A mediados de octubre de 1821 llegó a Cartago -por entonces la capital de Costa Rica- la noticia de los sucesos acontecidos el 15 de setiembre de 1821 en Guatemala; ese fue el detonante de una serie de acontecimientos, que dieron como resultado la formación de un Estado moderno en Costa Rica. Como señala Oszlak (2007), en este proceso destacan la configuración de mecanismos de legitimación del poder, la consolidación de formas de control sobre el territorio, monopolización de los medios de coerción, la construcción de medios para asegurar a las autoridades recursos económicos y la formación de un sistema racional para la administración de esos recursos.

En este artículo se revisan dos de esos procesos, al analizar el peso de los gastos militares en la Hacienda costarricense durante las primeras cinco décadas de vida independiente. En ese sentido, se sigue lo planteado por Tilly (1994), quien ha demostrado que la formación de Estados modernos, la consolidación de fuerzas armadas y la construcción de medios para obtener recursos económicos, están fuertemente relacionadas.

La construcción de un sistema para la obtención de recursos económicos fue de vital importancia, dado que estos brindaron a las autoridades estatales la base material sobre la cual construir buena parte de las instituciones en las que se materializó el poder del Estado. Por tanto, el crecimiento de las fuerzas armadas y su consolidación como institución estuvo ligado a la capacidad del Estado costarricense de obtener recursos económicos y a la facultad para construir los medios necesarios para administrar esos recursos.

Con este artículo se procura aportar a la discusión de ese proceso mediante los datos sobre el gasto militar, los cuales permiten demostrar que las fuerzas militares fueron importantes en el proceso de construcción estatal desde la década de 1820; de modo que se pretende cuestionar la explicación que plantea que esta institución no fue importante para la consolidación estatal hasta el período de 1850 o incluso 1870.

De las milicias y la hacienda pública en el Estado de Costa Rica

Antes de analizar el peso de los gastos militares en la Hacienda pública de las primeras décadas de vida independiente, se hace necesario un pequeño análisis de lo que ha sido producido en años recientes por la historiografía sobre estos dos temas; a saber, el desarrollo de las milicias y el desarrollo de la Hacienda pública, procesos que estuvieron fuertemente vinculados con la consolidación del Estado costarricense.

Las milicias, o para ser más preciso las fuerzas armadas del Estado costarricense, han sido un tema poco tratado por la historiografía nacional; a grandes rasgos se puede señalar que los estudios se dividen en dos amplias categorías: la primera de ellas es el proceso mediante el cual el Estado costarricense abolió el ejército como institución permanente a mediados del siglo XX. Al revisar estos trabajos, se nota que la explicación para este evento pasó de una supuesta tendencia civilista o pacifista del pueblo costarricense (Fallas-Barrantes, 1984; Rojas-Fernández, 1981) a trabajos que consideran la abolición del ejército como parte de un proceso de consolidación de otros medios de control del territorio y a la influencia de potencias extranjeras, en particular Estados Unidos (Cerdas-Albertazzi y Vargas, 1988; Muñoz, 1988).

En la segunda categoría se encuentran trabajos que analizan las fuerzas militares en momentos muy específicos, centrándose en la actuación de estas en los eventos de esos períodos. Así trabajos como los de Obregón (1956, 1981) brindan una buena descripción de eventos particulares como la Campaña Nacional o de la serie de levantamientos y sublevaciones ocurridas en el país durante el siglo XIX. Cabe destacar que este tipo de trabajos fueron bastante comunes durante buena parte del siglo XX, y se pueden encontrar ejemplos como el de Fernández Guardia (2007) sobre la guerra de la Liga y la invasión de Quijano o del mismo autor el estudio sobre la caída de Morazán (1942).

La Campaña Nacional, al ser el mayor evento militar experimentado por el país en el siglo XIX, concentra una gran cantidad de este tipo de trabajos. No es posible en este espacio elaborar un adecuado estado de la cuestión al respecto, pero valga señalar que se han investigado diversos aspectos de este conflicto como la conformación de las tropas que participaron (Arias, 2007; Fernández, 2011), la cotidianidad durante el conflicto (Gutiérrez, Jiménez, Meléndez y Salas, 1997), la forma en la que ha sido percibido a lo largo del tiempo (Acuña, 2014), la importancia que posteriormente tendría en el proceso de formación de la identidad nacional (Molina-Jiménez y DíazArias, 2008) y por supuesto la importancia que tuvo la institución militar durante la década de 1850 como uno de los pilares del Gobierno de Mora (Fallas, 2004).

Prácticamente los únicos trabajos que han intentado analizar a las fuerzas armadas a lo largo del tiempo son las investigaciones de Muñoz (1987), González y Solís (1989) y Pacheco (1992). Estas investigaciones tratan el tema desde diferentes perspectivas, por ejemplo, Muñoz (1987) se concentra en el período que va desde 1870 a 1914, que ella considera el de mayor crecimiento de las fuerzas militares.

