La libertad de elegir: Política, Gobernalidad y Pobreza en el Caribe Colombiano, 1859-1885

Luis Alarcón Meneses¹*, Jorge Conde Calderón²*

^{Dirección para correspondencia:}


Durante la segunda mitad del siglo XIX Colombia se organizó a través de un régimen federal (1857- 1886), el cual estuvo integrado por nueve entidades territoriales denominadas Estados Soberanos. Dos de esas entidades territoriales reconocidas por la Constitución Federal de 1863 fueron Bolívar y Magdalena. Este artículo analiza el nivel de politización alcanzado por los ciudadanos de los dos. Lo anterior permitirá una aproximación a la sociedad y a la política en lo que hoy llamamos Caribe colombiano. También identificar las prácticas políticas del periodo federal, la presencia lograda por los partidos con sus respectivas facciones en la vida ciudadana y acercarnos a las características más sobresalientes de los Estados Soberanos como entidades político-administrativas.

Palabras claves: Colombia, región Caribe, prácticas políticas, elecciones, gobernabilidad, pobreza, régimen federal.



During the second half of the nineteenth century Colombia was organized through a federal regime (1857-1886), which was composed of nine local authorities called Sovereign States. Three of these entities territorial sovereign status recognized by the Federal Constitution of 1863 and located in the wider Caribbean region, were Bolivar, Magdalena and Panama, this article focuses on historical and political practices partisan confrontation sthat took place in this territory characterized as a largely mestizo society which had to facehard ship as poverty and violence, which added to other problems of cultural governance would eventually prevent these territories.

Keywords: Colombia, Caribbean region, political practices, elections, governance, poverty, federal system
A mediados de 1859 los ciudadanos del distrito de Mahates, en el Estado de Bolívar, proclamaban “altamente la reforma, la regeneración”, para así reasumir todos sus derechos y garantías, las cuales habían sido suspendidas por gobiernos anteriores. El pronunciamiento estaba signado, en su totalidad, por la impronta política. No había señales de demandas económicas o sociales, a pesar de que era de público conocimiento y manejo por los ensayistas de la época, la pobreza en que vivía la mayoría de las familias, la agobiante crisis fiscal del Estado y la desigualdad social entre sus habitantes. Sin embargo, ello no aparecía reflejado en el contenido del acta, el cual era, en sentido estricto, político ya que se trataba de reemplazar un régimen antiguo por otro nuevo. Este último era el federal.

En el marco de esa politización pública y cotidiana evidenciada en el diario acontecer de los vecinos de Mahates, el interés principal se concentraba en la regeneración del Estado, ya que en los últimos años

… aquí solo se ha experimentado la acefalia completa de la administración de justicia y política; aquí la instrucción pública y gratuita ha sido mirada con el mayor desprecio; aquí se ha ahogado el voto popular tan cínicamente, que durante el período de dos años, los ciudadanos del distrito, sin distinción de color político, no han usado de tan precioso derecho para no dar por consentida una burla con detrimento de su dignidad.¹

La politización de la vida cotidiana de esos ciudadanos fue el común denominador en el resto de los habitantes tanto del Estado de Bolívar como en el del Magdalena. Era parte de su cultura política. El presente trabajo analiza el nivel de politización alcanzado por los ciudadanos de los dos Estados durante el período del régimen federal. Lo anterior permitirá una aproximación a la sociedad y a la política en lo que hoy llamamos Caribe colombiano. También identificar las prácticas políticas del periodo federal, conocer el peso alcanzado por los partidos con sus respectivas facciones y acercarnos a las características más sobresalientes de los Estados Soberanos como entidades político-administrativas (^{ver figura 1}).

Durante el período federal las sociedades establecidas en los dos Estados soberanos estuvo marcada por la confrontación y la pugna por el poder entre los distintos actores del escenario político, algunos de los cuales se reflejaban de manera específica en la competencia electoral, circunstancia que muestra claramente el enfrentamiento entre los miembros de los partidos liberal y conservador o entre las facciones en que estos se dividían. En términos generales, en esos Estados no existió la unanimidad política ya que en la mayoría de los distritos y departamentos había por lo menos dos grupos políticos enfrentados por el control del Estado, lo cual se reflejaba en la composición de los cabildos y asambleas. Cabe anotar que en ocasiones las confrontaciones tomaban el sendero de las armas.



Durante el periodo federal la pugna partidista fue permanente, lo cual reflejaba lo que ya desde inicios de la República era una característica de la cultura política del país: los enfrentamientos faccionales, los reacomodos partidistas y la negociación política². En consecuencia, desde el comienzo de la vida administrativa de los Estados costeños como entes territoriales soberanos los enfrentamientos políticos fueron una constante y contribuyeron, junto con otros factores, a la ingobernabilidad estatal y a la crisis institucional de la sociedad en general.

La lid política que se dio en esos Estados enfrentó funcionarios públicos de diversas categorías, grupos familiares, caciques y gamonales acompañados de sus respectivas redes clientelares. Enfrentamientos faccionales, en los que muchos de los actores estaban identificados o alineados con alguna de las dos colectividades. La documentación de la época muestra el papel jugado, desde la primera mitad del siglo XIX, por los partidos liberal y conservador que, para el período federal, contaban en Bolívar y Magdalena con un significativo número de seguidores, los cuales no solamente provenían de las elites sino también de estratos medios y bajos de la sociedad. Los vínculos políticos se realizaban a través de parentescos, nexos familiares, amistades, experiencias educativas, acontecimientos coyunturales y sobre todo por la participación común en las guerras civiles.³

Un caso ilustrativo sobre el papel jugado por las guerras civiles en la construcción de las adscripciones partidistas lo constituye, para el caso de la región Caribe, la guerra de los Supremos, ya que en ella se forjaron relaciones y amistades políticas entre algunos de los individuos que empuñaron desde el mismo bando las armas. También, por este conflicto civil se gestaron o se ahondaron muchas de las rivalidades entre familias, localidades y se forjaría lo que desde el siglo XIX caracterizaría la política nacional: el bipartidismo⁴.

Un caso que evidencia este proceso de definiciones partidistas lo constituyó la familia Labarcés, residenciada en Ciénaga, Estado del Magdalena, a cuya cabeza estuvo Agapito Labarcés, quien junto al general venezolano Francisco Carmona se convirtió en uno de los líderes de la rebelión federalista que desafió al gobierno nacional de José Ignacio de Márquez. Algunos de sus miembros fueron perseguidos por los seguidores del General Alcántara Herrán, luego de haber regresado del exilio a que habían sido  condenados por rebelarse contra el gobierno nacional. Esta persecución fue dirigida por el efímero gobernador provincial Carlos Fábregas y terminaría con el fusilamiento, en Ciénaga en 1844, de los federalistas Andrés Avendaño, Gregorio Labarcés, Nicolás González, Ignacio Valle y Francisco del Cáñazo. Ello condujo que la familia Labarcés y otras de esa localidad se declararan contrarias a las tendencias conservadoras representada por Marquez, por considerar que había sido la primera, según Gregorio Labarcés, la que los sometió a una:”[…] persecución que atentaba contra nuestra honra i bienes familiares”⁵. Otros miembros de la familia Labarcés tuvieron que huir por varios años para no ser fusilados, como su hermano Gregorio y sus demás compañeros de aventura: “Agapito y Francisco Labarcés junto con Agustín Cueto vivieron fugitivos y errantes cuatro años, hasta que el general Mosquera, cuando en su calidad de presidente de la república visitó a Santa Marta en noviembre de 1847, expidió un decreto de indulto para favorecerles.”⁶

Durante los primeros años de existencia del Estado del Magdalena, los Labarcés se convertirían en una de las familias que desde el partido liberal controlaban en gran parte la política en Ciénaga, una de las localidades donde este partido contó con cierta favorabilidad, tal como lo demuestran los resultados electorales que llevaron en 1860 al general Francisco Labarcés a la presidencia del Estado del Magdalena.

