Introducción

La formación social de Nicaragua comprendida entre 2006 y 2017 se caracterizó por el sistema político corporativista autoritario, el capitalismo neoliberal y la justicia de mercado, en el que tuvo un rol central el apoyo de la cooperación venezolana. El corporativismo autoritario definido por la vinculación del Estado con los grupos de interés¹ para la representación funcional, limitando el acceso a organizarse voluntariamente y a tener normas que resuelvan los conflictos entre las partes (Streeck, 1982), tomó la forma de una alianza tripartita entre el gobierno, la empresa privada y los trabajadores allegados al partido sandinista y una alianza con los Estados Unidos y sus detractores internacionales. Ello aseguró cierta estabilidad política, la limitación parcial de la violencia estatal y las rentas de las élites, a expensas de permitir instituciones políticas y económicas extractivas y la represión limitada de la movilización social.

La economía neoliberal basada en la privatización, la desregulación, y la liberalización financiera y comercial favoreció la actividad agroexportadora en el Pacífico y el Centro Norte del país y los enclaves² de plantaciones agrícolas, explotaciones forestales y mineras en la Costa Caribe, gracias a los equilibrios macroeconómicos, a las políticas económicas sistémicas y globales y la dinámica positiva de los factores de alta vulnerabilidad (precios internacionales de las materias primas, fenómenos naturales). En estas circunstancias, Nicaragua experimentó una de las tasas de crecimiento económico más elevadas en Latinoamérica: entre el 4,0 y 5,0 %. No obstante, la desigualdad social aumentó levemente: pasó de 0,44 en 2009 a 0,46 en 2014. Lo anterior muestra que la estructura de distribución de los ingresos se mantiene casi inalterable (The World Bank, 2020a). A la estabilidad política y económica relativa y también a políticas sociales populistas aportó la renta petrolera de la cooperación venezolana que, en forma de préstamos favorables, donaciones e inversión extranjera representó 4059 millones de dólares durante 2008 y 2014, es decir, el 6,0 % del producto interno bruto (PIB) del período (Banco Central de Nicaragua, 2019b).

Las estructuras extractivistas suscitaron la crítica y la crisis en Nicaragua. Conceptualmente, la crítica se refiere al enjuiciamiento de decisiones políticas que se concretizan en estructuras políticas y económicas. La crítica es contrarrestada por la contracrítica de actores interesados en mantener el statu quo. Con base en la crítica, suele aparecer la crisis (en plural) que consiste en la ruptura del orden político, económico y social, que hace necesaria las decisiones políticas. Así, la crisis indica un período de tiempo caótico en el que la decisión política entre propuestas y contra propuestas es inminente, está a punto de suceder (Koselleck).

Empíricamente, la crítica de distintos sectores sociales frente a decisiones del gobierno de Nicaragua que perpetuaban el autoritarismo y el neoliberalismo entre 2007marzo de 2018 escaló a manifestaciones masivas de sectores sociales y del sector empresarial que enjuiciaron el autoritarismo, la inhumanidad y la injusticia del gobierno, desde abril de 2018. A partir de ese momento, se generó un conflicto de gran intensidad entre la oposición política y el gobierno, tensión que pretendió cerrarse mediante la violencia política brutal. Pese a ello, el conflicto sigue manifiesto y ha derivado en una crisis política, económica y social, la cual se ha empezado a agravar desde marzo de 2020 con la pandemia del coronavirus. El desenlace de estas crisis es aún incierto.

La crítica y la crisis en Nicaragua han sido explicadas, al menos, de dos formas. Desde una perspectiva estadocéntrica y monocausal, el análisis de Martí I Puig (De Gori) considera que la crisis política de Nicaragua tiene un origen político: está en el proceso de desdemocratización que ha debilitado las instituciones, precarizado la formación política de los partidos políticos y posibilitado el control de los grupos armados (Ejército, Policía y paramilitares) por el Ejecutivo Central. Desde una perspectiva global y monocausal, las raíces están en la injerencia histórica de los Estados Unidos en Centroamérica que ahora ve amenazada su hegemonía política y económica por las potencias rivales de China y Rusia en Nicaragua (Midence; Pérez). Otros investigadores argumentan que el origen está en el modelo de desarrollo excluyente o extractivista del que participa Nicaragua, al igual que el resto de la región latinoamericana (Aguilar; Baldizón; Fernández y Romero).

Las investigaciones no utilizan la perspectiva de la economía política ni operan con el enfoque que vincula lo nacional con lo global. En esta línea, el objetivo del artículo es analizar las condiciones que han posibilitado la crítica y la contracrítica (trans) nacional durante 2007 y 2020 en Nicaragua y la crisis política, económica y social a fin de encontrar cómo pueden limitarse los conflictos que están desquebrajando al país.

Para responder a este objetivo, se construyó un marco de análisis que combina la perspectiva macroestructural con la perspectiva micro de la acción social. Dicho marco es aplicado a la historia reciente (2007-2020), lo que significa que del pasado anterior solo se extraen las condiciones significativas que coadyuvan a entender el problema. La perspectiva estructural posibilitó reconocer el contexto político, económico y social que provocó la crítica ciudadana. La perspectiva micro permitió observar el rol de los distintos actores en la protesta (y en la contraprotesta), quienes, con sus demandas y envueltos en la violencia política que ha derivado en una crisis sociopolítica y económica, siguen luchando por un proceso de cambio de las estructuras. Los datos derivan fundamentalmente de la evidencia documental: se analizaron artículos científicos e informes de investigación, periódicos y documentos oficiales del gobierno de Nicaragua y de la oposición, en particular la Alianza Cívica.

Los resultados se presentan en tres bloques. El primer bloque muestra dos raíces estructurales centrales de la crítica en Nicaragua: autoritarismo y neoliberalismo. El segundo bloque analiza el cambio de la crítica de la oposición política y la contracrítica del gobierno: los sectores sociales pasaron de enjuiciar de forma singular y aislada el autoritarismo y el neoliberalismo entre 2007 y marzo de 2018, interpretado por el gobierno como intentos de frenar el progreso del país, a cuestionar de forma general y en alianza con el sector empresarial, el autoritarismo gubernamental que violentó brutalmente los derechos humanos y la justicia, lo que fue interpretado por el gobierno como un intento de golpe de Estado fallido de la derecha junto con el gobierno de los Estados Unidos. La crítica al autoritarismo electoral³ es respaldada por los Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mientras que la contraprotesta gubernamental es respaldada por Venezuela, Cuba, Rusia, entre otros países. El tercer bloque observa cómo la crítica y la contracrítica han provocado la crisis política caracterizada por la violencia política brutal y la falta de legitimidad política, la crisis económica visible en la contracción de la economía y en el déficit fiscal y la crisis social evidente en la expulsión de empresas, trabajadores y ciudadanos en general hacia el extranjero. Bajo estas circunstancias, el desenlace de la crisis presenta la tensión entre democracia (que opera con la justicia social) y el neoliberalismo (que busca la justicia del mercado).

Raíces estructurales de la crítica en Nicaragua: autoritarismo y neoliberalismo

Los orígenes estructurales de la crítica y la crisis en Nicaragua deben concebirse desde una perspectiva global. En este sentido, es útil el marco de referencia de Streeck (2016) que aborda la tensión mundial entre democracia y capitalismo (neoliberal) distinguiendo dos principios de distribución que compiten entre sí: la justicia social y la justicia del mercado. Según Streeck (2016), el Estado democrático es incompatible con el neoliberalismo “si por democracia entendemos un régimen que, en nombre de sus ciudadanos, exhibe autoridad pública para modificar la distribución de los bienes económicos producido por las fuerzas del mercado” (64).

En el sistema político democrático, el pueblo y el Estado son los soberanos. Así, los gobiernos electos democráticamente con una alta participación electoral permiten la participación política de los ciudadanos en la economía. Implica que el Estado puede democratizar la economía permitiendo que las fuerzas políticas y sociales participen en la definición y corrección de lo que es justo e injusto, en aras de minimizar la desigualdad social. Por lo tanto, el Estado democrático procura la justicia social, determinada por normas sociales y basada en el estatus antes que en contratos. La justicia social sigue ideas colectivas de justicia, imparcialidad y reciprocidad y admite la legitimidad de las reivindicaciones por un nivel mínimo de subsistencia independientemente del rendimiento económico o la productividad; también reconoce derechos civiles y humanos, por ejemplo, la salud, la seguridad social, la participación en la vida de la comunidad, la protección del empleo y la organización sindical (Streeck, 2016, 65).

La política democrática en un contexto neoliberal siempre está bajo presión: los gobiernos que no atienden las reivindicaciones democráticas de protección y redistribución corren el riesgo de perder el apoyo del electorado y al revés, si desatienden las exigencias de compensación de los propietarios de los recursos productivos, pueden provocar disfunciones económicas cada vez más insostenibles que socaban su apoyo político.

En contraposición, el neoliberalismo, basado en la premisa de que el mercado se autorregula porque tiene suficiente sabiduría, con la meta de expandirse y acumular cada vez más, destruye la democracia. Significa que el mercado es el soberano, mientras que los Estados y los pueblos aparecen subordinados. Así, los gobiernos nacionales electos cada vez más en el marco de una involución del pluralismo político, de un descenso del número de afiliados y de una baja participación electoral, bloquean la participación política de los ciudadanos en la economía. Con ello, el Estado apoya la desdemocratización de la economía e impide la interferencia política de las fuerzas políticas y sociales, mientras deja que el mercado decida sobre lo que es justo y lo que es injusto sin importar el ensanchamiento de la desigualdad. En esta línea, el neoliberalismo opera con la justicia del mercado definida como “la repartición de los resultados de la producción en función de la evaluación de las prestaciones individuales realizadas por los participantes en el mercado, prestaciones expresadas en precios relativos” (Streeck, Comprando tiempo, 65). En ese sentido, la justicia mercantil depende de la eficiencia del mercado, de lo que puede o no ser comprado, en lugar de juzgar las necesidades sociales como derechos. Así, la justicia del mercado convierte en mercancías el servicio de salud, la seguridad social, la educación, la energía eléctrica.