Por su parte, González y Solís (1989) analizan la participación política de los militares a finales del siglo XIX, a partir de lo cual sugieren que antes de la llegada al poder de los liberales y en particular de Tomás Guardia, el ejército de Costa Rica no era una institución bien organizada. Dicha sugerencia puede ser contrastada con el trabajo de Pacheco (1992), quien demuestra mediante su análisis de la oficialidad del ejército de Costa Rica, que algunos de sus miembros utilizaron sus puestos como forma de obtener beneficios, principalmente económicos.

En síntesis, se puede afirmar que la mayor parte de los trabajos sobre las fuerzas militares de la Costa Rica del siglo XIX se han centrado en eventos o períodos muy específicos de la historia o en el proceso de abolición de la institución, y que en los casos en los cuales se ha intentado analizar el desarrollo de las fuerzas armadas se ha llegado a la conclusión de que fue a partir de 1870 que alcanzaron su máxima influencia dentro del Estado costarricense. Como se verá en los siguientes apartados, los gastos militares y la importancia que estos tuvieron para el Estado costarricense en las décadas anteriores a 1870, hacen necesaria una discusión al respecto de la posición defendida por la mayoría de los autores que han investigado las fuerzas militares.

Antes de analizar esos datos, es necesario que, tal como se hizo con las fuerzas militares, se dediquen algunas líneas a resumir las principales investigaciones sobre la Hacienda pública en el proceso de construcción del Estado costarricense. Se parte de la premisa de que los Estados modernos son un entramado de relaciones sociales de dominación (Garavaglia, 2007, p. 229), dentro de las cuales un grupo social determinado es capaz de imponer su poder sobre el resto, mediante mecanismos legítimos. Ese entramado de relaciones sociales se ve materializado en la creación de instituciones que garantizan fundamentalmente dos cosas: el control del territorio y la extracción de recursos.

La Hacienda pública es el conjunto de medidas e instituciones que se encargan de la extracción y la repartición de esos recursos requeridos por el Estado para garantizar su existencia. A pesar de que la formación y funcionamiento de la Hacienda pública resultan de vital importancia para la comprensión del proceso de conformación estatal, el tema ha sido muy poco tratado para el caso costarricense. En principio, la preocupación de los investigadores se ha centrado en algunos de los elementos que conformaron esa Hacienda pública del siglo XIX, en especial algunos de los productos cuya venta estaba controlada por el Estado costarricense y que le generaban ingresos.

En esa línea destacan las investigaciones sobre la producción de tabaco, cultivo que desde finales de la época colonial formaba parte de las fuentes de ingreso de la administración. Trabajos como los de Acuña (1974) y Aldave Rico (1988, 2009) han demostrado que el tabaco fue un agente dinamizador de los procesos de colonización de tierras en Costa Rica, fortaleció circuitos comerciales que conectaban el Valle Central del país con el resto de Centroamérica y fue una de las principales fuentes de ingreso para la administración colonial y, luego de la independencia, para las autoridades del Estado costarricense.

La creación y sostenimiento de un sistema de estancos, que incluía restricciones específicas sobre el cultivo, recolección y posterior distribución del tabaco, tenía por propósito asegurarle a la administración pública la mayor cantidad de ingresos posible. Intentar mantener el control sobre los ingresos derivados del cultivo de tabaco llevó a las autoridades del Estado costarricense a crear estrategias para sustraer el control de la Factoría de Tabacos -que en principio estaba a cargo de las autoridades de la federación centroamericana-, crear puestos específicos para el control de la producción, establecer puntos de venta autorizados en diversos pueblos del territorio e incluso movilizar a un importante número de soldados para vigilar el preciado producto (Corella, 2013).

El estanco de licores es otro de esos aspectos que formaban parte de la Hacienda pública y que han sido objeto de estudio; según Garavaglia (2010), constituía, junto con el tabaco, una de las principales fuentes de ingreso para el Estado costarricense. Kierszenson (1985) en su tesis sobre el monopolio de licores en Costa Rica, señala que el estanco del ramo funcionó desde finales del siglo XVIII y que a pesar de las dificultades para controlar la producción y venta de aguardientes de contrabando, el estanco de aguardiente fue un importante generador de recursos para el Estado costarricense.

La circulación de aguardientes ilegales era motivada porque el cultivo de caña dulce -principal fuente de destilados alcohólicos- no estaba controlado, lo cual provocaba, como indica Araya Pochet (1982), que estuviera en manos de muchos productores y a la vez explica la existencia de toda una tradición de contrabando de licores en el país. De modo que a las dificultades en el control de la producción ilegal, se unieron los problemas para encontrar a personas que adquirieran el derecho para expender licores.

Al respecto, cabe destacar el aporte de D´Alolio (2014) en cuanto a los medios de adjudicación de los llamados estancos de licores, que a grandes rasgos eran las autorizaciones que el Gobierno emitía para que una persona comercializara licores en un área determinada del territorio del país. D´Alolio (2014) explica cómo el método de estancos evolucionó a partir de las prácticas coloniales y cómo mediante una serie de reformas entre 1820-1840 se fue creando un sistema que le aseguraba al Estado el monopolio de la elaboración de alcohol y a un grupo reducido de personas un control sobre el negocio de la comercialización del producto terminado. Este sistema, a fin de cuentas, se tradujo en un aumento sostenido de los ingresos fiscales derivados de este ramo.

