Introducción

Entre las décadas de 1920 y 1940, el modelo liberal de Estado, que se había consolidado en casi toda la región para finales del siglo XIX, vivió una honda crisis provocada por el surgimiento de agrupaciones políticas que cuestionaban los principios ideológicos del sistema, por el agotamiento de la economía agroexportadora y por la movilización de grupos subalternos urbanos y rurales que demandaban la intervención del Estado en el alivio de los males que les aquejaban (Botey Sobrado, 2005; Zanatta, 2012, pp. 93-135). Investigaciones realizadas en las últimas décadas han establecido que, en muchos de los países de la región, los indígenas fueron parte esen cial, aunque a veces no reconocida, de esta efervescencia (v. gr. Becker, 2008; Ching, 1998; Gotkowitz, 2007; Mathias, 2013). A partir de la década de 1930, las poblaciones amerindias ganaron más visibilidad gracias a la con solidación del movimiento indigenista que, liderado por no indígenas y con presencia en prácticamente toda Latinoamérica, fomentaba el desarrollo de políticas públicas para integrar a las poblaciones nativas, de forma gradual y pacífica, a las sociedades nacionales (Baud, 2003; Favre, 1998). Este artículo analiza la historia de la zona indígena de Talamanca, localizada en el sureste de Costa Rica, durante ese período de importante transformación de los Estados latinoamericanos.

Como es de esperar, el recuento anterior es una simplificación de la varie dad de circunstancias y relaciones con los Estados que caracterizaron a las muchas poblaciones amerindias que persistían en América Latina. Esta in vestigación muestra que Talamanca, la zona donde se concentraba la mayor cantidad de indígenas de Costa Rica, estuvo lejos de seguir esos derroteros. Si bien allí se vivieron cambios significativos entre 1927 y 1948, estos no fa vorecieron una mayor integración a la economía nacional; tampoco llevaron a una mejoría en las condiciones de vida ni en el nivel educativo de estas comunidades (objetivos caros a los indigenistas), ni fueron provocados por la participación de los indígenas en movilizaciones sociales.

La investigación inicia hacia el año 1927, cuando la compañía estadouni dense United Fruit Company (UFCo.) empezó a abandonar las plantaciones bananeras que había tenido en Talamanca por casi dos décadas, y termina en 1948, año en que la última guerra civil costarricense dio pie a una reorga nización profunda del país en todos sus ámbitos³. El argumento principal es que durante estos dos decenios los indígenas bribris y cabécares⁴ de Tala manca perdieron terreno en su relación con el Estado costarricense, proceso que quizás fue facilitado por las transformaciones que experimentó la organi zación interna de las mismas comunidades. Aun así, hubo algunos indígenas que mantuvieron una influencia informal sobre la administración de la zona y que además intentaron, de manera repetida, ganar acceso a la burocracia estatal y a puestos de elección. Aunque sus esfuerzos por integrarse formal mente en la administración pública y en las estructuras partidarias no dieron muchos frutos durante esa época, demuestran la vitalidad y la capacidad de adaptación de estas poblaciones a sus nuevas circunstancias.

La zona indígena de Talamanca ha atraído la atención de visitantes y aca démicos costarricenses y foráneos por siglos, pero sigue siendo muy poco lo que se sabe sobre su historia en la época que se analiza aquí. Durante el período republicano hubo dos oleadas de interés en la zona, expresadas en la publicación de relatos de viaje y estudios académicos: la primera abarcó los años de 1850 a 1920⁵, mientras que la segunda arrancó en la década de 1960 y continúa hasta el día de hoy⁶. Los historiadores profesionales se unieron a esta empresa a partir de los años 90⁷. En contraste con esos dos períodos de significativo interés, entre mediados de la década de 1920 y finales de los años 1950 los viajeros y estudiosos contemporáneos prácticamente no escribieron sobre Talamanca y sus pobladores. Sorprende que, hasta el mo mento, ese período tampoco haya merecido mayor atención entre quienes retomaron el estudio del tema a partir de los años 1960. El trabajo que se presenta aquí es un primer acercamiento sistemático a las profundas muta ciones que experimentaron las comunidades talamanqueñas en esos años.

Las fuentes primarias con las que se cuenta para examinar esa época son difíciles de localizar, pero abundantes. Si bien no se conocen reportes de antropólogos ni de otros estudiosos, como ya se indicó, las distintas ins tancias estatales que intervinieron en la zona produjeron una cantidad consi derable de documentos, muchos de los cuales se resguardan en el Archivo Nacional de Costa Rica (ANCR). Adicionalmente, la prensa nacional y, sobre todo, los periódicos de la provincia caribeña de Limón, mostraron un interés sostenido por Talamanca, que formaba parte de su cantón central. Por últi mo, también se localizaron algunos testimonios de habitantes de la zona que, aunque se recogieron décadas después, dan información muy valiosa sobre el período que aquí interesa.

El artículo inicia con el análisis de cómo se reestructuró la economía tala manqueña ante la disminución que experimentaron allí las actividades de la UFCo. Seguidamente, se examinan los cambios que se dieron en la organi zación administrativa del Estado costarricense en Talamanca y se profundiza en el caso de los dos funcionarios públicos más importantes de la época, los agentes principales de policía Fermín Regidor Cisneros y Neftalí Valver de Campos. En tercer lugar, se describe la estructura política y ritual de las comunidades indígenas y la forma en que esta se reconfiguró en esos años, para terminar con un examen de dos personajes muy influyentes y bien inte grados al mundo indígena, los hermanos Carlos Daniel y Alfredo Luis Swaby. Se puede afirmar, sin temor a exagerar, que muchos de los personajes que emergen en esta investigación han sido prácticamente desconocidos para la mayoría de los estudiosos interesados en esta zona.

El declive bananero

A finales del decenio de 1920 Talamanca estaba viviendo un proceso in usual. Pasaba de ser una de las zonas del país mejor conectadas al mundo exterior y a la economía internacional, gracias al auge bananero del que había sido parte por casi dos décadas, a convertirse en una región de muy difícil acceso y mucho más aislada del interior del país (aunque no de los circuitos comerciales del Circuncaribe). Las plantaciones comerciales de banano habían llegado a suelo talamanqueño desde la provincia de Bocas del Toro, en la vecina Panamá, donde la UFCo. se había establecido hacia 1890. El impacto de la enfermedad del banano conocida como “mal de Pa namá” sobre las tierras panameñas convenció pronto a los inversionistas de la compañía de integrar los territorios fronterizos localizados en territorio costarricense a la División Bocas del Toro⁸. Para 1900 la UFCo. ya estaba adquiriendo tierras en el valle del río Sixaola y, cerca de diez años después, era propietaria también de la mayoría de las tierras que llegaría a poseer en el valle de Talamanca y las estribaciones de la cordillera de Talamanca (Bour gois, 1994, pp. 27-33, 58-59; Viales Hurtado, 1998, pp. 88-89, 91).

El auge bananero modificó de manera drástica la población talaman queña que hasta ese momento había estado compuesta en su mayoría por indígenas bribris y cabécares, así como por unos pocos inmigrantes afro descendientes y mestizos llegados del Valle Central de Costa Rica, de la vecina Panamá, de Nicaragua y de algunas islas caribeñas cercanas, tales como San Andrés y Providencia. La apertura de las plantaciones atrajo a una enorme cantidad de foráneos, la mayor parte de ellos afroantillanos y angloparlantes. Aunque muchos de estos recién llegados abandonaron la zona cuando el banano entró en crisis, unos pocos se establecieron de for ma permanente (Bourgois, 1994, pp. 64-66, 125-133; Boza Villarreal, 2005, pp. 37-45, 52-61). Este fue el caso del jamaiquino William Alexander Swaby, quien se casó con la indígena bribri María Teresa Hidalgo y tuvo varios hijos, entre ellos Carlos Daniel y Alfredo Luis Swaby (ANCR. Limón Juzgado Civil 1738). Estos dos hermanos llegarían a convertirse en figuras influyentes en el mundo talamanqueño de la primera mitad del siglo XX, como se explicará más adelante.

Para expandir la producción de banano en Talamanca la UFCo. expro pió, muchas veces de forma violenta, a los pobladores que hasta entonces ocupaban esas tierras y que, en su mayoría, carecían de títulos legales de propiedad. Buena parte de ellos eran indígenas, quienes generalmente op taron por replegarse hacia terrenos que resultaban poco atractivos para la compañía. Aun así, la mayoría de las tierras indígenas no fue afectada en forma directa por las expropiaciones, pues se localizaba fuera del área de interés de la bananera. A diferencia de lo que sucedió con la población afro descendiente, pocos indígenas trabajaron como asalariados directos de la UFCo., prefiriendo dedicarse a cultivos de autosubsistencia y al comercio en pequeña escala con los empleados bananeros (Bourgois, 1994, pp. 73-78; Boza Villarreal, 2014, pp. 232-251).

