El 3 de marzo de 1980, la Federación de Estudiantes (Feitec, 1980a, p. 3B) del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), publicó un campo pagado, de una página completa, en el principal periódico costarricense de entonces, La Nación, para denunciar que el Consejo Director de esa casa de enseñanza superior “distorsiona la realidad para confundir al pueblo” y a los alumnos, con el propósito de “consolidar sus posiciones anti-estudiantiles”. El conflicto que motivó esa publicación tuvo su origen a finales de 1979, cuando los jóvenes presentaron a las autoridades académicas un conjunto de peticiones para mejorar las condiciones de las sodas, en especial para controlar el incremento en los precios de los alimentos que vendían, y para modificar diversos aspectos estatutarios y reglamentarios, relacionados con aumentar el número de becas y con ampliar la representación estudiantil en los órganos decisorios de esa institución (“Paro”, 1980, p. 2).

Dado que las gestiones realizadas en 1979 no lograron resultados, la Feitec reiteró sus demandas a finales de enero de 1980, nuevamente sin éxito, por lo cual el 25 de febrero de ese mismo año, llamó a un paro indefinido de labores que fue atendido masivamente (“2300 estudiantes”, 1980, p. 8). La inasistencia a clases fue el inicio de un conflicto que se prolongó -con interrupciones- durante el resto del año y sentó las bases para modificar, de manera decisiva, la estructura de gobierno del ITCR, cuyo campus principal está ubicado en la ciudad de Cartago. Debido a su duración, a su proyección en la esfera pública, al involucramiento de distintos sectores sociales y políticos y al impacto institucional que tuvieron, estas protestas constituyeron las más importantes de su tipo ocurridas en Costa Rica durante el siglo XX, figuran entre las principales acaecidas en Centroamérica (González, 1985, pp. 238-293) y destacan aun a escala latinoamericana y caribeña.

Pese a su relevancia, esas huelgas han sido muy poco investigadas. En 1985, el historiador Paulino González Villalobos (1985, pp. 288-289), al considerarlas, identificó como motivo fundamental de la confrontación la verticalidad y rigidez de la estructura de gobierno del ITCR, se refirió a la actitud solidaria de la comunidad cartaginesa y de las otras universidades públicas con los jóvenes en paro y destacó la intervención de la Asamblea Legislativa, pero no profundizó en estos temas; además, su cronología de base resultó ser imprecisa e incompleta. Tres años después, el sociólogo Carlos Brenes Castillo (1988, pp. 79-99), aunque proporcionó información sobre algunos antecedentes importantes del conflicto, no priorizó el análisis de las protestas estudiantiles, sino que concentró su atención en la reforma institucional del ITCR. De manera similar, en la memoria conmemorativa del cuadragésimo aniversario de la creación del ITCR, apenas se hizo una breve referencia a la segunda huelga ocurrida en 1980 (Instituto Tecnológico de Costa Rica, 2011, pp. 71-73).

En los últimos años, el análisis de los movimientos estudiantiles en general, y de las huelgas de ese sector en particular, ha dado origen a una renovada corriente de investigación que ha prestado atención especial a la conexión entre las movilizaciones de los jóvenes y su impacto social, cultural, político e institucional. América Latina y el Caribe no se han exceptuado de esta tendencia, como se constata en varios estudios recientes, que consideran diversas protestas estudiantiles ocurridas en Argentina, México, Colombia, Nicaragua, Uruguay, Brasil y Puerto Rico, en un período histórico que se extiende entre la célebre reforma universitaria de Córdoba de 1918 y las primeras dos décadas del siglo XXI (Barbosa, 2005, pp. 187-221; Schenone, 2010, pp. 1-19; Rojas Hernández, 2012; Markarian, 2012; Atiles Osoria, 2013, pp. 105-117; Pensado, 2013; Langland, 2013; Manzano, 2014: 51, 65, 127; Acevedo Tarazona y Villabona Ardila, 2015, pp. 145-159; LeBrón, 2017, pp. 147-172).

A diferencia de la mayoría de las protestas analizadas en esos estudios, en las que los estudiantes incorporaron cuestionamientos a la sociedad y al sistema político, quienes participaron en las huelgas del ITCR en 1980, se caracterizaron por circunscribir estrictamente sus demandas a presionar por una reforma institucional que les permitiera ampliar su participación en los órganos decisorios y conseguir beneficios específicos, como el incremento en el número de becas. La escogencia de tal estrategia de lucha se explica porque, aunque algunos de los líderes pertenecían al Frente Estudiantil del Pueblo (FEP), brazo juvenil del Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) (Hernández, 1992, p. 87; “Grupo RETO”, 1980, p. 8; Contreras, 2017), la mayoría de los jóvenes no eran izquierdistas. Por esta razón, rara vez impugnaron el orden establecido (“Estudiantes del ITCR luchan”, 1980, p. 2); al contrario, manifestaron su confianza en él, lo que les aseguró el respaldo de diversos sectores de la sociedad civil -inclusive de miembros de la Iglesia católica- y del mundo político.

Para analizar debidamente la especificidad de estas protestas estudiantiles, el presente artículo, que se basa principalmente en fuentes periodísticas (incluidos los numerosos campos pagados publicados por la Feitec, el Consejo Director y otros actores e instancias), está organizado en cuatro secciones principales. En las dos primeras, se considera brevemente la expansión de la enseñanza superior, el desarrollo del movimiento estudiantil en Costa Rica y las particularidades del ITCR. Los dos apartados siguientes se concentran en analizar las huelgas habidas en 1980, con especial atención a su duración, al respaldo que tuvieron por parte de los estudiantes y de otros sectores sociales, a su proyección en la esfera pública, a sus reivindicaciones, a la manera en que fueron justificadas, a la respuesta dada por las autoridades, a la forma cómo finalizaron, a los resultados obtenidos y a su impacto institucional.

La expansión de la educación superior

La Universidad de Santo Tomás, fundada en 1843, fue la primera institución de educación superior que hubo en Costa Rica; sin embargo, su desarrollo académico fue muy limitado. Cuando fue clausurada en 1888, la única carrera impartida regularmente era la de leyes (González, 1989). A la Escuela de Derecho, que fue la única que permaneció abierta después de la clausura, se sumaron la Facultad de Farmacia en 1897 y la Escuela Nacional de Agricultura en 1926. Adicionalmente, fueron abiertas otras instancias no universitarias, como la Escuela Nacional de Bellas Artes (1897), la Escuela Normal (1914) y la Escuela de Ciencias (1932). Aunque en las primeras décadas del siglo XX se trató de integrar todas esas entidades en una nueva institución de enseñanza superior, tales esfuerzos solo se concretaron en 1940, al crearse la Universidad de Costa Rica (UCR), de carácter autónomo y democrático, cuyas autoridades académicas eran escogidas en votaciones con participación de los profesores propietarios y de una representación estudiantil (Picado, 1934, pp. 22-23; Tinoco, 1983; Fischel, 1992, pp. 61-65, 269-276).

Entre 1941 -cuando abrió sus puertas- y 1970, la matrícula de la UCR pasó de 719 a 12.913 estudiantes, un incremento que fue resultado, sobre todo, de la expansión de la segunda enseñanza: entre los años indicados, la proporción de jóvenes de 13 a 17 años que asistía a ese nivel educativo se elevó de 5,2 a 35,8 por ciento (Molina, 2017, pp. 29-30, 38), en un contexto demográfico en el cual la población total del país crecía a una tasa anual del 3,3 por ciento (Pérez, 2010, pp. 112, 128). Como resultado de este proceso, la demanda por más cupos de ingreso para cursar carreras universitarias excedió considerablemente a la oferta, lo que condujo a que el Estado costarricense, que también había empezado a crecer y diversificarse desde la década de 1940, ampliara el número de instituciones de enseñanza superior, al crear el ITCR en 1971, la Universidad Nacional (UNA) en 1973 y la Universidad Estatal a Distancia (UNED) en 1977 (Pacheco, 2004, pp. 91-178).

Los orígenes del movimiento estudiantil costarricense se remontan al período 1844-1888, cuando los jóvenes formaron sus primeras organizaciones, empezaron a publicar sus propios periódicos y comenzaron a manifestarse tanto en relación con asuntos referidos a sus condiciones de enseñanza como sobre temas controversiales de índole nacional (González, 1987, pp. 1-41). Antes de 1950, su principal incursión pública fueron las movilizaciones que protagonizaron en contra de la única dictadura que hubo en el país en el siglo XX: el régimen de Federico Tinoco Granados (19171919) (Oconitrillo, 1979, pp. 159-172; Bonilla, 2013, pp. 268-274). En la segunda mitad del siglo XX, su más significativo proceso de radicalización ocurrió a finales del decenio de 1960, cuando un sector del alumnado de la Universidad de Costa Rica, con participación de líderes juveniles comunistas, adversó un contrato entre el Estado y la Aluminum Company of America (Alcoa). La oposición culminó en abril de 1970 con el apedreamiento de la Asamblea Legislativa y una violenta confrontación entre los estudiantes y la policía (Chaves, 2018, pp. 103-133).