Además de situaciones como la anotada a través de las cuales se adscribían los individuos a los partidos políticos, es necesario tener en cuenta que a la difusión de las ideas alusivas a estas organizaciones contribuyeron también la prensa, la Iglesia, así como, para el caso del liberalismo, las llamadas sociedades democráticas y las logias masónicas, convertidas en espacios de transmisión de ideologías modernas de las cuales fue portador, por lo menos formalmente, el liberalismo decimonónico⁷, partido al cual pertenecían individuos provenientes de sectores populares de la sociedad regional.

La presencia de diversos sectores de la sociedad dentro de los partidos políticos colombianos del siglo XIX permitió que estos, desde sus orígenes, se definieran  como organizaciones políticas de orden multiclasista, que fomentaban la formación de redes clientelistas fundamentadas en su mayoría en sociabilidades tradicionales. En la práctica sirvieron de puente para que sectores populares transitaran, no solo hacia “el mundo de las pasiones y componendas partidistas”⁸, sino también que pudieran acceder a la participación política. Sin embargo, en el plano nacional, la inclusión de sectores subalternos escasamente fue más allá de la militancia partidista, ya que al mismo tiempo que se les permitía ingresar al partido se le colocaban límites tales como el alfabetismo, la independencia económica y el origen familiar, entre otros, para que no pudieran hacer parte de las grandes decisiones o de la llamada gran política nacional. Esta situación algunos estudiosos de la realidad colombiana la consideran como “la combinación de inclusión clientelista/exclusión cultural” en la práctica política del país⁹.

No obstante, a nivel local este proceso tendría otras connotaciones, ya que en los pueblos, distritos y provincias del Caribe colombiano la participación de algunos individuos de extracción popular en la política les permitió interactuar social y culturalmente con otros sectores de la sociedad, lo cual eventualmente les posibilito alcanzar cierta movilidad social y convertirse en actores de primer orden en el escenario político regional. La política era allí, según Marco Palacios, “una transacción de los propietarios y notables, ausentes o presentes, y las capas populares, pueblerinas y campesinas, mediatizada por gamonales. La política nacional era el referente: la autoridad era legítima según el partido en el gobierno.”¹⁰

Para lograr la inclusión clientelista, los dirigentes políticos acudían a diversos mecanismos de actuación. Estos, además de valerse de la relaciones de dependencias que mantenían con algunos individuos como resultado de préstamos, favores y compadrazgo, aprovechaban cualquier oportunidad para dar muestras del espíritu libre y de los principios igualitarios del partido al que pertenecían. Llegaban en ocasiones a asumir posturas demagógicas en actos públicos, en actividades sociales o festivas, tal como lo describió un cronista de la época, para quien:

“[…] la demagogia era una astucia que usaban teatralmente en Santa Marta, tanto los directores del partido liberal como los del partido conservador. Y si en 1850 se había llegado a la exageración, según casos que vamos a referir, […] En un baile dado en la alameda pública al pueblo liberal, el señor José Guerrero, de la alta sociedad, fue a verlo con una linda sobrina suya de color alabastrino. Llamó de los bailadores el que el pareció más burdo y de peor exterior, lo instó para que valsara como realmente bailó con su sobrina. Esto lo hacía el señor Guerrero para dar una prenda de ser liberal y como una lección práctica de igualdad social, clase de nivelación en que más buscaba sus triunfos el pueblo de entonces. Luego después hubo un baile dado al pueblo conservador. El señor Esteban Amador, hizo semejante cosa, llamando al que le pareció más intenso y feo de los bailadores, para que danzara con una bella hija suya que tenía de brazo. El señor Amador se propuso mostrar que el partido conservador era también liberal, y que el suyo, acataba asimismo la propaganda de igualdad social.”¹¹

A través de estos actos de demagogia se pretendía hacer gala del espíritu de libertad y de igualdad de los partidos, los cuales ya para mitad del siglo XIX contaban con un número considerable de seguidores en cada una de las provincias y distritos de la región. Igualmente, estos habían avanzado en la construcción de su propia identidad como partidos políticos, lo cual les permitió una presencia importante en cada uno de los Estados Soberanos del Caribe colombiano (^{ver figura 2}).

A pesar de la presencia temprana tanto del conservatismo y del liberalismo en la costa, los estudios sobre la composición política de la región han demostrado que la población de esta en su mayoría fue más afecta a las ideas liberales. Según la historiadora Helen Delpar, se debió a la presencia de una población mayoritariamente negra y mulata, así como a las medidas adoptadas por los liberales a favor de la abolición de la esclavitud y al escaso control social ejercido por la Iglesia. Situación corroborada por estudios posteriores en los que se destaca cómo el partido liberal en la región durante el siglo XIX estableció estrechos lazos de negociación y convivencia política con artesanos, negros libres y gente de color, lo cual propició una temprana y arraigada “identificación de estos grupos sociales con el partido liberal”¹², que facilitó la integración de los sectores populares a la esfera pública y política, y mejorar el status social y económico de amplias capas de la población costeña.

Por su parte, el conservatismo aunque no contó con el amplio número de seguidores del liberalismo, mantuvo una importante presencia en la política regional. Para ello se valió del apoyo de la Iglesia, la que si bien es cierto no tenía en la región el peso y el poder que sí alcanzó en Estados como Antioquia, se constituyó en un mecanismo de adoctrinamiento y de movilización a favor de las ideas y doctrinas del partido conservador. El mayor arraigo lo logró en Corozal, Riohacha, Valledupar y Cartagena donde un sector de la élite de esta última, de los que hacían parte Bartolomé Calvo, Juan Antonio Calvo (primer presidente del Estado Soberano de Bolívar), Francisco de Zubiría, Manuel Román Picón y Juan Manuel Grau, se identificó más con las ideas de corte tradicionalista.

Liberales y conservadores durante el periodo federal, a pesar de compartir la idea federal y el sufragio universal, asumieron posiciones distintas en torno a diversos asuntos de la vida política y social de la región, lo cual les permitió construir su identidad como partidos políticos. La organización territorial de los Estados y Provincias, el papel del poder legislativo, el crecimiento de la burocracia estatal, las leyes electorales, las finanzas públicas, la organización del sistema educativo y la  religión constituyeron algunos de los temas que enfrentaron a los líderes de estos dos partidos. Ello generó que la vida política en la región durante el periodo federal estuviera en constante agitación, tal como lo demuestran innumerables discursos publicados en la prensa y libelos, en los cuales se da cuenta de las polémicas y confrontaciones que por distintas razones mantuvieron estas agrupaciones partidistas, las cuales en sus escritos acudían al juego de palabras, a los símbolos y las metáforas para descalificarse entre si: “[…] es un partido tiránico e inepto gobernando, demagógico i faccioso” ¹³, “[…] godos opuestos a la libertad del pueblo”¹⁴ . Esta situación generó con el tiempo imágenes y contra imágenes tanto de los partidos como de sus principales actores, proceso al cual contribuiría la prensa desde la cual se pretendió influir sobre los ciudadanos para que se identificaran a favor o en contra de los partidos en contienda, utilizando epítetos y motes para señalarse mutuamente. Los conservadores rotulaban a los liberales de “rojos”, “subversivos” y “facciosos”, mientras estos afirmaban que los conservadores eran “patiamarillos”, “recalzados” y unos “godos serviles”.