Esto concuerda con lo señalado por Carmen Fallas (2004) para la década de 1850, cuando el presidente Mora decidió crear una fábrica nacional de licores, como parte de las reformas políticas que llevó a cabo durante los primeros años de su mandato, medidas que le permitieron fortalecer al Estado costarricense y al mismo tiempo favorecer los intereses de una parte de la élite del país.

Otra de las fuentes de ingreso para la Hacienda pública del Estado costarricense fueron las tierras desocupadas que existían en el territorio para el momento de la independencia. Hay que señalar que, a pesar de los casi 300 años de dominio español, para 1821 buena parte del territorio del país estaba fuera del control de las autoridades de la Corona y aun en los espacios controlados existían amplias zonas deshabitadas. Esto no es de extrañar pues, como lo demuestra Pérez Brignoli (2010), la población de la provincia de Costa Rica era relativamente escasa para finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX.

Como lo demuestra Rodríguez Solano (2010), las tierras baldías se convirtieron en una fuente de recursos para el Estado costarricense desde la década de 1820, ya sea mediante los procesos de venta de terrenos a particulares o como garantía para obtener recursos monetarios de los grupos de prestamistas que en muchas ocasiones financiaban necesidades del Estado costarricense. Esto concuerda con lo encontrado por Molina Jiménez (1987) en su estudio sobre el mercado de tierras en el Valle Central de Costa Rica, que demuestra cómo el proceso de implantación del capitalismo, fomentado por el cultivo del café, dinamizó la venta de terrenos durante el siglo XIX.

Otro de los elementos que se debe considerar es el impacto del comercio exterior en las finanzas del Estado costarricense. En este aspecto, se debe mencionar que el trabajo más exhaustivo es el elaborado por Jorge León (1997), quien analiza el desarrollo del comercio exterior costarricense a lo largo del siglo XIX y logra demostrar que a lo largo de ese periodo se consolidaron rutas comerciales entre los puertos del país y el resto del mundo, lo que a su vez generó mayor comercio y un aumento en los ingresos percibidos por el Estado costarricense, particularmente durante la segunda mitad del siglo XIX.

Como se puede apreciar, el estudio de la Hacienda del Estado costarricense se ha centrado en algunos de los elementos que la conformaban y son pocos los intentos por analizarla de forma sistemática a lo largo del tiempo. Ana Cecilia Román (1995) intentó hacer justamente eso a partir del examen de los presupuestos del Estado costarricense desde 1850. La recolección y análisis de las fuentes cuantitativas contenidas en los presupuestos del Estado es ya de por sí digna de mencionar, pero además la autora demuestra cómo a lo largo del período de estudio las partidas para distintas áreas fueron variando en función de los interés políticos de un Estado en consolidación.

Rodríguez Solano (2013) en su tesis de doctorado hace el intento más serio por analizar el complejo proceso de construcción de la Hacienda pública como parte del proceso de construcción estatal. El trabajo explica de manera convincente la forma en la cual se constituyeron una serie de medidas para asegurarle al Estado costarricense el control sobre los recursos financieros necesarios para su subsistencia, además de explicar los procesos de consolidación de una estructura burocrática que administraba esos recursos. También es interesante porque presenta el primer trabajo que examina sistemáticamente la estructura del ingreso y el gasto del Estado durante la primera parte del siglo XIX.

En resumen, a pesar de la necesidad de más trabajos sobre la Hacienda pública y las fuerzas armadas para ayudar a comprender el proceso de construcción estatal en Costa Rica, se puede afirmar que parte de dicho proceso fue la consolidación de las estructuras que permitían al Estado extraer los recursos necesarios para sostenerse. Como se ha visto, diversas investigaciones señalan que para el caso costarricense esos recursos fueron extraídos -por lo menos para nuestro periodo de estudio- de unas pocas fuentes sobre las cuales las autoridades estatales lograron construir mecanismos de control más o menos efectivos.

La creación de estructuras para extraer recursos permitió que se consolidara el propio Estado costarricense y como demuestran las investigaciones citadas, consiguiera una base importante de ingresos para mediados del siglo XIX. Los trabajos sobre presupuestos de Román (1995), demuestran incluso que esos ingresos fueron subiendo a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Como se verá, una parte significativa de esos recursos se utilizaron para construir y sostener una fuerza militar que garantizara el control sobre el territorio y la población del país.

Los costos de organización de las milicias después de la independencia, 1821-1835

En 1821, la organización militar existente en Costa Rica era el resultado directo de una serie de reformas llevadas a cabo por la Corona española durante la última parte del siglo XVIII, con el objeto de retar el creciente poder de los ingleses en el Caribe (De Salas-López, 1992). La presencia inglesa se extendía hasta las costas centroamericanas, territorios en los que la Corona británica había logrado establecer asentamientos permanentes, gracias a su colaboración con los miskitos, llegando incluso a reconocer formalmente a los gobernantes miskitos como parte de su estrategia para el control del Caribe (Olien, 1998).

Como resultado de la presencia inglesa, las autoridades españolas tuvieron la necesidad de mejorar la defensa del Reino de Guatemala, por lo que emprendieron una profunda reforma militar y administrativa. Arguedas (2006) señala que esa reorganización de las milicias coloniales centroamericanas consistió en el aumento del número de efectivos, intentos por mejorar el entrenamiento de los milicianos y el mejoramiento de la infraestructura defensiva con la que contaba el Reino de Guatemala.