Presionada para que fundara más establecimientos de educación superior que satisficieran la demanda creciente de los graduados de la enseñanza secundaria y preocupada por contener la influencia de la izquierda entre los jóvenes universitarios, la Asamblea Legislativa creó el ITCR como una institución administrativamente autónoma, pero con una diferencia fundamental en comparación con la UCR: su estructura de gobierno sería limitadamente democrática. En efecto, los diputados acordaron que la autoridad máxima, el Consejo Director (encargado de nombrar a la persona que ocuparía la Rectoría por períodos de cuatro años), estuviera integrado por el rector y ocho personas más, de las cuales cinco serían designadas por el Poder Ejecutivo, una por la Cámara de Industrias, una por la organización de egresados y una por la asociación de estudiantes (Asamblea Legislativa, 1971, pp. 1184-1188).

En contraste con la UNA y la UNED, que fueron organizadas según el modelo democrático de la UCR, el ITCR consolidó su estructura vertical de gobierno en la reglamentación que se hizo en 1973 de la ley que lo creó y en el Estatuto Orgánico aprobado en 1975 (Presidencia de la República, 1973, pp. 1612-1631; Instituto Tecnológico de Costa Rica, 1975). La gestión empresarial de la institución fue reforzada por esos nuevos instrumentos legales que establecieron controles estrictos para prescindir de los jóvenes que no tuvieran un rendimiento académico satisfactorio y priorizaron un sistema de préstamos, y no de becas, para que los estudiantes, faltos de los recursos económicos suficientes, pudieran financiar sus estudios con el compromiso de cancelar las deudas contraídas una vez graduados (Brenes, 1988, p. 84).

Desde finales de la década de 1950, en correspondencia con la teoría -todavía en proceso de constitución- del capital humano, las autoridades de la UCR trataron de desarrollar un sistema de préstamos, iniciativa que volvieron a impulsar en los últimos años del decenio de 1960, pero sin éxito, dada la fuerte oposición del movimiento estudiantil (Molina, 2018, pp. 15-17). La experiencia del ITCR fue muy distinta: la verticalidad de su estructura de gobierno, su condición de ser una institución nueva, el enfoque empresarial que prevalecía en el Consejo Director y la falta de organización de los alumnos, favorecieron que se estableciera un modelo que, al convertir a los jóvenes en sujetos de crédito educativo, rompía con la tradición financiera predominante en la enseñanza costarricense basada en la adjudicación de becas de estudio. Paralelamente, en 1973, se constituyó el Fondo Nacional de Préstamos para Educación (FONABE), luego sustituido por la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE) en 1977 (Arce, 1990, pp. 56-57).

Al combinar la exigencia por un alto rendimiento académico con la presión de contraer deudas que debían ser canceladas a futuro, el Consejo Director procuró que los alumnos, al dedicarse exclusivamente al quehacer académico, se concentraran en terminar sus carreras en el menor tiempo posible, de modo que se incorporaran más rápidamente al mercado laboral, con lo que podrían, además, empezar a pagar sus obligaciones financieras. Centrado en una enseñanza que dejaba de lado las ciencias sociales y las humanidades, el modelo del ITCR, aparte de limitar los espacios de la experiencia universitaria, no favorecía la politización de los jóvenes, que asumieron esas rigurosas y particulares condiciones de estudio como una forma de identidad que los diferenciaba de quienes asistían a las restantes universidades públicas.

De hecho, el propio Consejo Director tuvo una influencia importante en la construcción de esa identidad, ya que promovió la organización inicial de los alumnos por dos razones principales: para poder integrar a ese órgano al representante estudiantil y para disponer de una estratégica base de apoyo con la cual enfrentar un decisivo conflicto institucional externo. En 1975, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), entonces compuesto mayoritariamente por profesionales titulados por la UCR, rechazó incorporar a los graduados del ITCR en igualdad de condiciones. La respuesta del Consejo fue recurrir a la Asamblea Legislativa, para que los diputados modificaran la ley de creación del ITCR (Polini de Antillón, 1979, p. 6A).

La confrontación se prolongó por más de tres años, durante los cuales el CFIA tuvo el apoyo de la UCR y de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios, y el ITCR apeló al respaldo de la comunidad cartaginesa y a la opinión pública, mediante la publicación de campos pagados en los principales diarios del país. Fue en el contexto de este conflicto que se fundó la Feitec, la cual colaboró estrechamente con el Consejo Director en la organización y realización de actividades como marchas -tanto en Cartago como en San José (la ciudad capital)- e incluso un paro de labores. Al final, los esfuerzos realizados resultaron exitosos, ya que la Asamblea Legislativa reformó la ley en términos favorables para los graduados del ITCR (Brenes, 1988, p. 86).

A lo largo de esa lucha, la Feitec, precisamente porque tuvo que enfrentar a los alumnos de la UCR que apoyaban al CFIA, quedó en una posición desventajosa con respecto a las principales fuerzas que conformaban el movimiento estudiantil universitario costarricense; pero, al lado del Consejo Director, logró acumular una extraordinaria experiencia en relación con la organización y movilización de los estudiantes, participación en la esfera pública, recaudación de fondos y establecimiento de contactos con figuras estratégicas de la política local cartaginesa y de la Asamblea Legislativa. Además, la Feitec empezó a desarrollar reivindicaciones propias, ya que desde 1979, por lo menos, demostró interés en ampliar la representación estudiantil en el ITCR (Brenes, 1988, p. 86; “Triunfan en su lucha”, 1979, p. 3).

El ITCR a inicios de la década de 1980

En 1973, el ITCR inició labores con 87 alumnos, cifra que subió rápidamente a 2.163 jóvenes en 1979 y a 2.420 en 1980, de los cuales 1.841 eran personas inscritas en el campus principal, ubicado en Cartago, y el resto se dividía entre quienes asistían al centro regional de San José (344) y a la sede de San Carlos (237), en la provincia de Alajuela. De acuerdo con una encuesta realizada en el último año referido, que abarcó el 89 por ciento de la población estudiantil, el 80,4 por ciento de quienes se matricularon eran varones. Tal desproporción, acorde con el perfil de las carreras que impartía la institución, constituyó una de las diferencias principales con respecto a las otras universidades públicas, en las que la participación de las mujeres era mayoritaria (UNA) o superaba el 45 por ciento de la matrícula (UCR y UNED) (Consejo Nacional de Rectores, 1980, pp. 24, 36, 74, 85; Consejo Nacional de Rectores, 1981, pp. 26, 78).

De las personas inscritas en el ITCR en 1980, 64,9 por ciento tenían veinte años o menos, una distribución por edad que se explica principalmente porque, en concordancia con el acelerado crecimiento de la matrícula, casi la mitad de todo el alumnado (44,7 por ciento) acababa de ingresar a la institución precisamente en ese año. Poco sorprende que, en tales circunstancias, el 89 por ciento de los estudiantes fueran solteros. Además, en términos de su origen nacional, el 97,6 por ciento eran costarricenses, y una vez que se considera la provincia en que residían de manera permanente, se constata que quienes provenían de Cartago tenían una participación importante (26,1 por ciento), pero no mayoritaria, ya que la ventaja en este campo le correspondía a San José (40,7 por ciento) (Consejo Nacional de Rectores, 1981, pp. 80, 83-84).

Según el plantel de procedencia, la mayoría de los alumnos del ITCR se había graduado de la segunda enseñanza pública (87,3 por ciento), y una proporción significativa de planteles técnicos (25,5 por ciento), modalidad de estudios que tendía a ser escogida por jóvenes cuyas familias tenían un trasfondo de clase trabajadora o campesina. Tal composición contrastaba claramente con la de la UCR, una institución en la que en 1979 el 25,9 por ciento de la población estudiantil provenía de colegios privados y apenas un 7,6 por ciento de la secundaria técnica. Además, de quienes estaban matriculados en el ITCR, el 80,5 por ciento no trabajaba, el 41,8 por ciento financiaba su carrera con un préstamo y el 68,1 por ciento pertenecía a familias cuyos ingresos mensuales eran inferiores a 4.000 colones (el salario mínimo de los trabajadores no calificados ascendía a 1.055 colones en 1980) (Consejo Nacional de Rectores, 1981, pp. 78, 86, 88, 90; Universidad de Costa Rica, 1979, pp. 24-25; Laure, 1990, p. 17).

No es del todo claro cuántos estudiantes del ITCR tenían algún tipo beca, ya que la información correspondiente es imprecisa, pero su participación fluctuaba entre un mínimo del 4,4 y un máximo del 9,7 por ciento. En contraste, en la UCR el 95,5 por ciento de los alumnos se encontraba becado y el 32,7 por ciento estaba completamente exonerado del pago de derechos, proporciones que en la UNA ascendían respectivamente a 93,3 y a 57,2 por ciento (para la UNED no hay datos completos) (Consejo Nacional de Rectores, 1981, pp. 104-105, 107). De esta manera, a la altura de 1980 era evidente que la población estudiantil del ITCR, pese a que la presencia de graduados de colegios privados era muy inferior a la de la UCR, enfrentaba condiciones financieras muy desventajosas en comparación con los jóvenes matriculados en las restantes universidades públicas.