Pese a ello, la paradoja de la justicia del mercado es el hecho de que, para que ocurra la privatización, la desregulación y la liberalización, es necesario que el Estado asuma su rol de facilitador. El mercado neoliberal instrumentaliza el derecho nacional para sus propios intereses en materia de política laboral, financiera, fiscal, crediticia, comercial; utiliza al Estado para evitar que los sindicatos y el resto de los sectores sociales tengan voz a través de las protestas, de políticas, de reflexiones (sobre la desigualdad, por ejemplo) porque podrían paralizar al Estado y tocar el límite de la ganancia del mercado. De ahí que los gobiernos recurren al populismo de derecha o de izquierda como una forma de materializar el discurso de que no hay alternativa al mercado neoliberal en un mundo globalizado.

La tensión mundial entre democracia (justicia social) y neoliberalismo (justicia mercantil), frecuentemente se resuelve a favor del binomio autoritarismo y neoliberalismo. El neoliberalismo hace que el Estado funcione como una corporación funcionalizada a los intereses del capital, de esta forma gana primacía el poder Ejecutivo frente al Legislativo y se frena el capital social de las masas como lo describe Sassen. Ello significa que no puede haber a la vez democracia y neoliberalismo, sino solo uno de ellos.

Este marco de referencia es utilizado porque los datos empíricos en Nicaragua hacen ver que las raíces de lo que acontece están relacionadas con la formación social del autoritarismo y el neoliberalismo. Durante 2007 y hasta abril de 2018, el gobierno de Ortega configuró un régimen corporativista autoritario gracias a la alianza con las élites políticas y económicas internas –y externas– y gracias a la partidización de la organización comunitaria. Con el corporativismo se perpetuó el mercado neoliberal caracterizado por la libre circulación de capital nacional y extranjero para la acumulación del capital.

Régimen corporativista autoritario: el poder político por la vía de la alianza

La trayectoria poscolonial de Nicaragua ha estado más cerca del Estado conquistador que del Estado nación. Según Pérez Baltodano, en el Estado conquistador nicaragüense, el patrón es estar de espaldas de la sociedad y por encima de la ley, bastante alejado de un Estado nación en el que el patrón es la racionalidad, la legalidad y los derechos. En efecto, la persistencia del Estado conquistador nicaragüense se caracteriza, entre otras cosas, por el autoritarismo, la institucionalidad precaria y un gran nivel de autonomía en relación con la sociedad.

La transición del autoritarismo hacia la democracia electoral fue planteada en 1990. En ese momento, Estados Unidos promovió la democracia desde una lógica inclusiva y, paradójicamente, impuso el mercado neoliberal que excluye las intervenciones de las fuerzas políticas y sociales en la economía capitalista (Osorio). En esta línea, los gobiernos neoliberales de Nicaragua entre 1990 y 2006 se caracterizaron por ser regímenes políticos híbridos, con rasgos democráticos y autoritarios: hubo democracia electoral y la posibilidad limitada de que la población protestara en las calles. Pero también hubo un pacto político libero-sandinista entre Arnoldo Alemán –en ese momento presidente de Nicaragua y líder del Partido Liberal Constitucionalista PLC– y Daniel Ortega –líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la oposición– a espaldas de la población que comprometió la institucionalidad democrática incipiente del país permitiendo el control parcial y luego el dominio total de las instituciones por parte del FSLN.

El pacto libero-sandinista se caracterizó por ser una alianza partidaria para controlar las instituciones del Estado y limitar el pluralismo político. Según Close y Martí, el contenido del pacto comprendía tres elementos fundamentales: (a) la preeminencia del Poder Ejecutivo en detrimento de otros poderes del Estado; (b) el control bipartidista, según el peso político, de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral y la Contraloría General de la República, así como la impunidad de los caudillos; (c) “la reforma del sistema electoral para garantizar al PLC y al FSLN su estatus de formaciones mayoritarias en detrimento de terceros partidos” (24). Respecto al componente electoral, sobresale el cambio de criterio para ganar la Presidencia de la República, bajando de 45,0 % a 40,0 % los votos necesarios para hacerse con el triunfo sin necesidad de segunda vuelta y a un 35,0 % en caso de que la diferencia entre la primera y la segunda candidatura fuera superior al 5,0 %. El último cambio era una petición de Ortega, el líder de la oposición que mantenía un voto duró entre el 35,0 % y el 38,0 % desde las elecciones de 1990.

Los resultados del pacto quebraron parte de la institucionalidad democrática incipiente del país y fueron tendencialmente favorables para el FSLN. El gobierno liberal de Alemán (1997-2000) mantuvo el control del Poder Judicial, electoral y de la Contraloría General de la República en los que participaba también el sandinismo. El gobierno liberal de Enrique Bolaños (2000-2006) perdió el control de estas instituciones porque el FSLN se perfiló como la fuerza política con mayor representación en dichas instancias. La condición clave que posibilitó el cambio en el dominio de las instituciones fue la división del liberalismo por el conflicto entre el entonces presidente de la República, Enrique Bolaños, y el presidente de la Asamblea Nacional, Arnoldo Alemán, quien pretendía controlar los poderes Legislativo y Ejecutivo. Con esta ruptura, el FSLN tejió alianzas con una y otra fracción del liberalismo según las circunstancias políticas y sus intereses para avanzar progresivamente con el control institucional (Martí).

El pacto libero-sandinista coadyuvó a que Ortega controlara el Poder Ejecutivo desde 2007. Ello supuso el desmantelamiento de la democracia electoral, la competitividad y la instauración de lo que Schedler denomina un autoritarismo electoral, cuyo repertorio de manipulación e irregularidades le ha permitido al FSLN alcanzar el triunfo en la contienda electoral presidencial, pero también en las contiendas electorales regionales y municipales. En 2006, Ortega ganó la presidencia con el 38,07 % de los votos válidos, gracias a las reformas electorales derivadas del pacto libero-sandinista y a la división del liberalismo. En 2011, Ortega se reeligió con el 62,46 % de los votos válidos gracias a que el poder judicial estableció que la prohibición de la reelección presidencial por períodos sucesivos instituida en el artículo 147 de la Constitución Política de Nicaragua de 1987 (con reformas de 1995) violaba el principio constitucional de la igualdad individual y gracias al fraude electoral. En 2016, Ortega se volvió a reelegir con el 72,5 % de los votos gracias a que la reforma constitucional de 2014 normó la reelección sucesiva e indefinida, a la eliminación de la competencia electoral, ya que la Corte Suprema de Justicia retiró la personería jurídica del Partido Liberal Independiente que aglutinaba toda la oposición, al bloqueo de la observación electoral y al abstencionismo electoral que rondó el 31,8 % (Peraza).

Una vez en el poder, el gobierno de Ortega obtuvo el monopolio de las instituciones para consolidar su dominio político ilimitado. El Ejecutivo central controló todos los poderes del Estado y dictó las decisiones trascendentales en la Asamblea Nacional, en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo Supremo Electoral donde la oposición política era la minoría, bloqueó la autonomía regional y la autonomía comunitaria de la Costa Caribe, domesticó la autonomía municipal y limitó el pluralismo político, así canceló la personería jurídica del Partido Liberal Independiente, el Movimiento Renovador Sandinista y otros. Además, con su poder político y económico, el gobierno acaparó la mayoría de los medios de comunicación social televisivos –canales de televisión 2, 4, 6, 8, 13, 15, 22– y avanzó con la compra de radiodifusoras con el propósito de crear una opinión pública que le beneficiara y para transmitir los anuncios oficiales, mientras reprimió e intimidó a los medios de comunicación críticos de la gestión gubernamental.

Para coronar el control de todas las instituciones del Estado y alinearlas al proyecto político autoritario y continuista, el presidente Ortega reformó las fuerzas públicas en términos jurídicos, organizativos y de atribuciones. En 2014, la Asamblea Nacional reformó la Constitución Política de Nicaragua y el Código Militar y aprobó la Ley de Organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional. Las normas establecen que el Ejército y la Policía están subordinadas directamente al presidente de la República en calidad de jefe supremo de ambas instancias y eliminan los contrapesos institucionales que median la relación entre el gobierno y las fuerzas armadas: la normativa abolió las funciones de supervisión y control del Ministerio de Defensa sobre la institución militar, así como las facultades del Ministerio de Gobernación para dirigir, coordinar y supervisar la actuación policial y las políticas de seguridad. Además, las normas disponen la permanencia indefinida del jefe del Ejército y del director de la Policía Nacional a criterio del presidente y la reincorporación de oficiales en retiro o el nombramiento de oficiales activos para ocupar cargos civiles bajo la figura de Comisión de Servicio a conveniencia del presidente. También se institucionalizó el modelo de Policía preventivo, proactivo y comunitario que consiste en la relación de la Policía con la comunidad mediante los Gabinetes de Familia (antes Consejos de Poder Ciudadano), que son estructuras parainstitucionales promovidas por el gobierno e integradas predominantemente por afiliados del FSLN (Cuadra). Junto con este engranaje organizativo, las fuerzas armadas mantienen las funciones centrales, pero también adquieren nuevas atribuciones. El Ejército de Nicaragua mantiene la función central de Defensa Nacional, pero adquiere la función de resguardo de la seguridad nacional o seguridad del Estado. La Policía conserva la función de la Seguridad Pública, pero adquiere también el rol de garantizar la seguridad del régimen. En el marco de las nuevas atribuciones, el Ejército adquiere las competencias de la Dirección de Inteligencia que antes eran potestad del Ministerio de Defensa; la Dirección de Información para la Defensa funciona como una instancia “especializada en información estratégica de Estado”. En el caso de la Policía, se crearon nuevas direcciones en las áreas de inteligencia y contrainteligencia.

