Introducción

El gobierno representativo es un legado de las grandes revoluciones del siglo XVIII, la francesa y la norteamericana. Tras la fractura del gobierno monárquico, el representativo se instaló bajo la idea de que la soberanía residía en la nación, en donde el pueblo es el soberano. Para seleccionar a los gobernantes, las elecciones resultan ser un mecanismo utilizado por los gobernados, ahora ciudadanos quienes emiten su voluntad a través del voto.

Pero la historia de las elecciones indirectas durante el siglo XIX –por las cuales se eligen diputados, mandatarios, gobiernos locales– ha recibido mayor atención por parte de los historiadores latinoamericanos hasta la década de 1980. Existen diversos abordajes sobre el tema en cuestión. Uno de ellos es el aspecto normativo (constituciones, leyes, reglamentos, instrucciones, etcétera) y el otro es el de las prácticas, es decir, el de la organización, ejecución y resolución de la actividad electoral y todo lo que ello involucre; en estas perspectivas prevalece la herencia gaditana.

Estudios pioneros como los de Nety L. Benson y Charles Berry (1985), Virginia Guedea (1991), François Xavier Guerra (1993), Antonio Annino (1995), destacan la presencia de la estructura social corporativa de Antiguo Régimen en el proceso de construcción del sistema representativo en el espacio hispanoamericano. Los autores señalan el papel de la Constitución de Cádiz de 1812 en la adaptación de las comunidades a las nuevas reglas electorales y prácticas políticas propiciadas por el liberalismo donde el municipio ocupa un papel importante.

Diversas investigaciones develan la participación y movilización política indígena en Perú (Aljovín y López, 2005; Ragas, 2006; Peralta, 2005), Yucatán en México (Bellingeri, 1995; Campos, 2001), en Bolivia (Irurozqui, 2005) y en Guatemala (Avendaño, 1995b, 1997; Alda, 2000b). Sin embargo, una característica de su abordaje es la discontinuidad, puesto que sobresale la participación electiva durante la crisis monárquica española (1810-1814), o los momentos de conflictividad. Los resultados de tales proyectos nos indican lo siguiente: la disposición a la negociación y alianza en el campo militar como en el electoral; la capacidad de integrarse a la política tanto en la esfera de poder local o el poder departamental y/o estatal junto a otros actores como el clero y los notables; la persistencia de defender sus derechos y jurisdicción. Lo anterior evidencia que las comunidades indígenas estuvieron insertas en la construcción de una nueva cultura política, desde el ejercicio de la ciudadanía y del voto activo.

Algunos historiadores consideran que la investigación electoral decimonónica es todavía dispersa en México (Aguilar, 2010; Warren, 2010; Gantús y Salmerón, 2017; Ducey, 2019), en Argentina (Sábato y Palti, 1990; Sábato, 1995; Ternavasio, 2002; Sábato y Ternavasio, 2015) y en Colombia (Monsalvo, 2009 y 2012; Ospina y Marín, 2018). En México, por ejemplo, resalta la participación de los grupos subalternos, y buen número de estudios pertenecen al estado de Veracruz y Oaxaca. En Argentina, la indagación muestra la presencia de sectores populares urbanos y de las elites de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires; y en Colombia se expone la intervención de las castas en algunas localidades cercanas a la costa atlántica, pero en general se presenta la selección y disputa de los grupos dominantes. Los resultados muestran la actuación de redes clientelares quienes promovieron negociaciones y alianzas entre electores y electos; la intervención estatal por medio de actores militares y de jueces de paz; también incorporaron condiciones censatarias para el goce de la ciudadanía, pero tempranamente se eliminaron y dieron los primeros pasos para el sufragio universal de hombres.