Ciertamente, en la región Caribe durante el federalismo también se implementó, al igual que en el conjunto del país, un proceso de definición y consolidación partidista, asunto en el cual el enfrentamiento discursivo jugó un importante papel, ya que permitía a sus integrantes construir un mayor sentido de pertenencia, al mismo tiempo que se veía a los miembros del otro partido como los rivales causantes de las penurias padecidas durante las contiendas civiles.

“Ardesé [sic] una casa en Gaira. Aunque la casa era de un liberal, no falta quien atribuya el incendio a los liberales. Ardesé [sic] el bote “Taganga”, y confundiendo el incendio de un bote con el de un pueblo, dicen en el acto-ya lo ven: están ardiendo a los pueblos conservadores.”¹⁵

A través del enfrentamiento político se inició y fortaleció aún más la cadena de los llamados “odios heredados” (animus belli) entre individuos, familias y localidades de la región. Esto terminaría por coadyuvar a la fijación de las adscripciones bipartidistas en la sociedad decimonónica colombiana¹⁶. En efecto, la pugna política generó en algunos momentos del periodo federal una situación de malestar entre la población, al mismo tiempo que afectaba a la gobernabilidad y la economía.

En los Estados de la costa Caribe la controversia política se multiplicaba durante los comicios. Se convertían en un factor que agudizaba las diferencias y disputas que existían de vieja data entre partidos, fracciones, localidades, familias y gamonales. Esta situación se tornaba mucho más complicada debido al secular fraude, el cual caracterizaba los procesos electorales en esta región y lo que de cierta manera evidenciaba la vulnerabilidad del sistema electoral y la debilidad del Estado. Sin embargo, el ejercicio del fraude al mismo tiempo era una práctica de participación política y de legitimación de los poderes existentes a nivel local y provincial,  espacios naturales del caciquismo convertido en un puente capaz de unir “[…] el país de la representación legal y el país de la desigualdad real […]”¹⁷. En efecto, el fraude electoral, al igual que “el caciquismo operaba sobre una doble identidad: partidista, es decir, liberal o conservadora, y municipal o de patria chica. Funcionaba en un circuito de lealtades, imaginarios y lenguajes, y no sólo con base en una calculada distribución del menguado poder y la influencia en sociedades agrarias que operaban formalmente bajo instituciones liberales y representativas.”¹⁸



“Durante las elecciones para diputados de la Asamblea Legislativa del Estado, una partida de cincuenta hombres armados de pistolas, machetes y palos intimidaron a los jurados”¹⁹, denunciaban en 1869 personas pertenecientes al partido conservador, quienes en esta queja se mostraban molestos por las constantes presiones e intimidaciones de que eran objeto por parte de los liberales durante las jornadas electorales en el Estado Soberano de Bolívar.

Manifestaciones como estas fueron una constante en las poblaciones de la costa durante las épocas electorales. Se convertían en verdaderos tinglados en los cuales las rivalidades políticas transitaban hacia el enfrentamiento violento, como  se puede observar en los informes institucionales y en la abundante correspondencia referida al tema de las elecciones, las cuales al decir de un cronista de Santa Marta “son como la brisa que aviva las pasiones”²⁰. Ciertamente, para el caso nacional, las elecciones representaban un factor de perturbación política y social en los Estados de la costa Caribe, en los cuales la intimidación, la alteración de los registros electorales, la intervención violenta en la jornada hacían parte de una práctica política inherente a la búsqueda de legitimidad del ejercicio del poder, fin que para el imaginario político de entonces justificaba la utilización de cualquier medio: incluso el fraude.

Durante los procesos electorales se evidenciaba lo que el historiador Marco Palacios llama la hiperpolitización de la sociedad colombiana, en especial a nivel local. Por lo general, la búsqueda de control sobre la esfera pública generaba enfrentamientos que desbordaban los cánones de la civilidad republicana a la cual  tanto se hacía alusión en el discurso político de la época. Si bien es cierto que se insistía en la importancia de las elecciones para el nuevo sistema de gobierno, en la práctica política se acudía a la utilización de “estrategias” que facilitaran la manipulación de las elecciones con el propósito de alcanzar el triunfo esperado, pues los mecanismos de movilización existentes, tales como las sociedades eleccionarias, las sociedades católicas, las sociedades republicanas, las sociedades instructivas o la relación patrón/cliente, no garantizaban por si solos que los ciudadanos con derecho a voto se acercaran a las urnas en épocas electorales.

Durante las elecciones, además de acudir a la retorica patriótica, se invocaban los “derechos y deberes sagrados de la amistad y las inviolables obligaciones de la gratitud, se alucina con ofrecimientos valiosos; se recuerdan favores y servicios sujetos a justo reconocimiento se hace vislumbrar la alta posición política y social  de los recomendantes, como para recordar o persuadir que ellos pueden ser útiles en el maremágnum de las varias y complicadas relaciones de la vida pública y privada, y […] se estimula, en fin, el espíritu de partido con la representación de la urgente necesidad de uniformar la opinión y votar en masa por los candidatos propuestos, [para] apoderarse por asalto del manejo de la cosa pública para conculcar sin miramientos los derechos e intereses de la nación y del individuo, y hacerse a medio con que poder vivir sin afán y satisfacer las exigencias de sus malas pasiones […]”²¹

La manipulación electoral se realizaba para garantizar el triunfo en la contienda y hacerse a los espacios de poder a nivel local, provincial o estatal. A ello se sumaba el fraude, el cual, conjuntamente con las presiones a “la libertad de elegir”, fue uno de los instrumentos más empleados por los dos sectores políticos en contienda. A pesar de que en el discurso lo descalificaban, en la práctica lo utilizaban frecuentemente como un medio eficiente que les garantizaba alcanzar la representación en las corporaciones legislativas y en el ejecutivo.

En el país, el principio de representación electoral ha sido fundamental tal como lo prueba el hecho de que el recurso de las elecciones como ejerció político fue una constante a lo largo del siglo XIX colombiano²². Desde entonces, elegir significó obtener la representación, la cual junto con la nación fueron las dos categorías centrales del mundo occidental²³ decimonónico al que pretendió insertarse el país. En Colombia, desde el siglo XIX, se ha acudido a la fórmula electoral para legitimarse. Es decir, para alcanzar la representación. El poder del voto conquistó el interés de liberales y el de los simpatizantes de los conservadores y a la Iglesia misma, quienes aceptaron desde muy temprano el principio de la representación electoral, el cual, luego del proceso de independencia, ha hecho parte fundamental de la cultura política colombiana²⁴, caracterizada entre otras cosas por una continua acción electoral. Esa actividad a pesar de que ha jugado un papel importante en la construcción de la ciudadanía a través del tiempo, ha permanecido permeada por la manipulación, el fraude y la violencia. Por tal motivo, en algunas instancias del proceso histórico el sistema político colombiano se ha asemejado más a un régimen de “ficción democrática” ²⁵.

Sin embargo, simultáneamente a la ponderación de las elecciones, fueran restringidas o universales, la denuncia partidista sobre el fraude fue una constante en la prensa y en los informes de jefes municipales y gobernadores provinciales, quienes, a pesar de manifestar su repudio a un hecho considerado “nocivo para un gobierno libre y representativo” y de culpar a los gamonales, a la legislación electoral o a la falta de autoridad del Estado, en la realidad se mostraban poco dispuestos a impedir una práctica a la cual ellos también habían acudido para alcanzar la representación. Es decir, ser “elegidos” para ocupar cargos públicos en los distintos niveles de actuación gubernamental. Efectivamente, estas denuncias sobre el habitual fraude no intentaban depurar la esfera pública, ya que estas manifestaciones de reprobación y deslegitimación del adversario no iban acompañadas de acciones reales de rechazo a un ejercicio político del cual estos también se lucraban y lo que terminó generando una coexistencia entre el ejercicio del fraude y su desaprobación.²⁶

Analicemos varias de estas denuncias que muestran el uso generalizado del fraude en los Estados de la región Caribe por parte de liberales y conservadores, para luego describir los niveles de violencia a que ello conducía. En la práctica, dificultó la construcción de la institucionalidad estatal en estas entidades político administrativas.

