Introducción

Cuando los cultores de las Ciencias Políticas se refieren a los Deberes y Derechos de los Estados y hacen alusión a las vinculaciones que entre unos y otros deben existir, en el fondo están hablando de Derecho Internacional, de un conjunto de normas destinadas a establecer el “deber ser”, la manera ideal en que deben conducirse esas relaciones. Cuando escuchamos hablar de tales términos, nos saltan a la mente las siguientes interrogantes: ¿El Derecho Internacional es, en realidad, un sistema? ¿Posee en sí mismo las características que algunos autores, como Santiago Nino, señalan como imprescindibles para su existencia, esto es: conjunto de normas; institucionalización de las mismas; coactividad necesaria para hacerlas cumplir?

Creemos que las dos primeras características exigidas por Nino se cumplen, pero que la tercera, relacionada directamente con su efectividad y eficacia, es decir, la más importante y trascendente para justificar su utilidad práctica, no se da. Entramos entonces al campo de la Política Internacional, al campo de “el ser”, de lo funcional, de lo concreto.

Consideramos que los Estados, al igual que los individuos, deberían estar sometidos a determinadas pautas de cumplimiento obligatorio, a un “deber ser” que regule la convivencia. Para tal fin sería necesario contar con instrumentos y mecanismos adecuados que los hagan obedecer esas pautas, porque debe existir una verdadera relación jerárquica entre el “deber ser” y “el ser”. Entonces nos surge otra interrogante: ¿Cómo podemos plantear con realismo esa relación entre Derecho Internacional y Política?

Para nosotros el vínculo de subordinación deseable, no tiene cabida en el ámbito de las Relaciones Internacionales porque se invierte, es decir, la Política se antepone al Derecho. Se produce así un juego, una relación inversa Derecho- Política que quizás -y en última instancia- tiene su origen y se comprende por la carencia de instrumentos de coacción.

Algunos argumentarán que no es posible someter al Estado a los mismos procedimientos que se aplican al individuo; que este es coaccionable físicamente, pero que respecto al Estado no es dable pensar más que en sanciones de carácter moral y por tanto ineficaces; que el Derecho Internacional puede establecer tales sanciones, pero que estas resultan nugatorias cuando llega el momento de hacerlas cumplir, porque entra en juego la política y las conveniencias nacionales y, finalmente, que no cabe pensar en concertar acuerdos que tiendan a hacer exigibles las obligaciones contraídas, porque está de por medio el respeto que se debe a la soberanía.

No obstante, ante todas las observaciones señaladas, no podemos mostrarnos indiferentes ante una negación total de la existencia de un orden internacional.

Debemos reconocer que el funcionamiento de organismos regionales y mundiales ayuda a fortalecer la convivencia pacífica entre las naciones y que diariamente se suscriben Tratados y Acuerdos bilaterales y multilaterales que entusiastamente proclaman su respeto al ordenamiento jurídico internacional; pero, ¿cuántos de estos instrumentos se cumplen?; ¿cuántos quedan únicamente en el papel, para la historia, cuando se trata de enfrentarlos con situaciones concretas?; ¿qué sucede, en fin, con esa relación Derecho-Política? “Deber ser” y “ser” se invierten y entonces cabe preguntarnos: ¿Cuáles son los principios fundamentos que deben regular la vida de relación entre los pueblos? Todas estas consideraciones nos llevaron a identificar como elemento de interés de la presente investigación, lo que hemos dado en llamar relación inversa derecho-política.

En el fondo, este trabajo tiene en mente identificar la inversión de la mencionada relación Derecho-Política, que es frecuente encontrar en el área de las Relaciones Internacionales, materia importante para cualquier persona interesada en las disciplinas del Derecho y de las Ciencias Políticas.

Sin embargo, originalmente se nos presentó el problema de no poder centrar nuestro estudio únicamente en el ámbito del Derecho Internacional, por ser este un trabajo desde las Ciencias Políticas. Fue necesario, por tanto, pasar de ese “deber ser” característico del Derecho, al “ser” de las Ciencias Políticas, por lo que escogimos el tema El Principio de No Intervención, y su aplicación en el caso concreto del conflicto entre Costa Rica y Nicaragua en el año 1955.

Una vez decidido el tema a tratar, encontramos la primera dificultad en el hecho de que el material al que pudimos tener acceso corresponde a enfoques históricos de carácter nacional, que por la amplia divulgación que han tenido no consideramos necesario repetir. Recurrimos a Archivos Nacionales y a otras instituciones similares, pero lo único que encontramos, además de los documentos relacionados con el caso, fueron publicaciones y editoriales de periódicos de Costa Rica, Nicaragua, Panamá y otras naciones, donde se percibe claramente una visión parcializada y completamente ubicada a favor de la tesis sostenida por uno de los países en pugna, según sus particulares simpatías.

Por tanto, optamos por prestar mayor atención a los documentos oficiales relacionados con la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), publicados por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El siguiente problema al que nos enfrentamos fue la circunstancia inesperada de que el material de Derecho Internacional disponible sobre el tema de la intervención, no es lo extenso que sería deseable. Lo conceptualiza, pero no estudia ni establece separación entre las distintas variables políticas y económicas que pueden dar lugar a configurar las diferentes categorías y tipologías de intervención que se presentan en la realidad. Por consiguiente, nos vimos en la necesidad de establecer categorías y tipologías especiales que nos permitieran acercarnos más al área de nuestro interés, que es lo político.

No pretendemos haber logrado desentrañar toda la gama de acontecimientos dentro de los cuales se desenvolvieron los hechos que son objeto de nuestro trabajo, porque creemos que al ser humano no le es dable alcanzar la “verdad absoluta y total”. En última instancia, la consideramos inaccesible porque en el momento que el hombre pudiera llegar a poseerla, su existencia como ser pensante dejaría de tener sentido y su razón como HOMO SAPIENS y HOMO FABER sería injustificable.

Conscientes de estas limitaciones, deseamos dejar constancia de que las afirmaciones que haremos y las conclusiones a que llegaremos en el desarrollo de este estudio, contienen exclusivamente nuestra opinión particular, tal vez errada, pero que exponemos con la confianza de que serán analizadas y consideradas benevolentemente, como una modesta contribución de nuestra parte a la búsqueda del conocimiento pleno de nuestra realidad institucional.

Para ir aclarando la posición desde la que abordamos la tarea que nos hemos impuesto, conviene anotar que durante los años de fines del siglo XIX y principios del XX, la política de Costa Rica se caracterizó por una marcada tendencia a no querer verse involucrada en los asuntos de los otros países del istmo. Inspirada por un genuino impulso aislacionista trató de mantenerse dentro de un estricto marco de No Intervención en los problemas centroamericanos (Salisbury, 1975, p. 9).

Más, a pesar de la inclinación anteriormente señalada, sería incorrecto presumir que fue capaz de desligarse completamente de los asuntos del área. Los insoslayables factores geográficos, los requerimientos y apetitos del poder político y las discordias y rivalidades que surgieron con personalidades de otros gobiernos, en ocasiones la condujeron a participar en la vorágine de las luchas intestinas y hegemónicas que azotaron a los países del Istmo.

El fenómeno señalado ha dado lugar a que algunos estudiosos nacionales sostengan que no es totalmente ajustada a la verdad histórica que Costa Rica haya sido modelo fiel de respeto y acatamiento a los principios de Neutralidad y de No Intervención.

Por ejemplo, el reconocido internacionalista Gonzalo J. Facio, hombre versado y sumamente experimentado en estas lides por su largo y eficiente desempeño en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, ha afirmado que: “Si alguna tradición encontramos en nuestra historia, no es la neutralidad, sino la de la beligerancia en los conflictos armados que en alguna forma nos afectaban” (Facio, 1985, p. 65).

Por su parte, el historiador contemporáneo Luis Guillermo Solís Rivera, en su trabajo Neutralidad y no Intervención en la historia de Costa Rica, presentado al Seminario “Un Estatuto de Neutralidad Permanente para Costa Rica y Propuestas de Paz para Centro América”, después de referirse a lo que él llama los mitos de la “democracia rural”, del “enmontañamiento” y del “pacifismo inherente”, sostiene que: “… si bien Costa Rica ha proclamado en innumerables ocasiones su neutralidad formal, igualmente ha estado, no sólo envuelta sino que, más aún, activamente involucrada, en la mayoría de los procesos regionales desde su independencia”, a renglón seguido afirma: “Esta participación ha llegado a adquirir características de intervención directa en alguna ocasiones, incluso de tipo militar…”(Solís, 1984, p. 4).

