Introducción

Honduras es un país multicultural, situado en la región centroamericana, con una extensión territorial de 112.492 Km² y cuenta con una población aproximadamente de nueve millones de habitantes. La educación superior forma parte del sistema educativo formal. Según la Dirección de Educación Superior de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH, 2017), existen veinte centros de enseñanza en este nivel, 6 son de carácter público y 14 de naturaleza privada. En cumplimiento de la potestad constitucional, la UNAH ha brindado un acompañamiento directo al Estado en el fortalecimiento de la enseñanza superior, así que, antes de la promulgación de la Ley de Educación Superior, en el año 1989, a través del Claustro Pleno Universitario, colaboró con la aceptación y fortalecimiento de diversas casas de estudio en todo el territorio nacional (Calderón, 2011).

En general, el país atraviesa situaciones de extrema inseguridad, constantemente existen violaciones a los Derechos Humanos. La crisis generada por el golpe de Estado en el año 2009 aumentó los niveles de corrupción e impunidad que afectan diariamente a la población. Por ello, los altos índices de violencia continúan siendo factores esenciales para señalar la inexistencia de un Estado de derecho (Asociación Para Una Vida Mejor [APUVIMEH], 2015).

La nación presenta una de las mayores desigualdades sociales en la región y a nivel mundial (Alas y Moncada, 2010). Según el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH, 2017) el 65.7% de las personas se encuentran en condiciones de pobreza y el 42.5% en situación de extrema pobreza. Asimismo, las dimensiones de salud, educación, trabajo y vivienda son aspectos en los cuales los habitantes sufren alguna carencia, lo que genera pobreza multidimensional. Por ello, 6,3 millones de personas actualmente están en condición de pobreza extrema.

En la educación superior hondureña se refleja una situación compleja, ya que esta presenta déficit de cobertura y equidad en el acceso, lo que genera exclusión. Uno de sus mayores problemas es la falta de un modelo educativo propio que presente una concepción diferente acerca de las prácticas pedagógicas y que permita la participación democrática de todos los grupos sociales que forman parte del proceso educativo. Puesto que, los cambios relacionados con la formación del profesorado, no han producido avances significativos.

Se carece de mecanismos institucionales para la atención educativa a colectivos en condición de vulnerabilidad y se continúa homogenizando el acto educativo, debido a que no se utilizan metodologías para que interactúe y participe todo el estudiantado. Por ejemplo, se siguen poniendo en práctica las clases magistrales, el lenguaje peyorativo dirigido principalmente a los educandos por su situación de discapacidad y preferencia sexual. También, el rígido sistema de evaluación y la posición de poder entre docentes y estudiantes es muy evidente en las aulas.

La academia debe desarrollar espacios de aprendizaje con orientación hacia el respeto por la diversidad en el contexto universitario. El nuevo modelo educativo debe contener principios y elementos que declaren la diversidad como un aspecto importante para las acciones pedagógicas y la formación de educadores. Por ejemplo, innovar desde las técnicas de enseñanza- aprendizaje, hasta aspectos como la planificación y estructura de los espacios educativos que forman parte de las carreras que pertenecen a las facultades de las diferentes instituciones universitarias. El énfasis en el tema metodológico es una prioridad. Para Sales-Ciges (2006), el docente debe aplicar estrategias metodológicas para atender la diversidad, entre ellas: trabajo en grupos cooperativos, debates, estudios de caso, trabajo autónomo, tutorías y los diarios de clase como apoyo para el desarrollo de actividades educativas.

En épocas anteriores, el ingreso a la educación superior en Honduras estaba condicionado por aspectos como la clase social, ya que históricamente fue diseñada para educar a grupos élites que formarían parte de la clase política para dirigir la nación. En la actualidad, existen mayores oportunidades para que ingresen estudiantes pertenecientes a grupos muy diversos, entre ellos: pueblos indígenas, afrohondureños, preferencia sexual y discapacidad. Por esta razón, es imprescindible entender la educación superior desde la perspectiva de la inclusión para atender la diversidad. Para García, Romero, Aguilar, Lomeli y Rodríguez (2013, p.4):

La historia de la atención a la diversidad pasa por etapas que van desde la aceptación de que todos los estudiantes tienen derecho a la educación, hasta la búsqueda de ofrecer una educación de calidad para todo el estudiantado en las aulas regulares.

La atención a la diversidad comprende todo tipo de determinación o acción que se lleve a cabo en el contexto educativo, con la finalidad de contribuir a estimular el desarrollo integral de los educandos y buscar la cohesión ante la diversidad. Es un término que hace alusión a la enseñanza personalizada; por tanto, deben tenerse en consideración las características de cada sujeto para implementar metodologías, estrategias y acciones para lograr un aprendizaje significativo (Cabrerizo y Rubio, 2007).

Educar en la diversidad supone que debemos pensar en una educación con oportunidades y participación para todos. La palabra diversidad es un concepto amplio que se refiere a la diversidad cultural, no solo se limita al funcionamiento físico, pues contiene múltiples probabilidades (Bausela, 2002). Para comprender el paradigma de la inclusión propuesto por Arnaiz Sánchez (2003), el profesorado debe ser consciente de los elementos socioculturales del estudiantado y desarrollar prácticas pedagógicas bajo un enfoque democrático. Por ello, Arnaiz Sánchez (2003, p.13) dice que:

La inclusión surge con el objetivo de eliminar las diversas formas de opresión existentes a este respecto, y de luchar por conseguir un sistema de educación para todos, fundamentado en la igualdad, la participación y la no discriminación, en el marco de una sociedad verdaderamente democrática.

Además, González González (2008) plantea que la inclusión tiene como propósito lograr atender a todo el estudiantado. Por consiguiente, implica evitar la exclusión en la educación, a la cual tienen derecho por causas ligadas con la justicia social y democracia.

Por otra parte, Booth y Ainscow (2012, p.34) señalan que “la inclusión es un enfoque basado en principios para el desarrollo de la educación y la sociedad.” Según Soto Calderón (2003, p. 6):

La inclusión debe verse como una interacción que se genera en el respeto hacia las diferencias individuales y las condiciones de participación desde una perspectiva de igualdad y equiparación de oportunidades sociales, cualesquiera que sean los valores culturales, la raza, el sexo, la edad y la condición de la persona o grupo de personas.

Sin embargo, Arnaiz Sánchez (2003, p. 13) afirma que:

La diversidad es parte del reconocimiento de las garantías de todas las personas en la sociedad y está ligada a los derechos universales. En consecuencia, todos los seres humanos tienen derecho a gozar de servicios que contribuyan a su desarrollo personal. De esta manera, el acceder a la educación es una de las garantías fundamentales que buscan respaldar las oportunidades de lograr su aprendizaje y prepararse como ciudadanos de una nación. Los modelos educativos deberían tomar en cuenta atender la diversidad en los distintos espacios áulicos como una de sus acciones primordiales; considera la atención a la diversidad como la implementación de mecanismos en los procesos educativos, sin cuestionar las diferencias étnicas, políticas, físicas y religiosas (Díez y Sánchez, 2015).