Durante las elecciones para elegir senadores en 1860, fueron muchos los episodios de fraude y presiones denunciadas. En una de ellas se denunciaba que en la elección para senadores en el distrito de Guamal, Estado del Magdalena, alcanzaron a votar 106 electores por la lista liberal y 30 por la lista conservadora. Al cerrarse la votación el jurado se negó a realizar los escrutinios y procedió a guardar la urna. Al día siguiente al realizarse el conteo, las papeletas a favor de los conservadores alcanzaron las 450; “que la falsedad era tan patente que las boletas no estaban dobladas una a una sino que se encontraban en paquetes de muchas de ellas”²⁷. Para esa misma elección el jefe municipal del Cerro de San Antonio denunció a Manuel Bravo, alguacil del juzgado nacional, quien valiéndose de su jerarquía como miembro de las comisiones eleccionarias ha “creado muchos documentos falsos en los pueblos del Magdalena”, al mismo tiempo que manifestaba que el distrito de Heredia no hubo elección y que “un día fueron a la casa del Sr Rosellon, Presidente del Jurado […] y vieron a Pedro Pérez Rosa que estaba con los jurados envolviendo papeletas de electores, que alcanzaron a leer las actas de registros, que algunas boletas que leyeron decían, Manuel Murillo Toro, Abello y Cia, por lo que no dudaron que estaban fraguando las elecciones que habían pasado.”²⁸ Como se observa, las denuncias sobre fraude provenían tanto de conservadores como de liberales. Cada uno de los cuales acusaba a su contradictor político, más con el interés de deslegitimarlo, restándole así reconocimiento como representante de la soberanía popular. Tal como hemos venido insistiendo, a pesar de la existencia de un discurso político en el cual el fraude se calificaba como inmoral y se le censuraba, al mismo tiempo se le toleraba como una práctica propia de la cultura política que, según Murillo Toro, uno de los máximos líderes del liberalismo radical, era propio de sistemas republicanos en formación, por lo que llamó a la aceptación de los errores de las primeras experiencias con el voto popular, pues era “la esencia del sufragio perfeccionarse a medida de su uso”²⁹.

En el Estado de Bolívar se presentaban situaciones similares relacionadas con la manipulación de los comicios: se suplantaba a jurados y electores, se ejercía violencia contra los jurados, se alteraban, se incrementaba el numero de papeletas en las urnas o cambiaban los nombres anotados en ellas y otra serie de prácticas para adulterar los resultados a favor de alguno de los candidatos en contienda. Esto sucedió en Barranquilla en las elecciones de 1868 cuando los miembros de la fuerza pública se dedicaron a perseguir a los electores y a obligarlos a votar por las listas liberales; también amenazaron a los jurados que no le permitieran votar a los soldados “cuantas veces quisieran” […] “El exceso de la fuerza pública llegó a tal extremo que dizque se castigaba a los soldados que no querían cumplir con la orden de votar continuamente”³⁰. La utilización de la fuerza para constreñir al electorado era una de las acciones realizadas durante el proceso electoral. Un ejemplo de ello fueron los sucesos ocurridos durante las elecciones de concejales en Lorica cuando un grupo de hombres armados provenientes de la población de San Antero obligaban a votar por los candidatos de su predilección amenazando a quienes les desobedecieran: “Maltratan a unos, aprisionan a otros, destruyen las propiedades de aquellos, ponen en peligro las vidas […] y desconocen toda autoridad legal amenazando al juez de muerte.”³¹

Detrás de estas denuncias, que hacían parte de la retórica del fraude³², se gestaba una lucha entre sectores políticos con distintos niveles de influencia local y provincial. La intensidad de esta retórica muestra también la existencia de algunos traslados o movilidad social a nivel local, pues, algunas de las denuncias sobre el fraude electoral fueron presentadas por nuevos actores del escenario político quienes, al no lograr el triunfo electoral, se vieron en la necesidad de denunciar esta práctica, a la cual también ellos acudirían posteriormente. Las denuncias sobre la existencia del fraude como práctica política pone de manifiesto que unos de sus ejecutores fueron los agentes del Estado en sus distintos niveles gobernativos, lo cual muestra que en los Estados de la región Caribe, la figura del “gobierno elector”³³ estuvo presente en las jornadas electorales a nivel local, provincial y estatal. Desde el gobierno se pretendía seguir controlando la esfera pública para lo cual era necesario elegir a sus candidatos para mantener el poder, tal como lo denuncio el diario La Palestra de Mompox en 1872:

“las asambleas bolivianas son por lo común hechura del poder ejecutivo, quien contando naturalmente con el apoyo de una oligarquía de que es jefe, protector y director, puede permitirse cualquier desmán seguro de la impunidad que sus asociados, los caciques o señores feudales de nuestras atrasadas poblaciones, le prometen en cambio de su auxilio para conservar sus encomiendas.³⁴

En ocasiones el “gobierno elector” se asociaba con otros poderes electorales, tales como gamonales, caciques, militares y sacerdotes quienes contaban con sus huestes que les seguían a las urnas. Poderes que, conjuntamente con el “gobierno elector”, buscaban también controlar a otros actores de la trama electoral, como jurados y delegados a través de los cuales se garantizaban los resultados. Para el caso colombiano se conoce desde el siglo XIX la frase lapidaria “el que escruta elige”, a la cual se refería Samper para criticar al régimen del liberalismo radical:

“Desde poco tiempo después de sancionada la Constitución de 1863, se empezó a notar que en todas partes el fraude y la violencia decidían de las elecciones, hasta el punto de volverse aforismo político esta odiosa frase: “el que escruta elige, o se elige”. Cada Estado legislaba a su arbitrio en materia de elecciones, y la Unión entera estaba obligada a dejarse imponer lo que se hacía en los Estados, aceptando Presidente, Magistrados, Senadores, Representantes, Gobernadores y Diputados que derivan sus empleos del más vergonzoso origen. Así, el sufragio, base necesaria de la república, quedó completamente pervertido y degradado; todo poder careció de legitimidad; toda elección fue una comedia más o menos trágica; el país vivía aterrado con las elecciones, frecuentísimas zambras de violencias y pollerías, y no había seguridad para los intereses, ni base de seguridad en la vida y las evoluciones de los Gobiernos, las Legislaturas y los Congresos”³⁵

Las zambras y la violencia a que hacía alusión Samper fueron también una constante en las denuncias sobre las irregularidades electorales durante el período federal. La coacción y el constreñimiento realizados a través del uso de la fuerza y de la violencia fue uno de los métodos comúnmente utilizados durante las elecciones en toda la región, como efectivamente lo denunciaba el gobernador de la Provincia de Cartagena, para quien resultaba

“[…] escandaloso e intolerable el sistema que se ha empleado en este año, Señor Secretario en esta capital para trabajar una fracción política en las elecciones, es el siguiente: se apodera de las barras una cuadrilla de hombres con armas ocultas, como si fueran un campo de batalla, y se encargan de ser apoderados de todo los ciudadanos inscritos en la lista de electores, sin tener la mayor parte de las veces, ni el trabajo de decir el nombre que toman sino indicando un numero en la lista diciendo ¡Ese soy Yo!, habiendo sucedido que al indicar un numero, éste corresponda a un lector que ya votó o parece que sufragó, y manifestar entonces con el mayor cinismo, que será el numero que sigue al otro hasta llegar en fin, a uno que este sin marcar, de este modo han agotado las listas[…]”³⁶