Reforzando sus afirmaciones, dice:

Por su parte, la caprichosa política interna y externa de Nicaragua es, y siempre ha sido, fuente inagotable de descontento y de perturbación en Centroamérica y el principal obstáculo para que se cumpla cualquier propósito aislacionista de Costa Rica, porque el simple hecho de la existencia de una frontera común entre ambas Repúblicas ha traído para esta como consecuencia ineludible, la necesidad de una participación directa, no siempre totalmente involuntaria, en los asuntos de aquel país.

Desafortunadamente esta situación de vecindad resulta irremediable y seguirá siendo fuente de fricciones de toda índole, condenando a Costa Rica a continuar sufriendo los desplantes y abusos que se le ocurra perpetrar a los gobernantes nicaragüenses de turno, mientras las llamadas “democracias occidentales” no se decidan a patrocinar soluciones integrales a los ingentes problemas que afrontan los pueblos del área.

El caso estudiado en el presente trabajo se tomo como conflicto exclusivamente político y no como problema de frontera. Es decir, damos por sentado que si bien en algún momento se produjeran fricciones fronterizas en cuanto a violaciones territoriales o paso de hombres armados de uno a otro país, el propósito de las mismas debe buscarse en la variable estrictamente política. Estimamos que las dificultades territoriales han sido ya superadas por haberse llegado a establecer un “status quo” mediante tratados de vieja data. Por eso, los incidentes que a veces se presentan en la región fronteriza, como ocurre en la actualidad, obedecen a motivaciones de distinta índole (El subrayado es propio).

El enfoque que antecede es congruente con la opinión que Miguel Morales expuso en su ponencia “Crisis del Estado Nacional: Los problemas territoriales fronterizos en Centroamérica”, presentada al Primer Encuentro Centroamericano- Mexicano sobre Problemas, Perspectivas y Planificación para el Desarrollo de las Regiones Fronterizas, celebrado en esta ciudad en el mes de noviembre de 1984, en la cual dice, en lo que interesa:

Las tesis alrededor de las cuales girará nuestra investigación, las resumimos así:

a. Las diferentes interpretaciones que pueden darse a la naturaleza jurídica y política del Principio de No Intervención, permiten que a la hora de considerar su adhesión todos los Estados decidan hacerlo e incluso le otorguen su ratificación; pero cuando se trata de su aplicación a casos concretos, su observancia resulta incierta o al menos vacilante.

b. Los gobiernos con inclinaciones hegemónicas del Continente se aprovechan del procedimiento anterior para llevar a cabo sus propósitos sin sufrir el justificado repudio internacional, recurriendo a los más variados pretextos para disfrazar su interferencia en los asuntos políticos de los Estados más débiles.

c. Costa Rica y Nicaragua a lo largo de su historia han asumido a veces actitudes intervencionistas, incumpliendo obligaciones fundamentales del Sistema Interamericano.

Al ser estas tesis tan extensas, por involucrar aspectos de múltiples naturalezas, es indudable que en el transcurso del estudio se nos presentarán trascendentales interrogantes de fondo, que esperamos poder responder al final del presente trabajo. De no lograr nuestro propósito, al menos podremos dejar planteadas algunas inquietudes para su desarrollo posterior por parte del lector.

Para el cumplimiento de nuestro cometido, la investigación la dividiremos de la siguiente forma:

Y por último un apartado de conclusiones en el cual señalamos posibles temas de investigación para trabajos futuros.

Expuesta en esta forma la estructura del presente estudio procederemos a su desarrollo.

I. Tipologías y categor ías de análisis

Como el lector sabrá, es sumamente extensa la labor desarrollada en el Continente en cuanto a la concepción de doctrina y la creación de instrumentos que protejan la integridad y la personalidad jurídica de los Estados. Sin embargo, es difícil encontrar ideas claras sobre algunos principios fundamentales para la vida de relación entre los pueblos, como es el de intervención y sus distintas modalidades.

Al ser este trabajo un estudio de caso desde la Ciencia Política se hace necesario traer al terreno de los hechos los conceptos que sobre esta materia se han enunciado, ya que, como algunos estudiosos han dicho, el Derecho pertenece al campo del “deber ser” y nosotros agregamos que, por el contrario, la política se ubica en el campo del “ser” y como tal debe analizarse desde un punto de vista o conceptualización más concreta.

Para establecer las tipologías y categorías que nos guiarán en el resto del trabajo, debemos decir, primero, que la base de las mismas será el hecho de que la intervención se refiere a: “…la injerencia de uno o más Estados en los asuntos interiores o exteriores de otro u otros Estados, mediante el empleo de la fuerza militar o de la violencia moral” (Díez de Medina, 1899, p. 100).

Sobre la violencia moral de que habla el párrafo transcrito conviene aclarar también que, en general, entendemos por tal aquella que no es física.

En el caso de las relaciones entre Estados cabría considerarla como aquella que se ejerce por medio de presiones, ya sean de tipo diplomático o económico, como en el caso de bloqueo, boicot, entre otras.

1. Tipologías

Con base en la definición que hemos aceptado, resulta procedente establecer las tipologías de la intervención tomando en cuenta los diferentes niveles en que puede presentarse. Tengamos presente que las intervenciones pueden tener lugar cuando un Estado brinda su apoyo a su partido, grupo o gobernante de otro país o pueblo para que alcance determinados fines políticos, o cuando se inmiscuye en un diferendo entre dos o más Estados. En consecuencia, las tipologías más apropiadas para clasificarlas serían:

A. Intervención Directa o Indirecta: Según se manifieste abiertamente como en el caso de un ataque armado o de una ocupación militar, o en forma encubierta cuando se trate de presiones de tipo diplomático, es decir, influyendo sobre el país en conflicto o ante terceros Estados, a favor de una de las partes involucradas en las diferencias surgidas.

B. Intervención Interna o Externa: Podríamos catalogarle como interna cuando se produce en un Estado que se debate en enfrentamientos de orden doméstico, una guerra civil, por ejemplo. El apoyo que se diera a uno u otro bando constituiría una intervención en los asuntos internos del Estado en cuestión. Cuando se tratara de interferencia en discrepancias surgidas entre dos o más Estados, dado que perfectamente estos podrían sufrir presiones dirigidas a modificar su posición original o su comportamiento actual, o de la participación en la toma de decisiones en foros internacionales, estaríamos ante una intervención externa.

Por demás está señalar que la intervención no solo puede ser llevada a cabo por un Estado en forma individual, sino también por un grupo de Estados y que tanto la intervención interna como la externa pueden tener un carácter directo o indirecto según sean las propias modalidades que adopte en el caso de que se trate.

No se debe olvidar, sin embargo, lo que ya hemos dejado sentado: para que la injerencia de un Estado pueda ser calificada de intervención, es necesario que tenga un carácter imperativo o coactivo. Así, la mediación no es intervención. Dicha injerencia tampoco tiene categoría de tal cuando es solicitada por el propio Gobierno que soporta una agresión de fuerzas extranjeras, como en el caso del Estado de Yucatán, México, el 1848, por ejemplo, o si la misma es autorizada por un Tratado, como ocurrió con el Canal de Panamá, en 1903.

2. Categorías

Las categorías más corrientes son: de orden político o de orden económico, las cuales pueden dividirse en las subcategorías que adelante analizaremos.

La categoría de orden económico la podemos concretar en los aspectos relacionados con la apropiación de recursos, el tratamiento que se otorgue en la concesión de préstamos y en el mercado internacional de sus productos, sobre todo en cuanto a la política de precios, disminución de las importaciones, desestímulos del consumo, etc., u otros procedimientos tendientes a afectar negativamente las finanzas públicas de un país.

En las oportunidades en que se llega a la aplicación de sanciones de tipo económico estas se confunden y entremezclan según sea la decisión del sancionante de lograr éxitos a corto, mediano o largo plazo y pueden tener motivaciones políticas.

