a un conflicto interno del Estado, a una guerra provocada por una insurrección popular, lo cual ponía en el tapete la noción clásica de defensa del Estado frente a enemigos externos a las fronteras territoriales. Villegas afirmaba que la estrategia de la GR procuraba “por todos los medios” conquistar el poder político para la implantación de una ideología supranacional, de este modo la lucha era sobre todo ideológica. Las fuerzas que intervenían en la lucha constituían, según su libro, una organización política militarizada e irregular. Por eso, sus medios se concentraban, desconcentraban o dispersaban según la situación y el combate era “diluido, normalmente periférico, en los 360º, mediante acciones tipo ‘epidérmicas’, continuas o discontinuas” (Villegas, 1963, p. 171). Estas fuerzas irregulares, tan poco previsibles, operaban sin retaguardia organizada, se abastecían normalmente de la zona y maniobraban sin limitaciones, con movimientos variables, inesperados, contradictorios, a veces ilógicos, condicionados fundamentalmente al ambiente humano donde actuaban. El autor también afirmaba que la GR se originaba, normalmente, “en un ámbito de paz, con acción netamente subversiva” (Villegas, 1963, p. 173).

A partir de esta hipótesis de conflicto, el general Villegas definía una serie de “factores de decisión” muy importantes en la “lucha contrarrevolucionaria” como la acción integral, la coordinación de los esfuerzos, la dirección centralizada y ejecución descentralizada, la adaptación al medio, las fuerzas espirituales y la personalidad del conductor. Con la idea de “acción integral” refería a una lucha que debía librarse en todos los campos (político, económico, social, militar) y parcialidades: “es la adición de triunfos parciales, obtenidos en todos y en cada uno de los estratos en que se libra la lucha” (Villegas, 1963, p. 174). En relación al principio de “dirección centralizada y ejecución descentralizada”, Villegas explicaba que:

[…] la dirección superior de la lucha contrarrevolucionaria debe caracterizarse por una conducción centralizada, a fin de mantener el orden, a la vez que orientar y graduar los esfuerzos que se realizan, ya que la subversión busca, precisamente, crear el caos nacional, que instrumenta a su favor. Una acción conjunta, que abarca tópicos tan amplios y diversos, resultaría difícil realizarla centralizadamente y se correría el riesgo, además, de no ser suficientemente oportuna y eficaz, en todos los aspectos. Por ello, la ejecución debe ser descentralizada, en manos de escalones subordinados, que cuenten con los medios necesarios para cumplir la misión que a cada uno concierne. (Villegas, 1963, p. 175)

Su referencia en torno a la “adaptación al medio” tenía que ver con el conocimiento del ámbito geográfico y demográfico, los cuales crearían condiciones favorables para la victoria. A su juicio “en la captación de la población, está el secreto del éxito” (Villegas, 1963, p. 175).

Las causas últimas de la subversión, para el militar argentino, constituían problemas sociales relacionados al subdesarrollo:

[…] la indiferencia por la miseria, la ignorancia y la inseguridad social del pueblo (eslabones que encadenan a los países subdesarrollados, haciendo precaria la estabilidad de sus instituciones políticas) proporcionan la fuerza de penetración del comunismo en el seno de las democracias. De manera que, en el momento en que la democracia resuelva el problema de la penuria colectiva, habrá quitado al comunismo el factor mediante el cual capitaliza a su favor sus angustias populares. (Villegas, 1963, p. 178)

La agenda de la investigación en ciencias sociales hacía una década que reflexionaba sobre el problema del desarrollo en América Latina. Y si bien había encontrado una clave económica para darle solución, hacia los años que Osiris Villegas escribió esta obra, la industrialización sustitutiva de importaciones mostraba síntomas de agotamiento y una escasa solución. Así fue emergiendo, hacia los inicios de los años sesenta, la concepción integrada del desarrollo, la cual incorporaba las dimensiones sociológicas y la necesidad de utilizar fórmulas autóctonas, dos cuestiones que Villegas adaptó a su visión de la Guerra Revolucionaria.