El antiguo Reino de Guatemala también participó en la edificación del régimen representativo. Pero la actividad electiva no era nueva, lo practicaba el Consulado de Comerciantes, el Colegio de Abogados, la Universidad de San Carlos, el clero regular y los cabildos españoles. El procedimiento usado era el sorteo, misma modalidad que se usó para elegir un delegado a la Junta Central española en 1809 y seleccionar a la primera representación centroamericana en Cortes en 1810 (Avendaño, 2009, pp. 89-92). Durante el siglo XVIII, los territorios hispánicos utilizaban el sorteo en la renovación de puestos directivos de las corporaciones del Antiguo Régimen. Este mecanismo –conocido desde la antigua Grecia– confiaba al azar una resolución para elegir autoridades o designar a electores (Manin, 1998, pp. 56-57).

La renovación de diputados en 1812 y 1820, al igual que la selección de asambleístas al primer congreso constituyente mexicano (1822) y a la primera constituyente centroamericana (1823) se realizaron bajo un sistema de elecciones indirectas determinadas por la Constitución de Cádiz; el formato electoral no tuvo cambios significativos durante la República Federal (1824-1838). Cuando se desintegró la Federación y surgieron cinco repúblicas unitarias en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, se introdujo el sufragio censatario tanto para calificar como ciudadano como para los que pretendían optar por un cargo electivo en la Asamblea o llegar al ejecutivo; se produjo la gradual eliminación de cuatro niveles de elección hasta llegar al voto directo; y los partidos políticos sustituyeron a las facciones.

Golpes de Estado y reformas constitucionales (Pérez Brignoli, III, 1993; Acuña Ortega, IV, 1993) convivieron con el proceso electoral indirecto durante el siglo XIX. Las reformas liberales centroamericanas (1880-1920) apostarían por el voto universal de hombres, directo y secreto; el derecho al sufragio femenino se adoptaría hasta la mitad del siglo XX.

Este texto se propone mostrar una revisión historiográfica sobre los estudios de las elecciones indirectas y de las primeras formas de organización política en la región. El documento se divide en tres partes, la primera sintetiza la experiencia electoral en Centroamérica; la segunda evidencia la evolución desde las facciones a los partidos políticos; y la tercera expone al lector nuevas interrogantes sobre una temática apenas tratada.

Las elecciones en el siglo XIX

Un principio del gobierno representativo es la elección. En ese contexto convergieron la tradición medieval y las teorías modernas del derecho natural para hacer, del consentimiento y la voluntad de los gobernados, la única fuente de legitimidad y obligación política. La elección entonces se usa para conferir el poder, considerada notablemente más justa y más igualitaria, que la herencia. Pero, ahora, quien es concebido como fuente política de legitimidad es el ciudadano (Manin, 1998, pp. 58-62).

En los inicios del sistema representativo no era una preocupación la distribución no igualitaria de los cargos. La asamblea francesa estableció una distinción entre el sufragio activo (con derecho a votar) y el sufragio pasivo (derecho a votar y ser votado). En los Estados Unidos, la Constitución de 1776 delegaba en los estados la decisión de imponer criterios fiscales para los electores (voto censatario), los que debían seleccionar a los poderes federales (Manin, 1998, pp. 67-71). La Constitución de Cádiz de 1812 impuso un sistema indirecto de tres grados para nombrar electores para elecciones de diputados y de dos grados para elegir munícipe.

A diferencia de la práctica francesa y norteamericana, la instrucción electoral elaborada en Guatemala, en 1812, permitió la participación amplia de hombres de diversos grupos étnicos, en el ejercicio del sufragio activo, nivel primario del sistema electoral indirecto. Sin embargo, para ejercer el sufragio pasivo –segundo y tercer nivel de elección–, se requería demostrar vecindad, honorabilidad, oficio o modo honesto de vivir al igual que ser un buen cristiano (Avendaño, 2009, pp. 110-132). A pesar de la reducción posterior de los grados de elección, la incorporación del voto censatario condicionó a que el acceso a la representación política estuviese destinada a un pequeño grupo de ciudadanos. Durante el siglo XIX, la elección no fue provocada por la competencia política, sino por la preeminencia o distinción con base en la virtud de su carácter, riqueza y ocupación, a un tipo particular de élite: los notables. El gobierno representativo, por tanto, inició como el gobierno de los notables (Manin, 1998 pp. 134-137).