Tal situación la encontramos presente en dos trascendentales acontecimientos de actualidad mundial: el bloqueo aplicado al Gobierno marxista-leninista de Nicaragua y el boicot decretado contra Libia. Las causas que le sirvieron de fundamento y los propósitos finales que persigue Estados Unidos obedecen a razones comunes en ambos casos por ser, en el fondo eminentemente políticas: la sustitución de un régimen que consideran atenta contra la estabilidad institucional y el mantenimiento de la paz y de los principios democráticos en los países del Continente, y la necesidad de terminar con las actividades del terrorismo internacional que promueve el Coronel Moammar Khadafy.

Por el tipo de casos seleccionados para este trabajo, nos limitaremos a tratar de establecer lo más claramente posible las limitaciones y alcances de la categoría política, dejando a un lado la económica que requeriría un estudio separado. En otras palabras, la interpretación que se dará a la intervención política y sus diferentes manifestaciones serán nuestras propias categorías de análisis.

Respecto a esta categoría haremos una diferencia entre la forma y el objeto de la intervención. Por su forma pueden ser de tipo militar o diplomático; por su objeto pueden obedecer a motivaciones estratégico-tácticas o a razones humanitarias.

Claro está que estas subcategorías no son excluyentes entre sí por su forma u objeto, ya que, como se podrá comprobar en la práctica, se combinan unas y otras, siendo en la mayoría de los casos muy difícil determinar dónde terminan unas y se inician las otras.

A. Intervención Militar: Será aquella en que se produzca la participación de un ejército extranjero o la ocupación de todo o parte de un territorio por fuerzas extrañas. También podríamos encasillar dentro de la misma, la facilitación del territorio para que fuerzas de otra nación lancen ataques contra el gobierno constituido de un tercer Estado. Las violaciones esporádicas del territorio o el espacio aéreo,

según sea su gravedad o magnitud, podrían interpretarse como intervenciones.

B. Intervención Diplomática: Será aquella que no conlleva una agresión física, sino que se da por medio de presiones destinadas a alcanzar algún tipo de beneficio o a influir en las decisiones o el comportamiento de otro u otros gobiernos.

C. Intervención Estratégico-Táctica: Se produce en aquellas situaciones en que se trata de establecer o modificar el balance de poder entre Estados, entendiendo como tal la estructuración de un sistema natural de mutua conservación y respeto entre pueblos pertenecientes a una región común o que están incorporados a una misma organización internacional. Tiene por objeto impedir la abusiva preponderancia de uno o más de ellos o el aniquilamiento o absorción de los otros, procurando en consecuencia la coexistencia pacífica de todos.

La idea del balance de poder o equilibrio de poder no es de invención reciente.

Se desarrolló desde la lejana época de la llamada Paz de Utrecht que en 1713 puso fin a la guerra de sucesión al trono español, la cual lo consagró como principio rector del Derecho Internacional. Según esta concepción ningún Estado ha de poder llegar a ser tan poderoso que esté en capacidad, solo o en unión de los aliados que tenga, de imponer su voluntad a los demás. La proporcionalidad de poder que preconiza pretende así fortalecer el ideal de una comunidad de naciones que se mantienen permanentemente en paz.

D. Intervención por Razones Humanitarias: Se lleva a cabo cuando se interfieran las actuaciones o decisiones de un gobierno cuya conducta se juzga errónea, perjudicial o atentatoria contra los derechos fundamentales de la persona humana. En principio constituye una actitud digna de encomio y totalmente apegada a las normas de la moral pública. Por desgracia, en muchos casos se utiliza como simple pretexto para encubrir propósitos hegemónicos que no se compaginan con los ideales de igualdad y de respeto mutuo entre los Estados.

En las azarosas relaciones entre Estados Unidos y los países de América Latina, por ejemplo, estas razones han sido esgrimidas con demasiada frecuencia por la gran nación del norte para justificar su injerencia en los asuntos internos de sus vecinos. Como ejemplos claros de ese proceder podemos citar, para no ser reiterativos, solamente unos pocos casos en que concretamente se recurrió a este subterfugio: en Nicaragua, durante la revolución que condujo al derrocamiento del Presidente Zelaya, en 1909, y en la llamada guerra constitucionalista de 1926, y en la República Dominicana, para justificar la acción unilateral de las fuerzas estadounidenses que desembarcaron en el territorio dominicano, en 1965.

En esta ocasión el Embajador Ellsworth Bunquer dijo a la Décima Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, que no se trataba de ninguna manera de intervención de los Estados Unidos en los asuntos internos del país invadido y que las fuerzas habían sido enviadas única y exclusivamente con fines humanitarios, para la protección de la vida no solamente de los ciudadanos estadounidenses sino también de ciudadanos de otros países.

Teniendo ya establecidas nuestras tipologías y categorías de análisis, procedamos a la contextualización y descripción del caso en mención, para proceder a su análisis.

II. Antecedentes socio -políticos del caso de 1955

1.- Contexto Continental

En el desarrollo del presente apartado empezaremos por reconocer el hecho doloroso, pero cierto, de que la política exterior de todos los países latinoamericanos ha estado determinada -o al menos influenciada en gran medida- por las vinculaciones de tipo económico, político y militar mantenidas con Estado Unidos. Algunas veces con solidaridad, otras con oposición, pero siempre girando en derredor de sus concepciones y actuaciones.

La magnitud de dicha influencia no resulta igual individualmente considerada, ya que depende del grado de interés que la gran potencia tenga en las diferentes naciones, interés que es regulado, en última instancia, por el monto de las inversiones y el nivel de dependencia económica de cada país, por el volumen de las relaciones de intercambio y, sobre todo, por los diferentes tipos de gobierno imperantes en el área, que en muchos casos ha producido la alianza de las burguesías nacionales con los “procónsules” extranjeros.

Ianni confirma las anteriores afirmaciones cuando dice que: “Sin embargo, en conjunto, la política exterior de los países latinoamericanos continúa profundamente influenciada o determinada, según el país y la coyuntura continental e internacional, por las relaciones económicas, políticas y militares que se mantienen con los Estados Unidos…” (Ianni, 1973, p. 22).

El fenómeno anotado se observa tanto en el ámbito de los organismos regionales como en el campo de las relaciones bilaterales que Estado Unidos ha establecido con los demás países americanos.

Las características de sumisión o antagonismo inherentes a las relaciones entre América Latina y Estados Unidos, puesta de manifiesto por la combinación alternativa de la diplomacia del dólar y la del big stick (Política del Garrote) preconizada por el Presidente Teodoro Roosevelt, son las que explican las variaciones, avances y retrocesos, de algunos gobiernos latinoamericanas desde 1940 hasta la década de los 70 (Caso de Cuba, Chile, Guatemala, entre otros).

Gordon Connell-Smith, en su libre El Sistema Interamericano, nos indica las diversas denominaciones que se han dado al tipo de relaciones recíprocas mantenidas en el Continente. Así, nos cita las siguientes: monroísmo, panamericanismo, no intervención, buena vecindad, alianza para el progreso, seguridad hemisférica, interdependencia, solidaridad interamericana, asociación madura, presencia discreta, perfil difuso, negligencia benigna, y otras. Es necesario señalar, sin embargo, que todos esos nombres fueron inspirados en las diferentes situaciones coyunturales que se presentaron en el área, y que constituyeron especies de postulados políticos enunciados en respuesta a distintas circunstancias controversiales afrontadas en determinadas épocas.

Para poder analizar el surgimiento de esas diferentes situaciones haremos un breve desarrollo siguiendo la evolución de la política internacional de la postguerra, lo que nos permitirá comprender el teje y maneje de las relaciones interamericanas y la aplicación de procedimientos de solución pacífica de conflictos en el área.

Como es bien sabido, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial el problema central para un sector de la clase gobernante de las grandes potencias era buscar cómo dar continuidad a la guerra bajo otras formas. El hecho de que tanto los países aliados como el Japón estuvieran sufriendo las pérdidas de sus colonias o la disminución de sus respectivas zonas de influencia, trajo como consecuencia el incremento de la importancia norteamericana.

Al mismo tiempo, la Unión Soviética surgió como potencia mundial. La instauración de gobiernos socialistas en Europa Central y la victoria de esta doctrina en la República Popular China, fortalecieron la posición soviética y demostraron que, al menos políticamente, el mundo socialista ya no era un sistema débil y menos dinámico que el capitalista. Como era de esperarse, poco a poco la Unión Soviética se fue abriendo paso en los terrenos militar y político (Ianni, en Cotler y Fajen, 1974, p. 33).