Estas causas de la subversión, generadas por el atraso y el subdesarrollo, eran aprovechadas por el enemigo y componían un caldo de cultivo, expresiones muy usadas en la época. Las organizaciones político-militares explotaban las:

[…] contradicciones existentes en las colectividades humanas en las que resultan inevitables las divisiones, divergencias o antagonismos internos de religión, de política, de raza, de intereses económicos, etc. infiltrándose por sus líneas de sutura para ahondar las diferencias y producir el resquebrajamiento del orden jurídico existente. (Villegas, 1963, p. 147)

La definición del enemigo y de sus modos de acción era muy ambigua. La acción revolucionaria, según Villegas, se apoyaba sobre una organización política militarizada. Por esta entendía a los: “intelectuales y políticos infiltrados; agitadores y activistas; saboteadores y terroristas; grupos de choque; guerrilleros; fuerzas regulares de la revolución” (Villegas, 1963, p. 145). Es decir que cabían dentro de esa organización tanto combatientes armados como civiles incómodos. Esta organización político-militar “concibe, planifica y conduce” acciones político-psicológicas y acciones militares. Ambas tenían por finalidad: “conquistar la población por la propaganda, por el miedo o por la fuerza”; “gastar al potencial adversario, tanto moral como material”; “desarrollar la insurrección local y/o general” (Villegas, 1963, p. 146). Este enemigo, así definido, estaba “permanentemente en función subversiva”. Para ello:

[…] las organizaciones de frente (democráticas, populares, etc.) le sirven de bases operacionales. Envía sus activistas lo mismo a un club de barrio que a la universidad; provoca fisuras en los partidos políticos y el campo laboral; le es tan útil un filocomunista, como un resentido social o un descontento o disidente político; aprovecha la vanidad, el deseo de figuración o la ambición de poder de los hombres […] La finalidad, lo trascedente, es la necesidad de provocar la división y la confusión; producir la agitación y fermentos populares; vale decir, macerar el caldo de cultivo donde pueda proliferar la subversión. (Villegas, 1963, p. 146)

Toda persona cabía dentro de esta definición de enemigo, pues el resto de la población quedaba en una situación de enemigo potencial, si es que se la consideraba “conquistada o sometida”:

El resto de la población conquistada o sometida, armada o no, está asimismo comprendida en esta verdadera movilización popular; si el individuo, hombre o mujer, niño o anciano, no se halla incorporado permanente o transitoriamente a una organización, tiene siempre una misión por cumplir, ya sea como agente logístico (compras mínimas de medicamentos, obtención de armas y munición, transporte de abastecimientos de cualquier índole, mano de obra, etc.); como ‘buzones’ donde debe dirigirse la correspondencia; estafetas (correos), agentes de enlace que deben realizar los “contactos” […] Finalmente, no existe un frente de operaciones que separe nítidamente a las fuerzas en oposición; la insurrección comunista se gesta, se produce y se expande en todas partes; es lo que se conoce como la “táctica de la mancha de aceite” y la “táctica del sarampión.” (Villegas, 1963, pp. 154-155)

La subversión comunista, según el general, se basaba en principios operacionales absolutamente diferentes a los de la guerra clásica como la permanente actividad subversiva, la voluntad de lucha, el secreto, el aniquilamiento progresivo, la acción psicológica (captación mental de la población), el apoyo de la población, la violación de las leyes de la guerra y la adaptación al medio (Villegas, 1963, p. 155). En relación al apoyo de la población, Villegas señalaba que:

[…] el hombre es el terreno de acción y objetivo primario de la revolución; la acción subversiva debe expandir su influencia a toda la colectividad social; debe lograr que la lucha sea popular, alistando a todos los habitantes sin distinción de sexo, edad o nacionalidad, comenzando por captar una clase sobre la cual apoyar la insurrección, para extenderla luego a otras clases y progresivamente a la masa; la guerra revolucionaria no puede desarrollarse sin el apoyo de la población, que es fuente de recursos y reemplazos y tentáculo orientador de la lucha. (Villegas, 1963, p. 157)

Frente a la definición de este enemigo, Osiris Villegas describía la lucha contrarrevolucionaria. Según el autor, había que vencer al comunismo empleando una estrategia general y tácticas similares a las que aplica en el medio específico en que actúa. En términos generales, la lucha contrarrevolucionaria se efectúa mediante la coordinación de acciones político-psicológicas, económicas y, en última instancia, militares. Estas últimas, así como debían tender a “destruir el aparato político-administrativo militar revolucionario” y “aniquilar las formaciones militarizadas revolucionarias”, debían “neutralizar el apoyo de la población, mediante la captura de los agentes, espías, abastecedores, etc.”, “interrumpir el enlace físico, logístico e informativo de las distintas zonas de acción revolucionaria” y “anular sus ‘bases de apoyo’ e infraestructura de refugio y abastecimiento, restándoles, de tal manera, libertad de acción” (Villegas, 1963, p. 169-170).

