El pacto de alternabilidad presidencial

La democracia hondureña fue implantada desde afuera y desde arriba. La transición política de gobiernos militares a gobiernos civiles, negociada por el gobierno de los Estados Unidos y los militares, fue una transición de carácter contrainsurgente que respondió fundamentalmente a los intereses de los Estados Unidos en la región centroamericana. La participación de los partidos políticos fue marginal, y la de los sectores subalternos ausente. La hondureña, al igual que en El Salvador y Guatemala, fue una transición por la vía autoritaria (Torres Rivas). En los años ochenta Honduras necesitaba estabilidad democrática, evitar las luchas políticas intestinas, las pretensiones continuistas de los caudillos políticos y los golpes de Estado militares. Saliendo al paso a la larga experiencia de inestabilidad política del país en el siglo XX, los constituyentes legislaron los llamados artículos pétreos, como parte del pacto político de dominación que emergió en el proceso de transición política.

La estabilidad de las sociedades se mantiene en gran parte a partir de pactos políticos de dominación entre las élites, y entre las élites y los sectores subalternos. Un pacto de dominación se puede definir como:''el conjunto de reglas institucionalmente sancionadas y coercitivamente respaldadas que especifican ''quién obtiene qué''en un momento dado y dentro de los límites de un territorio nacional dado (Brachet-Márquez 55). Así la Constitución de la república de Honduras, deja en claro que no podrán reformarse, en ningún caso, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la República, el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título (Constitución de la República de Honduras, 1982, Artículo 374).

Los constituyentes que elaboraron la Constitución de Honduras de 1982, en una clara auto desconfianza de la clase política hondureña, entregaron la tutela de la democracia, la alternabilidad y las elecciones a las Fuerzas Armadas. Así, en el artículo 272 de la Constitución de la República a las Fuerzas Armadas se les otorga tareas políticas relacionadas con el imperio de la Constitución, el sufragio y la alternabilidad en el poder. Dicho artículo establece: ''Las Fuerzas Armadas se instituyen para defender la integridad territorial, la soberanía de la República, mantener la paz interna, el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República''. Aunque en este mismo artículo se reconoce que las Fuerzas Armadas son una institución: profesional, apolítica, obediente y no deliberante (Artículo 272 de la Constitución de la República). Entre las funciones también se establece que ''cooperarán con las instituciones de seguridad pública (…) así como en la protección de los Poderes del Estado y del Tribunal Supremo Electoral''(Artículo 274 de la Constitución de la República). Estos artículos con funciones y competencias políticas de las Fuerzas Armadas continúan vigentes hasta nuestros días.

Pero desde el inicio de la transición política hasta actualidad, la democracia hondureña siempre ha estado asediada por los fantasmas del continuismo, la reelección y la convocatoria a una Nueva Asamblea Nacional Constituyente. No había concluido el primer gobierno de la transición política, de Roberto Suazo Córdova (1982-1986), cuando la democracia hondureña tuvo que enfrentar la primera crisis política por las pretensiones continuistas del presidente. Suazo Córdova intervino en los partidos políticos y en los otros poderes del Estado (Legislativo y Judicial), generándose una lucha política entre poderes del Estado, que llevó a una crisis política nacional en 1985, un año electoral.

Finalmente, la crisis política fue solucionada mediante un pacto político entre los partidos políticos, las Fuerzas Armadas y las centrales obreras, conocido como la ''Opción B''. Como los partidos políticos no habían elegido a sus candidatos, se acordó la realización de elecciones primarias y generales en un mismo proceso electoral. Se trataba de inscribir como candidatos a todos los aspirantes presidenciales existentes en cada partido político, el presidente de la república sería del partido que obtuviera más votos y el candidato de ese partido que obtuviera más votos dentro de su partido político. De esa crisis política y de esa modalidad electoral, surgió como presidente de la república José Simón Azcona Hoyo, 1986-1989 (Posas). De esta manera se logró ''salvar''el pacto de alternabilidad, el pacto político más importante entre los grupos de poder en Honduras. Después de esta crisis se presentaron otras de menor escala, en la que siempre estuvo presente el fantasma del continuismo y la reelección.[¹]

En los años ochenta los militares tenían un protagonismo político más allá de las funciones que les confiere la Constitución de la República, como lo señala Torres Rivas, ''siempre estuvieron en el centro del sistema político''. Los gobiernos se movieron en el estrecho espacio que dejaba la preeminencia de las autoridades militares. El poder de los militares era tan evidente que Torres-Rivas concluye que ''se creó la ficción de un país y dos poderes paralelos: uno, el civil que dirigía Roberto Suazo Córdova y otro el militar, que encabezaba Gustavo Álvarez Martínez'', Jefe de las Fuerzas Armadas (Torres Rivas 23).