Para Solórzano Salas (2013, p.21), “la diversidad es una condición humana y se puede explicar por las características personales, sociales y cognitivas”. El concepto de diversidad que guía este artículo es el de Arnaiz Sánchez (2003, p. 15), para él, se trata de un “conjunto de características que hacen a las personas y a los colectivos diferentes en relación con factores físicos, genéticos, culturales y personales”.

El objetivo de este artículo de revisión bibliográfica es describir la situación actual de la atención a la diversidad en la educación superior de Honduras. Para demostrar estas ideas, este trabajo se organiza en diferentes secciones. En la primera, se analiza la educación superior en Honduras y su marco normativo. En los apartados sucesivos, se describe la situación actual de la discapacidad, los pueblos indígenas, afrohondureños y la diversidad sexual. Finalmente, se profundiza sobre la formación del profesorado universitario y su rol en la sociedad hondureña.

2. La educación superior en Honduras y su marco normativo

Para entender la situación actual de la educación superior en Honduras es necesario comprender el proceso histórico de este nivel educativo. El primer centro de educación superior fundado es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el 14 de diciembre de 1845. En aquel entonces la universidad se llamaba “Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto”. Dicha sociedad era de origen privado y recibió apoyo estatal desde el año 1846, con el nombre de “Academia Literaria de Tegucigalpa”, la cual era dirigida por el eclesiástico José Trinidad Reyes. El 19 de septiembre de 1847, en el gobierno del doctor Juan Lindo, se decidió cambiar de Academia a Universidad pública. El 15 de octubre de 1957, la UNAH después de arduas luchas, conquistó la autonomía bajo el decreto N°170 emitido por la Junta Militar de Gobierno. Además, ese mismo decreto incluye la “Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras” que tuvo vigencia hasta el 11 de febrero de 2005 cuando fue suplantada por la nueva ley aprobada por el Congreso Nacional según decreto No. 209-2004 (Calderón, 2011).

La educación superior hondureña nace en el año 1847, permanece 130 años con una única casa de estudios en este nivel. Una vez creada la UNAH, se fundan nuevos centros educativos: en 1978 se crean dos nuevos centros, en los años 80, cuatro centros; en los años 90, seis centros y en los últimos años, siete nuevos centros para contabilizar un total de veinte instituciones hasta el año 2011. Sin embargo, en todo este periodo han ocurrido diversos cambios organizativos, de oferta formativa y el incremento de estudiantes matriculados en las diversas casas de estudio. También, se ha modificado el panorama al pasar de enormes campus universitarios a multi-campus que son urbanos, pero se encuentran distribuidos en las principales ciudades del país (Flores, 2011). En las Tablas 1 y Tabla 2 se detallan las distintas instituciones de educación superior públicas y privadas con sus respectivas fechas de fundación.

La Constitución Política de la República de Honduras (1982), en el capítulo VIII referente a la educación y la cultura, establece, en su artículo 160, que “la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es una Institución Autónoma del Estado, con personalidad jurídica, goza de la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional”.

Además, la Ley de Educación Superior (1989), en su artículo 2, establece que “la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, como organismo autónomo y descentralizado del Estado, tiene a su cargo la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional”. También, esta misma ley, en el capítulo 1, naturaleza y fines, en su artículo 3, expone que la educación superior tiene como fines la investigación científica, humanística y tecnológica; la difusión general de la cultura; el estudio de los problemas nacionales; la creación y transmisión de la ciencia y el fortalecimiento de la identidad nacional. Por esta razón, las instituciones de educación superior deben regirse internamente por un modelo educativo que les permita responder a los principios de docencia, investigación y extensión o vinculación para promover la transformación de la sociedad como responsabilidad de este nivel educativo.

Las universidades hondureñas públicas y privadas ofrecen carreras con grado de licenciatura y técnico. También, diplomados, posgrados y doctorados. La mayor parte de centros tienen su sede en la capital del país y solo algunos se extienden con centros regionales a nivel nacional. Todas las instituciones de educación superior poseen sus propios mecanismos de ingreso para las personas interesadas en cursar estudios en ellas. En la UNAH es un requisito esencial someterse a la Prueba de Aptitud Académica (PAA). Asimismo, en la UPNFM se aplica un examen de admisión. De igual forma, en el resto de las instituciones públicas. En cambio, la mayoría de los centros de carácter privado, efectúan pruebas actitudinales para orientar la elección de carreras de acuerdo con la vocación del estudiantado. Sin embargo, en las universidades públicas y privadas del país no existe un ingreso especial para estudiantes en situación de discapacidad, pueblos indígenas y afrohondureños. Por ello, es fundamental la creación de mecanismos de acceso, egreso y permanencia para este tipo de estudiantes.

En el caso de la UNAH, existe un modelo educativo que data del año 2009. Pero, no enfatiza en aspectos referentes a la diversidad en la educación, lo más cercano a esta temática lo desarrolla en dos momentos. El primero, en uno de sus principios denominado equidad, en donde señala que:

El segundo, en uno de los ejes que forma parte de este modelo. El eje de violencia, vulnerabilidad y riesgo, en donde hace mención a:

Aunque no se refiere de manera amplia a la diversidad de grupos sociales que forman parte de la educación superior, deja claro que la Academia debe participar activamente en las transformaciones sociales, al incorporar mecanismos para disminuir la compleja situación de la sociedad hondureña en la actualidad.

Ninguna institución privada puede formar profesionales del área educativa. Las personas que aspiran estudiar una carrera referente a la educación solo pueden cursar sus estudios de enseñanza en una universidad de carácter público. Por esta razón, se crea el Consejo de Educación Superior (CES) y la Ley de Educación Superior en el año de 1982, donde se afirma que las únicas instituciones facultadas para la profesionalización y formación de futuros docentes de educación primaria, secundaria y superior son la UNAH y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM). Por consiguiente, ningún centro de enseñanza superior privado podrá tener esa autorización (Chacón, 2016).

La UNAH, en el área educativa, cuenta con la carrera de Pedagogía y Ciencias de la Educación como bastión importante para desarrollar profesionales que administren, organicen, dirijan, impartan y supervisen la labor educativa en todos sus niveles. Esta carrera ofrece cuatro orientaciones: Administración y Planeamiento de la educación, Orientación Educativa, Educación de Adultos y Educación Especial. También, existen especialidades, maestrías y doctorados con énfasis en Educación y en otras áreas. También, se imparten las licenciaturas en Educación Física, Lenguas Extranjeras, Música, Letras y el Técnico Universitario en Educación Básica para la Enseñanza del Español. Sin embargo, muchos de estos profesionales son excluidos y no pueden integrarse al sistema de educación nacional.