Hacia el final del libro, Osiris Villegas legitima el accionar de las Fuerzas Armadas contra la Guerra Revolucionaria y, especialmente, su función en la inteligencia. Las mismas debían procurar, entre otras cuestiones: “destruir el aparato revolucionario” y las “fuerzas militarizadas”; “restablecer el orden (…) liberando a la población de imposiciones y temores que ejercen sobre ella las organizaciones subversivas clandestinas”; “buscar, sistemáticamente, el contacto con la población en todos los planos sociales y por todos los medios, en procura de su confianza y atracción…”; “evitar los excesos de violencia o reacciones incontroladas en la represión…”; “intensificar la información (búsqueda, inteligencia, difusión y explotación), fuente y motor de toda actividad y factor fundamental en la decisión”; “participar en la acción psicológica dirigida a la población…” (Villegas, 1963, p. 185-186). Villegas estaba convencido del rol de la corporación en la lucha: “la verdadera revolución político-social […] no podrá nunca ocurrir si las Fuerzas Armadas permanecen unidas y conservan intangible la cohesión espiritual de sus cuadros” (Villegas, 1963, p. 187).

El folleto de la Secretaría de Guerra titulado Instrucciones para la lucha contra la subversión de 1962, fue más específico en este tipo de cuestiones, según las transcripciones del mismo hechas por Prudencio García.

Según el militar español, el folleto establecía en sus primeras páginas algunas definiciones de la GR: “Al conflicto integral se le denomina Guerra Revolucionaria” y “los países que se oponen abiertamente a la hegemonía comunista conducen la Guerra Contrarrevolucionaria”. Esta GR es “permanente, integral, universal y multiforme” (Secretaría de Guerra, Instrucciones para la lucha contra la subversión, Buenos Aires, 1962, pp. 1-4. Citado en García, 2008, p. 551).

Estas cuatro características son explicadas así por el folleto en cuestión:

“Guerra permanente. El comunismo no puede renunciar a la guerra sin renunciar a su esencia misma, y, por lo tanto, la guerra revolucionaria no puede ser sino permanente.”

“Guerra integral. Es integral por sus objetivos: la conquista exclusiva del poder, y la conquista total del hombre, cuerpo y mente. Es también integral porque abarca todos los campos de la actividad humana: político, psicológico, social, económico y militar.”

“Guerra universal. Siendo el comunismo una ideología con pretensiones universales, la lucha que desarrolla para imponerse tiene también esta característica.” “Guerra multiforme. Se adapta con gran habilidad al país atacado y pocos ven inicialmente el peligro, mientras prosigue su acción subterránea.” (…) “Todas las formas de lucha y todos los procedimientos en los diversos campos de la actividad humana son lícitos.” (Secretaría de Guerra, Instrucciones para la lucha contra la subversión, Buenos Aires, 1962, pp. 4-5. Citado en García, 2008, p. 552-554)

El folleto agregaba que, aún en tiempos de paz, o lanzada la idea de “coexistencia pacífica, la lucha permanece”. Para quienes lo escribieron, se trataba sólo de un cambio táctico en el desarrollo de la guerra. Por lo tanto, “no hay frente que separe a los dos adversarios, cuya interpenetración es íntima” (Secretaría de Guerra, Instrucciones para la lucha contra la subversión, Buenos Aires, 1962, p. 4 y 96. Citado en García, 2008, p. 559 y 561).

En relación a la “lucha con las organizaciones clandestinas” y el “proceder con los prisioneros”, el documento, según García, incluía a los interrogatorios como método para obtener información. Como puede observarse, planteaba diversas escalas o niveles y no limitaba los “medios”.

“Interrogatorio: Es necesario proceder a su identificación, utilizando todos los medios disponibles.”

“Primer interrogatorio: (…) El oficial de información, con su equipo, tiene que tratar de obtener informaciones inmediatamente explotables, local u operacionalmente. Estas últimas son transmitidas de inmediato, no sólo al escalón superior, sino a la autoridad que esté en condiciones de aprovecharlas.”