El poder real que ejercían los militares en los años ochenta, sin necesidad de estar de manera directa y abierta en el gobierno, más su subordinación a la política de contra insurgencia de los Estados Unidos en la región centroamericana, permite comprender por qué la crisis política de 1985 no culminó en un golpe de Estado. En los años noventa, en pleno auge del neoliberalismo y en el contexto político de la modernización del Estado, el Coordinador Nacional de la Modernización del Estado (1990-1994), Manuel Acosta Bonilla, planteó que algunas reformas estatales requerían una Asamblea Nacional Constituyente, exclusivamente para hacer una nueva Constitución.[²] Sin embargo, esta idea no prosperó porque en Honduras la idea de una Asamblea Nacional Constituyente siempre se ha asociado a las aspiraciones de continuismo y de reelección de los presidentes de la República.

El golpe de Estado de 2009 y el fantasma del continuismo y la reelección

Una nueva crisis, de mayor intensidad que la de 1985, se presentó en el 2009 con el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, mediante el cual se derrocó al presidente constitucional José Manuel Zelaya Rosales (2006-2009). Zelaya Rosales propuso una consulta popular denominada ''cuarta urna'', la cual consistía en preguntar a la ciudadanía si estaba de acuerdo o no, en que se instalara una ''cuarta urna''[³] en las elecciones generales de noviembre de 2009, para consultar a la ciudadanía si estaba de acuerdo o no en la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para que redactara una nueva Constitución de la república. Como ya se dijo, en Honduras cualquier mención a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y a elaborar una nueva Constitución de la república, es asociada al continuismo y la reelección presidencial. Esta vez, no fue la excepción, los diferentes grupos de poder, –político, económico, religioso y mediático–, que habían antagonizado con el presidente José Manuel Zelaya Rosales durante todo su gobierno, argumentaron que el proceso de consulta propuesto por el Presidente, era parte de una estrategia para el continuismo en la presidencia de la república, aunque es algo que Zelaya Rosales nunca explicitó y que sus adversarios tampoco lograron demostrar.

¿Pretendía el presidente José Manuel Zelaya Rosales quedarse en la presidencia de la república? La respuesta a esta pregunta es compleja. En defensa del presidente derrocado, se sostiene que: ''jamás expresó deseo alguno de continuar en el poder, ni se opuso en absoluto a la celebración de las elecciones en noviembre de 2009''(Cálix 41). Quienes asumen esta perspectiva concluyen que, ''se dio un golpe de Estado por una encuesta de opinión que podría definirse, casi en términos risibles, como la consulta para hacer una consulta''(Cálix 41). Lo que sí es claro, es que la consulta popular, al ganar el sí, legitimaría la ''cuarta urna'', la cual sí tendría efectos vinculantes.

Uno de los secretarios de Estado del presidente José Manuel Zelaya Rosales, Víctor Meza, concluye que el proyecto de la ''cuarta urna'' no era continuista pero sí reeleccionista. En este sentido reflexiona:

En verdad, de haberse coronado de manera exitosa la consulta popular denominada ''cuarta urna''el 28 de junio de 2009, es difícil saber hasta donde podrían haber llegado las aspiraciones políticas del presidente José Manuel Zelaya Rosales.

Los grupos de poder han ''cuidado con celo''la alternabilidad política, de los partidos Liberal y Nacional, en la presidencia de la república. Pero estos partidos se han permitido gobernar y ejercer el poder depredando el Estado, manejándolo como un ''botín''que les pertenece después de cada proceso electoral. El poder se ejerce más fuera de las reglas formales establecidas en el cuerpo constitucional y las leyes, que dentro de estas. La política hondureña, más allá de las diferencias ideológicas, posicionamientos políticos y de partidos, tiene un denominador común, que es el caudillismo, el personalismo, el fraccionamiento y las divisiones internas. Así se ha construido un modelo político basado en ''vínculos de lealtad, no con el partido y sus principios doctrinarios, sino que con caudillos particulares''.[⁵]

La democracia, el Estado de derecho, la constitución y el respeto a la ley, han sido más formalidades y excepciones, que realidades. La lucha de los partidos políticos es guiada por la aspiración al poder en ''estado puro'', sin mediar proyectos políticos de nación. Las funciones de los partidos políticos de representar y cohesionar la ciudadanía han estado ausentes. Lo que se ha construido es un pacto perpetuo de conquista del poder, en el que el elector no espera que lo representen, sino ser reconocido y ser retribuido de alguna manera. Se trata de la institucionalización del caciquismo y del clientelismo.[⁶]

El despojo del Estado, la corrupción y la impunidad, han sido bienes de negociación e intercambio de ese pacto perpetuo. Las elecciones son periodos especiales en los que los bienes comunes estatales, se reparten para movilizar las clientelas y los votos. Los grandes terratenientes oligarcas dieron paso a élites políticas y económicas más modernas, pero reservaron la política, los partidos y el estado, para la perpetuación de sus feudos, en los que se puede hacer todo a partir de los deseos y voluntades personales.[⁷]

El cambio en Honduras cuesta mucho, se logran avances institucionales formales, pero las redes familiares-clientelares los terminan desnaturalizando, los mecanismos institucionales son la fachada, los mecanismos extra- institucionales son los que funcionan.[⁸]

Es más, los partidos políticos y sus caciques reclaman su derecho, derecho ganado por representar una cuota electoral significativa, a repartirse las instituciones y todo lo que ello significa. Esto no es cosa del pasado, como puede parecer, los ejemplos abundan y puede resultar inoficioso detenerse a detallarlos. Por ello, los llamados a despartidarizar las instituciones estatales no encuentran todavía ninguna viabilidad. Han existido momentos en que se han aprobado reformas políticas con orientación democrática, pero casi de inmediato han sido sucedidas de contrarreformas políticas, que en muchos casos han significado un verdadero retroceso democrático.