En medio de las circunstancias expuestas se desencadenó la bien llamada “Guerra Fría”, que llegó a representar la continuación del conflicto bajo formas más sofisticadas en cuanto a sus repercusiones políticas en el ámbito internacional, y estableció los límites de las zonas de influencia de Estados Unidos y la Unión Soviética, que ya en ese momento eran las dos únicas superpotencias existentes.

Tenemos entonces que en el momento en que surge la guerra fría el mundo se encuentra bipolarizado política, económica, militar y culturalmente.

En los años subsiguientes las relaciones entre los Estados van a estar orientados según las exigencias de la guerra fría y, en el nivel regional, especialmente, según las tendencias expansionistas del capitalismo internacional, cuya cabeza estaba y sigue estando en Estados Unidos.

Dentro de ese marco internacional fue que en América Latina se puso en boga la llamada “Doctrina de la Contrainsurgencia”, concebida como medio de defensa de la identificada como democracia liberal, tanto de la subversión externa como de la interna. Todo lo anterior en nombre de la solidaridad y la seguridad continentales, pero pretendiendo, en realidad, detener la influencia de doctrinas socialistas en el hemisferio.

Se dio un fenómeno de alianzas entre los gobernantes de la región, que buscaron establecer programas sistemáticos de militarización del poder político ante el supuesto enemigo común: el comunismo. Mas, el objetivo real era contrarrestar cualquier tendencia latinoamericana a derivar hacia la órbita comunista o adoptar posiciones neutrales. Fue así como los procedimientos coercitivos se modernizaron, conforme lo exigían las nuevas relaciones en el Continente.

Sin embargo, para todos es un hecho que el advenimiento de la guerra fría al hemisferio occidental no ayudó en forma alguna a la solidaridad continental, sino que, por el contrario, sirvió únicamente para reforzar el concepto de “reciprocidad”, es decir, hacer que la América Latina viera en la ayuda económica de Estados Unidos una recompensa por el apoyo incondicional a su política frente al comunismo internacional.

Las tendencias anteriormente expuestas, como es natural, tuvieron decisiva influencia en el proceso histórico que les tocó vivir a Costa Rica y Nicaragua, países especialmente propensos a verse afectados por interferencias extrañas, dadas la relativa pequeñez de sus territorios y la casi ninguna significación en lo que se refiere a la política mundial.

2.- Contexto Centroamericano

Para continuar nuestro desarrollo haremos un esbozo de lo que aconteció durante el período de post-guerra en el ámbito centroamericano, en lo referente al gobierno de Anastasio Somoza García, en Nicaragua, y los conflictos con el gobierno de José Figueres Ferrer, en Costa Rica, en los años de 1948 y 1955.

Este esbozo será bastante general para después, exponer la descripción del caso seleccionado para el presente estudio.

Comenzaremos por señalar que dentro del contexto de defensa del área y proliferación de grupos revolucionarios, se produjo en Nicaragua la consolidación del poder político y económico de la familia Somoza y la extensión de su influencia a toda la región centroamericana. Sus propósitos de dominación y los servicios que prestaba al Gobierno norteamericano como presunto factor de estabilidad, favorecían los designios del régimen somocista. A su vez, dicho régimen se vio en la necesidad de asumir un papel de policía del Istmo, como lógica reacción ante las amenazas dirigidas contra su estabilidad.

Sería simplificar mucho la historia si consideramos a los Somoza solo como instrumentos de la política norteamericana y no damos importancia a sus inclinaciones hegemónicas. La verdad es que se constituyeron en un factor de importancia crucial en Centroamérica, pretendiendo erigirse en guardianes del orden internacional y asumir la función de estabilizadores de la región en beneficio de la burguesía y de los Estados Unidos, contra toda amenaza de insurgencias o de luchas de clase.

La tendencia de la familia Somoza a intervenir en otros países comenzó a sentirse en Costa Rica desde los inicios de la década de los cuarenta, si bien es cierto que se manifestó en forma a veces ofensiva y a veces defensiva, según conviniera a sus particulares intereses. Así vemos cómo se identificó con el fortalecimiento de los gobiernos presididos por el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y el Lic. Teodoro Picado Michalski y trató de evitar que fueran sustituidas por grupos políticos de ideología socialdemócrata y por otro lado pretendió impedir que el territorio costarricense fuera usado como base para las actividades de los exiliados antisomocistas.

No obstante, a lo largo de la década de los cincuenta e inicios de los sesenta, los emigrados nicaragüenses continuaron operando desde Costa Rica, aunque algunas veces con moderadas restricciones. Por otro lado, lo que se ha dado en llamar la dinastía de los Somoza, insistió en proporcionar ayuda moral y material a grupos de costarricenses de “derecha” refugiados en Nicaragua (Consúltese a este respecto los trabajos de Cuadra. 1977, p. 187-249 y Blandón. 1980, p. 40-91).

La confrontación alcanzó su punto máximo durante la guerra civil costarricense de 1948, cuando Somoza García apoyó en forma abierta a las fuerzas gubernamentales y posteriormente patrocinó una invasión desde Nicaragua, después de que Figueres había triunfado en la lucha armada (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca 1948-1959. Vol. I. 1973, p. 34). Figueres, por su parte, puso el territorio costarricense a la disposición de los refugiados nicaragüenses de ideología moderada que conspiraban contra Somoza García ayudados por la llamada Legión del Caribe, brigada militar semi-formal, semi-clandestina, compuesta en su mayoría por socialdemócratas expatriados de varios países del Caribe dedicados a luchar por el derrocamiento de los dictadores locales, entre los que se contaban Somoza García, Rafael Leonidas Trujillo, Fulgencio Batista, entre otros (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca 1948-1959. Vol. I. 1973, p. 35).

Los esfuerzos mediadores de la Organización de los Estados Americanos no fueron suficientes para resolver el conflicto en forma definitiva, a pesar de haber logrado que los países involucrados suscribieran un Pacto de Amistad que entraría en vigencia en el mes de julio de 1949. Desde 1948 hasta 1955, Somoza acusó reiteradamente a Costa Rica de permitir las actividades subversivas contra su régimen.

En 1954 fue descubierto un complot para asesinarlo, oportunidad en que se denunció la participación de altos funcionarios del gobierno de Costa Rica, a quienes también se involucraba en el tráfico ilegal de armas, y nuevamente se señaló la participación de la Legión del Caribe. (Archivos Nacionales. Casillero de Relaciones Exteriores. 1954, Documentos 2622-2696 y 2711). Somoza a su vez continuó apoyando movimientos antifigueristas y, podemos afirmar, utilizó el pretexto del fallido atentado para justificar su respaldo a la invasión a Costa Rica que tuvo lugar en enero de 1955. (Archivos Nacionales. Casillero de Relaciones

Exteriores. 1954, Documentos 2597 bis-2819 y 2740). Esta confrontación, con motivaciones fundamentalmente personalistas, fue resuelta mediante la intervención de la Organización de los Estados Americanos y una visita posterior del Vicepresidente de los Estados Unidos, Richard M. Nixon, a ambos países involucrados en el diferendo, a comienzos de 1955.

A fin de obtener una visión de conjunto de la situación de la región en ese entonces y de las intervenciones que se sucedieron, es conveniente destacar la influencia que los Somoza tuvieron en los diferentes procesos políticos de Centroamérica.

A este respecto es preciso recordar que a comienzos de la década de los cincuenta sus actividades fueron dirigidas principalmente contra el gobierno nacionalista de Jacobo Arbens Guzmán, de Guatemala. En este caso la participación que tuvo en su derrocamiento fue patente y claramente realizada en nombre de los Estados Unidos, aunque hay que reconocer que cualquier fuerza progresista que operara en el área era un peligro no simplemente latente sino manifiesto para sus intereses.

La decisión de expulsar del poder a Arbens Guzmán fue tomada en Washington y Somoza fue un simple instrumento para su ejecución, ya que actuó como intermediario en el suministro de armas norteamericanas, facilitó el territorio nicaragüense para el entrenamiento de las fuerzas derechistas guatemaltecas comandadas por Carlos Castillo Armas, e incluso permitió que los aviones bombarderos despegaran de sus aeropuertos militares. El papel desempeñado en el caso de Guatemala se repitió, años más tarde, durante la invasión de Bahía de Cochinos contra Cuba (Al respecto véase: Cuadra. 1977, p. 225-251).