La Ley Fundamental de Educación fue aprobada en el año 2011 por el Congreso Nacional como mecanismo para reformar el sistema educacional, pero desplaza jerárquicamente al Estatuto del Docente Hondureño que tiene su origen en 1997 y que igual fue aprobado por el Congreso Nacional. En el artículo 12, establece la clasificación normativa, donde sostiene dicha postura. Sin embargo, el Estatuto del Docente Hondureño sigue vigente y en su artículo 45 manifiesta que:

No obstante, en el nuevo Reglamento de la Junta Nacional y Juntas Departamentales de Concurso y Selección, que deriva de la ratificación por el Congreso Nacional en el año 2011 de la Ley Fundamental de Educación, se prioriza a los graduados de la UPNFM para ocupar las plazas vacantes en los centros de educación pública en toda la nación. Lo que ocasiona desigualdad para las personas egresadas de la UNAH, principalmente porque estas solo pueden optar a cargos de índole administrativo.

Por esta razón, la población que aspira a especializarse en una carrera que implique el ejercicio docente en las aulas de educación Prebásica, Básica y Media ingresa a la UPNFM. Esta casa de estudios ofrece carreras referentes a la docencia en los niveles mencionados, también, diplomados, maestrías y doctorados, específicamente en el área educativa. No obstante, los profesionales que egresan de la UPNFM no están habilitados para integrarse al sistema educativo superior, a excepción de presentar en su formación académica titulaciones de maestría y doctorado. La UNAH y la UPNFM son las dos universidades facultadas para formar al profesorado hondureño, además de las que mayor número de educandos atienden en el país.

Uno de los mayores retos de las instituciones de educación superior es brindar atención a estudiantes en situación de discapacidad, pueblos indígenas, afrohondureños y diversos sexualmente para generar universidades inclusivas que contribuyan a la construcción de una mejor sociedad.

3. La discapacidad

Según se desprende del análisis de la revisión bibliográfica y de la evidencia investigativa, en Honduras, las leyes referentes al tema de discapacidad son escasas. Sin embargo, en la Constitución de la República (1982), en el artículo 169, se establece que el Estado sostendrá y fomentará la educación de los minusválidos. No obstante, es preciso recordar que la Constitución Política de la República de Honduras data del año 1982, por lo que el lenguaje utilizado al hacer referencia a este colectivo es de índole peyorativo.

Debido a este panorama, surge la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas en situación de Discapacidad (Decreto 160), emitida por el Congreso Nacional en el año 2005. Esta ley tiene como finalidad garantizar plenamente a las personas en situación de discapacidad el disfrute de sus derechos, promover y proveer con equidad su desarrollo integral dentro de la sociedad. En su artículo 7, define la discapacidad como: “Cualquier tipo de deficiencia física, mental o sensorial, que en relación a la edad y medio social, limite sustancialmente la integración y realización de las actividades del individuo en la sociedad, ya sean de tipo familiar, social, educacional o laboral”.

De acuerdo con esta definición, en este trabajo cuando se nombra el término discapacidad, se hace referencia a la discapacidad física, visual, auditiva e intelectual.

Asimismo, en el artículo 20 se menciona que para asegurar el éxito del estudiantado con necesidades educativas especiales, que ingresan a los diferentes niveles del sistema educativo, previo al inicio de clases, el centro educativo deberá obligatoriamente brindar todo el apoyo necesario para disminuir las barreras que tiene que enfrentar el estudiantado en situación de discapacidad.

Para Álvarez Pérez (2012), las barreras que dificultan el desarrollo de dichos estudiantes pueden ser: físicas y arquitectónicas, la comunicación, la falta de recursos humanos y materiales, y la metodología del profesorado. Por consiguiente, en este proceso deben participar los padres o encargados de los educandos antes mencionados. Pero, es difícil cumplir este mandato, ya que los centros de enseñanza carecen de educadores especiales en todos los niveles educativos para atender a los estudiantes en situación de discapacidad.

Las diferentes leyes educativas tendrán que ser claras y establecer las acciones precisas para brindar atención a estudiantes en situación de discapacidad. Muchas leyes de educación que se encuentran vigentes en América Latina presentan vacíos epistemológicos respecto a esta temática, puesto que no especifican el tipo de medidas que se deben implementar respecto al tipo de educación que se imparte en los diferentes países. Esta misma situación ocurre en Honduras donde no existe claridad para el abordaje de estos y otros estudiantes (Crosso, 2014).

Para la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD, 2011):

Por ello, la AAIDD (2011) establece el proceso de cinco componentes para la evaluación, planificación y provisión de apoyos.

En primer lugar, es necesario averiguar todas aquellas cosas que son importantes para los seres humanos y realizar una planificación centrada en la persona. En segundo lugar, se debe evaluar la intensidad de los apoyos requeridos. En tercer lugar, se debe desarrollar un plan de acción individualizado. En cuarto lugar, se supervisa el proceso y desarrollo del plan individual. Finalmente, se evalúan las experiencias alcanzadas, las metas deseadas y los resultados personales. Para la AAIDD (2011, p.181) “este proceso de cinco componentes de evaluación, planificación, supervisión y valoración requiere una inversión significativa de tiempo y energía.”

En el caso de las universidades en el país, solo dos centros presentan proyectos educativos para apoyar a estudiantes con discapacidad. La UNAH desarrolla, mediante la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles (VOAE), el Programa de Servicios a Estudiante con Necesidades Especiales (PROSENE) adscrito al Área de Inclusión. Este atiende alrededor de 348 estudiantes y es el encargado de coordinar la prestación de los diferentes servicios de apoyo a este grupo estudiantil. Su propósito es la eliminación de las barreras arquitectónicas, comunicativas, actitudinales, materiales y metodológicas, con el fin de facilitar el acceso de las personas en situación de discapacidad al entorno universitario y propiciar un ambiente de aprendizaje favorable para que el estudiantado pueda participar plenamente en todos los aspectos de la vida universitaria.

En el tema de formación docente, la UNAH, en la carrera de Pedagogía y Ciencias de la Educación, ofrece la orientación en Educación Especial con el propósito de contribuir con nuevos profesionales que se desempeñen en los distintos niveles del sistema de educación nacional.

La UPNFM ejecuta el Proyecto de Atención a la Diversidad (PAD) como una estrategia educativa que, a nivel superior, contribuye a la puesta en práctica de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas Con Discapacidad, apoya el desarrollo inclusivo. Además, esta casa de estudio ofrece la carrera de Educación Especial dirigida a profesionales de la educación relacionados con los niveles Pre básico, Básico y Medio.