Las condiciones claves que permitieron que el Ejecutivo controlara las instituciones del Estado son varias; sobresalen la vigencia del pacto libero-sandinista; la persistente división del liberalismo; la cultura política autoritaria, caudillista y de control predominante en el país; la configuración de un régimen corporativista autoritario y la alianza con otros países.

Según Osorio, el presidente Ortega configuró un régimen corporativista autoritario basado en la representación funcional que permite que los grupos de interés ganen ciertas demandas a cambio de asegurarle al Ejecutivo un poder político autoritario. El corporativismo tiene un nivel macro y micro. A nivel macro, aparece el sistema corporativista como la alianza tripartita entre el gobierno, el empresariado –la cúpula empresarial y el oligopolio bancario interesados en la justicia del mercado– y los trabajadores de los sindicatos sandinistas. Esto permitió controlar el poder político y favorecer la acumulación del capital. Concretamente, el gobierno tuvo la posibilidad de terminar de desmantelar la institucionalidad democrática del país y desarrollar un rígido control social a cambio de concederle a la élite empresarial una política fiscal, financiera, laboral y crediticia propicia para la acumulación del capital.

A nivel micro, el sistema corporativo de participación ciudadana permitió el control político territorial del FSLN y del gobierno y el extractivismo de los recursos naturales, partidarizando la organización comunitaria a cambio de recompensar a los líderes con programas sociales populistas con empleos. El gobierno suplantó los Comités de Desarrollo Comarcal y Barrial y las asociaciones de pobladores en las regiones del Pacífico Centro-Norte del país por los Consejos y Gabinetes del Poder ciudadano (CPC y GPC) de filiación sandinista desde 2007, para que representen los intereses políticos del gobierno y del FSLN a cambio de tener una posición privilegiada en las actividades políticas y en la canalización de los programas sociales estatales con sesgo partidario. De igual manera, el gobierno suplantó las autoridades comunitarias indígenas como el síndico y el wihta de la Costa Caribe elegidas tradicionalmente en consenso comunitario por autoridades electas entre los miembros de los Consejos de Liderazgo Sandinista –estructuras configuradas en cada una de las instituciones públicas–. Esto se da para garantizar los intereses del FSLN y los avales comunales que aseguran el extractivismo de los recursos naturales en los territorios indígenas a empresas extranjeras o nacionales a cambio de recompensas económicas personales o familiares, como que obtienen salarios de parte de los gobiernos regionales de la Costa Caribe, consiguen empleos para sus familiares, becas para sus hijos y otros (Osorio).

El corporativismo autoritario contradice la tesis de Orlando Núñez (2016), uno de los ideólogos del FSLN, según el cual, Nicaragua experimenta desde 2007 una “revolución singular” en la que el gobierno de Ortega ganó la hegemonía política –control de las instituciones políticas y militares– e ideológica –control de la orientación intelectual y moral de la sociedad– frente al liberalismo conservador a través de una amplia política de alianzas. Lo que Núñez (2016) trata de ocultar es que no hay tal revolución en el sentido estricto de la palabra porque no hubo un cambio profundo de la estructura política, económica y social; además de haberse llevado a cabo la “revolución singular”, es muy probable que, al igual que la Revolución Sandinista de la década de los ochenta, hubiera caído en la tentación jacobina, es decir, que terminara siendo una revolución autoritaria. Así como no hay una “revolución singular”, tampoco hay hegemonía desde la perspectiva teórica de Gramsci (citado por Anderson) porque no existe un liderazgo con consentimiento combinado con la coerción limitada. El gobierno autoritario decide, mediante el rígido control de las instituciones políticas y de las fuerzas públicas, su continuidad en el poder y no decide el voto popular (véase los fraudes electorales, el abstencionismo electoral). Hasta marzo de 2018, el consenso del gobierno solo incluyó la voz del sector empresarial interesada en la justicia del mercado, la voz de los ricos, pero no la voz de los desposeídos que siempre ha estado ausente para que gane primacía la justicia social. En la escala comunitaria, el partido del gobierno (FSLN) está guiando todo sin el consentimiento de la población.

Por otra parte, el Régimen Corporativista Autoritario fue apoyado de una u otra forma por Venezuela y Estados Unidos. En el marco de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) y del Programa de cooperación petrolero venezolano (Petrocaribe), ⁴ Nicaragua se convirtió en un socio político y comercial de Venezuela a cambio del compromiso de Venezuela de financiar al gobierno de Nicaragua. Según Jarquín, el financiamiento proveniente de Venezuela alcanzó los 580 000 000 de dólares anuales de 2008 a 2014; esto representa en promedio más de la cuarta parte del Presupuesto General de la República de Nicaragua (PGR), aunque en general se ha manejado fuera del PGR. La holgura económica posibilitó a la administración de Ortega conservar el crecimiento de la inversión privada con concesiones fiscales, expandir el gasto social más allá de las posibilidades fiscales, financiar con prudencia macroeconómica acciones populistas de dotación de alimentos, viviendas, créditos y producción para fidelizar y ampliar la base social sandinista.

En el marco de la alianza con el hegemón del mundo, Nicaragua se subordinó a la política exterior estadounidense en materia de seguridad –como el combate del terrorismo, el narcotráfico y la migración en tránsito hacia EE. UU.– y de apertura a las inversiones de las empresas estadounidenses. Lo anterior se dio a cambio del compromiso de Estados Unidos de mantener el crédito internacional de los organismos financieros y de continuar figurando como el principal socio comercial de Nicaragua.

Economía neoliberal en crecimiento: la justicia del mercado

Históricamente, Nicaragua ha experimentado un capitalismo periférico basado en la agroexportación de materias primas agrícolas y ganaderas en las regiones del Pacífico, Centro-Norte y en los enclaves de plantaciones agrícolas, explotaciones forestales y mineras en la Costa Caribe. Ambas actividades económicas tienen como base el despojo de la tierra y de la mano de obra de los campesinos, indígenas y afrodescendientes. Además, son actividades altamente dependientes de la inversión o el financiamiento externo, así como de los precios internacionales de las materias primas. Bajo estas condiciones, la economía nicaragüense no ha experimentado la suficiente acumulación del capital para transitar a la agroindustria (Núñez, 2015), pero algo más ha privilegiado la justicia del mercado.

Los gobiernos neoliberales de Violeta Barrios, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños - entre 1990 y 2006- introdujeron el mercado neoliberal que privatizó empresas estatales ⁵ y desreguló y liberalizó la economía. Solo al final del gobierno de Bolaños, se logró un crecimiento económico promedio superior al 4,0 % (Sáenz). Durante estos gobiernos, la pobreza general osciló entre el 46,0 % y el 48,0 %, mientras que la pobreza extrema alcanzó entre el 15,0 % y el 17,0 % (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2001, 2002; Instituto Nacional de Información de Desarrollo, 2007). Usando el índice de Gini, la desigualdad se redujo levemente: pasó de 0,57 a 0,49 entre 1993 y 2005 (The World Bank, 2020a). Por otro lado, el gobierno de Ortega, entre 2007 y 2018, combinó la economía capitalista neoliberal con políticas populistas, lo cual produjo un crecimiento económico moderado que se concentró en la élite nacional y extranjera y una limitada reducción de la desigualdad social respecto a los gobiernos neoliberales.

En el período 2007-2018, Nicaragua experimentó un crecimiento económico sostenido que fluctuó entre el 4 y 5 por ciento de tasa de crecimiento anual, lo que lo convirtió en el tercer país de América Latina con mayor crecimiento económico, pero continuó siendo el segundo país más pobre de América Latina, después de Haití. En 2017, los cinco pilares de la economía aportaron al Producto Interno Bruto (PIB) en el siguiente orden: exportaciones de materias primas (40,0 %), inversión extranjera directa (10,6 %), remesas familiares (10,1 %), cooperación internacional (7,2 %) (Banco Central de Nicaragua, 2018) y turismo (6,0 %) (World Travel & Tourism Council).

El crecimiento económico benefició predominantemente a la élite nacional y extranjera. La exportación de materias primas como el café, el azúcar, la ganadería fue sostenida sobre todo por los grandes productores agropecuarios nacionales, en tanto que a los pequeños y medianos productores se le limitó el acceso a financiamiento bancario competitivo. A su vez, el sector turismo representó una significativa fuente de inversión extranjera, en tanto que hubo un apoyo limitado a las micros, pequeñas y medianas empresas en este grupo (The World Bank,2017). Por otro lado, la inversión extranjera directa (IED) creció un 135 por ciento: pasó de 381,7 millones de dólares en 2007 a 896,6 millones de dólares en 2017 (Banco Central de Nicaragua,2018). La inversión extranjera responde al proceso de ampliación del capital financiero internacional que percibe la tierra y los recursos naturales, que casi siempre pertenecen a los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes, como un medio para acumular ganancias. En general, la IED atrajo a capitalistas latinoamericanos, estadounidenses y asiáticos que produjeron para la exportación. El capital centroamericano invirtió en los monocultivos de la caña de azúcar y la palma africana, el capital canadiense y colombiano invirtió en minería metálica a cielo abierto, el capital mexicano en telecomunicaciones y el capital estadounidense en actividad manufacturera. El capital chino apostó a la construcción del canal interoceánico en Nicaragua que despojaría de sus tierras a una parte del campesinado, de los indígenas y los afrodescendientes; sin embargo, no construyó nada y el tiempo para la construcción se venció en 2019, según la Ley de concesión canalera. El capital venezolano realizó préstamos al gobierno de Nicaragua que se han destinado a proyectos socioproductivos, sobre todo al financiamiento dirigido a la producción energética, al desarrollo del comercio y la infraestructura habitacional.