Carlos Fayt observa que se debe distinguir entre sufragio y voto. El voto es una determinación que se puede realizar en instituciones públicas y privadas. No obstante, el íntimo enlace entre el derecho y su ejercicio brinda significación a la circunstancia de que en el lenguaje común se llama sufragio al voto del elector, al hecho de declarar su voluntad en los comicios, o sean las reuniones de los ciudadanos para sufragar (Fayt, II, 1998, pp. 156-157).

Al parecer, El sufragio en Costa Rica ante la historia y la legislación de Cleto González Víquez (1979)¹ es el primer estudio que desde la perspectiva de las élites trata de presentar de forma paralela a la representación política –centrada en el órgano legislativo y ejecutivo–, el sufragio y los procesos políticos según el gobernante de turno. Incluye a lo largo de su trabajo algunos cambios constitucionales y de las leyes electorales. Su abordaje lo hace omitir temas como, por ejemplo: la restricción a la ciudadanía en 1848 y la breve modalidad del sufragio universal masculino a partir de 1859 (Molina, 2014, p. 3)².

La mirada hacia la experiencia gaditana corresponde al guatemalteco José Antonio Villacorta y al nicaragüense Sofonías Salvatierra, el primero con formación universitaria y el segundo, al parecer, autodidacta (Salvatierra, 1939; Villacorta, 1942 y 1941, pp. 3-25). Sus obras integran la Constitución de Cádiz de 1812: describen el proceso electoral, la selección de la representación política y una breve participación de los diputados centroamericanos en las Cortes. Además, en la investigación, utilizan nuevos fondos documentales de archivos situados en Centroamérica y en España.

De la mano de los estudios del derecho indiano y constitucional español, emerge en la década de 1960, la historia del constitucionalismo centroamericano. De este tipo de enfoques retomamos a dos autores, Jorge Mario García Laguardia, de Guatemala, y Marina Volio, de Costa Rica. Ambos exponen la institucionalidad gaditana, la representación en las Cortes, y destacan a dos grandes figuras centroamericanas, los sacerdotes Antonio Larrazábal y Florencio del Castillo. Los diputados mencionados presidieron la constituyente española, defendieron el voto activo de las castas y propusieron la abolición gradual de la esclavitud (García, 1967, 1971, 2017; Volio, 1980; Benavides, 2010).

La historiografía norteamericana aportó nuevos caminos a la historia política; destaca un enfoque de larga duración y el análisis entre el cambio y la continuidad. Miles Wortman (1982) presenta un cuestionamiento de la relación entre sociedad y gobierno entre 1680 y 1840; recalca una continuidad entre las políticas gubernativas del reformismo borbónico y las implementadas en las primeras décadas del siglo XIX. En este tránsito, la figura del poder monárquico fue sustituida por un pequeño grupo de guatemaltecos aferrados al libre comercio. El Experimento de Cádiz en Centroamérica (1984) de Mario Rodríguez, engarza la experiencia de las Cortes españolas y la formación de la República Federal de Centro de América. El autor amplía la participación de la representación política centroamericana en Cádiz y evidencia la relación del diputado con su territorio mediante el uso del mandato imperativo –las instrucciones– otorgadas por las élites de las cabeceras de provincia (Rodríguez, 1984). Por otra parte, Jordana Dym (2006) discute el papel de los centros urbanos desde 1759 a 1839; después de 1808, centra su atención en la retroversión de la soberanía a los municipios, quienes utilizan argumentos jurídico-políticos de la tradición hispánica y la Constitución de Cádiz, tal situación provocó tensionamiento en la organización y funcionamiento institucional entre el poder local y el poder provincial y/o estatal.

Es a finales del siglo XX cuando investigadores centroamericanos estudian los procesos electorales bajo nuevos marcos historiográficos y metodologías. El estudio del sufragio necesita entonces de una revisión del marco jurídico como un elemento esencial por el cual incursionar en el tema (Alda Mejías, 2000a, pp. 217-311; Vargas, 2005; Díaz, 2010; Avendaño, 2014, pp. 19-35).