En Honduras existen diferentes centros de educación especial que son subvencionados por el Estado, entre ellos: Instituto Psicopedagógico Juana Leclerc, Escuela para ciegos Pilar Salinas, Centro Artesanal para Ciegos CAIPAC, Instituto Sampedrano de Educación Especial, Programa de Rehabilitación de Parálisis Cerebral (PREPACE) y la Fundación Amor (FUNDAMOR). Por el contrario, hay algunas instituciones que son financiadas por organizaciones no gubernamentales, ya sean extranjeras o nacionales y por padres de familia de personas en situación de discapacidad, tal como la Federación Nacional de Padres de Personas con Discapacidad en Honduras (FENAPAPEDISH). Las condiciones de estos centros, en su sede principal, no es la mejor, ya que se encuentran en la precariedad y el total abandono porque el Estado ha disminuido el presupuesto asignado para su funcionamiento. A nivel nacional se requiere la implementación de dichos centros para atender a todo el que lo necesite. A propósito, la mayoría de educandos que estudian en las universidades públicas de Honduras, en su formación previa, tuvieron un vínculo educativo con algunas de las organizaciones antes mencionadas. Pero, establecer estas instituciones en todo el territorio es una acción compleja debido a la difícil situación económica que atraviesa el país.

En suma, según las evidencias bibliográficas, la situación actual de la discapacidad en Honduras pasa por un momento difícil ya que no existen suficientes elementos normativos y organizativos para desarrollar iniciativas que contribuyan a que las personas en situación de discapacidad participen libremente en procesos de transformación educativa a nivel de país.

4. Los pueblos indígenas y afrohondureños

Existen múltiples definiciones de acuerdo con diversas cosmovisiones sobre lo que es un grupo étnico o pueblo indígena. Al respecto, “un grupo étnico es aquel en el que sus individuos comparten un mismo sentido de identidad, que adquieren frecuentemente por tener un lugar común de origen, religión, o raza” (Cardona, 2006. p. 30). Bello y Rangel (2002) definen a los pueblos indígenas como:

Conocer cifras exactas de la población indígena y afrodescendiente en Honduras no es tarea fácil. La Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ, 2010), destaca que:

Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2016, p.3) según un censo realizado por agrupaciones indígenas en 2007, “la población indígena y afrodescendiente sería el 20%, aproximadamente 1,5 millones de una población nacional de 7,6 millones de personas. El 80% de la población indígena vive en sus tierras tradicionales y el 20% en zonas urbanas”.

En los censos, existe eliminación, negación, discriminación e invisibilización hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes, y en las estadísticas oficiales cada vez aparece menos población indígena, ya que es tomada en cuenta como población residente en el área rural. El Instituto Nacional de Estadística (INE), en el Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el año 2013, detalla que la población que pertenece a los pueblos indígenas y afrohondureños es un total de 717, 618 habitantes a nivel nacional distribuidos así: Lencas (453,672), Misquitos (80,007), Garífunas (43,111), Maya-Chortí (33,256), Tolupanes (19,033), Negros de Habla Inglesa (12,337), Nahuas (6, 339), Pech (6,024), Tawahkas (2,690) y otros grupos no especificados (61,151). Sin embargo, el resto de la población hondureña desconoce la temática referente a estos grupos, según se desprende del análisis de las evidencias bibliográficas consultadas.

La legislación hondureña no garantiza el reconocimiento y protección de los derechos de los diferentes pueblos indígenas y afrohondureños, en ciertos artículos de la Carta Magna se manifiesta interés por la temática. En el artículo 173 de la Constitución Política de la República se establece que “el Estado preservará y estimulará las culturas nativas, así como las genuinas expresiones del folclore nacional, el arte popular y las artesanías”. En el artículo N°346, se declara el deber del Estado de “dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas existentes en el país, especialmente de las tierras y bosques donde estuvieren asentadas”. No obstante, estas medidas de protección son inexistentes en los diferentes reglamentos relacionados con la temática en la nación.

Para la ONU (2016):

El Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS, 2018) declara que: La tasa de homicidios en Honduras durante 2017, fue de 43.6 víctimas por cada cien mil habitantes; pese a la reducción de 15.5 puntos en el riesgo en comparación con la de 2016 (59.1), sigue siendo cinco veces más alta que el estándar mundial (8.8). (p. 4)

Ante esta situación de violencia, que azota a la sociedad hondureña, se han registrado múltiples asesinatos de dirigentes indígenas.

El asesinato de la ecologista Berta Cáceres fue un caso que causó asombro a nivel mundial debido a la lucha de los pueblos indígenas en contra de los proyectos hidroeléctricos en la región Lenca. Según el informe presentado por la relatora de la ONU (2016), los Tolupanes, Garífunas, Lencas, Chortís y Pech son los pueblos que más han denunciado casos de lesiones, tentativa de homicidio y violencia contra las mujeres indígenas. También, el mismo informe de la ONU (2016), señala que el pueblo Tolupán registró en las últimas décadas, aproximadamente 100 asesinatos. El pueblo Tawahka vive una situación de inseguridad provocada por ganaderos, madereros y narcotraficantes que traspasan y compran ilegalmente parte de sus territorios. Además, la trata y la prostitución de mujeres, niñas y niños indígenas es otro de los flagelos que ocasiona el crimen organizado que impera en el país.

En Latinoamérica, la discriminación y el racismo son uno de los mayores problemas de la región, estos les generan pobreza, exclusión y desigualdad a muchos pobladores de los diversos países, principalmente a los pueblos indígenas y afrodescendientes quienes no tienen acceso a diferentes servicios básicos por ser considerados seres inferiores por su condición étnica, lo que ocasiona inequidad en el goce de sus derechos humanos (Bello y Rangel, 2002).

Los estudiantes de estos grupos minoritarios han de hacer frente a múltiples dificultades en el ámbito educativo, dado que frecuentemente han sido víctimas de la segregación, pues no se permite el reconocimiento de estos pueblos. El sistema educativo ha desarticulado la enseñanza de su origen y no fomenta la participación activa de este grupo, al existir un currículo que establece la desaparición de distintas poblaciones a nivel nacional, ocultando la situación de exclusión en la que se encuentran sumergidos los pueblos indígenas y afrohondureños.

Además, estos pueblos se enfrentan a problemas relacionados con acceso, cobertura y pérdida de la lengua nativa debido a que no se fomenta su puesta en práctica. Otro aspecto, es que en los territorios indígenas no existen universidades, por lo que deben desplazarse a ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua, Choluteca y Santa Rosa de Copán para poder tener oportunidad de cursar una carrera en el sistema de educación superior.

Por tanto, en la UNAH se mantiene el interés de contribuir con la atención a los pueblos indígenas y afrohondureños. A través de la VOAE, en el Área de Inclusión, se desarrollan acciones en favor de mejorar el ingreso, permanencia y egreso del estudiantado perteneciente a estos colectivos. Por su parte, la Dirección del Sistema de Admisión de la UNAH ha decidido generar mecanismos para investigar estas poblaciones en la página web del sistema, entre ellos: la creación de una ficha al momento de inscribirse para realizar la PAA, así como el diseño de un calendario con las fechas y los pasos a seguir en la lengua misquita. Por otro lado, en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA) se ha identificado una gran cantidad de educandos que forman parte de los grupos antes mencionados. Sin embargo, uno de los problemas que más afecta a este centro son los altos niveles de reprobación, específicamente con estudiantes garífunas (Ramírez, 2015).