También en relación con los profesores, el ITCR presentaba especificidades importantes, ya que de 251 personas que impartían clases en esa institución en 1980, únicamente el 10 por ciento correspondía a mujeres; además, se trataba de educadores predominantemente jóvenes, puesto que el 59 por ciento tenían treinta años o menos. La dependencia laboral con respecto a la institución era alta, ya que el 62,1 por ciento trabajaba a tiempo completo (en la UCR esa proporción era de apenas 27,3 por ciento), y en términos de su nivel académico, su formación era bastante limitada, ya que el 9,1 de quienes se dedicaban a la enseñanza carecía de título universitario y el 43 por ciento disponía apenas de un bachillerato, por lo que poco más de la mitad de todo el personal docente se ubicaba en las categorías salariales más bajas (Consejo Nacional de Rectores, 1981, pp. 12-119, 126-127, 146).

A diferencia de la UNA y la UCR, donde los profesores superaban en número a los empleados administrativos, en el ITCR, estos últimos más que doblaban a los primeros, una situación similar a la que se presentaba en la UNED (aunque en este caso, debido al carácter no presencial de la institución, más de la mitad del personal se dedicaba a labores de administración de programas académicos) (Consejo Nacional de Rectores, 1981, pp. 112, 172, 182). Los sindicatos existentes en la UCR y en la UNA habían conseguido ya, en 1976 y 1978 respectivamente, firmar una convención colectiva con las autoridades universitarias para mejorar las condiciones de todos los trabajadores; y en la UNED, la primera organización sindical se fundó en agosto de 1980. Por su parte, en el ITCR ya existía un sindicato en 1979, pero sometido a fuerte presión por parte del Consejo Director, por lo que solo empezó a consolidarse después de las huelgas de 1980 y logró firmar la primera convención colectiva en 1986 (Gutiérrez, 1976, p. 48; “Persecución sindical”, 1980, p. 2; Ramírez, 2006, p. 370; Instituto Tecnológico de Costa Rica, 2011, p. 74; Gobierno de Costa Rica, 2016, p. 3).

La posición desventajosa de los estudiantes, docentes y funcionarios administrativos del ITCR, en comparación con sus pares de las otras universidades públicas, se acentuó al finalizar la década de 1970, a medida que la economía costarricense, que se caracterizó por una tendencia al crecimiento después de terminada la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), comenzó a experimentar los efectos de la caída en los precios de los productos agrícolas de exportación y el incremento de las tasas internacionales de interés. Por si esto fuera poco, el resto de Centroamérica empezó a abismarse en un profundo conflicto político y militar, como resultado del triunfo de la Revolución sandinista en Nicaragua, de la guerra civil en El Salvador y de la ofensiva guerrillera en Guatemala. En 1980, el Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica se estancó, la inflación alcanzó un 17,8 por ciento y el salario promedio real disminuyó en un 4,1 por ciento (Rovira, 1987, pp. 15-44); además, entre septiembre y octubre, el tipo de cambio se elevó de 8,57 a 11,61 colones por dólar (una devaluación del 35,5 por ciento) (“Dólar llegó”, 1980, p. 2A). Fue en este contexto que se dieron las protestas estudiantiles.

La Primera Huelga

Después de que el 25 de febrero de 1980 los estudiantes se declararon en paro, un vocero de la rectoría del ITCR indicó que en esa instancia cundía “[…] una profunda preocupación por el hecho de que los estudiantes hayan tenido que apelar a una medida tan extrema, ahora cuando la vía del diálogo estaba deparando significativos beneficios”. Además, señaló que el rector, Vidal Quirós Berrocal -ingeniero, político perteneciente al Partido Liberación Nacional (PLN) y ex ministro de Educación Pública (1977-1978)- lamentaba que se rompieran las negociaciones con la Feitec y que se diera “la primera huelga estudiantil en los ocho años de vida de la institución”.

Por último, ese mismo funcionario manifestó que las autoridades universitarias estaban dispuestas a dialogar siempre y cuando se les presentaran “planteamientos racionales”, expuestos “con la debida moderación” (“Huelga estudiantil”, 1980, p. 2A).

Como se constata en las declaraciones precedentes, la rectoría, desde un inicio, condicionó el contenido y la forma del diálogo que estaría dispuesta a sostener con la Feitec. Al proceder de esta manera, facilitó que la prensa acogiera favorablemente las reivindicaciones de los alumnos (véase la Tabla 1), máxime en una época en que todavía no se había vuelto a intensificar la Guerra Fría y los medios de comunicación costarricenses mantenían su identificación con la Revolución sandinista (1979) (Astorga, 2018), cuyo triunfo fue posible por la decidida participación de jóvenes como los que luchaban por sus derechos en el ITCR. Además, en febrero de 1980, aunque el deterioro de las condiciones económicas del país ya había iniciado, todavía no tenía la gravedad que alcanzó a partir de septiembre de ese año, y que llevó a diversos sectores a temer que se produjeran protestas sociales masivas e incontrolables (Molina, 2018).

Precisamente, por la ventaja lograda por la Feitec en la cobertura periodística, el Consejo Director del ITCR trató de equilibrar posiciones mediante la publicación de campos pagados, el primero de los cuales fue dado a conocer el 28 de febrero. En ese documento, las autoridades manifestaron estar de acuerdo en reducir los precios cobrados por las sodas y en mejorar otros servicios estudiantiles, pero no dijeron nada acerca de modificar la representación de los alumnos o con respecto a la demanda de incrementar el número de becas. Igualmente, amenazaron con sancionar a los estudiantes que impidieran a otros recibir lecciones y felicitaron al rector por participar, con una “decidida actitud”, en la asamblea estudiantil del 25 de febrero, en la que los jóvenes decidieron declararse en huelga (“Instituto Tecnológico de Costa Rica. Acuerdo”, 1980, p. 3).

La publicación de dicho campo pagado parece haber preocupado significativamente a las fuerzas políticas locales, ya que ese mismo 28 de febrero los regidores de la municipalidad de Cartago se manifestaron por primera vez en relación con el conflicto, al instar a la Feitec y al Consejo Director para que alcanzaran un acuerdo; además, en caso de que la huelga se prolongara, se ofrecieron a colaborar como mediadores (“Paro en el Tecnológico”, 1980, p. 14). Tal iniciativa fue de suma importancia porque, en una etapa tan temprana de la confrontación, concejales pertenecientes a distintos partidos políticos dejaron en claro que si las autoridades del ITCR no lograban resolver la situación en un plazo razonable, actores externos podrían tener que intervenir.

Al día siguiente, 29 de febrero, en declaraciones publicadas por La Prensa Libre, varios alumnos se pronunciaron en contra de algunos miembros del Consejo Director, en particular del ingeniero Max Koberg, representante de la Cámara de Industrias, quien habría afirmado en una conferencia de prensa que el ITCR “debe cerrarse a raíz de la huelga decretada por los estudiantes hace tres días, y reabrirse la matrícula en un mes más tarde para estudiantes nuevos”. Además, según los jóvenes el representante del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Rogelio Coto, expresó en esa misma ocasión: “al estudiante que no le guste el Tecnológico puede irse porque para eso existen dos universidades más” (“Alumnos del Tecnológico”, 1980, p. 3).

Las declaraciones atribuidas por los estudiantes a Koberg y a Coto guardan relación con unas disposiciones adoptadas por el Consejo Director ese mismo 29 de febrero, las cuales cerraron la vía para alcanzar una solución negociada al conflicto. Con base en esos acuerdos, dicho órgano comunicó a la Feitec que “no dialogará con los estudiantes en estado de huelga, ni bajo ningún tipo de presión”. Asimismo, el Consejo manifestó que había dejado “claramente establecido que se expulsará definitivamente del Tecnológico a aquellos alumnos a quienes se les compruebe que está[n] intimidando a los estudiantes que deseen asistir a lecciones”, ya que, de acuerdo con las autoridades, una situación de ese tipo ocurría en ese preciso momento (“Directores del ITC”, 1980, p. 3).

También el 29 de febrero, en un nuevo campo pagado, el Consejo Director rechazó modificar el sistema de préstamos, ya que era un pilar del ITCR que, además, “dignifica al mismo estudiante, porque al retribuir parte del costo de sus estudios cuando ya ejerza su profesión, colabora con el sostenimiento de otros estudiantes necesitados que desean la misma oportunidad”. También las autoridades resolvieron que “no cabe una representación estudiantil como la planteada del 25% de los integrantes de todos los órganos docente-administrativos”, declararon que el profesorado se mantenía “impartiendo clases a los estudiantes que así lo desean”, expresaron su “[…] honda preocupación por los estudiantes que, al no asistir a lecciones, pierdan los cursos de este semestre”, instaron a los ausentes a “volver a lecciones” y amenazaron con sancionar “a quienes impidan el ejercicio de la libertad individual de estudiar” (“Ante la situación de paro”, 1980, p. 29).

Los esfuerzos del Consejo Director por dividir al movimiento estudiantil encontraron apoyo en Jaime Meza Montoya, estudiante de tercer año de la carrera de Administración de Empresas, quien llamó, el primero de marzo, a sus compañeros a regresar a clases y acusó a la Feitec de arrastrar a los jóvenes

En contrapartida, la Feitec acusó al Consejo Director de desatender la oferta de los regidores cartagineses para mediar en el conflicto y logró que la asociación de alumnos de la Sede del Atlántico (Turrialba) de la UCR primero, y la Federación de Estudiantes de la UCR (Feucr) después, manifestaran su apoyo a la huelga estudiantil (“Crece huelga”, 1980, p. 2). Además, el primero de marzo la Feitec publicó un primer campo pagado, de página completa, en el que denunció que las autoridades del ITCR distorsionaban “la realidad para confundir al pueblo y a los estudiantes costarricenses”, y que tomaban “medidas de intimidación y de represalias académicas”. También indicaron los estudiantes -quizá basados en algún conocimiento de la teoría del capital humano- que el Consejo Director, al oponerse a las becas, desconocía que destinar recursos a la educación era una forma de inversión, y que el sistema de préstamos no era “otra cosa que un mecanismo para descargar sobre nuestras espaldas el problema presupuestario [de la institución] y hasta la crisis económica [del país], cobrándonos todo el elevado costo que implican nuestros estudios” (Feitec, 1980b, p. 3).