“Otros interrogatorios: Después de este primer interrogatorio, los prisioneros son dirigidos hacia los escalones superiores, con vistas a interrogatorios más completos (…)”

Respecto a quienes deben ser interrogados, el mismo folleto especifica que habrán de serlo “todas las personas sospechosas”, y que la “policía debe identificar e interrogar a todas las personas encontradas en la zona bloqueada”. (Secretaría de Guerra, Instrucciones para la lucha contra la subversión, Buenos

Aires, 1962, p. 92, 97-98, citado en García, 2008, pp. 528-531)

E insistía muy especialmente en las acciones psicológicas, la cual era un “arma esencial en la fase preventiva” aunque también “en la fase represiva” (Secretaría de Guerra, Instrucciones para la lucha contra la subversión, Buenos Aires, 1962, pp. 98-99. Citado en García, 2008, pp. 538-539).

Recepción de las producciones argentinas en el manual de guerra contrasubversiva de Guatemala (MGC)

La impronta de las ideas de la escuela francesa experimentadas en Indochina y Argelia también fueron retomadas en el MGC de Guatemala y dan claves para entender las innumerables violaciones a los derechos humanos cometidas. El académico canadiense Marc Drouin señala que una de ellas es la definición como objetivo militar a combatientes armados y a cualquier otra persona o entidad sospechada de apoyarlos de la población civil no combatiente (Drouin, 2017, p. 185). Otra idea muy transitada es la de considerar a la población civil como principal objetivo y ganar su apoyo, porque precisamente el enemigo es interno y se mezcla entre la población (Drouin, 2017, p. 196-202). Atribuye al pensamiento francés, también, la dirección militar de la lucha contrasubversiva, pero en estrecha articulación con las fuerzas de seguridad, y las tareas de inteligencia y obtención de información, como la ejecución de interrogatorios (Drouin, 2017, p. 193-195). Esto se relaciona, a su vez, con la envergadura de la misión de la corporación militar, tanto en la dirección de la guerra como en la de la alteración del Estado de Derecho, lo cual eximía a militares y policías de cometer acciones ilegales, para lograr el éxito final (Drouin, 2017, p. 205). De este modo, según Marc Drouin, la doctrina y el corpus de ideas habilitó que se utilice en Guatemala la máxima que dicta que el “fin justifica los medios” (Drouin, 2017, p. 210).

Las obras Argentinas citadas en el MGC de Guatemala, como se ha mostrado en el apartado anterior, incorporaron estas ideas provenientes de la escuela francesa. En el MGC la conquista de la población constituye un objetivo central al igual que en las obras argentinas. Señala que la Guerra Contrasubversiva “requiere la participación activa de la población, porque la guerra subversiva persigue la conquista de sus objetivos”, por lo cual “la población se convierte en objetivo y medio ambiente en el que se desarrollan las actividades…” (Ejército de Guatemala, s.f., p. 6). En otro lugar, el Manual señala que la subversión irá desarrollando una serie de acciones que buscan “conquistar la adhesión de la población y sentar las bases para reemplazar las estructuras que van a destruir” (Ejército de Guatemala, s.f., p. 62). En las características de la guerra contrasubversiva, indica que esta:

Requiere la participación activa de la población: La población, constituye para la subversión, no sólo el medio ambiente en el cual se desarrolla, sino también el objetivo de sus acciones y el medio de que se vale para lograr sus fines; por esta razón es indispensable en la Guerra Contrasubversiva, la participación activa de la población a favor del gobierno; para lo cual, buena parte de las acciones estarán destinadas a recuperar y mantener la adhesión de la población. (Ejército de Guatemala, s.f., p. 63)

El Manual señala que una de las “condiciones para el éxito” de la guerra contrasubversiva es la “adhesión de la población” (Ejército de Guatemala, s.f., p. 64). Más adelante, en las normas para la conducción de la Guerra Contrasubversiva, reitera y enfatiza que “debe buscarse la conquista y conservación de un gran apoyo popular como medio esencial de la victoria” (Ejército de Guatemala, s.f., p. 67). Y luego señala que aquello debía basarse en dos cuestiones: en la conquista psicológica y en el mejoramiento de las condiciones de vida existentes (Ejército de Guatemala, s.f., p. 68).