Para completar el ciclo histórico cumplido en el período que nos interesa, creemos que la anterior información es suficiente para determinar el tipo de política que el régimen somocista ponía en práctica en la región. Terminaremos señalando que los exiliados nicaragüenses operaron en los diferentes países del Istmo desde 1940, razón por la cual los Somoza se vieron en la necesidad de desarrollar una política estructurada con base en una visión regional de conjunto sobre la lucha guerrillera (Al respecto véase: Cuadra. 1977, p. 225-251).

Para analizar en forma rápida el acontecer político costarricense diremos que el período de crisis política y económica internacional anteriormente relacionado, en lo interno trajo como consecuencia la pérdida de poder de la oligarquía criolla y la decadencia de los partidos de inspiración personalista (1931-1940). Producto de ese fenómeno fue, precisamente, que empezaron a gestarse los primeros partidos políticos de carácter ideológico, ejemplo de lo cual fue el surgimiento del Partido Comunista, en 1931. (De la Cruz, 1980, p. 240). Más adelante tales partidos dominarían el panorama político nacional.

En el período 1940-1950, se percibe la aparición de importantes sectores de la burguesía media, urbana y rural, que en 1949 entra a desempeñar un rol preponderante en el acontecer político. En efecto, desde el año 1940 funciona el Centro de Estudio de los Problemas Nacionales (futuro Partido Liberación Nacional, fundado en 1945 como Partido Social Demócrata, que se constituye por la unión del Centro de Estudios y Acción Democrática), donde se realizan concienzudas investigaciones sobre la realidad costarricense y se plantea la necesidad de romper no solo el bloque de fuerzas en el poder sino también el modelo de desarrollo del país, dando prioridad al sector industrial y diversificando el ya débil modelo agroexportador.

Eugenio Rodríguez, en su libro De Calderón a Figueres (1980), señala que alrededor de la década de los cuarenta, en Costa Rica parece iniciarse una nueva etapa de su desenvolvimiento. Describe el panorama de la siguiente forma:

Con la llegada al poder del Doctor Calderón Guardia en 1940, se dio un cambio de posición en la actitud de la juventud costarricense, anteriormente opacada por el prestigio de viejos liberales, que buscaba la participación en el Gobierno. La jerarquía eclesiástica que antes mantuviera una posición conservadora en materias sociales, con

La campaña política de 1944 se desarrolló en un clima de violencia, y condujo a la elección de Don Teodoro Picado Michalski, candidato apoyado por Calderón Guardia y el Partido Comunista.

Para 1947 la oposición se une con el propósito de presentar un frente común y participar en las elecciones de 1948. En esa forma se constituyeron dos grandes grupos políticos: en el campo oficialista el Partido Republicano Nacional, que había patrocinado las candidaturas de Calderón Guardia y de Picado Michalski, con el respaldo del Partido Comunista (Vanguardia Popular) y de un considerable sector independiente de la ciudadanía que temía un cambio de orientación política que pusiera en peligro la legislación social vigente, pretende la reelección de Calderón Guardia; en el bloque opositor el Partido Unión Nacional, formado por la fusión de los Partidos Social Demócrata, Cortesista Independiente, Demócrata y Unión Nacional, que lleva como candidato al periodista Otilio Ulate Blanco.

Las elecciones de 1948 culminan con el triunfo del segundo de los candidatos mencionados, que el Gobierno se negó a aceptar a pesar del pronunciamiento del Tribunal Nacional Electoral que lo declaró Presidente electo, aduciendo que en el proceso se habían producido irregularidades de fondo que lo viciaban de nulidad. Luego de que el Congreso Constitucional declarara la nulidad de las elecciones y de una serie de incidentes que culminan con la muerte del Doctor Carlos Luis Valverde Vega, amigo personal de Ulate Blanco, el 12 de marzo de ese mismo año se conoce la noticia de que, en la finca La Lucha, José Figueres Ferrer ha iniciado una revolución enarbolando como bandera la reivindicación de los derechos electorales conculcados. La lucha civil dura cuarenta días y se decide con la salida de Calderón Guardia y de Picado Michalski hacia Nicaragua, donde encontrarán el apoyo de la familia Somoza para futuros intentos contrarrevolucionarios (Rodríguez, 1981, p. 175-176).

La solución fue alcanzada a través de negociaciones entre las fuerzas en pugna con la valiosa mediación del Cuerpo Diplomático acreditado en Costa Rica, representado por el Nuncio Apostólico y los Embajadores de México, en cuya sede se llevaron a cabo, Estados Unidos, Panamá y Chile. Las conversaciones estuvieron a cargo del propio Presidente Picado Michalski y del Presbítero Benjamín Núñez Vargas, en nombre del ejército revolucionario, y fueron coronadas por el éxito mediante la suscripción, el 19 de abril de 1948 del llamado Pacto de la Embajada de México.

El cumplimiento del Pacto, el día siguiente, 20 de abril, el Ingeniero Santos León Herrera asumió la Presidencia de la República, que ejerció hasta la finalización del período de Gobierno del Presidente depuesto, sea durante dieciocho días.

Dentro del período de transición, el 1º de mayo de 1948 se firma un pacto

entre el Presidente electo y el Jefe de la revolución triunfante José Figueres Ferrer, en el que convienen que durante dieciocho meses, prorrogables por seis meses más, el país sea gobernado por una Junta de Gobierno, sin Congreso; que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, y que la Junta haga el reconocimiento expreso del triunfo de Ulate Blanco en las elecciones del 8 de febrero.

El 8 de noviembre de 1949, Otilio Ulate toma posesión de la Presidencia de la República, cargo que ejercerá hasta el 8 de noviembre de 1953.

El 26 de julio del año últimamente citado se llevan a cabo las elecciones de autoridades supremas que se desempeñarán durante el período comprendido entre el 8 de noviembre de este año y el 8 de mayo de 1958, resultando escogido para ocupar la Presidencia de la República José Figueres Ferrer. Este cotejo electoral fue realzado por varios hechos de trascendencia para el desarrollo institucional de la República, que merecen ser destacados. Se trató de la primera consulta popular que se llevaba a cabo sin la existencia de un ejército organizado que se dijera garante del resultado de los comicios y en él tendría participación el sexo femenino, haciendo uso del derecho al sufragio que le había reconocido la Constitución. Además, se verificaron bajo la organización, dirección y vigilancia de un organismo electoral totalmente independiente de los clásicos Poderes del Estado, que hasta la fecha goza de plena autonomía funcional y administrativa a grado tal que por disposición expresa de la Carta Magna sus resoluciones no tienen recurso alguno, salvo la acción por prevaricato, todo lo cual vino a fortalecer y asegurar el ejercicio de la democracia representativa.

El panorama político de los países involucrados en los hechos que se investigan que dejamos expuesto en los párrafos que anteceden no pretendemos que haya sido exhaustivo, ya que únicamente tratamos de enfocar aquellas variables que pudieran servirnos para el análisis de la información relacionada con los casos tratados. Mas, para complementar esta visión parcial consideramos oportuno referirnos, aunque en forma resumida y procurando sintetizar, a las circunstancias que dieron rigen a que se produjera la llamada “Revolución del 48”, tanto por la trascendencia económica-social que tuvo en el desenvolvimiento político de Costa Rica, como porque varió el equilibrio de poder que se había establecido entre los países del Istmo, y acrecentó la profunda rivalidad que siempre existió entre Figueres y Somoza.

Del estudio bibliográfico que llevamos a cabo, como de entrevistas realizadas a algunas personas conocedoras de la realidad histórica de aquella época, surge el hecho de que la casi totalidad de las opiniones emitidas coinciden en situar las causas engendradoras de ese movimiento armado, en tres motivos fundamentales:

a. el compromiso contraído por Figueres Ferrer en el llamado “Pacto del Caribe”, suscrito por personajes del mundo internacional de tendencia revolucionaria, aunque algunos de ideología conservadora, que se proponían derrocar a los gobiernos dictatoriales entronizados en el área;

b. la corrupción imperante en todos los estratos del Gobierno, y

c. la reivindicación del derecho al libre sufragio del pueblo costarricense supuestamente violado por el resultado final de los comicios.