Todo lo anterior es permitido por los partidos políticos y los grupos de poder, pero lo que no toleraban eran las pretensiones continuistas en la presidencia. Bajo el argumento de evitar el continuismo perpetraron el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Pero lo que no esperaban, es que este golpe de Estado desatara el rechazo y la movilización ciudadana sin precedentes en la historia de Honduras. El movimiento de resistencia contra el golpe de Estado no logró sus demandas inmediatas, como la salida del presidente de facto Roberto Micheletti Baín (junio 2009-enero 2010), y la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Pero tuvo un impacto político profundo en el sistema de partidos políticos. Emergieron dos fuerzas políticas competitivas en el contexto del posgolpe de Estado, el Partido Libertad y Refundación (Libre), cuya matriz original fue el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) que movilizó masivamente y por más de 150 días a la ciudadanía en protesta contra los golpistas, y el Partido Anticorrupción (PAC) que recogió, en las elecciones de noviembre de 2013, la simpatía de sectores desafectos con la política tradicional.

El viejo e histórico bipartidismo, conformado por el Partido Liberal y el Partido Nacional sufrió un duro revés después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, sobre todo por la fragmentación e implosión del Partido Liberal, que pasó a ser una tercera fuerza política, después de ser la fuerza política principal gobernante desde 1980 hasta el 2009. En este periodo se realizaron ocho procesos electorales, uno para la Asamblea Nacional Constituyente y siete para cargos de elección popular, de los cuales el Partido Liberal ganó seis procesos electorales, el de la Asamblea Nacional Constituyente y cinco para cargos de elección popular. Pero mientras el Partido Liberal salió muy fragmentado del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, el Partido Nacional salió fortalecido porque aunque participó activamente en el golpe de Estado, le favoreció que no estaba gobernando. Así que logró desmarcarse del mismo y mantener sus bases sociales intactas. Así las cosas, las elecciones generales de 2013 y las de 2017 se realizaron en un proceso de reconfiguración del sistema de partidos políticos y sus resultados modificaron la geografía electoral (Figura 1).

Figura 1
VOTOS OBTENIDOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS: PARTIDO LIBERAL, PARTIDO NACIONAL Y LIBERTAD Y REFUNDACIÓN

Después del golpe de Estado de junio de 2009, los grupos oligárquicos han visto en el Partido Nacional, la garantía de continuidad de sus privilegios para seguir acumulando poder y riqueza a costa de la depredación del Estado y del país. Esto le ha permitido al presidente Hernández concentrar todo el poder estatal en su persona. Hernández controla, además de todo el Poder Ejecutivo, el Partido Nacional, el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas y el Tribunal Supremo Electoral, entre otras instituciones.

En el proceso de concentración de poder del presidente Juan Orlando Hernández, fueron clave los eventos siguientes:

Las elecciones generales para elegir al presidente de la república, diputados al Congreso Nacional y corporaciones municipales, se realizaron el 26 de noviembre de 2017 como estaban convocadas. La campaña fue desigual, entre el oficialismo y los partidos de la oposición. Sobre este tema, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE),[¹⁴] observó: Uno, tanto en la calle como en los medios, un claro predominio de la campaña del Partido Nacional de Honduras (PNH), a gran distancia del Partido Liberal (PLH) y la Alianza de Oposición, revelador de una marcada desigualdad de recursos. Además, con bastante frecuencia, una cierta confusión entre gobierno y Partido Nacional en la distribución de bienes o beneficios en el marco de programas sociales del Estado.

Dos, el monitoreo de la cobertura de la campaña de los medios revela un fuerte desequilibrio entre candidatos en favor de Juan Orlando Hernández. En la propaganda pagada, Juan Orlando Hernández obtuvo una visibilidad mucho mayor (64 %) que la de sus principales competidores Salvador Nasralla (15 %) y Luis Zelaya (17 %), mientras que los demás candidatos no sobrepasaron en conjunto el 4 %. En los programas de noticias, se observó también una presencia promedio del candidato del Partido Nacional del 44 %, muy por encima del 21 % de Nasralla, del 10 % de Luis Zelaya y del 25 % de los otros candidatos.[¹⁵]

Tres, la Televisión Nacional de Honduras, en clara contravención de las buenas prácticas para medios de titularidad pública, no brindó un trato igual o equitativo a los diferentes partidos en sus programas de noticias y entrevistas, que discriminó claramente a la Alianza de Oposición y sus partidos miembros, que recibieron el 6 % de la cobertura, frente al 36 % del PNH (Partido Nacional de Honduras) y el 22 % del PLH (Partido Liberal de Honduras).[¹⁶] Enfrentar semejante desigualdad e inequidad frente a los medios de comunicación tradicionales, solo fue posible por la presencia de un potente y vigoroso activismo de las redes sociales, que construyó un marco colectivo de interpretación exitoso.