Esas reformas del período borbónico dieron como resultado la consolidación de un batallón provincial en Costa Rica, fuerza que se convertiría en la base de la organización militar en las décadas posteriores a la independencia de este territorio. Así para 1821, las fuerzas militares existentes en Costa Rica se componían por cerca de diez compañías milicianas (“Exposición sobre la organización”, 1825, f. 2v), que formaban el llamado batallón provincial, encargado principalmente de la defensa del territorio¹. Con la independencia de España, estas unidades militares pasaron a ser la base de las milicias del nuevo Estado costarricense; pero eso no ocurrió de la noche a la mañana, de hecho las autoridades debieron construir una serie de mecanismos para asegurar el control sobre las unidades militares formadas por vecinos de cada población.

Después de los sucesos de 1821, cada una de las principales poblaciones del país asumió la soberanía, haciendo de ellas entidades casi políticamente autónomas. Parte de esa “autonomía” se basaba en el control de sus propias fuerzas militares, que habían pasado de ser parte de un sistema de defensa regional a ser tropas que respondían a los intereses locales.

Así se explica el primer conflicto armado en el país, en el cual tropas de Cartago y Heredia se enfrentaron a las fuerzas de San José y Alajuela. El conflicto fue desencadenado por la incapacidad de las municipalidades de llegar a un acuerdo acerca de la anexión al Imperio mexicano, como queda demostrado en el trabajo de recopilación llevado a cabo por Iglesias (1899). La discusión llevó al campo de batalla, cuando la corporación municipal cartaginesa juró el imperio en abril de 1823, desconociendo el frágil equilibrio entre entidades municipales sobre el cual se asentaba la junta que hacía las veces de Gobierno central.

Del enfrentamiento militar² resultó el traslado de la capital desde Cartago a San José, iniciando el proceso de concentración del poderío militar en la nueva capital, y al mismo tiempo el comienzo de la construcción de unas fuerzas armadas que respondieran a los intereses del Gobierno central. Esto se puede constatar a partir de los estados de fuerza del ejército, que demuestran cómo la capital concentró a un mayor número de hombres.

Figura 1:
Adaptado de Estado de la Fuerza, 1824, (Fondo: Guerra y Marina, Signatura: 10631); Estado de la Fuerza, 1830, (Fondo: Guerra y Marina, Signatura: 9770); Estado de la Fuerza, 1845, (Fondo: Guerra y Marina, Signatura: 6228); Estado de la Fuerza, 1851, (Fondo: Congreso. Signatura: 5233); Estado de la Fuerza, 1860, (Fondo: Guerra y Marina, Signatura: 5395), Archivo Nacional de Costa Rica.

La concentración de tropas en la capital del Estado respondía a la necesidad de otorgarle al Gobierno la capacidad de imponerse militarmente a las entidades municipales, o a cualquier otra amenaza. Por eso el número de tropas josefinas no experimentó las importantes variaciones observadas en las tropas de otras ciudades, como Cartago o Alajuela, poblaciones en donde el tamaño de las fuerzas varió dependiendo del contexto político.

Pero no bastaba con la concentración de tropas en la capital, asegurar el control de las fuerzas pasaba por la configuración de un sistema administrativo que garantizara que las compañías y guarniciones obedecieran las órdenes emanadas desde San José. Para lograrlo, las autoridades se valieron del nombramiento de miembros destacados de cada comunidad como oficiales de milicia. De esa forma, el Estado en construcción se vinculaba directamente con la red de relaciones sociales ya existentes al interior de las comunidades.

Evidencia del carácter de los nombramientos de oficiales de milicia se encuentra al analizar las revistas de comisario y los estados de fuerza de las tropas en este período. En ellos, queda claro que los nombramientos no respondían a cuestiones estrictamente militares. No todos los oficiales nombrados tuvieron siquiera experiencia militar, como lo demuestran las hojas de servicio de los oficiales (“Hoja de servicio”, 1831), y seguramente la mayoría no contaba con formación adecuada, entre otras cosas porque en la Costa Rica de la época no existía nada parecido a una academia militar.

El hecho de que los nombramientos de algunos oficiales tenían poco que ver con su capacidad como militares, queda claro al analizar la forma en la cual estaban conformadas las unidades militares en cada comunidad.

Un ejemplo de esto es la organización de las milicias cívicas de la ciudad de Cartago, que en 1824 estaban compuestas por nueve compañías formadas en los siete cuarteles en los que se dividía la ciudad. Como se aprecia en la Tabla 1, los oficiales de cada una de estas compañías de milicias pertenecían a las familias principales de Cartago, en distribuciones que parecen responder a una repartición de cuotas de poder dentro de la ciudad.