La influencia decisiva de grupos internacionales de izquierda es reconocida por la mayoría de los historiadores y tuvo su máxima expresión en las actividades revolucionarias llevadas a cabo o al menos patrocinadas por la que en ese tiempo se conoció con el nombre de “Izquierda Democrática”, bajo el liderazgo original de Rómulo Betancourt, de Venezuela, Eduardo Santos, de Colombia, Luis Muñoz Marín de Puerto Rico, y José Figueres Ferrer, de Costa Rica, con el respaldo de Juan Bosch, de República Dominicana, y Juan José Arévalo, de Guatemala. Este movimiento, con el pretexto de democratizar a los países caribeños, organizó diferentes movimientos armados que afectaron a toda la región y que se concretaron, por lo que hace a esta fase de nuestro estudio, en el “Pacto del Caribe” celebrado en Guatemala, el 16 de diciembre de 1947.

John Patrick Bell, por ejemplo, afirma:

Por el contrario, encontramos divergencia de criterio cuando investigamos sobre el responsable de la motivación invocada en último término, porque la violación de los derechos electorales es atribuida, por unos, al partido en el poder y, por otros, aunque parezca extraño, a las fuerzas de la oposición. En realidad, ambas tesis son sostenidas con calurosa convicción según sea la tendencia política de quien se refiere a los citados sucesos.

El ex presidente de la República Dominicana Juan Bosch, personaje de reconocido prestigio internacional que en esa época tuvo vinculaciones estrechas con los grupos intelectuales y revolucionarios de izquierda que operaban en el área, entre los cuales se encontraban algunos de los organizadores del movimiento costarricense, en su ensayo Una Interpretación de la Historia Costarricense (1980) nos proporciona una visión sumamente interesante, porque si bien concede importancia al factor político electoral, nos señala motivaciones más profundas de las que, según él, se nutrió el mencionado movimiento. Después de describir la situación económica y social que afrontaba Costa Rica y los problemas que se le presentaban a la mediana y pequeña clase media, y de expresar su criterio de que:

Concluye:

Y a párrafo seguido agrega:

Mas, cualesquiera que hayan sido las causas que dieron lugar al estallido de la lucha armada, lo cierto es que ambas tendencias en pugna tuvieron su cuota de responsabilidad en el quebrantamiento de la paz y el derramamiento de sangre hermana, muchas veces de personas inocentes por su no participación en el conflicto, cuya secuela de odios y rencores reprimidos todavía en la actualidad, deja sentir su perniciosa y negativa influencia impidiendo la plena reconciliación de la familia costarricense.

Reiteramos que en el presente apartado hemos intentado exponer, a grandes rasgos, los acontecimientos de la vida nacional que consideramos más importantes de la época en que se produjeran los sucesos sometidos a estudio. No hemos pretendido hacer una narración exacta y detallada de los hechos, sino elaborar un simple bosquejo de la problemática que crearon en el ámbito costarricense con repercusiones, además, en el área centroamericana. Pasaremos ahora a la descripción del caso en estudio.

3.- Caso Costa Rica-Nicaragua: 1955.- Costa Rica solicita convocatoria de órganos de consulta

El 8 de enero de 1955 el Embajador de Costa Rica ante el Consejo de la Organización solicitó la convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, de acuerdo con el artículo 6 del Tratado, aduciendo que el Gobierno de Nicaragua violaba los principios de solidaridad y No Intervención.

En carta dirigida al Presidente del Consejo, el Doctor Antonio A. Facio resumió las violaciones denunciadas de la siguiente forma:

Según el Embajador, los actos denunciados constituían una grave amenaza contra la integridad del territorio, la soberanía y la independencia política de Costa Rica. Aducía que si bien era cierto que en la solicitud no se hacía mención de ataques ya acaecidos, el peligro de que ocurrieran resultaba inminente. Y en efecto, tres días después fuerzas militares procedentes del exterior habían ocupado varios puntos del territorio nacional situados en la zona fronteriza, entre ellos la población de “Villa Quesada”.

El día 11 de enero de 1955, el Consejo designó una Comisión que investigará sobre el terreno los hechos ocurridos, la cual quedó integrada por representantes de Brasil, Ecuador, Estados Unidos, México y Paraguay, quienes de inmediato se trasladaron a la región conflictiva.

Al día siguiente de su llegada a Costa Rica el Presidente de la Comisión Investigadora informó al Secretario General de la Organización, que aviones procedentes del extranjero habían ametrallado y soltado bombas sobre diversos puntos del territorio nacional, inclusive la ciudad Capital; que existían indicios de que armamentos y municiones eran suministrados a elementos rebeldes por fuentes foráneas, y que operaciones militares se estaban desarrollando en territorio costarricense cercano a la frontera norte.

Posteriormente amplió su información, consignando que la Comisión había comprobado la presencia en El Amo, en poder de las fuerzas rebeldes, de dos aviones de combate AT-6 y un avión de transporte DC-3; que existían presunciones de que continuaban llegando elementos bélicos, y que parte de ese material se introducía por la frontera norte, por lo cual sugería que el Consejo hiciera un llamado formal al Gobierno de Nicaragua sobre la seriedad creciente de la situación (ver figura 1).

Con base en tales informes el Consejo resolvió condenar en abstracto los actos de intervención de que estaba siendo víctima Costa Rica y hacer un llamado a todos los gobiernos americanos, especialmente al de Nicaragua, para que reforzaran las medidas adoptadas para evitar el tráfico de armas.

El 15 del mismo mes el Embajador de Costa Rica solicitó al Consejo que tomara las disposiciones necesarias para el control efectivo de la frontera norte, a fin de evitar que continuaran los aprovisionamientos a las fuerzas invasoras, y que recomendara a los gobiernos de los Estados Miembros que facilitaran al país medios para repeler ataques aéreos y elementos adecuados para establecer la vigilancia y defensa contra nuevas agresiones, especialmente embarcaciones de patrullaje, ya que su Gobierno tenía noticias alarmantes sobre posibles desembarcos en las costas de ambos océanos, lo que significaría un ataque en gran escala.

Dentro del contexto político creado por los acontecimientos relatados, el representante de Estados Unidos comunicó oficialmente que si el Organismo regional lo solicitaba, su país estaba dispuesto a acceder a la petición costarricense relacionada con la adquisición de aviones de guerra. Inmediatamente el consejo de la Organización acordó que se elaborara con la mayor urgencia un plan de vigilancia efectiva de la frontera norte, y solicitó a los Estados Miembros que con rapidez dieran curso a los pedidos de compra de aviones que se hubieran recibido de parte de Costa Rica.

Estados Unidos respondió a esa gestión suministrando cuatro aviones de combate por un precio simbólico, los cuales llegaron el día 17.

Dos días después Nicaragua denunció al Gobierno de Costa Rica que dos de sus aviones habían traspasado la línea divisoria mientras realizaban un bombardeo a la población de La Cruz, internándose en territorio nicaragüense, razón por la cual procedería a reforzar las guarniciones acantonadas en el área y ejercería una estricta vigilancia aérea para evitar nuevas violaciones a su territorio.

Ante la gravedad que presentaba la situación, que hacía temer un enfrentamiento directo de incalculables consecuencias, la Comisión Investigadora decidió poner en ejecución el “Plan de Vigilancia Efectiva de la Frontera entre Costa Rica y Nicaragua” que había concebido, en el cual se dictaban disposiciones estrictas sobre la ubicación y el movimiento de las fuerzas terrestres costarricenses y la forma en que la Guardia Nacional de Nicaragua debía llevar a cabo su labor de patrullaje y el desarme e internación de las fuerzas rebeldes que cruzaran la frontera, disponiendo en forma terminante que salvo las patrullas que operaran bajo la dirección y fiscalización de los Observadores, ningún otro grupo armados nicaragüense podía avanzar a una distancia menor de cinco kilómetros de la frontera.

Establecía, además, zonas de seguridad a ambos lados de la línea divisoria y un corredor aéreo de diez kilómetros de ancho cuya línea central estaría localizada en el límite fronterizo, al cual no debían penetrar aviones militares, comerciales o civiles de ambos gobiernos, reservándose la Comisión el derecho de patrullar el correspondiente espacio aéreo con sus propias aeronaves (ver mapa 2).

La Comisión creó también un Comité de Expertos Militares que se encargara de estructurar, bajo su aprobación y dirección, un sistema completo y detallado de observación política, terrestre y aérea, en las diversas zonas cuya vigilancia interesara, de investigar cualquier hecho que pudiera imputarse a intervención extranjera en el conflicto, y centralizara y coordinara todas las actividades de carácter militar que fueran necesarias.