En Talamanca, el cultivo de banano bajo el control directo de la UFCo. fue de corta vida. A finales de la década de 1920 el mal de Panamá, los frecuen tes desbordamientos de los ríos y, según algunas versiones, las acciones del líder religioso indígena conocido como usékar⁹, obligaron a la compañía a reducir sus operaciones en los distritos de Talamanca y Sixaola (localiza do este último junto a Talamanca, en las zonas bajas costeras del sureste de la vertiente caribeña). Al mismo tiempo la compañía retiró gradualmente toda la línea férrea que se adentraba en Talamanca, entre 1927 y 1945. De 1930 a 1945 el poblado de Chase fue la última estación ferroviaria, lo que le permitió convertirse en un importante centro comercial y político. En 1945 la compañía removió secciones adicionales de las vías férreas que, a partir de entonces, llegaban solo hasta el poblado de Volio, localizado en el borde más externo del valle de Talamanca¹⁰.

La reducción de las plantaciones de la UFCo. no significó el fin inmediato del cultivo de banano para exportación en Talamanca y la zona vecina de Sixaola. La producción sobrevivió por otra década, aunque en condiciones muy diferentes. Durante el auge bananero la compañía había sembrado di rectamente la mayor parte de la fruta que exportaba, pero entre finales de los años 1920 y mediados de los años 1930 la bananera se concentró en comercializar el producto que compraba, en su mayoría, a agricultores inde pendientes (Bourgois, 1994, pp. 58, 113). Por ejemplo, en 1934 dos militantes comunistas visitaron Talamanca, donde un conocido suyo les relató cómo transportaba banano en bote desde Yorkín hasta Chase, lugar en donde los agentes de la UFCo. decidían cuánto comprarle. La situación no era fácil para estos productores pues, según los militantes comunistas, la compañía no solo pagaba el banano a precios miserables, sino que también rechazaba grandes cantidades de fruta (Como hicimos nuestra propaganda en Tala manca..., 1934)¹¹. Ya para mediados del decenio de 1930 la bananera había abandonado por completo el cultivo de banano en Talamanca y Sixaola. En la década de 1940, además, la exportación de esa fruta se detuvo por completo en la División Bocas del Toro, tanto en los territorios panameños como en los costarricenses. El cacao, cuya producción se había expandido rápidamente en los años 30, sustituyó entonces al banano como principal producto de expor tación en Talamanca y Sixaola (Bourgois, 1994, pp. 33-34, 69, 113)¹².

El abandono de la producción agrícola directa no significó que la UFCo. dejara de gravitar en la vida de los talamanqueños. Como se indicó antes, la compañía siguió siendo el principal, y a veces el único, comprador del bana no y el cacao de la zona, por lo menos hasta los años 1940. Algunos produc tores talamanqueños también vendían a la UFCo. buena parte del ganado que criaban (ANCR. Gobernación 8882, v. 2, fls. 76-81). Además, la bananera no estaba dispuesta a renunciar a sus derechos legales sobre las tierras de las que se había apropiado, aunque estas se mantuvieran improductivas¹³. En la década de 1930 muchos indígenas y no indígenas empezaron a es tablecerse en algunas de esas tierras en calidad de ocupantes de hecho o “precaristas”. La compañía los enfrentó, recurriendo a medios tanto legales como ilícitos para intentar expulsarlos. Una de sus estrategias fue cobrar al quiler a los ocupantes, de forma tal que la propiedad legal de la UFCo. fuera reconocida (Bourgois, 1994, pp. 80-83). Por ejemplo, en 1954, la esposa de un exempleado de la compañía pagaba alquiler a esta para habitar la casa que había sido la estación del ferrocarril en Suretka (Kohkemper M., 1955, p. 51). Más aun, la bananera siguió empleando directamente a algunos habitan tes de la zona, aunque no queda claro en qué labores. Por ejemplo, en 1948, el agente de policía de Chase, Rafael Jiménez, era también empleado de la UFCo. (ANCR. Gobernación 13306, fls. 276-277, 279).

El caso anterior sugiere que la desaparición de las plantaciones no im pidió que algunos empleados públicos costarricenses mantuvieran una re lación de colaboración con la compañía. No es el objetivo de este artículo determinar cómo operaban esos vínculos, aunque esta sea una temática que debería estudiarse a futuro tanto para la época de auge bananero como para las décadas posteriores. Lo que sí está claro es que, como se analizará en la siguiente sección, la retirada parcial de la UFCo. no debilitó la autoridad del Estado costarricense sobre la zona o sus habitantes.

La desaceleración de la actividad bananera en la División Bocas del Toro tuvo el efecto indirecto de facilitar las negociaciones limítrofes entre Costa Rica y Panamá. Esta última nación, que se había independizado de Colombia en 1903, heredó un conflicto territorial con Costa Rica que abarcaba tierras en las vertientes pacífica y caribeña. Uno de los muchos intentos que se hicieron para fijar la frontera de forma definitiva fue el Laudo White, emitido en 1914. Si bien Panamá no aceptó ese documento, el fallo tuvo el resultado práctico de reconocer la jurisdicción costarricense sobre la mayor parte de Talamanca. En consecuencia, en las décadas de 1920 y 1930, las disputas en la vertiente caribeña se limitaron a algunas zonas pequeñas localizadas en la costa y en las márgenes de los ríos Sixaola y Yorkín (Leiva Quirós, 1935, pp. 5-30; Sibaja Chacón, 1968, pp. 91-102, 176-178, 180-183, 195). Cuando se firmó el tratado de límites definitivo, en mayo de 1941, ambas naciones acordaron intercambiar territorios ubicados en las cercanías de esos dos ríos. Estas disposiciones no crearon mayores controversias, en parte por que los terrenos se consideraban “fincas bananeras abandonadas” o zonas “de muy difícil acceso” donde casi no había pobladores (Sibaja Chacón, 1968, pp. 217, 192-201).

Es posible que la reducción que desde 1914 habían experimentado las pretensiones territoriales de Panamá sobre Talamanca mitigara las preocu paciones del Estado costarricense sobre su control soberano en esa zona. Quizás esta sea una de las razones por las que, en la década de 1920, Talamanca perdió el estatus administrativo especial que la caracterizaba desde 1867.

El Estado costarricense y los agentes de policía

Al Estado costarricense le tomó casi 60 años, de 1867 a 1924, integrar a Talamanca en la organización administrativa regular del país. En 1867, el Gobierno aprobó un decreto que reglamentaba la forma en que se goberna ría la zona. Con base en él se nombró al cacique talamanqueño principal (o rey), Santiago Mayas, como jefe político y, por lo tanto, autoridad administra tiva superior (aunque con jurisdicción únicamente sobre los indígenas)¹⁴. La decisión de convertir a este líder en empleado público permitió que, a partir de ese momento, las autoridades costarricenses legitimaran y fortalecieran su control sobre un territorio que hasta entonces había sido independiente de facto. A la vez, esa medida creó un régimen administrativo particular, en donde el Estado realizaba el nombramiento oficial pero este recaía en un candidato que se elegía siguiendo las reglas de sucesión indígena. Este sistema híbrido se mantuvo hasta 1885, año en que se removió al cacique del puesto y se nombró en él a un no indígena (Boza Villarreal & Solórzano Fonseca, 2000, pp. 58-61).

El cambio realizado en 1885, sin embargo, no eliminó inmediatamente la influencia política del rey talamanqueño sobre las autoridades estatales. Antonio Saldaña, el rey que fue separado del cargo de jefe político en 1885, siguió recibiendo desde entonces un sueldo del Estado, ya fuera en calidad de “cacique” o de “sargento”. Más aún, los jefes políticos no indígenas que le sucedieron informaron en repetidas ocasiones que su cooperación era esencial para controlar la zona. Empero, una vez que Saldaña murió en 1910, ningún indígena volvió a gozar de un alto rango en la administración pública talamanqueña (Boza Villarreal, 2014, pp. 219-223).

A partir de entonces, los indígenas quedaron confinados a los puestos más bajos de la jerarquía administrativa local, nombrados en calidad de co misarios o jueces de paz en zonas de difícil acceso y, con frecuencia, sin recibir sueldo¹⁵. Así, hacia la década de 1910 se consolidó en Talamanca una clara división étnica al interior de la estructura estatal. Esta jerarquización podría explicar, por lo menos en parte, por qué los hermanos Carlos Daniel y Alfredo Luis Swaby fracasaron en sus intentos de ocupar una agencia de policía, como se examinará en la próxima sección.

La medida de 1885 y la muerte de Saldaña en 1910 facilitaron otra trans formación, al colocar al Gobierno un paso más cerca de lograr su objetivo último para Talamanca. Este objetivo se había expresado claramente en el decreto de 1867 ya mencionado: “equiparar (la) administración (de aquellos pueblos) á la de los demás de la República” (Costa Rica, 1867, p. 101). El último paso en la homologación administrativa de esta región con el resto del país se completó en 1924, cuando se suprimió la Jefatura Política de Tala manca y se crearon en su lugar dos Agencias Principales de Policía, una en Sixaola y otra en Suretka¹⁶.