Esta misma distribución de los nombramientos se repetía en el resto de las compañías de milicias del país (“Estados de la Fuerza”, 1833; “Lista de compañías”, 1834), pues su propósito era convertir a los miembros prestigiosos de cada comunidad en agentes del nuevo Estado³. Esto se debía a que el nombramiento como oficiales de milicias obligaba a estos hombres a cumplir ciertos deberes administrativos, como el control sobre la tropa y los recursos que esta utilizaba. Esas obligaciones incluían llevar libros de cuentas con los gastos, mantener registros detallados del reclutamiento, así como de las incidencias de la compañía que tenían a cargo⁴.

Es justamente gracias a estas funciones administrativas que las autoridades estatales se hacen con una herramienta importante para el dominio de las milicias, pues aseguran el control de los recursos económicos necesarios para reclutar, armar y sostener a las tropas. Aquí es donde entra en juego el manejo de la Hacienda pública y el peso de los gastos militares para el Estado costarricense en formación, pues la necesidad de asegurar el mando sobre las fuerzas armadas hace que una parte importante de los recursos económicos se dediquen al pago de las milicias.

Esto se puede apreciar en los libros de cuentas de los primeros años posteriores a la independencia, los cuales demuestran que uno de los mayores gastos del Gobierno fue el pago a las fuerzas milicianas, a pesar de los pocos conflictos armados que se experimentaron en esos años (Tabla 2).

El aumento en los gastos militares permitió que en el período que va desde 1821 hasta 1830 se pasara a contar con una fuerza miliciana de más de 3 000 miembros (“Estado de la Fuerza”, 1830), lo que implicaba que casi uno de cada cinco hombres en edad de prestar servicio militar se encontraba dentro de las milicias (Corella, 2012). El crecimiento del presupuesto utilizado en las milicias del Estado durante este período ya fue destacado por autores como González y Solís (1989), aunque ellos no presentan datos que permitan determinar el peso que ese crecimiento tuvo dentro de la Hacienda del Estado costarricense.

En la Tabla 2 se puede apreciar que esos gastos llegan a representar porcentajes significativos de los egresos del Estado. En este punto, surge la pregunta: ¿en qué se gastaba ese dinero? Es probable que una buena parte de ese dinero haya sido gastada en el aumento del número de efectivos que formaban parte de las milicias, que pasaron de unos 1 200 hombres en 1825 (“Exposición sobre la organización”, 1825) a 3 854 hombres en 1830 (“Estado de la Fuerza”, 1830).

La hipótesis del aumento de milicianos es apoyada por el hecho de que casi no existe registro de compra de material bélico durante esos años y tampoco hay un aumento significativo en el número de armas registradas en los cuartales del Estado; por ejemplo, para 1833 solo hay registro de 1 033 fusiles en las distintas guarniciones del país (“Estados de la Fuerza”, 1833). Otro elemento que nos hace suponer que el gasto militar es fundamentalmente para el pago de salarios es que los años donde el gasto es mayor coinciden con tiempos en los que las milicias del Estado fueron movilizadas por alguna razón. Así por ejemplo, no son de extrañar los altos egresos posteriores a 1823, período en el que se debe pagar por la movilización de tropas causada por la batalla de Ochomogo y luego se deben cancelar los gastos generados por las tropas costarricenses que participaron entre 1826 y 1827 en la guerra civil federal centroamericana⁵.

Los gastos de un ejército nacional, 1835-1850

En setiembre de 1835, las poblaciones de Cartago, Heredia y Alajuela se levantaron en armas contra el Gobierno de Braulio Carrillo. Las ciudades alzadas resentían el fortalecimiento del Estado central y deseaban, mediante el levantamiento, restaurar las condiciones que reducían al Gobierno central a una especie de mediador entre las entidades municipales (Rodríguez, 2010).

Ese deseo de mantener un poder central débil y controlado se había reflejado en la aprobación de la llamada Ley de la Ambulancia de 1834, que obligaba a las autoridades estatales a rotar su sede periódicamente entre los principales centros de población del país (Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas, 1977, pp. 40-41). Esa rotación permitía a las autoridades municipales, mantener cierto control sobre las decisiones del poder central y según los proponentes de la ley, evitaba que solo una de las poblaciones se beneficiara de ser la sede de los negocios públicos (Sáenz, 1989).

La derogación de la Ley de Ambulancia, la eliminación de los diezmos y la sustitución de estos por un tributo directo sobre la propiedad, fueron las causas del levantamiento; así lo demuestra el interesante trabajo de recopilación llevado a cabo por Villalobos y Chacón (1998), en donde se recogen comunicaciones de la época entre diversos actores del Gobierno de Carrillo. El impuesto fue presentado por los adversarios de Carrillo como un ataque a la Iglesia católica, pero más allá de un posible ataque a la religión⁶, la imposición de este tributo era un intento claro de aumentar las rentas del Gobierno.

En esas circunstancias, las ciudades de Alajuela, Heredia y Cartago reunieron sus tropas, rodearon la capital amenazando con atacarla e iniciaron negociaciones con el Gobierno. La situación duró hasta el 14 de octubre, cuando las tropas de Cartago fueron batidas por las fuerzas josefinas. Ese mismo día Cartago cayó en manos de las tropas del Gobierno y pronto le siguieron las ciudades de Alajuela y Heredia (Fernández-Guardia, 2007).