Las condiciones que posibilitaron la acumulación del capital fueron varias. Unos factores estaban disponibles desde el gobierno de Bolaños: equilibrios macroeconómicos de las cuentas fiscales, la reducción de la deuda externa por el ingreso a la Iniciativa para los países pobres altamente endeudados, el mantenimiento mesurado de la cooperación internacional y el inicio de la vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Otras circunstancias son de carácter sistémico y global: el gobierno sandinista y la élite empresarial concertaron una política fiscal que disciplinó el gasto público y permitió exoneraciones al sector empresarial, una política financiera que atrajo la inversión extranjera directa, una política laboral que permitió la fuerza de trabajo barata, ⁶ el rígido control de las organizaciones sindicales y la desregulación del mercado laboral que ubicó a la mayoría de los trabajadores (80,0 %) en la economía informa ⁷ y una política crediticia que quedó sujeta a estrictos parámetros de control monetario, aunque permitió que el oligopolio bancario definiera las tasas de interés y la orientación del crédito. Con ello, la banca privada nicaragüense tuvo más rentabilidad a escala centroamericana (Sáenz). Otros factores están relacionados con los altos precios internacionales de las materias primas, la inexistencia de fenómenos naturales devastadores a nivel nacional y el mantenimiento de los tratados comerciales con la Unión Europea y con la emergente Venezuela.

Bajo estas circunstancias, Nicaragua demostró que es posible tener crecimiento económico por más de una década sin que ello se traduzca en la reducción considerable de la desigualdad que, como sabemos, son metas a largo plazo. Por un lado, el índice de Gini pasó de 0,49 a 0,44 en 2005 y 2009, respectivamente. Sin embargo, la concentración del ingreso en una pequeña parte superior provocó que la desigualdad volviera a subir hasta 0,47 en 2014. Así, en 2014, el 10 por ciento de las personas más ricas en Nicaragua tenía el 37,5 por ciento del total de ingresos en el país (The World Bank, 2019). Por otro lado, la pobreza general se redujo mesuradamente, del 42,0 % en 2009 al 30,0 % en 2014, mientras que la pobreza extrema decreció notablemente, casi la mitad: pasó del 15,0 % en 2009 al 8,0 % en 2014 (Instituto Nacional de Información de Desarrollo, 2016).

La reducción de la pobreza obedece principalmente a la mejora de los ingresos del trabajo agrícola, las remesas internacionales y el bono demográfico que reduce el número de dependientes en los hogares. A su vez, según declaraciones de Luis Constantino, representante del Banco Mundial para Nicaragua, en una entrevista con Carlos Fernando Chamorro, menciona que uno de los principales retos para continuar reduciendo la pobreza es lograr crear condiciones para que jóvenes que no tienen trabajos remunerados logren entrar al mercado de trabajo con mayor inversión en infraestructura y educación (Chamorro 2017). Sin embargo, es necesario señalar que estas condiciones dependen, a su vez, de la vulnerabilidad y el estado de la economía, que es afectada tanto por condiciones externas como por disrupciones internas.

Por otro lado, se desconoce empíricamente el aporte que tienen los programas sociales del gobierno en la reducción de la pobreza dado que estos no presentan un diseño de evaluación de impacto en su implementación. La prestación de servicios básicos como educación y salud tuvieron un impacto limitado en la reducción de la desigualdad de ingresos debido a que el gasto social sigue siendo uno de los menores en la región latinoamericana (The World Bank, 2017). El gasto en salud pasó de 2,8 % del PIB en 2007 a 3,4 % en 2017, mientras que el gasto en educación pasó de 3,9 % del PIB en 2007 a 4,4 en 2017 (Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, 2019c). En cambio, la inversión pública en la infraestructura que necesita el mercado neoliberal pasó de 4,1 % del PIB en 2006 a 6,9 % en 2016 (The World Bank, 2017).

Crítica y contracrítica en Nicaragua: la tensión entre democracia y capitalismo

En lo que sigue, se analiza el proceso crítico en Nicaragua, dado que, como postula Koselleck, la crítica lleva a una escisión que oculta la crisis. La crítica es llevada a cabo por la oposición política nacional e internacional, mientras que la contracrítica la ejerce el detentador y titular del poder estatal y sus aliados internacionales.

Haciendo una gradación temporal, durante la primera etapa de la crítica –2007 a marzo de 2018–, el autoritarismo electoral (como elemento del sistema político corporativista autoritario) y el neoliberalismo fueron cuestionados por diversos sectores sociales de la sociedad nicaragüense. En ese momento, una parte de la comunidad internacional respaldó el enjuiciamiento dirigido a la estructura autoritaria. El gobierno de Nicaragua interpretó que las protestas intentaban polarizar el país y frenar el progreso. Durante la segunda etapa de la crítica –de abril de 2018 hasta la actualidad–, a raíz de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Nicaragua para extinguir la protesta social, distintos sectores sociales junto con el sector empresarial y una parte de la comunidad internacional critican fundamentalmente al régimen político autoritario que ya no se mantiene por la vía corporativista, sino por la vía de la coerción estatal brutal y la injusticia. Además, la oposición crítica a nivel nacional cuestiona que el gobierno niegue la decisión política de las personas ciudadanas sobre la economía neoliberal. El gobierno de Nicaragua y sus aliados internacionales contraargumentan que es un gobierno democráticamente electo y que no ha cometido crímenes, antes bien, mencionan que el gobierno de Nicaragua ha sido objeto de un fallido golpe de Estado orquestado por la derecha junto con el gobierno de Estados Unidos.

Primera etapa de la crítica y la contracrítica, de 2007 a marzo de 2018

Durante el período de 2007 a marzo de 2018, algunos sectores sociales de Nicaragua criticaron diversas decisiones políticas que perpetuaban en el poder al régimen autoritario y que ampliaban el neoliberalismo. Aunque la retórica gubernamental planteó que la política era decidida por el ejecutivo central y la economía por el empresariado, los juicios particulares de los grupos sociales comprendieron que la escisión no existía porque había una alianza entre ambas élites de la coalición dominante.

En la línea de la crítica a la estructura del régimen autoritario hay cuestionamientos que fueron planteados de forma singular. La protesta de los ciudadanos opositores al partido FSLN abarcó el campo de los fraudes electorales en los comicios municipales de 2008 y en los comicios presidenciales de 2011 y 2016, la exclusión ilegal de algunos partidos políticos en las contiendas electorales y la retención arbitraria de cédulas de identidad ciudadana de los no afiliados al partido del gobierno en el poder. Los pobladores afines al gobierno de turno cuestionaron la destitución arbitraria de autoridades de los gobiernos municipales –la mayoría sandinistas– llevadas a cabo por el gobierno central. Otro elemento que pertenece a la crítica dirigida al régimen autoritario fue la protesta de las mujeres por la falta de justicia de género en el país al anularse el aborto terapéutico y desatender el aumento de la violencia dirigida a las mujeres.

Otro campo central de asalto para la crítica, aunque los sectores sociales no tuvieran conciencia de ello, fue el neoliberalismo. Hubo protestas sociales contra proyectos capitalistas: los movimientos campesino e indígena cuestionaron la concesión gubernamental del canal interoceánico a la empresa china Hong Kong Nicaragua Canal Development Investment que los amenazó con despojarlos de sus tierras; otro grupo de campesinos de Matagalpa, León y Chontales se manifestó contra las concesiones mineras que benefician a capitalistas colombianos y canadienses porque han tomado sus tierras o amenazan con hacerlo y contaminan el medio ambiente. Además, indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe han cuestionado el mecanismo neoliberal que, contando con la permisividad gubernamental, utiliza la invasión de los colonos mestizos en los territorios indígenas-afrodescendientes para acceder al mercado de tierras en el país. También se criticó la política neoliberal del Fondo Monetario Internacional (FMI) que, en alianza con el gobierno, pretendió cancelar la pensión reducida de aproximadamente 83 dólares que desde 2013 recibían los adultos mayores de 65 años que cotizaron entre 250 y 749 semanas.

La protesta en las calles contra el régimen autoritario y la agenda neoliberal se desarrolló pese a que el gobierno utilizó distintos mecanismos para impedirlas. Uno de los mecanismos consistió en que la Policía Nacional –controlada por el gobierno central para sus propios intereses– negó los permisos para la movilización del pueblo bajo el argumento de que las marchas en los espacios públicos interferían en “la realización de las actividades económicas, comerciales, financieras y de recreación” (Policía Nacional) o, lo que es lo mismo, impedían la justicia del mercado. Otro de los mecanismos consistió en reprimir las protestas mediante grupos de choques, simpatizantes del gobierno –pandilleros, expandilleros y miembros de la Juventud Sandinista– que cometían conductas desviantes contra los manifestantes. De igual manera, trataron de reprimir las protestas mediante contramarchas en las que participaban empleados estatales y simpatizantes del gobierno, mientras las fuerzas públicas se limitaban a observarlas pasivamente. El tercer mecanismo fue reprimir la movilización mediante la Policía Nacional, que utilizó excesivamente la fuerza de los antimotines y los lacrimógenos. La violencia resultó en algunas personas muertas –sobre todo campesinos de la lucha anticanal e indígenas de la lucha anticolonización interna–, personas heridas, arrestos, detenciones e intimidación de promotores de derechos humanos y de periodistas. Todo esto se dio bajo una excesiva impunidad por los abusos cometidos (Osorio, Cortes y Sánchez).