El decreto de supresión no daba ninguna justificación para la medida, aunque una queja que había escrito en julio de ese mismo año el agente de policía de Sixaola sugiere una posible razón. Este agente expresaba su descontento ante la intervención del jefe político talamanqueño en lo que el agente consideraba su jurisdicción exclusiva, explicando que el problema se originaba en el ordenamiento irregular de la zona, que a pesar de ser solo un distrito contaba con un jefe político del mismo rango del que correspon día a los cantones (ANCR. Gobernación 8097, 21 de julio de 1924). Con la supresión de la jefatura política, en 1924, dejó de existir una única autoridad superior en Talamanca. En su lugar, el Gobierno creó varias agencias de poli cía principales y auxiliares, cuyo número y ubicación cambió con frecuencia. Los agentes de policía eran quienes, a su vez, nombraban jueces de paz y comisarios (ANCR. Gobernación 32636, fls. 10-10v).

En las décadas de 1930 y 1940 el agente principal de policía de Chase llegó a ser la figura política más poderosa de la zona¹⁷. El poblado de Chase era desde 1930 la última estación del ferrocarril en Talamanca, por lo que se constituyó en el centro neurálgico de la localidad. Entre 1930 y 1948 solo dos individuos ocuparon esa agencia: Fermín Regidor Cisneros y Neftalí Valverde Campos. Ambos habían residido en Talamanca y participado en la política lo cal por años antes de acceder al puesto máximo. La primera vez que Regidor aparece en las fuentes primarias a que se ha tenido acceso es en 1915, cuan do fue miembro propietario de la Junta Cantonal Electoral de Siquirres, que era entonces el cantón segundo de Limón (Junta electoral provincial de Limón, 1915). A partir de 1921 Regidor se menciona en Talamanca, pues durante las elecciones de medio período de ese año fue fiscal del Partido Constitucional Popular en la Mesa Primera Auxiliar de esa zona (ANCR. Congreso 12655, fls. 228-228v). No se sabe con precisión en qué año Regidor asumió el cargo en Chase. En 1930 era agente de Policía de Higiene en Talamanca (ANCR. Congreso 20887, p. 4), y cuatro años después, cuando Carlos Luis Fallas y otro militante comunista visitaron la zona, Regidor ya fungía como la máxima autoridad. Quizás el vínculo que este personaje tenía con el influyente político limonense Filadelfo Granados¹⁸, quien llegó al puesto de gobernador de Limón a principios de la década de 1930, le ayudó a conseguir el nombramiento.

Se conocen pocos detalles sobre las actividades de Regidor en Tala manca más allá de sus labores administrativas. Cuando se le separó del puesto, en 1937, un reportero del periódico limonense La Voz del Atlántico afirmaba, lacónicamente, que “del señor Regidor, nos dicen, había muchas quejas” (Para Agente Principal de Policía de Chase..., 1937). En 1934, sin embargo, dos militantes comunistas que visitaron Talamanca tenían mucho más que decir sobre las actividades reprochables de aquel agente¹⁹. Según las anotaciones que hicieron en su diario de viaje, y que se reprodujeron en el semanario comunista Trabajo, Regidor se dedicaba a explotar a los indígenas y a otros habitantes de la zona. Les cobraba un impuesto por criar cerdos, que los indígenas tenían que pagar en gallinas y cerdos pues no tenían dinero en efectivo; Regidor se llevaba estos animales para su hacienda, llamada La Palma. Igualmente, decomisaba a los pobladores sus armas de fuego, que luego cambiaba por ganado y, según los comunistas, por lo menos en una ocasión se apropió a la fuerza de un caballo que una persona recién fene cida había dejado a un amigo como herencia. Los dos militantes también lo acusaban de permitir que un comerciante chino establecido en Chase co brara precios exorbitantes por sus mercancías, y que chinos procedentes de Panamá organizaran juegos de azar a cambio de un pago mensual (Como hicimos nuestra propaganda en Talamanca..., 1934).

El individuo que sustituyó a Regidor en Chase es, indudablemente, el agente de policía talamanqueño más famoso que ha existido. Es mejor conocido por el nombre literario con el que Carlos Luis Fallas²⁰ lo bautizó: Leví Montealegre. Con esa nueva identidad, Neftalí Valverde se convirtió en uno de los personajes principales de la famosa novela de Fallas, Mamita Yu nai. La primera parte de esa novela tiene lugar en Talamanca y, como es bien sabido, sigue muy de cerca la crónica que el mismo Fallas había publicado meses antes en el semanario Trabajo, en la que relataba su visita a esa zona durante los comicios generales de 1940.

En contraste con la opinión negativa que Fallas expresaba, el reporte del periódico limonense La Voz del Atlántico que informó, tres años antes, del nombramiento de Valverde en Chase, ensalzó al funcionario. En esa ocasión, el periodista describía a Valverde como una “persona honorable y seria que desde hace muchos años reside en este lugar donde es muy querido tanto por los vecinos del lugar como por los indios de las regiones vecinas” (Para Agente Principal de Policía de Chase..., 1937).

Más allá de las acusaciones y opiniones expresadas por Fallas, la in formación que se ha localizado en las fuentes históricas confirma parte de los detalles, por lo demás escuetos, que el militante comunista dio sobre la llegada de Valverde a Talamanca y su nivel educativo. Estas fuentes también ofrecen datos adicionales. Como bien indicó Fallas, el agente tenía un nivel de alfabetización muy bajo y había vivido en Talamanca por años (ANCR. Gobernación 8882, v. 2, fls. 76-77; Fallas, 1 de junio de 1940). Era originario de San José, donde había nacido en la década de 1890²¹, y había llegado a Talamanca por lo menos desde principios del decenio de 1920 (ANCR. Limón Juzgado Crimen 2121, fls. 40-40v; ANCR. Congreso 13450, fls. 95-99; ANCR. Gobernación 8097, 13 de marzo de 1924). Antes de asumir su puesto en Chase, Valverde había sido agente auxiliar de policía (ANCR. Limón Juz gado Crimen 2121, fls. 40-40v; ANCR. Gobernación 8097, 13 de marzo de 1924) y presidente de la Junta Electoral de Talamanca, posición que ocupaba cuando conoció a Fallas por primera vez en 1934. En esos mismos comicios resultó electo síndico propietario por Talamanca (Fallas, 16 de marzo de 1940; 11 de mayo de 1940; Nombramiento de Juntas. Limón, 1934; Asuntos Elec torales..., 1934, pp. 544-546).

Como había sucedido antes con Regidor, las actividades económicas de Valverde y sus relaciones con los indígenas se volvieron temas controversia les. En 1939, el mismo Valverde hizo una descripción de estas, como parte de una investigación que se realizó por acusaciones en su contra. En ese momento explicó que tenía una finca en Bratsi, que compraba ganado a los indígenas de forma justa y que luego lo destazaba para vendérselo, por me dio de una intermediaria, a la UFCo. Aunque Valverde consideraba que estas y sus demás acciones eran legítimas, sus múltiples acusadores estaban en desacuerdo. En el caso de 1939, el denunciante le imputaba a Valverde, en tre otras faltas, obligar a los indígenas a venderle ganado a precios muy bajos y descuidar sus deberes oficiales por dedicarse a viajar por la región en su negocio ganadero (ANCR. Gobernación 8882, v. 2, fls. 76-81).

Un año después Fallas publicó sus denuncias sobre los abusos que el agente de policía cometía contra los indígenas. Estas no se limitaban al su puesto dominio absoluto que Valverde ejercía sobre las elecciones locales, sino que incluían el cobro arbitrario de altas multas e impuestos. Asimismo, Fallas aseguraba que Valverde les cobraba elevados montos (que los indíge nas pagaban, cuando no tenían dólares, en chanchos, gallinas o ganado) para obtener su cédula de identidad o un permiso para realizar una celebración. Según Fallas, los funcionarios públicos, fueran agentes de policía o jueces de paz, también estafaban constantemente a los indígenas, vendiéndoles, por ejemplo, una escopeta, para luego multarlos por no tener los permisos necesarios (Fallas, 2008 (1941), pp. 74-75). Fallas no había sido el primero en denunciar a Valverde ni sería el último. En 1943 otra persona, quien firmó como D. Romero C., envió una nota al ministro de Gobernación denunciando que Valverde explotaba a los indígenas al mantenerlos endeudados con él, les permitía tomar cantidades excesivas de licor incluso a los comisarios que él nombraba e incumplía los acuerdos a que llegaba con los no indígenas que necesitaban la mano de obra indígena para sus fincas (ANCR. Gober nación 9525, fls. 147-147v). Dos años después, una pareja de indígenas que visitó San José denunció ante el periódico capitalino La Tribuna que Valverde impedía a los indígenas hacer tratos comerciales con cualquier otra persona, los obligaba a trabajar en sus fincas o extrayendo hule, abusaba de las mu jeres y cobraba por los medicamentos que el Gobierno le enviaba para ser utilizados sin costo alguno (Talamanca no es de C. Rica..., 1945).