Horas después de las elecciones del 26 de noviembre de 2017, el problema estalló cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE), una de las instituciones controlada por el presidente Hernández, retrasó la primera entrega de resultados hasta las 2:00 a. m. del 27 de noviembre, el día siguiente de las elecciones y a 10 horas de haberse cerrado las urnas, porque la tendencia no estaba favoreciendo al candidato oficialista. La tendencia en ese momento, con el 57 % (10 367 Mesas Electorales ReceptorasMER) de las actas digitalizadas, favorecía al candidato de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, conformada por los partidos Libertad y refundación (Libre) y el Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), Salvador Nasralla con 855 847 votos, que representaban el 45.17 % y Juan Orlando Hernández con 761 872 votos, que representaban el 40.21 %, teniendo Nasralla un 4.77 % a su favor por encima de Hernández.[¹⁷]

Este comportamiento del TSE reflejó la parcialidad del organismo electoral, ya que en otros procesos electorales se reportan resultados parciales cada dos o tres horas. El sistema de escrutinio electoral se ''cayó''por unas 24 horas después del primer reporte del TSE, y el 28 de noviembre se reactivó la información del conteo de votos en la página digital del Tribunal Supremo Electoral. A partir de ese momento se empezó a revertir de manera sistemática y sostenida la tendencia que estaba a favor del candidato opositor, Salvador Nasralla, hasta llegar a 1.5 % a favor de Hernández con un 42.92 % y 41.42 % a favor de Nasralla, con el 94.33 % de las actas digitalizadas. Quedando 1,036 actas especiales por ingresar, correspondientes al 5.67 % de las actas. Para este momento, el triunfo de Nasralla había sido revertido y el fraude consumado. Así las cosas, la discusión en torno a las actas y el recuento de votos pasaron a ser nada más que pequeños distractores de la historia del fraude.

Se trató de un golpe electoral, y no únicamente de un fraude electoral, aunque también lo implica, por las razones siguientes: primera, existen evidencias, como las declaraciones de Marco Ramiro Lobo magistrado del TSE, de que el presidente Juan Orlando Hernández llamó directamente al magistrado presidente del TSE David Matamoros Batson, para que retrasara los resultados que favorecían a Salvador Nasralla.[¹⁸] Aquí estamos ante la intervención directa del Poder Ejecutivo en el proceso electoral. Segunda, la tendencia favorable a Salvador Nasralla ya era irreversible, por tanto, se evitó que llegara a la presidencia de la república a un presidente electo. Un análisis realizado para la Organización de Estados Americanos (OEA), por Irfan Nooruddin, Profesor, Walsh School of Foreign Service, Georgetown University, concluyó que:

En la parte final de la conclusión, el informe es contundente al expresar: ''sobre la base de este análisis, rechazaría la proposición de que el Partido Nacional ganó las elecciones legítimamente''(Ibíd). Tercera, la experiencia histórica ha demostrado que ningún golpe político se produce si no se cuenta con la participación o al menos tolerancia de los militares. Los militares hondureños, primero toleraron el golpe electoral de noviembre de 2017 y luego, reprimieron brutalmente al pueblo hondureño movilizado para que el golpe electoral no se revirtiera. Como lo expresara el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), las movilizaciones ciudadanas contra el fraude evidenciaron dos situaciones: ''por un lado, la enorme y diversa fuerza social que demanda cambios democráticos y, por otro lado, un régimen debilitado que tiene como único recurso la represión, siendo su principal reporte las Fuerzas Armadas y la Policía Militar de Orden Público, PMOP''(CESPAD 3). Cuarta, en Honduras donde las élites políticas, económicas, militares y religiosas tienen una larga historia de sometimiento y subordinación a la geopolítica de los Estados Unidos, ningún golpe político se produce sin su aquiescencia. En este sentido, el reconocimiento que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dado al régimen de Juan Orlando Hernández, es uno de los factores determinantes para que Hernández se impusiera en un segundo periodo gubernamental mediante un golpe electoral.

Las movilizaciones ciudadanas contra el golpe electoral y la reelección de Hernández

Tras la burla a la voluntad popular que favoreció a Salvador Nasralla, candidato presidencial de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, emergió un fuerte movimiento social en defensa de la soberanía popular y en rechazo a la perpetuación del gobierno de Juan Orlando Hernández y del Partido Nacional. Las protestas se materializaron en tres formas fundamentales de acción: 1. Los cortes de ruta o de vías terrestres estratégicas. 2. Las movilizaciones pacíficas, y 3. Los cacerolazos. El primer ciclo de tomas de ruta inició el 29 de noviembre de 2017, tres días después de las elecciones, en por lo menos ocho puntos en los departamentos de Cortés, Atlántida y La Paz. Pero fue el 30 de noviembre y el uno de diciembre de 2017 cuando la toma de rutas adquirió las características de alzamiento popular, ya que la acción de las tomas se masificó y paralizó el territorio nacional (Sosa).