Este episodio de la historia del país marcó una de las últimas luchas localistas en Costa Rica; a partir de ese momento, la tendencia a la centralización llevó a la consolidación del poder militar y junto a este el poder del Estado central sobre las entidades municipales. Si bien durante la década de 1840 hubo algunos conflictos de tipo localista, nunca se repitió un episodio tan grave como la guerra de la Liga, período durante el cual tres de las principales ciudades del país se declararon en rebeldía, mantuvieron tropas cercando a la ciudad capital y durante un mes mantuvieron al país en estado de guerra exigiendo la renuncia del jefe de Estado.

En la siguiente década, los militares se convirtieron en la clave para gobernar el país; así lo comprendió Braulio Carrillo, quien a lo largo de los siguientes años legisló para aumentar el número de milicianos, mejorar la organización de las tropas y dotarlas de mayores recursos. Todo ello le permitió mantenerse en el poder durante los siguientes siete años, período en el cual tomó medidas que sentarían las bases de buena parte de las instituciones estatales, y al mismo tiempo le ganaron importantes adversarios en el país (Obregón, 1989).

Entre los principales cambios en las milicias se encuentra la reorganización de las tropas mediante un nuevo reglamento, en el cual se tomaron medidas para concentrar el control de las fuerzas milicianas⁷ en la figura del jefe de Estado (“Reglamento de milicias”, 1834). Este no fue el único cambio en la organización militar, los batallones fueron renombrados como: legión de Honor, batallón Terrible, batallón Vencedor y batallón Intrépido (“Conocimiento de los oficiales”, 1836).

Hay que resaltar que estos cambios eliminaban la mención del lugar de origen del batallón, pues hasta ese momento las unidades militares hacían gala de su procedencia en su nombre. Los nuevos nombres de los batallones trataban de acabar con los localismos presentes en una organización militar de orígenes coloniales, en la que las unidades militares se organizaron con fuertes vínculos con sus comunidades de origen.

Así para la década de 1840, las milicias habían aumentado considerablemente el número de efectivos, contando entre sus filas con más de 4 000 hombres (“Cuadro Estadístico”, 1845). También aumentó el número de guarniciones en el país -y en consecuencia el número de soldados en servicio-, con lo que mejoró el control sobre el territorio, en especial en zonas alejadas del Valle Central⁸.

Este crecimiento de las fuerzas de guerra se vio complementado por la compra de material bélico y el intento de las autoridades de perfeccionar el entrenamiento de las tropas que formaban parte de las milicias. Ya desde principios de la década de 1830 se discutía en el país acerca de la necesidad de mejorar el armamento de las tropas⁹, por lo que las autoridades intentaron obtener recursos económicos para la compra de armas de fuego, estableciendo en un decreto de 1833, que el dinero necesario para dicho gasto podía tomarse de cualquier fondo disponible (“Decreto sobre la compra”, 1833).

Un año después, el Congreso discutió una propuesta para suplir las armas de las milicias, estableciendo que se debía comprar lo necesario y cargar los gastos de esa compra a las cajas en calidad de reintegro (“Exposición sobre la compra”, 1834). La falta de claridad acerca de la cantidad de armas que se pretendían adquirir y el posible costo de la operación, hicieron que la propuesta fuera rechazada (“Rechazo a la compra”, 1834).

Otro ejemplo de este afán por mejorar el armamento se encuentra en 1835, cuando las autoridades negociaban la compra de 150 fusiles a un comerciante europeo de apellido Wallerstein (“Reconocimiento de los fusiles”, 1835)¹⁰. No hay certeza de si esa venta llegó a efectuarse, debido a que poco tiempo después los fusiles fueron robados de un almacén en Puntarenas, por lo cual no es posible asegurar que esas armas llegaran a ser compradas (“Expediente sobre robo”, 1835, f. 1021). De lo que sí hay constancia es de un rápido incremento en el armamento con el que contaban las tropas costarricenses, que en pocos años lograron hacerse con el control de un importante arsenal, como lo demuestra la Tabla 3.

Junto a ese aumento en la cantidad de armas, se llevaron a cabo intentos por mejorar el entrenamiento de las tropas. Entre las medidas para perfeccionar la preparación militar destacan la contratación de algunos oficiales para efectuar tareas de entrenamiento¹¹ y la publicación de manuales de combate, con los cuales se intentaba suplir los problemas para entrenar a la tropa miliciana; entre ellos, sobresale uno titulado Compendio de instrucción militar que encierra las milicias de San Juan y la disciplina de lanceros (1840).

Estos intentos por mejorar la preparación militar y su armamento se reflejaron en el aumento de los gastos militares. Sin embargo, el mayor determinante del gasto militar era el grado de participación de las milicias en los eventos políticos, participación que aumentó notablemente en la décadas de 1830 y 1840, cuando el fortalecimiento de la institución militar hizo que los oficiales de alto rango asumieran un rol importante en el proceso de escogencia del grupo de personas que ejercían el poder en el país.

Así, los gastos de las fuerzas armadas aumentaron notablemente en los momentos en los cuales se dieron movilizaciones militares, como en 1842, año en el cual las milicias participaron en los eventos que terminaron con los Gobiernos de Carrillo y Morazán¹² (Tabla 4).