Las pocas investigaciones sobre la organización y ejecución del sufragio en el siglo XIX exponen las siguientes características:

Un único trabajo, elaborado por la costarricense Margarita Silva Hernández, aborda los aspectos rituales de los comicios y el papel que cumplían como formas de legitimación de acceso al poder, entre 1821 a 1870. Según la autora, el estudio de las fiestas cívicas posibilita el acercamiento a lo político desde una visión cultural y popular de lo electoral, que une al mundo político con la cotidianidad (…) un espacio de integración social (…) por tanto una apropiación de los nuevos valores y el reconocimiento público de la autoridad de los elegidos (Silva, 1993, pp. 31-50; 1992).

Facciones, partidos y la Iglesia católica

Los ensayos que se exponen en este apartado muestran su interés sobre la presencia de las facciones políticas, la formación de partidos políticos y la participación eclesiástica durante las reformas liberales. Algunos insisten en diferenciar el proceso de la acción de grupos políticos o facciones durante buena parte del siglo XIX, hasta llegar a adoptar los principios y estructura de un partido político moderno. Sin embargo, también muestran la capacidad de adaptación de la Iglesia católica, que desde la protección del Concordato –acuerdo entre Iglesia y gobiernos republicanos– trata de contrarrestar las reformas liberales en diversos espacios de la política moderna: opinión pública, diputados en los órganos legislativos y partidos políticos.

Es importante recordar que la facción data desde la época romana, se le considera como un grupo liderado por un jefe y se organizan por intereses particulares (Sartori, 2005, pp. 36-37). En cambio, el partido político es una organización formal, un instrumento para lograr beneficios colectivos y vincula al pueblo con el gobierno. Pertenecen, por encima de todo, a los medios de representación: son un instrumento o una agencia para representar al pueblo al expresar sus exigencias (Sartori, 2005, pp. 57-64).

Sajid Herrera Mena, en ¿Liberales contra conservadores? Las facciones políticas en El Salvador del siglo XIX (2011, pp. 177-216), hace un estudio de las diferentes facciones de poder que se desarrollaron en El Salvador del siglo XIX desde el periodo de independencia hasta finales del siglo con las reformas liberales. Herrera Mena centra su investigación en la lógica de trascender la dicotomía entre liberales y conservadores, ya que esta división no explica la variedad de posturas de los diferentes grupos políticos en El Salvador decimonónico.

El texto cubre cuatro fases: la independencia, la República Federal, los primeros años de vida republicana y las reformas liberales. En el período en estudio se observa el accionar de varias facciones como: los republicanos, los monárquicos, los centralistas, los federalistas, católicos, liberales, anticlericales y los francomasones. Advierte que desde el régimen federal las facciones compartían en común la construcción de un Estado bajo un régimen republicano.

Los grupos no eran homogéneos en cuanto a composición social e ideario, ya que quienes se definían de una postura de pensamiento discrepaban en ocasiones con los otros miembros. Estos grupos se formaban alrededor de la figura de un caudillo como Gerardo Barrios, Francisco Dueñas, Rafael Zaldívar o Francisco Menéndez. Estas facciones para poder desarrollar trabajos en materia política articulaban clubes electorales, los cuales se encargaban de elegir candidatos del poder local, observar los eventos electorales y movilizar al electorado. Los diferentes grupos formaron partidos ya para finales de siglo como El Partido Republicano Salvadoreño y el partido oficial en torno al gobierno en turno.

Herrera Mena manifiesta que, si bien el tema religioso tuvo peso en los debates de la época sobre todo en la época liberal, la afiliación religiosa no era un elemento suficiente para denominar a una facción conservadora. En cuanto la definición de conservadores y liberales, el autor sostiene que es más atinado definir las facciones de liberales moderados y liberales radicales. En esta investigación las principales fuentes empleadas fueron los periódicos como principales medios para el debate político y la difusión de ideas.