El objetivo de este trabajo no es establecer si las acusaciones anteriores eran ciertas o no, lo que, además, no es posible hacer con las fuentes que se han localizado hasta el momento. Lo que esos documentos sí dejan en claro es que las múltiples denuncias contra Valverde no fueron suficientes para convencer a sus superiores de separarlo de su puesto. Uno de los funciona rios encargados de valorar los cargos levantados contra el agente en 1939 llegó a una conclusión totalmente opuesta a las denuncias, explicando que “de las declaraciones recibidas se desprende que es una autoridad activa y cuidadosa del cumplimiento de sus deberes. Se le recomienda como exce lente funcionario. Los indios le están muy agradecidos” (ANCR. Gobernación 8882, v. 2, fl. 71). Muy distinta era la opinión del gobernador de Limón, Abel Robles, seis años más tarde. Este no solo reconocía que el comportamiento de Valverde era problemático, sino que atribuía su estabilidad en el puesto a factores políticos. Además, el gobernador explicaba al secretario de Gober nación que “efectivamente yo había tenido conocimiento de muchos de esos hechos (denunciados contra Valverde), pero en otra ocasión fue necesario disimularlos en consideración de que Valverde goza de la simpatía particular de los señores Calderón Guardia” (ANCR. Gobernación 11362, fl. 307). Aquí el gobernador hacía referencia al expresidente de la república Rafael Ángel Calderón Guardia (1940-1944) y a su hermano Francisco. El padrinazgo que los hermanos Calderón Guardia ofrecían a Valverde no era inusual. Todo lo contrario, era normal que los funcionarios públicos gozaran de la protección de políticos influyentes, dado que muchos de los nombramientos se realiza ban como pago a favores electorales (v. gr. ANCR. Gobernación 8097, junio de 1924; ANCR. Gobernación 8101, 17 de julio de 1924). A final de cuentas, la velada esperanza de que el poder de Valverde estuviera llegando a su ocaso, tal como se expresaba en las palabras del gobernador limonense en 1945, no parece haberse hecho realidad: no hay evidencia de que Valverde afrontara ninguna reprimenda.

La suerte de Valverde se acabó cuando los calderonistas quedaron en el bando perdedor de la guerra civil de 1948. Pocas semanas después de terminado el conflicto, la Junta Fundadora de la Segunda República, que asumió la dirección del Gobierno por 18 meses antes de llamar a elecciones, nombró a Rafael Ángel Jiménez Guzmán como agente principal de policía de Chase. La Junta alegaba que el funcionario anterior, refiriéndose segura mente a Valverde, había abandonado su puesto (ANCR. Gobernación 13306, fls. 385-389). Más allá de este nombramiento, no se sabe qué sucedió con Valverde durante la guerra civil o posteriormente. La última noticia que se ha localizado de él es de 1954, año en que se informó que ya había perecido, aunque le sobrevivía su hijo Simón y su familia seguía viviendo en las márge nes del río Sixaola (Kohkemper M., 1955, p. 49). En 1977, la hegemonía de los agentes de policía talamanqueños llegó a su fin. Ese año se creó un territorio indígena legalmente reconocido en la zona y, a partir de 1978, la Asociación de Desarrollo Integral de Talamanca asumió su administración²².

Sin importar cuál sería el destino del puesto de agente de policía a finales del siglo XX, se pueden notar algunas características que Regidor y Valverde compartían. La primera es que tenían vínculos cercanos con la élite política nacional. Estos se expresaban en su constante participación en los comicios, así como en la protección de la que Valverde gozó durante todo su período en ese puesto. La segunda característica es que eran residentes de la zona, a pesar de no ser indígenas; esto seguramente facilitó que Regidor y Valverde se mantuvieran tantos años en su cargo. Determinar si estas eran particulari dades de los dos personajes en cuestión, o si muchos de quienes ocuparon las agencias de policía las compartían, requeriría un estudio sistemático que no está dentro de los objetivos de esta investigación. Sin embargo, no fueron ellos dos los primeros funcionarios públicos no indígenas que ocuparon sus puestos por lapsos extensos. A principios del siglo XX, Federico José Alvara do Hanke se mantuvo en la jefatura política de Talamanca por casi diez años. Alvarado, al igual que Regidor y Valverde, era residente de Talamanca (Boza Villarreal, 2014, pp. 218-220).

Sin embargo, las circunstancias del jefe político Alvarado fueron distintas de las de los dos agentes de policía Regidor y Valverde. Mientras que el pri mero tuvo que negociar constantemente con autoridades indígenas podero sas como el rey Antonio Saldaña y algunos de sus allegados, los dos agentes no tuvieron contrapartes indígenas con un nivel de poder y reconocimiento comparable al que había tenido el rey.

Las autoridades indígenas

Entre 1910 y 1940 las comunidades indígenas de Talamanca vivieron una serie de transformaciones que llevaron a la descentralización del poder po lítico y ritual de los líderes indígenas, y que impactaron sus relaciones con las autoridades costarricenses. A finales del siglo XIX, los bribris y cabécares compartían una organización compleja y relativamente centralizada. En el nivel más elevado de la jerarquía se encontraba el usékar (úsêkol en bribri), quien se mantenía aislado del resto de la comunidad y se ocupaba exclusi vamente de lidiar con fenómenos que afectaban a las comunidades en forma colectiva, tales como sequías o guerras. Los estudiosos no concuerdan en qué figura seguía en la jerarquía. Algunos consideran que era el cantor fune rario o isogro (stsököl en bribri) y otros opinan que era el rey o cacique prin cipal (bulu’ en bribri). El primero oficiaba en los rituales funerarios, mientras que el segundo tenía atribuciones militares y políticas y, además, servía como intermediario entre la comunidad y el usékar. Estas tres posiciones deman daban un largo e intenso entrenamiento y el acceso a ellas estaba limitado de forma estricta a personas pertenecientes a uno o unos pocos de los clanes matrilineales en que se dividían bribris y cabécares (Bozzoli de Wille, 1984, pp. 18-21; Bozzoli, 1986, pp. pp. 53-55, 68-69; Jara Murillo & García Segura, 2003, pp. 36-37, 231-232, 238-246; Lines, 1945; Villalobos & Borge, 1994, pp. 26-28)²³.

Había varias posiciones rituales de rango menor, tales como el óköm, kuka’óköm, sini’, tsiru’óköm y bikâkla que, si bien requerían de entrenamiento, estaban abiertas a indígenas de cualquier clan. Lo mismo aplicaba al sukia o curandero (awá en bribri), quien se encargaba de atender las enfermedades que aquejaban a sus pacientes. Las actividades de awá también tenían con notaciones rituales (Cervantes Gamboa, 1990, p. 19; Jara Murillo & García Segura, 2003, pp. 11-13, 23; Lines, 1945, pp. 21-42; Pittier, 1938, pp. 17-18).

Esta estructura no sobrevivió más allá de la década de 1940. El primer cambio fue la desaparición de la figura del rey. En 1910 murieron tanto el rey en ejercicio, Antonio Saldaña, como su sobrino y heredero reconocido, José. Otro sobrino de Saldaña, Ramón Almengor, asumió entonces el título, pero no llegó a gozar ni del pleno reconocimiento del Gobierno ni de una acep tación generalizada entre los indígenas. Cuando Almengor sucumbió a una enfermedad pulmonar, en enero de 1922, no había un heredero varón por lo que los reyes de Talamanca pasaron a la historia (Boza Villarreal, 2003, pp. 130-133)²⁴. Este constituyó un cambio significativo, pues el rey fue la única de las autoridades indígenas que gozó del reconocimiento oficial del Estado costarricense. En contraste, las otras dos figuras importantes de la jerar quía indígena, el usékar y los cantores funerarios, parecen no haber tenido prácticamente contacto con las autoridades nacionales, quienes además les consideraban como líderes religiosos, no políticos.

Casi 20 años más tarde, a principios del decenio de 1940, pereció el último usékar. Este había ganado un enorme prestigio desde finales de la década de 1920, pues muchas personas atribuyeron a sus acciones rituales la retirada de la UFCo. de tierras talamanqueñas (Bourgois, 1994; Villalobos & Borge, 1994, pp. 68-69). Esta considerable reputación, sin embargo, no impidió que hacia 1940 muriera el último de ellos sin que existiera una per sona preparada para reemplazarlo²⁵. Hasta el momento no se ha encontrado información que permita establecer las causas de esta desaparición. Sin em bargo, sí hay abundante evidencia de que los miembros del clan del usékar mantienen hasta la actualidad un gran influjo entre las comunidades talaman queñas, y en ocasiones incluso han ordenado realizar ayunos ante fenóme nos como plagas agrícolas o enfermedades de animales (Bozzoli, 2006, pp. 19, 28, 38, 53; Villalobos & Borge, 1994, p. 45).