En efecto, los desórdenes, la agitación y la violencia fueron comunes a los procesos electorales en los Estados costeños durante los veintinueve años de vida política del régimen federal, la cual estuvo atravesada por la rivalidad entre partidos o entre sus fracciones enfrascadas en la lucha por conquistar el poder local, provincial, estatal y nacional. Situación que de cierta manera era propia de la práctica política, pues la esencia misma de la política es la confrontación, la cual si bien es cierto hace parte de la lucha por el poder, para el caso colombiano alcanzaría altos niveles de pugnacidad al punto que el conflicto político derivó en enfrentamientos armados y en pérdidas de vidas humanas. Muestra de ello es que el escenario electoral era considerado en el discurso político de la época como un campo de batalla, donde las jornadas electorales estaban asociadas al combate y cuyo espacio principal eran plazas, escuelas y calles donde acudían electores, jurados y autoridades provistos no solo de las papeletas de votación sino también de armas con el propósito de defenderse o intimidar al contrario. En ocasiones esto terminó en tragedias como la ocurrida en Soledad, Estado de Bolívar, cuando al verificarse las elecciones de miembros del Concejo Municipal

“resulto la muerte violenta de uno de los miembros del 1er jurado electoral, el señor Francisco Ríos, en el local mismo en que estaba reunido el jurado, y hubo algunos heridos de poca gravedad, en la lucha que se trabó en las calles.”³⁷

Durante las elecciones para diputados de la Asamblea legislativa del Estado de Bolívar,

“una partida de cincuenta hombres armados de pistolas, machetes y palos intimidaron a los jurados. Desobedecieron las resoluciones del jurado haciendo sufragar por la fuerza a [algunos] individuos […] Emplearon además las armas contra los electores que trabajaban en los jurados en uso de un derecho.”³⁸

Por su parte, en el distrito de Baranoa y con motivo a las elecciones de Concejo Municipal en 1873 se presento una trifulca en la cual 

“Dos partidas de hombres, la una se titulaba araujista y la otra baneista se encontraron en medio de la calle y se trabó entre ellas una lucha tal que produjo tan funestos resultados que puede asegurarse que desde ese día no ha reinado verdadera tranquilidad en aquel distrito. Hubo dos muertos y varios heridos”³⁹

La violencia fue una constante durante las elecciones en los Estados del Caribe colombiano, por lo que incluso luego de “Dos meses después [de iniciarse la contienda electoral] la capital del estado era como un volcán. El partido Liberal y el conservador atizaban sus odios recíprocos” ⁴⁰. Situación que además de mostrar como los ánimos se exacerbaban a propósito de la confrontación electoral, constituye la expresión de cómo la violencia fue utilizada como medida coercitiva para impedir o frenar la victoria electoral de los contrarios: “lo ganado en la guerra no lo perderemos en las urnas”, afirmaban los liberales radicales en el país luego de las contiendas civiles de 1860 y 1865.

Sin embargo, la presencia de la violencia como práctica política en la región se debe también tener en cuenta como un indicador de la falta de control del Estado o la incapacidad del mismo para ejercer el monopolio de la fuerza sobre la población y salvaguardar así el derecho al sufragio. Todo ello, independientemente de interpretaciones sobre el papel jugado por las manipulaciones en la ampliación del electorado y en el proceso de enseñanza de la participación ciudadana, muestra  un hecho inocultable: la debilidad institucional que caracterizó al aparato estatal durante el periodo federal y que en la práctica se traducía en la ausencia de gobernabilidad que a la larga haría más compleja la puesta en marcha del proyecto de modernidad, el cual necesariamente debía transitar de la mano de la educación, la formación ciudadana y la construcción de la nación.



La violencia, la coerción y el fraude durante las jornadas electorales en la región son solo una parte de un problema mucho más complejo del cual adolecían, como entidades político-administrativas de carácter federal, los Estados de Bolívar y Magdalena. Además de la inestabilidad generada por los conflictos políticos y las guerras civiles, también debieron enfrentar situaciones de orden fiscal, inexperiencia y bajo nivel de preparación de la burocracia, corrupción, lentitud y problemas de comunicación, baja cobertura escolar, inequidad en la división y estatus territorial, escasa infraestructura en obras públicas y hostilidad de la población, que hicieron de la ingobernabilidad (desgobierno como se le llamaba entonces) una problemática que caracterizó al régimen federal.

En efecto, los Estados de la región se caracterizaron por su precariedad como entes político administrativos, lo cual implicó dificultades en la recaudación de los impuestos y recursos financieros necesarios para sacar adelante los proyectos de modernización. Muestra de esta fragilidad estatal fue el elevado número de presidentes de los Estados costeños durante sus 29 años de existencia como entidades soberanas. Efectivamente, en el Magdalena entre 1857-1886 ocuparon el sillón presidencial 35 actores del escenario político, lo cual significa que, en promedio, cada presidente gobernó por tan solo 10 meses (el periodo establecido constitucionalmente era de 2 años). Sin embargo, en 1867 y 1875 los gobernantes por año alcanzaron los cuatro y en 1863 y 1870 se posesionaron otros tres presidentes en cada año. Ello imposibilitó la consolidación del poder presidencial como institución republicana de corte federal. Igual circunstancia, aunque más atenuada, vivió el Estado de Bolívar, cuya presidencia fue ejercida en 17 ocasiones, para un promedio de 20 meses en el cargo por parte de cada gobernante. Esa inestabilidad en los Estados de la región, generada entre otras causas por las revueltas locales, guerras civiles y fraccionalismo político, contrasta con lo ocurrido en Estados del interior del país como Antioquía, cuyo presidente conservador Pedro Justo Berrio ocupó el cargo durante 11 años (1863-1874).

Como la mayoría de los presidentes de los Estados costeños no gozaron del tiempo adecuado para gobernar, se vería truncada la continuidad de acciones y proyectos de gobierno. Ello trajo consigo una serie de improvisaciones gubernamentales que tendrían muy poco impacto en la organización de la institucionalidad federal. Los cortos periodos de tiempo en el ejercicio de la administración no permitieron que, a través de la experiencia, se avanzara en la formación de la dirigencia, la cual requería asumir sus funciones públicas con mayor conocimiento sobre las tareas por cumplir para lograr hacer realidad el ideario del liberalismo radical, el cual, por ser partidario de un Estado débil, terminó contribuyendo a la lasitud de los espacios de gobernabilidad en los Estados Soberanos.

Si ello ocurrió en los Estados, la situación en las provincias y distritos municipales fue todavía más inestable ya que los gobernadores y alcaldes estaban más expuestos a los vaivenes partidistas y a las acciones electorales a nivel local. En esas localidades la confrontación política podía alcanzar mayor intensidad entre los bandos enfrentados, situación que en algunas ocasiones impidió la conformación del Concejo, como efectivamente ocurrió en 1871 en Sahagun:

“En este distrito no ha funcionado en este año la Corporación municipal por las cuestiones que el señor Secretario general de Estado conoce con motivo de las elecciones para Concejeros, que debieron verificarse en diciembre último. A pesar de la resolución de este despacho dictada en este asunto, el Concejo del año pasado no ha querido continuar funcionando, y ha faltado en él esa rama importante del gobierno propio. Según lo relaciona el informe del Señor Alcalde, las sugestiones de unos, el temor de otros y el egoísmo de todos, han sido las causas eficientes de este resultado deplorable, que ha redundado en detrimento de los intereses locales”⁴¹

Allí, como en otros pueblos las confrontaciones y las revueltas impedían las elecciones, en medio de las cuales la amenaza y la violencia terminaron por atemorizar a los candidatos y a la población. Esto impedía la conformación del concejo municipal como ocurrió en varias poblaciones de la región, algunas de las cuales se mostraron indiferentes hacia los gobiernos federales, con los cuales no se sentían representados sino más bien sujetos a sus imposiciones fiscales. Actitud que de cierta manera era una continuidad de lo ocurrido durante la colonia, cuando los pobladores asociaban gobierno con tributación.