Por su parte, Roberto Valdés Valle en Elecciones para una constituyente: Radiografía de un conflicto entre ultraliberales y ultramontanos en El Salvador, 1885 (2011, pp. 103-142), caracteriza, desde el análisis del discurso, a las dos facciones políticas enfrentadas: los ultraliberales y los ultramontanos. Utiliza como fuentes los periódicos, circulares enviadas a las municipalidades y registros de las logias masónicas.

La discusión se centra en la participación del clero en la política, participación que se había suprimido en la Carta Magna de 1871 y 1872 bajo el gobierno de Santiago González (1871-1876). La Iglesia, en 1885, movilizó a su feligresía para las elecciones. El autor evidencia a dos grandes grupos, los ultramontanos –a conservadores y católicos– y en oposición a estos los ultraliberales –masones, anticlericales y liberales– que habían logrado mayor expansión durante el gobierno de Rafael Zaldívar (1876-1884). Sin embargo, el texto señala que en el fondo el conflicto existente era entre católicos y masones.

En los periódicos, ambos bandos se atacaban y exponían sus posturas para convencer al electorado y recibir su preferencia. Las facciones formaron sus juntas electorales para elegir a los candidatos y estos fueron publicados en los distintos medios impresos de la época. Las elecciones estuvieron marcadas por una serie de irregularidades; hubo fraude, intervención del ejército, movilización de las masas a favor de los bandos en pugnas políticas. El resultado fue una asamblea conformada por ambos bandos que al final fue disuelta por el ejecutivo.

En un ensayo alternativo y en el contexto de una celebración estatal sobre el origen de la democracia, Iván Molina Jiménez, en El 89 de Costa Rica: otra interpretación del levantamiento del 7 de noviembre (Molina Jiménez, 1989, pp. 175-192), expone que la historia política puede volver a surgir apartándose de la forma tradicional en la que se hacía. Su texto sostiene que, si bien el ejército fue un elemento de legitimidad de las facciones políticas para imponerse en la disputa del poder, la incorporación y participación de la plebe en los eventos electorales también fue un elemento para legitimar la posición de las facciones opositoras. Las demandas de jornaleros, artesanos y pequeños comerciantes eran expresadas en los comicios y de esta forma estos sectores son claves en la política del periodo.

Resalta también que la Iglesia jugó un papel importante en este periodo como opositor a la secularización de los liberales, para esto movilizó a la feligresía a través de los párrocos en las distintas iglesias y comunidades. La forma en cómo estos sectores se integraron para consolidar la movilización contra el oficialismo es lo nuevo que aporta Molina Jiménez sobre la lectura de 1889 en Costa Rica. Para finalizar, el autor critica el discurso oficial sobre la celebración del nacimiento de la democracia en 1889, ya que esta se entendió únicamente como desarrollo de elecciones y no como una integración de diferentes actores sociales en el sistema político.

Por su parte, Esteban Sánchez Solano, en Los círculos y Clubes católicos del Partido Unión Católica (1890-1894) (2014-2015, pp. 136-142), desde la cultura política estudia la participación de la Iglesia durante la reforma liberal en Costa Rica, ubica su investigación en la segunda ola de los estudios sobre el conflicto Estado-Iglesia, cuando se crean nuevos marcos interpretativos y se abordan nuevas fuentes al igual que se estudia el papel de distintos actores sociales.

En Costa Rica, los partidos políticos surgen a finales del siglo XIX, el clero contaba con la Sociedad Unión Católica que fue la base para articular el Partido Unión Católica, en 1890. Los objetivos del partido católico eran varios: integrar el sistema político, atraer a políticos que estuvieran a favor de la Iglesia y elegir diputados para, de ser posible, contrarrestar las medidas implantadas por el liberalismo.