Recurrir a la compra de campos pagados en los medios de comunicación fue una estrategia puesta en práctica, por primera vez de manera sistemática, por los estudiantes de la UCR durante las manifestaciones de 1970 contra Alcoa (Chaves, 2016, p. 8). Según la Figura 1, el Consejo Director aventajó decisivamente a la Feitec en el número de publicaciones (diez contra cuatro), pero en términos del espacio, la diferencia fue menor, ya que dicha organización estudiantil adquirió tres páginas y media, mientras que las autoridades universitarias compraron cinco páginas y media aproximadamente. Puesto que los jóvenes matriculados en el ITCR provenían de hogares que disponían de recursos económicos más limitados que los de quienes asistían a la UCR, financiar esos campos pagados constituyó todo un desafío. En efecto, el costo por página calculado con base en la tarifa por palabra en la sección de anuncios clasificados de La Nación (“¢.100 por palabra”, 1980, p. 11B), podía fluctuar, como mínimo, entre cuatro y seis mil colones, sumas superiores a los ingresos mensuales de casi el 70 por ciento de las familias cuyos hijos e hijas estudiaban en el ITCR (Consejo Nacional de Rectores, 1981, p. 86).

Tras la publicación del campo pagado, la Feitec logró que el conflicto se desplazara de la política local a la nacional, al reunirse el 2 de marzo con los diputados de Cartago, quienes se comprometieron a presentar, al día siguiente, una moción en la Asamblea Legislativa para integrar una comisión que mediaría entre los estudiantes y las autoridades universitarias. Para apoyar esta iniciativa, los líderes de la huelga organizaron en la tarde del 3 de marzo una manifestación, a la que asistieron cientos de jóvenes, que salió del Parque Central de San José y se dirigió al edificio ocupado por el Congreso (“Se extiende huelga”, 1980, p. 3). Como resultado de toda esta presión, el Consejo Director reanudó el diálogo con la Feitec y ambas partes acordaron discutir con la comisión legislativa (integrada por los seis diputados cartagineses) un documento preliminar en el que se proponía incrementar el número de becas, ampliar la representación estudiantil, no aplicar el reglamento académico del ITCR a los alumnos que dejaron de asistir a lecciones y recuperar el tiempo lectivo perdido (“Estudiantes del Tecnológico piden”, 1980, p. 2; “Alumnos del ITCR de acuerdo”, 1980, p. 10A).

Para que el acuerdo tuviera efecto, el Consejo Director estableció que la huelga debía terminar en un plazo de 24 horas (“Acuerdo para la finalización”, 1980, p. 7). Aunque algunos medios de comunicación dieron casi por un hecho que el paro se suspendería el 4 de marzo, un representante de la Feitec señaló que, debido al condicionamiento introducido por las autoridades universitarias, la opinión prevaleciente entre los estudiantes era mantener la protesta (“Posible fin a la huelga”, 1980, p. 3). En efecto, la asamblea estudiantil convocada ese día a las 7:30 de la mañana fue traslada a la 1:30 de la tarde, con el propósito de que la Feitec se reuniera con el rector, pero como no se logró que el Consejo definiera su posición con respecto a las peticiones de los alumnos, se dispuso no levantar la huelga. Inmediatamente, el rector aprovechó la ocasión para manifestar a la prensa:

Si el rector esperaba que tales declaraciones inclinaran la balanza decisivamente a favor del Consejo Director, su expectativa resultó vana, ya que el 5 de marzo la comisión legislativa intervino decididamente y mantuvo reuniones por separado con las autoridades del ITCR y con la Feitec. Los estudiantes aceptaron “con optimismo” la excitativa de los diputados para dialogar con el Consejo, pero sin deponer la huelga; posteriormente, sus representantes se reunieron con el Consejo desde el mediodía hasta las diez de la noche. Al final de esta larga jornada, fueron aceptadas todas las reivindicaciones de los alumnos, con excepción parcial de la demanda para ampliar la representación estudiantil, un asunto que se resolvería más adelante con base en el resultado de un estudio que involucraría a estudiantes y profesores (“Mediación en el Tecnológico”, 1980, p. 3; “Terminó huelga”, 1980a, p. 3).

Aunque el rector, quien sería reelecto en el cargo por tercera vez consecutiva en junio siguiente (“Ambiente frío”, 1980, p. 8A), declaró que en el “diferendo” ocurrido en el ITCR no había habido victoriosos ni derrotados (“Terminó huelga”, 1980b, p. 2), la Feitec, en un campo pagado publicado el 14 de marzo, reivindicó el triunfo logrado y lo atribuyó “al gran espíritu combativo de todos los estudiantes”; además, reconoció

Durante todo el conflicto, que se extendió durante diez días, la Feitec aventajó al Consejo Director en términos de su aproximación a los medios de comunicación y su utilización de un conjunto de recursos culturales asociados con la identidad nacional de Costa Rica, como el derecho al estudio, el diálogo como vía para tratar los diferencias y la apertura a la negociación como medio para resolverlas. En contraste, el Consejo apeló a criterios de autoridad, mostró renuencia a dialogar y a negociar, y enfrentó el paro estudiantil con una estrategia patronal. Dado este contexto, poco sorprende que las reivindicaciones de los alumnos encontraran un apoyo decisivo dentro y fuera de Cartago. Al final, la Feitec volvió a superar al Consejo en el manejo simbólico del resultado de la huelga, al nacionalizarlo y presentarlo como una victoria de toda la sociedad costarricense.

La Segunda Huelga

Hacia mediados de septiembre de 1980, el conflicto en el ITCR se volvió a activar, debido, según declaró la Feitec, a que los acuerdos alcanzados en marzo fueron incumplidos por el Consejo Director, especialmente en lo relacionado con las becas; además, las autoridades universitarias establecieron requisitos para la elección del representante estudiantil ante ese órgano (“Rechazan injerencia”, 1980, p. 8). Por si esto fuera poco, a inicios de octubre, guardas armados y dotados de equipos de comunicación empezaron a ocuparse de la vigilancia de la institución (“Serios problemas”, 1980, p. 4). En tales circunstancias, el descontento se intensificó, y culminó el 14 de octubre cuando los jóvenes realizaron una asamblea general en la que acordaron realizar un paro de veinticuatro horas y presentar sus reclamos ante el Consejo (“Anoche estudiantes”, 1980, p. 8A).

Como las demandas para revisar el sistema de becas y derogar los requisitos que debía cumplir el representante estudiantil no fueron atendidas, los alumnos se declararon en huelga indefinida el 15 de octubre y tomaron las instalaciones de la institución en Cartago. Miguel Vega, de la Feitec, aclaró que la toma era un medio para denunciar que el ITCR se administraba “con una actitud altamente mercantilista”, que se cometían “muchas injusticias” y que las condiciones del estudiantado contrastaban con las del rector, quien “gana más de 20 mil colones [mensuales] y tiene una oficina lujosísima hecha con maderas importadas” (“Serios problemas”, 1980, p. 4). Si bien los funcionarios docentes y administrativos pudieron abandonar sus lugares de trabajo, varios automóviles de profesores quedaron en el campus; y aunque pudieron recuperarlos posteriormente, algunos académicos presentaron acusaciones judiciales por este hecho (“Anoche estudiantes”, 1980, p. 8A; “Tecnológico paraliza”, 1980, p. 13; “Fuerzas se polarizan”, 1980, p. 2; “Tras desalojo”, 1980, p. 6A; “Grupo de padres”, 1980, p. 8A).

De inmediato, el rector calificó la acción de la Feitec como extremista y desestabilizadora, y acusó a los estudiantes de interceptar y cortar las líneas telefónicas y el fluido eléctrico, además de obstaculizar el paso vehicular. Simultáneamente, el Consejo Director acordó suspender las lecciones hasta el 27 de octubre y autorizó al rector para sancionar con la expulsión del ITCR

Adicionalmente, el rector advirtió que si para la fecha fijada no se había normalizado la situación, se procedería a clausurar el curso lectivo, con lo cual quienes tenían planeado graduarse a finales de 1980, deberían esperar un año para hacerlo. La Feitec denunció que tales medidas procuraban dividir al movimiento estudiantil, escisión que se manifestó rápidamente, ya que el mismo 15 de octubre, la Asociación de Estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas se pronunció en contra de la huelga y repudió la toma de las instalaciones (“Serios problemas”, 1980, p. 4). En este contexto, el rector, mediante un discurso por televisión dado el 16 de octubre, exhortó a los alumnos a deponer el paro mediante acuerdos de las asociaciones de carrera; por entonces, unos doscientos estudiantes, que ocupaban el ITCR, ya habían instalado tiendas de campaña. Igualmente, ese mismo día, un grupo de aproximadamente cuarenta funcionarios docentes y administrativos del ITCR exhortó al Consejo y al Feitec a que buscaran una solución negociada al conflicto; pero sin éxito (“Rector del ITCR pide”, 1980, p. 10A).