La segunda cuestión posiblemente sea una nota de la literatura argentina. Ya se ha mencionado que Osiris Villegas utilizó conceptos y nociones provenientes del pensamiento latinoamericano, como la idea de subdesarrollo para explicar las causas de la subversión. El MGC, al igual que los militares argentinos, indica que uno de los objetivos de la guerra contrasubversiva debía ser:

[…] realizar acciones tendientes a la eliminación de las contradicciones existentes en los diferentes campos de la actividad humana, que sirven de base para que los elementos subversivos logren la atención primero y la adhesión después de la población”. (Ejército de Guatemala, s.f., p. 64)

Estas ideas, que aparecen explícitamente en los discursos dominicales de José Efraín Ríos Montt y eran parte de las obsesiones del General Gramajo, tuvieron su expresión, por ejemplo, en la política de proporcionar “techo, tortilla y trabajo”, en la creación de los Polos de Desarrollo y las Aldeas Modelo y en el horizonte democrático que vislumbraron los militares estratégicos (Sala, 2017). La “Apreciación Estratégica” en 1980 había señalado como problema central “la situación psicosocial y económica actual, agravada por el aprovechamiento que de los problemas de estos factores hacen grupos de ideología antagónica.”¹⁰ Dos años después el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo se propuso “establecer las áreas económicas y/o geográficas con situaciones económicas deficientes donde haya alta probabilidad de surgimiento de situaciones contribuyentes a la subversión” o “asegurar que se conduzcan los programas destinados a reducir el analfabetismo para hacer más permeable a la población las nuevas ideas” (CEH, 1999, Tomo I, pp. 198-199).

El MGC, como señala Drouin, definía al enemigo interno y explicitaba las dificultades para distinguirlo de la población civil. Sin embargo, delimitaba al enemigo interno por aquella conceptualización compleja que definía al enemigo que desarrollaba la llamada Guerra Revolucionaria: “el enemigo interno está representado por los elementos que siguiendo consignas del comunismo internacional, desarrollan la llamada ‘Guerra Revolucionaria’ y la subversión en el país” (Ejército de Guatemala, s.f., p. 2). El MGC no cita a Charles Lacheroy, el mayor difusor de esta idea, con lo cual se estima que la noción proviene de las vertidas por los militares argentinos: que la guerra es permanente, integral, universal y multiforme. Con una definición de estas características se construye un estado paranoico, un grado alto de manía persecutoria que conlleva a suponer que todo otro es un potencial enemigo.

Es interesante señalar que el Manual, luego, utiliza la noción de “guerra contrasubversiva” y señala que ésta es total, permanente y universal y requiere la participación activa de la población. Pero, sin embargo, luego agrega la noción de acción integral, tan recalcada por los militares argentinos:

Las Fuerzas Armadas deben estudiar el problema integral de la llamada por los comunistas “Guerra Revolucionaria”, así como las medidas a tomar, hasta en los dominios que no están directamente bajo su responsabilidad. Esto se justifica por la necesidad de una acción integrada en todos los escalones, ya sean políticos, administrativos, económicos, sociales, culturales y militares, inspirada por una constante inquietud psicológica. (Ejército de Guatemala, s.f., p. 11)

El MGC afirma que “la réplica debe ser integral como ella, para lo cual es fundamental coordinar los mandos, para llegar a la unidad de acción” (Ejército de Guatemala, s.f., p. 65). Y luego desarrolla ampliamente, como Osiris Villegas y el folleto de la Secretaría de Guerra, la idea de “acción integral.” Dice, en relación a la guerra contrasubversiva, que “ella no podrá ser realmente eficaz, si contempla sólo aspectos parciales en la lucha a desarrollar”. Como consecuencia, “la guerra contrasubversiva debe responder fundamentalmente el principio de acción integral, o sea que debe desarrollarse tomando medidas en todos los campos de la vida nacional” (Ejército de Guatemala, s.f., p. 66). En este sentido, las operaciones psicológicas aparecen viscerales.

Esta idea de guerra integral está relacionada directamente con dos cuestiones que fueron retomadas en el MGC: el papel del comando de la guerra contrasubversiva y la dirección centralizada y ejecución descentralizada. Ambos principios se consideran centrales para explicar miles de detenciones ilegales, torturas y personas desaparecidas en Argentina durante la última dictadura militar.