La organización política logró captar buena parte de sectores populares que profesaban el credo católico; su funcionamiento fue a través de círculos y clubes políticos que se establecieron en distintas poblaciones. En los comicios de 1894, lograron algunos diputados, pero los representantes del oficialismo liberal eran la mayoría y estos lograron bloquear las propuestas católicas. Sin embargo, durante el corto tiempo que permaneció el Partido Unión Católica en la vida política de Costa Rica logró demostrar cómo la Iglesia se adaptó al sistema y llegó a ser parte del juego político establecido por la elite liberal.

La investigación de José Oscar Centeno Hernández, Historia de la formación de los partidos políticos en Honduras (199(¿?)), aborda la formación y desarrollo de los organismos políticos en Honduras durante el periodo de la Reforma Liberal, entre 1876 y 1836. Al parecer, la nueva institucionalidad era una respuesta a los intereses y necesidades de los grupos en pugna por la toma de poder estatal en un intento por ampliar su cobertura no solo poblacional sino también geográfica.

Sin embargo, sostiene la tesis tradicional de que las facciones, liberales y conservadores, conformados por la clase dominante, fueron adquiriendo las características de instituciones permanentes. Los primeros, conformados por sectores medios de la sociedad y su principal proyecto era el desarrollo del capitalismo a través de la promoción de la producción nacional y el progreso. Por otro lado, el bando conservador estaba formado por terratenientes y la elite tradicional hondureña.

Centeno sitúa la fundación del Partido Liberal en 1890, y en 1891, al Partido Progresista que fue la base para la formación del Partido Nacional, el cual se instituyó hasta 1911. Destaca el carácter caudillista de las organizaciones políticas, pero la pugna entre dirigentes provocó la creación de nuevos partidos que tras las elecciones se disolvían. Al final, se describe la adopción de los elementos de un partido político moderno, basado en una estructura organizativa que le permitía movilizar al electorado y recibir capital político: un programa, un Comité Central, una Convención Nacional, Comités Departamentales y Subcomités Municipales.

El proceso electoral centroamericano: nuevas interrogantes

Desde la década de 1810, el proceso electoral se incorporó en la América española, sin embargo, existen diferencias en el camino recorrido entre el nuevo y el viejo mundo. Mónica Quijada señala que el derecho al voto en Europa empieza siendo restringido y se va extendiendo a lo largo del tiempo, en cambio desde México hasta Chile la Constitución de Cádiz provocó una movilización política que atravesó diversos sectores sociales y una amplitud notable del derecho de ciudadanía (Quijada, 2006, pp. 605-637).

Amplitud que a partir de 1840 fue restringida por el ideal de concebir una población homogénea, blanca, instruida para formar la nación moderna; y la representación política sería para los más aptos, los propietarios, o el que, por el modo honesto de vivir, oficio o profesión, probará un ingreso anual con el que podían acceder a la ciudadanía. La homogeneidad entonces se tornó un juicio de valor que llevaría a la permanencia del voto activo y el voto pasivo, mecanismo que absorbió la presencia de una sociedad colonial jerarquizada, sin olvidar el acto de votar en tres y luego dos niveles, hasta llegar al voto directo y secreto. Estos niveles disfrazan la práctica formal (constitucional) y la práctica informal (la realidad).

Sin embargo, el voto durante el siglo XIX se percibe como un acto colectivo, aun cuando se invoca al ciudadano. El funcionamiento del votante no fue individual, las prácticas políticas nuevas y viejas se conjuntaron para definir a los vecinos-ciudadanos, el cuerpo político, en electores ciudadanos. Por ello es necesario estudiar las elecciones locales que han sido la base electoral de regímenes de todo tipo; además no es casualidad que diversos estudios señalen la existencia de una tendencia de resultados por unanimidad, todos los votos de una mesa electoral o de un distrito para un solo candidato local o nacional. Procedimiento que permitió la formación del clientelismo político en la realidad, local, departamental y nacional. Surge entonces la pregunta: ¿esta práctica de redes clientelistas utilizadas por las facciones, ¿qué tanto permeó a las nuevas organizaciones políticas modernas? ¿Los regímenes autoritarios y democráticos en Centroamérica se sustentaron en el clientelismo político o en el voto individual?