La crítica fue respaldada parcialmente por los Estados Unidos y la Unión Europea. Estos actores criticaron la falta de democracia en Nicaragua, pero no el mercado neoliberal. Expresaron su descontento frente a la trayectoria del autoritarismo electoral del gobierno de Ortega, la falta de libertad de prensa y el irrespeto de los derechos humanos en Nicaragua (Embajada de Estados Unidos en Nicaragua; European Union). Además, el gobierno de los Estados Unidos criticó la alianza de Nicaragua con Venezuela alegando que este último país autoritario trabaja a favor de los intereses económicos de China Continental y en detrimento de la acumulación del capital estadounidense. Bajo estas circunstancias, Estados Unidos sancionó a Nicaragua, esperando que el país retomara la senda democrática: suspendió parcialmente la Cuenta Reto del Milenio de 2005 a 2011, lo cual redujo $61,5 millones de los $175 millones del Programa (Robert Callaham citado en Olivares) y empezó a amenazar con la aprobación de la Nicaraguan Investment Conditionality Act (conocida como Nica Act) en 2016 que, de haberse dado, habría afectado el crédito internacional y el clima de inversión en el país.

La Organización de Estados Americanos también criticó el deterioro de la democracia representativa en el país y recomendó una reforma electoral integral. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó la negligencia gubernamental para sanear los territorios indígenas y afrodescendientes, es decir, determinar los derechos de propiedad de los colonos mestizos en tierras comunales, llamados legalmente terceros, y controlar la colonización mestiza violenta de los territorios indígenas del Caribe Norte y le recomendó la implementación de medidas de protección a favor de algunas comunidades indígenas del Caribe Norte y de los miembros del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2016).

En contraposición, el gobierno de Nicaragua, autoidentificado con la izquierda política y el socialismo del siglo XXI, cuestionó el modelo de democracia liberal impuesto por los Estados Unidos y Europa, los condicionamientos políticos de la cooperación tradicional al desarrollo y las protestas sociales contra algunas megainversiones extranjeras. El gobierno expresó que las elecciones multipartidistas no garantizan la democracia, sino que divide a las naciones y posibilita que la derecha política salve al capitalismo (Daniel Ortega citado en Jarquín). También criticó las condicionalidades impuestas por la cooperación tradicional al desarrollo (refiriéndose a la democracia electoral) porque atenta contra la soberanía nacional y no abona a la libertad del país; de ahí que se justifique el respaldo de la Alianza Bolivariana para las Américas (Daniel Ortega citado en Webmaster La Prensa). El gobierno nicaragüense repudió que algunos sectores sociales nicaragüenses se opusieran a la inversión extranjera de “proyectos de desarrollo” que llevarían al progreso de la nación y la superación de la pobreza.

Segunda etapa de la crítica y la contra crítica, de abril de 2018 en adelante

En abril de 2018, jóvenes universitarios y organizaciones ambientalistas e indígenas protestaron cívicamente en las calles criticando la negligencia gubernamental frente al incendio en la Reserva Indio Maíz provocado por colonos mestizos en favor de la ganadería extensiva. El incendió se sofocó gracias a las intensas lluvias en Indio Maíz. Seguidamente, diversos sectores sociales, entre los que sobresalen los estudiantes universitarios, junto con la élite empresarial, protestaron en contra del decreto presidencial 03-2018 (Casa de Gobierno) que reformaba la seguridad social de manera inconsulta para salvar de la quiebra al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. La reforma incrementaba el aporte de los empleadores –21,0 % frente al 19,0 % anual- y la cuota de cotizaciones de los trabajadores a la seguridad social –7,0 % en lugar del 6,25 % anual–, al tiempo que reducía en un 5,0 % las pensiones en concepto de cobertura de enfermedades, además de cambiar la fórmula de cálculo de las nuevas pensiones y eliminar el salario máximo de los cotizantes (Calero, 2018a). El decreto gubernamental sobre la reforma al Seguro Social, si bien disminuyó el porcentaje de las pensiones, no suspendió las pensiones reducidas para nuevos beneficiarios ni las sustituyó por una pensión no contributiva dirigida a las personas mayores de 65 años que vivan por debajo de la línea de la pobreza, como fue la propuesta del Fondo Monetario Internacional en 2017 (Álvarez y Munguía). La reforma, pese a ser derogada en corto tiempo, supuso una violencia estatal brutal durante los primeros cuatro días: 48 muertos, 500 heridos, personas desaparecidas y detenidas ilegalmente. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2018). En este punto, el autoritarismo se radicalizó no solo por pretender ignorar los juicios singulares de distintos sectores sociales en el pasado reciente, sino por desoír las protestas de la cúpula empresarial frente a decisiones unilaterales del ejecutivo central que perjudicaban al gran capital y por la represión estatal brutal que se desencadenó contra los disidentes. Bajo estas circunstancias, los mecanismos de lucha ciudadana cambiaron y la crítica de la oposición y la contracrítica gubernamental se potenciaron.

Desde abril de 2018, hay una tensión entre la oposición política configurada por los sectores sociales –estudiantes, campesinos, indígenas, activistas de derechos humanos– junto con el sector empresarial y el régimen Ortega-Murillo alrededor del (des) orden político y económico vigente hasta el momento. El conflicto empezó en el espacio público: las protestas sociales pacíficas generalizadas en el país desde abril de 2018 fueron frenadas de manera muy violenta entre julio y agosto del mismo año por elementos armados progubernamentales –paramilitares en coordinación con la Policía Nacional–. Quedaron solo las manifestaciones efímeras de unos cuantos ciudadanos mediante vigilias, plantones exprés, bocinazos de carros en momentos convenidos.

El antagonismo continuó con la configuración de la mesa del diálogo nacional para buscar una salida pacífica a la crisis: el diálogo entre la oposición política representada en la Alianza Cívica⁸ y el gobierno efectuado en 2018 y 2019 que tuvo resultados parciales⁹ y fue suspendido por incumplimientos de acuerdos de parte del gobierno. Y aunque el diálogo sigue siendo una posibilidad vigente, el conflicto parece que se ha trasladado a la arena electoral: en 2020, la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco, el Movimiento Campesino, algunos partidos políticos nacionales –Partido Liberal Constitucionalista, Partido de Restauración Democrática y Fuerza Democrática de Nicaragua– y el partido político indígena de la Costa Caribe denominado Yatama han conformado la Coalición Nacional para enfrentar electoralmente al régimen de Ortega en 2021 y reconfigurar la política y la economía en el país. La tensión a nivel nacional se ha globalizado con protestas sociales en otros países y en espacios formales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas.

La tensión política entre la oposición y el gobierno hace emerger sutilmente el conflicto entre democracia y capitalismo neoliberal. La oposición política, que desde abril de 2018 reconoce que ha desarrollado una insurrección Cívica y auto convocada para exigir justicia y democracia, critica la relación entre el autoritarismo, la violencia política del régimen Ortega-Murillo y el orden económico capitalista que evita la intervención de las personas ciudadanas en las decisiones trascendentales de la economía del país. Esto es visible en la proclama de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (2018a) “Desde las calles acusamos al régimen Ortega-Murillo.”

La oposición política acusa al régimen Ortega-Murillo de “secuestrar el Estado y sus instituciones convirtiéndolas en instrumento... de la familia en el poder” (Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, 2018a, par. 10). Señala que el gobierno se mantiene en el poder por los fraudes electorales, la parcialización del poder judicial, el secuestro de la autonomía municipal, la autonomía regional y la autonomía comunitaria en la Costa Caribe y la autonomía universitaria y la censura e intimidación de la prensa independiente. Además, la oposición política afirma que el ente gubernamental sostiene el autoritarismo que limita la organización social y aplasta la protesta social, lo cual terminó por violentar los derechos humanos de los nicaragüenses, empezando por el derecho a la vida: “acusamos a la dictadura de querer secuestrar la voluntad del pueblo... y por tratar de desmovilizar... por asediar, intimidar, perseguir, reprimir, secuestrar y asesinar... al pueblo de Nicaragua en las protestas cívicas de todo el país” (Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, 2018a, par. 28). La oposición advierte que parte de la violencia política está dirigida contra las mujeres, porque son falsas las cifras de femicidios y las instituciones que la previenen y enfrentan son débiles.