En Argentina, por ejemplo, la Directiva del Consejo de Defensa Nº 1/75 “Lucha Contra la Subversión” estableció como misión de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad ejecutar “la ofensiva contra la subversión en todo el ámbito del territorio nacional para detectar y aniquilar las organizaciones subversivas, a fin de preservar el orden y la seguridad de los bienes, de las personas y del estado”. El Ejército quedó con la responsabilidad primaria “en la dirección de las operaciones contra la subversión en todo el ámbito nacional” y en la conducción del “esfuerzo de inteligencia de la comunidad informativa contra la subversión, a fin de lograr una acción coordinada e integrada de todos los medios a disposición” (Directiva del Consejo de Defensa Nº 1/75, octubre de 1975). Y se subordinaron operacionalmente al Ejército, las Fuerzas de Seguridad y el Servicio Penitenciario; y funcionalmente, la Secretaría de Inteligencia del Estado.¹¹

La represión se ejecutó con una planificación centralizada y una forma de ejecución descentralizada (Novaro y Palermo, 2013). La planificación centralizada implicó que el Teniente General del Ejército y su Estado Mayor generaran directivas bastante laxas sobre los objetivos generales de la represión. Y la ejecución descentralizada implicó la territorialización de la represión. Esto implicaba la división en cinco Zonas de Defensa, las cuales estaban a cargo del Comandante de cuerpo del Ejército correspondiente (un General de División), quien podía decidir cómo llevar a cabo la represión en su territorio.

A su vez, las zonas se dividían en subzonas a cargo de brigadas y éstas en áreas al mando de distintos regimientos. Además, se crearon jurisdicciones represivas especiales para la Armada y para la Fuerza Aérea, a las que se le otorgaron subdivisiones territoriales (“áreas de defensa”) en las cuales operaban de manera autónoma, coordinando y/o compitiendo con las otras fuerzas.

En este entramando, según la Directiva 404/75, la Policía Federal Argentina y las Policías Provinciales quedaban bajo control operacional de los Comandantes de Zona de Defensa respectiva a su jurisdicción. Por esta normativa, las policías provinciales quedaron autorizadas para ejecutar por propia iniciativa las acciones necesarias para la eliminación de los subversivos en caso de que durante la ejecución de una misión policial específica se detecte un hecho o actividad subversiva.¹²

Ya se ha señalado previamente la apreciación de Pontoriero, para quien el factor dirección centralizada y ejecución descentralizada fue la estrategia visceral para la represión oculta ejecutada por las Fuerzas Armadas y de seguridad en los años setenta en Argentina, pues la misma “fue una acción sistemática y clandestina llevada adelante por grupos operativos descentralizados de militares, policías y civiles que dependían de una conducción centralizada militar y respecto de la que conservaban ciertos márgenes de autonomía” (Pontoriero, 2016, p. 34).

Es interesante señalar que el MGC de Guatemala incorpora este principio:

Dirección centralizada: La subversión obtiene sus mejores resultados en el desorden que ella misma busca crear. Contra todo esto debe buscarse precisamente el efecto contrario o sea el mantenimiento del orden.

Ejecución descentralizada: […] es difícil obtener eficacia en la lucha contra ella en todos los campos en que se desarrolla, si no se lleva a cabo con el personal más idóneo e identificado en cada tarea. […] siendo tan amplia la lucha a desarrollar, es difícil ejecutarlas centralizadamente, pues se correrá el riesgo de no poder abarcar con la misma eficacia los distintos campos en la vida nacional. De aquí que la ejecución de la Guerra Contrasubversiva deba descentralizarse a las grandes divisiones territoriales y realizarse en cada una de ellas en los diferentes campos citados. (Ejército de Guatemala, s.f., p. 67)

Según el Manual, la aplicación de estos fundamentos se veía dificultada en Guatemala, por la centralización político administrativa existente:

Para lograr resultados efectivos es necesario que cada ministro emita directivas a sus respectivas dependencias departamentales precisando las acciones por realizar en los campos de su responsabilidad. La ejecución será descentralizada a estos organismos departamentales, delegándole la autoridad correspondiente. La acción de estos organismos será coordinada e integrada por la autoridad responsable de la “ZSN”, por intermedio del Comité Asesor y de Coordinación. (Ejército de Guatemala, s.f., p. 67)