Para el 17 de octubre, el periódico La Nación publicó en editorial en el que se refirió a los alumnos del ITCR como párvulos, afirmó que jugaban de guerrilleros y que habían “sucumbido a la tentación de sentirse héroes de opereta” (“Editorial. Los párvulos”, 1980, p. 14A). Lejos de ser una excepción, el editorial precedente, como se constata en la Tabla 2, fue parte de la tendencia adversa a los estudiantes que dominó en los medios de comunicación durante las dos primeras semanas del conflicto. Tal fenómeno se explica por tres factores principales. Ante todo, en octubre de 1980 el país se encontraba ya en plena crisis económica, que se manifestaba en la devaluación constante del colón frente al dólar y en el incremento de la inflación, procesos cuyo impacto social y político se desconocía (Rivera, 1982, pp. 102-109). En términos regionales, la Guerra Fría tendía a intensificarse en Centroamérica, lo que llevó a la mayoría de la prensa costarricense a asumir una posición cada vez más hostil con respecto a la Revolución sandinista (Astorga, 2018). Por último, nunca antes en la historia de Costa Rica la sede principal de una universidad pública había sido completamente tomada por los estudiantes.

De esta manera, a diferencia de la primera huelga, la segunda comenzó en un contexto nacional e internacional muy desfavorable y empezó con una acción directa sin precedentes. Poco sorprende que, en tales condiciones, casi no hubiera manifestaciones a favor de los alumnos en la etapa inicial del conflicto, ni siquiera en medios de comunicación de izquierda, como Libertad (órgano del Partido Vanguardia Popular), o de esa orientación, como el Semanario Universidad. Tal falta de apoyo público podría haber contribuido a que los líderes estudiantiles fueran denunciados penalmente (“Recurso contra líder”, 1980, p. 1; “Acusados estudiantes”, 1980, p. 2). De hecho, la propia comisión legislativa conformada en marzo, expresó el 17 de octubre que la posición de los jóvenes perjudicaba al país y los instó a abandonar “su actitud actual”. En este mismo sentido, se manifestaron algunos vecinos y organizaciones comunales, la Municipalidad de Cartago, un sector de alumnos del ITCR y la asociación de egresados de dicha institución, todos los cuales respaldaron al Consejo Director (“Comisión legislativa insta”, 1980, p. 10A).

La tendencia a aislar a la Feitec fue rota por el grupo de funcionarios académicos y administrativos del ITCR que el 16 de octubre exhortó a las autoridades y a los estudiantes del ITCR a negociar. Además, al día siguiente, la Feurc y las asociaciones de estudiantes de Geografía y Periodismo de la UCR manifestaron su apoyo a la huelga, y más importante aún, se formó una comisión mediadora local, integrada por el sacerdote de la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles (la virgen patrona de Costa Rica, que constituye un símbolo religioso y nacional fundamental), el presidente municipal de Cartago, el gobernador y comandante de plaza de la provincia homónima, el director regional del MEP y el director del Colegio San Luis Gonzaga. Adicionalmente, un grupo de profesores del ITCR solicitó al Consejo Director y a la Feitec que flexibilizaran sus posiciones (“Se formó comisión”, 1980, p. 2; “Comisión legislativa insta”, 1980, p. 10A).

Puesto que el 18 de octubre el Consejo Director rechazó toda posibilidad de negociar con los estudiantes, la Feitec declaró a ese órgano incapaz de resolver el conflicto, al tiempo que se realizaban manifestaciones en Cartago a favor de las partes contendientes (“Situación del Tecnológico”, 1980, p. 2). En estas circunstancias, alguien (probablemente el sacerdote que integraba la comisión) tuvo la iniciativa de efectuar una misa el 19 de octubre, a la que asistirían los jóvenes con sus familias. Dado que los jóvenes habían sido calificados de guerrilleros, terroristas y extremistas, dicha actividad religiosa parece haber tenido el propósito de contrarrestar la campaña mediática en contra de los estudiantes, al mostrarlos como buenos católicos y de paso legitimar la intervención de la comisión en la búsqueda de una solución negociada al conflicto (“Persiste conflicto”, 1980, p. 2A).

Si bien a la misa asistieron alrededor de 300 personas, entre estudiantes, padres de familia y funcionarios del ITCR, un centenar de alumnos opuestos a la huelga se dedicaron a la tarea de recoger firmas para que se reanudaran las lecciones. Además, varias entidades educativas cartaginesas ofrecieron sus instalaciones para que fueran utilizadas para dar clases, si a las autoridades universitarias les parecía. Finalmente, el rector declaró que los planteamientos de la comisión mediadora no habían sido aceptados porque fueron considerados como imposiciones contra el Consejo Director (“Estudiantes ajenos”, 1980, p. 12A). Dos días después, el 21 de octubre, el rector, con “un gracias por su colaboración”, dio por finalizada la mediación de la comisión, a lo que el sacerdote que la integraba respondió con un llamado a las partes para que retornaran a la vía del diálogo, y declaró que “fuerzas extrañas se mueven dentro de una institución que es ejemplo de eficiencia administrativa y docente” (“Crisis empeora”, 1980, p. 8A).

La favorable posición que tenía el Consejo Director en la esfera pública fue reforzada, precisamente a partir del 21 de octubre, por la publicación de varios campos pagados, que expresaban el respaldo de grupos de ciudadanos y de funcionarios administrativos y docentes del ITCR a la línea dura seguida por las autoridades universitarias. Como se observa en la Figura 2, a diferencia de la primera huelga, en la segunda el Consejo superó decisivamente a la Feitec en la compra de espacios en los medios de comunicación, una ventaja que se amplió porque, de los 18 campos que fueron adquiridos por otras personas, organizaciones e instituciones, solo 6 respaldaban la posición de los estudiantes.

Pese a toda la presión en contra, el paro estudiantil se mantuvo firme: con el fin de determinar el apoyo con que contaba entre los alumnos, el Consejo Director dio plazo hasta el 20 de octubre, a las cinco de la tarde, para que firmaran un documento en el que se comprometían a retornar a clases el 27 de octubre. Aunque según las autoridades universitarias muchos jóvenes firmaron, de acuerdo con la Feitec solo 70 personas lo hicieron. Además, la Asociación de Egresados del ITCR apoyó la posición de la Feitec de integrar una comisión de alto nivel para encontrar una solución negociada al conflicto (“Sin solución visible”, 1980, p. 8A). Dado que el Consejo rechazó nuevamente todo diálogo con los huelguistas, tanto la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna) como la Feucr manifestaron su apoyo irrestricto a la Feitec, al igual que la Unión Zonal de Asociaciones de Desarrollo Comunal de Cartago y cientos de estudiantes de la enseñanza de secundaria, que en la noche del 22 de octubre se manifestaron, en el casco urbano cartaginés, a favor de la huelga (“Feitec seguirá línea”, 1980, p. 3; “Fracasó mediación”, 1980, p. 2; “Estudiantes del Tecnológico firmes”, 1980, p. 11).

En respuesta al fracaso de la iniciativa para firmar el documento, el Consejo Director resolvió ratificar la denuncia judicial que había interpuesto contra la Feitec y publicar dos campos pagados de una página. En el primero, reprodujo el editorial de La Nación que equiparaba a los estudiantes con guerrilleros y un artículo del abogado Enrique Benavides, que descalificaba toda forma de negociación (“Acción legal”, 1980, p. 2A; “La prensa en defensa”, 1980, p. 22A); y en el segundo, que fue ilustrado con varias fotografías de las instalaciones del ITCR tomadas por los alumnos en las que se veían automóviles volcados (traídos por los estudiantes de un basurero para levantar sus barricadas) (Ugalde, 1980, p. 24), desnacionalizó a los jóvenes, al afirmar que habían recurrido a “procedimientos anti-costarricenses” (“Costarricenses”, 1980, p. 11).

Adicionalmente, el Consejo Director manifestó su disposición a negociar con un pequeño grupo de estudiantes, organizado bajo el nombre de Movimiento Estudiantil Democrático del ITCR (Meditec), quienes afirmaban compartir las reivindicaciones de los huelguistas, pero no sus procedimientos, y trató de que se reanudaran las clases en las sedes del ITCR en San José y San Carlos. En respuesta a esta situación, el presidente de la Feitec, Víctor Julio Bermúdez, se dirigió al país por cadena de radio y televisión en la noche del 24 de octubre, gracias al financiamiento dado por varios ciudadanos cartagineses, con el propósito de aclarar que “no somos ni párvulos guerrilleros ni extremistas, sino un grupo de estudiantes que luchan justamente por mejoras en nuestro sistema de estudios” (“ITCR reanuda”, 1980, p. 6A; “Reanudan en forma”, 1980, p. 4).