De igual manera, la oposición política enjuicia al régimen Ortega Murillo por promover una formación social que evita la intervención de los ciudadanos y las ciudadanas sobre las cuestiones políticas y económicas que les atañen: “Acusamos a la dictadura de secuestrar la soberanía popular... de impedirnos decidir sobre nuestro propio destino, nuestra vida como pueblo libre, el rumbo político y económico de la nación, que a todos nos incumben porque a todos nos afectan” (Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, 2018a, par. 11). También advierten que el populismo autoritario que favorece la clientela política ha derivado en una justicia social precaria:

Frente a la crítica de la oposición política está la contracrítica del gobierno de Nicaragua que invierte la realidad vivida desde una posición en la que aparece como el representante de Dios en la Tierra y como el representante del pueblo nicaragüense unificado y cristiano. Desde una perspectiva puramente política que observa el peligro de la revuelta social, el gobierno de Nicaragua contraargumentó que no es un levantamiento popular, sino un intento de golpe de Estado planificado por grupos de la derecha vandálica¹⁰ –los opositores Partido Liberal Constitucionalista y Movimiento de Renovación Sandinista– con el patrocinio de los Estados Unidos para destruir la Revolución Sandinista¹¹ [democrática], la estabilidad política, el crecimiento económico que beneficiaba a todos y el derecho a la justicia [social] de las mayorías (véase Gobierno de Nicaragua, 2018 ). Así, desde el punto de vista gubernamental, los golpistas quieren destruir la democracia y el crecimiento económico distribuido con justicia económica y con justicia social a la vez.

Concretamente, el gobierno de Nicaragua acusó a la oposición política de golpistas terroristas, grupos minúsculos que, sin ser representativos del pueblo, se perfilan como los adversarios de la democracia, la libertad y los derechos humanos conquistados por la Revolución Sandinista de la década de los ochenta y reconquistados a partir 2007 con la instalación de la autodenominada segunda fase de la Revolución Sandinista:

Según el ente gubernamental, los terroristas golpistas intentaron frenar inconstitucionalmente la democracia electoral al proponer elecciones generales antes de 2021:

Además, de acuerdo con el gobierno, el intento del golpe antidemocrático fue llevado a cabo con violencia, con “banderas antivida”, cuestión que obligó a la Policía Nacional y a policías voluntarios –turbas y paramilitares armados progubernamentales– a enfrentar una “batalla dolorosa para contrarrestar una conspiración armada” y restablecer el orden en el país (Consejo de Comunicación y Ciudadanía, 2018). De acuerdo con el poder estatal, gracias a la labor de la Policía Nacional, pero también gracias a la lealtad incondicional a la patria, se mantiene viva la democracia política en el país (Consejo de Comunicación y Ciudadanía, 2018).

De igual manera, el gobierno sandinista manifiesta que, desde abril de 2018, la conspiración armada planeó poner fin a la estabilidad política y la seguridad ciudadana para destruir la economía y la política social que beneficiaba a todos desde 2007:

El gobierno sostiene que las políticas económicas emprendidas fueron justas porque permitieron el crecimiento económico en beneficio del sector capitalista nacional e internacional y del denominado sector por cuenta propia conformado por trabajadores-productores del sector informal que supuestamente logran la acumulación autosostenida:

Con base en el discurso gubernamental antes expuesto, las políticas revolucionarias no solo permitieron la justicia del mercado, sino la justicia social, puesto que se restituyó el bienestar social en materia de salud, educación, infraestructura física, alimentos, vivienda, crédito para productoras campesinas y otros. Así, según el ejecutivo central, el crecimiento económico y las políticas sociales permitieron disminuir la pobreza:

En medio de la diferenciación crítica a escala nacional, aparece la protesta internacional. Los Estados Unidos y la Unión Europea enjuician al gobierno de Nicaragua por violentar el orden democrático que se requiere para la paz y el crecimiento económico competitivo (U.S. White House). Desde esta perspectiva, la movilización política y la libertad de prensa es necesaria siempre y cuando lo que se critique sea al gobierno –corrupto, violento e injusto, incapaz de crear un buen clima para los negocios competitivos–, pero no al mercado. Además, estas potencias mundiales hacen eco del enjuiciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que responsabilizan al régimen Ortega–Murillo de la crisis sociopolítica y de derechos humanos sostenida hasta el día de hoy (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2018; Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2018; U.S. Department of State, 2019). Llevándolo más allá, el Grupo Internacional de Expertos Independientes designados por la CIDH ha tipificado que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad.

Con este juicio, Estados Unidos aprobó leyes para materializar sanciones económicas contra el gobierno de Nicaragua: con la Ley Global Magnitski ha sancionado funcionarios del gobierno por violación de los derechos humanos y corrupción; con el Decreto Ejecutivo 13851 sanciona las finanzas del gobierno y con la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua –conocida como NICA Act– limita al gobierno el acceso al crédito y a las donaciones internacionales, afecta el clima de inversión. Recientemente, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó las finanzas de la Policía Nacional. Con estas sanciones, Estados Unidos advierte que podría expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana (DR- CAFTA, por sus siglas en inglés), que otorga aranceles preferenciales a Nicaragua. Por otro lado, la Unión Europea sancionó a seis altos funcionarios del gobierno de Ortega por violación de los derechos humanos (Unión Europea) y amenaza con suspender a Nicaragua del Acuerdo de Asociación (AdA) entre la Unión Europea y Centroamérica.

Frente a la crítica transnacional, el gobierno de Nicaragua evalúa las sanciones de los Estados Unidos como agresiones económicas que ponen en riesgo a los pueblos y socavan la soberanía nacional:

El gobierno de Nicaragua y sus homólogos de Cuba, Venezuela y Rusia, reivindican el retiro de las denominadas agresiones económicas y la soberanía absoluta del presidente de Nicaragua. Esto niega la crítica del pueblo soberano que ha demostrado tener conciencia de que el poder estatal puede ser retirado cuando ha tomado decisiones inhumanas. Además, la contracrítica gubernamental subvalora todos los informes sobre las violaciones de los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua. Por ejemplo, el Gobierno de Nicaragua en 2018 afirmó que el informe elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en 2018 sobre la crisis de los derechos humanos en Nicaragua era “subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado, redactado bajo la influencia de sectores vinculados a la oposición” (7).

Tras la crítica, aparecen propuestas y contrapropuestas. La oposición exige explícitamente “justicia y democracia”. En el año 2018 demandó justicia social y democracia. La justicia social implicaría justicia transicional, es decir, penalizar y reparar los abusos del Estado en contra de los derechos humanos civiles, políticos y sociales de los nicaragüenses asesinados, detenidos, condenados, torturados, desaparecidos, desde abril de 2018, garantizar la seguridad ciudadana y la seguridad de la propiedad comunal de los indígenas y los afrodescendientes configurando un nuevo Estado que dome la violencia y un sistema de justicia imparcial. La democracia implicaría elecciones anticipadas –antes de 2021– y transparentes y un Estado de derecho (Conferencia Episcopal de Nicaragua, 2018 citado en Cerda y Salinas).

No obstante, hacia finales de 2019, la oposición que, como se mencionó, está conformada por diversos sectores sociales y por el sector empresarial, exige justicia social, justicia económica y democracia: la justicia social retoma los elementos arriba señalados y agrega una política social de salud y educación que privilegie a los más pobres; la justicia económica combina el respeto de la propiedad privada individual, el libre mercado neoliberal y la producción de bienes sin destruir la naturaleza; la democracia política consistiría ya no en elecciones anticipadas, sino en la celebración de las elecciones en 2021, con continuidad periódica no reeleccionaria, independencia de los poderes del Estado, reforma a la Policía Nacional y al Ejército, gobiernos autónomos regionales en la Costa Caribe, gobiernos municipales autónomos, autonomía comunitaria indígena, autonomía universitaria y participación ciudadana (Alianza Cívica et al.,2020).

La contrapropuesta del gobierno, implícitamente, refiere también a justicia y democracia, aunque de forma diferente. En materia de justicia social, propone que penalizar los crímenes y los daños provocados y reparar a las víctimas en el contexto de abril de 2018, así como garantizar la seguridad ciudadana, son tareas del Estado a través de las autoridades judiciales (Gobierno de Nicaragua,2018) y que se debe mantener la política pública de salud y educación gratuita, a pesar de los recortes del presupuesto. En materia de justicia económica, plantea el retiro de las denominadas agresiones económicas de Estados Unidos como incentivo de la inversión extranjera directa y la producción de empleo (Consejo de Comunicación y Ciudadanía, 2018). En términos de la democracia, propone mantenerse en el poder político hasta 2021, preparar las reformas a la Ley Electoral y tener el derecho de participar en la próxima contienda electoral de noviembre de 2021 (Gobierno de Nicaragua, 2018).

Crisis en Nicaragua: la decisión política en medio de la coerción estatal brutal y la contracción de la economía neoliberal

La decisión sobre justicia y democracia a la que se aspira críticamente, y que todavía no ha ocurrido en el presente, ha dado lugar a una crisis sociopolítica que ha derivado también en una crisis económica. La crisis política se caracteriza por el poder político basado en la coerción estatal brutal y la crisis económica neoliberal se manifiesta en una crisis de acumulación y una crisis fiscal que genera desempleo, migración internacional y otros. Detallamos a continuación las distintas crisis.

Poder político por la vía de la coerción estatal brutal

La crítica (trans) nacional que exige justicia y democracia provocó que el poder político por la vía de la alianza transitara al poder político por la vía de la coerción estatal brutal. Significa que estamos frente a una crisis política caracterizada por la violencia estatal extremadamente represiva y la ilegitimidad política.

La crisis de violencia estatal significa que el Estado, en lugar de tener el monopolio de la violencia física legítima o de ejercer una violencia limitada y sutil, más bien produce violencia de forma brutal con el objetivo de impedir que la oposición se organice y mantener intacta la estructura del poder autoritario. En esta dirección, desarticuló la protesta social masiva reprimiéndola con armas de fuego, persiguiéndola y criminalizándola, sobre todo a los líderes sociales y defensores de derechos humanos (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos).