En la UNAH se ofrecen becas a estudiantes que pertenecen a estos pueblos para que se trasladen de sus comunidades y puedan iniciar estudios universitarios. Se realizan eventos culturales, talleres y conferencias para dar a conocer diferentes elementos de los pueblos indígenas y afrohondureños. Una de las organizaciones estudiantiles que trabaja arduamente por la lucha de los derechos educativos es la Asociación de Afrohondureños de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (AFROUNAH). Dicha asociación, el 12 de abril de todos los años, conmemora el día de la etnia negra hondureña a través de presentaciones artísticas, bailes tradicionales y otras actividades que son presentadas ante la comunidad universitaria, con el fin de recordar la llegada de los afrodescendientes a Honduras (Ramírez, 2018).

Otro aspecto importante que ha venido desarrollando la UNAH desde el año 2011, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUD, 2012), son los encuentros de coordinación junto a las organizaciones indígenas de la Mosquitia y gremios de productores del departamento de Olancho, con la intención de crear un centro universitario exclusivo para el manejo sostenible de los recursos naturales.

La UPNFM ha acumulado una importante experiencia en la educación superior intercultural, mediante el PAD, en el año 2012, logró atender a más de 125 educandos de pueblos indígenas y afrohondureños que cursaron las carreras de inglés, Ciencias Sociales y Tecnología de Alimentos. Este grupo de estudiantes recibió becas de estudio como una medida de apoyo a la diversidad. También participaron, como parte de su formación, en cuadros de danza, arte y cultura. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, los pueblos indígenas mantienen su convicción de contar con una universidad exclusiva para desarrollar el enfoque intercultural en la enseñanza superior (OACNUD, 2012).

La educación es un bien al cual no todas las personas tienen acceso ni condiciones para optar por ella. Por tanto, el origen étnico- racial es un elemento que reduce las oportunidades para poder acceder a los más altos niveles de la educación. En consecuencia, existe un aumento de la desigualdad y la exclusión, específicamente de las personas afrodescendientes en América Latina (Bello y Rangel, 2002). En Honduras, según el informe denominado Más allá de los promedios: afrodescendientes en América Latina, presentado por el Banco Mundial (2006), la población afrohondureña registra condiciones superiores con respecto a la población étnica que posee educación secundaria o superior. En primer lugar, aparecen los Negros de Habla Inglesa con un porcentaje de 29.5%. En segundo lugar, los Garífunas con 21.9%, seguidos por los Tawahkas con 10.2% y los Misquitos con el 10.0%. Finalmente, los porcentajes más bajos se encuentran entre los Pech (9.2%), Lencas (6.3%), los Chortí (4.2%) y los Tolupanes (3.8%). Estos porcentajes permiten visualizar la falta de oportunidades y las condiciones en las que habitan estos pueblos.

Las organizaciones que trabajan el tema de pueblos indígenas en Honduras son pocas, entre las más conocidas se encuentran: El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras (COPINH), Federación Hondureña De Indígenas Lencas (FHONDIL), la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANE), Movimiento Mosquitia Asla Takanka (MASTA), Federación Indígena Tawahka de Honduras (FITH), entre otras. Además, por parte del gobierno existe la Secretaría de Estado en los Despachos de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (SEDINAFROH). Algunos de estos organismos carecen de recursos que generen el apoyo a sus integrantes para que puedan cursar estudios en el nivel superior y así contribuir con su formación profesional para mejorar las condiciones de vida de sus pueblos.

El profesorado y los centros de educación deberán romper el paradigma actual ligado al uso de lenguaje despectivo que incita al racismo en las aulas de clase en relación con los pueblos indígenas y afrohondureños. Por tanto, tendrán que propiciar espacios de participación directa para eliminar las brechas de pobreza, desigualdad y cualquier tipo de discriminación en el sistema de educación superior.

Como antecedente de esta situación, en la UNAH, en el año 2014, se realizó un acto de disculpas públicas debido al incidente protagonizado por un académico de la Carrera de Arquitectura que expresó una serie de frases discriminatorias de origen racial en contra de un estudiante afrohondureño. Acto que marcó el primer precedente de este tipo en la Máxima Casa de Estudios de Honduras (Ramírez, 2014).

5. Diversidad sexual

Desde su origen, se establece el género y la identidad en la mayoría de personas, sin tomar en consideración la madurez mental, social y psicológica de cada sujeto que construirá su identidad. Desde la perspectiva binaria acerca de la sexualidad, no se considera la amplia diversidad. Por lo tanto, se genera exclusión social y política de los individuos que no reconocen su figura anatómica o biológica de sexo. En esta dinámica, se vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades y el trato justo que deben recibir todos los sujetos que conviven en una sociedad. Quienes no coinciden con el sexo de su cuerpo sufren discriminación y exclusión. Además, son condicionados para la libre participación en la mayor parte de organizaciones sociales, que tienen como base el fundamentalismo identitario (Escobar, 2007).

Hoy en día se debate acerca de la diversidad sexual. En la enseñanza superior se desarrollan diversos espacios de discusión en diferentes disciplinas sobre la preferencia sexual de las personas; no obstante, debe tomarse en cuenta el desarrollo del ser humano.

Las diferentes investigaciones relacionadas con los prejuicios de los sujetos que discriminan a las minorías sexuales coinciden con que las ideas políticas, la religiosidad, las malas actitudes contra la mujer, la promoción del modelo patriarcal y la división de roles son factores fundamentales para desarrollar una conducta de discriminación e intolerancia (Toro, 2012).

Para entender la diversidad sexual en la educación superior es necesario que el profesorado elimine toda serie de estigmas referentes a la identidad de género y orientación sexual de las personas que pertenecen a este colectivo. Los derechos humanos de las personas pertenecientes a este grupo en Latinoamérica, así como las asociaciones que agrupan a lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) son muy diversas, debido a que existen diferentes posiciones en cuanto a la lucha por los derechos humanos en toda la región antes mencionada (Soriano y Gutiérrez, 2016).

En Honduras, en los espacios universitarios, existe discriminación contra estos grupos. Primero, porque algunos docentes no se sensibilizan con el tema, ya que presentan un patrón conservador de origen religioso y político. Segundo, el lenguaje utilizado por profesores y compañeros de personas que pertenecen a este grupo en diferentes ocasiones no es el adecuado, y en tercer lugar una de las mayores barreras para aceptar y tolerar las diferencias, es la cultura machista que se manifiesta a diario en la sociedad hondureña.