Aunque no se ha identificado relación alguna entre los dos eventos, el último cantor funerario de Talamanca, Toribio García, al igual que el usékar feneció en la década de 1940 sin terminar el entrenamiento de su reem plazo. A partir de entonces los cantores persistieron solo en Chirripó, zona cabécar localizada al noroeste de Talamanca (Cervantes Gamboa, 1990, pp. 7, 14; Stone, 1961, p. 66). Varios autores han notado que por esa misma época también se hicieron menos frecuentes las ceremonias funerarias tra dicionales, de las cuales los cantores eran parte esencial. En la década de 1950, Stone reportó que solo se practicaban en alta Talamanca y alto Chirri pó (Cervantes Gamboa, 1990, pp. 1-2; 2003, p. 70; Stone, 1961, p. 74). Estos funerales tenían dos etapas claramente diferenciadas, ambas caracteriza das por elaboradas ceremonias. El entierro primario consistía en envolver el cuerpo de la persona recién difunta, junto con algunas de sus pertenencias, y colocarlo en una plataforma en el bosque por varios meses. El entierro secundario sucedía cerca de un año después, cuando los huesos, ya lim pios, volvían a envolverse y se sepultaban definitivamente en el cementerio correspondiente al clan de origen de la persona. A esta segunda fase se le conocía como “baile de los huesos”, y su celebración podía extenderse por varios días (Pittier, 1938, pp. 24-26)²⁶.

La única estudiosa que ha brindado una explicación para el declive de la ceremonia tradicional es la antropóloga Doris Stone, quien aducía en los años 50 que las “autoridades estatales y eclesiásticas” habían prohibido a los indígenas mantener los huesos del difunto por un año antes de realizar el entierro secundario (Stone, 1961, pp. 68-74). El problema con esta explica ción es que Stone no dio ningún detalle sobre quiénes habían tomado esas decisiones ni cuándo, ni indicó cómo había obtenido ella esa información. Aunque existe la posibilidad de que esta fuera una medida sin respaldo legal pero aplicada en la práctica, hasta el momento no se ha localizado ninguna evidencia de que, antes de 1950, algún funcionario público del Gobierno central o limonense emitiera tal orden.

La única información que se ha identificado en relación con este tema es de 1935, cuando el agente principal de policía de Chase, Fermín Regidor, se atribu yó el haber vedado la celebración del baile de los huesos. Esta, sin embargo, no era la misma prohibición denunciada tiempo después por Stone, pues Regidor no hizo mención alguna sobre la vela de los huesos que precedía a esa fiesta. El agente justificaba sus acciones alegando que esos convites consistían en “una gran parranda y cuyo baile no se acaba hasta que se hayan comido el último animal que el difunto haya dejado”. Regidor se oponía a esta práctica, en tanto “se le quita a los hijos del difunto a lo que tienen derecho por herencia de sus padres o abuelos”. Igualmente, denunciaba que los mayordomos o “bicacras” (bikâkla en bribri), quienes estaban a cargo de organizar el evento, aprove chaban para apropiarse indebidamente de algunos de los bienes del difunto. A causa de estas objeciones, Regidor decía haber dado “órdenes terminan tes para que se acabe esa costumbre” (Regidor, 1 de junio de 1935, p. 4; 19 de enero de 1935).

El agente de policía no aclaró cuándo fue que tomó esa decisión, pero es probable que fuera poco antes de escribir los dos artículos que se citan en el párrafo anterior. En uno de ellos relató una excursión que realizó a alto Urén en 1933. Cuando él y sus acompañantes llegaron al palenque de Tamá quicha los indígenas se estaban preparando, precisamente, para realizar el baile de los huesos de un pariente. La narración de Regidor sugiere que los indígenas le informaron del evento sin mayores reparos, y que el funcionario no tomó ninguna acción para impedir la celebración. Todo esto indica que todavía en ese momento la prohibición no había entrado en efecto (Regidor, 1 de junio de 1935, p. 4).

No se ha encontrado información adicional de cómo Regidor implementó la medida ni de la respuesta de los indígenas ante esta. El agente afirmaba en 1935 que los indígenas “comprendieron la justicia de mis observaciones y empezaron a entrar de buen modo en nuestras costumbres” (Regidor, 1 de junio de 1935, p. 4; 19 de junio de 1935). La aceptación no debió ser tan ar moniosa, pues cuando Stone visitó la región, a finales de la década de 1950, la ceremonia todavía se realizaba en alta Talamanca y alto Chirripó. Pero, a diferencia de lo que sucedía 15 años antes, quienes participaban en ella lo hacían en secreto (Stone, 1961, p. 74).

La información localizada no apoya lo que Stone sugería implícitamente: que la medida era parte de una política sistemática o generalizada de las au toridades estatales y eclesiásticas. Está claro que Regidor la presentó como una acción que surgió de su propia iniciativa. Aun así, el testimonio de Stone sugiere la posibilidad de que agentes de policía sucesivos continuaran apli cando la prohibición e incluso la ampliaran a otras partes de la ceremonia, y de que las autoridades limonenses y nacionales, así como la Iglesia católica, les prestaran apoyo. Sin embargo, hasta no encontrar evidencia concreta todo lo anterior permanece en el terreno de la especulación.

Más allá de los cambios que sufrieron los rituales funerarios, lo cierto es que para el decenio de 1940 la estructura político-religiosa de los bribris y cabécares había perdido a sus tres figuras señeras: el usékar, el rey y los cantores funerarios. Algunos de los cargos menores, como el de óköm o el de bikâkla, persistieron en ciertas localidades, pero fueron los sukias o awás (plural en bribri: awápa) quienes surgieron como los nuevos líderes indígenas, al ganar funciones adicionales y mayor influencia²⁷. En 1939, el inspector de escuelas de Limón indicaba que en cada uno de los disemina dos poblados indígenas talamanqueños había un sukia (ANCR. Educación 3931, 15 de diciembre de 1939).

El fortalecimiento de los awás no disminuye la trascendencia que tuvo el cambio en la estructura, en tanto ningún awá tenía autoridad sobre todos los bribris y cabécares, sino que era reconocido solo en su localidad o, de forma excepcional, en varias comunidades vecinas. Por lo tanto, la nueva estructu ra de poder era mucho más descentralizada que la precedente. Cuando la antropóloga María Eugenia Bozzoli empezó a visitar la zona, a finales de los años 1960, identificó un sistema que existía

Según Villalobos y Borge, otro grupo de figuras también ganó influjo po lítico a partir de la década de 1940: los ikekes (plural en bribri: ikekepa) o “señores principales”. En esta categoría los autores colocaban, entre otros, a dos sobrinos del finado rey Antonio Saldaña (Narciso y Manuel Almengor) y a Alfredo Swaby y su hijo Alejandro (Villalobos & Borge, 1994, p. 101)²⁹. Sobre los primeros dos todavía no se ha localizado información alguna, pero a los Swaby se les examinará en la siguiente sección. En todo caso, el aumento en la influencia de los awás y los ikekes sugiere que la descentralización política y ritual no equivalió a una desestructuración de sus comunidades, las cuales mantuvieron la capacidad de integrar a personas de origen mezclado como los Swaby.

Aun así, en esta coyuntura la relación de las autoridades indígenas con el Estado sufrió transformaciones. Como explicaba Bozzoli, en la década de 1960 el sistema político centrado en el awá era informal, es decir, el Estado lo pasaba por alto. Por lo tanto, los líderes indígenas pasaron de recibir un aval formal con nombramientos y sueldos (por lo menos algunos de ellos) a un reconocimiento que, si acaso existió, fue informal. Hasta el momento se desconocen los criterios con que el Gobierno elegía a los indígenas a quie nes nombraba en los puestos de comisarios o jueces de paz. Sin embargo, en ninguna de las fuentes consultadas se indica que los seleccionados os tentaran también cargos rituales, en calidad de awás, ikekes o alguna otra posición menor.

Las autoridades estatales sí estaban al tanto de que existía una estructura de poder paralela, y algunos agentes de policía incluso acudieron a ella. Por ejemplo, en 1935 Fermín Regidor explicaba que: “cuando llegué de Agente Principal de Policía de Talamanca, mi primer paso fue llamar a todos los jefes indios de cada río y les dije mi modo de pensar; que tenía instrucciones del Supremo Gobierno de protegerlos, de modo que quería que ellos me dieran sus quejas para remediarlas” (Regidor, 19 de enero de 1935. Cursivas agre gadas). Regidor no aclaró quiénes eran esos “jefes indios”, pero sus palabras sugieren que el agente los consideraba suficientemente importantes como para consultar con ellos. Otro ejemplo de esas relaciones informales, aunque a un nivel más alto de la jerarquía administrativa, sucedió en 1954, cuando el awá bribri Santiago Lec se reunió en San José con el presidente de la repú blica Otilio Ulate³⁰.