Si bien los campos pagados en prensa, radio y televisión permitieron que la Feitec pudiera empezar a contrarrestar la campaña mediática en su contra, el hecho que más contribuyó a ese cambio fue un aparente descuido periodístico. El 25 de octubre La Nación publicó una foto de las instalaciones del ITCR tomadas por los estudiantes con este pie: “armado con un rifle (al centro) un dirigente del movimiento huelguístico […] montó guardia ayer por la mañana. También utilizan walkie-talkies para comunicarse con los grupos al frente de las diferentes barricadas” (“Habrá diálogo”, 1980, p. 8A). Al día siguiente, el periódico tuvo que retractarse, al reconocer que la foto captó a unos estudiantes de secundaria que se dedicaban a cazar palomas cerca de la entrada principal del ITCR con un rifle de balines. Adicionalmente, el sacerdote de la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, que había formado parte de la comisión mediadora local, fue invitado por la Feitec a recorrer las instalaciones, tras lo cual aseguró que había orden y disciplina, que no se había producido ningún daño y que los estudiantes no tenían armas (“Feitec niega”, 1980, p. 6A).

Paralelamente, un grupo de docentes y administrativos del ITCR, mediante un campo pagado de una página completa, se manifestó en contra de la decisión del Consejo Director de suspender el curso lectivo y de clausurarlo el resto del año si los estudiantes no se reincorporaban a lecciones a partir del 27 de octubre. Igualmente, indicó que las autoridades universitarias habían demostrado un “carácter autoritario y represivo”, que atentaba “contra la integridad y derechos de los funcionarios”. Al respecto, denunciaron que el 24 de octubre un grupo de funcionarios reunidos con el objetivo de buscar un arreglo negociado al conflicto, fueron espiados y fotografiados por un docente que era un aliado incondicional del Consejo, de todo lo cual fue testigo el diputado del PLN, Ángel Edmundo Solano (“No se puede cerrar”, 1980, p. 26).

Tal denuncia, que era de conocimiento público desde el 25 de noviembre (“Habrá diálogo”, 1980, p. 8A), es de suma importancia no solo porque evidencia el tipo de ambiente laboral que prevalecía en el ITCR, sino porque sugiere que, por lo menos un sector de funcionarios docentes y administrativos, se identificó decisivamente con las reivindicaciones de la Feitec. Dado que el sindicato estaba apenas en una etapa muy inicial de su desarrollo y el carácter autoritario con que era administrado el ITCR, el movimiento estudiantil podía convertirse en un medio estratégico para promover cambios institucionales que permitieran no solo a los estudiantes, sino a otros miembros de la comunidad universitaria, reforzar su posición de poder en relación con el Consejo Director. Si efectivamente se estableció una alianza tácita entre ese sector de funcionarios y la Feitec, dicho acuerdo explicaría de dónde procedió una parte de los fondos para financiar los campos pagados de los estudiantes en los medios de comunicación.

La retractación de La Nación y la denuncia de los funcionarios abrieron -por vez primera desde el inicio de la huelga- un espacio significativamente favorable para la Feitec en la esfera pública. Fue en este marco que dos diputados del PLN, Ángel Edmundo Solano (quien fuera testigo del supuesto espionaje hecho a funcionarios del ITCR) y Armando Arauz, empezaron a negociar con los estudiantes desde alrededor del 25 de octubre. Los legisladores propusieron que la Feitec entregara las instalaciones al Contralor General de la República, quien verificaría que se encontraban en buen estado antes de traspasarlas al Consejo Director, que aceptaría la formación de una comisión que analizaría el origen del conflicto, escucharía a las partes y rendiría un informe en un plazo de treinta días (“ITCR clausuró”, 1980, p. 6A).

En un intento por volver a inclinar la balanza a su favor, el Consejo Director acordó realizar una marcha el lunes 27 de octubre en la mañana, con el declarado propósito de que los alumnos levantaran la huelga y entregaran las instalaciones (“Feitec niega”, 1980, p. 6A). Aunque la marcha se realizó, no consiguió los resultados esperados y más bien interrumpió las negociaciones que en ese momento sostenían la Feitec y los legisladores Solano y Arauz. Según Enrique Benavides, el rector y sus acompañantes ni siquiera pudieron ingresar al ITCR y se les mantuvo a “una distancia conveniente”; y cuando trataron de expresar sus puntos de vista, los estudiantes empezaron a cantar el Himno Nacional “para ahogar sus palabras” (Benavides, 1980, p. 14A).

En razón del fracaso de la movilización, las autoridades universitarias resolvieron clausurar el ciclo lectivo por lo que restaba del año, excepto para los alumnos que hubieran firmado el documento, anteriormente mencionado, en el que se comprometían a retornar a lecciones. Aunque el rector evitó responder a la pregunta de si solicitaría que interviniera la policía para desalojar a los estudiantes, en la madrugada del martes 28 de octubre una fuerza compuesta por entre 250 y 500 efectivos antimotines, se presentó al ITCR y dialogó durante unos cuarenta minutos con los jóvenes para que depusieran el movimiento. Dado que no lo hicieron, la policía inició un operativo, que duró aproximadamente quince minutos, como resultado del cual tomó las instalaciones del ITCR y detuvo a ochenta estudiantes, incluidos dirigentes de la Feitec; veinticinco estudiantes (entre varones y mujeres) tuvieron que ser atendidos debido a los gases lacrimógenos, y tres debieron ser traslados al hospital Max Peralta de Cartago. Algunos resultaron heridos por los vidrios de las ventanas de la soda en que se refugiaron, luego de que la policía los rompiera al disparar las bombas de gas lacrimógeno (“Policía tomó”, 1980, p. 10; “Tras desalojo”, 1980, p. 6A; “Policía intervino”, 1980, p. 5; “La policía tomó”, 1980, p. 8).

De los jóvenes arrestados, dos fueron llevados a la Comandancia cartaginesa y el otro a la Detención General de la Policía Militar. A un periodista de Radioperiódicos Reloj se le obligó a retirarse mientras informaba del curso de los acontecimientos, que fueron calificados por los estudiantes como “una barbaridad que riñe con nuestras costumbres y tradiciones” (“Policía tomó”, p. 10; “Tras desalojo”, 1980, p. 6A; “Policía intervino”, 1980, p. 5). Según algunas fuentes, el periodista en realidad fue arrestado porque fue confundido con un estudiante, pero de acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, la verdadera razón por la que resultó detenido fue porque ayudó -sin éxito- a que el presidente de la Feitec tratara de escapar en un auto que se daba a la fuga (“Policía actuó”, 1980, p. 2; “Intransigencia”, 1980, p. 15). Después de desalojarlos, la policía también decomisó las pertenencias de los alumnos, entre las cuales había dos bicicletas, una guitarra, ropa, colchones, maletines, pancartas y documentos (“Policía intervino”, 1980 , p. 5; “Tras desalojo”, 1980, p. 2A; “Cartagineses”, 1980, p. 15).

La intervención policial, que fue solicitada por el rector del ITCR ante el Juez de Instrucción de Cartago (“Policía actuó”, 1980, p. 2), se convirtió, como se observa en la Tabla 2, en la carta de triunfo para la Feitec, ya que diferentes sectores sociales repudiaron el uso de la fuerza en contra de los alumnos. Si bien el conflicto en el ITCR se desarrolló como una confrontación predominantemente masculina, había estudiantes mujeres entre quienes tomaron las instalaciones. Pese a que algunas fuentes señalan que las jóvenes se dedicaban principalmente a labores domésticas (sobre todo a cocinar), según otros testimonios también hacían guardia y ayudaban a mantener el orden y a cuidar el patrimonio institucional (“Fuerzas se polarizan”, 1980, p. 2; “Si en el Tecnológico”, 1980, p. 14; Ugalde, 1980, p. 24). Prácticamente todos los medios evitaron mencionar o detallar la represión ejercida en contra de las alumnas durante el desalojo, excepto el Semanario Universidad que, al entrevistar al coronel Guillermo Molina, gobernador y comandante de plaza de Cartago que dirigió el desalojo, consignó lo que dicho funcionario expresó sobre el comportamiento de las alumnas refugiadas en la soda del ITCR mientras la policía las gaseaba: “nunca faltan las mujeres que corrían y se desesperaban por salir” (“No violamos”, 1980, p. 14).

De esta manera, al violento desalojo de los estudiantes, se sumó una importante dimensión de género, que intensificó el repudio generalizado a la intervención policial. A tal rechazo contribuyó también un decisivo trasfondo histórico. Tras la abolición del ejército en 1948 (Muñoz, 1990, pp. 141-156), en Costa Rica se fortaleció una cultura civilista, que privilegiaba la negociación más que la represión como medio para resolver los conflictos. Además, aunque la Feitec no vinculó su lucha con la que emprendieron los jóvenes en contra de Alcoa en 1970, en 1980 la movilización realizada diez años antes ya se había consolidado en la memoria colectiva como un proceso en el cual los estudiantes fueron reprimidos por defender la soberanía nacional (Chaves, 2018, pp. 103-133). Más localmente, en Cartago persistía el recuerdo de una marcha efectuada en 1962 para oponerse al incremento de las tarifas eléctricas, que fue disuelta por las autoridades con un saldo de varios muertos y decenas de heridos (Alvarenga, 2005, pp. 169-213).