Ante dicha situación, la UNAH, a través de la VOAE, el Área de Inclusión y las asociaciones LGBTI existentes en el país, ha realizado diferentes actividades para concientizar a la comunidad universitaria. Entre ellas: espacios de cine inclusivo sobre la temática, conferencias, charlas, jornadas de consejería y atenciones clínicas relacionadas con el diagnóstico sobre las infecciones de transmisión sexual.

Las condiciones de vulnerabilidad no son iguales en la diversidad sexual. Uno de los colectivos que más sufre de discriminación son las personas denominadas “trans”, ya que están más expuestas a nivel social. En los últimos años, en Honduras han ocurrido muchos actos de violencia contra los integrantes de la comunidad LGBTI, que van desde humillaciones en lugares públicos, hasta asesinatos en diversas zonas del país.

Según el IUDPAS (2012, p.01):

La mayor parte de estos hechos quedan impunes debido a que el Estado hondureño presenta una estructura jurídica corrupta e incompetente. Los prejuicios condicionan el accionar de la mayor parte de la población. Además, el alto nivel de insensibilidad que forma parte de la cultura hondureña hoy en día, ya que los casos de muerte de la diversidad sexual son presentados por los medios de comunicación como hechos noticiosos que ocasionan una serie de burlas hacia este colectivo por parte de la mayoría de habitantes del país que justifican dichos asesinatos y estigmatizan a las personas que integran el grupo antes mencionado por su preferencia sexual.

Por ejemplo, el caso de “Mónica Shakira” que figuró en las primeras planas de las noticias nacionales, donde se exhibía constantemente el video de la brutal golpiza que recibió esta chica transexual por exigirle el pago de los servicios sexuales a su agresor. A la escena llegaron seis militares del ejército hondureño y no hicieron nada para ayudarle, según el contenido difundido por los principales medios informativos de la nación (Guerrero, 2014).

Para el IUDPAS (2015) del año 2011 a 2014, se registraron 119 homicidios de la comunidad de la diversidad sexual, de los cuales el 79.8% (95) de los casos cuenta con información necesaria para su análisis y clasificación. No obstante, de los 95 homicidios, el 28.4% (27) de los casos no tiene información del lugar donde se cometió el hecho, lo cual ocasiona debilidad y vacío en el proceso investigativo.

Según la Red Lésbica Cattrachas (2016) del 2009 a 2016, se registran 227 muertes violentas; pero, solo 45 casos han sido judicializados por la Unidad de Muertes de Alto Impacto Social del Ministerio Público, lo que corresponde a una cuota del 80% en el incumplimiento judicial en este tipo de casos. Sumado a ello, no se continuó con la investigación de muertes violentas de la diversidad sexual por el gran número de abogados y periodistas asesinados producto de la situación de violencia en el país. Otro aspecto, clave para la mora judicial, fue la finalización del mandato del Ministerio Público que provocó la desarticulación de la Mesa de Acceso a la Justicia, conformada por diferentes organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las personas de la diversidad sexual.

Por esta razón, existen diferentes organizaciones que trabajan el tema de diversidad sexual en Honduras. Entre ellas: Asociación LGBTI Arco Iris, Asociación Para Una Vida Mejor de Personas Infectadas/Afectadas por el VIH-SIDA en Honduras (APUVIMEH), Comunidad Gay Sanpedrana, Fundación LLAVES, Grupo de Abogacía por la Diversidad Sexual de Honduras, Kukulcan, Red Lésbica Catrachas, Asociación Colectivo Violeta y el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH). El papel de estos organismos consiste en brindar atención médica, psicológica, empoderamiento y defensa de los derechos humanos. También, la creación de programas y el desarrollo de proyectos de promoción en materia de educación sexual, género y salud integral.

Estas poblaciones sufren diferentes problemas, entre ellos: la falta de información, el acceso a los sistemas de salud, la inoperancia del sistema legal, el escenario violento que atraviesa el país, la falta de iniciativas gubernamentales y por último, una notable división en la sociedad. Por tanto, estos elementos se suman a la generación de vulnerabilidad que no solo repercute en este colectivo, sino en la población en general.

Para la Asociación por una Vida Mejor (APUVIMEH, 2015), los entes operadores de justicia del Estado no brindan una respuesta contundente a la urgente necesidad de investigación científica, prevención y sanción del delito contra los presuntos responsables identificados de los hechos de muerte por odio y prejuicios cometidos contra las personas de la diversidad sexual en Honduras.

Durante la IV Feria Intercultural realizada en la UNAH, se presentó la conferencia denominada Crímenes de Odio, se contó con la participación de docentes, investigadores y miembros de la diversidad sexual, donde se dio a conocer el Informe sobre muertes violentas por crímenes de odio motivados por orientación sexual e identidad de género en Honduras. Uno de los elementos señalados fue que el Estado debería tener más participación para esclarecer estas muertes. También, se mencionó que la diversidad sexual debe luchar para que estos crímenes no queden impunes y se incluyan en el ordenamiento jurídico del país.

Además, se dijo que la vulnerabilidad de este sector luego del Golpe de Estado en el año 2009, al salir a protestar a las calles, incrementó los asesinatos a miembros de esta organización. No obstante, se señaló que la discriminación y las agresiones a la comunidad gay han existido siempre en el país (Guerrero, 2014).

La estigmatización de este colectivo es producida por el alto nivel homofóbico que se observa en los espacios de aprendizaje universitario. Esta actitud negativa se fundamenta en estereotipos sobre las relaciones que mantienen las personas del mismo género. Muchos profesionales de la educación superior presentan altos grados de homofobia, por lo que la preparación académica del sujeto no constituye un factor de eliminación de la discriminación en el ámbito educativo, sino que está relacionado con diferentes elementos internos y externos del ser humano. La Dirección de Investigación Científica y Posgrado (DICYP, 2016) afirma que:

En la misma conferencia, denominada Crímenes de Odio, realizada en la UNAH, se expuso sobre la actitud de la sociedad hondureña, ya que esta considera normal sentir rechazo hacia los homosexuales. Además, se expresaron las formas de discriminación y agresiones verbales que sufren los miembros de la diversidad sexual por parte del estudiantado en los diferentes espacios de la UNAH (Guerrero, 2014). Según la DICYP (2016, p.1) “en los últimos años se han registrado algunos incidentes violentos contra comunidades lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGBTI) en Ciudad Universitaria.” Entre las formas más comunes de discriminación, observadas en la UNAH, por parte del estudiantado hacia las personas de la diversidad sexual están las burlas, comentarios, rechazo y violencia física. Sin embargo, no es el lugar donde existe mayor exclusión hacia estos colectivos (DICYP, 2016).