La marginación que sufrían los indígenas en los nombramientos estatales podría explicar parcialmente por qué fracasaron las repetidas solicitudes que hicieron durante las décadas de 1930 y 1940 los hermanos Carlos Daniel y Alfredo Luis Swaby para que se les nombrara como titulares de alguna de las agencias de policía de Talamanca. En contraste, en 1942 Alfredo Luis ejercía, al parecer sin mayores obstáculos, el puesto, más bajo, de juez de paz de Chase de forma ad honorem (ANCR. Gobernación 9510, v. 3, fls. 113, 115)³¹. Como veremos en la siguiente sección, el origen mezclado de estos herma nos hacía que algunos de sus contemporáneos los consideraran indígenas y otros los vieran como afrodescendientes.

Los hermanos Swaby

En 1913 el político josefino Maurilio Mora, quien se encontraba en Ta lamanca para apoyar al Partido Civil durante las elecciones presidenciales, explicaba a uno de los líderes del mismo partido en Limón que la comisión ci vilista en Talamanca eran “los Swaby”, quienes eran sumamente importantes pues era a ellos que “les debemos el triunfo del civilismo aquí” (ANCR. Limón Juzgado Crimen 907, fl. 7)³². Esta es la primera vez que los hermanos Swaby aparecen en las fuentes primarias que se han localizado. En las décadas siguientes Carlos Daniel y Alfredo Luis llegaron a convertirse en personajes influyentes en la sociedad talamanqueña a pesar de que, como veremos, solo hasta finales del decenio de 1940 lograron ocupar puestos políticos formales.

Los hermanos Swaby³³ tenían un origen mezclado que no era inusual en tre la población talamanqueña de su época. Su madre, María Teresa Hidalgo, era una indígena de la zona; su padre, William Alexander Swaby Grey, era jamaiquino³⁴. De los orígenes y la vida de María Teresa Hidalgo no se ha loca lizado ninguna información. Con respecto a William Alexander, no se conoce con certeza ni la fecha ni las circunstancias en las que arribó a Costa Rica. Según declaraciones que dio en la década de 1980 uno de sus nietos, Wi lliam Alexander llegó a Talamanca en 1870 y se estableció en Yorkín (Rodrí guez et al., 1983, p. 85). Sin embargo, en otra entrevista el mismo nieto afirmó que su abuelo había llegado más bien en 1878 con un contrato para trabajar en la construcción del ferrocarril al Atlántico, pero al tener diferencias con los empresarios ferroviarios decidió dedicarse a extraer caucho en las montañas talamanqueñas (Villalobos & Borge, 1994, p. 32). Documentos de archivo indican que ya en 1896 el jamaiquino era juez de paz en Boca del Sixaola, y en 1899 fungió como jefe político de Talamanca por un mes (ANCR. Gober nación 31385, fls. 10-13; ANCR. Gobernación 36229, fls. 19-20).

Se conocen pocos detalles de la relación entre la madre y el padre de los Swaby. En 1913 Francisco Ramírez Caicedo realizó una declaración en el juicio de sucesión de Hidalgo, que había muerto en 1909. En ella Caicedo afirmaba que María Teresa y William Alexander se habían casado “católica mente”, pero que al momento de su muerte ella vivía con una hija pues su esposo la había abandonado (ANCR. Limón Juzgado Civil 1738, fls. 2v-3). No se sabe cuándo nació Carlos Daniel, pero un hijo de Alfredo Luis indicó en la década de 1980 que su padre había nacido en 1883 en Amubri. Años des pués Alfredo Luis se casó con Teresa Rodríguez y tuvo seis hijos (Rodríguez et al., 1983, p. 85).

Aunque no se sabe si los hermanos Swaby tuvieron alguna educación formal, está claro que tenían un nivel de alfabetismo significativo para la épo ca. Por un lado, se movían cómodamente en español, inglés y bribri (Rodrí guez et al., 1983, p. 85)³⁵. Sus nombres muestran esta flexibilidad, pues a veces usaban las versiones castellanas y otras veces las versiones anglófo nas: Charles Daniel y Alfred Louise. Por otro lado, ambos tenían algún cono cimiento de la escritura, pues podían firmar. Más aun, Alfredo Luis publicó un artículo bajo su nombre en un periódico limonense en 1949. Aunque la redacción de la nota es enrevesada, esta da fe de un dominio del español escrito que era poco frecuente (Ervalry Hidalgo, 1949).

El origen mezclado y el multilingüismo de los Swaby, que además com partían con muchos de sus vecinos, hacía que hubiera percepciones varia das sobre cuál era su identificación étnica. El escritor y militante comunista Carlos Luis Fallas, que conoció a Alfredo Luis brevemente en 1934 y 1940, lo identificó como un “negro”, “jamaicano radicado allá (en Talamanca) hacía muchos años” (Fallas, 10 de agosto de 1940; 16 de marzo de 1940). Otros enfatizaban más bien el hecho de que los hermanos eran mezclados. En 1935 Fermín Regidor describió a Carlos Daniel, en tono despectivo, como “uno de los indios mezclados con negro” (Regidor, 1 de junio de 1935, p. 4). En 1981 un poblador de Puerto Viejo recordaba que Alfredo Luis era “medio indio; el papá era jamaicano” (Patterson & Ramírez, 1983, p. 84). Otros re conocían la familiaridad de los Swaby con el mundo indígena sin necesaria mente considerarlos parte de él. En 1922 dos personas que se calificaban a sí mismas como indígenas pidieron al gobernador de Limón que nombrara a Alfredo Luis como agente de policía de San Bernardo, pues “habla nuestra lengua indígena, conoce nuestras costumbres, y se interesa por nuestro me joramiento moral y material” (ANCR. Gobernación 8107, fl. 20). Para estos dos indígenas Swaby aparecía como actor externo al “nosotros”, aunque fuera una persona bien intencionada e informada.

Los documentos publicados y de archivo en que se basa esta investiga ción ofrecen una imagen incompleta de cuál era la percepción que los Swaby tenían de su propio lugar en el mundo talamanqueño, en tanto nos muestran algunas de sus interacciones con autoridades políticas y judiciales, pero no nos dicen prácticamente nada sobre su vida cotidiana y familiar. Aun así, la identificación que Alfredo Luis asumió en su vida pública muestra cierto nivel de fluidez y, quizás, transformación en el tiempo. En una declaración judicial que dio en 1939, Alfredo Luis se describió como “nacido en Talamanca, hijo de madre india” (ANCR. Gobernación 8882, v. 2, fl. 80). Al identificarse así, Swaby asumía que la otra mitad de su ascendencia no era importante (por lo menos en ese contexto), al mismo tiempo que reconocía el carácter indígena de su madre sin necesariamente adoptarlo para sí mismo. El pri mer documento que se ha localizado en el que este hermano se califica sin ambigüedades a sí mismo como indígena es el breve artículo de opinión, ya mencionado, que publicó en 1949 en El Correo del Atlántico. Allí Swaby planteaba al Gobierno varias demandas, que hacía en nombre de “nosotros indígenas de Talamanca” (Ervalry Hidalgo, 1949). En contraste con el caso de Alfredo Luis, no se ha localizado ningún documento que dé pistas sobre cómo se describía Carlos Daniel a sí mismo. Los descendientes de Alfredo Luis, al parecer, se identificaron como indígenas en forma más decidida que su antecesor. Así, los estudiantes del Colegio de Talamanca que a principios del decenio de 1980 entrevistaron al hijo de Alfredo Luis, Alejandro Swaby, indicaron que William Alexander se había casado con una mujer bribri “y ahora toda la familia se considera indígena” (Rodríguez et al., 1983, p. 85).

Independientemente de la etiqueta étnica que otras personas o los mis mos hermanos decidieran utilizar en distintas ocasiones, los Swaby partici paban de las prácticas y concepciones indígenas. En 1935 Fermín Regidor indicaba, en tono acusador, que Alfredo Luis era un “bicagra”, y que en esta calidad se dedicaba a robar bienes a los indígenas cuando presidía los bailes de los huesos (Regidor, 19 de enero de 1935)³⁶. Se desconoce si las acusa ciones de Regidor, que por lo demás él generalizaba a todos los bicagras y no solo a Alfredo Luis, tenían alguna base en la realidad o respondían más bien al profundo desprecio que el agente expresaba por los rituales de ente rramiento indígenas. Como ya se explicó, los bicagras ocupaban un puesto bajo en la jerarquía ritual talamanqueña, pues requerían algún entrenamiento pero no había restricciones en cuanto a sus clanes de origen. Asimilados por los observadores no indígenas a mayordomos o maestros de ceremonia, su principal tarea era organizar los ritos fúnebres, aunque también participaban en otras actividades ceremoniales (Bozzoli de Wille, 1984, p. 11; Gabb, 1978, p. 120; Pittier, 1938, p. 18).