Así, el Estado de Nicaragua cometió crímenes de lesa humanidad porque atacó a la población civil que protestó: asesinó a 325 personas e hirió a unas 2000, negó atención médica estatal a heridos (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente), acusó a 812 presos políticos de terrorismo, crimen organizado, homicidios y 61 siguen presos. Para ello, el gobierno combinó la fuerza de la Policía Nacional con los grupos de choque –integrados por pandilleros o expandilleros y miembros de la Juventud Sandinista–, los grupos paraestatales –conformados por exmilitares– y los francotiradores. ¹² De esta forma, el gobierno decidió implícitamente un Estado de excepción que bloquea la protesta social y militariza las calles, dejando a los ciudadanas la posibilidad de mostrar resistencia únicamente mediante protestas efímeras y simbólicas.

De igual manera, el Estado violentó la labor de incidencia política de diez organizaciones no gubernamentales que trabajan críticamente en defensa de la democracia, ciudadanía y defensa de los derechos humanos acosándolas y retirándoles la personería jurídica bajo el argumento de que estas organizaciones financiaron y participaron en el fallido golpe de Estado. El Estado ha violentado persistentemente la libertad de expresión de los medios de comunicación independientes pasando del asedio, la clausura de programas televisivos y la corporativización de las organizaciones gremiales de periodistas (Rothschuh), al encarcelamiento de algunos periodistas, el despojo de equipos del personal periodístico, la quema de medios de comunicación y el cierre indefinido de algunos medios de comunicación críticos del gobierno.

Asimismo, el Estado ha violentado los derechos de propiedad privada al incentivar que simpatizantes sandinistas tomen las tierras predominantemente de grandes y medianos agricultores y ganaderos equivalentes a 9800 manzanas de tierras, de las cuales el 75,0 % sigue ocupado (Martínez, 2018). Además, el gobierno ha castigado la justicia del mercado con la creación de la Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones (Enimex) que compite con el sector privado; igualmente, aprobó una reforma tributaria que elimina exoneraciones fiscales y comerciales y reduce las ganancias de las empresas en favor de la justicia social. También continúa violentando la propiedad comunal de los indígenas y los afrodescendientes de la Costa Caribe al permitir la colonización interna de los campesinos y las concesiones autoritarias de los recursos naturales que están en dichos territorios. Hay persecución o asesinato de líderes indígenas que defienden sus territorios que obliga a comunidades indígenas a desplazarse hacia Honduras u otras comunidades de la Costa Caribe.

Continúa violentando la autonomía municipal en términos políticos, pero también económicos, con reducciones de las transferencias municipales de las alcaldías opositoras en comparación con las alcaldías sandinistas. La diferenciación en la asignación de recursos basados en el criterio político significa que a las 17 alcaldías no sandinistas –que pertenecen a los municipios más pobres del país– les quitarán entre un 7,92 % y 10,57 % de las transferencias municipales. No obstante, a las alcaldías sandinistas se les restará el 4,5 % con respecto a lo modificado en 2018 (Calero 2018b). También se han violentado los derechos civiles y económicos de algunos trabajadores y funcionarios del Estado con castigos por su renuencia a participar en las contramarchas o en los plantones gubernamentales o son castigados por participar en las protestas cívicas con el desempleo. Las cesantías más visibles han ocurrido en el sistema de justicia, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación y en los medios de comunicación oficialistas.

Otros sectores hacia los que el gobierno ha dirigido una violencia incremental han sido los campesinos opositores al régimen y la Iglesia católica declarada en favor de la justicia social y la democracia. Los campesinos críticos del régimen continúan siendo asesinados; desde abril de 2018, se estima 147 campesinos asesinados, pero no todos los asesinatos se han podido documentar. Han sido perseguidos, encarcelados y acusados de los delitos de terrorismo y narcotráfico, algunos fueron excarcelados por la Ley de Amnistía aprobada por la bancada sandinista en 2019 o empujados al exilio. A la Iglesia Católica el gobierno de Nicaragua la ha intimidado, asediado, hostigado y perseguido sistemáticamente. El régimen autoritario acusó a la cúpula de la Iglesia Católica de Nicaragua –la Conferencia Episcopal–, que organizó y medió el diálogo nacional de mayo a julio de 2018 en aras de encontrar una salida pacífica a la crisis sociopolítica, de ser cómplice de lo que ellos denominan un intento fallido de golpe de Estado: “Yo pensaba que eran Mediadores (la Conferencia Episcopal), pero no, estaban comprometidos con los golpistas, eran parte del Plan con los golpistas… ¡Un Golpe de Estado querían provocar en Nicaragua, dicho por ellos!” (Consejo de Comunicación y Ciudadanía, 2018, párr. 79).

Otras expresiones de violencia contra la Iglesia católica han sido el sitiado de algunas parroquias por la Policía Nacional en varias partes del país, lo cual ocasiona que los simpatizantes del régimen las apedreen o irrumpan en estas para agredir a religiosos y feligreses; la profanación de diversos templos católicos donde han sido destruidas las imágenes, como en la capilla de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua, la capilla en el municipio de Veracruz, la Iglesia de Nindirí y otros templos. También se ha castigado a la Iglesia católica desde el punto de vista económico: durante 2018 y 2019, hubo un recorte de los recursos del Presupuesto General de la República asignados al mantenimiento del patrimonio histórico de la Iglesia católica, pero en 2020 se eliminó el fondo público para dicho fin (Chamorro y López). Otra medida administrativa que ha afectado a la Iglesia católica es que desde 2018 el Ministerio de Gobernación le ha retenido a Caritas –la pastoral social de la Iglesia católica– la certificación anual para gestionar ayudas, donaciones y exoneraciones de medicinas, insumos médicos, alimentos y ropa (Mairena).

La crisis de violencia estatal, en la que el poder se reemplazó por violencia brutal, trajo una crisis de legitimidad política, una crisis del ejercicio del mando político por el abuso de poder. La legitimidad es cuestionada con la falta de apoyo ciudadano al gobierno y la desaprobación de la gestión presidencial. Según los sondeos nacionales realizados por la empresa encuestadora CID Gallup (2018, 2019a, 2019b, 2020), se observa que, durante 2018, cuando estalló la crisis sociopolítica, y durante 2019, cuando las crisis sociopolítica y económica se profundizaron, entre el 49,0 % y el 62,0 % de los nicaragüenses demandó la renuncia de la pareja presidencial y el adelanto de elecciones generales presidenciales y legislativas en 2019 para salir de las crisis que aquejaban al país. Asimismo, entre el 28,0 % y el 37,0 % de las personas encuestadas opinó que la pareja presidencial debía terminar su período y que las elecciones deben celebrarse hasta en noviembre de 2021 (Tabla 1). Esto revela que la mayoría de la población nicaragüense está de acuerdo con el cambio de gobierno de forma pacífica.

Además de la falta de apoyo ciudadano al gobierno, está la desaprobación de la gestión de este. En términos generales, entre el 47,0 % y el 63,0 % de los ciudadanos desaprueba la gestión presidencial, mientras que alrededor del 26,0 % y el 40,0 % lo aprueba. El porcentaje de desaprobación más alto –63,0 %– ocurrió cuando recién iniciaba la crisis sociopolítica y ocurrían los crímenes de lesa humanidad y, sorprendentemente, el porcentaje de aprobación mejoró –40,0 %– cuando las crisis sociopolítica y económica se habían profundizado en 2019. No obstante, el último dato de la encuesta de opinión de CID Gallup (2020) correspondiente a mayo 2020 revela que, en el contexto de las múltiples crisis del país –sociopolítica, económica y sanitaria–, pero, sobre todo, ante la negligencia gubernamental en el tratamiento de la pandemia de COVID-19 en Nicaragua que priorizó la economía frente a la salud y la vida de la población, ¹³ la desaprobación de la gestión presidencial volvió a aumentar a un 57,0 %.

Respecto a la gestión presidencial, en la mayoría de las encuestas, se observa que más de la mitad de los nicaragüenses valora negativamente la labor de Daniel Ortega como presidente. La excepción son las encuestas de enero de 2019 y enero de 2020, donde únicamente el 39,0 % y el 42,0 %, respectivamente, valoraron muy mal o mal la gestión de Daniel Ortega como presidente, mientras crece el porcentaje de los que no la valoran ni bien ni mal. Con estas percepciones, es entendible que, durante mayo de 2018 y mayo de 2020, más de dos tercios de los nicaragüenses consideran que el país va por el rumbo equivocado y que, en julio de 2020, 8 de cada 10 nicaragüenses opinan lo mismo (Tabla 1).

Además de la falta de apoyo ciudadano al gobierno y de la desaprobación de la gestión presidencial, se observa un deterioro de la simpatía por el partido de gobierno –el FSLN– y del liderazgo de Daniel Ortega como futuro candidato a la presidencia del país, mientras que va ganando reconocimiento político la oposición Azul y Blanco aglutinada en la Coalición Nacional. De manera concreta, la simpatía por los partidos políticos medida con la pregunta “Si tuvieran que votar hoy, ¿por cuál partido político votaría?” revela que más de la mitad de los nicaragüenses no comulga con ninguno de los partidos políticos tradicionales para depositarles el voto y que la popularidad del partido FSLN, que históricamente ha oscilado entre el 30,0 % y el 40,0 %, se ha deteriorado progresivamente: pasó del 31,0 % de simpatía recién el estallido de la crisis en mayo de 2018 a un 15,0 % en julio de 2020, cuando la crisis política y socioeconómico ha empeorado y el gobierno de Nicaragua enfrenta de forma inadecuada la pandemia de la COVID-19. Pese a ello, llama la atención que la simpatía por el partido del FSLN es superior a la de los partidos políticos tradicionales, adversarios al régimen. Pocos ciudadanos simpatizan con la Unidad Nacional Azul y Blanco y con la Alianza Cívica para darles el voto, un dato que probablemente obedezca a que la población no los reconoce como partidos políticos, sino como organizaciones sociales que no las vislumbran en la contienda electoral de forma separadas. Por otra parte, la mayoría de los nicaragüenses tampoco visualiza a un líder político por el cual votar. No obstante, mientras únicamente el 13,0 % de los encuestados respalda a Daniel Ortega como candidato presidencial en julio de 2020, ganan terreno líderes políticos que han tenido un papel beligerante en la opositora Alianza Cívica como Medardo Mairena, representante del Movimiento Campesino, y Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza (Tabla 2).