En 1871, J.M. Bula, gobernador de la Provincia de Chinú, luego de visitar el distrito municipal de Ayapel, afirmaba que ese pueblo parecía secuestrado por la acción del gobierno del Estado. Situación de la cual responsabilizaba a su lejanía  con respecto a Cartagena, lo que según él había generado en sus habitantes un “carácter egoísta y fanático” contra las autoridades del Estado de Bolívar, por lo cual los asuntos públicos eran mirados allí con “glacial indiferencia, y el esfuerzo de uno que otro hombre ilustrado que ocupa su recinto se estrella ante la apática indolencia de sus habitantes”⁴²

Lo que no contaba J.M. Bula era que el rechazo de esta población al gobierno federal era de vieja data y tenia sus orígenes en la persecución política a que fueron sometidos sus habitantes por su participación a favor del conservatismo durante la  guerra civil de 1859, lo que llevó a que en varias oportunidades se les expropiaron tierras y ganado por parte de los dirigentes del liberalismo radical. Razón por la cual se generó en ellos un carácter desafiante contra el gobierno federal por lo que no acataban las dictadas por estos.

“En Ayapel se lleva la hostilidad al gobierno hasta el punto que basta que un ciudadano llegue allí con el carácter de empleado público para que todas las puertas se le cierren; es tan difícil llevar a cabo las órdenes que provienen de cualquiera de los poderes públicos, que prefieren los sinsabores de un juicio de responsabilidad antes de cumplirlas. No hace muchos días que el Sr Alcalde del distrito de que me ocupo, volvió cerrado al Sr. Juez de la provincia un despacho en que se le comisionaba para llevar e efecto la restitución de unos terrenos manifestando en su nota que no se atrevía a verificar aquel acto de justicia. En Ayapel la autoridad es la befa, es escarnio de todos, sucediendo algunas veces que no solo se les haya irrespetado, sino hasta abofeteado y hecho ocultar […]” ⁴³

El distrito municipal de Ayapel no fue el único en asumir esta actitud frente a la autoridad estatal. En efecto, situaciones como estas fueron comunes en toda la costa a lo largo del periodo federal: “No es […] en el distrito de Ayapel únicamente donde se presentan estos casos de carácter individual; ellos ocurren por donde quiera con más o menos persistencia”⁴⁴, comentaba en un informe el gobernador de la provincia, quien además se quejaba de que los casos de “desobediencia e infracción de la Constitución y las leyes eran una costumbre inveterada”⁴⁵ que era necesario combatir y desterrar ya que atentaban contra el buen desempeño de los gobiernos, por lo cual llamaba a la adopción de medidas para “castigarlos y prevenirles” a través de la aplicación de medios legítimos como el Código Penal y la “educación moral e intelectual a las masas”.

Las desobediencias locales minaban la autoridad de unos Estados federales de por sí ya vulnerables como los de la costa Caribe. Ellos tenían escasa presencia institucional y real en muchas poblaciones de la región, en algunas de las cuales imperaba la cultura del “arrochelamiento”, forjada durante el periodo colonial, a través de la cual los habitantes se resistían a las disposiciones de una autoridad a la cual se le asociaba con la imposición tributaria y a la obligación de vivir bajo su control. Situación que, durante el proceso de independencia y primeros años de la república, se agravó cuando algunos pueblos se rebelaron, no solo contra la corona española sino también contra el control ejercido por las ciudades y pueblos principales como centros urbanos dotados desde la colonia con fueros y derechos corporizados, libres para actuar y ejercer jurisdicción territorial sobre las provincias.⁴⁶

Las rebeldías locales muestran también que en la costa Caribe existía un marcado particularismo localista no sólo entre grandes ciudades, sino también entre las antiguas villas y poblados de origen colonial, que ya desde entonces, por muy míseros que fueran, aspiraban a un mínimo de autonomía que les permitiera contar con un espacio local sobre el cual gobernar y sacar provecho. Situación que contribuyó a la ingobernabilidad, la cual se constituyó en un problema contra el cual chocaron los proyectos de modernidad que pretendieron desarrollarse en la región para el período estudiado.

Otro de los elementos que dificultó el buen desarrollo de la institucionalidad en los Estados de Bolívar y Magdalena, además de la indiferencia y la desobediencia de población local, fue la escasez de personal idóneo para ocupar los cargos públicos. En efecto, por razones que tenían que ver con su precariedad demográfica, alto grado de analfabetismo y pobreza, algunos distritos municipales no contaban con personal suficiente y capacitado para asumir los cargos del gobierno local. Circunstancia que dificultó el reclutamiento de individuos dispuestos a ocupar los cargos.

Esta situación atentaba directamente contra el funcionamiento de los Estado Soberanos ya que la articulación entre los distintos niveles del gobierno federal fue una tarea casi imposible de llevarse a cabo en una región, donde la llamada cadena de mando no fluiría con la eficacia y celeridad que requería el régimen federal impulsado desde el liberalismo radical. Razón por la cual muchos de sus proyectos se quedaron más en el plano de la retórica discursiva y escasamente transitaron hacia la compleja realidad.

La escasez de personal idóneo para los cargos públicos en el ámbito municipal y provincial hizo parte de las permanentes quejas de los gobernadores y presidentes de los Estados costeños, para quienes esta situación era “intolerable para una sociedad que quiere alcanzar la modernidad”. Sobre todo porque la misma tenía que ver con el analfabetismo. En efecto, por lo general, en las poblaciones con un número muy reducido de personas que sabía leer y escribir se presentaba la ausencia de personal apto para desempeñar cargos de alcalde, secretarios, concejales, tesoreros, jurados electorales y maestros de escuela, entre otros.

“La falta de personal competente es la norma”, aseveraba en un informe el gobernador de la Provincia de Cartagena, para quien la marcha de la administración de los pueblos en 1878 estaba en malas condiciones porque no contaban con personas que al “dominar el arte de la lectura y la escritura” fueran capaces de desempeñarse en los cargos. Se daba el caso de que en algunos distritos una sola persona, por el hecho de saber leer y escribir, terminaba desempeñando por poder todas las oficinas, siendo al mismo tiempo Alcalde y Secretario, así como Juez, Presidente del Concejo y hasta encargado de las rentas públicas. En otros distritos como Santa Ana, solo se contaba con tres individuos que por saber leer y escribir se desempeñaban como Alcalde, tesorero municipal y presidente del Concejo, razón por la cual se llegó a considerar eliminar el municipio por “no tener personal suficiente para el desempeño de sus empleos, ni otras condiciones, no merecen la categoría de distrito que hoy tiene”⁴⁷



“Poblaciones hay en esta Provincia que no reúnen las condiciones requeridas por el artículo 66 de la Constitución del Estado, que no tienen el número necesario de ciudadanos que sepan leer y escribir, en quienes […] deban caer las elecciones o nombramientos para destinos públicos, y esto no obstante se les ve figurar como entidades distritoriales. En estas localidades no solo no existe el régimen municipal, sino que es sumamente difícil hacer sentir la acción del gobierno general”⁴⁸