Solo hace falta contrastar estos datos de gasto con otros trabajos, como el de Rafael Obregón (1981), para descubrir la relación existente entre conflictos militares y recursos asignados a las fuerzas armadas. El crecimiento derivado de estos gastos permitió que en los años posteriores, las fuerzas militares se convirtieran en protagonistas de muchos de los eventos políticos, en particular luego de que estas enfrentaran su primera guerra externa.

Costes de una guerra y de la política desde los cuarteles: 1850-1870

En diciembre de 1849, accedió al poder Juan Rafael Mora Porras. Con la llegada al poder de esta figura, la naciente élite cafetalera logró un consenso que puso fin -temporalmente- a las disputas de finales de la década de 1840. Ese consenso permitió aprovechar los beneficios que el cultivo y exportación del café empezaron a reportar a la élite costarricense¹³ y a las autoridades estatales, que se beneficiaron del incremento de los recursos económicos recaudados a través de los impuestos.

La vinculación al mercado internacional permitió a las autoridades del Estado contar con más recursos económicos, que fueron generados -como se explicó en el primer apartado de este artículo- gracias al aumento del cobro de impuestos a los bienes importados y por la venta de tierras baldías, que se vieron favorecidas, a su vez, por el auge del cultivo del café. Como ha sido señalado por autores como Fallas (2004), una parte de esos recursos fueron utilizados para fortalecer al ejército. Los eventos de finales de la década de 1840¹⁴ le habían demostrado a Mora que si deseaba mantenerse en el poder era necesario desarrollar medios para asegurar el control del Poder Ejecutivo sobre el ejército.

Para ejercer un mejor control de las fuerzas militares, Mora Porras nombró a su hermano como comandante de las armas¹⁵ y promulgó un nuevo reglamento de organización militar, con el que se aseguró la capacidad de controlar el tamaño, la ubicación en el territorio y la organización de las fuerzas armadas (“Decreto de organización”, 1850). Mora se aseguró también de fortalecer la institución mediante intentos por mejorar el entrenamiento de las tropas (González, 2005, p. 26; “Revistas de comisario”, 1856).

Estos cambios se dieron en un ambiente económico favorable, en el cual el Estado costarricense gozaba de superávits en los primeros años de la década de 1850 (Fallas, 2004). La situación del país parecía envidiable, con crecientes ingresos fiscales y un Gobierno estable, pero desafortunadamente, la situación internacional vendría a acabar con esas condiciones económicas y sociales de la primera mitad de la década de 1850.

La combinación de los problemas políticos de Nicaragua, la disputa geopolítica por el control de la ruta de tránsito y la expansión de la influencia de Estados Unidos en la región, posibilitaron la llegada de William Walker y sus filibusteros al territorio centroamericano (Brown, 1980). Ante esa amenaza, el presidente de Costa Rica decidió declarar la guerra y enviar a las tropas costarricenses a Nicaragua, para que junto a los ejércitos de los otros países centroamericanos enfrentaran a los filibusteros¹⁶.

Los dos años de guerra fueron toda una prueba para las fuerzas armadas de Costa Rica, cuya experiencia se reducía a conflictos que se resolvían con pocas batallas -muchas veces solo con una- y se zanjaban en cuestión de semanas. La guerra fue costosa, tanto en vidas como en dinero; pagar por los gastos derivados del conflicto obligó al Estado a usar todos los medios para obtener recursos, desde los empréstitos internos hasta los préstamos internacionales, como por ejemplo el empréstito por 50 000 pesos que intentó reunir el Estado (“Expediente del empréstito”, 1856). La dinámica de la financiación de la guerra contra los filibusteros ha sido estudiada por diversos autores, que concuerdan en señalar que sin este tipo de acciones, el Estado no hubiese podido financiar el conflicto (Fallas, 2004; Rodríguez-Porras, 2012).

La guerra pasó factura a la Administración: las muertes y el fin de los años de prosperidad económica multiplicaron las críticas al Gobierno; los opositores de Mora empezaron a resentir el carácter autoritario del presidente. Hay que señalar que este había utilizado de manera evidente su posición para favorecer sus negocios personales, lo que terminó por enemistarlo con buena parte del grupo de comerciantes/cafetaleros, que lo habían apoyado en sus primeros años de Gobierno (Fallas, 2004, pp. 99-116).

La pérdida de apoyo provocó que Mora dependiera cada vez más de las fuerzas armadas, por lo cual el presupuesto asignado a estas creció en los últimos años de su Gobierno (ver Tabla 5). Como se puede apreciar en los datos, los gastos militares continuaron la tendencia de aumentar durante las crisis políticas, momentos en los cuales los militares y la institución ganaban importancia en las disputas por el acceso al poder político en el país.

El aumento de gastos militares, iniciado en los años de guerra, alcanzó su punto máximo en 1859-1860, cuando la situación política empeoró debido a una cuestionable reelección, lo que marcó la ruptura definitiva entre el presidente y parte de los sectores dominantes del país.

Esos sectores opuestos a Mora se acercaron a los militares y en agosto de 1859 los comandantes de los cuarteles de San José se levantaron en armas¹⁷ y desconocieron al jefe del Poder Ejecutivo. Se procedió a la convocatoria de una asamblea constituyente y se nombró a Mariano Montealegre como presidente. Pero la situación política todavía era inestable y el nuevo Gobierno tuvo que enfrentar varias amenazas durante el siguiente año¹⁸.