Con este panorama en el que la mayoría de la población no simpatiza con ningún partido o con un líder político para las elecciones de 2021, aparecen las preguntas alrededor de la conformación de la Coalición Nacional –constituida formalmente el 25 de febrero de 2020 mediante una proclama y con estatutos desde el 25 de junio de 2020– que aglutina a organizaciones sociales y partidos políticos opositores como una alternativa política para enfrentar electoralmente al régimen Ortega-Murillo en noviembre de 2021 y enrumbar al país en el camino de la democracia. En este sentido, en septiembre de 2019, antes de que se conformara la Coalición, el 44,0 % de los ciudadanos encuestados manifestaron estar a favor de una coalición entre la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, mientras que el 28,0 % declaró estar en contra de esa posibilidad.

Una vez conformada la Coalición Nacional, el 60,0 % valoró que la firma de los Estatutos de la Coalición era una decisión muy importante o importante, mientras que el 15,0 % opinó que no era importante porque era otro juego de la derecha. Pero, además, la Coalición Nacional ha ganado simpatía como opción política frente a las elecciones de 2021, sobre todo cuando se excluye a los partidos políticos: el 49,5 % de las personas encuestadas está dispuesto a dar su voto a la Coalición si solo está integrada por organizaciones sociales. Ese porcentaje se reduce a un 31,5 % cuando los partidos políticos entran en la Coalición (Tabla 2).

La crisis de violencia estatal y de legitimidad política ha derivado en lo que North, Summerhill y Weingast denominan un desorden político. Significa que la población nicaragüense siente temor por sus vidas, sus familias y sus fuentes de subsistencia. Y como no tenerlo si paralelo a la crisis política hay una crisis económica y una crisis sanitaria por el mal manejo gubernamental de la pandemia de COVID-19.

Economía neoliberal en crisis, expulsiones en expansión

La crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018 trajo aparejada, en parte, la crisis de la economía real expresada en contracción económica, desempleo, pobreza y migraciones laborales (y por razones políticas), tal como puede observarse en la Tabla 3. La crisis ocurrió cuando la producción nacional de materias primas y los precios internacionales contratados fueron a la baja, al tiempo que la crisis sociopolítica y las sanciones económicas impuesta por los Estados Unidos dificultó el mantenimiento del turismo y la inversión extranjera directa.¹⁶ Consecuentemente, los únicos pilares de la economía que se mantuvieron o crecieron en 2018 en comparación con 2017 fueron la cooperación internacional y las remesas familiares que funcionan como soporte para las familias de bajos recursos económicos afectadas por las crisis, tal como se observa en la Tabla 3.

La crisis de la economía real refuerza la crisis fiscal que se manifiesta en la reducción del Presupuesto General de la República y los déficits presupuestarios. Concretamente, desde la crisis sociopolítica, el gobierno ha definido un programa de austeridad que destina un poco más de un tercio para el gasto en salud y educación y ha postergado al pago de la deuda interna y externa, tal como se observa en la Tabla 4.

Para cubrir el déficit fiscal, en lugar de endeudarse con los organismos financieros internacionales,¹⁸ decidió una reforma tributaria¹⁹ que eliminó exoneraciones a productos de la canasta básica y a las empresas privadas, préstamos al Banco Centroamericano de Integración Económica y la venta insuficiente de bonos y letras del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Banco Central de Nicaragua. Además, se reformó la seguridad social con la pretensión de cerrar el déficit de 5500 millones de dólares del INSS: las empresas pagan hasta 22,5 % como cuota patronal en lugar del 19,0 % sobre el salario cotizable real, se redujeron las nuevas pensiones en un 30,0 %, ningún trabajador obtiene más del 70,0 % de su salario como pensión cuando antes podían recibir hasta el 80 % y los trabajadores activos cotizan 7,0 % sobre el salario en lugar del 6,25 % (Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, 2019b).

Paralelo a lo anterior, la Comisión Nacional del Salario mínimo presidida principalmente por sindicatos de trabajadores afines al gobierno congeló el salario mínimo producto de la crisis económica (Calero, 2019).

Si bien hay una crisis de la economía real y una crisis fiscal, no existe una fuerte crisis bancaria: se redujeron los depósitos bancarios y los créditos en 2018, pero la cartera ha comenzado a recuperarse en 2019. A finales de marzo de 2018, el saldo de depósitos totales era de 5495 millones de dólares. No obstante, los depósitos bancarios se redujeron en 1553 millones de dólares –28,3 % de los depósitos– a lo largo de 2018²⁰(Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, 2019a). El otorgamiento de créditos se contrajo en alrededor del 20,0 % y la cartera se centró en clientes de menor riesgo financiero: los sectores de industria y comercio.

El índice de cartera en riesgo aumentó 8,3 % en diciembre de 2018 producto del incremento de préstamos prorrogados y la reestructuración del crédito dado el aumento del desempleo, el congelamiento de los salarios o la reducción de estos (Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, 2019b). Por otro lado, en 2019 hubo un aumento de los depósitos bancarios, cerrando en 4,011 millones de dólares. Sin embargo, esto no compensa la disminución presentada en 2018, lo cual sugiere que todavía persiste desconfianza entre los agentes económicos sobre la situación económica en el país (Banco Central de Nicaragua, 2020). Dado que los datos bancarios se encuentran por debajo de los niveles precrisis, el sistema bancario mantiene un riesgo activo que impide expandir la cartera de crédito y así dinamizar la economía.

En este año, la crisis de la economía podría profundizarse por la crisis sanitaria causada por la pandemia del coronavirus. Se estima que la economía decrecerá en un 4,3 por ciento (The World Bank, 2020b). El gobierno de Nicaragua no ha orientado políticas económicas para evitar un mayor desplome de la economía ni ha definido políticas sanitarias integrales para evitar la propagación el virus, lo que refuerza la violación de los derechos humanos en el país.

La decisión política: democracia con justicia social frente al neoliberalismo con justicia de mercado

El gobierno de Ortega desde 2007 a 2020 destruyó la democracia electoral implementada durante los gobiernos neoliberales de 1990 a 2006, implantó un régimen corporativista autoritario que se interrumpió desde abril de 2018 y mostró una resiliencia fuerte por el neoliberalismo. Esto ha dejado decidir al mercado y bloqueado la movilización social y política porque desde su perspectiva iban a destruir al Estado y al mercado. Se trató de un gobierno que ocultó el capitalismo con un discurso que hacía referencia a la segunda fase de la Revolución Sandinista “democrática” y al tránsito hacia el Socialismo a través de una economía solidaria y la restitución de los derechos de la población mediante la gratuidad de los servicios básicos y programas sociales de corte populista. Sin embargo, lo que promovió fue un capitalismo destructivo: tanto de la democracia, como de la economía.

En este marco, la crítica (trans) nacional alrededor del autoritarismo y la injusticia potenciada desde abril de 2018 y la crisis sociopolítica y económica que se profundiza con la crisis sanitaria del coronavirus hacen reflexionar alrededor de la pregunta: ¿es posible pacificar los conflictos en Nicaragua a través de la democratización en el contexto de la política neoliberal global? Detrás de esta pregunta están las propuestas del gobierno y la Alianza Cívica, quienes, a pesar de tener contenidos diferentes, plantean la posible convergencia entre la democracia, la justicia social y la justicia mercantil. Con la vinculación elástica, las partes olvidan lo siguiente: a) si persiste el neoliberalismo, tarde o temprano se tendrá como efecto la destrucción extrema de la democracia y de la justicia social y, posiblemente, la destrucción de la economía neoliberal. Pero, al revés, b) si se decide por una democracia que permite que las fuerzas políticas y sociales democraticen la economía, se tendrá como consecuencia un proceso de construcción democrática y una justicia social que harán posible el funcionamiento de la economía campesina y de la economía de subsistencia de los indígenas y los afrodescendientes junto con otras economías.

La Alianza Cívica, como representante de la oposición en Nicaragua, debe estar consciente de que los cambios en Nicaragua en favor de la justicia social y de la democracia no se resuelven totalmente con la salida del presidente Ortega –desde una perspectiva personalista del problema–, sino que se solucionan gestando un proceso de construcción de instituciones políticas inclusivas y un proceso de justicia social que inicia con la judicialización de los crímenes de lesa humanidad y con el reconocimiento legal de los derechos de propiedad comunal de los indígenas y los afrodescendientes de la Costa Caribe y los derechos de propiedad privada de los campesinos .

Es necesario que la Alianza Cívica promueva la democratización de la economía nicaragüense para que el proceso democrático y la justicia social sean sostenibles a largo plazo. Significa que debe dejarse por sentado que el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos pueden participar en la toma de decisiones sobre los asuntos que le competen, sean estos políticos, económicos o sociales. Así, los sindicatos y los sectores sociales que se movilizan pueden decidir sobre sus derechos, en lugar de permitir que el mercado sea el que decida.

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