Con base en el monitoreo de las protestas realizado por la Coalición de Derechos Humanos contra la Impunidad, de la Plataforma del Movimiento Social Hondureño (PMSH) y de los medios de comunicación, se constata que los puntos tomados el 30 de noviembre de 2017 llegó a unos 93 a nivel nacional en 16 de los 18 departamentos del país. Los indignados protestantes incendiaron cuatro casetas para el cobro del peaje vial, dos alcaldías y una posta policial. Al menos 10 personas resultaron heridas y dos personas asesinadas durante la rebelión popular. Esta continuó el uno de diciembre, manteniendo más de noventa puntos de ruta tomados. Las fuerzas policiales y militares recrudecieron la represión, llegándose a producir en ese día 118 detenidos, 17 personas heridas y cuatro asesinadas. El uno de diciembre, el régimen de Hernández decretó la suspensión de las garantías constitucionales por 10 días, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana.[¹⁹]

Un nuevo repunte de las tomas de ruta se produjo el 15 de diciembre de 2017, ante el llamado al paro nacional realizado por el coordinador de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, expresidente José Manuel Zelaya Rosales. En ese día se realizaron tomas en unos 77 puntos a lo largo y ancho del territorio nacional. El 16 de diciembre las tomas continuaron, en pequeña escala. Pero el 17 de diciembre estalló una nueva ola de alzamientos populares en todo el país, tras conocerse la declaratoria del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que designó a Juan Orlando Hernández (JOH) como presidente reelecto de Honduras en los comicios del 26 de noviembre de 2017, para el periodo 2018-2022. En este segundo ciclo de alzamientos populares las tomas de rutas se mantuvieron por tres días, 17, 18 y 19 de diciembre de 2017.

Según la Plataforma de Movimientos Sociales de Honduras, se llegó a tomar en esos tres días unos 166 puntos estratégicos de comunicación terrestre, paralizando por segunda vez todo el territorio nacional (Sosa).

Las tomas de rutas como formas de acción disruptiva, que fácilmente desembocan en violencia que casi siempre inician las fuerzas policiales y militares, tienen un alto costo por las violaciones a los derechos humanos. Del 29 de noviembre al 31 de diciembre, el Comité de Familiares y Detenidos de Honduras (COFADEH) registró los siguientes hechos de represión y violaciones a los derechos humanos: 126 manifestaciones reprimidas, 232 personas heridas y lesionadas, 72 personas víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, 1085 personas detenidas, 30 personas ejecutadas, 34 personas desplazadas por violencia y persecución política, y 1 persona desaparecida. A lo anterior hay que agregar: 179 expedientes penales abiertos vinculados a la crisis política, incluyendo el delito de atentado contra la seguridad interior del Estado y posesión de armas y material de guerra; 15 comunidades, barrios y colonias residenciales invadidas por la policía militar, donde se realizaron al menos 47 allanamientos domiciliares en forma indiscriminada y 12 ataques a medios de comunicación y periodistas.[²⁰]

¿Quiénes son los protagonistas principales de la toma de rutas? Este repertorio de acción fue desarrollado sobre la base de los movimientos y organizaciones territoriales. Es decir, organizaciones campesinas, organizaciones de los pueblos originarios y organizaciones comunitarias que tienen una lucha permanente por la defensa de los recursos naturales y contra las concesiones territoriales para las empresas mineras y las concesiones de los ríos para la instalación de represas hidroeléctricas.

Se protagonizaron también, movilizaciones pacíficas, mítines o caminatas en la lucha contra el fraude. El punto cumbre de estas movilizaciones pacíficas tuvo lugar el tres de diciembre de 2017. Se realizaron multitudinarias movilizaciones en por lo menos ocho de las ciudades más importantes de Honduras: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua, Siguatepeque, Danlí, El Progreso, Choluteca y La Ceiba. Nuevas movilizaciones pacíficas se realizaron los días 10, 20, 21 y 22 de diciembre de 2017. Después de un breve receso por las fiestas navideñas, las movilizaciones pacíficas fueron retomadas en enero de 2018 (Sosa).

El seis de enero se realizó una multitudinaria movilización en la ciudad de San Pedro Sula, encabezada por Salvador Nasralla y José Manuel Zelaya Rosales.[²¹] En Tegucigalpa se realizó otra movilización similar a la de San Pedro Sula, el 12 de enero de 2018, que inició en la Universidad Pedagógica Nacional y se dirigió a la Casa Presidencial. La manifestación fue multitudinaria y se llevó a cabo de manera pacífica, pero al final desembocó en una represión brutal, ejercida por un fuerte contingente militar que custodiaba la calle de la Casa Presidencial. Unos seis manifestantes terminaron con heridas y contusiones en el Hospital Escuela Universitario, las Fuerzas Armadas reportaron unos 17 militares lesionados y 10 personas fueron detenidas.[²²]