Las medidas adoptadas resultaron eficaces. Las fuerzas que operaban en Costa Rica se retiraron gradualmente y cruzaron la frontera con Nicaragua, donde fueron internadas y desarmadas.

En el informe que oportunamente rindió al Consejo de la Organización la Comisión llegó a las siguientes conclusiones:

“1.- Hubo intervención extranjera en la preparación, financiamiento, suministro de armas y municiones, y facilidades de transporte de los elementos que entraron en Costa Rica, por la fuerza.

2.- Una parte substancial de las fuerzas rebeldes y del material bélico por ellas utilizado, cualquiera que haya sido su origen, entró por la frontera de Costa Rica con Nicaragua.

3.- Una o más estaciones clandestinas de radio que evidentemente operaban fuera de Costa Rica estuvieron incitando al pueblo de ese país a que apoyaran el movimiento rebelde.

4.- Aviones procedentes del exterior arrojaron en puntos previamente convenidos del territorio costarricense armas y municiones para los rebeldes.

5.- Aviones de transporte y de combate, procedentes del exterior y sin marcas de identificación, aterrizaron clandestinamente en territorio de Costa Rica y efectuaron vuelos de bombardeo y ametrallamiento sobre varias poblaciones de ese país, inclusive San José, capital de la República.

6.- Hubo violación de la integridad territorial, soberanía e independencia política de Costa Rica.

7.- Después de que la Comisión Investigadora estableció un sistema de observación pacífica aérea sobre el territorio de Costa Rica y de Nicaragua, de que mediante sus elementos militares estableció también un servicio de observación terrestre en zonas estratégicas de ambos países, y de que fijó Zonas de Seguridad en áreas de Costa Rica y Nicaragua contiguas a la frontera, las fuerzas atacantes abandonaron su ofensiva, se replegaron hacia la frontera Noroeste y finalmente buena parte de ellas se internó en Nicaragua.

8.- Aún después de que fueron internados en Nicaragua los rebeldes que habían luchado en la parte occidental del territorio costarricense, buen número de ellos apareció luchando nuevamente en territorio costarricense, esta vez en la región central de la frontera con Nicaragua.

La gran mayoría de los que integraban las fuerzas atacantes y los líderes políticos del movimiento eran de nacionalidad costarricense; pero tal circunstancia no altera en absoluto lo destacado en los numerales anteriores (TIAR 1948-1959, Vol. I. 1973, p. 184).

El 24 de febrero de 1955, el Consejo aprobó varias resoluciones tendientes a dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión. Entre ellas cabe destacar la que encarecía a ambos gobiernos la adopción de medidas para impedir que los elementos internados en Nicaragua se reorganizaran o realizaran actividades que pudieran poner en peligro las buenas relaciones entre los dos países; la que recomendaba se dictaran las disposiciones necesarias para evitar que en el territorio de cualquiera de las partes se preparen actos terroristas contra el Gobierno de la otra, y la que solicitaba a todos los Estados americanos el perfeccionamiento de los sistemas nacionales de control de tráfico ilegal de armas y municiones.

Al mismo tiempo constituyó una Comisión Especial para que cooperara con los gobiernos en el propósito de llegar a un acuerdo adicional al “Pacto de Amistad” de 21 de febrero de 1949, que debía reglamentar todo lo relacionado con la vigilancia y el control fronterizo, así como cualquier otra medida tendiente a evitar la organización o existencia de movimientos revolucionarios contra el gobierno de una de las partes en el territorio de la otra.

La labor realizada por esa Comisión Especial fue fructífera, porque condujo a la suscripción de un Acuerdo mediante el cual las partes se comprometían a coordinar la vigilancia de la frontera para evitar que del territorio de una de ellas pudieran introducirse ilegalmente al de la otra, armas o grupos armados; a tomar las medidas necesarias para impedir que en sus territorios se promovieran o llevaran a cabo movimientos revolucionarios contra las autoridades constituidas de la otra; a evitar que cualquier persona, nacional o extranjera, desde algún lugar bajo su jurisdicción participara o ayudara en cualquier empresa subversiva, actos terroristas o atentados contra los Jefes de Estado, los otros miembros de los supremos poderes, las altas autoridades civiles o militares, los candidatos a esas posiciones y sus familiares inmediatos; a no designar a personas asiladas en sus territorios para ocupar cargos de carácter político o militar; a no otorgar ayuda de ninguna especie a quienes intentaran alterar el orden público en el territorio de la otra parte y a prohibir que dentro de su jurisdicción se efectuara cualquier tráfico o comercio de armas, equipo o municiones de guerra.

El documento aclaraba que la contribución, suministro o provisión de armas, material de guerra o equipo, el entrenamiento, enrolamiento, organización o transporte de personas o la obtención o suministro de dinero con los fines arriba indicados, serían considerados como participación para los efectos del cumplimiento de las obligaciones contraídas, y contenía una disposición especial que cabe destacar por su contenido integracionista: el propósito de colaborar al máximo de sus respectivas posibilidades para llevar a cabo aquellas empresas que requieran del esfuerzo conjunto y que fueran de beneficio mutuo, en especial las que tendieran a facilitar y expeditar el tránsito en la Carretera Interamericana y en el Río San Juan.

Con la suscripción de este Acuerdo se dio por concluida la actuación del Organismo regional, que resultó oportuna y eficaz para evitar un enfrentamiento armado que pudo llegar a alcanzar imprevisibles proporciones. Una vez más se comprobó la utilidad del Tratado como mecanismo creado para preservar la paz y la seguridad de los pueblos de América.

En esta forma esperamos haber hecho una exposición objetiva y resumida de lo acontecido en 1955, con base en documentos oficiales emanados de la propia Organización de los Estados Americanos. Procederemos a realizar el análisis concreto de los hechos históricos, de acuerdo a las tipologías y categorías expuestas en páginas anteriores, para exponer a continuación nuestras conclusiones.

4.- Análisis de caso. Costa Rica- Nicaragua 1955

Los elementos de juicio que debemos tener en cuenta son:

A.- Costa Rica acusa a Nicaragua por una serie de actos que considera constitutivos de agresión, entre los cuales señala: cierre del Río San Juan a la navegación de embarcaciones costarricenses; campaña de difamación por los medios de comunicación masiva, prediciendo luchas armadas que estarían produciéndose en Costa Rica; llamada de altos funcionarios de la Guardia Nacional a defender el territorio ante presuntas agresiones; desfiles y maniobras militares y concentración de tropas en la frontera común, y facilitación del territorio para las actividades de enemigos internos y externos del Gobierno constituido.

B.- Pocos días después presenta una nueva acusación, sosteniendo esta vez que fuerzas militares procedentes del exterior, sin mencionar directamente a Nicaragua, habían penetrado al territorio nacional y ocupado varios puntos de la zona fronteriza costarricense, entre ellos la población de “Villa Quesada”.

C.- Nicaragua se limita a sostener su total desconocimiento de los preparativos de invasión y su respaldo y acatamiento a los principios de No Intervención y de solidaridad continental, ofreciendo todas las facilidades necesarias a los investigadores que designara la Organización para el esclarecimiento de los hechos.

Posteriormente se quejó de que aviones costarricenses habían violado su espacio aéreo, notificando que por tal motivo procedería a reforzar las guarniciones acantonadas en su zona fronteriza y a ejercer vigilancia aérea.

D.- El informe de la Comisión Investigadora nombrada reconoció la existencia de una intervención extranjera en la preparación, financiamiento, suministro de armas y municiones; que una parte de las fuerzas rebeldes y del material y equipo bélico fue introducida por la frontera norte; que se produjo violación a la integridad territorial, y que combatientes internados y supuestamente desarmados por el Gobierno Nicaragüense, aparecieron posteriormente actuando en la zona conflictiva.

Como se puede apreciar, en el presente caso no cabe ninguna duda: existió intervención de parte de Nicaragua. Más, para lograr mayor claridad en la presente exposición, consideraremos en forma separada las dos acusaciones mencionadas, a fin de facilitar su clasificación.

En lo que hace a los sucesos identificados con la letra A.-, podemos afirmar que la intervención es tipológicamente indirecta, porque no hubo invasión material, pero sí apoyo a grupos contrarios a la autoridad constituida, e interna, porque se vincula con problemas estrictamente costarricenses.