Este panorama de “desgobierno y de desgreño en las oficinas y archivos”⁴⁹ era planteado año tras año en los informes oficiales. Esto nos da una idea de la debilidad institucionalidad de gran parte del territorio regional. La gestión de los gobiernos estatales era casi nula a no ser por el cobro de impuestos y contribuciones exigidos a una población por lo general analfabeta y resistente al cambio y a las reformas agenciados por los liberales radicales, quienes además debieron enfrentar la negativa de algunos ciudadanos que, a pesar de leer y escribir, se mostraban renuentes a ocupar cargos aduciendo para ello que estos les restaban tiempo en sus labores agrícolas o comerciales, las cuales garantizaban su sustento. Por lo general, el pago de los empleados públicos distritales, además de ser poco atractivo sufría constantes atrasos, ya que “el tesoro de los distritos está en un estado de postración lamentable [por lo que] no hay rentas para atender medianamente el pago de los sueldos de los empleados”⁵⁰. Situación que era comunicada a través de memoriales por parte de los empleados, como en efecto ocurrió en el distrito de Tenerife, en el Estado Soberano del Magdalena, cuyos empleados afirmaban: “[…] hace más de 11 meses que no se nos pagan nuestros servicios en la administración […] estamos en la imposibilidad de llevar un pan a nuestras casas”⁵¹



La falta del pago oportuno a los empleados evidencia problemas de orden fiscal por parte de los Estados costeños, lo cual se constituyó en otra de las razones de la debilidad institucional de los entes territoriales de carácter federal. Situación que al parecer era mucho más patética en algunos de los distritos municipales donde los recaudos por impuestos eran muy escasos, debido no solo a la pobreza de un gran porcentaje de sus habitantes y al contrabando sino también a la costumbre de no pagar impuestos como ocurría en las Provincias de Sincelejo, Magangue y Mompox en el Estado de Bolívar, cuyos habitantes se mostraban en desacuerdo con los gravámenes de degüello de ganado, destilación de licores y sobre todo con el de renta, el cual según el gobernador de la Provincia, “ha sido generalmente mal recibida, y sino me equivoco rechazada sino que hasta su titulo se hecho odioso, y esto es tan cierto, que la mayor parte de los calificados, elude de cualquier manera el pago del impuesto[…]” ⁵². El pago de los recaudos era mayor en las ciudades portuarias de Cartagena y Barranquilla, que por su dinámica comercial había un sector de la sociedad con mayores recursos que les posibilitaba cancelar el impuesto de renta directa. Sin embargo, esto no lo realizaban sin antes acudir a la triquiñuela y al fraude que les posibilitaba cancelar mucho menos de lo que por disposición les correspondía. Para ellos se valían de empleados “omisos en el cumplimiento de sus funciones”⁵³, quienes estaban prestos para realizar los “ajustes necesarios para su propio beneficio”⁵⁴.

A la crisis fiscal de los distritos contribuía también la centralización que en materia de impuestos habían asumido los Estados⁵⁵. Ello indudablemente contradecía los principios federales del régimen federal impuesto por los liberales radicales. Si bien es cierto que por un lado se fomentaba la autonomía política y administrativa de los entes municipales, por otro lado se les limitaba el acceso a recursos fiscales, ya que los poco que se recaudaba iba dirigido a las arcas de las tesorerías estatales, situación que generó resistencia por parte de localidades como Mompox cuyo concejo municipal, integrado en su mayoría por comerciantes, tomó la decisión de no acatar las disposiciones que en materia fiscal dictó el Estado de Bolívar en 1865, ya que las consideró perjudiciales no solo para el gremio de los pequeños comerciantes sino también para las débiles finanzas municipales que, según estos, no recibía mayor beneficio de tantos gravámenes a las rentas de los momposinos.

Al igual que Mompox, otras localidades de Bolívar y de Magdalena, desafiaron el poder estatal al momento de legislar en materia de impuestos por considerarlos contrarios a los intereses de la población. Sin embargo, detrás de estos hechos estaban los intereses particulares de algunos sectores de la sociedad: agricultores, ganaderos, artesanos y comerciantes renuentes al pago de contribuciones a favor del gobierno federal, para lo cual se escudaban en el discurso de la autonomía municipal. Esta oposición al pago de contribuciones también tuvo matices de orden partidistas. En diversas ocasiones los conservadores se negaban a pagar contribuciones fiscales con el propósito de entorpecer la marcha del gobierno liberal. De esta manera, para el caso del Estado de Bolívar, distritos municipales de estirpe conservadora como Corozal, Pinillos, Simiti y Ayapel se mostraban siempre renuentes al pago de recaudos a favor del Estado, lo cual según los funcionarios era consecuencia “[…] de la falta de apoyo moral que aquí tienen las autoridades”⁵⁶

La negativa al pago de los impuestos evidencia la debilidad de un Estado incapaz de hacer cumplir a los ciudadanos el pago de sus contribuciones, tan necesarias para el funcionamiento de la administración federal57. El gobierno se sentía manoseado tal como lo afirmó en su momento el gobernador de la provincia de Barranquilla quien describió como “[…] el comerciante conservador no quiere pagar impuestos porque a él poco le importa, pues entiende que los liberales gobiernistas son todos una partida de picaros ladrones, y los comerciantes liberales tampoco quieren pagar impuestos porque ellos son amigos del gobierno […]”⁵⁸. Esta actitud desafiante es una muestra de la marcada politización de la sociedad y que de cierta manera también se convirtió en un factor que dificultó la consolidación de espacios de gobernabilidad en los Estados de la costa Caribe colombiana. Adicionalmente debieron enfrentarse a la pobreza fiscal que en gran  medida limitó el tránsito de estos entes territoriales hacia su consolidación como entidades político administrativas de carácter federal, capaces de implementar las  reformas y programas de modernización propuestos por el liberalismo radical.

Ciertamente, durante la existencia de los Estados del Magdalena y Bolívar, uno de los graves problemas que afrontaron sus gobernantes fue la precariedad económica allí reinante. En efecto. De las nueve secciones existentes en el país durante la época federal, el Magdalena fue donde la pobreza que caracterizó al país en el siglo XIX se hizo sentir con mayor énfasis, al punto que se convirtió en un factor que limitaría en varios órdenes la acción del Estado⁵⁹. Por la precariedad de sus finanzas públicas, tuvo que ser subsidiado por el Estado central para cubrir los  gastos de funcionamiento.

Precisamente, las finanzas publicas del Magdalena fueron un indicador que además de señalarnos la existencia de una crisis económica de carácter endémico, permitió identificar también el grado de pobreza o riqueza que caracterizaban al Estado, así como también sus niveles de decadencia o progreso en que se debatió a lo largo de su vida política. Tiempo durante el cual sus instituciones y su gobernabilidad se vieron seriamente comprometidas.

Al comparar los presupuestos de rentas de los nueve Estados Soberanos se halla que el Magdalena ocupaba el último lugar. En efecto, mientras el Estado más rico, Cundinamarca, en 1874, alcanzaba rentas por $440.626, el Estado del Magdalena sólo obtuvo en ese mismo año $99.062, lo cual significa que el primero tenía unos ingresos cuatro veces y medio más grandes sobre el más pobre, el Magdalena. Por su parte el Estado de Bolívar ocupó en ese mismo año el quinto lugar, con un ingreso de rentas por valor de $201.800, pero con un déficit presupuestal del 31% ya que sus gastos ascendieron a $294.228, tal como se observa en el siguiente cuadro.