Según estipula el Manual, al igual que en Argentina, los dos factores esenciales de la organización de la inteligencia en la lucha contra la subversión son la multiplicación de las agencias de búsquedas, por un lado, y la unidad de la explotación, por otro: “[…] es necesario estructurar una organización que concilie de la mejor manera posible, las exigencias de la centralización en el procesamiento, utilización y orientación y de la descentralización en la búsqueda” (Ejército de Guatemala, s.f., p. 215). Este principio permitió la sistematicidad del circuito represivo detención ilegal, interrogatorio-tortura y desaparición forzada de personas. La idea fundamental era que el circuito no se corte, para que el llamado mosaico o la cadena de personas se prolongue hasta llegar a las supuestas cúpulas de la subversión a través de la obtención de la mayor cantidad información posible de los delincuentes capturados. La columna vertebral del circuito represivo era la inteligencia. Detenciones e interrogatorios en diferentes centros clandestinos de detención y zonas podían responder, por ende, al mismo caso. En el caso de la familia Molina Theissen o en los casos que contiene el Diario Militar en Guatemala posiblemente puedan verse materializados estos principios y procedimientos.

El MGC en la parte referida a la “estrategia operativa de la guerra contrasubversiva”, se indica que la “intervención en una zona roja” debe desplegarse en varios pasos. El paso previo a la destrucción de la Organización Político-Administrativa local es el “establecimiento del contacto con la población y control de sus movimientos a fin de interrumpir las relaciones con los guerrilleros” (Ejército de Guatemala, s.f., p. 81). Aquí la recopilación de informaciones confidenciales de la OPA local es un objetivo fundamental: “es necesario crear un organismo dedicado a tal fin. Luego de creado éste, los datos confidenciales empiezan a llegar, sea en forma espontánea de parte de la población o por medio de la búsqueda” (Ejército de Guatemala, s.f., p. 88). La destrucción de la Organización Político-Administrativa local es una: “operación policial dirigida, no contra criminales comunes, sino contra hombres cuyos motivos obedecen a una ideología. Además, por regla general, tales hombres no participaron directamente en actos de terrorismo o en operaciones de guerra” (Ejército de Guatemala, s.f., p. 90).

La operación debe ser rápida y eficaz, consigna el MGC, pues la misma “no puede dejar de tener aspectos desagradables, tanto para la población como para el personal de las fuerzas del orden” (Ejército de Guatemala, s.f., p. 90). Luego señala: “con el fin de evitar que se cometan errores y se arreste a inocentes, es necesario el empleo de equipos de especialistas en interrogatorios” (Ejército de Guatemala, s.f., p. 90). En esta parte, el MGC levanta algunos elementos sugeridos en el folleto argentino. Indica que tanto el jefe como los miembros más destacados de la OPAL se hallan muy comprometidos con la subversión y que, por lo tanto, no puede esperarse de ellos un cambio de actitud o que hablen con libertad al ser arrestados. Los sospechosos de menor importancia, por otra parte, al ser arrestados aisladamente o en pequeños grupos tampoco “se decidirán a hablar, por el temor de que las medidas subsiguientes contra los otros miembros de la OPAL sean atribuidas a sus revelaciones”. La población, sin embargo, “sabe quiénes son los miembros de las células”; de este modo, el Manual legitima un tipo de procedimiento indirecto: “arrestar simultáneamente a un gran número de sospechosos de poca monta y basándose en sus revelaciones, arrestar en seguida a los cabecillas de la Organización Político-Administrativa Local” (Ejército de Guatemala, s.f., p. 91).

Como se viene mostrando, las Fuerzas Armadas debían tener el comando de la guerra contrasubversiva, pero de forma cohesionada, otra obsesión que se observa durante la dictadura militar argentina. Éstas:

[…] se constituyen en la mayor garantía del orden en el ámbito de la Guerra Contrasubversiva; por esta razón para los que provocan o llevan a cabo la subversión, la cohesión de aquella, representa la mayor dificultad a vencer, quebrar esa cohesión será necesariamente un objetivo importante […] En esta guerra, más que la perfección en el armamento y en el equipo, INTERESA LA ORGANIZACIÓN, DISCIPLINA Y COHESION QUE SEPA MANTENER LAS FUERZAS ARMADAS (Ejército de Guatemala, s.f., pp. 10-11).