Este es un repertorio de acción que se caracteriza por ser pacífico y rutinario. Se convoca con anticipación y se conoce el lugar específico donde se realizará. Aunque en su desarrollo puede adquirir un carácter disruptivo y hasta violento, como la del 12 de enero de 2018 en Tegucigalpa. Por lo general, cuando son completamente pacíficas son toleradas por el régimen y no son reprimidas. La fuerza política de este tipo de acción reside en su masividad. Si participan pocas personas, estas acciones son ignoradas por las autoridades y por los medios de comunicación. ¿Quiénes son los protagonistas principales de este tipo acción? El sujeto de esta acción es una multitud diversa autoconvocada desde su condición de ciudadanos para defender la voluntad popular expresada en las urnas el 26 de noviembre de 2017. Aunque hay una convocatoria de José Manuel Zelaya Rosales, como coordinador de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, en realidad es una movilización de características horizontales. Participan estudiantes, pero no organizaciones estudiantiles; participan maestros, pero no organizaciones magisteriales; participan trabajadores, pero no sindicatos o centrales de trabajadores, etc. Se trata de un sujeto urbano y mayoritariamente de clase media.

Ante la declaración del Estado de sitio por parte del régimen de Hernández se pusieron en práctica los ''cacerolazos'', como una alternativa de protesta. Este repertorio de acción consistió en hacer sonar cacerolas[²³] o instrumentos similares, acompañados de consignas y canciones como ¡JOH, es pa fuera que vas! Los cacerolazos son parte de la creatividad popular. Los movimientos sociales empiezan las luchas con los repertorios de acción que conocen, y durante la lucha los reinventan o inventan otros. Los cacerolazos se ejecutaron en las horas de la noche, a una hora específica pactada previamente a través de las redes sociales. Este repertorio de acción se puso en práctica en barrios populares y sectores medios bajos de Tegucigalpa y San Pedro Sula. En algunos barrios la gente salió a las calles y combinó el cacerolazo con la quema de llantas, un acto de desobediencia civil ante el Estado de sitio impuesto por el régimen de Hernández. En algunos casos se enfrentaron con las fuerzas policiales y militares, como en la colonia El Pedregal en Tegucigalpa. Los cacerolazos se mantuvieron durante los primeros cinco días tras la declaración del Estado de sitio (Sosa).

En medio de las protestas el Tribunal Supremos Electoral dio a conocer sus resultados oficiales el 17 de diciembre de 2017. Sin embargo, en una encuesta realizada en febrero de 2018, el 70.5 de los hondureños seguían considerando que la reelección es ilegal, el 62.1 % considera que hubo fraude en las elecciones del 26 de noviembre de 2017, el 78.2 % considera que las elecciones debilitaron la democracia, el 55.7 % considera que Salvador Nasralla de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura ganó las elecciones y el 57.9 % de los hondureños tienen la percepción de que vivimos en una dictadura (ERIC, 2018).

El 27 de enero de 2018 Juan Orlando Hernández se impuso para un segundo mandato (2018-2022). Para tener una idea de qué pasó ese día, a continuación algunos párrafos de Carlos Dada, periodista salvadoreño.

El régimen de Hernández se impuso mediante la represión brutal. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe de las violaciones a los Derechos Humanos concluyó que 23 personas (22 civiles y un agente de policía) resultaron muertas en el contexto de las protestas poselectorales, se produjeron detenciones masivas y al menos 1531 personas fueron detenidas entre el 1 y 5 de diciembre por violar el toque de queda. El informe también documenta el aumento de las amenazas e intimidaciones contra periodistas, colaboradores de los medios de comunicación y activistas sociales y políticos (OACNUDH). Pero, además, del apoyo de los militares para la represión, Hernández contó con el apoyo y complicidad de los principales grupos de poder empresarial, mediático y religioso. De igual manera fue clave para Hernández el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, especialmente de la Encargada de Negocios Chargé Heide Fulton, quien compareció públicamente junto a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) cuando se terminaron de contar las actas que estaban pendientes. Juan Orlando Hernández tomó el poder, pero en ''estado puro'', porque está vaciado de legitimidad en la mayoría de la ciudadanía hondureña.

Asediado por las crisis migratorias, los escándalos de corrupción, el crimen organizado, y las protestas, presidente reelecto Hernández busca sobrevivir hasta el final de su periodo de gobierno

Juan Orlando Hernández está cerca de cumplir dos años de haber asumido su segundo periodo de gobierno, pero su reelección sigue polarizando a la sociedad y es cuestionada por sectores amplios de la ciudadanía. Honduras vive la paradoja de tener un presidente ''reelecto'', sin que la figura de la reelección se encuentre estipulada en la Constitución de la república. Por otro lado, en estos casi dos años de la reelección Juan Orlando Hernández ha estado asediado por las crisis migratorias de las caravanas, los escándalos de corrupción y del crimen organizado que han implicado a sus familiares cercanos, y miembros de su Partido Nacional, mayoritariamente. A lo anterior se agregan los cada vez más recurrentes ciclos de protesta por demandas específicas y por la salida de Hernández de casa presidencial, con el ¡fuera JOH!