El profesorado universitario debe priorizar su preparación para atender este grupo, pero esta formación constituye un primer elemento generador de consciencia en el ejercicio profesional de los académicos. En este tema es necesario dejar de lado los prejuicios de índole religioso, político y social, puesto que no permiten reconocer que las personas que pertenecen a la diversidad sexual son seres humanos ante todo y no merecen que se les juzgue por su condición. Es de vital importancia generar distintos espacios donde la comunidad universitaria tenga la posibilidad de dialogar sobre su sexualidad con otras personas, sin ser víctimas de discriminación (DICYP, 2016).

6. La formación del profesorado universitario y su rol ante la problemática social en Honduras

Ser académico no es tarea fácil, pues los problemas sociales repercuten de manera directa en las prácticas pedagógicas. Por tanto, el primer aspecto que se requiere para ser profesor universitario en Honduras es ser un profesional consciente y que ejerza su trabajo con valentía ante las situaciones adversas. Además, es importante que como docente pueda contribuir a generar cambios sociales de manera directa o indirecta mediante el acto educativo. Para Freire (1993), la valentía es una virtud que no se encuentra fuera de los educadores, sino que implica que ellos sean capaces de superar sus propios miedos. A medida que el profesorado tiene claridad sobre sus sueños políticos y pedagógicos de trasformar la educación, se reconocen como actores políticos que pueden influir para mejorar la democracia de una nación.

La academia hondureña necesita docentes comprometidos con su profesión y con el país, capaces de contribuir constantemente con la mejora de las prácticas pedagógicas. El profesorado debe visualizar el proceso educativo desde la tolerancia hacia la heterogeneidad para lograr construir una sociedad justa, equitativa y pluralista. Según Freire (1993, p. 79) “la tolerancia es la virtud que nos enseña a convivir con lo que es diferente, a aprender con lo diferente, a respetar lo diferente.” Sin la tolerancia es complicado llevar a cabo un trabajo pedagógico humanista en las instituciones de educación superior de Honduras.

En consecuencia, entender el término diversidad es un primer desafío para los académicos hondureños. Puesto que no es posible desarrollar prácticas pedagógicas participativas sin medidas establecidas para potenciar la educación como un elemento de desarrollo social. El débil marco normativo que existe en el país afecta de manera directa a la enseñanza en sus distintos niveles. Aunado a ello, la falta de políticas gubernamentales e institucionales para atender a diversos colectivos dificulta la generación de mecanismos por parte de algunos educadores para lograr el respeto a la heterogeneidad en los espacios de aprendizaje del sistema de educación superior. Según Fernández Batanero (2012):

Por esta razón, es necesario desarrollar programas formativos en la educación superior para adquirir competencias orientadas hacia la atención de la diversidad. En ese sentido, los centros de enseñanza superior necesitan implementar diferentes mecanismos para promover la participación de toda la comunidad educativa y desarrollar procesos de atención a la diversidad, desde un enfoque amplio para evitar el asistencialismo a colectivos más visibles socialmente. Los programas de formación docente son un elemento fundamental para contribuir a la generación de competencias transversales que permitan entender y atender la diversidad (Paz Maldonado, 2018).

Es necesario señalar que en este momento, en Honduras, predomina la enseñanza tradicional, por lo que es necesario un cambio de paradigma en la concepción del rol del profesorado universitario. Ser educador no solo es dictar clases a un grupo de estudiantes, ser educador es mucho más que eso. Para Fernández Batanero (2012):

La formación docente constituye un aspecto clave en la búsqueda de mejorar la educación superior. En consecuencia, para atender la diversidad es necesario modificar diferentes aspectos relacionados con los retos que implica desempeñar esta ardua labor en una sociedad con múltiples situaciones de conflicto. El profesorado tiene que ser crítico ante la realidad y su propia práctica educativa. Además, los educadores deben promover el desarrollo de competencias en el estudiantado para garantizar el aprendizaje y el desempeño de forma positiva en la sociedad. Por eso, es fundamental diseñar un nuevo perfil docente para mejorar el desempeño profesional, eficiente y que busque la consecución de objetivos en los procesos de aprendizaje (Bozu y Canto, 2009).

Los programas formativos del profesorado universitario deberán ser impulsados en los distintos centros de enseñanza superior. Pero, con una perspectiva inclusiva, que brinde la misma formación a los docentes de las diferentes carreras.

Distintos centros de educación superior no demandan un perfil profesional exigente del educador, puesto que las condiciones salariales no son las óptimas. Este es el caso de las universidades privadas, en donde la mayor parte de docentes son contratados por hora.

Las prácticas pedagógicas requieren un cambio de modelo para atender a estudiantes de diversos colectivos en la educación superior hondureña. En la UNAH, a través del Instituto de Profesionalización y Superación Docente (IPSD), se realiza un continuo seguimiento al profesorado de las diferentes facultades para implementar nuevas metodologías docentes. consecuentemente, se desarrollan cursos de actualización profesional, entre ellos: el programa aprender, implicaciones didácticas, inteligencia emocional, comunicación verbal y no verbal, programación didáctica, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje orientado a proyectos, estudios de caso y la evaluación de los aprendizajes.

Es necesario poder incluir la atención a la diversidad como un nuevo elemento en la capacitación permanente del profesorado de las universidades públicas y privadas del país.

En la actualidad, se demandan docentes que promuevan un aprendizaje de respeto hacia la diversidad. Por ende, el profesorado debe presentar un sin número de competencias para desempeñarse de la mejor manera en el ámbito profesional. Entre ellas: comunicación con el estudiantado, motivación desde factores contextuales, tutoría integrada a la docencia, práctica reflexiva, gestión del aprendizaje mediante el involucramiento activo, promoción del aprendizaje colaborativo, planificación basada en diferencias, colaboración con otros docentes y mejora continua de la práctica (Amaro, Méndez y Mendoza, 2014).

En el modelo educativo de la reforma universitaria de la UNAH (Vicerrectoría Académica, 2009), se plantea que el docente es un facilitador, colaborador, tutor y guía. También, es el constructor de su práctica pedagógica. Por esta razón, la sociedad hondureña espera de los educadores universitarios cambios significativos que contribuyan a disminuir las distintas problemáticas a nivel nacional.

7. Conclusiones

La propuesta de este artículo permitió dar a conocer la situación actual de la atención a la diversidad en la educación superior de Honduras. Se enfatizó en cuatro colectivos vulnerables que participan activamente en la enseñanza superior: discapacidad, pueblos indígenas, afrohondureños y diversidad sexual. También, sobre la formación del profesorado universitario en Honduras y su rol ante la problemática social que atraviesa el país.

La Constitución Política de la República de Honduras establece que la educación hondureña es responsabilidad del Estado y que ninguna institución de carácter privado puede formar educadores. En consecuencia, la población hondureña que aspira a estudiar una carrera referente a la educación solo podrá cursar sus estudios de enseñanza en una universidad de carácter público. La UNAH es la responsable de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional en Honduras. Por tanto, las universidades particulares deben regirse por principios normativos estipulados por la máxima casa de estudio.