Conclusiones

El uso de la desaparición forzada de personas para la represión política inició tanto en Guatemala como en Argentina hacia mediados de la década del sesenta. La utilización de la misma de forma sistemática y continua en el tiempo en las zonas urbanas, bajo una planificación de las fuerzas armadas del Estado, según un análisis temporal que se puede hacer con base en los informes de la CIDH para ambos países y los informes de las comisiones de verdad, parece haber sido primero en Argentina y luego en Guatemala. El modus operandi detención ilegal-interrogatorio-desaparición forzada constituía una parte de un gran proceso para aniquilar a las organizaciones subversivas, que tenía como cable conductor a la inteligencia y la reunión de información. En Guatemala, la profesionalización de la inteligencia y la creación de la Escuela de Inteligencia, por ejemplo, recién se materializó a fines de 1980. Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, fueron “oficiales formados en Inteligencia en Argentina, Chile, Israel y Taiwán” quienes impulsaron la reapertura de la Escuela de Inteligencia y la mantuvieron como dependiente de la G-2 (CEH, 1999, capítulo segundo, pág. 109).

Los principios teóricos más importantes que sostuvieron esta práctica de la desaparición forzada y el modus operandi devinieron de la Escuela Militar Francesa, de autores como Lacheroy, Trinquier, Galula, etc., quienes construyeron una hipótesis de conflicto al cual era imposible de darle solución por las vías tradicionales y, por ende, requería de otras ideas, medios, estrategias, técnicas. En Argentina estas ideas llegaron tan pronto como hacia fines de la década de 1950 y directamente por veteranos de las guerras de Indochina y Argelia. Dichas ideas se trabajaron y reelaboraron y produjeron libros y folletos que fluyeron a través de cursos impartidos en la Escuela Superior de Guerra, hacia el exterior. Este fue el caso del libro de Osiris Villegas y del folleto de la Secretaría de Guerra, ambos de 1962.

Ambas obras están citadas en el Manual de Guerra Contrasubversiva, el cual se estima que lo usaba el Ejército de Guatemala a inicios de los años ochenta. En su primera página, tras el índice, el mismo señalaba que:

La doctrina contenida en el presente manual, debe tomarse sólo como una guía para el planeamiento y conducción de la Guerra Contrasubversiva, ya que tiene como base las experiencias obtenidas por países como Argentina, Estados Unidos, Francia y El Perú, las que han sido, en lo posible, adaptadas a nuestra realidad (Ejército de Guatemala, s.f.).

Para esta fecha, la experiencia argentina se mostraba al mundo como exitosa en la lucha contra la subversión. Es posible que ésta sea la razón que explique la recuperación de algunas obras argentinas de la temprana década del sesenta, matriz de los reglamentos de la última dictadura militar (1976-1983).

Coincidentemente con el retraimiento de la ayuda militar de Estados Unidos hacia Argentina y Guatemala y el triunfo de la revolución sandinista, la Junta Militar de Argentina instaló la agregaduría militar en Guatemala. Las relaciones diplomáticas entre ambos países se fortalecieron durante 1980 y 1981 -lo cual dejó varios convenios suscritos- así como los lazos entre las organizaciones de extrema derecha (Rostica, 2016 y 2018). En términos generales, la dictadura militar argentina colaboraba en la “lucha contrasubversiva” en Centroamérica (Duhalde, 1983, pp. 316-327; Dabat y Lorenzano, 1984; Cardoso, Kirschbaum y Van Der Kooy, 1983; Russell y Tokatlian, 1986; Uncos, 2012 y 2015; Armony, 1999; Pyes, 2004; Calloni, 2001; McSherry, 2009; CNDH, 2002; Salomón, 1993; Schirmer, 1999; etc.). En Argentina, más de una docena de oficiales guatemaltecos obtuvieron la Aptitud Especial de Inteligencia.

Bajo este contexto fluyeron y se recibieron las ideas relativas a la guerra revolucionaria y lucha contra la subversión desde Argentina hacia Guatemala, como una forma más de transnacionalización del terrorismo de Estado en América Latina. Se cree que las principales ideas tienen que ver con la conceptualización de la guerra y la acción integral, las causas de las subversión, la definición del enemigo interno y las dificultades para distinguirlo de la población civil, la centralidad que adquiere en este tipo de guerra la conquista de la población, el papel que debe tener el comando de la guerra contrasubversiva, el principio de la dirección centralizada y ejecución descentralizada y la importancia central de la inteligencia. Estas dos últimas se relacionan muy estrechamente con la metodología de la desaparición forzada de personas y el modus operandi característico en ambos casos.

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