En horas de la tarde del 28 de octubre y bajo una fuerte lluvia, estudiantes del ITCR, de la UNA, de la UCR y de segunda enseñanza realizaron una marcha que culminó en el edificio del Congreso, para demandar la liberación del presidente de la Feitec. A su vez, el presidente de la Feucr, perteneciente a la juventud del PLN, condenó la actuación de la policía y afirmó que la autonomía universitaria había sido violada La Asamblea Legislativa, en razón de la gravedad de los hechos y a pedido de los diputados liberacionistas Solano, Arauz y Mario Coto Varela, empezó a debatir sobre el nombramiento de una nueva comisión especial para analizar todo lo sucedido en el ITCR, que al final fue integrada por dos legisladores del PLN y uno de la gobiernista Coalición Unidad (“Comisión legislativa analizará”, 1980, p. 6A; “Paro en universidades”, 1980, p. 2; “Debate en Asamblea”, 1980, p. 2).

Políticamente, la situación del ITCR era compleja, ya que el desalojo de los estudiantes fue realizado por el Poder Ejecutivo (de hecho, el propio ministro de Seguridad Pública declaró que se sentía “orgulloso de haber ejecutado la orden judicial”), pero los liberacionistas se veían limitados para capitalizar electoralmente esa acción -con vistas a los comicios de febrero de 1982- porque el rector del ITCR pertenecía al PLN (“Comisión legislativa analizará”, 1980, p. 6A; “Gobierno actuó”, 1980, p. 2; “Tras desalojo”, 1980, p. 6A). En tales circunstancias, fue que Arauz, muy diplomática y cautelosamente, señaló que, antes de solicitar que interviniera la fuerza pública, debieron agotarse otros canales de comunicación. En contraste, los diputados de la coalición izquierdista Pueblo Unido anunciaron que presentarían un proyecto de reforma a la ley constitutiva del ITCR para variar la integración del Consejo Director (un cambio similar fue solicitado por el Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR) (“Comisión legislativa analizará”, 1980, p. 6A; “Consejo Asesor”, 1980, p. 7; “Pueblo Unido”, 1980, p. 9).

Si bien la expectativa de las autoridades del ITCR era reiniciar lecciones a partir del 30 de octubre (“Tras desalojo”, 1980, p. 6A), el 29 de octubre la Feitec, la Feucr, la Feuna y la Federación de Estudiantes de Segunda Enseñanza (Fese) se declararon en huelga indefinida en protesta por la intervención policial (“Universidades y colegios”, 1980, p. 3). Ese mismo día, en la tarde, jóvenes del ITCR y de las otras universidades públicas, junto con alumnos de colegio, desfilaron por las calles de Cartago en la llamada “marcha del entierro”, en dirección a los tribunales de justicia, donde se manifestaron a favor de la excarcelación del presidente de la Feitec, contra quien fueron presentadas ocho denuncias judiciales, seis por retención indebida de vehículos interpuestas por profesores, una por el rector, que lo acusó de usurpar terrenos de dominio público, y otra por el Procurador Penal Roberto Steiner, que lo denunció por desacato a la autoridad. Dicho líder estudiantil fue efectivamente liberado el 30 de octubre, luego del pago de una fianza de 3.500 colones (“Continúa el problema”; 1980, p. 2; “Tras desalojo”, 1980, p. 6A; “Acción legal”, 1980, p. 2A; “Universidades pararon”, 1980, p. 2; “Grupo de alumnos”, 1980, p. 6A). Además, el Consejo Universitario de la UCR, pese a la oposición del rector de esa institución y de la ministra de Educación Pública, dio a conocer un pronunciamiento en el que expresó “su profunda preocupación por los graves hechos ocurridos en el Instituto Tecnológico” (“Grupo de alumnos”, 1980, p. 6A; “Policía tomó”, 1980, p. 10).

El periódico La Nación se apresuró a descalificar las manifestaciones de repudio a la intervención policial como una esperable “reacción subversiva” (“Editorial. La reacción”, 1980, p. 14A); pero tal punto de vista lo único que evidenció fue que el diario no logró valorar debidamente cómo el desalojo de los estudiantes convirtió un conflicto local en uno de carácter nacional, que empezaba a extenderse por toda la institucionalidad del Estado costarricense, un proceso facilitado por la influencia fundamental que tiene el sistema educativo público en Costa Rica. En tales circunstancias, no sorprende que muy pocos alumnos se reincorporan a lecciones en el ITCR a partir del 30 de octubre y que al día siguiente se realizara en San José una multitudinaria marcha de estudiantes universitarios y de segunda enseñanza, que culminó en el Parque Central en protesta por la intervención policial (“Pocos alumnos”, 1980, p. 10A; “Estudiantes del ITCR mantienen”, 1980, p 6A).

Casi una semana después del desalojo, el 3 de noviembre, la Feitec presentó a la comisión legislativa un documento en el que solicitaba que no hubiera represalias académicas ni disciplinarias en contra de los huelguistas ni de funcionarios docentes o administrativos (el que esta reivindicación comprendiera también a sectores no estudiantiles es un indicador adicional de la posible alianza entre los jóvenes y profesores y empleados que resentían el sistema de gobierno del ITCR). También demandaron que se recuperara el tiempo lectivo perdido y que el Consejo Director se pronunciara en un plazo de ocho días sobre lo acordado por la comisión (“Posible solución”, 1980, p. 4A). Simultáneamente, los padres de familia de los jóvenes redoblaron sus esfuerzos para dar a conocer sus puntos de vista en los medios de comunicación (“Grupo de padres”, 1980, p. 8A). Pronto fue evidente que las posibilidades de un arreglo eran dificultadas por la insistencia de las autoridades universitarias en sancionar a los estudiantes. En razón de lo anterior, la comisión legislativa rindió dos dictámenes el 10 de noviembre, uno de minoría, que recomendaba eliminar las sanciones, y el de mayoría, que aconsejaba mantenerlas (“Fracasó esfuerzo”, 1980, p. 3; “Diputados difieren”, 1980, p. 6A).

Al día siguiente, la Feucr, la Feuna y diecisiete organizaciones sindicales (incluida la que existía en el ITCR) publicaron un campo pagado en el que condenaron la intervención policial como violatoria del “Sagrado Principio de la Autonomía Universitaria”, denunciaron la reiterada intransigencia del Consejo Director, criticaron los dictámenes legislativos por no dar “garantías reales de solución al conflicto” que tenía su origen fundamental en las “estructuras anti-democráticas” del ITCR, y solicitaron a la Asamblea Legislativa que resolviera con justicia las demandas de los estudiantes y que no se les aplicaran sanciones (“Al plenario”, 1980, p. 3). Ese mismo 11 de noviembre, mediante un campo pagado, la Feitec organizó una nueva marcha a la Asamblea Legislativa “en defensa de nuestros derechos” y en contra del Consejo Director que “insiste obstinadamente en vengarse a como haya lugar de los estudiantes” (Feitec, 1980d, p. 12).

Fue en el contexto de estas manifestaciones y movilizaciones que los diputados acordaron, el 12 de noviembre, conformar dos comisiones. La primera, presidida por el presidente de la Asamblea Legislativa y compuesta por un representante del Consejo Director, por uno de los estudiantes, por uno de los profesores y por uno de los egresados, analizaría si cabía aplicar sanciones a los alumnos o a las autoridades por la paralización del ITCR. La segunda, de carácter técnico, evaluaría el sistema de becas, los requisitos que debía cumplir el representante estudiantil ante el Consejo y la problemática de las residencias estudiantiles. Cada comisión rendiría un informe en un plazo de noventa días (“Asamblea votó”, 1980, p. 2).

Al proceder como lo hizo, la Asamblea claramente adoptó una posición favorable a los estudiantes, al extremo incluso de que amplió el debate sobre las sanciones para incluir al propio Consejo Director como parte cuya actuación debía ser investigada. El Poder Ejecutivo resolvió apoyar el acuerdo legislativo el 13 de noviembre, y ese mismo día la Feitec manifestó su satisfacción por lo acordado e indicó que tenía la intención de buscar un diálogo con las autoridades universitarias al día siguiente. En contraste, el rector del ITCR se mostró cauteloso e indicó que lo dispuesto por los diputados podía violar la autonomía universitaria (“Feitec buscará”, 1980, p. 3A; “Ejecutivo apoya”, 1980, p. 10A). Dos días después, el 15 de noviembre y mediante un campo pagado, la Feitec (1980e, p. 7) denunció que el Consejo había tergiversado las recomendaciones legislativas y se proponía solicitar una revisión para “ajustarlas a su entero gusto”. Por tanto, convocó a una marcha para el lunes 17 de noviembre hacia la Asamblea Legislativa con el propósito de presionar a los diputados para que ratificaran el acuerdo y que “se ahogue así” el intento del Consejo de desvirtuarlo. La posición de las autoridades del ITCR fue apoyada por el ex ministro de Educación Pública y destacada figura del PLN, Fernando Volio Jiménez (“Resolución de la Asamblea”, 1980, p. 2), y por el periódico La Nación que, precisamente el 17 de noviembre, publicó un editorial en contra de lo acordado por la Asamblea, a la que acusó de proceder de manera nefasta y de violar la autonomía universitaria; además, se manifestó a favor de que los estudiantes que participaron en la toma de las instalaciones fueran sancionados (“Editoriales. Una intervención”, 1980, p. 14A).