La educación superior hondureña atraviesa una situación compleja, ya que son pocos los mecanismos utilizados para facilitar la cobertura y la equidad en el ingreso, lo que genera exclusión en este nivel. Además, el débil marco normativo legal que no garantiza el respeto a los derechos humanos de los colectivos en condición de vulnerabilidad ya que los invisibiliza cada vez con mayor fuerza en todo el territorio nacional. Los grupos sociales involucrados no participan de forma directa en la toma de decisiones para la aprobación de medidas que faciliten el abordaje a la diversidad de estudiantes que forman parte en este nivel educativo.

La falta de políticas nacionales e institucionales sobre inclusión y atención a la diversidad son un obstáculo para los movimientos sociales en su lucha por la reivindicación de derechos violentados. Por esta razón, en la educación superior es necesaria la construcción de una universidad más participativa, flexible y democrática. Una Academia que respete los principios de pluralismo, en donde converjan las ideas políticas, religiosas y sociales. En este escenario complejo, el profesorado debe poseer un sinnúmero de competencias. El respeto y la tolerancia son elementos fundamentales para iniciar el cambio de visión de los académicos en la educación superior. No es con la imposición ideológica que se logrará avanzar en procesos formativos, pero tampoco se puede ser insensible ante una realidad que influye cada vez más en las prácticas pedagógicas en el contexto universitario. Los educadores deben ser capaces de atender y entender a la diversidad que forma parte de las aulas de clase hoy en día.

La situación actual de la discapacidad en Honduras pasa por un momento difícil ya que no existen suficientes elementos normativos y organizativos para desarrollar iniciativas que contribuyan a que las personas en situación de discapacidad tengan una mejor calidad de vida. Por ejemplo, en el sistema de educación superior no todos los centros de enseñanza cuentan con apoyos específicos para este y otros colectivos que los requieran en diversas áreas del contexto universitario.

En el caso de los pueblos indígenas y afrohondureños existen múltiples problemas que limitan el reconocimiento social de este grupo. La invisibilización territorial es una primera instancia, seguida de la falta de oportunidades para acceder a los sistemas de educación y salud. Además, la discriminación y el racismo que prevalecen en la nación. La ola de violencia que azota a la sociedad hondureña repercute de manera directa en la disminución de este grupo social y de diferentes colectivos en condición de vulnerabilidad. En la educación superior son pocos los mecanismos creados para el acceso, permanencia y egreso de estudiantes de pueblos indígenas y afrohondureños. Por ende, un primer avance en las reformas universitarias sería la búsqueda de mejorar la estructura organizativa de los centros de enseñanza superior para la democratización y participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones.

Para entender y respetar la diversidad sexual es necesario que el profesorado elimine toda clase de estigmas referentes a la identidad de género y orientación sexual de las personas que pertenecen a este colectivo. Los prejuicios religiosos, políticos y sociales limitan la promoción de la tolerancia y participación en los espacios de aprendizaje.

El deficiente marco normativo que integra la legislación hondureña es un factor determinante para que existan diferentes situaciones de discriminación y exclusión desde el sistema educativo. Por esta razón, el docente universitario debe ser consciente de su propia práctica pedagógica y analizarla continuamente para generar cambios, los cuales abarcan desde el tipo de lenguaje utilizado para comunicar y expresar ideas hasta los componentes metodológicos que son parte del proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior. Las convenciones legislativas internacionales deben ser herramientas esenciales para garantizar los derechos universales de todo ser humano en la sociedad hondureña y aportar insumos básicos para facilitar el ejercicio educativo del profesorado que se desempeña en la enseñanza superior.

Comprender la concepción del término diversidad desde una perspectiva donde las diferencias de los estudiantes posibiliten la construcción de un entorno educativo inclusivo es un desafío para los docentes universitarios. Por esta razón, el educador debe analizar este paradigma según los elementos socioculturales de los educandos que participan en la enseñanza superior para evitar todo tipo de discriminación en su accionar pedagógico.

En los últimos tiempos, la educación superior presenta un notable avance en elementos organizativos internos de cada casa de estudio, ofertas educativas, modalidades y cantidad de estudiantes matriculados, pero existen varios aspectos en los que se debe mejorar. Por consiguiente, el docente y los estudiantes deben ser parte del proceso de transformación, específicamente de las instituciones de educación pública que se encuentran a nivel nacional, dado que, son la única alternativa de acceso al nivel superior por parte de la mayoría de la población hondureña, incluye a los colectivos en condición de vulnerabilidad.

La atención a la diversidad en la educación superior hondureña debe ser entendida como una práctica, no para los sujetos en condición de vulnerabilidad, sino como una transformación con los grupos en esta situación social. Aunado a ello, se requiere la creación de políticas inclusivas dirigidas a toda la comunidad educativa que analicen el funcionamiento, cultura y práctica del entorno universitario con la colaboración directa de los colectivos involucrados.

Por ejemplo, con la ayuda de los sistemas de registro universitario podrían llevarse a cabo recuentos de manera permanente, mediante las bases de datos, para conocer las cifras exactas de los educandos que pertenecen a los sectores antes mencionados y que se encuentran matriculados en diversas universidades.

Es necesario poder generar nuevos mecanismos de ingreso a la educación superior, esto debido a la estandarización de las pruebas de admisión, ya que no ofrecen adecuaciones para las personas que lo requieren; para ilustrar, la admisión especial para el estudiantado en situación de discapacidad física, visual, auditiva e intelectual. De igual manera, a los pueblos indígenas y afrohondureños que presentan dificultad para realizar dichas pruebas, producto de que hablan su lengua nativa y muestran limitaciones para entender el idioma español.

Sería vital introducir la temática de la diversidad en los programas de formación inicial y permanente del profesorado. También, en los espacios educativos como asignaturas optativas para ser cursadas en las distintas disciplinas ofrecidas por las universidades hondureñas. Impulsar la realización de actividades culturales, foros, simposios y conferencias para toda la comunidad universitaria por parte de los sectores mencionados anteriormente. Finalmente, permitir la participación de estudiantes que pertenecen a los grupos vulnerables en los consejos universitarios para impulsar iniciativas que faciliten el desarrollo de una universidad inclusiva.

Para terminar, las limitaciones de este estudio fueron la escasa información que se encuentra disponible en los sitios de acceso público sobre la temática, aunado a la poca publicación de trabajos de índole investigativo en el país. La revisión presentada da cuenta de la necesidad de promover en Honduras nuevos estudios sobre la diversidad relacionada con discapacidad, pueblos indígenas, afrohondureños y la diversidad sexual.

Agradecimientos

Al Programa de Financiamiento de Movilidades y Becas Internacionales para el Relevo Docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

A la doctora Hazaria Lilybeth Flores Girón por sus considerables aportes en la elaboración del presente artículo.

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