Las caravanas de emigrantes de Honduras hacia los Estados Unidos, es solo una nueva modalidad de emigrar, que pasó de ser individual y clandestina a ser colectiva y visible. El viernes 12 de octubre de 2018 en la mañana llegaron, a la terminal de buses de San Pedro Sula, cerca de doscientas personas que desde hace un mes concertaron encontrarse a través de las redes sociales. Al difundirse la noticia en los medios se sumaron nuevas personas y al anochecer ya eran 600. Al salir de San Pedro Sula ya eran 1200 personas. En el transcurso de la caminata se siguieron sumando personas. Cuando la caravana cruzó la frontera en el puesto de Aguascalientes rumbo a Guatemala, ya sumaban unas cuatro mil personas, a partir del 23 de octubre y con cifras que aumentaban según pasaban los días, ya se hablaba de un número de 10 mil migrantes cruzando territorio chiapaneco, en la República mexicana.[²⁴] Según algunos reportes periodísticos, llegaron a juntarse unas 14 mil personas hondureñas. Para el 15 de enero de 2019, circuló una nueva convocatoria por las redes sociales, que se adelantaron e iniciaron la caminata el 14 de enero por la tarde-noche. Las autoridades de la cancillería del país estimaron que en total partieron entre 800 a 1000 personas.[²⁵] Más de 2000 integrantes de la caravana del 2019 entraron a México el 18 de enero del 2019. Luego se han producido otras caravanas de menor escala, unas tres solo en enero de 2019.[²⁶]

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción la Impunidad (MACCIH)[²⁷] ha presentado requerimientos fiscales y ha judicializado 12 casos de corrupción, lo cual ha implicado a funcionarios públicos de alto nivel. Pero las élites corruptas no se han quedado inactivos y han reaccionado con una contra ofensiva contra la MACCIH y la UFECIC (Unidad Fiscal Especializada Contra la Impunidad y la Corrupción del Ministerio Público, creada bajo convenio de la MACCIH), ''blindándose''para no ser tocados por la justicia anticorrupción. En esta cruzada anti-MACCIH-UFECIC el Congreso Nacional modificado la Ley del Presupuesto General de la República, el 18 de enero de 2018, en la que le amplía atribuciones el Tribunal Superior de Cuentas y se las limita al Ministerio Público.[²⁸] El 06 de marzo de 2018 se solicitó una declaración de inconstitucionalidad del convenio entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Estado de Honduras, en el que se sustenta la MACCIH.[²⁹] El 20 de marzo de 2018, la Sala de lo Constitucional admitió el recurso,[³⁰] pero el 20 de mayo declaró constitucional la presencia de la MACCIH en Honduras.[³¹]

El 24 de junio de 2018, el Congreso Nacional reforma dos artículos de la Ley orgánica del presupuesto, para frenar las investigaciones a altos funcionarios y diputado.[³²] El 20 de marzo del 2018 el Congreso Nacional reformó la Ley sobre privación definitiva de dominio de bienes de origen ilícito, pero fue vetada por el Presidente Juan Orlando Hernández el 03 de abril de 2018.[³³] El 22 de agosto del 2018 se presentó en el Congreso Nacional la moción para reformar el artículo 184 del Código Procesal Penal, que detalla el catálogo de delitos que no permiten medidas distintas a la prisión preventiva.[³⁴] La MACCIH, en un comunicado emitido el 22 de agosto de 2018, expresó la preocupación por la iniciativa legislativa que modificaría artículo 184 del Código Procesal Penal de Honduras (Comunicado -MACCIH 24 de marzo, 2018).[³⁵]

Este comportamiento de las élites políticas se articula en la vieja institucionalidad (Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior de Cuentas y Ministerio Público) responsable de la investigación, el combate a la impunidad y la impartición de la justicia. Uno de los grandes obstáculos para terminar con la impunidad en la corrupción, es que los casos de los altos funcionarios son judicializados ante los jueces naturales, que son magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Honduras sigue como ha sido históricamente, con una Corte Suprema de Justicia con una autonomía limitada o inexistente. Estos jueces naturales se han convertido en ''la tabla de salvación''de los corruptos para no ir a la cárcel o salir de la misma lo más pronto posible, y continuar con su vida ''normal''. Por otro lado, están los jueces anticorrupción con jurisdicción nacional que se seleccionaron, capacitaron y certificaron con participación de la MACCIH. Los casos que han llevado los juzgados anticorrupción, como la exprimera dama,[³⁶] han sido procesos en los que se evidencia la autonomía de los jueces ante los exfuncionarios de alto nivel. Sin embargo, los casos de altos funcionarios que son llevados por jueces naturales (magistrados de la Corte Suprema de Justicia) son dejados en la impunidad, como el caso Red de diputados, el caso Pandora y otros.[³⁷]