La situación de los Estados costeños, y en particular del Magdalena, llevó a sus gobernantes a un discurso en el cual prevalece la imagen de precariedad financiera e institucional. Eso puede colegirse del informe presentado a la Asamblea Legislativa por Telésforo Corrales quien, actuando en calidad de Secretario General del Estado, afirmó:

“Desearía, ciudadanos diputados, poder informaros, que la situación del erario es halagüeña, pero tengo que deciros lo contrario; es triste, desconsoladora. El gobierno carece de los recursos más precisos para atender a las exigencias reclamadas para el buen servicio público”⁶⁰

El escenario en medio del cual se movían las finanzas del Estado en gran parte era el reflejo de los momentos difíciles por los cuales atravesaba allí la economía, al punto que, en uno de los informes de la presidencia del año 1869, se afirmaba que este territorio era:

 “Un estado que por su posición topográfica es la portada de la república, y que por su altiva y variada vegetación podría figurar en la constelación colombiana a la par de sus más luminosas estrellas, presenta hoy, sin embargo, el aspecto de un ser raquítico y enfermizo. Su agricultura y su comercio languidecen diariamente, y hasta muchos de sus hijos emigran a otros estados.”⁶¹

Por su parte, su vecino Bolívar, a pesar de contar con mayores recursos fiscales, el Presidente de la Asamblea Legislativa, Erasmo Rieux, al momento de tomarle posesión a Ramón Santodomingo Vila como Presidente del Estado, le advertía:

“Recibís el Estado con una deuda inmensa en proporción de sus recursos; sin rentas que puedan nivelarse con los gastos, sin haberse podido pagar a los preceptores lo que se les adeuda; perturbado en orden público, y teniendo que sostener por este motivo una fuerza triple de la que se tendría en tiempo de paz. Esta perspectiva es nada halagüeña por cierto, y se necesita mucho tino, económica, prudencia y fortuna para poder regularizar en todos sus ramos la administración del Estado”

A fines de la década del sesenta y comienzos de los años setenta es seguramente el período en que la crisis económica se hace más evidente y comienza a sentirse en mayor forma por los gobernantes de los Estados costeños. En ese momento, el boom portuario que había vivido la ciudad de Santa Marta, capital del Estado de Magdalena, termina como resultado especialmente de las dificultades de la navegación a través de los canales que unían al río Magdalena con la Ciénaga Grande y el Mar Caribe y por la puesta en servicio del ferrocarril de Sabanilla, que permitió una rápida comunicación entre el puerto fluvial de Barranquilla y el puerto marítimo situado en la ensenada de Sabanilla, circunstancia que le permitió a Barranquilla convertirse en el mayor centro urbano de la región en detrimento de Cartagena y Santa Marta⁶².

Ante la insuficiencia de las rentas del Magdalena, su presidente Manuel Vengoechea se vio obligado a solicitar al congreso nacional una subvención para recuperar en parte las finanzas públicas que se habían visto afectadas por los sucesos acaecidos en 1867 y que llevaron al Magdalena a una confrontación armada con su vecino Bolívar. Así, en carta dirigida al presidente de la Unión, Vengoechea justificaba su petición de la siguiente manera:

“El Magdalena carece actualmente de medios. Su gobierno combatido sin cesar ha tenido necesidad de gastar lo propio y lo ajeno para atender su propia conservación, y ha quedado arruinado y comprometido. Sacar al Estado de esta situación horrible, y fundar un orden de cosas que proteja todos los derechos y de seguridad a todos los intereses, es la labor a que se consagra con toda preferencia la actual administración. Para ello necesita que el gobierno federal, en protección a sus propios intereses y de los de aquellos Estados cuyas propiedades transitan por el territorio del Magdalena, contribuya por pocos años a pagar en parte los gastos de la administración, hasta que, consolidado el gobierno, restablecida la confianza y animado el comercio y la industria, el Estado se baste a si mismo para satisfacer sus necesidades”.⁶³

Esta subvención por valor de $ 25.000 fue concedida al Magdalena a través de la ley del 26 de febrero de 1868, y a pesar de que inicialmente se aprobó sólo por el término de cinco años, le siguió siendo entregada hasta finalizar el periodo de existencia del régimen federal. Esta subvención se constituyó a partir de entonces en la más importante renta del Estado y llegó a representar para el año de 1871 el 38% de los ingresos, lo que de hecho lo convirtió en dependiente del tesoro nacional, como lo afirmó José del Carmen Alarcón, quien aseguraba que:

“El Estado no podía pensar en obra alguna que tuviera que sacar dinero. Vivía en la mayor pobreza y los gastos de la administración pública se hacían en lo más preciso con los veinticinco mil pesos anuales que daba la nación.”⁶⁴

Este tipo de auxilios concedidos por la nación a los gobiernos del Magdalena y Panamá originó la oposición por parte de algunos liberales de la época como el economista Aníbal Galindo, para quien los auxilios para obras de carácter municipal, por necesarios que fueran para las localidades, no tenían razón de ser en un sistema federal como el de Colombia, ante lo cual reiteraba que si estas localidades no “pueden existir sino como centros de vida burocrática, para multiplicar por nueve los gastos de la administración pública, para complicar, hasta hacer casi imposible la vida civil de los ciudadanos, y para acrecer los peligros y dificultades de la marcha política de la nación, entonces la federación carecería de razón de ser entre nosotros”⁶⁵.

A pesar de las críticas, el Magdalena continuaría recibiendo el auxilio nacional, sin el cual muy difícilmente hubiese podido cubrir los gastos de la administración. Es de anotar que este ingreso fue el de mayor valor porcentual de todos los que recibió el Estado y el mismo se destinó para subvencionar los gastos de la instrucción pública, obras públicas y justicia.

A pesar de la subvención nacional recibida por el Magdalena y de los nuevos impuestos establecidos, la situación fiscal del Estado no mejoró sustancialmente. Por esto, José María Campo Serrano en 1872, siendo presidente, llamó la atención sobre las razones que él consideraba como las causas de esta pobreza:

“La circunstancia de estar nuestra escasa población esparcida en una gran extensión de territorio, la falta de buenas vías de comunicación, la ignorancia en que se hallan sumidas las masas populares, la indiferencia con que se mira la cosa pública por las personas más llamadas por su posición a prestar una eficaz cooperación al gobierno, las luchas de los partidos y los odios y la desmoralización que ellos engendran, la escasez de personal competente para desempeñar funciones públicas en la mayor parte de las poblaciones, nuestra posición sobre el río Magdalena que sirve de línea divisora del Estado de Bolívar y que en una extensión de más de dos leguas, casi desiertas, da fácil acceso al contrabando; todos estos obstáculos tiene que vencer el interés fiscal, y dificultan el establecimiento de un sistema rentístico que de resultados satisfactorios.” ⁶⁶

Esta descripción de la debilidad fiscal de uno de los Estados de la costa Caribe, de cierta manera constituye en una radiografía de la situación social de la región durante el periodo federal. Como se ha podido ver en este artículo se caracterizó, además de las dificultades de orden económico, por la dispersión poblacional, la politización, los conflictos partidistas, la violencia, las guerras civiles, los ensayos e improvisaciones constitucionales, analfabetismo de la población, ausencia de personal idóneo para ocupar cargos públicos, todo lo cual contribuía al imperio de la ingobernabilidad.

Lo aquí analizado permite concluir que históricamente los entes político administrativos de la región Caribe colombiana durante el siglo XIX chocaron con diversos obstáculos que con el tiempo les dificultaron alcanzar la capacidad formal y mucho menos real para ejercer plenamente la institucionalidad como Estados federales. En tal sentido, las vicisitudes que debieron afrontar condujeron a que el desarrollo de proyectos de modernización como el de la educación tuviera que recorrer un sinuoso camino para poder alcanzar algunos de los objetivos propuestos por el liberalismo radical, lo cual iba de la mano con la formación de la ciudadanía y la nación.

Referencias bibliográficas

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