Efectivamente, el 17 de noviembre el Consejo Director solicitó a la Asamblea Legislativa que revisara el acuerdo, pero los diputados se mantuvieron firmes en su decisión, por lo que el Consejo insistió en que lo resuelto por los legisladores podía violar la autonomía universitaria y dejó entrever la posibilidad de desatender esas recomendaciones (“ITCR podría”, 1980, p. 2A). Al final, las aceptó, pero “con algunas reservas”, en relación con el plazo en que deberían rendir el informe las comisiones, la reincorporación de los alumnos a clases, la recuperación del tiempo lectivo perdido, y la integración del estudiante a la comisión que analizaría las sanciones. La Feitec, luego de conocer las modificaciones que pretendía hacer el Consejo, las rechazó por considerarlas inaceptables y confusas, denunció que el Consejo se proponía integrar las comisiones con “profesores de confianza” y convocó a una nueva asamblea general estudiantil el 20 de noviembre en el centro de Cartago (“En vías de solución”, 1980, p. 6A; “Conflicto se mantiene”, 1980, p. 3).

Para enfrentar la oposición estudiantil, el Consejo decidió publicar, entre el 20 y el 22 de noviembre, un campo pagado de página completa en los principales periódicos del país, en el que manifestó que había “dispuesto acoger las recomendaciones de la Asamblea Legislativa en aquellos aspectos esenciales que no lesionen dicha autonomía”, para lo cual tomó en consideración los criterios de los departamentos docentes del ITCR así como de Meditec, la organización estudiantil formada por alumnos que estaban en desacuerdo con la Feitec (“El Consejo Director”, 1980, p. 13). Aunque se preveía que los jóvenes retornaran a lecciones el lunes 24 de noviembre (“Próxima semana”, 1980, p. 6A), ese regreso no se hizo efectivo porque no se logró un acuerdo entre la Feitec y el rector (“Incertidumbre”, 1980, p. 1).

Sin valorar debidamente la correlación de fuerzas sociales e institucionales que había en ese momento, el Consejo Director acordó analizar la posibilidad de suspender los préstamos que habían sido adjudicados a los jóvenes con la excusa de que ya no eran estudiantes (“Tecnológico estudia”, 1980, p. 3). Tal proceder indignó a un grupo de diputados de diversos partidos políticos, quienes acusaron al Consejo de alterar sensiblemente el acuerdo legislativo, de afectar a los alumnos y de mostrar una actitud

Después de esta nueva intervención legislativa, la huelga terminó ese mismo 27 de noviembre, en horas de la tarde, una vez que la Feitec dio su aprobación a las nuevas propuestas de las autoridades universitarias, que esencialmente aceptaron todas las demandas estudiantiles en relación con la integración de las comisiones, la recuperación del tiempo perdido, el retorno a lecciones y el desembolso de los préstamos. Los jóvenes regresaron a clases a partir del 28 de noviembre, luego de 45 días de huelga. Según el presidente de la Feitec lo acordado fue “un triunfo para los estudiantes porque se confirman tesis mantenidas desde un principio”. A su vez, el rector manifestó que temas relacionados con vivienda, becas y otros asuntos serían vistos por la comisión correspondiente, que no era “de tipo mandatorio sino que permitirá mantener el principio de autoridad de la institución” (“Terminó conflicto”, 1980, p. 2A; “Resuelto conflicto”, 1980, 2; “Estudiantes vuelven”, 1980, p. 1; “Alumnos del Tecnológico reinscribieron”, 1980, p. 10A). De esta manera, la finalización del conflicto no supuso que se modificaran de inmediato las condiciones estructurales que lo habían originado.

Conclusión

A diferencia de otras experiencias latinoamericanas en las que el movimiento estudiantil se desarrolló como resultado de un largo proceso histórico, durante el cual los jóvenes crearon sus propias organizaciones independientes de las autoridades universitarias y críticas de su entorno institucional, nacional e internacional, la Feitec fue resultado de un proceso predominantemente inducido por el Consejo Director del ITCR. Dicho órgano precisaba organizar a los alumnos para que pudieran elegir a su representante en la estructura de gobierno y cumplir así con lo dispuesto en la legislación y en el Estatuto Orgánico, y para que, bajo el liderazgo de las autoridades universitarias, se movilizaran en defensa de la equiparación de derechos de los graduados del ITCR, en particular con respecto a los titulados de la UCR.

Las luchas libradas junto con el Consejo Director entre 1976 y 1979 posibilitaron que la Feitec acumulara la experiencia y adquiriera los recursos necesarios para independizarse, un cambio favorecido por el deterioro de las condiciones económicas del país y del cual las autoridades universitarias solo se percataron al iniciar la primera huelga, en febrero de 1980. Desde que empezó el conflicto, el Consejo asumió una posición de fuerza que se resistía al diálogo y recurría a las amenazas; en contraste, los estudiantes demostraron una extraordinaria capacidad para ganarse el respaldo de los medios de comunicación, apelar a algunos de los fundamentos históricos de la identidad nacional costarricense, involucrar a fuerzas políticas locales y nacionales, y crear una estratégica red de apoyo con la participación de diversos sectores de la comunidad cartaginesa.

Aunque la Feitec ganó la primera huelga, ese triunfo no se materializó en cambios efectivos, por lo que los estudiantes, a mediados de octubre de 1980, no solo se declararon en paro, sino que tomaron las instalaciones del ITCR. Si bien esta iniciativa radical originó una intensa campaña mediática en su contra, tal proceso contribuyó a que el conflicto se posicionara decisivamente en la esfera pública, a que el principal periódico de Costa Rica (La Nación) tuviera que retractarse por publicar información inexacta sobre la vigilancia armada que supuestamente practicaban los jóvenes, y a que se manifestara la división existente entre los funcionarios docentes y administrativos que respaldaban al Consejo Director y quienes cuestionaban a ese órgano.

Con el violento desalojo de los estudiantes ocurrido el 28 de octubre, el Consejo Director perdió toda la ventaja que tenía en la esfera pública, ya que se produjo un repudio generalizado a la primera vez que la policía intervino en una universidad pública costarricense. En vez de retornar a lecciones, los jóvenes se mantuvieron en huelga, apoyados ahora sí de manera sistemática por otras federaciones estudiantiles universitarias y de segunda enseñanza, por periódicos como el Semanario Universidad y Libertad, por instancias como el Consejo Universitario de la UCR y por diversos sindicatos. Presionada por estas fuerzas sociales, la Asamblea Legislativa tomó un acuerdo muy favorable para la Feitec, que fue respaldado por el Poder Ejecutivo. Aunque el Consejo Director invocó la autonomía del ITCR para no aceptarlo primero y para desvirtuarlo después, los diputados no modificaron su posición y más bien algunos legisladores cuestionaron públicamente al Consejo.

Durante todo el proceso de lucha, la Feitec fue extremadamente cuidadosa y limitó sus demandas estrictamente a los intereses estudiantiles, a los que disoció de toda reivindicación que pudiera parecer izquierdista. Aunque este proceder llevó a que los sectores de izquierda fueran indiferentes con la segunda huelga en su etapa inicial, fue estratégico para mantener la unidad de alumnos cuyas familias estaban identificadas con diversos partidos políticos, para establecer conexiones y alianzas con los regidores y diputados, para involucrar a sacerdotes como el de la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles y para asegurarse el respaldo de comunidades cartaginesas predominantemente afiliadas con el PLN.

Pese a que las dos huelgas tuvieron una duración distinta, en ambos casos el conflicto se polarizó de manera muy rápida, un fenómeno que en parte se relaciona con su específica dimensión de género: el estudiantado era predominantemente masculino y el Consejo Director estaba exclusivamente compuesto por varones. La tensión por la masculinidad en juego favoreció más a los jóvenes, que lograron explotar a su favor las diferencias de edad y clase que los separaban de las autoridades universitarias. Tal ventaja se consolidó tras la intervención policial, ya que el uso de la fuerza supuso un enfrentamiento desigual entre hombres fuertemente armados y debidamente entrenados contra muchachos y muchachas indefensos.

La vertiginosa polarización del conflicto, sin embargo, fue resultado también de que, dado el sistema autoritario y vertical de gobierno que prevalecía en el ITCR, no existía una cultura institucional del diálogo ni de la negociación, ni instancias que la promovieran. Dado que el ITCR fue diseñado para ser administrado con un enfoque empresarial y patronal, el poder del Consejo Director carecía de contrapesos, los cuales hubieran permitido democratizar al ITCR a partir de reformas progresivas impulsadas por su comunidad universitaria. Debido a este vacío, la democratización tenía que ser llevada a cabo por otros medios, y la única fuerza que podía impulsarla eran los estudiantes, lo que explica el apoyo que los jóvenes recibieron de sectores docentes y administrativos interesados en mejorar sus condiciones laborales.

Si bien las huelgas de 1980 no condujeron a la reforma inmediata del sistema de gobierno del ITCR (para ello fue necesaria otra huelga estudiantil más, realizada en 1982), sentaron las bases para que iniciara el proceso que culminó en ese cambio decisivo. Con la formación de una comisión que debía investigar el origen del conflicto entre el Consejo Director y los estudiantes, se abrió una vía institucional para evidenciar las profundas diferencias existentes entre estudiar y laborar en el ITCR y hacerlo en las otras universidades estatales. Además, en el medio académico, en el mundo político y en la esfera pública, el tema de que era necesario democratizar al ITCR quedó, desde finales de 1980 y gracias a los párvulos guerrilleros, en agenda para el futuro inmediato.

Referencias

Fechas de Publicación

Histórico