Fue hasta setiembre de 1860 que el Gobierno pudo acabar con la amenaza de los partidarios de Mora, gracias a la capacidad de repeler la invasión que el expresidente lanzó contra el país. Este había logrado desembarcar en Puntarenas el 15 de setiembre de 1860, pero la rápida acción de las fuerzas militares evitó que recibiera refuerzos desde el interior. Cercado por las tropas del Gobierno en Puntarenas, la invasión de Mora fracasó cuando sus hombres fueron derrotados en las afueras de la ciudad¹⁹.

El escenario político de los años posteriores estuvo dominado por la fuerte presencia de los comandantes de los cuarteles de San José -Máximo Blanco y Lorenzo Salazar-, quienes habían conseguido esta posición a lo largo de la década de 1850, y por el papel que jugaron en los eventos que rodearon la caída de Mora.

En la década de 1860, el ejército era una de las instituciones más grandes del Estado costarricense y una de las mejores organizadas, con cerca de 500 hombres en las diferentes guarniciones del país, un presupuesto considerable (ver Tabla 6), y con la capacidad de reunir rápidamente a una importante fuerza²⁰. Además, se habían mantenido los esfuerzos por mejorar el entrenamiento y la calidad de las armas con las que contaban las tropas²¹.

El contexto descrito permitió que durante la década de 1860 los comandantes de San José asumieran un papel protagónico en la política del país, gracias a su capacidad de controlar los recursos militares. Esos recursos militares permitían que los generales tuvieran la suficiente fuerza como para influir en las decisiones políticas e incluso acabar con una administración.

Esa capacidad se hizo evidente en 1868, cuando Blanco y Salazar tomaron la decisión de destituir al presidente Castro Madriz, quien simplemente no pudo oponer resistencia cuando los comandantes de San José le dieron un cuartelazo el 1 de noviembre de 1868. Ese día-según las palabras de los propios Blanco y Salazar-, los generales “escogimos al Sr. Lic. Don Jesús Jiménez ” (“A los pueblos de la Republica”, 1868) como presidente de la República. El lenguaje utilizado en la proclama es claro, los generales asumían la responsabilidad de designar a la persona más adecuada para guiar al país.

Pero el golpe de 1868 fue la última de las intervenciones de Blanco y Salazar en la política nacional. El nuevo gobernante, Jesús Jiménez, se dio cuenta de la amenaza que implicaba para las autoridades civiles la presencia de un par de generales con la capacidad de “escoger” al presidente. Por ello, en los siguientes meses se tomaron medidas para limitar la capacidad de intervención política de los generales. Esto desembocó en un conflicto entre el secretario de Guerra y los jefes del Ejército, que se saldó con el retiro de Blanco y Salazar en el año de 1869 (Obregón, 1981, p. 48).

Parecía que las autoridades civiles habían asegurado que los militares se olvidaran de influir en las decisiones políticas. Sin embargo, el desarrollo institucional de las fuerzas armadas no podía revertirse y pocos meses después el coronel Tomás Guardia aprovechó ese desarrollo para tomar el poder, convirtiéndose en el primer militar en gobernar Costa Rica.

Conclusiones

Todo proceso de construcción estatal requiere de una institución que ejerza el monopolio sobre el uso de la violencia. Por ello, en la formación de los Estados modernos, las autoridades estatales dedican gran cantidad de recursos a las fuerzas militares, lo que favorece la consolidación de medios para obtener y administrar recursos económicos.

Los datos presentados en este trabajo demuestran que en los primeros años de vida independiente, gran parte de los recursos económicos del Gobierno fueron destinados a construir y sostener las fuerzas armadas. Estos gastos militares permitieron a las autoridades del Estado central, la centralización del poder político en el país.

Además, esos gastos permitieron al Estado costarricense ganar presencia en el territorio, mediante el establecimiento de guarniciones militares en distintos puntos del país y la creación de unidades de milicias en casi todas las comunidades. Así en pocos años, las fuerzas triplicaron su tamaño e hicieron del servicio militar algo común a la población masculina.

Formar una institución militar de esas características exigió a las autoridades del Estado el desarrollo de instituciones y de una serie de “funcionarios”, lo que favoreció la construcción de mecanismos que vincularan al Gobierno central con la sociedad, materializando de esta forma el poder del Estado.

Entonces, ¿cuánto pesó lo militar en la Hacienda del Estado costarricense durante este período? Dependiendo del año, lo militar podía superar fácilmente el 50% de los gastos del Estado costarricense; sin duda, una carga pesada para el erario.

Pero el peso no es solo económico, pues dotar de armas al Estado fue costoso y complicado; exigió la formación de toda una red de instituciones para conseguir los recursos, negociar con entidades locales y administrar los recursos destinados a las fuerzas.

Pero esos esfuerzos fueron en parte responsables de la consolidación del proyecto de Estado moderno en Costa Rica, por tanto, es posible decir que las necesidades militares fueron en parte responsables de la formación del Estado moderno en la pacífica Costa Rica.

Referencias

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