¿Qué impacto tuvo el ejercicio de la ciudadanía y el voto al interior de los pueblos indígenas, y con otros en un mismo espacio? El tema es todavía un desierto porque la perspectiva del estudio de la ciudadanía va ligada a lo normativo, a lo que establecen las constituciones (Vargas, 2016)⁵. El voto y la ciudadanía no pueden estudiarse de forma separada, porque en el siglo decimonónico, ambos, aun cuando hubo reglas del Estado, se definían en el espacio local. Hasta la formación de los tribunales electorales centroamericanos, entre 1927 y 1950, el municipio organizó el padrón electoral y el registro se realizaba en cada distrito a cargo de un equipo de personas, donde muchas veces se contó con la presencia del sacerdote para valorar y/o dirimir situaciones de inclusión o exclusión. La tipificación del ciudadano como vecino, casado, católico de tipo moral, prevaleció junto a otros nuevos requisitos de instrucción y posesión de bienes.

Sonia Alda Mejías (2000b) y Lina Barrios (2001) evidencian la continua participación de poblaciones indígenas en los procesos electorales en la época colonial, en los siglos XIX y XX, tanto en los de carácter local, departamental y nacional. Barrios ha llamado alcaldías mixtas a aquellas donde coexistieron dos grupos sociales (indígenas y mestizos), tal situación provocó incertidumbre en los grupos originarios por temor a perder su autonomía y sus recursos, la situación provocó alianzas o conflictos; en otros poblados coexistieron dos alcaldías, la de indígenas y la de mestizos. Estas poblaciones hasta ahora conocen solo su lengua, pocos tienen acceso al castellano: ¿cómo entonces perciben y ejercen la ciudadanía entre la pertenencia étnica y la pertenencia a la nación guatemalteca mestiza? ¿Cómo ejercen el sufragio e integran las instancias locales y/o nacionales? ¿Cómo la dirigencia indígena estableció alianzas con candidatos o caudillos departamentales y/o nacionales tanto para otorgar el voto como para participar en levantamientos contra el poder central?, ¿cómo se formó o fortaleció un liderazgo político local, departamental o nacional en el siglo XIX?

Dentro de la población mestiza, un lugar importante lo ocuparon los afrodescendientes, a quienes desde finales del siglo XVIII se les ubica en unos 40 asentamientos en el istmo, los que llegaron a obtener su municipalidad. A estos también les fue otorgada la ciudadanía, aun cuando la Constitución de 1812 no la concedió. Además de ejercer la ciudadanía, ser vecinos-electores, también les fue permitido ingresar a las milicias (Avendaño, 2014, pp. 19-35; Avendaño y Ramírez, inédito). Al parecer, las élites promovieron en El Salvador y Guatemala la ciudadanía por el servicio militar a la patria. Parece entonces que la población mulata tenía un escenario propicio para convertirse en aliada de las élites: ¿en qué contexto se otorgó la ciudadanía armada?, ¿fue el ciudadano armado una base política de los regímenes autoritarios?

Para finalizar, falta estudiar un eje central tanto para los comicios como para el accionar en un espacio moderno, el electorado. Este se fue construyendo entre la reglamentación estatal y las prácticas nuevas y antiguas de cada pueblo, barrio, villa o ciudad. ¿Cómo se construyó al ciudadano-elector en los diversos escenarios étnicos, sociales y culturales centroamericanos? ¿Cómo interactuó el ciudadano-elector con otros actores políticos, militares, económicos o religiosos?

Conclusiones

Esta aproximación historiográfica a la historia electoral e historia de las organizaciones políticas, nos plantea algunas consideraciones:

Mientras México y Argentina daban pasos para implementar el voto directo y secreto de varones a partir de la década de 1850, Centroamérica continuó con grados de elección y agregó criterios fiscales para ejercer el sufragio y para acceder al poder nacional. A su vez, la práctica electoral evidencia la presencia de una élite notabiliar y una relación clientelar entre gobernantes y gobernados.

Referencias

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