Económicamente los Swaby tenían una posición cómoda, como ellos mismos reconocieron en 1916, cuando William Alexander y su hijo Carlos Daniel firmaron, junto con muchas otras personas, un pliego de peticiones en el que los firmantes se calificaban a sí mismos como “vecinos pudientes” (ANCR. Fomento 5996, fls. 4-5, 21-23). Es probable que esta posición fuera facilitada por los bienes que sus progenitores habían logrado acumular. Por ejemplo, al momento de su muerte en 1909, la madre de los Swaby poseía una finca de 18 manzanas en Las Palmas, Sixaola. En 1913 esa finca, en posesión de William Alexander, estaba cultivada de “banano, cacao, coco y otros árboles frutales” (ANCR. Limón Juzgado Civil 1738, fls. 4-4v). En la década de 1980 uno de los seis hijos de Alfredo Luis declaró que él seguía viviendo en las tierras que le había heredado su abuelo William Alexander (Rodríguez et al., 1983, p. 85).

Las actividades económicas de los Swaby eran de lo más variadas: tra bajo asalariado, agricultura comercial, ganadería y comercio. Según declara ciones que dieron en 1914, ambos habían trabajado como peones en 1911 y 1913 sembrando de banano un terreno localizado en Cuabre (ANCR. Limón Juzgado Civil 1146, fls. 38v-41). No se sabe si continuaron con este tipo de labores en los años siguientes, o si se dedicaron exclusivamente a trabajar sus propias tierras. En 1913, Carlos Daniel tenía una finca en La Palma, colin dante con la que había pertenecido a su madre (ANCR. Limón Juzgado Civil 1738, fls. 4-4v). En 1935 Fermín Regidor, quien tenía conflictos con los her manos Swaby que se examinarán más adelante, manifestaba en un artículo de prensa que los hermanos, junto con su padre, poseían fincas en Yorkín con banano y ganado, y otras fincas de cacao en varios lugares (Regidor, 19 de enero de 1935)³⁷. En los documentos en que los Swaby tenían que detallar sus calidades, estos generalmente se describían como agricultores (v. gr. ANCR. Limón Juzgado del Crimen 907, fls. 64-64v; ANCR. Limón Juzgado Civil 1146, fls. 38v-41; Swaby, 1939).

Se desconoce si los Swaby tenían cultivos de autosubsistencia, pero lo cierto es que se dedicaban a la producción comercial. Por ejemplo, en 1939 Alfredo Luis publicó una nota en el periódico limonense La Voz del Atlántico solicitando apoyo del Gobierno para vender en la capital del país, San José, el arroz que él y otros talamanqueños estaban produciendo (Swaby, 1939). Es poco probable que la petición fructificara, pues la comunicación entre Talamanca y San José era sumamente difícil. Alfredo Luis tuvo mucho más éxito vendiendo su cacao en los poblados de la costa talamanqueña, como atestiguó en los años 1980 un afrodescendiente que lo conoció: “cuando ese señor bajaba a Puerto Viejo, a veces venían como 25 personas tras él, hombres y mujeres (indígenas), porque él traficaba con cacao. Cuando venía de Talamanca cada hombre traía su saco. El (sic) venía con una alforja como de 10 a 15 libras de cacao y los demás hombres con 60 a 80 libras de ca cao que les vendían a los chinos de Puerto Viejo” (Planes Hudson, Hansel Hudson & Moya Pizarro, 1983, p. 78). El testimonio anterior no solo señala el éxito económico de Alfredo Luis, sino que también sugiere que este le per mitió desarrollar alguna influencia entre otros indígenas.

A principios de la década de 1980 uno de los hijos de Alfredo Luis, Ale jandro Swaby, describió así la variedad de actividades económicas a las que se había dedicado su padre:

Esta descripción retrata el carácter emprendedor de Alfredo Luis y, a la vez, indica que sus actividades comerciales no se limitaban a vender sus productos agrícolas en los pueblos de la costa talamanqueña, sino que participaba en las redes de comercio a pequeña escala que habían unido a Talamanca con puertos clave del Caribe centroamericano e insular desde principios del siglo XIX (Boza Villarreal, 2014, pp. 112-158).

El éxito económico de los hermanos Swaby no se tradujo fácilmente en acceso a los puestos de poder político formal, por lo menos hasta finales del decenio de 1940 que es el período que aquí se analiza. En el ámbito elec toral, los Swaby habían destacado como organizadores informales o “pro pagandistas” por lo menos desde 1913, como se indicó al principio de esta sección. Sin embargo, no fue sino hasta 1944 en que por primera vez uno de ellos, Carlos Daniel, obtuvo una candidatura formal (aunque no ganó) a un puesto de elección en la municipalidad limonense (ANCR. Gobernación 10630, fls. 236-236v; ANCR. Gobernación 10629, folder 7). Por su parte, las relaciones de los hermanos con los agentes de policía principales de Chase, quienes controlaban en buena medida la política talamanqueña, fueron bas tante tensas.

Fermín Regidor expresó repetida y abiertamente su desprecio por los dos hermanos. En 1935 publicó varias notas en un periódico limonense donde alegaba conocer a los Swaby desde hacía 20 años. Allí los calificaba como “embrollones” y personas para quienes “la verdad es desconocida” (Regi dor, 1 de junio de 1935, p. 4). Consideraba que “Alfredo es un fregado”, y argumentaba que los Swaby sabían cómo maniobrar para que las muchas propiedades que tenían nunca aparecieran a su nombre cuando surgía algún conflicto (Regidor, 19 de enero de 1935).

Las relaciones entre los Swaby y Neftalí Valverde, el agente de policía que sustituyó a Regidor, fueron más complejas. En ocasiones parecían ser armoniosas. Por ejemplo, en 1939 se presentaron quejas contra las labo res de Valverde en su puesto y Alfredo Luis declaró a favor del funcionario, asegurando que este era “la mejor autoridad que han tenido” en Talamanca (ANCR. Gobernación 8882, v. 2, fls. 80-80v). Sin embargo, un año después el militante comunista Carlos Luis Fallas, quien se encontraba en Talamanca intentando limitar las proporciones del fraude electoral, notó que existían ten siones entre esos dos personajes. Aunque Swaby era el presidente designa do de la mesa electoral de Amubri, otras personas lo sustituían en el puesto dado que, según Fallas, Alfredo Luis “no gozaba de la absoluta confianza de Neftalí, por lo que seguramente decidieron eliminarlo a pesar de haber sido nombrado para ese cargo”. A Swaby le habían encargado más bien la distri bución de licor entre los votantes (Fallas, 15 de junio de 1940; 10 de agosto de 1940).

En años posteriores tanto Alfredo Luis como Carlos Daniel intentaron, aunque sin éxito, sustituir a Valverde en su puesto oficial. En 1942 el primero envió una solicitud al ministro de Gobernación para que lo nombrara en el puesto, indicando que había rumores de que Valverde iba a renunciar (ANCR. Gobernación 9510, v. 3, fls. 112-115). Dos años después los hermanos, junto con varios vecinos de Chase, solicitaron que se nombrara a Carlos Daniel como agente de policía del poblado. En esta nota no se hizo mención directa de Valverde, aunque este seguía en el cargo (ANCR. Gobernación 11163, 15 de mayo de 1944).

La única información que existe de los motivos detrás de las tensiones entre Valverde y los Swaby aparece en una nota que el primero envió al go bernador de Limón en 1941. En el escrito Valverde mezclaba los nombres de los dos hermanos, al quejarse de que “Alfredo Daniel Swaby” aseguraba que “ya él curaba los picados de culebra, que no sólo yo lo podía hacer”, y que había intentado curar a un indígena pero este había muerto (ANCR. Gober nación 8905, v. 1, fl. 16)³⁸. Es poco probable que este conflicto sobre quién tenía la autoridad y el conocimiento para curar las picadas de culebra fuera la única fuente de desacuerdos entre los Swaby y Valverde, pero no se ha localizado información adicional sobre el particular.

En este momento no se sabe cuál fue la suerte de William Alexander ni de su hijo Carlos Daniel. En cuanto a Alfredo Luis, este murió en 1976 en Yorkín (Rodríguez et al., 1983, p. 85). Será tarea de futuras investigaciones determinar qué papel jugaron los hermanos Swaby en Talamanca a partir de la década de 1950. Está claro, sin embargo, que estos hermanos dejaron una herencia duradera, pues el hijo de Alfredo Luis que concedió la entrevista en la década de 1980, Alejandro Swaby Rodríguez, era para entonces un líder importante de las comunidades indígenas talamanqueñas (Rodríguez et al., 1983, pp. 86-88)³⁹.