Las presiones denunciadas como ocurridas en la zona fronteriza nos permiten concluir que estaba enmarcada dentro de la categoría militar.

No entramos a analizar el aspecto relacionado con la propaganda, considerada como violación de convivencia internacional, porque no existen elementos de juicio suficientes para determinar los verdaderos efectos que pudiera haber causado.

Los acontecimientos a que alude el hecho marcado B.-, hacen que la intervención se convierta en directa, por la ocupación de territorio nacional, y militar, porque fue llevada a cabo por fuerzas armadas procedentes del exterior.

El caso que hemos presentado en forma resumida nos sugiere también las siguientes observaciones:

1. La intervención fue notoria y demostraba una clara violación de la integridad territorial, la soberanía y la independencia política de Costa Rica. Sin embargo, a pesar de que estaba suficientemente establecida la culpabilidad de Nicaragua, no se produjo pronunciamiento condenatorio en su contra con base en lo dispuesto por los artículos 3º, 6º, 7º y 9º del tratado interamericano de Asistencia Recíproca -TIAR-, mucho menos que se hiciera alguna sugerencia sobre la factibilidad de aplicar cualquiera de las sanciones contempladas por el artículo 8, como era de esperarse.

2. El pronunciamiento del Consejo minimizó la gravedad del proceder nicaragüense, debilitando principios fundamentales sobre los que descansa la seguridad de los países del Continente. Se configuró, por tanto, una situación donde resulta fácilmente identificable la sustitución de la garantía que supuestamente otorga el Derecho, por la satisfacción de intereses políticos del momento.

3. Se puso de manifiesto, además, el irrespeto que muchas naciones observan respecto a compromisos libremente aceptados en reuniones internacionales, cuando sucesos determinados pueden afectar sus intereses nacionales o los propósitos hegemónicos de algunos gobernantes.

III. Conclusiones

Para este último apartado hemos reservado algunas reflexiones aplicables a las situaciones sometidas a estudio y aquellas que dicen relación con el ámbito general de aplicación del TIAR: los Estados que integran el Sistema Interamericano.

Empezaremos con las referidas al contexto local, para tratar a continuación las que afectan a todo el Continente.

1. Es innegable la tendencia de los organismos internacionales -y de esta crítica no se escapan los que operan en el ámbito regional-, de creer que la sola suscripción de convenios o tratados de paz es suficiente para solucionar un conflicto entre Estados. No perciben que en cada uno de ellos existe un substrato causal que si no se aborda en forma realista tiende a provocar que el status quo que se logra concretar, corrientemente adornado de ampulosas declaraciones de fraternidad, respeto mutuo y promesas recíprocas, tenga un cumplimiento incompleto o una vida efímera. No prestan atención al hecho fácilmente detectable de que en algunos están en juego superiores intereses nacionales y en la mayoría razones personales que inciden y presionan en la conducta de los gobernantes de turno.

Se disfrazó con el manto del Derecho, la problemática que tenía como base inconfensables intereses políticos.

2. La naturaleza de los problemas que afloraron hacía que su solución se ubicara en el campo estrictamente político y no en el militar, ya que en el fondo los mismos eran reflejo fiel de las discrepancias y resentimientos existentes entre el Gobierno ejercido por José Figueres y la dictadura somocista.

3. Pensamos que no procede concebir la historia en forma parcial sino que debe ser analizada en conjunto, sobre todo si consideramos que los Estados, como los seres humanos, no pueden considerarse ajenos o indiferentes a lo que acontece a su alrededor, porque siempre habrá relaciones recíprocas, verdaderos vasos comunicantes por donde fluirán las corrientes políticas e ideológicas que influirán en el destino de las naciones americanas. Por eso, la realidad histórica-jurídica varió cuando aplicamos a los acontecimientos diferentes categorías de análisis.

4. En la parte introductoria establecimos las tesis que trataríamos de demostrar con nuestro estudio. Ahora, después de haber analizado detenidamente el conflicto que se presento en 1955, debemos concluir, con satisfacción, que fueron suficientemente confirmadas. En efecto, consideramos demostrado que:

A.- El conflicto estudiado no puede ser tratado como problemas fronterizos, porque fueron de naturaleza eminentemente política y diferente. Si bien es cierto en algún momento ocurrieron violaciones territoriales y del espacio aéreo, tales acciones obedecieron a motivaciones derivadas de la rivalidad existente entre los gobernantes, quienes, para satisfacerlas, intervenían directa o indirectamente en los asuntos internos y externos del otro Estado.

Las pretensiones hegemónicas de los Somoza, a veces alentadas o al menos consentidas por Estados Unidos, constituyeron un factor predominante más en la producción de actos de interferencia en la vida política costarricense.

Eso sí, en todas las oportunidades que se les presentaron siempre sostuvieron en forma reiterada su inocencia total en los hechos producidos y se presentaron como víctimas propiciatorias de inconfesables maquinaciones urdidas por fuerzas organizadas en el exterior.

A. Costa Rica y Nicaragua, a pesar de que en todo tiempo han sostenido su incondicional respeto y acatamiento a la No Intervención, y demás principios que integran el ordenamiento jurídico interamericano, en las circunstancias estudiadas asumieron actitudes catalogables como constitutivas de agresión intervencionista. Funcionó así lo que identificamos como relación inversa Derecho-Política.

B. A la hora de discutirse en los foros internacionales la adhesión al principio de No Intervención, todos los gobiernos se pronunciaron con entusiasmos a favor de su estricta observancia, pero cuando se presentó la oportunidad de su aplicación a situaciones concretas, en la mayoría de casos ese prometido respaldo resultó inexistente o timorato.

Así, los gobiernos con inclinaciones de liderazgo al mismo tiempo que pregonaban su incondicional apego a las normas del derecho internacional, utilizaron los más variados pretextos para tratar de justificar su injerencia en los asuntos internos o externos de otros Estados.

C. Dado que intervenir o no es cuestión que pertenece al marco netamente político, el derecho internacional se ha usado, generalmente, para intentar la justificación de actitudes intervencionistas de algunos gobiernos. En tales casos la diferencia entre el “deber ser” del Derecho y el “ser” de la Política, se manifestó en toda su amplitud.

D. La relación inversa Derecho-Política resultó también manifiesta en los casos de Cuba y República Dominicana y en la guerra de las Malvinas, ocasiones en las cuales quedó al descubierto el hecho cierto de que en materia de relaciones internacionales lo político goza de preferencia sobre lo jurídico y, como señalamos anteriormente, el “ser” político se antepone al “deber ser” jurídico.

Sobre este aspecto de nuestro cuestionamiento debemos tener presente que el Derecho Internacional carece de mecanismos efectivos de coacción, por lo que en su aplicación se pueden formular recomendaciones o ejercer presiones, pero es difícil que se llegue a plantear soluciones concretas con carácter obligatorio, por lo que generalmente es el estira y encoge característico de la diplomacia la actitud que determina la solución de los problemas.

5. Estamos conscientes de que el presente estudio carece de la amplitud y la profundidad que eran de desearse. Con todo, quedaríamos ampliamente satisfechos si algún estudioso de las Ciencias Políticas considera conveniente ampliar este estudio y buscar contestación a algunos de los interrogantes que nos hemos formulado y que por considerarlos de interés exponemos a continuación.

A. Es el respeto a la No Intervención una actitud positiva que puede llegar a consolidar la paz y la felicidad de todos los pueblos de América o una simple invención defensiva en manos de la Organización de los Estados Americanos, que se reserva el derecho de promover su observancia sólo en aquellos casos en que está siendo amenazada la seguridad Continental?

B. Qué efectos tendría la No Intervención en una OEA donde no participara Estados Unidos?

C. De qué manera se garantizaría su efectividad como norma rectora de las relaciones americanas, en una Organización de Estados Latinoamericanos?

D. Cuando se trate de establecer el ámbito de aplicación del principio de No Intervención, debe ser tomada en cuenta como causa de justificación el deber moral de velar por la vigencia de los derechos humanos? E. Bajo cuáles circunstancias específicas un Estado puede intervenir en los asuntos internos o externos de otro, cuando deba defender su seguridad amenazada por el peligro de un ataque extranjero?

Si alguien con mayores luces emprendiera esa tarea, nos quedaría la satisfacción de haber contribuido en algo al estudio de una materia de trascendental importancia para el futuro de los pueblos de América.

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