El 23 de noviembre de 2018, fue detenido en Miami por las autoridades de los Estados Unidos, el hermano del presidente Juan Orlando Hernández, Juan Antonio Hernández, quien fue acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de traficar toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. Según el Fiscal Federal en Manhattan, Geoffrey Berman, Juan Antonio Hernández, más conocido como ''Tony Hernández'', estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico, a través de Honduras, de varias cargas de toneladas de cocaína que estaban destinadas a Estados Unidos. Según la acusación contra ''Tony Hernández'', ''desde al menos o alrededor de 2004, hasta alrededor de 2016, Juan Antonio Hernández estuvo involucrado en el proceso, recibo, transporte y distribución de cargas multitoneladas de cocaína que llegó a Honduras en aviones, embarcaciones rápidas, y al menos en una ocasión, submarino.[³⁸]

Hernández Alvarado tenía acceso a los laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia en los cuales algunos paquetes fueron marcados con las iniciales ''TH''o sea ''Tony Hernández''. Hernández también coordinó y a veces también participó en proveer seguridad fuertemente armada a los envíos de cocaína transportada a través de Honduras, lo que incluía a miembros de la Policía Nacional y traficantes de droga armados entre otras armas, con ametralladoras''. ''Tony Hernández''fue considerado en la acusación como un narcotraficante a gran escala, que sobornó a funcionarios para obtener información sensible para proteger los cargamentos y solicitó, grandes sobornos a importantes narcotraficantes.[³⁹]

Juan Orlando Hernández busca resistir hasta al final de su segundo mandato, ante las sistemáticas olas de protestas. Los trabajadores de la salud y de la educación, agrupados en la Plataforma de Defensa de la Salud y la Educación Pública, irrumpieron el 26 de abril de 2019 en lucha abierta en contra de la precarización laboral y la privatización. Las movilizaciones se han mantenido en las calles por 60 días y lograron paralizar todo el país los días 30 y 31 de mayo, con protestas y tomas de carreteras en al menos 130 espacios territoriales a nivel nacional. El gobierno se vio obligado a derogar parte de los decretos ejecutivos que creaban condiciones para los despidos masivos de los maestros y de los trabajadores de la salud, pero la Plataforma sigue demandando la derogación de todas las leyes y decretos neoliberales que crean las condiciones para la privatización, como la Ley Marco de Protección Social y la Ley Fundamental de Educación.[⁴⁰]

Del 17 al 19 de junio se paralizaron los transportistas de carga pesada, provocando desabastecimiento de combustibles en varias ciudades del país. Los transportistas reclamaban el cumplimiento de un acuerdo firmado con el presidente Juan Orlando Hernández en el año 2018, que contiene varias reivindicaciones particulares del sector. El gobierno logró desactivar el paro de los transportistas firmando, el 19 de junio en la noche, un nuevo acuerdo de compromiso para cumplirles sus demandas.[⁴¹]

El 18 de junio iniciaron una rebelión en Tegucigalpa la escala básica de la Dirección de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, reclamando mejores condiciones de vida y afirmando que no estaban dispuestos a seguir reprimiendo a los protestantes, como lo habían estado haciendo. Este mensaje fue leído por diversos sectores sociales y políticos como una oportunidad para demandar la salida del presidente Juan Orlando Hernández y provocó levantamientos populares en todo el territorio nacional. El gobierno logró sofocar el levantamiento policial el 20 junio con un acuerdo donde se compromete a satisfacer las demandas de mejora de las condiciones de vida de los policías sublevados.[⁴²]

A lo anterior, hay que agregar las movilizaciones permanentes que ya tienen más de una década de campesinos, indígenas y comunidades contra las concesiones territoriales para minería y la producción de energía hídrica, solar y eólica en la región sur, atlántica y occidente del país. En estas protestas como en otros ciclos de movilización popular, han estado presentes en primera línea los estudiantes de las universidades públicas, Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y Universidad Pedagógica Francisco Morazán (UPNFM). Los estudiantes le han imprimido a la lucha, sobre todo en Tegucigalpa, un alto componente disruptivo a las protestas.[⁴³]

La decisión y voluntad de lucha de los estudiantes y de los movimientos territoriales demandando la renuncia del presidente Hernández, solo la ha podido controlar el régimen dictatorial con en el uso de la represión y la fuerza en estado puro.

El 24 de junio de 2019 la Policía Militar de Orden Público (PMOP), bajo el pretexto de establecer el orden ante una protesta estudiantil, invadió el campo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), persiguiendo estudiantes, lanzando bombas lacrimógenas y disparando balas letales, prohibidas por los protocolos internacionales de los organismos de los Derechos Humanos. El resultado de este acto criminal fue cuatro estudiantes heridos, algunos de gravedad.[⁴⁴]

La ruptura del pacto de alternabilidad política abrió una coyuntura crítica de largo aliento, que ya tiene una década. Honduras está sumida en una crisis política y social profunda. Juan Orlando Hernández, reelecto como producto de la ruptura del pacto de alternabilidad, surgido de un evidente fraude electoral, en verdad golpe electoral, busca sobrevivir a un segundo periodo presidencial (2018-2022) en medio del asedio de las crisis migratorias (caravanas), escándalos de corrupción y narcotráfico, y los recurrentes ciclos de protesta. ¿Sobrevivirá Juan Orlando Hernández como presidente de la república hasta el final de su segundo mandato? Es una pregunta que queda abierta.

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