Conclusiones

En 1927 la UFCo. empezó a retirar líneas férreas, desarmar puentes y abandonar sus plantaciones en Talamanca. Por la misma época se desva neció el acentuado interés que académicos y viajeros internacionales ha bían mostrado por la región y sus habitantes desde mediados del siglo XIX. Es posible que esa indiferencia fuera producto, por lo menos en alguna medida, de la salida de la compañía y de la falta de grandes proyectos eco nómicos que caracterizó a la zona en los decenios siguientes. En contras te, las comunidades indígenas del Pacífico sur, el área en la que la UFCo. concentró sus operaciones más importantes a partir de la década de 1930 (Cerdas Albertazzi, 1993), se convirtieron pronto en el foco de interés del naciente movimiento indigenista costarricense y de las políticas públicas que este fomentó desde principios de los años 1940 (Meléndez, 1957).

Aunque la poderosa compañía bananera nunca volvió a plantar las tie rras del interior talamanqueño, esto no significó que su influencia simple mente se desvaneciera. Por el contrario, en las dos décadas siguientes la UFCo. siguió gravitando en la vida de los talamanqueños como comprado ra de comestibles y cultivos comerciales que se producía ahora en fincas independientes, así como demandando el pago de alquiler por el uso de tierras abandonadas que indígenas y no indígenas volvían a ocupar. Du rante ese período, la producción independiente enfrentó enormes desafíos para llegar hasta sus mercados, pues en casi toda Talamanca el transporte debía hacerse recorriendo trillos por donde antes corrían rieles o utilizando pequeñas embarcaciones para navegar los varios ríos de la zona. Estas dificultades no disuadieron a no indígenas como Fermín Regidor Cisneros y Neftalí Valverde Campos, quienes mezclaron sus intereses económicos con sus actividades como agentes de policía. Los hermanos Carlos Daniel y Alfredo Luis Swaby también supieron sacar provecho de las oportunidades que la nueva economía de la zona ofrecía.

El abandono de las plantaciones se inició apenas tres años después de que, finalmente, el Estado costarricense lograra homologar la estructura administrativa de Talamanca con la del resto del país, al eliminar al jefe po lítico de Talamanca y dejar solo agencias principales y auxiliares de policía. Fue en este contexto que el agente principal de policía de Chase, primero en la figura de Fermín Regidor y luego de Neftalí Valverde, ganó una enorme influencia política. Además, esta reestructuración administrativa consolidó una tendencia que se había establecido décadas atrás, según la cual los indígenas estaban relegados a los puestos más bajos dentro de la jerarquía administrativa al servir ocasionalmente como jueces de paz o comisarios pero nunca como agentes de policía. En la década de 1970 esa diferencia ción entre agentes de policía no indígenas y jueces de paz indígenas era común no solo en Talamanca sino en muchas de las zonas indígenas del país (Bozzoli de Wille, 1975, p. 38), lo que sugiere la existencia de una polí tica estatal que debe ser investigada.

Las oportunidades y limitaciones que enfrentaban los talamanqueños quedan bien ejemplificadas en la trayectoria de los hermanos Carlos Daniel y Alfredo Luis Swaby, de origen mezclado pero bien compenetrados con el mundo indígena. Aunque los Swaby lograron un significativo éxito económi co y una gran influencia entre los indígenas, sus constantes esfuerzos por trasladar ese prestigio al ámbito de la política electoral o de los puestos me dios en la administración estatal local únicamente empezaron a dar frutos, por lo demás muy modestos, en los últimos años del período. Es necesario estudiar si esos atisbos de integración formal se convirtieron en años pos teriores en una tendencia clara. La primera mención que se ha localizado de una política pública de fomento de la participación indígena es de 1970, año en que el ministro de Gobernación informó que en su administración se había procurado que la mayoría de las autoridades de policía talaman queñas fueran “indios o cruzados con indios” (Ministerio de Gobernación y Policía, 1970, p. 12).

Las transformaciones recién delineadas en las relaciones entre los indí genas talamanqueños y el Estado costarricense no respondieron a cambios legislativos ni tampoco, hasta donde se pudo establecer, a la implementa ción de políticas estatales explícitas. Estudios recientes para otros casos latinoamericanos sugieren que esto no era inusual, sino que el acceso de los indígenas a derechos electorales, territoriales o de otro tipo podía variar considerablemente en la práctica, aunque las leyes no sufrieran modifica ciones (Irurozqui Victoriano, 2012; Quijada, 2011)⁴⁰.

Otro cambio que marcó el período fue la descentralización de la organi zación político-ritual indígena al desaparecer las tres figuras que ocupaban la cima: el usékar, los cantores funerarios y el rey. En respuesta, los awás y los ikekes concentraron algunas de las tareas antes encomendadas a esos tres funcionarios y en el proceso incrementaron su poder al interior del mundo indígena. Dentro de esta nueva estructuración, sin embargo, no ha bía figuras con autoridad sobre la totalidad de los indígenas talamanqueños como la que habían tenido el usékar y el rey, pues la influencia de cada líder se limitaba a una o unas pocas comunidades. A diferencia del rey, cuya autoridad el Gobierno costarricense había reconocido oficialmente al inte grarlo a la nómina de empleados públicos, el influjo de los awás y los ikekes no se extendió a la estructura administrativa formal. Si bien algunos de ellos pudieron fungir como comisarios o jueces de paz, estos eran casos indi viduales que no representaban un reconocimiento explícito a su liderazgo dentro de sus comunidades. Esto no quiere decir que su influencia fuera intrascendente, como sugiere el hecho de que algunos agentes de policía solicitaran su apoyo y algunos presidentes de la república se reunieran con ellos. En la década de 1970 la creación de la reserva indígena transformaría radicalmente, una vez más, el mundo talamanqueño.

Fuentes primarias

ANCR, Congreso 12655, Congreso 13450, Congreso 16109, Congreso 19068, Congreso 20887.

ANCR, Educación 3931.

ANCR, Fomento 3103, Fomento 5996.

ANCR, Gobernación 8097, Gobernación 8101, Gobernación 8107, Gober nación 8882 v. 2, Gobernación 8905 v. 1, Gobernación 9510 v. 3, Go bernación 9525, Gobernación 10629 folder 7, Gobernación 10630, Go bernación 11163, Gobernación 11362, Gobernación 13306, Gobernación 22201, Gobernación 31385, Gobernación 32636, Gobernación 36229.

ANCR, Limón Juzgado Civil 1146, Limón Juzgado Civil 1738.

ANCR, Limón Juzgado Crimen 907, Limón Juzgado Crimen 1147, Limón Juz gado Crimen 2121.

Asuntos Electorales. Actas de escrutinio y declaratoria de elección de mu nícipes y síndicos, 1934, provincia de Limón. (28 de marzo de 1934). La Gaceta, pp. 544-546.

Como hicimos nuestra propaganda en Talamanca. Diario de dos compañeros que se internaron en aquellas regiones a pie y sin esperar remuneración de ninguna clase. (24 de febrero de 1934). Trabajo, p. 4.

Costa Rica. (1867). Decreto XXI del 25 de julio de 1867. En Costa Rica. Colec ción de leyes de los años de 1867-1868 (pp. 101-102). San José: Imprenta Nacional.

Costa Rica. (1931). Decreto 88, 10 julio 1931. En República de Costa Rica. Colección de leyes y decretos. Segundo semestre 1931 (p. 29). San José: Imprenta Nacional.

Don Filadelfo Granados Casasola. (1931). Costa Rica Informativa, 1(3), 27.

Ervalry Hidalgo, Alfredo. (4 de junio de 1949). La voz del indígena costarricen se. El Correo del Atlántico, pp. 1, 2.

Fallas, Carlos Luis. La farsa de las últimas elecciones en Talamanca. Trabajo 16 de marzo de 1940, p. 1; 30 de marzo de 1940, p. 3; 11 de mayo de 1940, p. 3; 1º de junio de 1940, p. 2; 15 de junio de 1940, p. 3; 10 de agosto de 1940, p. 3.

Ha sido levantada la línea férrea entre Chase y Volio. (3 de marzo de 1945). La Voz Atlántica, p. 1.

Junta electoral provincial de Limón. (11 de diciembre de 1915). La Gaceta, p. 775.

Nombramiento de Juntas. Limón. (3 de enero de 1934). La Gaceta, p. 1.

Para agente principal de policía de Chase, ha sido designado don Nefatlí Valverde, en sustitución de Fermín Regidor. (30 de enero de 1937). La Voz del Atlántico, p. 5.

Regidor, Fermín. (9 de marzo de 1935). De Chase. La Voz del Atlántico, p. 4.

Regidor, Fermín. (1º de junio de 1935). Por las montañas de Talamanca. La Voz del Atlántico, p. 4.

Regidor, Fermín. (19 de enero de 1935). Qué pasa en Talamanca? La Voz del Atlántico, p. 8.

Swaby, Alfredo. (4 de noviembre de 1939). El grito de Talamanca. La Voz del Atlántico, p. 5.

Talamanca no es de C. Rica, sino de Neftalí Valverde, el agente de policía. (24 de marzo de 1945). La Tribuna, pp. 1, 6.

Visitó ayer la casa presidencial el sukia de Salitre, Buenos Aires. (26 de marzo de 1971). La Nación, p. 32.

Referencias

Fechas de Publicación

Histórico